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Etiqueta: justicia ambiental

Campesinos marchan en Panamá contra embalses y minería y llaman a defender el agua, la tierra y la soberanía

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Miles de personas participaron en una marcha campesina realizada en la ciudad de Colón, Panamá, para expresar su rechazo al proyecto de embalse sobre el río Indio y a la posible reapertura de la mina de Donoso. La movilización reunió a comunidades rurales, organizaciones sociales, pueblos indígenas, gremios profesionales, trabajadores, docentes, estudiantes y sectores ciudadanos bajo la consigna: “Embalse y minería: la misma porquería”.

La manifestación fue convocada por la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE) y tuvo como eje central la defensa del agua, los territorios y los medios de vida de las comunidades potencialmente afectadas por ambos proyectos. Las organizaciones participantes sostienen que tanto el embalse proyectado sobre el río Indio como la minería metálica a cielo abierto representan amenazas para los ecosistemas, la producción de alimentos y las fuentes de agua que abastecen a las actuales y futuras generaciones.

Según los organizadores, los ríos constituyen fuentes irremplazables para la vida comunitaria y para la sostenibilidad ambiental del país. Por ello consideran inaceptable que sean intervenidos para favorecer actividades económicas que demandan grandes cantidades de agua dulce, como el comercio internacional vinculado al Canal de Panamá y la minería metálica a cielo abierto.

La marcha se desarrolló el sábado 6 de junio y recorrió aproximadamente 15 kilómetros por las calles de la ciudad de Colón. A lo largo del trayecto recibió muestras de apoyo de habitantes de distintos barrios y comunidades. Pese a las fuertes lluvias que acompañaron parte de la jornada, las personas participantes continuaron la movilización hasta llegar al sector del Cristo Redentor, donde concluyeron la actividad con un acto público, manifestaciones culturales y la lectura de un manifiesto dirigido al país.

En ese manifiesto, la Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses reiteró su compromiso con la defensa de las tierras campesinas, la protección de la cuenca del río Indio y la preservación del Corredor Biológico Mesoamericano como garantía de la seguridad hídrica de Panamá. Asimismo, exigió la suspensión del proyecto de reservorio de río Indio y la apertura de una mesa de diálogo regional con participación de diversos sectores sociales.

Las organizaciones también rechazaron la eventual reapertura de la minería metálica a cielo abierto, al considerar que constituye una actividad incompatible con la protección de la vida, el ambiente, el agua y los derechos de las futuras generaciones.

Otro de los planteamientos contenidos en el manifiesto es el llamado a la ciudadanía a conocer y exigir la ejecución efectiva del Plan Integral de Desarrollo de la Provincia de Colón aprobado en 2022, así como mantener la vigilancia sobre las reformas relacionadas con la seguridad social y las jubilaciones.

Además, las organizaciones expresaron su rechazo al Memorando de Entendimiento suscrito con el gobierno de Estados Unidos, al considerar que afecta la soberanía nacional, el multilateralismo y la condición de neutralidad permanente de Panamá.

Durante el acto de cierre, las personas participantes cuestionaron a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y al Gobierno Nacional por impulsar iniciativas que, según afirmaron, carecen de legitimidad social y presentan cuestionamientos legales y ambientales. Asimismo, hicieron un llamado a la comunidad internacional para mantenerse vigilante ante las denuncias de las comunidades afectadas y ante posibles vulneraciones de derechos humanos derivadas de estos proyectos.

Las organizaciones sostienen que la defensa del agua, de los territorios y de los derechos de las comunidades constituye una prioridad frente a proyectos que consideran incompatibles con un modelo de desarrollo ambientalmente sostenible y socialmente justo.

Organizaciones y sectores participantes

  • Coordinadora Campesina por la Vida Contra los Embalses (CCVCE)

  • Organizaciones campesinas

  • Pueblos indígenas

  • Gremios profesionales

  • Organizaciones de trabajadores

  • Organizaciones docentes

  • Organizaciones estudiantiles

  • Comunidades afectadas por la falta de acceso al agua potable

  • Diversos sectores sociales y ciudadanos de las provincias de Colón, Coclé y Panamá

Fotografías: Aubrey Baxter y Aris Mariota / Guásimo Multimedia

Parlamentos cívicos exigen diálogo nacional sobre los retos y políticas ambientales y respeto a su denominación

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  • “Costa Rica necesita acuerdos ambientales de largo plazo: Parlamentos Cívicos se pronuncian”
  • “Declaración conjunta: justicia climática y defensa de los Parlamentos Cívicos”. Aprueban preservar la denominación de Parlamento como símbolo de apertura democrática y reconocimiento
  • “Mes del Ambiente: Parlamentos Cívicos llaman a un pacto nacional inclusivo”
  • “Unidos por la justicia ambiental y la participación ciudadana”

San José, Costa Rica. — En el marco del Día Mundial del Ambiente, los Parlamentos Cívicos y Consejos Cívicos Ciudadanos del programa de formación e incidencia ciudadana del Departamento de Participación Ciudadana se reunieron y expresaron en un documento su convicción de que Costa Rica necesita abrir un diálogo nacional amplio, plural e inclusivo sobre los principales retos ambientales que enfrenta el país.

“Reconocemos que la protección del ambiente, la acción climática, la movilidad sostenible, la conservación de la biodiversidad, la gestión adecuada del territorio, la justicia ambiental y la participación ciudadana no pueden abordarse de manera aislada ni coyuntural. Estos desafíos requieren acuerdos de largo plazo, construidos con base en evidencia técnica, participación social efectiva y compromiso institucional”, señala el pronunciamiento.

El Dr. Bernardo Aguilar presidente del Parlamento Cívico Ambiental manifestó que hoy inician un proceso de diálogo ciudadano durante el Mes del Ambiente, orientado a desarrollar una declaración conjunta que priorice las políticas públicas ambientales que Costa Rica debería impulsar en los próximos diez años.

Según lo acordado este proceso recogerá la diversidad de voces, experiencias y preocupaciones de distintos sectores de la sociedad costarricense, incluyendo comunidades locales, juventudes, mujeres, población afrodescendiente, pueblos indígenas, adultos mayores, personas discapacitadas y otras poblaciones vulnerabilizadas, organizaciones ambientales, actores territoriales, sector académico, sector privado, instituciones públicas y ciudadanía organizada.

“Hacemos un llamado respetuoso a las autoridades nacionales, gobiernos locales, instituciones públicas, organizaciones sociales y ciudadanía en general a sumarse a este esfuerzo de reflexión y construcción colectiva, agregó Aguilar.

Costa Rica cuenta con una importante trayectoria ambiental, pero también enfrenta retos urgentes que exigen visión, responsabilidad y capacidad de diálogo desde estos foros cívicos. Reafirmamos nuestro compromiso con una agenda ambiental inclusiva, democrática y orientada al bienestar de las presentes y futuras generaciones.

El Mes del Ambiente debe ser una oportunidad no solo para conmemorar, sino también para iniciar una conversación nacional seria sobre el país que queremos construir en la próxima década.

En el marco de esta actividad, todas las personas asistentes aprobaron unánimemente la proclama conjunta y acordaron informar a la administración de la Asamblea Legislativa que los espacios de participación mantendrán su denominación como Parlamentos Cívicos —Parlamento Ambiental, Parlamento Afrocostarricense, de Mujeres Jóvenes por el Clima y de Movilidad Sostenible—, en respuesta a la propuesta de las gerencias legislativas de rebautizarlos como Consejos Cívicos. Esta decisión reafirma la identidad y el carácter deliberativo de estos foros ciudadanos, respaldando la importancia de preservar la denominación de Parlamento como símbolo de apertura democrática y reconocimiento institucional. En el encuentro participaron activamente también las exdiputadas Paola Valladares y Rosalía Brown.

Jairo Mora: trece años después, la impunidad y la violencia contra quienes defienden la vida continúan

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Bloque Verde

Han pasado trece años desde el asesinato de Jairo Mora Sandoval. Trece años desde aquella madrugada del 31 de mayo de 2013 en que Costa Rica despertó con la noticia del brutal asesinato de un joven defensor de las tortugas marinas en Playa Moín.

Trece años después, su nombre comienza a desvanecerse de la memoria colectiva. Para muchas personas jóvenes, Jairo es apenas una referencia ocasional en una noticia, una publicación conmemorativa o una fecha en el calendario ambiental. Sin embargo, para quienes vivimos aquellos días, su asesinato marcó un antes y un después en la historia del movimiento ecologista y de la defensa de los derechos humanos en Costa Rica.

La indignación que provocó su muerte no se explicaba únicamente por la brutalidad del crimen. También expresaba el hartazgo acumulado frente a años de agresiones, amenazas e impunidad contra personas que defendían los bienes comunes. Jairo no fue un hecho aislado. Su asesinato puso en evidencia una realidad que muchos sectores preferían ignorar: defender la naturaleza en Costa Rica también podía costar la vida.

Miles de personas salieron entonces a las calles para exigir justicia. Organizaciones ecologistas, movimientos estudiantiles, colectivos sociales, comunidades costeras y ciudadanía de distintas partes del país levantaron una voz común. Se exigió el esclarecimiento del crimen, pero también medidas efectivas para proteger a quienes defienden el ambiente, fortalecer el acceso a la justicia y combatir la impunidad que históricamente ha rodeado los conflictos socioambientales.

Trece años después, muchas de aquellas demandas continúan pendientes.

La violencia contra las personas defensoras ambientales no desapareció con el asesinato de Jairo. Las amenazas, el hostigamiento, la criminalización de liderazgos comunitarios, las campañas de desprestigio y la judicialización de quienes defienden ríos, bosques, humedales, territorios indígenas y zonas costeras siguen presentes en numerosos conflictos socioambientales del país.

A ello se suma un contexto político particularmente preocupante. Vivimos tiempos en los que desde diversos sectores de poder se promueve una creciente intolerancia hacia la organización social y hacia cualquier cuestionamiento a proyectos o actividades que generan impactos ambientales.

Mientras buena parte de América Latina avanza en el reconocimiento de los derechos de las personas defensoras ambientales mediante instrumentos como el Acuerdo de Escazú, en Costa Rica importantes sectores empresariales continúan bloqueando cualquier avance en esa dirección. A la vez, desde espacios institucionales y gubernamentales se desacredita con frecuencia a organizaciones sociales, comunidades organizadas y movimientos ambientales que ejercen su legítimo derecho a defender los bienes comunes.

Se intenta presentar a quienes defienden el agua, los bosques, los territorios indígenas, las costas o la biodiversidad como enemigos del desarrollo. Se alimentan discursos que buscan aislar, deslegitimar y desgastar a quienes cuestionan intereses económicos poderosos. Este clima de hostilidad no es inocente. Constituye una forma de violencia que crea condiciones para nuevas agresiones.

Por eso recordar a Jairo no puede limitarse a un acto simbólico o a una efeméride anual.

Recordar a Jairo implica preguntarnos qué ha cambiado desde entonces. Implica preguntarnos por qué continúan ocurriendo agresiones contra personas defensoras ambientales. Implica cuestionar por qué Costa Rica sigue sin contar con mecanismos robustos de protección para quienes arriesgan su seguridad en defensa de la naturaleza y de los derechos colectivos.

También implica mirar lo ocurrido en Moín.

Una de las exigencias que surgieron tras el asesinato de Jairo fue la protección efectiva de las playas donde anida la tortuga baula y de los ecosistemas que él dedicó su vida a defender. Sin embargo, durante estos años el Caribe costarricense ha experimentado profundas transformaciones asociadas al desarrollo portuario e industrial. La erosión costera, la alteración de hábitats y la presión creciente sobre los ecosistemas han afectado seriamente algunas de las áreas más importantes para la anidación de esta especie.

Las tortugas que Jairo protegía continúan enfrentando amenazas. Los ecosistemas que defendía continúan bajo presión. Las causas que motivaron su compromiso siguen vigentes.

Pero la historia de Jairo también es una historia de esperanza.Porque su legado no pertenece únicamente al pasado. Vive en cada comunidad que se organiza para proteger una fuente de agua. Vive en cada pueblo indígena que defiende su territorio. Vive en cada organización que denuncia la destrucción ambiental. Vive en cada persona joven que decide involucrarse en una causa colectiva para proteger la vida.

Jairo nos recuerda que la defensa ambiental no es solamente una tarea técnica o científica. Es una lucha profundamente humana. Es la defensa de las condiciones que hacen posible la vida. Es la defensa de los derechos de las comunidades. Es la defensa del futuro.

Desde el Bloque Verde afirmamos que la mejor forma de honrar la memoria de Jairo Mora no es únicamente recordarlo. Es continuar las luchas que él ayudó a visibilizar.

  • Exigimos el reconocimiento y la protección efectiva de las personas defensoras ambientales.
  • Exigimos el fin de la impunidad frente a las agresiones contra quienes defienden los bienes comunes.
  • Exigimos el respeto a las comunidades que se organizan para proteger sus territorios.
  • Exigimos que Costa Rica asuma seriamente los compromisos internacionales orientados a garantizar el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.

Trece años después, Jairo sigue siendo un símbolo de dignidad, compromiso y resistencia.

Su legado nos recuerda que defender la naturaleza es defender la vida.

Y mientras existan personas dispuestas a proteger un río, una playa, un bosque, una montaña o una comunidad, Jairo seguirá caminando junto a quienes creen que otro futuro es posible.

Porque la memoria también es una forma de lucha. Y porque frente a la impunidad, el olvido nunca puede ser una opción.

Carta a la presidenta Fernández cuestiona mora ambiental del Poder Ejecutivo y pide acciones inmediatas

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La Asociación Confraternidad Guanacasteca dirigió una carta pública a la presidenta de la República, Laura Fernández Delgado, en la que cuestiona la mora e inacción dentro del propio Poder Ejecutivo en materia de justicia ambiental, particularmente en el funcionamiento del Tribunal Ambiental Administrativo (TAA).

El documento, firmado por Gad Amit Kaufman en representación de la organización, reconoce inicialmente las manifestaciones públicas de la mandataria sobre la necesidad de enfrentar la mora judicial en Costa Rica y comparte la importancia de impulsar transformaciones estructurales en el sistema de justicia. Sin embargo, la carta enfatiza que esa problemática no se limita al Poder Judicial y que también afecta gravemente órganos bajo responsabilidad directa del Ejecutivo.

La organización señala específicamente al Tribunal Ambiental Administrativo, órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, como ejemplo de expedientes paralizados durante años, recursos sin resolver y ausencia de respuestas oportunas a la ciudadanía.

Como caso emblemático, la carta expone la denuncia ambiental presentada contra el Hotel Riu Guanacaste bajo el expediente 174-09-03, interpuesta hace más de diecisiete años. Según el documento, el expediente requirió incluso recursos ante la Sala Constitucional para lograr avances procesales.

La organización recuerda que una resolución constitucional emitida en octubre de 2024 ordenó a Laura Fernández Delgado —entonces ministra de la Presidencia y representante del Consejo Nacional Ambiental— nombrar a los integrantes faltantes del TAA, situación que finalmente permitió que el Tribunal dictara sentencia el 25 de noviembre de 2025.

Dicha resolución declaró con lugar la mayoría de los cargos relacionados con daños ambientales causados al manglar, al bosque y a una quebrada por actividades vinculadas con el proyecto hotelero. No obstante, la organización denuncia que actualmente continúan pendientes la resolución de medidas cautelares y recursos de apelación, reproduciendo nuevamente la dinámica de retraso institucional.

La carta plantea tres solicitudes concretas al Poder Ejecutivo:

  • que el MINAE adopte medidas administrativas y asigne recursos humanos suficientes para agilizar la resolución del expediente;
  • que se establezcan métricas de rendimiento y plazos máximos para resolver casos en el TAA;
  • y que se garantice permanentemente la existencia de jueces titulares y suplentes debidamente nombrados para evitar nuevas parálisis institucionales.

El texto concluye señalando que la exigencia de rendición de cuentas y eficiencia institucional promovida por la Presidencia debe aplicarse también dentro del propio Poder Ejecutivo.

A continuación, se reproduce íntegramente la carta:

San José, Costa Rica, 16 mayo de 2025

Señora
LAURA FERNÁNDEZ DELGADO
Presidenta de la República de Costa Rica

Asunto: Mora en el Tribunal Ambiental Administrativo — Solicitud de ejecución de sentencia N° 1403-2005-TAA (Caso HOTEL RIU GUANACASTE)

Estimada señora Presidenta:

Nos dirigimos a usted con el mayor respeto institucional, para manifestarle, en primer lugar, nuestro pleno respaldo a la preocupación que ha externado públicamente en torno a la mora en la administración de justicia. Compartimos ese anhelo ciudadano de una justicia pronta y cumplida, que es además una garantía constitucional consagrada en el artículo 41 de nuestra Carta Magna.

Reconocemos, al mismo tiempo, que la transformación estructural del Poder Judicial es una tarea que corresponde, en virtud del principio de separación de poderes, a la Asamblea Legislativa y a la propia Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, compartimos el deseo de que se impulse una reforma legislativa profunda al respecto, y confiamos en que su voz como jerarca del Ejecutivo contribuirá a colocar ese debate en la agenda nacional.

Sin embargo, señora Presidenta, la mora judicial no es exclusiva del Poder Judicial. El problema existe también —y de forma igualmente grave— dentro del propio Poder Ejecutivo, en órganos que están bajo su directa autoridad y respecto de los cuales usted sí cuenta con plenas potestades de dirección, organización y control.

Nos referimos concretamente al Tribunal Ambiental Administrativo (TAA), órgano desconcentrado del Ministerio de Ambiente y Energía, cuya gestión refleja exactamente la misma patología que usted ha señalado en el Poder Judicial: expedientes que duermen por años, recursos sin resolver, y una ciudadanía que agota todas las vías —incluyendo el amparo constitucional— para obtener una respuesta que nunca llega.

El caso que le presentamos lo ilustra con absoluta claridad. La denuncia ambiental N° 174-09-03 contra el HOTEL RIU GUANACASTE fue interpuesta hace más de diecisiete años. Fue necesario recurrir en dos ocasiones a la Sala Constitucional para que el expediente siquiera avanzara. La segunda de esas resoluciones, la Res. N° 2024029778 del 11 de octubre de 2024 (Exp. 24-020676-0007-CO), ordenó precisamente a usted, en su entonces condición de Ministra de la Presidencia y representante del Consejo Nacional Ambiental, designar a los miembros faltantes del TAA. Lo hizo con prontitud, y se lo reconocemos públicamente.

Gracias a esa actuación, el Tribunal pudo finalmente emitir su sentencia el 25 de noviembre de 2025. Esa resolución declaró con lugar la gran mayoría de los cargos formulados, ordenando la reparación de los daños causados al manglar, el bosque y la quebrada afectados por la actividad hotelera.

Hoy, meses después de dictada esa sentencia, nos encontramos nuevamente en espera: pendiente la resolución de las medidas cautelares y la apelación planteada por el Hotel. La historia amenaza con repetirse.

Es por ello que nos permitimos dirigirnos a usted, señora Presidenta, con una solicitud concreta y dentro del ámbito estrictamente ejecutivo:

Primero. Que se instruya al Ministerio de Ambiente y Energía para que, en ejercicio de su función de órgano superior jerárquico, adopte las medidas administrativas necesarias —incluyendo la asignación de recursos humanos y, de ser preciso, la habilitación de jornadas extraordinarias— para que el TAA resuelva con la debida diligencia las actuaciones pendientes en el expediente N° 174-09-03.

Segundo. Que se establezcan, por vía reglamentaria o mediante directriz administrativa, métricas de rendimiento y plazos máximos de resolución para los expedientes en trámite ante el TAA, de manera que la ciudadanía cuente con certeza sobre los tiempos de respuesta y el Ejecutivo pueda ejercer un control real de gestión sobre ese órgano.

Tercero. Que se adopten las disposiciones pertinentes para garantizar que el TAA cuente siempre con jueces titulares y sustitutos debidamente nombrados, evitando la parálisis institucional que afectó este expediente y, con él, a todos los demás en trámite.

Señora Presidenta: usted ha convocado a otros poderes del Estado a rendir cuentas sobre la mora judicial. Es ese mismo espíritu —y no la crítica— el que nos impulsa a señalar que la reforma más urgente bien puede comenzar en casa, dentro del Poder Ejecutivo, donde su autoridad es plena y sus instrumentos de acción son inmediatos.

La sentencia N° 1403-2005-TAA existe. Fue dictada tras diecisiete años de lucha. Merece ser ejecutada con la misma energía institucional con que usted exige justicia a los demás.

Con las muestras de nuestra más alta consideración,

GAD AMIT KAUFMAN
En representación de la
ASOCIACIÓN CONFRATERNIDAD GUANACASTECA

Denuncian amenaza irreversible a bosque primario en Playa Panamá por proyecto inmobiliario en Papagayo

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Un comunicado de la Asociación Confraternidad Guanacasteca advierte sobre el riesgo de destrucción de un bosque primario en Playa Panamá, Bahía Papagayo, ante la intención de talar más de 700 árboles para un proyecto que, según se señala, no corresponde a desarrollo turístico sino inmobiliario residencial. El texto subraya el carácter irreparable del daño ecológico, expone el respaldo jurídico que protege estos bosques como patrimonio natural del Estado y cuestiona la falta de claridad de las autoridades sobre la legalidad del proyecto. Asimismo, llama a la intervención urgente de instancias judiciales y reafirma la defensa del Estado de derecho ambiental y el derecho ciudadano a la información.

Comunicado Asociación Confraternidad Guanacasteca

¿Turismo o qué?
Sereno Reserve — Bahía Papagayo, Playa Panamá

I- El bosque que está en juego

En la finca inscrita bajo el plano de catastro 5-1155786-2007, ubicada en Playa Panamá, Bahía Papagayo, existe un bosque que pericias técnicas oficiales han certificado como Bosque Primario. No es una denominación menor: el Bosque Primario es la categoría de máxima integridad ecológica, aquel que jamás ha sido objeto de perturbación humana significativa y que ha alcanzado su estado de desarrollo pleno.

En ese bosque viven árboles de entre 15 y 30 metros de altura. Sus copas albergan fauna silvestre, insectos, aves, reptiles y mamíferos que dependen de esa estructura para sobrevivir. Sus raíces sostienen suelos, regulan el ciclo del agua y fijan carbono. Es un ecosistema completo, funcional y activo.

La empresa Enjoy Hotels & Resort pretende cortar más de 700 de esos árboles para iniciar obras. Frente a eso, es indispensable ser absolutamente claros:

Sembrar 700, 1.000, 5.000 o 10.000 arbolitos pequeños hoy no restituye lo que se destruiría. Un árbol recién plantado no alberga la fauna que vive en una copa de 25 metros. No cumple las funciones ecosistémicas de un árbol centenario. La pérdida de un bosque primario es, en toda escala de tiempo humana, absolutamente irreversible. Ningún monto de dinero, ninguna compensación ambiental y ninguna resolución posterior puede devolver lo que se destruye.

Cortar ese bosque no es solo una afrenta al patrimonio forestal del Estado costarricense: es un daño ecológico permanente, sin posibilidad de reparación real.

II- El respaldo jurídico: patrimonio natural del Estado

La Ley Forestal N.° 7575, en sus artículos 13 y 14, establece que los bosques ubicados en terrenos del Estado integran el patrimonio natural del Estado, con independencia del título registral que figure en el folio real. Se trata de bienes de dominio público: inembargables, inalienables e imprescriptibles.

La simple constatación pericial de bosque primario activa esta afectación legal de manera automática e inmediata.

La Sala Constitucional ha sido consistente en aplicar el principio de irreductibilidad ecológica sin distinción entre tipos de bosque. Bosque es bosque: la ley no establece categorías de protección diferenciada.

Existen dos fuentes de prueba técnica oficial, independientes entre sí y separadas por cuatro años, que convergen en acreditar la presencia de cobertura forestal significativa en el área del proyecto. Esas pruebas hacen jurídicamente inviable cualquier intervención sin las autorizaciones del SINAC y de SETENA, autorizaciones que, hasta la fecha, no constan.

En el marco del expediente penal activo, se ha solicitado a la autoridad competente que dicte, con carácter de urgencia extrema, una medida cautelar que suspenda de manera inmediata toda actividad de tala, descapote o remoción de vegetación en dicha finca, mientras no se demuestre ante el juez penal que ninguna fase del proyecto afecta el bosque primario certificado.

III- El Proyecto Papagayo: ¿turismo o negocio inmobiliario?

El Proyecto Turístico Golfo de Papagayo es el proyecto estatal de desarrollo turístico más grande de Costa Rica, administrado por el ICT. Sus tierras son propiedad del Estado, otorgadas en concesión por períodos determinados, y la ley establece con claridad que su destino es exclusivamente el desarrollo turístico.

Turismo implica visitantes temporales: personas que viajan con fechas de inicio y fin, que utilizan servicios de hospedaje, transporte, gastronomía y recreación, y que regresan a su lugar de origen. Es una actividad importante, temporal, rotatoria, que genera empleo local y derrama económica en la comunidad.

Lo que Enjoy Hotels & Resort pretende construir son condominios residenciales de lujo, cada uno con piscina privada, destinados a la venta a compradores extranjeros. Eso es un proyecto inmobiliario residencial. Es legal en muchos contextos del país. Pero no es turismo.

No todo extranjero que compra una propiedad en Costa Rica es turista. Hay residentes, inversionistas, migrantes, jubilados que se trasladan definitivamente. Eso no activa la definición de valor turístico que la ley exige y que el Estado estableció para Papagayo.

Ante esta pregunta central —¿es esto turismo o un negocio inmobiliario en tierras del Estado? — no hemos obtenido respuesta del Gobierno, del ICT ni de la empresa. El silencio, en este caso, es también una respuesta.

Continuamos en defensa del bosque de Playa Panamá y en defensa del Estado de derecho ambiental costarricense. Los casos abiertos —penales, constitucionales y administrativos— siguen su curso.

La ciudadanía tiene derecho a saber lo que ocurre en sus tierras.

1 de Mayo por los derechos de la gente y la naturaleza – Una sola lucha por la justicia ambiental y la justicia social

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  • La destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizará en el nuevo gobierno
  • Más organización es indispensable para proteger la naturaleza y la vida

Desde hace años en Costa Rica se está afianzando un modelo autoritario de gobierno, se están reduciendo los espacios de participación, se siguen debilitando la salud, la educación, los derechos laborales y la seguridad social, se persigue a las personas que discrepan de la creciente concentración del poder, y los ecosistemas están sufriendo una embestida de destrucción como nunca.

La naturaleza es víctima de la expansión de monocultivos, minería, deforestación, uso ilimitado de venenos, turismo de enclave sin ningún beneficio duradero para las comunidades expulsadas, y otras formas de explotación, que impactan directa y negativamente en los territorios y las comunidades, ya que destruyen mares, bosques, suelos, aire y reducen la diversidad genética, debilitan los sistemas locales de protección, conservación y uso de semillas y debilitan los saberes vinculados a la tierra y la soberanía alimentaria. Ese es un modelo económico y social que destruye ecosistemas para fortalecer el libre comercio que únicamente beneficia a empresas transnacionales y sus socios locales.

La administración Chaves inició y terminó con innumerables acciones violentas e irresponsables contra los ecosistemas y las personas que los protegen, y no tenemos ningún indicio de que esto vaya a cambiar con el “continuismo”. Todo indica que el nuevo gobierno nos alejará más del cumplimiento de las leyes que protegen a la naturaleza y que nos distanciará más de una posible transición energética justa, solidaria y equitativa. En resumen, la destrucción de ecosistemas y la crisis climática se profundizarán.

Ante ese panorama, FECON considera que las redes de trabajo entre organizaciones de todo tipo y desde las comunidades y los territorios, es indispensable para protegernos colectivamente y proteger los ecosistemas y los derechos que nos quedan. Por eso, esperamos fortalecer todas las vías posibles de acción colectiva y solidaria con las poblaciones históricamente más atacadas como los pueblos campesinos e indígenas, las mujeres, los sindicatos y otros gremios. Es urgente unirnos con muchísimas comunidades del país que enfrentan todo tipo de amenazas cuando cuidan sus territorios, ríos, agua, cultivos, culturas, turismo, negocios, comercio y otras formas de economías locales para sobrevivir y evitar su expulsión y desaparición.

La protección de los ecosistemas y la Tierra no es posible sin la protección de los derechos humanos, culturales, económicos, sociales y de la vida misma, y por eso nos sumamos a todas las voces que condenan enérgicamente las acciones del gobierno de Costa Rica en favor del genocidio que mantiene el Estado sionista de Israel y rechazamos la firma de un tratado de libre comercio con ese país. Asimismo, rechazamos el trato inhumano y la criminalización de las personas migrantes que ejecuta el gobierno de Estados Unidos con el apoyo indigno de Costa Rica.

Este 1 de Mayo, “Día Internacional del trabajo”, es el día para unificarnos con toda la gente que trabaja para tener una vida digna y feliz. Es el día para fortalecernos, movilizarnos, indignarnos, organizarnos, resistir, ejercer derechos y sostener la esperanza activa que nace con la gente que cuida la naturaleza, la vida y nuestro planeta.

A diez años del asesinato de Berta Cáceres invitan a proyección del documental “Las semillas de Berta Cáceres”

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La actividad busca generar un espacio de memoria y reflexión sobre el legado de la defensora lenca y las luchas actuales por la defensa de los territorios y los bienes comunes.

Al cumplirse diez años del asesinato de la lideresa indígena lenca Berta Cáceres, diversas organizaciones invitan a un espacio de memoria, encuentro y conversación colectiva que incluirá la proyección del documental Las semillas de Berta Cáceres. La actividad busca reflexionar sobre la vigencia de su lucha y el impacto que su legado continúa teniendo en las resistencias comunitarias frente al extractivismo y el colonialismo en América Latina.

El encuentro se realizará el miércoles 25 de marzo a las 5:30 p.m. en el Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI), en Sabanilla de Montes de Oca, del supermercado Max X Menos 50 metros oeste y 75 metros norte. La actividad está abierta al público y busca propiciar un espacio de memoria colectiva y conversación sobre lo que la lucha de Berta sigue sembrando hoy en los territorios: aprendizajes, inspiraciones y desafíos para continuar defendiendo la vida, la justicia ambiental, los territorios y los bienes comunes.

El documental “Las semillas de Berta Cáceres” relata la historia de Berta Cáceres, ambientalista, feminista y defensora de derechos humanos que participó en la fundación del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, organización que ha acompañado durante décadas la defensa de los derechos del pueblo lenca en Honduras. Por su liderazgo en la defensa del río Gualcarque y la oposición a proyectos hidroeléctricos en territorios indígenas, Cáceres recibió en 2015 el Goldman Environmental Prize, considerado el máximo reconocimiento mundial para activistas ambientales.

El documental es resultado de un trabajo conjunto entre Contrast Journalist Group, Entrepueblos y el COPINH, realizado gracias a la beca europea DEV REPORTER, que promueve la colaboración entre periodistas, comunicadoras populares y organizaciones de cooperación solidaria.

Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa en La Esperanza, Honduras, después de años de recibir amenazas por su oposición al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. Su asesinato generó una amplia condena internacional y puso en evidencia una compleja red de intereses empresariales y financieros vinculados al proyecto, que incluía empresas privadas y entidades financieras de América Latina y Europa.

En los movimientos sociales de la región, su asesinato es recordado como “la siembra de Berta”, una forma de expresar que su legado continúa inspirando luchas por la defensa de los territorios, los ríos y los derechos de los pueblos indígenas.

La actividad es organizada por el Departamento Ecuménico de Investigaciones con el apoyo de Código Sur, La Colectiva por el Derecho a Decidir, Bloqueverde, El Programa Kioscos Socioambientales de la UCR y el Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía de la UCR.

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Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

70 organizaciones rechazan reforma que abriría la privatización de la Zona Marítimo Terrestre

Escrito en . Publicado en Comunidad.

• Pronunciamiento advierte que el proyecto de ley (Expediente N.º 22.553) debilita la protección ambiental, favorece la privatización de playas y podría acelerar el despojo de comunidades costeras.
• Organizaciones alertan que el trámite se acelera en la Asamblea Legislativa y solicitan una reunión con el presidente y las jefaturas de fracción.

Un total de 70 organizaciones sociales y más de 170 personas firmantes manifestaron públicamente su rechazo al proyecto de reforma integral a la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre (Expediente N.º 22.553), que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa, al considerar que representa un grave retroceso en la protección de las costas, los ecosistemas y los derechos de las comunidades.

Las organizaciones firmantes, vinculadas a la defensa ambiental, comunidades costeras, organizaciones sociales y la academia, advierten que el proyecto abre la puerta a mayores procesos de privatización del litoral y al debilitamiento de los controles públicos sobre este bien demanial.

“En un contexto en el que las zonas costeras se han convertido en un gran atractivo para la inversión inmobiliaria y turística, es urgente fortalecer la legislación para asegurar playas para todas y todos y un desarrollo costero justo y sostenible, que no repita la historia del enclave bananero: explotación de la naturaleza y de las personas a cambio de migajas”, señala el pronunciamiento.

Las organizaciones recordaron que anteriormente más de 70 organizaciones y la Universidad de Costa Rica ya habían advertido sobre los riesgos de iniciativas similares, como el expediente 23.148, por sus implicaciones sociales, ambientales y jurídicas.

El pronunciamiento sostiene que, aunque la propuesta habla de “ordenamiento”, en realidad plantea una regulación orientada principalmente a facilitar el desarrollo turístico e inmobiliario.

Según las organizaciones firmantes, la reforma flexibiliza los requisitos de las concesiones en la Zona Marítimo Terrestre e incluso autoriza usos privativos dentro de la zona pública, como la ocupación de playas con mobiliario o infraestructura para fines comerciales.

“Esta reforma pretende legalizar muchas prácticas irregulares que se han venido dando en las costas del país. Bajo el discurso del ordenamiento, en realidad se promueve una flexibilización que favorece intereses turísticos e inmobiliarios sobre el carácter público de las playas”, advierten.

El documento también alerta sobre el debilitamiento de las regulaciones ambientales, particularmente en ecosistemas estratégicos como los manglares.

“Los manglares cumplen funciones vitales como barreras naturales frente a la erosión costera y el aumento del nivel del mar. Debilitar su protección en un contexto de crisis climática sería un grave retroceso ambiental”, señalan.

Diversos estudios, incluyendo informes del Estado de la Nación, han documentado que los manglares son uno de los ecosistemas que mayor pérdida de cobertura han sufrido en las últimas décadas, principalmente debido a desarrollos turísticos y actividades agropecuarias.

Centralización y debilitamiento del control público

Las organizaciones también cuestionan que el proyecto otorgue un papel central al Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento costero.

“Esta reforma subordina las competencias municipales al ICT, una institución que históricamente ha priorizado los intereses del sector turístico empresarial y que no tiene mandato ni capacidades para gestionar los conflictos socioambientales en las zonas costeras”, indica el comunicado.

Otro de los principales cuestionamientos al proyecto es que podría acelerar procesos de gentrificación y desplazamiento de comunidades locales que históricamente han habitado estos territorios.

“Las comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales han desarrollado sus formas de vida en relación con la costa mucho antes del auge del turismo. Sin mecanismos de protección diferenciados, esta reforma puede profundizar su desplazamiento”, advierten.

Ante estos riesgos, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente N.º 22.553 y la apertura de un proceso amplio de discusión sobre el futuro del régimen de la Zona Marítimo Terrestre.

“Costa Rica no necesita más zonas de sacrificio costero, sino un marco jurídico que garantice justicia ambiental y territorial. La zona marítimo terrestre es un bien común de todas las personas, no un negocio para unos pocos”, concluye el pronunciamiento.

Posterior a las elecciones, diversas organizaciones alertan que se ha intentado acelerar el trámite del proyecto para agotar las mociones pendientes y forzar su aprobación. Ante esta situación, han solicitado una reunión con la Presidencia de la Asamblea Legislativa y las jefaturas de fracción, con el fin de que se escuche a las comunidades costeras y se abra un espacio de diálogo sobre los impactos que esta reforma podría tener en los territorios y ecosistemas del litoral.

Ver pronunciamiento completo con organizaciones y personas firmantes: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRPCrvaS6MBes3ObGLL-qbcHRI7FC2eOxBwPSa6tMRmmPr_A/viewform?usp=preview

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Organizaciones alertan sobre intento de aprobar reforma a la Ley de la Zona Marítimo Terrestre y convocan a firmar pronunciamiento

Escrito en . Publicado en Comunidad.

Diversas organizaciones sociales, ambientales y comunitarias lanzaron una alerta urgente ante lo que califican como un intento de acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley expediente N.º 22.553, que propone una reforma integral a la Ley N.° 6043 sobre la Zona Marítimo Terrestre (ZMT).

Según las organizaciones firmantes de un pronunciamiento público, el proyecto —que actualmente se discute en la Asamblea Legislativa— podría legalizar usos privativos en espacios públicos costeros, debilitar la protección de ecosistemas sensibles como los manglares y favorecer procesos de despojo y desplazamiento de comunidades costeras.

Las agrupaciones advierten que el proyecto se estaría impulsando mediante un procedimiento acelerado para agotar mociones y forzar su aprobación, lo que limitaría el debate público sobre una reforma que consideran de alto impacto ambiental, social y territorial.

Riesgos para ecosistemas costeros y bienes públicos

El pronunciamiento sostiene que la reforma planteada permitiría flexibilizar el régimen de concesiones y habilitar usos comerciales en zonas que actualmente son públicas, incluyendo permisos para instalar infraestructura o servicios turísticos en espacios que forman parte del patrimonio natural del Estado.

Uno de los aspectos que más preocupa a las organizaciones es el debilitamiento de las regulaciones que protegen ecosistemas estratégicos como los manglares, considerados barreras naturales frente a fenómenos asociados al cambio climático, como la erosión costera o el aumento del nivel del mar.

Diversos estudios citados por las organizaciones señalan que los manglares han sufrido una importante pérdida de cobertura en las últimas décadas, especialmente debido a desarrollos turísticos, agropecuarios y expansión inmobiliaria.

Centralización institucional y debilitamiento del control público

Otro de los cuestionamientos al proyecto se refiere al rol ampliado que asumiría el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) en la rectoría del ordenamiento de la zona marítimo terrestre.

Según las organizaciones, esta centralización podría debilitar la autonomía municipal y reducir los controles democráticos sobre el manejo del litoral, al concentrar decisiones en una institución cuya función principal ha estado vinculada al desarrollo turístico.

Asimismo, advierten que el proyecto reduce controles legislativos sobre áreas marítimas y territorios insulares, e incluso elimina referencias explícitas al dominio estatal sobre territorios como la Isla del Coco.

Impactos sociales en comunidades costeras

El pronunciamiento también alerta sobre los posibles efectos sociales de la reforma, particularmente en comunidades afrodescendientes, indígenas y de pescadores artesanales que históricamente han habitado las zonas costeras.

Según las organizaciones firmantes, el proyecto podría profundizar procesos de turistificación, gentrificación y concentración del acceso a la tierra en manos de intereses inmobiliarios o turísticos, sin establecer mecanismos claros de protección para las comunidades locales.

En ese sentido, señalan que la iniciativa no incorpora mecanismos de participación ciudadana en el ordenamiento territorial costero, ni establece medidas diferenciadas que protejan los derechos colectivos de las comunidades que dependen de estos territorios.

Llamado a archivar el proyecto y abrir un proceso participativo

Ante este escenario, las organizaciones firmantes solicitan el archivo inmediato del expediente legislativo N.º 22.553 y plantean la necesidad de abrir un proceso amplio, participativo y técnicamente sustentado para discutir cualquier reforma al régimen jurídico de la zona marítimo terrestre.

Entre las organizaciones que respaldan el pronunciamiento se encuentran colectivos comunitarios, agrupaciones ambientales, redes de mujeres, organizaciones afrodescendientes, observatorios de derechos humanos y asociaciones vinculadas con la defensa del litoral y los bienes comunes.

Las agrupaciones reiteran que la zona marítimo terrestre constituye un bien público de todas las personas, por lo que cualquier modificación legal debe garantizar la protección ambiental, el acceso público y la justicia territorial.

Invitan a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía interesada a sumarse al pronunciamiento y firmar el documento.

Enlace para firmar el pronunciamiento

Desafíos del movimiento socioambiental ante el rumbo del país

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Por Mauricio Álvarez Mora

El movimiento socioambiental atraviesa un momento de inflexión histórica. El contexto político, social y territorial del país no solo nos interpela: nos obliga a revisar críticamente nuestras formas de organización, articulación e incidencia. No estamos ante una coyuntura más, sino ante una reconfiguración profunda del modelo de poder y de desarrollo. El desafío no es únicamente resistir retrocesos, sino comprender la magnitud del cambio en curso y redefinir estratégicamente nuestro papel en él.

Contexto

Durante décadas, Costa Rica cultivó un imaginario de excepcionalismo verde y respeto a los derechos humanos. Ese relato, aunque siempre estuvo atravesado por tensiones estructurales, funcionó como horizonte simbólico. Hoy ese imaginario se encuentra erosionado. Ya no ocupa el centro del discurso político ni del debate electoral. En su lugar emergen conflictos territoriales permanentes: disputas por el agua, turistificación desregulada, expansión de agroquímicos, privatización de bienes comunes y ausencia de planificación participativa. El conflicto dejó de ser excepcional; se volvió estructural y cotidiano.

Lo que enfrentamos no son hechos aislados, sino la expresión de un modelo de desarrollo consolidado en las últimas décadas, que privilegia la rentabilidad inmediata por encima de la sostenibilidad ecológica, la justicia ambiental y la autodeterminación comunitaria. Lo que está en juego no es únicamente la gestión técnica de los recursos naturales, sino la posibilidad misma de subsistir y permanecer dignamente en los territorios.

En este escenario se ha intensificado la criminalización de personas defensoras del ambiente. Los conflictos se desarrollan con mayor rapidez y con ciclos de violencia más cortos. El deterioro institucional ha estado acompañado de resistencia social, pero también de judicialización, persecución administrativa y campañas de desprestigio orientadas a debilitar liderazgos comunitarios. Defender el territorio implica hoy mayores riesgos.

A ello se suma un proceso de re-abandono territorial. En múltiples comunidades, el trabajo político de base fue debilitándose, dejando vacíos que han sido ocupados por narrativas autoritarias y soluciones simplificadas. Este abandono no es solo organizativo; es también simbólico. Donde el movimiento social se retiró, otros actores construyeron sentido común.

La regresión socioambiental, además, no ha operado principalmente mediante grandes reformas legislativas, sino a través de decretos, directrices y un progresivo debilitamiento técnico e institucional. Se reducen presupuestos, se desregulan controles, se erosionan capacidades estatales y se limita la autonomía de órganos técnicos creados precisamente para evitar interferencias políticas en decisiones ambientales. El resultado es una creciente concentración de poder que debilita el control democrático y compromete el derecho constitucional a un ambiente sano.

Los retrocesos son concretos: debilitamiento de áreas protegidas sin recursos suficientes, flexibilización de controles sobre agroquímicos, retrocesos en transporte público y transición energética, erosión del liderazgo ambiental internacional. Se consolida así una tendencia que redefine silenciosamente las reglas del juego.

Acciones estratégicas

Frente a este panorama, el movimiento socioambiental necesita una agenda amplia y transformadora. El recambio generacional es impostergable. Es necesario crear condiciones reales para la participación de juventudes, mujeres, pueblos indígenas, comunidades costeras y rurales, actores fuera de la Gran Área Metropolitana y colectivos emergentes con nuevas formas de organización. Muchas de estas experiencias no se estructuran bajo lógicas tradicionales; son más horizontales, autogestionadas e híbridas en sus formas de movilización. El desafío no es subordinarlas, sino dialogar y construir alianzas respetuosas que amplíen el sujeto político socioambiental.

También es imprescindible reconfigurar la articulación territorial. La agenda no puede definirse exclusivamente desde el centro. Debe construirse de afuera hacia adentro, desde las costas, las zonas rurales y los territorios indígenas hacia el debate nacional. En las periferias se están disputando los principales modelos de desarrollo del país; reconocer su centralidad estratégica es fundamental.

La protección de personas defensoras debe ocupar un lugar prioritario. En varios territorios se están enfrentando intereses extractivos, economías ilegales y dinámicas de violencia que no pueden ser asumidas en soledad. Se requiere avanzar hacia mecanismos efectivos de protección, incluso si en el corto plazo deben tener un carácter sui generis o de impulso civil, ante la insuficiencia de respuestas estatales. Al mismo tiempo, es indispensable fortalecer la vigilancia democrática sobre el uso de herramientas de seguridad e inteligencia frente a la ciudadanía organizada.

En el plano institucional, el movimiento debe sostener una incidencia permanente sobre la Asamblea Legislativa y otros espacios de decisión. No basta con reaccionar ante proyectos regresivos; es necesario anticiparse, formular propuestas, construir alianzas y mantener presencia constante en la discusión pública. La rendición de cuentas ciudadana debe convertirse en práctica sostenida y no episódica.

La disputa también es comunicacional. Es urgente fortalecer una narrativa capaz de conectar con preocupaciones cotidianas como el agua, la tierra y el acceso a bienes naturales. Sin abandonar el rigor técnico, el movimiento debe hablar en un lenguaje comprensible y movilizador, disputar el sentido común y ofrecer horizontes de futuro. La denuncia es necesaria, pero no suficiente; se requiere construir esperanza política con propuestas viables.

Finalmente, es clave aprender del contexto regional e internacional. Comprender cómo operan los autoritarismos contemporáneos, qué los fortalece y qué los debilita, permitirá anticipar escenarios y evitar errores. Existen ejemplos de concentración de poder en la región, pero también experiencias de transición democrática que ofrecen lecciones valiosas.

El desafío central no es únicamente resistir el avance extractivista o el debilitamiento institucional. Es reconstruir tejido social, reactivar presencia territorial y proponer un proyecto país basado en la justicia socioambiental. En esa tarea se juega no solo la defensa del ambiente, sino la calidad misma de nuestra democracia.

* Texto presentado en el Foro: “Desafíos de los movimientos sociales ante el rumbo del país”, organizado por la Alianza por una Vida Digna y el medio digital SURCOS, el martes 03 de marzo.