La Asociación Confraternidad Guanacasteca dirigió una carta pública a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en la que cuestiona la mora e inacción dentro del propio Poder Ejecutivo en materia de justicia ambiental, particularmente en el funcionamiento del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).
El documento, firmado por Gad Amit Kaufman en representación de la organización, reconoce inicialmente las manifestaciones públicas de la mandataria sobre la necesidad de enfrentar la mora judicial en Costa Rica y comparte la importancia de impulsar transformaciones estructurales en el sistema de justicia. Sin embargo, la carta enfatiza que esa problemática no se limita al Poder Judicial y que también afecta gravemente órganos bajo responsabilidad directa del Ejecutivo.
La organización señala específicamente al Tribunal Ambiental Administrativo, órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, como ejemplo de expedientes paralizados durante años, recursos sin resolver y ausencia de respuestas oportunas a la ciudadanía.
Como caso emblemático, la carta expone la denuncia ambiental presentada contra el Hotel Riu Guanacaste bajo el expediente 174-09-03, interpuesta hace más de diecisiete años. Según el documento, el expediente requirió incluso recursos ante la Sala Constitucional para lograr avances procesales.
La organización recuerda que una resolución constitucional emitida en octubre de 2024 ordenó a Laura Fernández Delgado —entonces ministra de la Presidencia y representante del Consejo Nacional Ambiental— nombrar a los integrantes faltantes del TAA, situación que finalmente permitió que el Tribunal dictara sentencia el 25 de noviembre de 2025.
Dicha resolución declaró con lugar la mayoría de los cargos relacionados con daños ambientales causados al manglar, al bosque y a una quebrada por actividades vinculadas con el proyecto hotelero. No obstante, la organización denuncia que actualmente continúan pendientes la resolución de medidas cautelares y recursos de apelación, reproduciendo nuevamente la dinámica de retraso institucional.
La carta plantea tres solicitudes concretas al Poder Ejecutivo:
que el MINAE adopte medidas administrativas y asigne recursos humanos suficientes para agilizar la resolución del expediente;
que se establezcan métricas de rendimiento y plazos máximos para resolver casos en el TAA;
y que se garantice permanentemente la existencia de jueces titulares y suplentes debidamente nombrados para evitar nuevas parálisis institucionales.
El texto concluye señalando que la exigencia de rendición de cuentas y eficiencia institucional promovida por la Presidencia debe aplicarse también dentro del propio Poder Ejecutivo.
A continuación, se reproduce íntegramente la carta:
San José, Costa Rica, 16 mayo de 2025
Señora LAURA FERNÁNDEZ DELGADO Presidenta de la República de Costa Rica
Asunto: Mora en el Tribunal Ambiental Administrativo — Solicitud de ejecución de sentencia N° 1403-2005-TAA (Caso HOTEL RIU GUANACASTE)
Estimada señora Presidenta:
Nos dirigimos a usted con el mayor respeto institucional, para manifestarle, en primer lugar, nuestro pleno respaldo a la preocupación que ha externado públicamente en torno a la mora en la administración de justicia. Compartimos ese anhelo ciudadano de una justicia pronta y cumplida, que es además una garantía constitucional consagrada en el artículo 41 de nuestra Carta Magna.
Reconocemos, al mismo tiempo, que la transformación estructural del Poder Judicial es una tarea que corresponde, en virtud del principio de separación de poderes, a la Asamblea Legislativa y a la propia Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, compartimos el deseo de que se impulse una reforma legislativa profunda al respecto, y confiamos en que su voz como jerarca del Ejecutivo contribuirá a colocar ese debate en la agenda nacional.
Sin embargo, señora Presidenta, la mora judicial no es exclusiva del Poder Judicial. El problema existe también —y de forma igualmente grave— dentro del propio Poder Ejecutivo, en órganos que están bajo su directa autoridad y respecto de los cuales usted sí cuenta con plenas potestades de dirección, organización y control.
Nos referimos concretamente al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, cuya gestión refleja exactamente la misma patología que usted ha señalado en el Poder Judicial: expedientes que duermen por años, recursos sin resolver, y una ciudadanía que agota todas las vías —incluyendo el amparo constitucional— para obtener una respuesta que nunca llega.
El caso que le presentamos lo ilustra con absoluta claridad. La denuncia ambiental N° 174-09-03 contra el HOTEL RIU GUANACASTE fue interpuesta hace más de diecisiete años. Fue necesario recurrir en dos ocasiones a la Sala Constitucional para que el expediente siquiera avanzara. La segunda de esas resoluciones, la Res. N° 2024029778 del 11 de octubre de 2024 (Exp. 24-020676-0007-CO), ordenó precisamente a usted, en su entonces condición de Ministra de la Presidencia y representante del Consejo Nacional Ambiental, designar a los miembros faltantes del TAA. Lo hizo con prontitud, y se lo reconocemos públicamente.
Gracias a esa actuación, el Tribunal pudo finalmente emitir su sentencia el 25 de noviembre de 2025. Esa resolución declaró con lugar la gran mayoría de los cargos formulados, ordenando la reparación de los daños causados al manglar, el bosque y la quebrada afectados por la actividad hotelera.
Hoy, meses después de dictada esa sentencia, nos encontramos nuevamente en espera: pendiente la resolución de las medidas cautelares y la apelación planteada por el Hotel. La historia amenaza con repetirse.
Es por ello que nos permitimos dirigirnos a usted, señora Presidenta, con una solicitud concreta y dentro del ámbito estrictamente ejecutivo:
Primero. Que se instruya al Ministerio de Ambiente y Energía para que, en ejercicio de su función de órgano superior jerárquico, adopte las medidas administrativas necesarias —incluyendo la asignación de recursos humanos y, de ser preciso, la habilitación de jornadas extraordinarias— para que el TAA resuelva con la debida diligencia las actuaciones pendientes en el expediente N° 174-09-03.
Segundo. Que se establezcan, por vía reglamentaria o mediante directriz administrativa, métricas de rendimiento y plazos máximos de resolución para los expedientes en trámite ante el TAA, de manera que la ciudadanía cuente con certeza sobre los tiempos de respuesta y el Ejecutivo pueda ejercer un control real de gestión sobre ese órgano.
Tercero. Que se adopten las disposiciones pertinentes para garantizar que el TAA cuente siempre con jueces titulares y sustitutos debidamente nombrados, evitando la parálisis institucional que afectó este expediente y, con él, a todos los demás en trámite.
Señora Presidenta: usted ha convocado a otros poderes del Estado a rendir cuentas sobre la mora judicial. Es ese mismo espíritu —y no la crítica— el que nos impulsa a señalar que la reforma más urgente bien puede comenzar en casa, dentro del Poder Ejecutivo, donde su autoridad es plena y sus instrumentos de acción son inmediatos.
La sentencia N° 1403-2005-TAA existe. Fue dictada tras diecisiete años de lucha. Merece ser ejecutada con la misma energía institucional con que usted exige justicia a los demás.
Con las muestras de nuestra más alta consideración,
GAD AMIT KAUFMAN En representación de la ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA
Un comunicado de la Asociación Confraternidad Guanacasteca advierte sobre el riesgo de destrucción de un bosque primario en Playa Panamá, Bahía Papagayo, ante la intención de talar más de 700 árboles para un proyecto que, según se señala, no corresponde a desarrollo turístico sino inmobiliario residencial. El texto subraya el carácter irreparable del daño ecológico, expone el respaldo jurídico que protege estos bosques como patrimonio natural del Estado y cuestiona la falta de claridad de las autoridades sobre la legalidad del proyecto. Asimismo, llama a la intervención urgente de instancias judiciales y reafirma la defensa del Estado de derecho ambiental y el derecho ciudadano a la información.
Comunicado Asociación Confraternidad Guanacasteca
¿Turismo o qué? Sereno Reserve — Bahía Papagayo, Playa Panamá
I- El bosque que está en juego
En la finca inscrita bajo el plano de catastro 5-1155786-2007, ubicada en Playa Panamá, Bahía Papagayo, existe un bosque que pericias técnicas oficiales han certificado como Bosque Primario. No es una denominación menor: el Bosque Primario es la categoría de máxima integridad ecológica, aquel que jamás ha sido objeto de perturbación humana significativa y que ha alcanzado su estado de desarrollo pleno.
En ese bosque viven árboles de entre 15 y 30 metros de altura. Sus copas albergan fauna silvestre, insectos, aves, reptiles y mamíferos que dependen de esa estructura para sobrevivir. Sus raíces sostienen suelos, regulan el ciclo del agua y fijan carbono. Es un ecosistema completo, funcional y activo.
La empresa Enjoy Hotels & Resort pretende cortar más de 700 de esos árboles para iniciar obras. Frente a eso, es indispensable ser absolutamente claros:
Sembrar 700, 1.000, 5.000 o 10.000 arbolitos pequeños hoy no restituye lo que se destruiría. Un árbol recién plantado no alberga la fauna que vive en una copa de 25 metros. No cumple las funciones ecosistémicas de un árbol centenario. La pérdida de un bosque primario es, en toda escala de tiempo humana, absolutamente irreversible. Ningún monto de dinero, ninguna compensación ambiental y ninguna resolución posterior puede devolver lo que se destruye.
Cortar ese bosque no es solo una afrenta al patrimonio forestal del Estado costarricense: es un daño ecológico permanente, sin posibilidad de reparación real.
II- El respaldo jurídico: patrimonio natural del Estado
La Ley Forestal N.° 7575, en sus artículos 13 y 14, establece que los bosques ubicados en terrenos del Estado integran el patrimonio natural del Estado, con independencia del título registral que figure en el folio real. Se trata de bienes de dominio público: inembargables, inalienables e imprescriptibles.
La simple constatación pericial de bosque primario activa esta afectación legal de manera automática e inmediata.
La Sala Constitucional ha sido consistente en aplicar el principio de irreductibilidad ecológica sin distinción entre tipos de bosque. Bosque es bosque: la ley no establece categorías de protección diferenciada.
Existen dos fuentes de prueba técnica oficial, independientes entre sí y separadas por cuatro años, que convergen en acreditar la presencia de cobertura forestal significativa en el área del proyecto. Esas pruebas hacen jurídicamente inviable cualquier intervención sin las autorizaciones del SINAC y de SETENA, autorizaciones que, hasta la fecha, no constan.
En el marco del expediente penal activo, se ha solicitado a la autoridad competente que dicte, con carácter de urgencia extrema, una medida cautelar que suspenda de manera inmediata toda actividad de tala, descapote o remoción de vegetación en dicha finca, mientras no se demuestre ante el juez penal que ninguna fase del proyecto afecta el bosque primario certificado.
III-El Proyecto Papagayo: ¿turismo o negocio inmobiliario?
El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo es el proyecto estatal de desarrollo turístico más grande de Costa Rica, administrado por el ICT. Sus tierras son propiedad del Estado, otorgadas en concesión por períodos determinados, y la ley establece con claridad que su destino es exclusivamente el desarrollo turístico.
Turismo implica visitantes temporales: personas que viajan con fechas de inicio y fin, que utilizan servicios de hospedaje, transporte, gastronomía y recreación, y que regresan a su lugar de origen. Es una actividad importante, temporal, rotatoria, que genera empleo local y derrama económica en la comunidad.
Lo que Enjoy Hotels & Resort pretende construir son condominios residenciales de lujo, cada uno con piscina privada, destinados a la venta a compradores extranjeros. Eso es un proyecto inmobiliario residencial. Es legal en muchos contextos del país. Pero no es turismo.
No todo extranjero que compra una propiedad en Costa Rica es turista. Hay residentes, inversionistas, migrantes, jubilados que se trasladan definitivamente. Eso no activa la definición de valor turístico que la ley exige y que el Estado estableció para Papagayo.
Ante esta pregunta central —¿es esto turismo o un negocio inmobiliario en tierras del Estado? — no hemos obtenido respuesta del Gobierno, del ICT ni de la empresa. El silencio, en este caso, es también una respuesta.
Continuamos en defensa del bosque de Playa Panamá y en defensa del Estado de derecho ambiental costarricense. Los casos abiertos —penales, constitucionales y administrativos— siguen su curso.
La ciudadanía tiene derecho a saber lo que ocurre en sus tierras.
La destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizará en el nuevo gobierno
Más organización es indispensable para proteger la naturaleza y la vida
Desde hace años en Costa Rica se está afianzando un modelo autoritario de gobierno, se están reduciendo los espacios de participación, se siguen debilitando la salud, la educación, los derechos laborales y la seguridad social, se persigue a las personas que discrepan de la creciente concentración del poder, y los ecosistemas están sufriendo una embestida de destrucción como nunca.
La naturaleza es víctima de la expansión de monocultivos, minería, deforestación, uso ilimitado de venenos, turismo de enclave sin ningún beneficio duradero para las comunidades expulsadas, y otras formas de explotación, que impactan directa y negativamente en los territorios y las comunidades, ya que destruyen mares, bosques, suelos, aire y reducen la diversidad genética, debilitan los sistemas locales de protección, conservación y uso de semillas y debilitan los saberes vinculados a la tierra y la soberanía alimentaria. Ese es un modelo económico y social que destruye ecosistemas para fortalecer el libre comercio que únicamente beneficia a empresas transnacionales y sus socios locales.
La administración Chaves inició y terminó con innumerables acciones violentas e irresponsables contra los ecosistemas y las personas que los protegen, y no tenemos ningún indicio de que esto vaya a cambiar con el “continuismo”. Todo indica que el nuevo gobierno nos alejará más del cumplimiento de las leyes que protegen a la naturaleza y que nos distanciará más de una posible transición energética justa, solidaria y equitativa. En resumen, la destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizarán.
Ante ese panorama, FECON considera que las redes de trabajo entre organizaciones de todo tipo y desde las comunidades y los territorios, es indispensable para protegernos colectivamente y proteger los ecosistemas y los derechos que nos quedan. Por eso, esperamos fortalecer todas las vías posibles de acción colectiva y solidaria con las poblaciones históricamente más atacadas como los pueblos campesinos e indígenas, las mujeres, los sindicatos y otros gremios. Es urgente unirnos con muchísimas comunidades del país que enfrentan todo tipo de amenazas cuando cuidan sus territorios, ríos, agua, cultivos, culturas, turismo, negocios, comercio y otras formas de economías locales para sobrevivir y evitar su expulsión y desaparición.
La protección de los ecosistemas y la Tierra no es posible sin la protección de los derechos humanos, culturales, económicos, sociales y de la vida misma, y por eso nos sumamos a todas las voces que condenan enérgicamente las acciones del gobierno de Costa Rica en favor del genocidio que mantiene el Estado sionista de Israel y rechazamos la firma de un tratado de libre comercio con ese país. Asimismo, rechazamos el trato inhumano y la criminalización de las personas migrantes que ejecuta el gobierno de Estados Unidos con el apoyo indigno de Costa Rica.
Este 1 de Mayo, “Día Internacional del trabajo”, es el día para unificarnos con toda la gente que trabaja para tener una vida digna y feliz. Es el día para fortalecernos, movilizarnos, indignarnos, organizarnos, resistir, ejercer derechos y sostener la esperanza activa que nace con la gente que cuida la naturaleza, la vida y nuestro planeta.
La actividad busca generar un espacio de memoria y reflexión sobre el legado de la defensora lenca y las luchas actuales por la defensa de los territorios y los bienes comunes.
Al cumplirse diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, diversas organizaciones invitan a un espacio de memoria, encuentro y conversación colectiva que incluirá la proyección del documental Las semillas de Berta Cáceres. La actividad busca reflexionar sobre la vigencia de su lucha y el impacto que su legado continúa teniendo en las resistencias comunitarias frente al extractivismo y el colonialismo en América Latina.
El encuentro se realizará el miércoles 25 de marzo a las 5:30 p.m. en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en Sabanilla de Montes de Oca, del supermercado Max X Menos 50 metros oeste y 75 metros norte. La actividad está abierta al público y busca propiciar un espacio de memoria colectiva y conversación sobre lo que la lucha de Berta sigue sembrando hoy en los territorios: aprendizajes, inspiraciones y desafíos para continuar defendiendo la vida, la justicia ambiental, los territorios y los bienes comunes.
El documental “Las semillas de Berta Cáceres” relata la historia de Berta Cáceres, ambientalista, feminista y defensora de derechos humanos que participó en la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización que ha acompañado durante décadas la defensa de los derechos del pueblo lenca en Honduras. Por su liderazgo en la defensa del río Gualcarque y la oposición a proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas, Cáceres recibió en 2015 el Goldman Environmental Prize, considerado el máximo reconocimiento mundial para activistas ambientales.
El documental es resultado de un trabajo conjunto entre Contrast Journalist Group, Entrepueblos y el COPINH, realizado gracias a la beca europea DEV REPORTER, que promueve la colaboración entre periodistas, comunicadoras populares y organizaciones de cooperación solidaria.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Honduras, después de años de recibir amenazas por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su asesinato generó una amplia condena internacional y puso en evidencia una compleja red de intereses empresariales y financieros vinculados al proyecto, que incluía empresas privadas y entidades financieras de América Latina y Europa.
En los movimientos sociales de la región, su asesinato es recordado como “la siembra de Berta”, una forma de expresar que su legado continúa inspirando luchas por la defensa de los territorios, los ríos y los derechos de los pueblos indígenas.
La actividad es organizada por el Departamento Ecuménico de Investigaciones con el apoyo de Código Sur, La Colectiva por el Derecho a Decidir, Bloqueverde, El Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía de la UCR.
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Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
• Pronunciamiento advierte que el proyecto de ley (Expediente N.º 22.553) debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras. • Organizaciones alertan que el trámite se acelera en la Asamblea Legislativa y solicitan una reunión con el presidente y las jefaturas de fracción.
Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, al considerar que representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.
Las organizaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.
“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.
Las organizaciones recordaron que anteriormente más de 70 organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.
El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.
Según las organizaciones firmantes, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales.
“Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.
El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.
“Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.
Diversos estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado que los manglares son uno de los ecosistemas que mayor pérdida de cobertura han sufrido en las últimas décadas, principalmente debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.
Centralización y debilitamiento del control público
Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero.
“Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.
Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.
“Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.
Ante estos riesgos, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.
“Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.
Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Ante esta situación, han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.
Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.
Diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias lanzaron una alerta urgente ante lo que califican como un intento de acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley N.° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).
Según las organizaciones firmantes de un pronunciamiento público, el proyecto —que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa— podría legalizar usos privativos en espacios públicos costeros, debilitar la protección de ecosistemas sensibles como los manglares y favorecer procesos de despojo y desplazamiento de comunidades costeras.
Las agrupaciones advierten que el proyecto se estaría impulsando mediante un procedimiento acelerado para agotar mociones y forzar su aprobación, lo que limitaría el debate público sobre una reforma que consideran de alto impacto ambiental, social y territorial.
Riesgos para ecosistemas costeros y bienes públicos
El pronunciamiento sostiene que la reforma planteada permitiría flexibilizar el régimen de concesiones y habilitar usos comerciales en zonas que actualmente son públicas, incluyendo permisos para instalar infraestructura o servicios turísticos en espacios que forman parte del patrimonio natural del Estado.
Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es el debilitamiento de las regulaciones que protegen ecosistemas estratégicos como los manglares, considerados barreras naturales frente a fenómenos asociados al cambio climático, como la erosión costera o el aumento del nivel del mar.
Diversos estudios citados por las organizaciones señalan que los manglares han sufrido una importante pérdida de cobertura en las últimas décadas, especialmente debido a desarrollos turísticos, agropecuarios y expansión inmobiliaria.
Centralización institucional y debilitamiento del control público
Otro de los cuestionamientos al proyecto se refiere al rol ampliado que asumiría el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento de la zona marítimo terrestre.
Según las organizaciones, esta centralización podría debilitar la autonomía municipal y reducir los controles democráticos sobre el manejo del litoral, al concentrar decisiones en una institución cuya función principal ha estado vinculada al desarrollo turístico.
Asimismo, advierten que el proyecto reduce controles legislativos sobre áreas marítimas y territorios insulares, e incluso elimina referencias explícitas al dominio estatal sobre territorios como la Isla del Coco.
Impactos sociales en comunidades costeras
El pronunciamiento también alerta sobre los posibles efectos sociales de la reforma, particularmente en comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales que históricamente han habitado las zonas costeras.
Según las organizaciones firmantes, el proyecto podría profundizar procesos de turistificación, gentrificación y concentración del acceso a la tierra en manos de intereses inmobiliarios o turísticos, sin establecer mecanismos claros de protección para las comunidades locales.
En ese sentido, señalan que la iniciativa no incorpora mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento territorial costero, ni establece medidas diferenciadas que protejan los derechos colectivos de las comunidades que dependen de estos territorios.
Llamado a archivar el proyecto y abrir un proceso participativo
Ante este escenario, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente legislativo N.º 22.553 y plantean la necesidad de abrir un proceso amplio, participativo y técnicamente sustentado para discutir cualquier reforma al régimen jurídico de la zona marítimo terrestre.
Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento se encuentran colectivos comunitarios, agrupaciones ambientales, redes de mujeres, organizaciones afrodescendientes, observatorios de derechos humanos y asociaciones vinculadas con la defensa del litoral y los bienes comunes.
Las agrupaciones reiteran que la zona marítimo terrestre constituye un bien público de todas las personas, por lo que cualquier modificación legal debe garantizar la protección ambiental, el acceso público y la justicia territorial.
Invitan a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía interesada a sumarse al pronunciamiento y firmar el documento.
El movimiento socioambiental atraviesa un momento de inflexión histórica. El contexto político, social y territorial del país no solo nos interpela: nos obliga a revisar críticamente nuestras formas de organización, articulación e incidencia. No estamos ante una coyuntura más, sino ante una reconfiguración profunda del modelo de poder y de desarrollo. El desafío no es únicamente resistir retrocesos, sino comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él.
Contexto
Durante décadas, Costa Rica cultivó un imaginario de excepcionalismo verde y respeto a los derechos humanos. Ese relato, aunque siempre estuvo atravesado por tensiones estructurales, funcionó como horizonte simbólico. Hoy ese imaginario se encuentra erosionado. Ya no ocupa el centro del discurso político ni del debate electoral. En su lugar emergen conflictos territoriales permanentes: disputas por el agua, turistificación desregulada, expansión de agroquímicos, privatización de bienes comunes y ausencia de planificación participativa. El conflicto dejó de ser excepcional; se volvió estructural y cotidiano.
Lo que enfrentamos no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de desarrollo consolidado en las últimas décadas, que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Lo que está en juego no es únicamente la gestión técnica de los recursos naturales, sino la posibilidad misma de subsistir y permanecer dignamente en los territorios.
En este escenario se ha intensificado la criminalización de personas defensoras del ambiente. Los conflictos se desarrollan con mayor rapidez y con ciclos de violencia más cortos. El deterioro institucional ha estado acompañado de resistencia social, pero también de judicialización, persecución administrativa y campañas de desprestigio orientadas a debilitar liderazgos comunitarios. Defender el territorio implica hoy mayores riesgos.
A ello se suma un proceso de re-abandono territorial. En múltiples comunidades, el trabajo político de base fue debilitándose, dejando vacíos que han sido ocupados por narrativas autoritarias y soluciones simplificadas. Este abandono no es solo organizativo; es también simbólico. Donde el movimiento social se retiró, otros actores construyeron sentido común.
La regresión socioambiental, además, no ha operado principalmente mediante grandes reformas legislativas, sino a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento técnico e institucional. Se reducen presupuestos, se desregulan controles, se erosionan capacidades estatales y se limita la autonomía de órganos técnicos creados precisamente para evitar interferencias políticas en decisiones ambientales. El resultado es una creciente concentración de poder que debilita el control democrático y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano.
Los retrocesos son concretos: debilitamiento de áreas protegidas sin recursos suficientes, flexibilización de controles sobre agroquímicos, retrocesos en transporte público y transición energética, erosión del liderazgo ambiental internacional. Se consolida así una tendencia que redefine silenciosamente las reglas del juego.
Acciones estratégicas
Frente a este panorama, el movimiento socioambiental necesita una agenda amplia y transformadora. El recambio generacional es impostergable. Es necesario crear condiciones reales para la participación de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades costeras y rurales, actores fuera de la Gran Área Metropolitana y colectivos emergentes con nuevas formas de organización. Muchas de estas experiencias no se estructuran bajo lógicas tradicionales; son más horizontales, autogestionadas e híbridas en sus formas de movilización. El desafío no es subordinarlas, sino dialogar y construir alianzas respetuosas que amplíen el sujeto político socioambiental.
También es imprescindible reconfigurar la articulación territorial. La agenda no puede definirse exclusivamente desde el centro. Debe construirse de afuera hacia adentro, desde las costas, las zonas rurales y los territorios indígenas hacia el debate nacional. En las periferias se están disputando los principales modelos de desarrollo del país; reconocer su centralidad estratégica es fundamental.
La protección de personas defensoras debe ocupar un lugar prioritario. En varios territorios se están enfrentando intereses extractivos, economías ilegales y dinámicas de violencia que no pueden ser asumidas en soledad. Se requiere avanzar hacia mecanismos efectivos de protección, incluso si en el corto plazo deben tener un carácter sui generis o de impulso civil, ante la insuficiencia de respuestas estatales. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la vigilancia democrática sobre el uso de herramientas de seguridad e inteligencia frente a la ciudadanía organizada.
En el plano institucional, el movimiento debe sostener una incidencia permanente sobre la Asamblea Legislativa y otros espacios de decisión. No basta con reaccionar ante proyectos regresivos; es necesario anticiparse, formular propuestas, construir alianzas y mantener presencia constante en la discusión pública. La rendición de cuentas ciudadana debe convertirse en práctica sostenida y no episódica.
La disputa también es comunicacional. Es urgente fortalecer una narrativa capaz de conectar con preocupaciones cotidianas como el agua, la tierra y el acceso a bienes naturales. Sin abandonar el rigor técnico, el movimiento debe hablar en un lenguaje comprensible y movilizador, disputar el sentido común y ofrecer horizontes de futuro. La denuncia es necesaria, pero no suficiente; se requiere construir esperanza política con propuestas viables.
Finalmente, es clave aprender del contexto regional e internacional. Comprender cómo operan los autoritarismos contemporáneos, qué los fortalece y qué los debilita, permitirá anticipar escenarios y evitar errores. Existen ejemplos de concentración de poder en la región, pero también experiencias de transición democrática que ofrecen lecciones valiosas.
El desafío central no es únicamente resistir el avance extractivista o el debilitamiento institucional. Es reconstruir tejido social, reactivar presencia territorial y proponer un proyecto país basado en la justicia socioambiental. En esa tarea se juega no solo la defensa del ambiente, sino la calidad misma de nuestra democracia.
* Texto presentado en el Foro: “Desafíos de los movimientos sociales ante el rumbo del país”, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital SURCOS, el martes 03 de marzo.
Colectivas ecologistas denuncian el avance extractivista y exigen protección urgente para mujeres defensoras en Costa Rica y Latinoamérica
Costa Rica no es el paraíso verde que venden los folletos turísticos. Detrás del discurso de sostenibilidad, nuestros territorios están bajo la amenaza del modelo extractivista que sigue avanzando y destruyendo la vida con la permisividad del gobierno de Rodrigo Chaves. En este Día Internacional de las Mujeres, alzamos la voz para denunciar esto, así como el preocupante aumento en el número de feminicidios y de la violencia de género en el país en los últimos cuatro años.
Sabemos que somos las mujeres quienes estamos en la primera línea resistiendo, cargando con el peso de una defensa que el Estado debería garantizar pero que muchas veces criminaliza. Las políticas del Estado que priorizan los intereses económicos nos obligan a luchar y resistir frente a diversas y complejas problemáticas: minería no metálica mal regulada que está acabando con los ríos, agrovenenos al por mayor que envenenan el agua y el suelo, monocultivos depredadores que desplazan la vida, abandono de la semilla criolla y desprecio a la biodiversidad alimentaria, falta de recursos y apoyo estatal a las mujeres y organizaciones de mujeres en acciones pro naturaleza y empleos verdes, inexistente gestión integrada de residuos que convierte el mar y los ríos en vertederos, desfinanciamiento de las áreas silvestres protegidas que compromete su conservación, desprotección de las comunidades indígenas y represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.
De esta forma la amenaza de la minería a cielo abierto no es cosa del pasado. La lucha en Crucitas sigue vigente mientras haya empresas esperando su oportunidad y suelos fértiles en riesgo. Nosotras, las que cuidamos las quebradas y sembramos la tierra, sabemos que detrás de un proyecto minero viene la deforestación de grandes extensiones de bosque, la contaminación del agua y el despojo de comunidades, por lo que no vamos a permitir que pongan el lucro por encima de nuestra salud y la de los ríos. Esta lógica de explotación también se repite cuando las ciudades consumen y generan toneladas de desperdicio, pero son las comunidades rurales y costeras las que terminan cargando con los rellenos sanitarios. No es casualidad, es discriminación territorial: nos usan como vertedero, contaminan nuestros suelos y aguas, y luego nos dicen que progresamos. El ecofeminismo lo tiene claro, la misma lógica que explota y violenta a las mujeres, explota y destruye la tierra, y no aceptaremos que nuestros territorios sean la solución barata para los problemas de otros.
La presión sobre la vida de las mujeres se siente también en el litoral, donde los planes reguladores o las voluntades políticas que se ajustan para facilitar el desarrollo turístico en realidad abren la puerta a la especulación inmobiliaria, a la gentrificación y al ecocidio. Pero además del turismo mal entendido, nuestras costas enfrentan una amenaza silenciosa y brutal: el avance del narcotráfico. El tráfico de drogas ha profundizado la violencia en nuestros territorios, trayendo consigo inseguridad, control armado y miedo. Las mujeres que vivimos en zonas costeras sabemos que cuando el narco llega, se llevan la paz, se llevan a nuestros jóvenes y nos dejan más vulnerables. Y cuando denunciamos, cuando nos oponemos, la represalia llega más rápido. El narco no sólo trafica con drogas, también trafica con nuestras vidas.
Así también, las mujeres de pueblos originarios y las recuperadoras de tierras ancestrales sostienen la defensa del territorio con su cuerpo en Costa Rica y toda Latinoamérica. Ellas enfrentan amenazas, criminalización y violencia por proteger lo que es suyo por derecho histórico, y cuando queman una comunidad recuperada o desalojan con violencia, no solo atacan un espacio físico, sino que atacan la memoria y el futuro de un pueblo. Exigimos justicia y el fin de la impunidad para quienes hostigan a estas compañeras defensoras. Particularmente, a diez años de su siembra, queremos recordar y exigir justicia para Berta Cáceres, indígena lenca defensora del río Gualcarque en Honduras, quien recientemente se confirmó que fue asesinada por la cúpula empresarial del proyecto Agua Zarcas, utilizando fondos provenientes de bancos internacionales y con la complicidad del estado hondureño.
Además, manifestamos total solidaridad con las mujeres en Gaza, que llevan más de dos años viviendo un genocidio y ecocidio perpetuado por Israel y con apoyo de Estados Unidos. Estas han sido despojadas de su territorio, de sus olivos milenarios, de sus cultivos, del libre acceso al agua, se les ha arrebatado la posibilidad de reproducir y sostener la vida y se les ha exterminado sistemáticamente. Por esto manifestamos nuestra total oposición al Tratado de Libre Comercio (TLC) con Israel que fue pactado por el gobierno de Rodrigo Chaves, pero que aún no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa. ¡No queremos negociar con Estados genocidas!
El ecofeminismo nos enseña que la lucha por la tierra es la lucha por nuestros cuerpos y nuestro futuro, y no es casualidad que quienes más cuidan la vida sean las más amenazadas, pero tampoco lo es que seamos las más organizadas. Hoy, 8 de marzo resistimos, y mientras haya una mujer cuidando un manglar, protegiendo el arrecife o recuperando tierra ancestral, la vida seguirá resistiendo.
Desde las organizaciones que trabajamos por las montañas, los bosques, el mar, los ríos y el territorio, reafirmamos:
● No a la minería a cielo abierto, en Crucitas o en cualquier rincón del país. El agua vale más que el oro.
● Justicia ambiental para las comunidades rurales y costeras: basta de convertirnos en el basurero del «desarrollo» urbano y en zonas de sacrificio.
● Protección real para las mujeres defensoras: garantías de seguridad, fin a la criminalización y acceso a la justicia.
● Planes reguladores con participación comunitaria, no al servicio de la especulación inmobiliaria.
● Respeto a las Áreas Silvestres Protegidas: Gandoca-Manzanillo y todos los ecosistemas protegidos no son negociables.
● Apoyo real del Estado a proyectos por la Naturaleza gestionados por mujeres.
● Alto al represamiento de ríos que afectan los ecosistemas y a nuestras comunidades.
En memoria de María del Mar Cordero, ecologista asesinada en Costa Rica 1994 – La Guerrera del Golfo Dulce.
En medio del debate sobre Crucitas, el ministro de Seguridad Pública afirmó un aumento del 200% en la afectación territorial por minería ilegal. Pero… ¿realmente legalizar minería a cielo abierto resolvería el problema?
En esta nota compartimos algunas claves urgentes: La minería ilegal no es solo “coligalleros”: es una economía criminal conectada a mercados globales.
Legalizar puede facilitar lavado de oro, normalizar el extractivismo y aumentar la presión territorial.
Lo ilegal no se combate con más minería: se combate con Estado, justicia ambiental, trazabilidad y alternativas económicas reales. Nota completa aquí:
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin(a)gmail.com
Este 27 de enero del 2026, Trinidad y Tobado adhirió al Acuerdo de Escazú, convirtiéndose en el Estado Parte 19 de este valioso instrumento regional, el cual fue oficialmente abierto a la firma y ratificación por parte de los Estados desde el mes de septiembre del 2018 (véase texto completo del Acuerdo de Escazú).
Cabe recordar que, para el Día Internacional del Ambiente celebrado en todo el mundo el 5 de junio del 2025, fue otro Estado del Caribe anglófono, Bahamas, que oficializó su adhesión a este instrumento regional, sumándose así a los 17 Estados que ya depositaron antes su respectivo instrumento de ratificación en Naciones Unidas con anterioridad (véase la nota oficial del aparato diplomático de Bahamas).
Nótese que el mismo 5 de junio, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas dedicó una larga infografía y un extenso texto al Acuerdo de Escazú, en homenaje a todos los defensores del ambiente de todo el mundo (véase enlace) y a sus derechos: una infografía que pone muy en alto el nombre de Costa Rica y el de uno de su cantones (Escazú) pasada totalmente desapercibida en… la misma Costa Rica.
Al no haberse registrado Costa Rica entre los primeros Estados en ratificar este acuerdo que promueve de manera singular desde el 2018 uno de sus cantones y su imagen en el exterior (ni tampoco entre los 10 primeros Estados) es muy valida la pregunta de saber si, de 24 Estados que ya lo han firmado (y de 33 Estados que pueden ser Estados Partes), Costa Rica esperará dejar que sean 23 (o 32…) los Estados que lo antecedan antes de aparecer finalmente como Estado Parte. O si consideran sus autoridades y algunos sectores empresariales que la inconsistencia total que demuestra ante el mundo en materia ambiental Costa Rica no afecta mayormente su credibilidad ni su prestigio, ni tampoco el flujo de turismo y de inversiones, ni el comercio de productos «amigables con el ambiente» que fomentan diversas cadenas de comercio justo y equitativo, lo cual resultaría realmente muy, pero muy sorprendente. Son siempre observadas con sonrisas de medio lado las contorsiones de todo tipo a las que deben prestarse los representantes oficiales del aparato diplomático costarricense en diversas cumbres y foros internacionales en materia ambiental o en materia de derechos humanos, en particular ante expertos internacionales y ante los demás delegados estatales y potenciales entidades donantes.
Cabe recordar que Costa Rica fue el primer Estado en ratificar otro instrumento regional de gran importancia adoptado en tierras costarricenses: la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscrita en la capital costarricense en noviembre de 1969, y ratificada por Costa Rica en el mes de marzo de 1970 (vease estado oficial de firmas y ratificaciones).
Esta entrevista de diciembre del 2025, publicada en Semanario Universidad, detalla el panorama poco halagador que se observa en Costa Rica con temas ambientales no resueltos como la expansión insensata de los cultivos de piña, la contaminación de aguas de comunidades por parte de empresas dedicadas al cultivo de esta fruta de exportación y el alto consumo de Costa Rica en materia de pesticidas, entre muchos otras temáticas ambientales no atendidas en los últimos cuatro años y pocamente abordadas durante la actual campaña electoral. Al respecto, este manifiesto colectivo de ONG y movimientos sociales costarricenses en defensa de la naturaleza de junio del 2008 resulta ser un texto de una persistente actualidad para muchas comunidades rurales costarricenses.
Acuerdo de Escazú, indiferencia de algunos decisores políticos, mientras aumenta la vulnerabilidad de los defensores del ambiente
En el caso específico de Costa Rica, es de indicar que el 4 de marzo del 2025, el Acuerdo de Escazú celebró siete años desde su adopción, luego de nueve largas rondas de negociación, las cuales duraron cinco años, siete meses y siete días.
Este nuevo aniversario pasó totalmente desapercibido en Costa Rica, con una indiferencia notoria de los medios de prensa costarricenses, así como en varios otros Estados de América Latina. Los cuales, conjuntamente con Costa Rica, fueron de los primeros en firmarlo en el mes de setiembre del 2018: siete años después, las actuales autoridades costarricenses, muy identificadas con el sector empresarial, no consideraron oportuno apoyar y mucho menos gestionar su aprobación legislativa.
En el mes de abril del 2025, se organizó en San Kitts y Nevis el tercer foro sobre las protección de los defensores del ambiente en el marco del Acuerdo de Escazú (véase enlace oficial de la CEPAL y agenda del evento). Los lineamientos y planes de acción ahí discutidos y adoptados, así como los acordados en el marco del segundo foro celebrado en Panamá en setiembre del 2023 (véase enlace a informe final) contrastan con la dura realidad que deben enfrentar los defensores del ambiente, en particular en Estados que persisten en mantenerse distantes del Acuerdo de Escazú.
Este extenso reportaje de abril del 2025 sobre la situación en Perú detalla el nivel de extrema vulnerabilidad e indefensión que enfrentan los defensores del ambiente peruanos. Este otro artículo publicado en Costa Rica en mayo del 2025 refiere a una situación muy similar que conocen quienes alzan la voz en defensa del ambiente. De igual manera en Centroamérica, esta nota de mayo del 2025 referente a la muerte de ecologistas en Guatemala y esta otra nota sobre el asesinato acaecido en Honduras de un reconocido defensor del ambiente en abril del 2025. En febrero del 2025 se informó de demandas penales en El Salvador contra opositores a proyectos mineros (véase nota de prensa). La ONG Amnistía Internacional emitió una alerta internacional sobre la suerte de un defensor del ambiente en Paraguay en el mes de abril del 2025 (véase enlace). En el caso de Brasil, la ONG Human Rights Watch emitió un informe en el que se pide a sus autoridades ratificar sin más preludios el Acuerdo de Escazú ante la ola de amenazas e intimidaciones así como asesinatos que sufren los defensores del ambiente, en particular en la región amazónica.
No obstante el desinterés por parte de Costa Rica y de algunos otros Estados, se debe recordar que, en América Latina, Colombia precedió a Trinidad y Tobago y a Bahamas: en efecto, Colombia culminó el 25 de septiembre del 2024 un largo proceso, al depositar formalmente ante la Secretaría General de Naciones Unidas, su instrumento de ratificación. Es de notar, a diferencia de otros depósitos del instrumento de ratificación, la presencia de las máximas autoridades colombianas en la delegación oficial presente en Nueva York para el acto formal de entrega de dicho instrumento de ratificación (véase artículo de prensa con foto de la misma).
Los supuestos «argumentos» en contra el Acuerdo de Escazú desnudados por la realidad económica en los Estados que ya lo han ratificado
Colombia se convirtió en el Estado Parte número 17 del Acuerdo de Escazú, mientras que desde el 5 de junio pasado, Bahamas en el Estado Parte Número 18, y desde este 27 de enero del 2026, se cuenta con un total de 19 Estados Partes (véase estado oficial de firmas y ratificaciones): en el caso de Colombia, ninguna de la previsiones catastróficas en materia económica que preveía el sector privado colombiano que acontecerían de aprobarse el Acuerdo de Escazú se ha observado (como, por cierto, en ninguno de los otro 16 Estados que ratificaron el Acuerdo de Escazú antes de Colombia). Un dato objetivo, comprobable, indiscutible, y que debiera interesar a muchos sectores en el resto del continente americano: en particular los que repiten cosas sin mayor fundamento en algunas sedes parlamentarias y en la prensa corporativa.
En el caso de Chile que aprobó el Acuerdo de Escazú en el 2022, sus autoridades actuales se han mostrado particularmente comprometidas con el Acuerdo de Escazú, con una serie de lineamientos y de guías para el Estado elaboradas por sus autoridades ambientales (véase enlace oficial): tampoco en Chile se ha observado algun tipo de efecto negativo para la economía y para la competitividad de los productos de exportación chilenos, como lo sostenía de manera falaz la cúpula político-empresarial que gobernó a Chile durante el período 2018-2022.
En el caso de México que ratificó el Acuerdo de Escazú en el 2021 sin que ello tampoco afectara su economía, a finales del 2024 se adoptó oficialmente una guía con el fin de implementar lo dispuesto en el Artículo 9 en aras de reforzar la protección de los defensores del ambiente (véase documento), siguiendo lo establecido en marzo del 2024 en el Plan de Acción propuesto durante la COP3 por parte de Chile, Ecuador y Saint Kitts y Nevis (véase propuesta).
En el caso del Caribe anglófono, la reciente ratificación de Trinidad y Tobago (y de Bahamas en junio del 2025) deja únicamente a Jamaica como Estado habiendo firmado más no ratificado el Acuerdo de Escazú.
La ausencia de impactos negativos para las economías y las exportaciones de los Estados que ya han aprobado el Acuerdo de Escazú confirma lo que en su momento (2020) nos llevó a titular un artículo en Costa Rica de la siguiente manera:
» ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú» (Nota 1).
En una entrega anterior, nos permitimos incluso señalar el carácter súbito de la oposición de entidades gremiales del sector privado costarricense al Acuerdo de Escazú, al precisar en un artículo publicado en la prensa costarricense que:
«Estas repentinas objeciones, provenientes de estas tres entidades denotan algo raramente visto con relación al trámite de aprobación de un tratado internacional en Costa Rica: en efecto, no se tiene registro de una reacción similar en contra de un instrumento internacional en materia de ambiente o de derechos humanos que haya despertado tantas reacciones en su contra en Costa Rica en unas semanas. El calificativo usado de “repentinas”se explica en razón del hecho que durante la etapa inicial en la que la Asamblea Legislativa aprobó en primer debate por unanimidad este mismo texto, en febrero del 2020, no se había desatado semejante ofensiva en contra del Acuerdo de Escazú. Tratándose del mismo texto, con las mismas disposiciones, cuesta entender qué pueden haber descubierto de tan preocupante y amenazante las cámaras entre el mes de febrero y noviembre de un mismo año» (Nota 2).
Costa Rica y el Acuerdo de Escazú
Como bien se sabe, el texto adoptado en Escazú ha sido descrito por numerosos especialistas como un instrumento jurídico moderno en materia de gestión y de gobernanza ambiental, y ello desde muy diversas perspectivas y disciplinas (Nota 3).
En Costa Rica, la Universidad de Costa Rica (UCR) fue de las primeras entidades públicas en recomendar su ratificación al Poder (véase pronunciamiento del 6 de mayo del 2021). Desde entonces han sido numerosos los llamados en este sentido a las máximas autoridades costarricenses por parte de diversos sectores sociales y académicos, a los que se pueden añadir los de diversos relatores especiales de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, los de órganos de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA), así como los de la misma OCDE en el mes de octubre del 2023, reiterando varios llamados anteriores hechos a Costa Rica (véase nota del medio digital Delfino.cr). En mayo del 2025, fue la REDESCA de la OEA la que le recordó expresamente a Costa Rica un asunto pendiente denominado Acuerdo de Escazú (véase nota de Delfino.cr).
Pese a estos diversos llamados, la clase política costarricense se ha mostrado incapaz de redireccionar las cosas, de cara a una futura aprobación del Acuerdo de Escazú. En cuanto a las organizaciones ecologistas, se ha observado cierta apatía de varias de ellas con relación al Acuerdo de Escazú en los últimos años. Un número de la Revista Costarricense de Derecho de marzo del 2025 (véase enlace) dedicado al Acuerdo de Escazú que reúne artículos de varios especialistas costarricenses viene, desde la academia, a recordar la importancia de este instrumento internacional, y paliar al olvido en el que pareciera haber caído el Acuerdo de Escazú para algunas entidades ecologistas.
Un foro realizado en febrero del 2023 con dos eminentes especialistas costarricenses del derecho ambiental, titulado “Acuerdo de Escazú, ¿qué sigue?” y auspiciado por el medio digital costarricense LaRevista.cr (véase enlace) explicó de manera muy detallada los alcances del archivo por parte de la Asamblea Legislativa del Acuerdo de Escazú en febrero del 2023: reiteró, de paso, la poca solidez de los supuestos «argumentos» difundidos en contra del Acuerdo de Escazú por varias cámaras empresariales costarricenses. Se invita desde ya a nuestros estimables lectores a escuchar (y a reescuchar) este importante espacio de discusión y análisis, que permitió desnudar las maniobras y zancadillas de diversa índole que ha tenido que sufrir el Acuerdo de Escazú en Costa Rica en los últimos años, incluyendo las que le fueron propinadas por la misma Sala Constitucional en dos ocasiones.
Breve recuento sobre la tramitación que se observó en Colombia, y que debiera interesar a sectores costarricenses
Desde el 5 de noviembre del 2022, luego de que ambas cámaras del Congreso colombiano aprobaron el texto del Acuerdo de Escazú, el Poder Ejecutivo colombiano estuvo esperando pacientemente la decisión de la Corte de Constitucionalidad, la cual se tomó casi dos años para declararse a favor del Acuerdo de Escazú (Nota 4).
No se tiene información sobre las razones exactas por las que el estudio de este tratado internacional por parte de los magistrados constitucionales colombianos se extendió por tanto tiempo. Para tener idea de los plazos, podemos mencionar que:
– la ley de aprobación de la Convención Belém do Para para sancionar y prevenir la violencia contra las mujeres fue sancionada por el Poder Ejecutivo el 29 de diciembre del 1995 y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 4 de septiembre de 1996 (véase sentencia);
– la ley aprobando el acuerdo bilateral de promoción comercial con Estados Unidos fue sancionada el 7 de julio del 2007 por el Poder Ejecutivo, y la Corte de Constitucionalidad emitió su sentencia el 24 de julio del 2008 (véase texto);
– la ley aprobando la Convención del 2006 sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas fue sancionada por el Ejecutivo colombiano el 31 de julio del 2009 y la sentencia del juez constitucional viene con fecha del 21 de abril del 2010 (véase texto).
En el caso del Acuerdo de Escazú, la espera fue mucho mayor: en efecto, sancionada por el Poder Ejecutivo el 5 de noviembre del 2022, fue tan solamente el 28 de agosto del 2024 que la Corte de Constitucionalidad dio a a conocer su decisión favorable con respecto a la ley de aprobación del Acuerdo de Escazú: véanse el comunicado oficialde las autoridades ambientales de Colombia y el comunicado oficial de la justicia constitucional colombiana que también merece ser revisado (disponible en este enlace).
Colombia vino así a sumarse a los 16 Estados que ya lo habían ratificado, entre los cuales figuraban – a setiembre del 2023 – Argentina, Belice, Bolivia, Chile, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá y Uruguay.
Los Estados que mantienen sus distancias con los derechos de los defensores del ambiente en el continente americano
A la fecha, en América Latina, se mantienen distantes, al haber firmado el Poder Ejecutivo más no aprobado el Acuerdo de Escazú (atribución del Poder Legislativo), los siguientes Estados: Brasil, Costa Rica, Guatemala, Haití, Paraguay, Perú y República Dominicana.
Es de notar que fueron los primeros Estados en firmar el Acuerdo de Escazú, el 27 de septiembre del 2018, conjuntamente con otros siete Estados, en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.
Mujeres de Yulchen Frontera, integrantes de la Resistencia Pacífica Ixquisis en contra del proyecto hidroeléctrico San Mateo en Guatemala. Imagen extraída de la nota de prensa «Defensores ambientales en Latinoamérica: rendirse no es un opción», Mongabay Latam, 31 de octubre del 2019, y reproducida en el medio digital LaMula (Perú).
Entre los Estados que ni tan siquiera lo han firmado cuando podían hacerlo (un acto que figura entre las atribuciones del Poder Ejecutivo), persisten al momento de redactar estas líneas (28 de enero del 2026) en no «adherir» al Acuerdo de Escazú (al haberse establecido un plazo para su «firma«, el cual venció en el 2020), los siguientes Estados: Cuba, El Salvador, Honduras, Surinam, así como Venezuela.
Fechas insígnes escogidas para depositar un instrumento de ratificación
Nótese que Bahamas logró depositar el instrumento de ratificación el mismo día en el que se conmemora mundialmente el Día Internacional del Ambiente (5 de junio), demostrando su aparato diplomático una gran destreza y precisión. En el caso de Chile (13 de junio), posiblemente sus autoridades buscaron depositar el instrumento de adhesión el 5 de junio del 2022, sin contar con los tiempos y plazos internos vigentes dentro del aparato diplomático de Chile.
En el caso de Colombia (al igual que Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis y Uruguay en el 2019), la cancillería colombiana optó por depositar formalmente el instrumento de ratificación en una fecha cercana al 27 de septiembre: se trata, como indicado con anterioridad, del día en que formalmente este instrumento regional fue abierto a la firma de los Estados en Naciones Unidas, con ocasión de una ceremonia protocolaria realizada durante en evento paralelo a la Asamblea General de Naciones Unidas, el 27 de septiembre del 2018
Otros Estados en cambio, escogieron una fecha cercana al 4 de marzo (fecha en que se adoptó dicho instrumento en Costa Rica en el 2018) para proceder formalmente al depósito del instrumento de ratificación en Naciones Unidas: Belice en el 2023, así como Nicaragua y Panamá (2020).
Es de destacar y recordar la perfecta coordinación entre los aparatos diplomáticos de Argentina y de México para depositar el mismo 22 de enero del 2021 su respectivo instrumento de ratificación ante la Secretaría General de Naciones Unidas, permitiendo así que la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú (ambos Estados siendo la ratificación necesaria número 11) se materializara para la celebración del Día de la Tierra, el 22 de abril del 2021. Raramente se ha observado en Naciones Unidas una coordinación tan esmerada entre dos aparatos diplomáticos, para depositar de manera conjunta su respectivo instrumento de ratificación (Nota 5).
El Acuerdo de Escazú: viento en popa
Pese a la nula cobertura periodística en medios nacionales en Costa Rica sobre la adhesión de Trinidad y Tobago en este mes de enero y la de Bahamas registrada en junio del 2025, resulta también oportuno indicar que conoció similar suerte en los medios costarricenses la tercera Conferencia de Estados Partes al Acuerdo de Escazú (COP3), la cual se realizó en Santiago de Chile en abril del 2024 (véase documento preparatoriode marzo del 2024).
Entre otras decisiones, se aprobó el Plan de Acción sobre Defensora y Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales (véase decisión y el documento titulado Plan de Acción), en gran medida a partir de los numerosos insumos recabados durante el II foro de Defensoras y Defensores realizado en la ciudad de Panamá en septiembre del 2023 (véase informe final).
En el mes de abril del 2023, la COP2 se realizó en Buenos Aires, Argentina (véase informe final). Habíamos tenido la oportunidad de saludar, entre otros aspectos, el regreso de Chile en el 2023, como Estado Parte: véase nuestro artículo titulado «Acuerdo de Escazú: una segunda COP más que exitosa» publicado en el medio digital costarricense Delfino.cr.
En esta COP2 realizada en Argentina, los Estados Partes escogieron a los integrantes del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú, el órgano de expertos independientes, que crea el mismo tratado en su artículo 18 (véase enlace).
Para completar esta secuencia, la primera COP se reunió en abril del 2022 en Santiago de Chile (véaseprograma), contando en aquel momento el Acuerdo de Escazú con 12 Estados Partes, a saber: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas así como Uruguay. En este enlace se puede consultar el informe final – de más de 70 páginas – de esta primera e histórica cita para el Acuerdo de Escazú y la gobernanza ambiental en América Latina y el Caribe.
El éxito de este instrumento jurídico de vanguardia se evidencia no solamente con las decisiones tomadas en sus primeras tres Conferencias de Estados Partes: también al revisar los insumos reunidos para garantizar una correcta aplicación, elaborados desde la misma CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en una valiosa guía de implementación del Acuerdo de Escazú, la cual fue presentada formalmente en abril del 2022 (texto completo disponible aquí): para cada artículo, los Estados y las organizaciones de la sociedad civil, así como otros actores, disponen de un detallado análisis que los invita a acciones de muy diversa índole.
En lo que respecta específicamente a la implementación, Chile es posiblemente el Estado que más esfuerzos está realizando desde que es Estado Parte al Acuerdo de Escazú. Incluso sus actuales autoridades ambientales realizaron un encuentro para celebrar los seis años del Acuerdo de Escazú (desde su apertura a firmas de Estados en Naciones Unidas), el 25 de septiembre del 2024 (véase enlace): se trata de una actividad más que viene a añadirse a una serie de iniciativas reunidas en este enlace especial sobre el Acuerdo de Escazú que mantienen sus autoridades ambientales desde su sitio oficial. Sin lugar a dudas, estas valiosas iniciativas en Chile deberían poder inspirar a muchos otros Estados Partes al Acuerdo de Escazú.
En octubre del 2023, Argentina por su parte se dotó de un verdadero «Plan Nacional para la Implementación del Acuerdo de Escazú» (véase documento), precedido por una «Ruta hacia la implementación / Argentina» elaborada desde la misma CEPAL (véase documento).
Resulta oportuno indicar que en el mes de mayo del 2024, la misma CEPAL puso a disposición del público y de los Estados una innovadora herramienta digital de cara a la implementación del Acuerdo de Escazú: véase enlace a dicha plataforma.
Los notables avances en el Sur de América con relación al Acuerdo de Escazú pueden ser contrapuestos a la total falta de iniciativa gubernamental en Centroamérica para proteger a quienes alzan la voz en defensa del ambiente y resguardar sus derechos.
Resulta notorio que estos vientos muy favorables para este intrumento regional no encuentren eco en la actual Corte Interamericana de Derechos Humanos: en el mes de julio del 2025, teniendo la posibilidad de hacerlo, el juez interamericano no lo hizo, mediante una maniobra sumamente singular: la «reformulación» de las preguntas formuladas por Chile y Colombia, que tuvimos la ocasión de analizar (Nota 6). Como si de pronto, los «mitos» empresariales antes aludidos difundidos con base en argumentos falaces, encontraran adeptos entre algunos integrantes de la actual Corte Interamericana de Derechos Humanos.
La persistente e inexplicable ausencia de Costa Rica
Resulta de cierto interés, en el caso de Costa Rica, recordar su persistente ausencia como Estado Parte al Acuerdo de Escazú, adoptado en marzo del 2018 en … Costa Rica, luego de haber coliderado con Chile las negociaciones (Nota 7).
Es de notar desde ya que durante los largos meses en los que examinó el Acuerdo de Escazú, la Corte de Constitucionalidad de Colombia no encontró ninguno de los extraños «hallazgos» del Poder Judicial de Costa Rica para dificultar su tramitación, a los que referimos en nuestro precitado artículo y en otro artículo anterior sobre los verdaderos «mitos» creados por algunos sectores en contra del Acuerdo de Escazú en Costa Rica (Nota 8).
Tampoco un solo magistrado colombiano detectó amenaza alguna en materia penal con un supuesto riesgo que significaría la inversión de la carga de la prueba en materia ambiental: un supuesto «argumento» presentado como tal por diversas cámaras empresariales costarricenses y una magistrada de la Sala Constitucional (Nota 9).
Ya habíamos tenido la ocasión, en el 2023, de concluir que la soledad total del Poder Judicial costarricense en América Latina es latente, al precisar que:
«Raramente un criterio interpretativo tan erróneo como equivocado de los jueces costarricenses ha quedado en evidencia de tan singular manera. Y raramente el criterio disidente (y solitario) de un magistrado de la Sala Constitucional se ha visto tan confortado por la práctica en otros Estados luego de haber sido externado (marzo del 2020)» (Nota 10).
El hecho que en ninguno de los 16 Estados que, antes de Colombia, ratificaron el Acuerdo de Escazú, se haya observado alguna traba en sus respectivas economías o algun tipo de freno en proyectos de infraestructura, debiera de llamar a la reflexión a algunos sectores en Costa Rica: en particular unos cuantos, muy propensos a repetir como ciertos, supuestos «argumentos» ventilados desde un sector del gremio empresarial en contra de este valioso instrumento regional.
Manifestación contra el Ministerio de Salud, 21 de agosto del 2008, con la presencia de la Ministra de Salud, Maria Luisa Avila, sobre el intento – algo original – de las autoridades de salud de legalizar el bromacil en el agua potable(no es ninguna broma, así como se lee, legalizar el bromacil en el agua potable) de varias comunidades afectadas por la insensata expansión de la piña de exprotación MD2 (o «Sweet Gold») en la región de Siquirres. En el 2011, las autoridades sanitarias rehuyeron un debate público en la misma UCR (véase nota). En el 2017, el Decreto Ejecutivo 40423 prohibió finalmente el uso de bromacil en Costa Rica. Foto perteneciente a los archivos del autor. Se leyó en el 2009 por parte de la misma titular de Salud que: «Los del IRET se han negado a dar los nombres de los niños, con el argumento de la confidencialidad, lo cual en lo personal me parece un absurdo en estos casos. En lo personal y como Ministra me parece una barbaridad» (véase artículo del Semanario Universidad titulado «Revelación de agroquímicos en orina de menores genera disputa»).
Cabe indicar que fueron varios los intentos en aras de debatir públicamente estos «argumentos» difundidos por cámaras empresariales con académicos y especialistas en materia ambiental y que todos fracasaron:
– primero en el mes de abril del 2021 con un espacio auspiciado por el medio digital costarricense Delfino.cr, luego;
– en mayo del 2021 con un debate organizado desde la UCR (véase también comunicado oficial de la UCR), así como;
– en junio del 2021 desde el Colegio de Biólogos de Costa Rica.
Al tratarse de foros virtuales en los que se solicitaba a las organizaciones de la empresa privada conectar a sus representantes a una hora determinada en una fecha fijada con antelación, las razones esgrimidas para no asistir plantean interrogantes muy válidas. Al parecer, enviar comunicados a los congresistas en contra el Acuerdo de Escazú (como por ejemplo esta carta de febrero del 2022 suscrita por varias importantes corporaciones del sector privado costarricense) y rehuir constantemente el debate público sobre sus supuestos «argumentos» es la tónica de algunos en Costa Rica.
Centroamérica y el Acuerdo de Escazú
No está de más indicar que la no aprobación por parte de Costa Rica produce efectos más allá del territorio costarricense, al ofrecer un inesperado argumento a los detractores al Acuerdo de Escazú en Centroamérica, en particular en Guatemala, en El Salvador y en Honduras.
Se trata de Estados centroamericanos que ya sea:
– persisten en no ratificarlo como Guatemala, el cual además, en el 2022 notificó una peculiar solicitud al Secretario General de Naciones Unidas, nunca observada con anterioridad con relación a un tratado sobre derechos humanos por parte de un Estado en América Latina. El único precedente similar encontrado refiere a notificaciones similares remitidas por Estados Unidos e Israel a Naciones Unidas en el 2002 para «retirar» su firma al Estatuto de Roma adoptado en 1998 (Nota 11);
– o bien, de Estados que tan siquiera lo han firmado (caso de El Salvador y Honduras).
En el caso de Guatemala, no se dispone de información para saber qué motivó semejante acción en diciembre del 2022 por parte de sus autoridades diplomáticas: se intuye que se trata de alguna oscura «leyenda» fabricada por asesores jurídicos del sector empresarial guatemalteco a finales del 2022 en contra del Acuerdo de Escazú.
Con relación a Costa Rica, no está de más señalar que, en un artículo de la publicación especializada costarricense Ojo al Clima, de abril del 2021, sobre los alcances del Acuerdo de Escazú y las contradicciones, malinterpretaciones y fantasías creadas por algunos, en relación con su contenido, se lee algo muy llamativo que desde el mes de abril del 2021, ameritaría algunas aclaraciones. En efecto, la negociadora del Acuerdo de Escazú por parte de Costa Rica, la exviceministra de Ambiente costarricense, Patricia Madrigal Cordero, señala con respecto a una magistrada de la Sala Constitucional, Nancy Hernández, lo siguiente:
«La obstaculización del Poder Judicial al proceso de ratificación del Acuerdo de Escazú ha sido negativa en muchos sentidos. Primero, se aparta del criterio de servicio técnicos de la Asamblea Legislativa, que dijo que no se estaba ante la situación descrita en el artículo 167 de la Constitución Política y también se aparta del criterio de servicios técnicos del Poder Judicial, que considera que este proyecto de ley no afecta de manera orgánica al funcionamiento del Poder Judicial y menos tratándose de un tratado de derechos humanos, continuó la exviceministra. Segundo, la magistrada Nancy Hernández, en una nota, manifiesta sus preocupaciones interpretativas del Acuerdo de Escazú que coincidentemente son las mismas que ha encontrado la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) para oponerse al proyecto, añadió Madrigal».
Una «aclaración» dada a conocer por la precitada magistrada constitucional y grabada durante un evento académico en la Facultad de Derecho de la UCR, plantea aún más dudas y evidencia su desconocimiento de la normativa ambiental vigente en Costa Rica y de los principios que la rigen (véase este documental del 2021 sobre el Acuerdo de Escazú producido por la UCR, a partir del minuto 4:56). Se lee en la parte final de este documental (unos de los pocos existentes en Costa Rica sobre el Acuerdo de Escazú) una frase que inicia señalando que «La Magistrada Hernández declinó dar declaraciones para este documental…«, minuto 8:45).
A modo de conclusión
Más allá de las extrañas coincidencias entre la UCCAEP y las preocupaciones de la precitada magistrada constitucional, el hecho que, a más de siete años de la apertura a la firma y ratificación del Acuerdo de Escazú, Costa Rica se mantenga distante con este valioso instrumento plantea algunas interrrogantes muy válidas: su imagen internacional en el ámbito ambiental ha resultado bastante dañada desde que la Asamblea Legislativa archivó el proyecto de ley de aprobación del Acuerdo de Escazú, en el mes de febrero del 2023 (Nota 12).
El deterioro se ha ido confirmando en los últimos años, con autoridades ambientales sumamente cuestionadas. En una comparecencia relacionada a la polémica del momento en este segundo semestre del 2024 en Costa Rica, Gandoca Manzanillo (Nota 13), la máxima autoridad ambiental el 6 de agosto del 2024 (véase video) denotó un desconocimiento bastante preocupante con relación a las amenazas recibidas en el Caribe Sur por activistas y miembros de organizaciones sociales: véase el «a mí no me consta» que se oye de su parte al minuto 1:52:01 y que repite en tres ocasiones frente a los integrantes de la comisión legislativa.
En el ámbito local, son recurrentes las acciones judiciales ante la negativa de las autoridades municipales de entregar información de carácter público sobre proyectos susceptibles de tener efectos negativos para el ambiente (véase, entre muchos otros casos, enlace a esta reciente acción legal – septiembre del 2024 – interpuesta contra el alcalde de San Rafael de Heredia por la ONG Conceverde). Ello sin mencionar el otorgamiento en modo «express» e inconsulto de permisos municipales para proyectos polémicos en distintas comunidades (véase por ejemplo nota del 2016 sobre el otorgamiento de permisos municipales a una planta asfáltica en San Miguel de Santo Domingo de Heredia).
A pesar del espectáculo bastante particular que Costa Rica ofrece a observadores de la vida internacional interesados en cuestiones ambientales, los principios rectores del Acuerdo de Escazú encontrarán a partir de ahora en Trinidad y Tobago, en Bahamas, así como previamente en Colombia, un terreno fértil ante la apremiante situación que conocen muchos líderes ecologistas y jefes de pequeñas comunidades rurales y/o indígenas (en particular colombianas), al alzar la voz en defensa del ambiente.
Para las autoridades ambientales colombianas, el acceso a información de carácter público en materia ambiental constituye un esfuerzo recientemente materializado en marzo del 2024 y que debería poder ser saludado y replicado en otras partes del continente americano (véase publicación oficial titulada «Política de transparencia y acceso a la información pública«).
Después de Chile, en donde también la cúpula político-empresarial había logrado suscitar temores infundados en contra del Acuerdo de Escazú, a partir de supuestos «argumentos» entre el 2018 y el 2021, Colombia logró sumarse a los Estados en favor de una gobernanza ambiental mucho más inclusiva y participativa en América Latina, a los que ahora se une decididamente Trinidad y Tobago, precedido por Bahamas.
Con relación al resto de América Latina, es de esperar que el sostenido esfuerzo de la sociedad civil colombiana, articulado con el sector académico y con otros sectores de la sociedad colombiana en favor del Acuerdo de Escazú (Nota 14), que logró paulatinamente explicar lo falaz que resultaban muchos de los mitos y leyendas creados en contra de la protección de quienes defienden el ambiente, se logre replicar en un futuro en otras latitudes del continente americano, en particular en Centroamérica, pero también en el Sur del continente.
– – Notas – –
Nota 1: Véase BOEGLIN N., «» ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz experta, UCR, edición del 17 de diciembre del 2020. texto integral disponible aquí.
Nota 2: Véase BOEGLIN N., «El Acuerdo de Escazú: a propósito de recientes comunicados en contra de su aprobación«, Delfino.cr, edición del 29 de noviembre del 2020. Texto integral disponibleaquí.
Nota 3: Véase por ejemplo PEÑA CHACÓN M., “Transparencia y rendición de cuentas en el Estado de Derecho ambiental“, Delfino.cr, edición del 17 de abril del 2021, disponible aquí. Sobre el Acuerdo de Escazú, remitimos a tres valiosas (y algo voluminosas) publicaciones colectivas que detallan los alcances de su contenido y de su importancia para la consolidación de una verdadera democracia ambiental en América Latina y el Caribe: ATILIO FRANZA J. & PRIEUR M. (dir.), Acuerdo de Escazú: enfoque internacional, regional y nacional, Editorial Jusbaires, Buenos Aires, 2022, 670 págs. Obra disponible de manera integral en este enlace; así como BARCENA A., MUÑOZ AVILA L., TORRES V. (Editoras), El Acuerdo de Escazú sobre democracia ambiental y su relación con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 2021, CEPAL / Universidad del Rosario (Colombia), 298 págs. Obra completa disponible en este enlace; y PRIEUR M., SOZZO G. y NAPOLI A. (Editores), Acuerdo de Escazú: pacto para la eco-nomía y democracia del siglo XXI, 330 págs., 2020, Universidad del Litoral (Argentina). Obra completa disponible en este enlace.
Nota 4: Véase al respecto nuestra nota BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: Colombia a muy poco de ser oficialmente Estado Parte después de Chile (2022), Argentina y México (2021).Apuntes desde Costa Rica«, editada el 26 de octubre del 2022. Texto disponible aquí.
Nota 5: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 6: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Derechos humanos y cambio climático: breves reflexiones con relación a la Opinión Consultiva OC/32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanosde este 3 de julio», 3 de julio del 2025. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 7: Remitimos a nuestros estimables lectores a BOEGLIN N., «Costa Rica y el Acuerdo de Escazú: historia de una persistente ausencia«, Revista de Ciencias Ambientales (UNA, Heredia), Vol. 58 (2024), pp.1-11. Texto completo del artículo disponible aquí.
Nota 8: Véase la emisión a la que fuimos invitados en Hablemos de Derecho Internacional (HDI) titulada «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, 6 de febrero del 2021, disponible en este enlace. Así como BOEGLIN N., » ‘¡Llegaron los mitos!’: a propósito de los recientes comunicados en contra del Acuerdo de Escazú«, Sección Voz Experta, Portal de la Universidad de Costa Rica (UCR), 16 de diciembre del 2020. Texto disponible aquí. Con relación al carácter insólito del hallazgo hecho por el Poder Judicial, que al parecer no ha despertado mayores críticas en Costa Rica, remitimos al subtítulo «La profunda soledad del Poder Judicial costarricense en América Latina» en nuestro artículo publicado en el sitio jurídico especializado de DerechoalDia, en su edición del 17 de noviembre del 2022. Véase también PEÑA CHACÓN M., «Desmitificando el Acuerdo de Escazú«, DerechoalDía, edición del 28 de noviembre del 2020, disponible aquí; así como MADRIGAL CORDERO P. & GONZALEZ BALLAR R., «Acuerdo de Escazú: desmitificando falacias y construyendo argumentos», Colección Perspectiva, Friedrich Ebert Stiftung, agosto del 2021, disponible aquí. Un interesante ejercicio sobre el balance informativo consistiría, en el caso de la prensa de Costa Rica, como también en el caso de otros Estados como Colombia y Perú, en analizar la cantidad de referencias de grandes medios de prensa a estos esfuerzos, a contraponer con la cantidad de referencias reproduciendo los supuestos «argumentos» en contra de Escazú difundidos por sectores corporativos.
Nota 9: Sobre el principio de inversión de la carga en materia ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú que una magistrada costarricense de la Sala Constitucional interpretó de manera completamente errónea en un voto en marzo del 2020, véase una acérrima crítica recientemente dada a conocer, cuya lectura completa se recomienda: CHINCHILLA-CALDERÓN R., «Principio de inocencia, ‘carga de la prueba’ penal, delitos ambientales y Acuerdo de Escazú«, Revista Iberoamericana de Derecho, Cultura y Ambiente, 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 10: Véase BOEGLIN N., «Acuerdo de Escazú: viento en popa. Corte Interamericana de Derechos Humanos lo incopora, mientras persiste insólita ausencia de Costa Rica«, Portal de la UCR, Sección Voz Experta, edición del 10 de abril del 2023. texto disponible aquí.
Nota 11: En una carta bastante singular, raramente observada en Naciones Unidas, se lee textualmente que Guatemala el 20 de diciembre del 2022, envió la siguiente notificación a Naciones Unidas en la que anuncia que no tiene intención alguna de ser en el futuro Estado parte (véase parte baja de este enlace):
«In a communication received on 20 December 2022, the Government of Guatemala informed the Secretary-General of the following: «I have the honour to write to you in reference to the Regional Agreement on Access to Information, Public Participation and Justice in Environmental Matters in Latin America and the Caribbean, also known as the Escazú Agreement, adopted in Escazú on 4 March 2018 and signed by the Republic of Guatemala on 27 September 2018.The Republic of Guatemala officially informs you, as depositary of the Escazú Agreement, that it does not intend to become a party to the Agreement. Its signing of the Agreement shall not, therefore, give rise to any legal obligations for the Republic of Guatemala, in accordance with international law«.
Los especialistas en paralelismos de forma podrán comparar la extraña carta de Guatemala del 2022 con la (igualmente extraña) carta enviada por Israel al solicitar en el 2002 que su firma al Estatuto de Roma de 1998 que crea la Corte Penal Internacional (CPI) no surta efecto alguno. Se lee (véase parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones del Estatuto de Roma, punto 4) que:
«In a communication received on 28 August 2002, the Government of Israel informed the Secretary-General of the following: «…..in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 17 July 1998, […] Israel does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, Israel has no legal obligations arising from its signature on 31 December 2000. Israel requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty.«
El paralelismo de formas puede orientarse a la técnica del «cut and paste» al revisarse una carta similar de Estados Unidos en mayo del 2022, siempre a propósito del Estatuto de Roma y que se lee en el punto 14 en la parte final del estado oficial de firmas y ratificaciones:
«In a communication received on 6 May 2002, the Government of the United States of America informed the Secretary-General of the following: «This is to inform you, in connection with the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on July 17, 1998, that the United States does not intend to become a party to the treaty. Accordingly, the United States has no legal obligations arising from its signature on December 31, 2000. The United States requests that its intention not to become a party, as expressed in this letter, be reflected in the depositary’s status lists relating to this treaty”.
Nota 12: El archivo por parte de la Asamblea Legislativa, el 1ero de febrero del 2023, del expediente legislativo sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (véase al respecto nuestra nota) ha dañado sustancialmente la imagen de Costa Rica en el exterior: fueron varios los titulares en la prensa internacional del pasado mes de febrero del 2023 haciendo ver la incongruencia de Costa Rica en materia ambiental (véase por ejemplo este artículo publicado en El Mundo (España) titulado «Costa Rica resta puntos como ´país verde´ «; o bien esta nota de France24 titulada «Costa Rica, promotor del Acuerdo de Escazú sobre medioambiente, lo deja morir«; o esta nota publicada en GoodPlanet Mag titulada «Le Costa Rica fait passer à la trappe un traité de défense de l environnement«; o este cable de la agencia internacional AFP replicado en El Observador de Uruguay empleando la palabra «retroceso«). De factura más reciente este artículo titulado «Lauded as Green Model, Costa Rica Faces Unrest in Its Forests» publicado desde la Universidad de Yale en Estados Unidos detalla esta y otras inconsistencias de Costa Rica en materia ambiental. Desde Naciones Unidas, el mismo Relator Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente no tardó en hacer ver su profundo malestar con esta decisión de la Asamblea Legislativa de Costa Rica de archivar este expediente legislativo (véase nota publicada en el medio digital costarricense Delfino.cr). Tal y como se indicaba en una nota publicada por el Semanario Universidad en la misma fecha del 1ero de febrero, al no aprobar el Acuerdo de Escazú: «Costa Rica está perdiendo toda credibilidad internacional, al estar dándole la espalda a dos pilares tradicionales de su política exterior, como lo son derechos humanos y ambiente«.
Nota 13: Con relación a la última propuesta, algo ocurrente, de las máximas autoridades ambientales de Costa Rica, véase BOEGLIN N., «Gandoca / Manzanillo:las obligaciones jurídicas que implica la Convención Ramsar para Costa Rica«, editada el 11 de septiembre del 2024. Texto completo disponible aquí.
Nota 14: Véase esta valiosa publicación editada en Colombia y titulada Mitos y verdades del Acuerdo de Escazú, así como este enlace de la Universidad del Rosario, y, desde el sector académico este muy completo artículo MUÑOZ AVILA L. & LOZANO AMAYA M.A. «La democracia ambiental y el Acuerdo de Escazú en Colombia a partir de la Constitución ecológica de 1991«, Revista Derecho del Estado, Número 50 (Sept.-Dic. 2021), pp. 165-200. El texto integral de este extenso artículo está disponible aquí. Desde el sector de la comunicación, el talentoso equipo colombiano de La Pulla elaboró un video titulado “La nueva trampa que nos quieren hacer los congresistas” (véase enlace ), el cual responde a la gran cantidad de argumentos totalmente falaces en contra de este instrumento regional, desmenuzando de manera extremadamente ingeniosa muchos de los razonamientos oídos no solamente en Colombia: se trata de verdaderos mitos y leyendas, escuchados en varios otros Estados del continente americano en contra del Acuerdo de Escazú, y que cuentan con influyentes adeptos en el sector empresarial y relevos no menos influyentes en un sector de la prensa corporativa. No está de más referir también a esta opinión jurídica de la ONG colombiana DeJusticia a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad en octubre del 2023 (véase texto).
