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Etiqueta: justicia tributaria

OES-UNA: “Discusión sobre una reforma fiscal es necesaria y urgente”

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Observatorio Económico y Social llama la atención sobre la necesidad de evitar centrar la discusión en medidas de corto alcance y la urgencia de tomar en cuenta el impacto sobre los sectores más vulnerables

UNA Comunica. El Observatorio Económico y Social (OES) de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA) ha venido advirtiendo sobre un deterioro en la recaudación tributaria desde el 2023.

En el informe Análisis de la Coyuntura Fiscal 2024 se señalaba una reducción de los ingresos tributarios durante ese año, situación que ya se había presentado en 2023. Esta tendencia continuó en 2025 y se ha intensificado durante los primeros meses de este año, tal como lo había anticipado el propio Ministerio de Hacienda en las proyecciones incorporadas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

La disminución de los ingresos tributarios se ha observado en diversos rubros y no responde a un único factor. Entre las principales causas destacan el menor dinamismo de las empresas del régimen definitivo, la reducción de los ingresos de algunas empresas que facturan en moneda extranjera, el congelamiento salarial en el sector público, el efecto de la apreciación del colón sobre el valor declarado de los bienes importados, la modificación de los valores declarados en la importación de vehículos y diversas decisiones adoptadas por la anterior Asamblea Legislativa, entre ellas, la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la disminución del impuesto sobre la renta para personas físicas con actividad lucrativa y la limitación de algunas potestades de control de la Administración Tributaria.

Sobre este punto, en el informe Análisis de Coyuntura Fiscal 2024 se advertía que “el Observatorio reitera el llamado a evitar un debilitamiento adicional del sistema tributario, con más reducciones de impuestos o incorporaciones de nuevas exoneraciones, tal y como se ha estado haciendo en los últimos dos años con la reducción del impuesto a la propiedad de vehículos, la pérdida de potestades de la administración tributaria en el cobro del impuesto sobre la renta, la reducción del impuesto a personas físicas con actividad lucrativa (personas con actividades propias) o las reformas recientemente anunciadas en el Selectivo de Consumo, pues el deterioro de los ingresos públicos afectará la posición fiscal del país y complicará la asignación de recursos adicionales a las más apremiantes necesidades de la población”.

Hoy, esta advertencia parece estarse confirmando, pues el deterioro de las finanzas públicas se ha vuelto cada vez más evidente.

Por esta razón, el OES-UNA considera positivo que haya una discusión sobre una eventual reforma tributaria, dada la necesidad de corregir problemas que se han venido acumulando en el sistema tributario costarricense durante décadas. La reforma fiscal aprobada en 2018 tuvo un alcance limitado y no fue concebida como una transformación estructural del sistema, sino como una respuesta inmediata a la necesidad de generar recursos adicionales para enfrentar la situación fiscal del momento.

En ese contexto, era necesario mantener abierta la discusión sobre reformas de carácter estructural que permanecieron pendientes, particularmente en materia del impuesto sobre la renta, así como sobre eventuales ajustes al Impuesto al Valor Agregado (IVA), incluida la discusión acerca de su tasa impositiva. Sin embargo, la irrupción de la pandemia por Covid-19 desplazó estas prioridades e impidió la continuidad de una agenda de reformas tributarias de mayor alcance.

El país mantiene pendiente una agenda de reformas tributarias de gran relevancia. Entre ellas destacan:

– La revisión integral de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que en esencia continúa siendo la aprobada en 1988 con las modificaciones incorporadas a lo largo del tiempo.

– La reducción de los niveles de incumplimiento tributario por parte de las personas jurídicas.

– El fortalecimiento de la recaudación proveniente de las personas físicas, ámbito en el que Costa Rica se encuentra rezagada respecto al promedio de los países de la OCDE.

– La introducción de mecanismos de control que eviten el uso de Sinpe Móvil como instrumento para la evasión del IVA.

– La racionalización de determinadas exoneraciones.

– La revisión de los beneficios tributarios otorgados a empresas acogidas a regímenes especiales.

– La definición de estrategias para enfrentar la erosión futura de la recaudación proveniente de los impuestos a los combustibles.

Asimismo, resulta necesario retomar medidas orientadas a fortalecer las capacidades de control y fiscalización de la Administración Tributaria, así como valorar la incorporación de tributos que, además de generar ingresos, contribuyan al cumplimiento de objetivos ambientales.

Por estas razones, el OES-UNA hace un llamado a promover una discusión amplia e integral sobre la reforma tributaria que requiere el país, evitando limitarla a ajustes puntuales destinados únicamente a resolver necesidades de financiamiento de corto plazo. El objetivo debe ser avanzar hacia un sistema tributario más robusto, equitativo y sostenible, capaz de fortalecer las capacidades de la Administración Tributaria y garantizar la disponibilidad de recursos para atender las prioridades nacionales en el largo plazo.

Además, las reformas que eventualmente se adopten deben proporcionar al gobierno central los recursos necesarios para responder a necesidades ineludibles de la población, como por ejemplo: el fortalecimiento del régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), cuya sostenibilidad requerirá recursos que exceden los obtenibles mediante una eventual capitalización derivada de la privatización de un banco público, el pago de la deuda del Estado con la CCSS.

Asimismo, debe considerar además el fortalecimiento del financiamiento de la educación pública, el incremento de los recursos destinados a la seguridad ciudadana, el resarcimiento de los montos no transferidos al Poder Judicial en años anteriores, el fortalecimiento de los programas sociales y la atención de necesidades operativas del gobierno central, incluidas aquellas asociadas a la puesta en funcionamiento del nuevo centro penal actualmente en construcción.

La reforma tributaria que eventualmente se proponga debe considerar de manera explícita sus efectos sobre la población en condición de vulnerabilidad económica, incorporando mecanismos que permitan compensar o minimizar posibles impactos adversos. Hasta el momento, sin embargo, este aspecto no ha sido señalado como una condición fundamental dentro de la discusión pública sobre la reforma.

Por ejemplo, la eventual aplicación de la tarifa general del 13% del IVA a los bienes que actualmente integran la canasta básica tributaria, podría generar un aumento significativo en la recaudación de este impuesto, al ampliar la base gravable y gravar una mayor proporción del consumo realizado por los hogares de mayores ingresos. No obstante, una medida de esta naturaleza incrementaría la carga tributaria sobre los hogares de menores recursos, los cuales destinan una mayor proporción de sus ingresos al consumo de bienes esenciales.

Por esta razón, cualquier modificación en esta dirección debería acompañarse de mecanismos de compensación adecuados. A partir de experiencias implementadas en otros países de la región y de propuestas que han sido discutidas con anterioridad en Costa Rica, resulta pertinente valorar la devolución del IVA pagado por los hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad económica. Este mecanismo, conocido en el ámbito internacional como “IVA personalizado”, permitiría mitigar los efectos regresivos del impuesto y fortalecer la progresividad del sistema tributario, al tiempo que se preservan los objetivos de recaudación fiscal.

Observatorio Económico y Social
Escuela de Economía, UNA

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

Llamamiento a la convergencia de las fuerzas democráticas y progresistas

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Roberto Salom E.

Comparto esta propuesta para consensuar y procurar un gran apoyo en la sociedad civil.

Una reflexión inicial sobre la crisis política

Costa Rica se caracterizó por una gran estabilidad política, después de la guerra civil de 1948, sobre todo con la constitución del bipartidismo.

Después de la guerra civil del 48 y hasta la consolidación del bipartidismo, se impulsaron y recrearon muchas reformas institucionales que complementaron las conquistas sociales de los años 40, cuyo régimen se plasmó en la Constituyente que dio paso a la Segunda República.

Sin embargo, como se dice, “en la virtud estuvo el pecado”, desde que se consolidó el sistema bipartidista empezó un declive en las políticas públicas que habían garantizado el progreso en la educación, la salud, la redistribución de la riqueza y la estabilidad democrática.

A partir de allí se inició un proceso, más o menos acelerado de ensanchamiento de la brecha social, al punto de que nuestro país llegó a ser, si no el más, uno de los más desiguales del subcontinente más desigual del mundo, cual es América Latina.

Por su parte, la prevalencia del bipartidismo se blindó con el sistema de financiación de los partidos políticos, hasta que, en el año 98 del pasado siglo XX se inició el declive de los dos partidos llamados tradicionales, cuando en las elecciones de ese año, aún cuando fueron ganadas por uno de esos partidos, disminuyeron sintomáticamente la suma de los votos que obtuvieron ambas agrupaciones políticas. Aunado a ello aumentó dramáticamente el abstencionismo, al pasar del 18% promedio a más del 30%, sin haber bajado nunca más desde entonces.

La sociedad civil mostraba cierto hartazgo con las élites dominantes, evidenciado en el inicio de una progresiva proliferación de nuevas agrupaciones políticas, a la derecha y a la izquierda de los partidos tradicionales, que fueron capaces de disputar con más o menos éxito, el acceso al Poder Ejecutivo, forzando en varias ocasiones la segunda vuelta en algunos procesos electorales, en un sistema en el que alcanzar el 40% de la votación para obtener el triunfo electoral, en las condiciones prevalecientes hasta entonces, era una tarea menos difícil que en otros países, en los que el triunfo electoral se obtiene con el 50% de los votos.

Esta tendencia a la proliferación de partidos políticos, producto del descontento con las élites en el poder, se agudizó después de dos gobiernos sucesivos de un partido alternativo, al que el elector le volvió la espalda en las elecciones del 2022.

En ese último año las elecciones las ganó, de nuevo en segunda vuelta, un partido que adoptó como candidato a la presidencia a un exfuncionario de un organismo financiero internacional, que tenía treinta años de estar fuera del país y que había sido cooptado por el gobierno de Carlos Alvarado para administrar la hacienda pública, el cual finalmente fue cesado tras algunos meses de desempeño y de desencuentros con el Presidente.

Este exfuncionario internacional convertido ya en presidente de la República, la emprende contra todo el andamiaje institucional, esgrimiendo para ello una confrontación con quienes llama la “clase política tradicional corrupta”, procurando recrear su ascendiente sobre quienes llama “la gente de a pie”, haciendo gala de un lenguaje chabacano, soez y confrontativo en sus frecuentes intervenciones públicas, pese a la infertilidad de su gestión, producto de su desconocimiento de la institucionalidad, así como de la ausencia de una “carta de navegación” que oriente el rumbo del gobierno.

Pese a ello, su prestigio ha ido decayendo, pero no se ha desvanecido en caída libre en las encuestas de opinión más confiables, como resultado de que sus seguidores se atienen más al discurso que a los alcances de la obra de gobierno, y al hecho de que la oposición al gobierno se encuentra dispersa, sin liderazgo y sin voz a un año y cinco meses de las elecciones del primer domingo de febrero del 2026.

En consecuencia, con lo anterior, la situación actual, desde el punto de vista político, se puede caracterizar al menos por tres tendencias: 1) una crisis del sistema de partidos, evidenciada en su inestabilidad; 2) una situación anómica desde el punto de vista político; y 3) una orfandad política de las masas

Por su parte, el actual gobierno se ha erigido en una amenaza contra la institucionalidad democrática, atentando contra el sistema de frenos y contrapesos, en particular buscando controlar a la Asamblea Legislativa, arremetiendo contra la independencia del Poder Judicial y buscando afectar las potestades de control de la Contraloría General de la República; es decir, haciendo gala de un comportamiento autoritario, confrontativo y desestabilizador de la sociedad costarricense en su conjunto.

Hacia una convergencia democrática

Por lo anterior, es necesario, desde la efervescente sociedad civil, hacer un llamado a las fuerzas vivas, sociales y políticas, para emprender decididamente una convergencia de todas las fuerzas democráticas y progresistas.

Debe ser un agrupamiento plural en lo ideológico, con la condición que prevalezcan la tolerancia, el respeto y la amplitud de miras que las circunstancias exigen, para la construcción de un muro de defensa de la institucionalidad democrática, que a su vez sea la base para continuar la ruta por la senda de la paz y la justicia social, en procura de más solidaridad, mejor distribución de la riqueza, ética en la función pública, más democracia, en garantía de un avance hacia una sociedad de derechos.

Lo anterior pasa necesariamente, por garantizar el respeto y fortalecimiento, si es del caso, del sistema de frenos y contrapesos que la división de poderes exige en una democracia.

Ello constituye un requisito indispensable para ampliar la democracia y dar un combate decidido a la pobreza y la inequidad social, territorial, de género, y propiciar el avance en derechos ciudadanos, de manera que se garantice la inclusividad que a su vez permita continuar construyendo una sociedad en la que quepan todas las personas habitantes del territorio.

Hay que darle la importancia debida a la rendición de cuentas en todos los poderes públicos para combatir la corrupción, el crimen organizado y el narcotráfico, que favorece a muy pocos y perjudica a la mayoría, y que tiene un efecto profundamente desestabilizador de la sociedad y del sistema político.

También las agrupaciones políticas deben rendir cuentas de sus actuaciones, de manera que se garantice un régimen de partidos políticos accesible, democrático y respetuoso de la Constitución y las leyes de la República.

Debe revisarse el régimen de financiamiento de las agrupaciones políticas, para garantizar condiciones de equidad en la participación electoral, y evitar la intromisión en los partidos políticos de recursos financieros mal-habidos.

Es necesario fortalecer una legislación que regule el régimen de partidos políticos para garantizar la existencia de agrupaciones políticas estables, permanentes y participativas, verdaderamente comprometidas con sus planteamientos y propuestas, así como con el respeto a la Constitución y las leyes de la República.

Por otra parte, el Estado costarricense debe ser garante de condiciones mínimas de vida, más abajo de las cuales no viva nadie, así como de un régimen distributivo y tributario de naturaleza progresiva que procure la equidad en las condiciones de vida de toda la población.

Hoy día es necesario renovar las garantías de respeto absoluto al régimen de libertades públicas: libertad irrestricta de elección de las autoridades públicas, de expresión y de prensa, de movimiento dentro y hacia fuera del territorio, de asociación y el derecho a huelga y a la protesta.

Igualmente, debe enfatizarse de nuevo en el respeto a los valores patrios que articulan la nacionalidad y la identidad costarricense.

Frente al rezago educativo y otros problemas de la educación, deben darse verdaderas garantías de acceso al sistema y que la misma educación garantice a todas las personas estudiantes, una formación integral, humanista, de alto contenido científico y de respeto absoluto a los valores de la nacionalidad costarricense. De igual manera es imprescindible luchar también por respetar la Constitución de la República en forma estricta en lo conducente a las universidades públicas, para garantizar el régimen de autonomía especial por el que se rigen y consecuentemente, su seguridad financiera. Es imperativo que se respete la asignación del 8% del PIB, establecido por la Constitución Política para todo el sistema de educación pública.

De igual forma debe asegurarse el derecho a la salud a todas las personas que habitan el territorio nacional, y realizar un esfuerzo especial por saldar la deuda pública con la Caja Costarricense del Seguro Social, y vigilar permanentemente por la adecuada financiación de esta imprescindible institución.

Es necesario también garantizar el derecho de la ciudadanía y de todas las personas que habitan el territorio nacional a disfrutar de un ambiente sano, combatiendo las causas de la depredación del medio ambiente y comprometiéndose con el desarrollo sostenible y sustentable con la naturaleza y con la vida, que fortalezca la tradición de Costa Rica como un país verde, que abra el camino progresivamente a la sustitución del combustible fósil por energías limpias, buscando hacia el 2050 la carbono neutralidad.

En las actuales circunstancias y frente a las amenazas que se ciernen sobre la institucionalidad pública debe respetarse el régimen de autonomía de estas instituciones en todos sus alcances, de manera que se impida cualquier pretensión de imponerles desde afuera y arbitrariamente, políticas ajenas a sus fines y a su constitución.

Es necesario velar sobre la salud de las finanzas públicas, redoblando los esfuerzos por la adecuada recaudación de los impuestos, sobre la base de un régimen progresivo, de manera que la atención de la deuda pública no sofoque la financiación adecuada de las instituciones públicas.

Para garantizar la defensa del Estado Social de Derecho, así como las reivindicaciones sociales y políticas que respaldan esa iniciativa, debe consolidarse y estimularse la democracia participativa en comunidades e instituciones, procurando el avance de la ciudadanía en la conciencia sobre las responsabilidades y derechos que ello implica y para contribuir a vigilar la no intromisión del narcotráfico y el crimen organizado en la vida social y política de nuestro país.

Coincidiendo con Nogui, la impostergable reforma tributaria

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Greivin Hernández González*

Lleva razón el ministro de Hacienda cuando afirma que la reforma fiscal de 2018 ya se agotó, y que los ingresos tributarios han empezado a escasear, son insuficientes para satisfacer las obligaciones estatales, y las aspiraciones de la sociedad costarricense. El ministro está en lo cierto además, cuando afirma que la solución pasa por generar ingresos frescos. En un evento auspiciado por la Academia de Centroamérica sugirió dos posibles fuentes: renta global e impuesto mínimo global.

Sobre renta global coincidimos, este esquema cerraría portillos a la elusión tributaria, y traería más equidad al sistema vigente. Sobre el impuesto mínimo global también, no tanto porque haya muchas empresas de origen costarricense generando rentas masivas en el exterior, sino más bien, porque la falta de una tributación de este tipo, facilita la evasión y elusión, pues no permite que las autoridades tributarias indaguen lo suficiente sobre las operaciones que personas o empresas tienen en otros países, y que en muchas ocasiones obedecen a esquemas de evasión tributaria (recordemos los Papeles de Panamá). La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima que los flujos ilícitos del comercio internacional representan el cerca del 15% de la producción nacional de Costa Rica, tal manipulación de precios reduce severamente los ingresos fiscales.

En ambas propuestas del ministro, se trata de impuestos que no recaen sobre las clases empobrecidas ni medias, por cuanto no tienen capacidad de generar ingresos significativos de múltiples fuentes, ni menos aún de llevar a cabo negocios en otros países.

Una reforma fiscal se aproxima, y es imprescindible que desde ya se tenga claro tres objetivos por cumplir: poner a tributar a los que tienen capacidad en su justa medida, cerrar los portillos para la elusión, y elevar el costo de la evasión; en todas el país está en pañales.

Sobre el primero, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya había advertido la precariedad tributaria del país, el “Estudio Económico de Costa Rica, 2020” caracterizaba el desempeño tributario en rango mediocre. Concluyó que lo que recauda el Estado costarricense en impuestos por concepto de ingresos, beneficios y ganancias de capital de las personas, es seis veces menor de lo que recaudan por el mismo concepto sus pares de la OCDE, y en el caso de los impuestos sobre la propiedad, nuestro Estado recauda 4,4 veces menos.

Abordando esta tarea de manera moderada, equiparándonos al promedio de la OCDE, sumaría más de nueve puntos porcentuales del PIB en materia de recaudación tributaria, suficiente para atender las obligaciones sociales y la creciente deuda pública costarricenses. Aquí no debe caber duda de que, quienes no están contribuyendo según su capacidad, son las clases más favorecidas, la crítica de la OCDE es sobre la escasa tributación de quienes obtienen rentas del capital y de la propiedad, factores productivos de los que las personas en pobreza y los asalariados carecen.

En el caso de los otros objetivos, los esfuerzos para cerrar los portillos a la evasión y elusión, que deben ser continuos y crecientes, en Costa Rica están estancados; dos hechos lo demuestran, el proyecto más prometedor llamado “Hacienda Digital” se encuentra severamente retrasado, y las autoridades no han anunciado nuevas iniciativas. Adicionalmente, las recomendaciones de expertos que han investigado significativos hechos de evasión tributaria (p.e. los “Papeles de Panamá”) no han sido incorporadas en nuestra legislación.

Dado lo anterior, vemos que se mantienen los riesgos señalados por entes auditores como la Contraloría General de la República, quien señala que casi el 60% de los profesionales liberales declara cero impuesto sobre las utilidades, y la CEPAL, quien estima que la evasión corporativa en el impuesto sobre la renta en el país es superior al 65%, de las más altas de la región latinoamericana.

En la práctica tributaria lo que ocurre es que los individuos que se benefician de altas rentas realizan una “planificación fiscal” agresiva, apoyados por despachos especializados en beneficiar a sus clientes afectando a la sociedad como un todo, encontrar los portillos que tienen las leyes, y las oportunidades de nuevas formas de organización de la producción, para minimizar el pago de impuestos. Es por ello por lo que, en los países desarrollados las reformas tributarias son constantes, mientras que en nuestro medio tardan décadas.

Por otra parte, en los últimos años se han llevado a cabo múltiples esfuerzos por sanear las finanzas públicas desde el lado del gasto, con reformas a los sistemas de pensiones, el empleo público, la regla fiscal y eliminación de destinos específicos. Muchas de estas reformas ciertamente abordaron temas necesarios y urgentes, sin embargo, este espacio parece haberse acabado, y es necesario mirar hacia el lado de los ingresos, en particular de aquellos que llevan décadas sin aportar al fisco lo que les corresponde.

Desde la fundación de la Segunda República, Costa Rica se configuró como un Estado Social de Derecho, una sociedad en la que el Estado “procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza” (Constitución Política art. 50), en el que a sus ciudadanos se les garantiza amplios derechos esenciales como el acceso a la salud, la educación, un ambiente sano, trabajo, vivienda digna, entre otros. A pesar de esta norma visionaria, que ha hecho del país una nación singular y envidiable en el contexto latinoamericano, hay quienes no se ven comprometidos con ella, y la dinamitan desde dentro y fuera del Estado.

El no llevar a cabo los esfuerzos suficientes para dotar al Estado costarricense de los recursos necesarios para ofrecer un nivel de vida digno a los ciudadanos, representa una traición a esta visión inscrita en la Constitución Política. Parafraseando a José Mujica, cuando decimos que no hay suficientes fondos públicos “es porque tenemos la cobardía política de no cobrarles, pedirles y meterles la mano en los bolsillos a los que pueden”.

Entonces sí, coincidiendo Hacienda, la impostergable reforma tributaria, la esperanza es que hagamos una con la valentía de cobrar lo justo a quienes se debe.

* Economista, fue Director de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Desaf) y Ex Director Ejecutivo a.i. del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios del Estado (Sinirube).

Convocan movilización nacional por la crisis educativa y amenazas al sistema de bienestar social costarricense

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Comunicado

  • Organizaciones sociales y productivas agrupadas en la Mesa Nacional de Diálogo y otros sectores, acuerdan reactivar el proceso PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA que lideró la movilización más grande en defensa de la educación pública en el 2023. 

  • El pasado 06 de agosto más de 130 personas de 36 organizaciones diversas, acordaron convocar a MOVILIZACIÓN NACIONAL el próximo miércoles 28 de agosto del 2024, en el marco de la presentación del presupuesto nacional de la educación en la Asamblea Legislativa. 

Más de 130 personas de diversas organizaciones sociales y productivas, como el AGRO, Universidades Públicas, Organizaciones de Sociedad Civil, Cooperativas Sindicatos y Movimiento Estudiantil, acordaron el pasado martes 06 de agosto en asamblea abierta, una MOVILIZACIÓN NACIONAL el próximo miércoles 28 de agosto, por la educación pública de calidad en Costa Rica. 

Esta iniciativa multisectorial busca fortalecer la calidad de la educación en medio de la crisis educativa más dramática de los últimos 40 años. La expectativa de los diversos sectores es superar la movilización histórica del 2023, reactivar el proceso PACTO NACIONAL POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA, demostrando nuevamente la capacidad de acción y cohesión de las organizaciones participantes.

Aunque la demanda principal es mejorar la calidad de la educación pública en todos sus niveles, también se acordó incorporar una agenda amplia que incluya diversas demandas territoriales y locales, de manera tal que se logre demostrar que la más grande tarea cívico-política de nuestro tiempo es la TRANSFORMACIÓN TRIBUTARIA ESTRUCTURAL para atacar de raíz el principal problema de la actualidad: la desigualdad, así como el rechazo a los recortes presupuestarios irresponsables e irracionales que, especialmente, agravan el deterioro de la política social dirigida a los grupos más vulnerables de nuestra sociedad. 

Esta agenda amplia incluye el contexto nacional atravesado por la crisis en los servicios de salud, ejemplificada por las listas de espera, la apertura del modelo eléctrico nacional, la venta de activos del Estado como el BCR, el abandono estatal del sector agroalimentario, la crisis de abastecimiento de agua potable, la violencia e inseguridad ciudadana, la crisis ambiental, la corrupción, los recortes a programas sociales esenciales, la reducción de fondos para cultura y juventud, la censura a medios de comunicación y activistas sociales desde casa presidencial, que se refleja en la transgresión a los derechos humanos, sociales y laborales en todo el país.

La MOVILIZACIÓN NACIONAL está programada para el próximo miércoles 28 de agosto del 2024, coincidiendo con la presentación del presupuesto nacional de educación en la Asamblea Legislativa. Asimismo, se llevarán a cabo acciones regionales en todo el país el jueves 29 de agosto.

Las organizaciones y liderazgos, hacen un llamado a la unidad nacional para enfrentar de manera coherente la crisis educativa y del sistema de bienestar social en Costa Rica, afectando a miles de familias, estudiantes y personas trabajadoras, se requiere una respuesta solidaria y coordinada, capaz de generar un cambio significativo y duradero, con iniciativas concretas en los territorios y comunidades fuera de San José, a su vez acompañada de acciones de incidencia Legislativa, gubernamental, así como acciones en la vía judicial.

Exigimos un nuevo rumbo para Costa Rica, que la Asamblea Legislativa y Poder Ejecutivo accionen coordinadamente mediante el Pacto Nacional por la Educación para fortalecer la educación de calidad, el sistema de bienestar social costarricense y el respeto constitucional del 8% del PIB para la educación.

¡MOVILIZACIÓN NACIONAL: ¡EDUCACIÓN HOY, PAZ MAÑANA!

Costa Rica: Un Tren Descarrilado

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Álvaro Vega

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Hasta los aciagos años de 1980 el país avanzó, más bien que mal, desde una reforma de corte socialista en los años de 1940, con protagonismo del movimiento campesino-obrero que una década anterior (huelga de trabajadores bananeros de 1934) contribuyó a impugnar el régimen oligárquico de economía de enclave, hasta consolidar una institucionalidad social modernizante de inspiración social demócrata y socialcristiana.

El descarrilamiento que se produjo con la instauración de los Programas de Ajuste Estructural de corte neoliberal, en la década de 1980, ha sido de consecuencias desastrosas, comparable con la “tragedia del Virilla” en 1926 que cobró 385 víctimas y 150 heridos. Por más que se quiera vender la idea de que tales programas eran una necesidad, lo cierto es que fueron el inicio del desmantelamiento del Estado Social de Derecho, el rumbo que nos venía conduciendo a mejores puertos, al punto de convertirnos en el país latinoamericano que punteaba en desarrollo humano.

Hoy estamos punteando también, pero en desigualdad y violencia. Ocupamos los vergonzantes primeros lugares en la región y también entre los diez más desiguales y violentos del mundo. Frente a esta realidad, por una parte, se profundiza el derrotero privatizador más que diezmando el financiamiento a la institucionalidad social (Caja del Seguro Social, educación pública, programas de asistencia social), propiciando la importación de arroz con lo que se favorece a países extranjeros (Brasil, Uruguay y Estados Unidos, principales proveedores) y a los pocos importadores, mientras se produce la quiebra de nuestros productores. Asimismo, para no impulsar una verdadera reforma tributaria que ponga a pagar a los ricos del país, se festina la venta del Banco de Costa Rica: un paliativo más, propio de la vieja estrategia de “patear la bola” que tanto se critica. Por otra parte, se negocian una serie de leyes, más bien de carácter represivo y no preventivo, y se anuncia la creación de más cárceles como la fórmula mágica para contener el avance de la violencia organizada y delincuencial.

No se quiere entender que la mejor política de seguridad para el país es una buena política económica y social, que propicie el empleo digno, el salario justo, la educación de calidad y accesible, la salud preventiva, es decir, una canasta básica y nutritiva al alcance de todos y diagnósticos tempranos de enfermedades crónicas, servicio de transporte público de calidad y ciudades amigables.

De no avanzar hacia un estilo de desarrollo postneoliberal, dando un nuevo impulso al Estado Social de Derecho, el tren seguirá descarrilado y cobrando cada vez más víctimas. El viraje tiene que ser lo antes posible, y solo una coalición de fuerzas sociales y políticas imbuidas de una decidida y valiente voluntad patriótica puede hacerlo.

El derrotero de la denominada “dictadura en democracia” que se inauguró torciendo brazos para impulsar el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Costa Rica-República Dominicana, se ha venido profundizando en los dos últimos gobiernos, pero ya hace aguas. El discurso populista y mesiánico de perfil religioso resulta cada vez más vacío, se diluye en un marasmo de falsas promesas que vienen siendo repulsadas por una ciudadanía desencantada.

Las personalidades fuertes por las que apostaba buena parte de la ciudadanía han defraudado. Vendieron una imagen de fortaleza para enderezar la barca y enrumbar al país hacia la decencia en el manejo de la cosa pública y hacia la justicia social, pero una vez en el poder pactaron con los poderosos y abandonaron las banderas de la justicia para el bienestar y la paz social. El tren continuó descarrilado.

Hoy se abre una ventana de oportunidades con el diálogo social emprendido por la academia y la clase trabajadora del país. Este es un país donde ha prevalecido la inteligencia y la cultura sobre el poder y la fuerza. Cuando en el mundo hay una avanzada de regímenes de fuerza que conducen a la guerra por mezquinos intereses económicos y geopolíticos, legitimando el genocidio, se hace necesario levantar las banderas de la inteligencia y la cultura, para construir sociedades que apuesten por la paz y a vida. ¿Por qué no Costa Rica?

¡Ni p’a la repela!

Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.

Dr. Óscar Aguilar Bulgarelli

Estos días de Navidad nos trajo la noticia, escondidilla entre audios de soberbia y corrupción, que el Ministro Nogui y el Presidente Rodrigo, nos recetaron un aumento en el impuesto de la renta… ahh pero no le subieron el porcentaje a los de arriba, sino que bajaron el monto mínimo y así, los de abajo pagarán más, y de remache, incluyeron en el pago a algunos de más abajo todavía que antes estaban exentos de pagar impuesto de la renta con dinero de sus magros salarios.

Es decir, la justicia social al carajo, la equidad que nos distinguía destrozada; porque resulta que en el sector público los salarios están congelados y los aumentos en el privado son risibles, por no decir vergonzosos. Eso, eso. Justicia y equidad; ¿o será por eso por lo que dejamos de ser un país equilibrado para ser uno de los más inequitativos del mundo!?

Entonces el trabajador con su salario congelado hace años, o con aumentos injustos que la realidad reduce a nada, tienen que pagar más impuesto de la renta, ¿cuál?, en tanto los garañones de la plutocracia se roban, si, se roban, 3 BILLONES al año con la evasión fiscal y sus depósitos en paraísos fiscales. Es evidente que hay una noguización y un chavismo que saben tratar con garrote a los de abajo y guantes de seda a los de arriba.

Los afectados siguen soportando con equivocado estoicismo, en silencio o acobardados, la injusticia. Siguen aceptando que esas condiciones salariales de los gobiernos de Alvarado y este DesChaves, y los  sigan viendo como … matas de café, después de la cosecha ; aunque ya no queden granos después de la cogida…ni p’a la repela.

Marcha en defensa del Estado Social de Derecho y por la Educación Pública: una demanda nacional legítima

Escrito en . Publicado en Derechos.

  • CONARE rechaza las manifestaciones públicas del presidente de la República contra el Tecnológico de Costa Rica y su rectora

25 de octubre del 2023.  Debido al descontento ciudadano frente a las políticas públicas del actual Gobierno en un contexto de constante amenaza y socavamiento a la institucionalidad costarricense, la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo de la cual forma parte el Consejo Nacional de Rectores y las universidades públicas convocó este 25 de octubre a una marcha nacional pacífica.

Esta manifestación propia de todo sistema democrático representa el ejercicio de las libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.

CONARE y las universidades públicas en conjunto con los otros sectores que participamos de la marcha respaldamos las siguientes demandas nacionales que hacemos al Gobierno de la República: soberanía y seguridad agroalimentaria, salud y educación pública universales y de calidad, la protección del ambiente y nuestra seguridad energética, respeto a la democracia y autonomías institucionales, cumplimiento de los derechos humanos, justicia económica y tributaria, creación de oportunidades y empleo, financiación y promoción del arte y cultura, facilidades para obtención de vivienda digna, atención urgente e integral de la inseguridad ciudadana.

Además, reiteramos un llamado urgente al fortalecimiento de la educación pública, el cual debe ir más allá de posturas ideológicas.

Estos pilares son el fundamento de nuestro Estado Social de Derecho, hacemos un llamado vehemente a todos los sectores políticos del país y, en especial, al Gobierno de la República, a reconocer la importancia del diálogo social efectivo en la solución de los diversos problemas que aquejan al país y afectan particularmente a los sectores sociales y productivos menos favorecidos.

En este contexto, el CONARE rechaza las declaraciones públicas del presidente de la República contra la acción de protesta y en particular contra una de nuestras universidades el Tecnológico de Costa Rica y su rectora, que tienen como objetivo el desprestigiar y minimizar la participación multitudinaria en la manifestación.

Desprestigiar los movimientos sociales, acallar las voces y desoír las demandas de conglomerados que somos parte del pueblo soberano es negar la posibilidad al desarrollo de estrategias de acción colectiva para lograr fortalecer el bienestar social.

De tal forma, expresamos el respaldo al Tecnológico al promover activamente la participación en la marcha del 25 de octubre, con un cambio de actividades amparados a las funciones y responsabilidades que brinda nuestra Constitución Política y el Estatuto orgánico, que enmarca el quehacer de la universidad.

Nuestro asocio con otros sectores, el apoyo que demos a marchas pacíficas, nuestros pronunciamientos sobre distintos temas no se negocian, las universidades fueron creadas para contribuir al bienestar social, material y espiritual de la Nación tal como lo establece la Constitución Política y la jurisprudencia que nos ampara.

Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia.

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La Unión Europea agrega a Costa Rica a su lista de paraísos fiscales

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Martín Rodríguez Espinoza

La Unión Europea incluyó este martes a Costa Rica, entre otras naciones, a su lista de jurisdicciones que no cooperan en materia fiscal con el bloque comunitario, según informó el Consejo de la UE en un comunicado.

Tras la decisión, aprobada por los ministros de Economía y Finanzas, en la lista figuran 16 territorios además de nuestro país, a añadidos a: Panamá, Samoa Americana, Fiji, Guam, Palau, Trinidad y Tobago, Samoa, las Islas Vírgenes americanas, Vanuatu, Bahamas, Anguila y las Islas Turcas y Caicos, que ya estaban.

La lista, que se actualiza cada seis meses, incluye aquellas jurisdicciones que incumplen los estándares de la UE en materia de transparencia fiscal, justicia tributaria o implementación de las normas internacionales para evitar la erosión de la base fiscal o el traslado de beneficios, y que además no dan pasos para atajar esos problemas.

Figurar en ella no conlleva sanciones económicas, más allá de la prohibición de que los fondos europeos transiten por entidades radicadas en estas jurisdicciones y medidas administrativas, como auditorías más frecuentes, aunque los Estados pueden decidir a nivel nacional imponer otro tipo de penalizaciones.

Costa Rica entra en este repertorio desde que se creó en 2017, puesto que no ha cumplido sus compromisos para abolir o modificar ciertos aspectos de su régimen de excepción de las fuentes de ingresos extranjeros considerados perjudiciales, según explicó el Consejo de la UE.

Los niveles de corrupción en Costa Rica, que además ubican al país entre las 10 naciones con mayor aumento de la desigualdad social DEL MUNDO, producto no solo del favorecimiento fiscal a unas cuantas familias que son exoneradas (como por ejemplo los importadores de arroz), sino también por la multimillonaria evasión y elusión que ese mismo sector empresarial realiza contra las arcas del Estado, provocando el Déficit Fiscal que tiene en crisis económica al país.

EL ROBO de impuestos del gran sector empresarial es impresionante, se estima que solo en 2018 cerró con una evasión de 650.264 millones de colones.

El informe de la Contraloría General de la República de ese año, y de gran transcendencia, indicó que uno de cada tres contribuyentes (grandes empresarios) inscritos declaró impuesto neto menor o igual a cero. Entre estos están los más grandes millonarios del país como la Cervecería Costa Rica (FIFCO) y transnacionales ubicadas en el país como Telefónica (que pasó a ser Liberty) y Claro, entre muchas otras.

La deuda en mora por el impuesto de ventas en 2017 alcanzó 71.220 millones y creció en más del 150% de 2010 a 2017, ahora imagínense como estará en 2023.

Al inicio de su mandato, Rodrigo Chaves indicó a un medio de comunicación nacional que «hay que acabar con los monopolios y las políticas públicas para grupos empresariales privilegiados, a la vez que se debe impulsar la reactivación económica, la industria y la conectividad de Costa Rica con el mundo.», pero el monopolio de Riteve pasó a ser el monopolio de Dekra y los importadores de arroz se «pegaron la lotería» cuando Chaves les exoneró de pagar impuestos con el timo de bajara el precio para los consumidores, pero fueron los empresarios los que se llevaron el privilegiado monto de más de 7.000 millones de colones a sus bolsillos, impuestos que deberían estar en la Hacienda pública para invertir en el país.

La falsa promesa de Rodrigo Chaves de «acabar» con la evasión y el contrabando (con la instalación de escáneres), quedó en eso, falsas promesas. Mientras tanto los LADRONES de impuestos se hacen más y más ricos, mientras los pobres, más pobres.

Por eso digo, el PLN, el PUSC, el PAC (con todos sus aliados legislativos Nueva República, Liberales, etc.) y ahora el PPSD de Rodrigo Chaves, son exactamente lo mismo, parásitos y depredadores.

 

Imagen ilustrativa.