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Etiqueta: justicia fiscal

Costa Rica: pan y circo de bicentenario

Marcos Chinchilla Montes

Juvenal acuñó la expresión “pan y circo para el pueblo”, la que alude a la distracción que se le ofrece e impone a un pueblo para evitar que éste no solo reflexione sobre las contradicciones y problemas que afectan a la sociedad en la que vive, sino también para que busque superarlas.

En eso resumo el espectáculo que se organizó para celebrar la independencia costarricense el pasado 15 de setiembre en el Estadio Nacional. Un colorido espectáculo tipo Hotel Fiesta (con su todo incluido) donde se conjugan luces, trajes, bailarines, músicos e historias perfectamente sincronizadas en torno a una idea central: el ser iguales en un país encantador, perfecto, independiente y sin contradicciones. Miles aplaudieron la versión oficial, la versión que siempre han conocido desde su niñez.

Ni por asomo, una alusión a la corrupción, al aumento de la pobreza, o la concentración de riqueza cada vez más descarada y vergonzosa, a las imposiciones históricas del Fondo Monetario Internacional. Nada de mencionar el machismo y la violencia hacia la mujer, el tráfico de drogas, la discriminación a las poblaciones no binarias, la violencia del crimen organizado que se extiende por todo el país. Bien escondidos quedaron los asesinatos políticos del Codo del Diablo, el robo de las tierras indígenas, el combo fiscal, la ilegalización de las huelgas, la destrucción del medio ambiente, la policía militarizada que reprime manifestantes, la exclusión educativa, la venta de la patria. Carmen Lyra figuró mutilada e instrumentalizada, al menos no quedó reducida a los Cuentos de mi tía Panchita.

Se impuso la fina coreografía, una bofetada descarada a historia crítica y reflexiva de nuestro pasado.

En fin, lo volvieron a hacer; millones de costarricenses recibieron su dosis de soma para afianzar la idea de que somos lo mejor de Centroamérica y América Latina; aunque diversos indicadores sociales reflejan la progresiva y peligrosa regresión social que sufre el país. Eso se llama construir la identidad nacional a base de mentiras y sueños, ocultando debajo de la cama nuestras múltiples contradicciones acumuladas a lo largo de siglos.

Tal vez para el tricentenario, quienes nos sucedan puedan reflexionar de manera profunda y honesta sobre el país que están construyendo; si es que quienes vivimos en esta época, algo les dejamos para repensar su pasado y futuro.

BUSSCO informa acerca de avances en Diálogo Multisectorial

El pasado miércoles 28 de octubre culminó la segunda sesión de mesa de Diálogo Multisectorial con acuerdos en los principios, la mecánica y la temática que se abordará en una agenda de trabajo que iniciará a partir del jueves 5 de noviembre y se extenderá por 9 sesiones de trabajo durante 3 semanas.

Justicia fiscal, justicia social y mayor equidad fueron parte de los temas en los que BUSSCO insistió como temática a incluir y abordar.

Hacia la justicia fiscal en un mundo pospandémico

Justicia fiscal, una parte integral de la lucha contra la agenda neoliberal

La pandemia de COVID-19 expuso las desigualdades generadas por un sistema neoliberal fundado en las ganancias y la codicia. Ningún lugar ha sido tan impactado como el Sur Global, donde las crisis múltiples y crónicas han profundizado la pobreza, aumentado la dependencia de los países de la deuda y erosionado sus recursos y capacidad para construir sociedades y economías humanas y sostenibles. La pandemia actual afecta a una gama aún más amplia de miseria humana en todo el mundo, con impactos que golpean de manera desproporcionada a los más pobres y vulnerables.

Considerada peor que la crisis económica mundial de 2008, se prevé que la recesión inducida por la COVID-19 dejará a millones de personas desempleadas y subempleadas. Las Naciones Unidas estima que 71 millones de personas volverán a caer en la pobreza extrema en 2020, el primer aumento de la pobreza mundial desde 1998. En América Latina y África, se estima que los ingresos de los trabajadores del sector informal se redujeron en alrededor del 80% en el primer mes de la crisis. Por lo tanto, la supervivencia económica será una batalla cuesta arriba especialmente para los trabajadores pobres del Sur Global, que ya se concentraban predominantemente en la economía informal y vivían al día en barrios marginales abarrotados, incluso antes de la COVID-19.

Las mujeres son afectadas de manera desproporcionada por la pandemia, ya que están sobrerrepresentadas en el sector informal desprotegido y precario, así como en los sectores más afectados, como los servicios de salud y la economía del cuidado. Con la imposición del encierro y del aislamiento en el hogar, las mujeres enfrentan a una mayor exposición a la violencia de género y la intensificación de la carga del trabajo de cuidados no remunerado, lo que refuerza las normas patriarcales en muchas sociedades. En Bogotá, capital de Colombia, por ejemplo, el número de llamadas a la línea directa de la policía para denunciar violencia contra las mujeres aumentó en un 225% durante la primera semana del encierro. En el trabajo de cuidado remunerado, las mujeres también constituyen la mayor parte del mercado laboral en la salud pública, que sufre con recortes presupuestarios y bajos salarios debido a que durante los últimos años los Estados han retirado inversiones en servicios sociales en favor del sector privado.

El sistema económico neoliberal que se aprovecha de los vulnerables y privilegia a los ricos y las ganancias creó un terreno fértil para la crisis actual. Junto con las condiciones crediticias de los Programas de Ajuste Estructural, las políticas macroeconómicas que defienden medidas de austeridad y la privatización desmantelaron la capacidad de los países, especialmente del Sur Global, para hacer frente a una crisis de esta magnitud.

Esto resultó en sistemas de salud pública precarios y con pocos recursos, sistemas de protección social inadecuados, además de bienes y servicios esenciales costosos e inaccesibles. De hecho, en 2017, solo entre un tercio y la mitad de la población mundial estaba cubierta por servicios de salud esenciales, y los países pobres muy endeudados gastaron solo USD 53,23 per cápita en salud en el mismo año. El sur de Asia, como subregión, tuvo el gasto per cápita en salud más bajo en 2017 con USD 64,47. Por lo tanto, no es sorprendente que en el sur de Asia, los suministros médicos sean deplorablemente insuficientes, como tener menos de 2.8 camas de hospital para cuidados críticos por cada 100 mil personas. Además, muchos países del Sur Global también carecen de un suministro adecuado de ventiladores, cruciales en el tratamiento de COVID-19. Para evitar contraer el coronavirus, se ha recomendado a todos que se laven las manos con frecuencia. Sin embargo, es importante señalar que en 2015, el 85% de la población del África Subsahariana no tenía acceso a instalaciones básicas para lavarse las manos con agua y jabón.

Con la pandemia, la cadena de suministro global que está diseñada para satisfacer las necesidades del mercado global (incluidos los equipos de protección personal, las instalaciones médicas y los kits para detección de la enfermedad) a través de los centros de producción en el Sur Global fue gravemente interrumpida. Así muchos países en desarrollo no solo tuvieron una reducción en sus ingresos e inversiones, sino también se quedaron sin condiciones de asegurar las necesidades básicas vitales para combatir una pandemia y para brindar asistencia humanitaria a los más gravemente afectados. Con la cadena de suministro global rota, la sociedad civil y las comunidades intentan llenar las brechas: organizaciones comunitarias e individuos se están movilizando para producir mascarillas, donar equipo de protección personal a los hospitales y satisfacer las necesidades humanitarias de aquellos que se quedaron desempleados y con hambre tras los encierros.

Muchos gobiernos han priorizado los intereses del sector privado sobre el bienestar de las personas durante décadas, lo que los ha vuelto ineptos para solucionar la crisis actual. El modelo de desarrollo orientado a la exportación y liderado por el sector privado en muchos países en desarrollo del Sur Global se basa en la explotación de mano de obra barata y el extractivismo de los recursos naturales por grandes corporaciones con sede en el Norte Global. Por si fuera poco, se introdujeron políticas fiscales que otorgan generosos incentivos y exenciones fiscales para atraer más inversiones extranjeras directas. Las graves consecuencias de estas políticas macroeconómicas se ven agravadas por una arquitectura financiera internacional injusta que permite los flujos financieros ilícitos, la evasión fiscal y la elusión fiscal por parte de las élites ricas y las multinacionales, lo que socava gravemente la capacidad de los estados para movilizar los recursos necesarios para invertir en sectores sociales y en el desarrollo sostenible. Impulsadas por la codicia y las ganancias privadas, muchas corporaciones aún pueden beneficiarse de la miseria bajo el sistema económico y político actual, incluso en medio de la pandemia.

Miles de millones de ingresos perdidos por incentivos y abusos fiscales por parte de las corporaciones y élites podrían haberse utilizado para fortalecer la prestación de servicios públicos esenciales para garantizar nuestros derechos a la salud, el acceso al agua y el saneamiento, una vivienda digna y el transporte público. Dichos recursos podrían haberse utilizado para mitigar los impactos de la pandemia. No obstante, sin estos recursos, los países del Sur Global dependen en gran medida de la ayuda y los préstamos cargados de condiciones. Cabe subrayar que incluso antes de la pandemia de COVID-19, los países en desarrollo han estado enterrados en una deuda insostenible, parte de la cual es ilegítima.

La pandemia desmistificó la doctrina neoliberal de que el papel de los estados en la economía nacional y en la provisión de bienes y servicios públicos para el bienestar de su pueblo debe reducirse al mínimo. La gente está clamando para que los estados intervengan de manera proactiva y efectiva no solo en respuesta a la emergencia de salud pública, sino también a los impactos inmediatos de la recesión económica provocada por los cierres y el cese de actividades económicas. El descontento de la población con la respuesta ineficaz de los gobiernos al COVID-19 provocó el estallido de protestas en diferentes partes del mundo. Hay protestas contra Jair Bolsonaro en Internet y en las calles de Brasil, uno de los países más afectados por la COVID-19, para condenar el mal manejo de la crisis por parte del presidente. En Kenia, los ciudadanos marcharon para denunciar la brutalidad policial al hacer cumplir las regulaciones de cierre. La situación es similar en Filipinas, donde varios manifestantes, violadores de la cuarentena e incluso ciudadanos comunes fueron presos, atacados violentamente o asesinados por las fuerzas estatales. Además del derrumbe de las economías, el colapso de los sistemas de salud y la profundización de la pobreza, también se enfrenta a la reducción del espacio democrático y cívico y al aumento de la represión política, lo que hace que impulsar reformas sea más desafiante que nunca.

Sin embargo, en los últimos meses, hemos visto que los principios de la ideología neoliberal y de la gobernanza antidemocrática están siendo desacreditados y cuestionados a medida que enfrentamos a una grave crisis económica. La pandemia nos presenta una oportunidad para impulsar cambios sistémicos y crear alternativas al actual modelo de desarrollo neoliberal, que antepongan las personas y el planeta al lucro y la codicia. Es una oportunidad para reinventar la economía global y la arquitectura financiera internacional hacia la justicia social y la igualdad, lo que no es posible sin la justicia fiscal.

En este contexto, instamos a los gobiernos:

Sobre el freno de la erosión de los recursos financieros públicos

  • Eliminar incentivos fiscales que benefician a las élites y corporaciones ricas.
  • Impedir que las empresas multinacionales trasladen sus beneficios a países con impuestos bajos o nulos, gravándolas como una entidad única, bajo un principio de empresa unitaria.
  • Instar a las instituciones financieras internacionales y a los prestamistas bilaterales y privados a cancelar inmediatamente los pagos de la deuda, iniciar un proceso de reestructuración que incluya la cancelación de la deuda cuando sea necesario y avanzar hacia un marco multilateral permanente bajo los auspicios de las Naciones Unidas para apoyar la reestructuración sistemática, oportuna y justa de la deuda soberana en un proceso que cubre a todos los acreedores. El objetivo debe ser dar a los gobiernos el espacio fiscal necesario para responder a la crisis actual, de conformidad con los estándares de derechos humanos, los ODS, los objetivos climáticos y los compromisos de derechos humanos e igualdad de género.

Sobre el aumento de los ingresos públicos

  • Gravar los beneficios en exceso a las empresas multinacionales, especialmente a las que se benefician masivamente de la crisis actual.
  • Implementar reformas progresivas que graven fuertemente los ingresos, los activos y la riqueza.
  • Cancelar los tratados fiscales bilaterales desventajosos para los países en desarrollo.
  • Introducir un impuesto a los servicios digitales sin depender del proyecto BEPS de la OCDE.
  • Introducir una tasa impositiva corporativa efectiva y mínima globalmente que sea suficiente para financiar servicios públicos de calidad y protección social universal, pero sin que ningún país sea presionado a reducir su tasa impositiva corporativa existente.

Sobre la reforma de la arquitectura y las normas fiscales globales

  • Establecer una comisión fiscal intergubernamental bajo los auspicios de las Naciones Unidas que pueda liderar el desarrollo de nuevos estándares fiscales globales progresivos a través de negociaciones transparentes en las que todos los países participen igualmente.
  • Apoyar una estrategia de reconstrucción global que será necesaria para evitar depresiones que tengan un impacto adverso en los trabajadores y comunidades más marginados.
  • Promover medidas de transparencia fiscal nacionales y regionales para identificar y frenar los flujos financieros ilícitos, mediante la promoción de informes públicos país por país para las empresas multinacionales y de registros públicos de beneficiarios finales de entidades y acuerdos legales.
  • Promover el intercambio automático de información para garantizar que todas las administraciones tributarias puedan acceder a la información que necesitan para frenar la evasión y elusión fiscal internacional.
  • Reforzar la lucha contra las prácticas fiscales nocivas que facilitan la fijación de precios incorrectos en las transferencias, la elusión fiscal y los flujos financieros ilícitos, incluidos los incentivos fiscales, los servicios financieros extraterritoriales y los tratados fiscales perjudiciales.
  • Ampliar las obligaciones de debida diligencia contra el lavado de dinero y la corrupción a todos los guardianes del sistema financiero, incluidos abogados, contadores, fondos de cobertura, fondos de capital privado, agentes inmobiliarios, comerciantes de artes y antigüedades y agentes de formación corporativa.

Para aliviar la carga económica de los pobres y los vulnerables, también exigimos urgentemente que los gobiernos:

  • Pongan fin a los impuestos regresivos al consumo, como los impuestos al valor agregado y los impuestos sobre bienes y servicios, que aumentan la carga sobre los pobres y marginados.
  • Otorguen créditos fiscales a hogares monoparentales, microempresas, pequeñas y medianas empresas, personas de bajos ingresos, dependientes, etc.
  • Otorguen créditos fiscales a mujeres por trabajo de cuidados no remunerado.

No hay justicia fiscal sin justicia tributaria y económica. Pedimos a los estados para que cumplan con su deber central de proteger a sus ciudadanos y dar prioridad a los derechos humanos (no a los bancos, corporaciones y los ricos) y:

  • Embarcar en un camino fiscal que proporcione estímulos y apoyo a la economía real (no a actividades financieras especulativas) hacia estructuras, políticas y programas económicos equitativos y justos.
  • Implementar políticas de gasto fiscal que inviertan en servicios públicos de calidad para todos y sistemas de protección social universal.
  • Realizar las inversiones y ayudas públicas necesarias para asegurar:
    • Seguridad y soberanía alimentaria durante y después de la crisis.
    • Servicios públicos que cumplan los derechos y necesidades de las mujeres.
    • Servicios públicos que reconozcan, reduzcan, redistribuyan y socialicen el trabajo de cuidado no remunerado y la reproducción social
  • Implementar medidas de protección del empleo formal y de ingresos básicos de emergencia para apoyar a los trabajadores desempleados, informales y autónomos que viven en la pobreza.
  • Alejarse de las políticas económicas desacreditadas del neoliberalismo.

En la situación actual, los movimientos sociales enfrentan restricciones y represión para movilizarse contra políticas injustas. Sin embargo, esto no debe disuadirnos de luchar por un futuro justo y sostenible. Como una alianza global con miembros en cinco continentes, vemos esta crisis como una oportunidad para una movilización más amplia de la sociedad civil y la reconstrucción de un movimiento global contra las políticas económicas neoliberales. ¡Ahora, más que nunca, es el momento más crucial para unirnos e impulsar nuestra lucha por la justicia fiscal y una economía centrada en las personas!

 

Fuente: https://www.globaltaxjustice.org/

Compartido con SURCOS por Henry Mora Jiménez.

Justicia fiscal para enfrentar la crisis actual

Este viernes 3 de julio a las 4:30 p.m. se presentará en vivo las propuestas sobre: “Justicia fiscal para enfrentar la crisis fiscal actual”, en la página de Facebook de Mujeres en Acción (MeA):

Con la participación de Sofía Guillén – UCR; Ximena Araneda – ITCR; Francisco Robles- UCR y la moderación de Ana Rosa Ruiz – Mujeres en Acción.

Un ejemplo de lucha por la justicia fiscal y social

Marlin Oscar Ávila H.

4 de octubre de 2018

 

Si obviamos el contexto internacional en que se desarrolla la más larga huelga nacional de las últimas décadas en Costa Rica, podríamos pensar que su pueblo está dando muestras de una fuerza social sin parangón, utilizando el marco ideológico de Mahatma Gandhi sobre la no violencia para demostrar su oposición (1) a los dictados de un gobierno que obedece más a la oligarquía criolla e internacional, que al pueblo que le eligió, como es lo común. Hoy esta huelga general e “indefinida” cumple 24 días sin que el movimiento civil haya logrado que el gobierno central retire de la Asamblea Legislativa el Plan Fiscal, como su principal exigencia (2).

Ahora, por los intereses creados en las élites políticas dentro de las estructuras de poder, y por las exigencias de los máximos líderes del movimiento de protesta, podría ser que se pase a otra fase más delicada, como es la desobediencia civil, las huelgas de hambre y la resistencia pacífica en crescendo dentro de un pueblo que ha aprendido que el cristianismo no solamente es liturgia y culto pasivo; va más allá de “colocar la otra mejilla” cuando unos pocos (fariseos) se enriquecen a costa de las masas en proceso de empobrecimiento continuo. Los riesgos políticos y sociales son propios de una lucha de clases y, la clase trabajadora tiene riesgos inmediatos, mientras que el PAC, partido en el poder, tiene mayores riesgos políticos mediatos. No con los organismos internacionales, pero con el pueblo que no olvida.

La lucha que se libra no solamente es contra un plan fiscal injusto e inequitativo, es contra los abusos administrativos que se han venido dando desde inicios del presente siglo, en los tres poderes del Estado. Por ejemplo, unos 46 miembros de la Corte Suprema de Justicia, se auto incrementaron sus salarios en 2008 y 2010, entre el 26 y el 96% violentando la misma Constitución. Esto además de un sinnúmero de pensiones denominadas de lujo, que llegaban hasta un ingreso mensual de US$28 mil. Estas pensiones de lujo se han venido descubriendo en el transcurso del presente año, lo que incluye a ex diputados, jueces y ex-presidentes. Solamente los aumentos en la Corte se estiman en C. 2,000 millones (unos US$3, 570,000).

En los debates en esta larga controversia nacional se han denunciado muchos abusos y privilegios a grandes empresas y familias afortunadas. Por ejemplo, se informó que unas 90 empresas internacionales y nacionales reciben un subsidio en combustible cada mes por la empresa nacional RECOPE. Se denuncia que en los últimos 8 gobiernos, entre la Caja Fishel, Alcatel, Trocha, Soresco, OAS, Yanber, Cemento Chino, Hidrotárcoles y, Coopelesca, se han robado US$ 433 millones. Se denuncia que ciento treinta (130) costarricenses utilizaron la Oficina de abogados Mossack Fonseca (Panama´s Papers) con la cooperación del grupo de abogados Facio & Cañas, para evadir y eludir impuestos, entre el 2000 y el 2014. Se argumenta que Alberto Raven Odio, actual directivo del Banco de Costa Rica, aparece de mediador en más de 60 empresas vinculadas a los famosos Panama´s Papers. Las zonas francas están exentas del pago de impuestos al igual que las grandes y medianas cooperativas, algo que en Costa Rica, una de estas cooperativas, la Dos Pinos, es una empresa regional o transnacional que mantiene negociaciones confidenciales con los diputados de la Asamblea Legislativa para recibir favores, manteniéndose exenta de impuestos.

Para la ciudadanía costarricense estos y otros privilegios no se justifican, pues el déficit fiscal del país es grave, al tener que gastar cinco veces más de lo que recibe (3) en sus recolectas fiscales. El año anterior concluyó con un 6.2% del PIB. La evasión y escape fiscal, las exenciones de impuestos, además de los ingresos de lujo de la alta jerarquía que ha manejado la institucionalidad del Estado, han llevado a la crisis financiera que ahora, nuevamente, la clase política en el poder, unida a las grandes trans-nacionales, quieren que sea la clase trabajadora la que siga pagando sus costos.

Presionado por las organizaciones civiles el actual gobierno presentó un plan con diez acciones para rescatar fondos por la suma de US$ 130 millones a unos 800 grandes contribuyentes que se habían evadido el fisco y controlar a unos 117, 000 contribuyentes que declararon no recibir utilidades en el año 2017. Un sistema automatizado en línea ayuda a evitar la evasión. “Además, la iniciativa anuncia que durante el segundo semestre de 2018 las autoridades llevarán a cabo 1.000 operativos contra el contrabando de mercancías y que utilizará nuevas herramientas tecnológicas en las aduanas para garantizar el pago de los respectivos impuestos.”(4) Pese a estas medidas, la ciudadanía quiere y exige equidad fiscal, tanto horizontal como vertical.

El plan fiscal presentado a la Asamblea se sigue discutiendo, mientras multitudinarias demostraciones en todo el país, han exigido, que ese plan se anule y se discuta uno donde se incluye las aportaciones de la ciudadanía votante y la clase trabajadora organizada en sindicatos. No obstante, la Asamblea sigue discutiendo el Plan Fiscal tomando cada una de sus partes, en las cuales, han habido mejoras, sin embargo, no se ha logrado aprobar que grandes empresas cooperativas paguen algún impuesto. Se asegura que esas empresas con sus grupos de cabildeo, han llegado hasta el soborno. Algo usual en las grandes corporaciones históricamente, ha sido la compra de conciencias, particularmente dentro de las estructuras de poder.

Como en muchos países de nuestro continente, el sindicalismo costarricense sufrió un deterioro en las décadas ochenta y noventa, tanto por la corrupción de sus dirigencias y la compra de conciencia desde las patronales, unido esto a la gran campaña internacional de desprestigio como efecto de la guerra fría. Así que la empresa privada costarricense se apuntó un “gran éxito” al sustituir los sindicatos por grupos “solidaristas” consistentes en asociaciones de empleados “asociados” logrando así su neutralización. Así que el sindicalismo que activa en protesta por el Plan Fiscal enviado a la Asamblea, es un sindicalismo que pertenece a más de 28 instituciones del Estado. Pero a este movimiento se ha unido mucha ciudadanía organizada, y no organizada, de otros sectores. En un país que su población no pasa de los cinco millones de habitantes, con una PEA de aproximadamente 2, 350,500, lograr manifestaciones públicas de aproximadamente 800 mil ciudadanos (arriba del 2.5%) es algo significativo.

Los medios represivos utilizados han sido la declaración de ilegalidad de las huelgas; el no pago de salarios los días que han faltado al trabajo; la detención del transporte de activistas que viajaron en los autobuses; la detención de cinco estudiantes luego de que la policía se introdujo violentamente en la Universidad de Costa Rica; y, el asesinato de un joven manifestante en la ciudad de Limón, en el Atlántico del país, sin que aún se confirme la autoría. Ahora, falta saber si vienen despidos y otras represalias por parte del gobierno. Si suceden otros actos de represión, seguramente los movimientos de protesta pueden pasar de un reclamo contra un plan fiscal a uno de reivindicaciones por su derecho a la protesta y la anulación de medidas represivas. Sin embargo, sí siguen ocurriendo hechos como el de ayer miércoles, de sobresaliente incultura en Plaza de la Cultura por parte de activistas sindicales, en contra del Señor Presidente Carlos Alvarado, este movimiento puede decaer rápidamente, brindándole a los medios, como el periódico la Nación y TV7 (5), beneficiarios de la exoneración de impuestos, abundante material para su desprestigio.

Si tomamos en consideración el contexto internacional, Costa Rica es la excepción de la regla en nuestro continente, incluyendo a la mítica democracia estadounidense. Nuestro presidente Carlos Alvarado fue electo con un 60.66% de la votación en enero del presente año. Donald Trump es presidente de EUA con 46.9%; Nicolás Maduro es presidente de Venezuela al haber obtenido 67,8% en la última contienda. Los ejercicios administrativos de estos dos últimos están cundidos de controversias. Esperemos que Carlos Alvarado no caiga en este mismo carril de desprestigio. Esto sin mencionar que los gobiernos centroamericanos, a excepción del salvadoreño, están perfilados con el nuevo calificativo de “gobiernos en dictadura democrática”. Por ejemplo, en Nicaragua, en menos de medio mes de protestas ya había cerca de una centena de activistas asesinados. En Honduras, las familias viven un completo y constante calvario desde el 2010, con cifras de asesinatos que van de 15 mil a 25 mil. Ya las estadísticas interesan menos, porque diariamente se asesinan jóvenes, mujeres, profesionales de diversas disciplinas, indígenas, negros, etc. hay masacres constantes, mientras el gobierno busca y encuentra a las maras como sus chivos expiatorios. Sólo falta que imiten a los Ortega, para acusar de terroristas, a sus víctimas.

Todo mundo sabe la importancia que tiene Costa Rica para el sistema internacional de una simulada democracia. La comunidad occidental tiene una verdadera identidad: el neoliberalismo, la imposición de gobiernos y de medidas financiero económicas dictadas por los bancos internacionales, el FMI y la OMC, quien está de capa caída por la guerra comercial impulsada por uno de sus creadores como lo es el gobierno de los EUA. Si Costa Rica no se amolda a sus medidas, puede caer en la desgracia de ser sancionada por esos organismos. Al “gendarme mundial” poco le importa perder a este país como vitrina democrática, sabemos que serían muy escasas las posibilidades de réplica, además, al neo-fascismo, poco o nada le interesan las democracias verdaderas. El que se evadan impuestos y que Costa Rica caiga en crisis financiera es bueno para los organismos financieros internacionales, para hacer crecer el pasivo que mantiene con países como Argentina. Éticamente, las evasiones de impuestos son populares en el Norte del Continente, así que el interés de una justicia y equidad fiscal, es un interés solamente nuestro, el pueblo trabajador costarricense.

Los aprendizajes obtenidos en estas semanas pueden valer más que una año de estudios superiores en ciencias políticas. Hay un nuevo tejido social. Desde luego, hay enojos, cóleras, muchas emociones encontradas, hay pérdidas comerciales y económicas, pero si analizamos lo positivo, es muy probable que pese más lo positivo. Ojalá que los líderes del movimiento social y el gobierno logren un acuerdo lo antes posible. Esto se logra con madurez y pensando en Costa Rica, más que en intereses personales y de grandes empresarios.

 

1Sin la ortodoxia que exigía Gandhi, puesto que ha habido muchas alteraciones emotivas y provocaciones, que los ha llevado a situaciones contradictorias, hasta colocarles en un arriesgado desprestigio moral y político.

2https://delfino.cr/2018/10/22-dias-de-huelga-iglesia-tira-la-toalla-gobierno-da-a-sindicatos-una-semana-mas/

3https://www.larepublica.net/noticia/puede-costa-rica-sobrevivir-al-deficit-fiscal-mas-alto-de-su-historia

4https://www.elpais.cr/2018/06/20/el-gobierno-de-costa-rica-presenta-un-plan-de-lucha-contra-evasion-fiscal/

5Estos medios tienen a grandes empresarios y familias de la clase política como accionistas.

 

 

 

 

 

Enviado por el autor.

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“Marcha de los gatos”: Combo fiscal evidencia enojo del pueblo ante 30 años de inequidad económica

Luego de operativos, manifestantes abordaron buses de servicio público para trasladarse a San José. Ciudadanía demanda justicia fiscal como expresión de democracia y de verdadera acción ciudadana

Foto: Nathy Vargas
Foto: Nathy Vargas

Colectivo Justicia Fiscal Ya

(COMUNICADO DE PRENSA) San José, Costa Rica, 26 de septiembre de 2018. A lo largo de la madrugada las personas manifestantes se fueron congregando para abordar buses desde diferentes lugares del país. En algunos casos el viaje no inició. En otros, el sueño se detuvo para constatar que la Policía de Tránsito bajaba las placas de busetas y buses.

A pesar del retiro de 22 placas, una gran mayoría se organizó para trasladarse en autos particulares y servicios de transporte público: ellas y ellos también son parte del aproximadamente millón de personas que el día de hoy clamó en el centro de San José por justicia fiscal.

La marcha de este 26 de septiembre demuestra que, lejos de lo que se ha divulgado, son múltiples sectores de la sociedad costarricense quienes manifiestan un descontento acumulado ante la inequidad promovida por los gobiernos de los últimos 30 años, aseguró Guillermo Acuña, sociólogo y analista.

“Estamos viendo el despertar de un movimiento con la participación de variados sectores campesinos, indígenas, de pesca, de instituciones públicas y del sector privado que se oponen al Combo Fiscal porque es una continuada intensificación de 30 años de políticas económicas dirigidas contra el pueblo”, aseguró.

Variedad, creatividad y color

Las calles de San José se llenaron de creatividad y color que reflejó la multiplicidad de personas, sectores productivos representados y lugares de proveniencia.

“Aquí vamos llegando a la estatua de León Cortés con los bueyes y maquinaria. Producimos para el mercado nacional y estamos en la lucha porque el agro se va a ver enormemente perjudicado por este paquete fiscal”, declaró José Oviedo, agricultor participante en la marcha de hoy.

Para Oviedo, las medidas propuestas en el Proyecto 20.580 impactarían negativamente sobre los niveles de pobreza que ya están presentes en el sector agropecuario del país.

“Aquí es una competencia desleal porque mientras los importadores están excluidos de todo a nosotros nos gravan con impuestos; a nosotros que muchas veces producimos para comer”, concluyó.Las fotografías y videos dan cuenta de la misma variedad: pancartas, mantas, mascaradas, dibujos, cimarronas y camisetas que claman por una reforma fiscal justa que contribuya a la construcción de un país con equidad.

“Estamos hartos de estos gobiernos corruptos que literalmente se han comido la comida del pueblo: nos han dejado solos, hemos quebrado, hemos gastado todo nuestro capital sosteniendo el trabajo del agro. Pero ya estamos en el punto que no vamos a aguantar más”, enfatizó Juan Carlos Murillo Martínez, integrante de la Cámara Costarricense Agropecuaria.

Para Murillo, quien llegó a San José desde Tilarán, Guanacaste, es urgente un proceso real de diálogo que permita al gobierno nutrirse de la sabiduría de quienes cuentan con amplia experiencia en producir para el país.

“Al presidente y a este gobierno le digo que sea más culto; que atienda los problemas del pueblo que dé la cara. En el tema, si se sienta con los ganaderos y agricultores, hablamos y arreglamos el país en 10 minutos. Pero escondiendo el rabo no sirve”, sentenció Murillo.

 

Información tomada de fuente original: http://www.vocesnuestras.org

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