Desde inicios de marzo, nuestro país tomó medidas rápidas para abordar la pandemia del COVID-19. El 13 de marzo, con 26 casos detectados, el Poder Ejecutivo y, específicamente, el Ministerio de Salud Pública, instaron a la población a quedarse en casa, a sabiendas de que, para hacerle frente a esta pandemia, es imperativo interrumpir la cadena de contagios.
En estas circunstancias, es muy importante que la población tenga tranquilidad en dos sentidos. Primero, debe saber que no dejará de recibir servicios básicos (agua, electricidad e internet), aunque no tenga condiciones económicas para pagarlos. Segundo, debe tener seguridad de que contará con un ingreso básico para atender sus necesidades prioritarias, principalmente alimentos. Esta tranquilidad se alcanza mediante el respaldo del Estado y la solidaridad colectiva de todos los sectores sociales.
El Ministro de Salud Pública, don Daniel Salas, ha señalado claramente que no hemos alcanzado todavía el pico de contagio, lo cual ocurrirá posiblemente a inicios de mayo. Si no logramos aplicar sistemáticamente el distanciamiento físico, con el fin de detener o ralentizar la propagación del virus, pagaremos, como país y colectividad, un alto precio: un aumento del ritmo de personas contagiadas; mayor demanda de servicios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por encima de su capacidad de atención; colapso de un sistema de salud que necesitamos fortalecido, no debilitado, para que pueda hacerle frente a las demandas durante y después de esta pandemia; y más vidas perdidas, quizá de personas que apreciamos y queremos.
Al mismo tiempo, la prolongación del distanciamiento físico extiende y profundiza la crisis social y económica. Peor aún, es evidente que esta medida, indispensable en una emergencia sanitaria como la que vivimos, debe ir acompañada de garantías básicas para la vida. De no ser así, atentaríamos contra la ética de la solidaridad y provocaríamos la desobediencia de quienes deben elegir entre el distanciamiento y algún mínimo ingreso. Debemos actuar solidariamente con quienes sufren las consecuencias de una disposición sanitaria que beneficia a todas las personas.
Para garantizar el distanciamiento físico y lograr que dure el menor tiempo posible, es imperioso hacerle llegar a toda la población un mensaje claro y sencillo: puede quedarse en casa con el apoyo del Estado y de toda la sociedad.
La mayor parte de los servicios básicos se encuentran en manos de empresas públicas. Estas empresas deben garantizar los servicios y estimar los costos que esta garantía supondrá para aquellas personas y hogares que no puedan pagarlos, de manera de asegurar que no sufran interrupción.
Además, debemos crear un fondo de solidaridad para garantizar un ingreso básico único durante tres meses para toda la población que no lo tiene asegurado. ¿Por qué un ingreso básico único y no transferencias diferenciadas? Porque una transferencia diferenciada requeriría de algo que no tenemos: tiempo.
Antes de la crisis había en Costa Rica 1,7 millones de personas en condiciones de pobreza y 600 mil personas auto-empleadas, muchas en condiciones de precariedad. Además, había en el país 300 mil personas desempleadas. Ahora hay miles de personas viviendo suspensión de contratos de trabajo (más del 9000 al 27 de marzo) así como siendo despedidas. La lista de personas vulnerables es muy larga y va desde choferes de taxi y trabajo doméstico hasta personal de restaurantes, vendedores ambulantes, productores agrícolas y madres con hijos/as que dejan de recibir su pensión alimentaria. Identificar una por una a las poblaciones vulnerables nos llevará a correr detrás de los acontecimientos: muchas personas que hasta ayer tenían su sostenibilidad económica resuelta, hoy no la tienen más. Mañana, quienes estarán en esa situación, serán aún más personas. Por eso, en vez de agregar poblaciones, el criterio debería ser alcanzar a toda la población menos la que aún está en la planilla que mensualmente recibe la CCSS.
Este ingreso básico durante tres meses se puede financiar de manera solidaria y con criterios de progresividad. con impuestos temporales a la actividad de grandes empresas que no han dejado de trabajar; a empresas y personas que en 2019 se beneficiaron de una amnistía tributaria; y por supuesto también a los salarios altos en trabajos formales y seguros, tanto públicos como privados. La emergencia requiere, además, considerar nuevo endeudamiento.
Las posibilidades son diversas, pero lo más importante es que hay opciones para financiar un ingreso básico garantizado a toda la población que lo necesita.
Cabe resumir lo planteado bajo la idea de que se debe actuar de manera urgente para que, mientras se observan los resultados de las medidas de distanciamiento físico, toda la población tenga capacidad básica de compra, en particular de alimentos, así como de servicios básicos. Ello permitirá concretar el distanciamiento físico y atender simultáneamente el cuidado de la vida, la necesidad de volver a poner en marcha la economía, y preservar el orden social. No es, en realidad, solo la curva sanitaria la que debemos aplanar, sino también la curva del acatamiento mayoritario, si no total, al distanciamiento físico como único escudo protector contra la pandemia.
FORO DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS GENERALES DEL MAGISTERIO NACIONAL RECHAZA LAS POLÍTICAS QUE BUSCAN EMPOBRECER A LA CLASE MEDIA COSTARRICENSE EN MEDIO DE LA CRISIS
El pasado viernes 27 de marzo, el Gobierno anunció que enviará un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa, para cobrarle un impuesto adicional a las personas trabajadoras del sector público y privado, cuyo salario sea igual o mayor al millón de colones. En esa misma línea, un bloque de empresarios solicitó el recorte de la jornada laboral en el sector público, así como la eliminación del salario escolar.
Este Foro rechaza enérgicamente la pretensión de continuar cargando la crisis sobre las espaldas de la clase media, cuando los grandes empresarios de este país NO han aportado siquiera una parte de sus riquezas para la atención de la emergencia nacional.
Como sector educación, le recordamos al Gobierno que:
1. Desde años atrás nuestros salarios han sido prácticamente congelados y, desde diciembre del 2018, con la aprobación de la ley No.9635 mejor conocida como Combo Fiscal, nuestros salarios fueron reducidos drásticamente.
2. Recientemente se anunció que NO se nos pagará el ajuste por costo de vida 2020.
3. Aún tenemos casos de compañeros(as) del MEP a quienes no se les ha pagado parte de su salario del mes de febrero.
4. Nuestro sector está conformado en gran parte por mujeres jefas de hogar, que en este difícil momento son el sostén de su familia.
5. Nuestro sector tiene su salario comprometido con el pago de deudas y, además, somos el soporte de familiares nuestros que se han quedado sin empleo.
6. Las compañeras y compañeros jubilados del Magisterio Nacional siempre han contribuido solidariamente lo que la ley obliga, al igual que el respectivo impuesto de renta.
Debemos recordarle además que, toda persona trabajadora, con un salario igual o mayor a 840 mil colones ya paga un impuesto sobre la renta, el cual es deducido automáticamente; es decir, NUNCA HEMOS EVADIDO UN IMPUESTO, COMO MUCHOS EMPRESARIOS QUE SÍ LO HAN HECHO.
Como parte de este recordatorio debemos anotar que las personas trabajadoras, en calidad de consumidores, pagamos un IVA del 13%, el cual NO ha sido reducido en absoluto en medio de la emergencia nacional.
En medio de este escenario, pretender empobrecer a la clase media costarricense, significa llevar el país al abismo.
Si la clase media tiene dificultades para consumir, muchos comercios y personas que dependen de nosotros(as) se verán obligados a cerrar, ocasionando muy altos niveles de desempleo, aún después de la pandemia.
En lugar de buscar menoscabar el sustento familiar de la clase trabajadora de Costa Rica, deben buscarse alternativas reales con recursos de los grandes capitales y de los grandes evasores.
Así como el presidente ha dicho “vivimos un tiempo extraordinario y necesitamos medidas extraordinarias”, bien se puede mantener el precio de los combustibles, aun cuando la factura petrolera sigue a la baja, y destinar estos recursos a la atención solidaria.
De igual forma, si se tienen $8.1 mil millones en Reservas Monetarias Internacionales, también se pueden destinar al menos $2 mil millones, equivalentes a ₡1.1 billones pudiendo inclusive duplicarse este monto a ₡2.2 billones, sin detrimento de la actividad comercial internacional que se entiende casi paralizada a nivel mundial, siendo que no se trata de un problema solo nacional.
Resulta contradictorio, que se engañe a la ciudadanía cuando se aceptó el altísimo endeudamiento de nuestra sociedad y en especial de nuestro sector magisterial, promocionando el crédito de salvamento ante las necesidades que nos aquejan a todos, y que ahora se quiera desconocer esta situación al pretender cercenar los salarios de éstas mismas familias endeudadas.
Por ende, reiteramos, NO es momento de seguir asfixiando a las familias trabajadoras costarricenses. NOSOTROS(AS) YA APORTAMOS DE MANERA SOLIDARIA AL PAÍS.
Los recursos que hagan falta para la atención de la emergencia deben ser cobrados a las grandes fortunas, al sector financiero, a las zonas francas, a los evasores fiscales y a los beneficiarios de la amnistía tributaría del 2018. PORQUE ELLOS NO HAN SIDO SOLIDARIOS CON COSTA RICA.
En un video de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), su presidente, Lenin Hernández Navas hace un llamado al mandatario Carlos Alvarado Quesada, para que la crisis por el COVID-19 sea asumida por grandes empresas y no por el sector laboral. Le compartimos la exposición:
SURCOS recibió el siguiente mensaje enviado por SITRAHSAN al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles:
Señor Ministro:
Consideramos a partir de su interés de aplicar un impuesto solidario a los empleados públicos, que los trabajadores Públicos ya contribuimos suficiente con el Gobierno, en aplicación de la retención salarial por el Impuesto de Renta.
La falta de liquidez del gobierno no es atribuible al empleado público, eso concierne al mal manejo de las finanzas públicas y en mucho a la impericia de los políticos de turno.
Hay que trabajar y legislar también, en la moratoria banquera de los trabajadores en general, las cifras de las millonadas que mantienen están reflejadas en la página web del Banco Central, dicho de otra manera; su capacidad para los números, le debe brindar el panorama ideal
No se vale pedirle más sacrificio al empleado público, cuando se tiene por demostrado en la Contraloría General, que el empleado público contribuye más que los profesionales liberales o inclusive las grandes empresas que declaran CERO IMPUESTOS, teniendo ingresos multimillonarios.
Si hay crisis, la misma debe obligar a todos contribuir, no se vale, decir que grandes consorcios turísticos, abrigados durante muchos años a leyes que los exoneran, a grandes restaurantes que declaran como régimen simplificado y sus platos valían hasta 35 mil colones, en fin las empresas por ley, permiten consignar para pagar los impuestos, en el balance general, las provisiones sean por aguinaldo, por vacaciones, por cesantía y otros derechos laborales, que al final se conoce financieramente, como escudos fiscales.
Recuérdese, que mucho empleado público tiene el salario hipotecado, por qué entonces, no aplicar esos gastos como deducibles para el proyecto que está formulando denominado IMPUESTO SOLIDARIO, el cual al final sería para la población laboral IMPUESTO CONFISCATORIO, debido a que el empleado público tiene comprometido su ingreso para pagar la casita.
Señor Ministro, aterrice; el funcionario promedio no tiene su posibilidad de pagar CASH casi un millón de dólares por una “casa”, entonces por qué no gravar las grandes mansiones o propiedades de miles de manzanas o hectáreas cuyos dueños han gozado de exoneraciones en materia agropecuaria, por qué no gravar los capitales en activos de las distintas clínicas privadas que gozan de exoneraciones por insumos médicos, y todos esos datos los tiene a la mano debido a que los puede conocer por ser datos generales, en nada serían confidenciales, cada sector de la economía es cuantificable y ese parámetro le brindaría un indicador de impacto muy preciso, aunque hay datos irregulares por evasión o elusión o fraude fiscal.
Por qué no pensar en retener los pagos de proveedores del gobierno en insumos médicos, si se muere el asegurado, se les cae el negocio, por qué no retener un porcentaje de lo facturado al gobierno en general para ese propósito y también detener la construcción de infraestructura, negocio de unas pocas constructoras. De los alquileres, ya conoce bastante.
En fin; soluciones hay muchas, actores de interés también, de tal manera que si conoce la política fiscal del país, no se vale que en 15 días de pandemia los grandes consorcios financieros, hoteleras, otros turísticos, y quien “más pinol traga” se diga estará en crisis, cuando han comerciado durante muchos años.
Y tal cual recomendamos en otro correo, debe restringir la transacción electrónica de los fondos financieros en los bancos de esos grandes capitalistas, para que no quiebren el país, o se terminen robando los derechos laborales que le asisten a los trabajadores.
Enviado a SURCOS por el licenciado Miguel Ureña Cascante, secretario general de SITRAHSAN.
El pasado jueves, a eso del mediodía, el Ministro de Hacienda Rodrigo Chávez anunciaba desde el Museo de los Niños, convertido en Sede de la Asamblea Legislativa como algo muy simbólico, que el Gobierno de Carlos Alvarado enviaría al Primer Poder un proyecto de ley para crear una “contribución solidaria” pagadera por quienes ganaran más de 500.000 mil colones al mes, bien fuera en el sector público o privado, porcentaje que iría subiendo según fuera el monto del suelo. PERO ESO NO ERA LO MAS IMPORTANTE, sino que adelantó que TAMBIEN LAS GANANCIAS DEL CAPITAL serían objeto de la contribución solidaria y ahí, al proyecto le sucedió lo que, según el dicho popular… ¡le pasó a Tere!
¡Todo era soportable, menos tocar al sacrosanto capital!, ¿cómo se le ocurría eso al imberbe que nos gobierna? ¡De inmediato tocaron a rebato!, es de imaginar al representante plutocrático en el gobierno don André Garnier, recibiendo las llamadas de los miembros de los Panamá Paper reclamando semejante desaguisado, que los obligaría a repatriar algunos de sus “cinquillos”.
Así y antes que el cura ñato terminara de santiguarse, la Ministra doña Pilar lee el aguerrido Tweet del Presidente: ¡Mentira!… el gobierno no presentará ningún proyecto, pobrecitos los trabajadores de 500.000 colones!…como mampara para ocultar la verdadera razón de la baja de piso, nada menos, que al Ministro den Hacienda. Y para que no quedara duda, el Ministro Jefe de la Tombería Nacional, que supuestamente ninguna vela tenía en el entierro (¿del Ministro de Hacienda?), ratificaba lo mandado a decir por don Carlos Presidente, como recordando que él tenía la Seguridad en sus manos!
Hoy nuevamente en el marco informativo del Corona Virus, ya más calmados y obedientes, el Presidente y su Ministro de Hacienda de poca autoridad y vergüenza, aclaraban que si habrá ley de aporte solidario para trabajadores del sector público y privado, con salarios de un millón en adelante y escalonado cada medio millón, y de feria, sin temblarles la barbilla, dijeron que lo justo era que, quien ganaba más fuera más solidario y que en eso iban los salarios desde el Presidente para abajo, pero… ¿Y LAS GANANCIAS DEL CAPITAL? Qué cosa… ¡A NINGUN PERIODISTA SE LE OCURRIÓ PREGUNTAR!, ni a Don Ignacio desde el estudio, ni a nadie… qué “extraño” ¿verdad?; omertá o ley del silencio, lo llama la mafia italiana.
Por supuesto que estoy de acuerdo con colaborar solidariamente, pero creo que se debe tomar en cuenta una serie de condiciones antes de poner en difícil situación a muchas personas. Este 27 de marzo, por ejemplo, el Diario Extra trae un editorial infame propio de ese pasquín, donde dice que el 80% de los empleados públicos están en la casa “de vacaciones o haciendo teletrabajo” y que se “echan más de un millón a la bolsa” como si fuera robado. Nada más falso, manipulador y aberrante de un periodismo de baratija, que junto con sus colegas de La Nazi-On y Canal 7, se han dedicado en los últimos años a hacer una sociedad de odios hacia los empleados públicos y los pensionados, que justamente pagaron sus pensiones y LES ROBARON CINCO BILLONES DE COLONES, pero eso no lo dicen… ¡manipuladores!
Así terminó esa historia, con los costarricenses asalariados solidarios, las ganancias de capital ganando intereses en Panamá, Bahamas e Islas Vírgenes y el Presidente, su Gabinete, sus colegas de la prensa todos obedientes…muy bien, muchas gracias.
Esta historia me hizo recordar la película El Gendarme Desconocido de Cantinflas cuando, cuadrado y mano en la visera de su quepis decía… ¡¡A SUS ORDENES…JEFE!!
M.Sc. Fernando Rodríguez Garro – M.Sc. Roxana Morales Ramos – Dr. Henry Mora Jiménez – M.Sc. Greivin Salazar Álvarez Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía (UNA)
La medida anunciada por el Gobierno de la República el día de hoy, relacionada con la introducción de un impuesto temporal sobre los salarios, abre una discusión importante acerca de posibles medidas de naturaleza solidaria y progresiva que deberían adoptarse ante los efectos económicos y sociales del COVID-19. Consideramos que una iniciativa de modificación de impuestos debe construirse tomando en cuenta la capacidad financiera de los distintos grupos y su resiliencia ante la situación que estamos viviendo; además, debe ser progresiva, con el menor impacto macroeconómico posible y tratando de obtener un aporte de aquellas personas y empresas que puedan resultar gananciosas de la crisis.
En ese sentido, proponemos lo siguiente:
1. Si se quiere introducir un aporte adicional, temporal, en el impuesto sobre la renta que pagan las personas asalariadas, este debería ser creciente, empezando con un porcentaje más bajo sobre los salarios menores -por encima del segundo tramo del impuesto que inicia en 1 233 000 colones mensuales-, y aplicando un porcentaje mayor sobre los salarios más altos. Esto permitiría minimizar el impacto en el consumo de las familias, daría progresividad a la medida (que paguen más los que más tienen) y ayudaría a obtener recursos para ser destinados exclusivamente a la entrega de ayudas a las personas que están perdiendo su empleo.
2. Debe incrementarse también el impuesto a las rentas de capital para aquellos casos en los que las mismas no se vean afectadas por la actual situación. Nos referimos aquí sobre todo a las rentas recibidas por el pago de intereses y dividendos.
3. Se podría incluir un tramo adicional de 30% en el impuesto sobre la renta de las personas físicas con actividad lucrativa, por encima de ₡22 millones de renta neta anual. Para aquellas personas que siguen con actividad independiente, debe pensarse también en pedirles su aporte solidario a esta situación.
4. La idea de capturar la diferencia de valor entre el precio internacional de los combustibles y el precio local, dado que en el transcurso del año el primero ha disminuido en alrededor del 68% y el segundo un 10%, por medio de cualquier figura, es una idea que debe valorarse pero permitiendo que la reducción en el precio llegue a los combustibles usados por la industria, el transporte de carga y el transporte público, a fin de que ese beneficio también lo perciban esas actividades y los consumidores de esos bienes y servicios.
5. El país debe buscar la manera en que los sectores ganadores de esta crisis, que claramente los hay, den un aporte adicional y temporal, a fin de darle una ayuda a los sectores perdedores, en particular al sector turístico y los servicios relacionados con el entretenimiento. Inclusive, aunque esto implique pedir un aporte temporal a las empresas de zonas francas y a las grandes empresas del sector cooperativo.
6. No podemos perder de vista que se requerirá un esfuerzo fiscal adicional de largo plazo para poder encauzar al país en una senda de sostenibilidad de la deuda pública. En ese sentido, desde ahora debemos pensar en cómo gravar las mayores expresiones de riqueza y a aquellos sectores que generan externalidades ambientales negativas, para generar los recursos necesarios para resolver los problemas que enfrentaremos más adelante y empezar a trabajar por garantizar que esos recursos estén disponibles una vez que salgamos de la crisis.
El programa Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, reitera su disposición de aportar en la construcción de una salida a la crisis económica derivada de la atención del COVID-19.
SURCOS reproduce este texto publicado por Jaime Ordoñez en su espacio de Facebook.
Yo pago casi 39% de impuestos mensuales (25% de renta, 9,5% de CCSS, más otras cargas). Y estaría de acuerdo en pagar más en esta grave crisis, solidariamente. Pero es hora de que todos los sectores exonerados, especialmente los que nunca han pagado impuestos de renta en Costa Rica, también paguen. Las zonas francas, las grandes cooperativas, los distintos regímenes liberados por las 172 leyes o exenciones que tiene nuestro sistema jurídico. Los banqueros y emisores de tarjetas que practican la usura leonina. ¿Por qué ensañarse, una vez más, sólo con los asalariados? Eso no es solidario.
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BANQUEROS Y TARJETAS DE CREDITO. – Empecemos con reducir las descomunales ganancias de los bancos y emisores privados que imponen tasas de usura en tarjetas de crédito (en algunos casos del 59% o 62% de interés efectivo), pues ello impacta directamente a la ciudadanía y su capacidad de consumo o sobrevivencia. En una gran crisis como esta, para salir adelante la gente se endeudará aún más con tarjetas, pues es el crédito más inmediato y disponible. Entonces, pasaremos de 900,000 deudores ya demandados en los tribunales de justicia por créditos de consumo a quizá 1,2 millones en poco tiempo.
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La deuda asociada de las tarjetas y a favor de los bancos y banqueros es 1.4 billones de colones (octubre, 2019) lo cual representa un 4,51% del Producto Interno Bruto (PIB). ¿No sería justo pedirle a esos pobres banqueros un poco de solidaridad?
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Con solo bajar la tasa de interés al 38% (proyecto impulsado por los diputados Welmer Ramos González y David Gourzong Cerdas) se liberarían más de 10.000 millones de colones mensuales a favor de los ciudadanos, quienes podrían usar esos recursos para sobrevivir en momentos de falta de trabajo y de ingresos. Pero con sorpresa, nos enteramos hace una semana que el Poder Ejecutivo sacó de la lista de aprobación el proyecto sobre Usura en Tarjetas de Crédito, después de tantos esfuerzos en los últimos meses que había conseguido, por fin, el consenso esperado por las diferentes fracciones parlamentarias.
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¿Por qué se protege a los banqueros a toda costa, masacrando a la ciudadanía? ¿Qué compromisos políticos o económicos tiene el gobierno con la ABC y esos banqueros? ¿Vienen de la campaña política? ¿Por qué no se impone, además, un impuesto a la renta sobre las ganancias financieras y se les permite, en forma inmoral y abusiva, que se declaren con pérdidas?
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GRUPOS EXONERADOS Y ZONAS FRANCAS vs PYMES. – El beneficio neto de las zonas francas fue de US$ 3.179 millones de dólares anuales en el período 2011-2015 (ver informe PROCOMER, periódico La República, 18 de agosto, 2016), lo cual representa el 6% del PIB nacional. Y sin embargo no pagan impuesto de renta, y despues de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Publicas, tampoco el IVA. – Eso es inmoral
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¿Por qué no empezar por cobrarle algo a las zonas francas, digamos apenas 9% de renta como hicieron Irlanda y Nueva Zelanda en su día y después lo escalonaron a varios años hasta el 18%? La propia OCDE y el FMI lo vienen recomendado a Costa Rica hace más de una década y media pero el lobby descarado de empresarios y los propios políticos (incluso hecho “ex personae” por algunos diputados a favor de esas empresas en la propia Asamblea) impidió que se incluyera en la última reforma fiscal. No solicito que les cobremos el 25%, (lo que pago yo, un simple ciudadano) sino apenas un 9%. Pero que empiecen a pagar algo, como lo hacen en casi todos los países del mundo. Eso sería solidario, me parece a mí.
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¡Qué las Zonas Francas son sacro-santas y no se les puede tocar!, se rasgarán las vestiduras algunos y pegarán el grito en el cielo, con su cantinela usual. ¿Y entonces, significa que las PYMES, los pequeños y medianos productores agropecuarios y empresarios de Costa Rica no lo son?, no son sacrosantos? y a ellos sí se les puede cargar la mano y masacrar como se hizo en la nefasta Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual destrozó a los pequeños negocios, dejando a miles de pequeñas empresas en la calle, quebradas, desde julio del año pasado.
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Las PYMES y el sector agropecuarios son la cintura productiva y humana de Costa Rica: representan el 80% de la población económicamente activa y generan más del 60% del PIB del país, y tienen que pagar todo: renta, IVA, y todas las demás cargas. Cerca de 2.000.000 de personas dependen de las pequeñas y medianas empresas. Y están hoy destrozadas. Por su lado, las Zonas Francas emplean únicamente 115.000 personas y no le dejan al fisco costarricense ni Impuesto de Renta ni IVA, a partir de la última reforma fiscal.
Esas Zonas Francas, repito, ganan US$ 3.179 millones de dólares al año— la friolera del 6% del PIB— y no pagan impuestos de renta. ¿Es eso solidario, pregunto yo?
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Quien escribe este artículo, al igual que millones de costarricenses, apoyamos la institucionalidad en esta enorme lucha contra el COVID-19. Creo que la Presidencia y las autoridades del Sector Salud los han hecho muy bien y hemos cerrado filas a favor de esta importante batalla por la salud de nuestro pueblo.
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Pero, por favor, no borren con el codo lo que han escrito con la mano.
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Sería muy grave que pasáramos de una grave crisis de salud pública a una crisis social y económica de grandes dimensiones. Costa Rica se nos ha vuelto un país brutalmente inequitativo. Estamos hoy en la lista de 10 países más desiguales del planeta (Informe Banco Mundial, 2019). Y, como analizaba hoy en la mañana con un grupo de tres reconocidos economistas, por el camino que vamos podemos despertarnos en noviembre o diciembre de este 2020 con una tasa de pobreza del 35% o 40%.
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Y eso sería una debacle. Sería volver a 1950. Espero que el Presidente Alvarado y nuestra clase política tomen las decisiones correctas.
El “Plan Proteger”, la moratoria de impuestos, las medidas tomadas por la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), por los bancos públicos y privados, por el Instituto Nacional de Seguros (INS), el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) y muchas otras instituciones públicas, buscan, como lo ha declarado el Señor presidente -Carlos Alvarado Quesada-, proteger a las personas, los empleos y las empresas. Y todo eso está muy bien; enfrentamos una emergencia nacional y global y no es tiempo para promover la desunión nacional, el conflicto social o atrincherarse en intereses individualistas.
Pero tenemos otro problema tanto o más grave: más de un millón de costarricenses trabajan en la informalidad, ya sea en microempresas o como trabajadores (as) por cuenta propia. Para estas personas no habrá rescates, ni contratos de trabajo negociables, ni posibilidades de teletrabajo, ni vacaciones pagadas por adelantado, ni seguros de desempleo, ni se han propuesto ayudas estatales adicionales; ya que, hasta el momento, tanto para el gobierno como para el sector empresarial, “salvar la economía” y “salvar el empleo” es sinónimo de apoyar a las pequeñas y medianas empresas, lo cual no objetamos, pero esto deja por fuera a las personas más necesitadas; con la excepción de las ayudas que aporta la CCSS (pensiones del régimen no contributivo), el Ministerio de Educación (MEP) (alimentos básicos) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) (becas a estudiantes, por ejemplo), entre otros, que se mantendrán e incluso se aumentarán en esta hora tan aciaga para el país.
Ante este panorama, el Grupo de Trabajo FES-OES[1] sobre la crisis de empleo en Costa Rica, levanta el siguiente desafío: ¿Cómo ayudar a los sectores más vulnerables frente a esta crisis, en especial a los llamados “informales”? El presente documento es un intento de brindar un insumo que, una vez enriquecido y operativizado, permita poner en marcha una estrategia de apoyo solidario para estos sectores de la población.
EL CONTEXTO GENERAL: ¿CUÁL DEBE SER LA ESTRATEGIA MACROECONÓMICA ADECUADA FRENTE A LA CRISIS EN CURSO?
Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Comisión Europea lo reconocen: no es tiempo de escatimar recursos públicos para enfrentar la crisis[2]; a lo cual hay que agregar dos observaciones fundamentales: i) el endeudamiento privado no parece ser la mejor solución cuando este ya es de por sí alto y los ingresos de algunos sectores están siendo severamente afectados, ii) la gestión de la crisis puede ayudarnos a mitigarla, pero también la puede profundizar.
IMPEDIR EL COLAPSO DE CONSUMO PRIVADO. Desde nuestra perspectiva, evitar el colapso del consumo privado es fundamental, pues lo contrario nos llevaría a una profunda espiral recesiva. Claro, para ello es fundamental que las autoridades de salud y el comportamiento ciudadano logren, en primer lugar, controlar lo más posible la expansión del virus, cercando prioritariamente los principales focos de contagio, pero no poniendo en “cuarentena” a toda la población (a menos que lleguemos a una fase crítica). Costa Rica no cuenta con los instrumentos tecnológicos (inteligencia artificial), con equipamiento médico suficiente (pruebas de contagio para casi todos), ni con bases de datos de última generación (big data), que nos permitan una pronta identificación, aislamiento y tratamiento de las personas sospechosas o contagiadas, como sí ha podido hacerse en países como Corea del Sur. Por eso, cercar y controlar los principales focos de contagio a nivel local es una solución intermedia, sin necesidad de llegar a medidas extremas que paralicen toda la economía. Lo antes posible es necesario restablecer las condiciones para volver al trabajo, generar empleos y estimular el consumo de las familias; para lo cual el Banco Central de Costa Rica (BCCR) cuenta con información relevante sobre cuáles son los sectores con mayores encadenamientos productivos y con mayores elasticidades empleo-producto.
Por lo anterior, aplaudimos la medida gubernamental de no cerrar las ferias del agricultor, extremando medidas de prevención, de higiene y de distanciamiento. Pero también hay “ferias solidarias” que poco se conocen y menos se estimulan, así como campañas de concientización por parte de algunas municipalidades para que la ciudadanía no abandone el comercio local en sus respectivos cantones. Lo importante es evitar las aglomeraciones de gente, por lo que el servicio a domicilio masivo es una opción que permitiría mantener a flote a los pequeños negocios, e incluso, generar nuevos empleos para la distribución de los bienes.
CON TANTAS VIDAS EN RIESGO, NO ES TIEMPO DE AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO. Algunos gobiernos europeos están ofreciendo avales estatales para el endeudamiento privado, pero esta opción es poco viable cuando la incertidumbre ha alcanzado niveles insospechados, o cuando el endeudamiento de las familias ya es demasiado elevado; como sucede en nuestro país. El gobierno no debe detener sus proyectos de infraestructura, eso sí, extremando medidas de prevención. Y lo más importante: para enfrentar la crisis se ocupan masivas ayudas directas (no condicionadas), tanto a trabajadores(as) que pierdan su empleo o vean disminuidos severamente sus ingresos, como para trabajadores (as) autónomos (as) y personas en la informalidad laboral.
El Plan Proteger contempla ayudas directas para personas desempleadas y en condición de pobreza, pero en el mejor de los casos, el mismo no entrará en ejecución hasta mediados de abril. Ante esta realidad, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿no sería más efectivo impedir que las empresas despidan trabajadores otorgándoles a estas un incentivo para tal propósito, en lugar de esperar a que los empleos se pierdan para luego subsidiar a quienes se queden sin empleo o pasen a la informalidad? ¿Las medidas implementadas por la cadena hotelera Fifco y por el Grupo Purdy, de no despedir a sus empleados, podría extenderse a otras grandes empresas? El Gobierno de la República debe, de manera inmediata, valorar esta opción, especialmente con medianas y grandes empresas; ya que la iniciativa de nacionalizar empresas si la crisis se profundiza, sería prácticamente inviable para Costa Rica.
Ahora bien, seguramente el Plan Proteger (3% del PIB) no generará tantos recursos como para cobijar a una buena cantidad de ocupados (as) informales, por lo que tendremos que pensar en un fondo especial para estos sectores, sobre lo cual se expondrá más adelante.
MITIGAR EL IMPACTO EN LAS EXPORTACIONES. La economía costarricense depende altamente de sus exportaciones de bienes y servicios, y entre estos últimos, de manera crucial, del turismo. Por tanto, y dado el “cierre de fronteras” para personas no residentes, hay que proteger con especial recelo a aquellas empresas que generan más empleos y evitar una caída pronunciada del tipo de cambio mediante intervenciones oportunas del Banco Central. Con respecto a las empresas de zonas francas, una negociación con algunas de ellas sería, por ejemplo, convencerlas de que no paralicen su producción, siempre y cuando puedan almacenar stocks para cuando la economía mundial manifieste signos de recuperación.
¿QUÉ MEDIDAS SON MÁS EFICACES EN MATERIA DE LIQUIDEZ?
Estados Unidos y Europa disponen de Bancos Centrales que pueden darse el lujo de ofrecer “liquidez ilimitada” y a tasas de interés “cero”. Costa Rica no dispone de esas condiciones, ni está claro que esto sea lo más efectivo. ¿Qué empresas o particulares se van a endeudar en medio de proyecciones económicas tan pesimistas, incluso con tasas de interés reducidas? En este campo, las medidas más pertinentes para particulares y empresas son la suspensión de los pagos de deudas e intereses, por lo menos por toda la primera mitad de 2020, y con actualizaciones de esos pagos de manera fraccionada una vez que pase la crisis, o trasladándolos al principal con alargamiento del plazo de vencimiento de la deuda.
PRIORIZAR LA PRODUCCIÓN INTERNA, ESPECIALMENTE DE PRODUCTOS BÁSICOS
El BCCR dispone de estudios que le permitirían al gobierno priorizar políticas industriales hacia los sectores con mayores encadenamientos productivos y elasticidades de empleo – producto. A continuación, un extracto de su último estudio sobre este tema.
El comercio, la enseñanza, la construcción de edificios, el servicio doméstico y los servicios de alimentación son los que presentan los mayores coeficientes de elasticidad empleo – producto, es decir, que estas actividades son las que generan un mayor incremento en la ocupación total de la economía por cada punto adicional de crecimiento en su demanda. Se trata de actividades intensivas en mano de obra, muy vinculadas al ciclo económico; por lo que las medidas anticíclicas pueden contribuir a su dinamismo.
[…]
Los resultados presentados en este documento sugieren el fomento de la inversión pública en infraestructura, tanto de obras fijas como de transporte para el mejor aprovechamiento de los encadenamientos productivos presentes en las actividades económicas relacionadas y el consecuente impulso al empleo que se podría generar. Asimismo, el desarrollo de políticas sectoriales sobre las actividades en el agro, la manufactura y las actividades de servicios identificadas, pueden contribuir a la reactivación económica y al aumento de la ocupación. (Sánchez, 2019, p.26)
En resumen, una política de reactivación, si desea tener resultados en el corto plazo (en producción y en empleo), debe concentrarse en estímulos de demanda para determinados sectores, como los indicados en el estudio. Esto es congruente con las políticas de estímulo al consumo y al gasto público que expusimos previamente. Además, en las actuales condiciones sólo la producción interna podrá garantizar, con los correspondientes estímulos, el abastecimiento a toda la población de los productos básicos.
PROTEGER A LOS SECTORES MÁS VULNERABLES
MEDIDAS DE PLAZO INMEDIATO (MENOS DE TRES MESES)
Respaldamos totalmente la intención del Gobierno de aumentar el monto y ampliar la cobertura para beneficiarios del Régimen No Contributivo de Pensiones.
Nos preocupa el presumible aumento en la informalidad producto de la crisis económica, ya que para las Pymes la moratoria en el pago de impuestos es una medida insuficiente en la medida en que sus ventas disminuyan drásticamente.
La reducción en la Base Mínima Contributiva (BMC) por parte de la CCSS es una medida necesaria, siempre y cuando el Gobierno Central compense los cerca de 22 000 millones de colones que la Institución dejará de percibir. Sin embargo, y de profundizarse la crisis, recomendamos valorar su total eliminación, y que la cotización esté exclusivamente en función de las horas efectivamente trabajadas y los ingresos adquiridos.
La reducción de los costos laborales ya aprobados por la CCSS, es una medida que ayudaría principalmente a las personas trabajadoras del sector formal. Los trabajadores (as) del sector informal no son impactados por estas reducciones de costos, tienen menores ingresos que los formales y son más vulnerables. Se necesitan transferencias no condicionadas de parte del gobierno para mantener niveles de ingreso al menos de subsistencia para este grupo de la población. Las personas trabajadoras informales laboran en algunas de las industrias y ocupaciones que pueden verse más afectadas. Algunas de estas actividades son la agricultura, el trabajo doméstico, la construcción y el comercio; las cuales se espera se vean muy afectadas por la caída tanto en la demanda interna como externa. Por ello es necesario localizar de manera detallada a las personas en estas ocupaciones y actividades de alto riesgo. En el Gráfico 1 se observan las 15 ocupaciones con mayor cantidad de personas en condición de informalidad (según la definición del INEC); las mismas representan el 56% de la informalidad en el país y suman 564 068 al cierre de 2019.
Gráfico 1.
Costa Rica: ocupaciones con el mayor número de personas que poseen empleos informales.
-IV trimestre de 2019-
De especial preocupación es el caso de las personas, en su inmensa mayoría mujeres, que se dedican a “oficios domésticos”. Si bien las familias de clase media-alta y alta seguramente no tendrían problemas en mantenerlas en sus trabajos; ese no será el caso para familias de clase media que con dificultad contratan a estas mujeres a medio tiempo o por horas. Y una situación igualmente dramática podrían sufrir los peones de explotaciones agrícolas, los peones de construcción, las cuidadoras de niños y los peones de jardinería, entre otros. Estamos hablando de no menos de 400 000 personas en situación altamente vulnerable, por lo que, en el plazo inmediato, hay que constituir un fondo de ayuda para esta población, mientras pasa lo peor de la crisis.
Este fondo solidario se podría constituir de diversas formas. A manera de ejemplo, podemos pensar en un impuesto solidario a los altos salarios (públicos y privados) y otros ingresos (consultores, profesionales liberales, personas contratadas por servicios profesionales), y a las rentas del capital. Según cálculos del economista José Francisco Pacheco, y a partir de datos la ENAHO 2019, al menos unos 50 000 costarricenses del sector público y privado obtienen ingresos mensuales brutos superiores a los dos millones de colones. Solo para contar con una estimación inicial, una contribución solidaria, por una única vez, del 10% de estos ingresos brutos, podría generar un fondo cercano a los 13 000 millones de colones. Este fondo podría aportar un subsidio de 130 000 colones, por una única vez, a 100 000 personas. Otra opción sería calcular la contribución solidaria sobre la base de los ingresos netos de impuestos (renta) y de las contribuciones a la seguridad social. En este caso la contribución podría fijarse a partir de una base exenta cercana al millón y medio de colones.
Otro caso especial es el de los pequeños productores agropecuarios altamente endeudados. Si bien algunos bancos han respondido al acuerdo con el gobierno para la readecuación de sus deudas, cerca de 11 000 familias se encuentran en total incapacidad de pago, por lo que se exponen a perder sus propiedades. Así, el llamado más urgente para este sector es un proyecto de mora de los remates mientras se busca una solución más a mediano plazo (condonación, arreglos de pagos).
En lo que corresponde a medidas para mantener, e incluso aumentar, el poder adquisitivo de las familias en condición de mayor vulnerabilidad, recomendamos:
la pronta aprobación del proyecto de ley sobre tasas de usura,
la regulación por parte del MEIC de los precios de los productos altamente demandados en la actual crisis (de prevención e higiene personal, de limpieza de casas y oficinas) y,
garantizar el abastecimiento de los productos de la canasta básica.
Hay que fortalecer las redes de protección social, extendiendo los permisos de maternidad y evaluando la posibilidad de entregar un bono de ayuda a las familias cuyas cabezas de hogar deban seguir trabajando, para de esta forma ayudarles con el cuido de sus hijos.
MEDIDAS PARA EL CORTO PLAZO (TRES MESES A UN AÑO)
En caso de extenderse la situación por más de 2-3 meses, constituir un monotributo para todos los pequeños contribuyentes de actividades que se mantengan activas, con el fin de que colaboren con la recaudación de ingresos, pero sin ser excesivo. El monotributo puede sustituir los impuestos directos y las contribuciones a la seguridad social; esto con el fin de mantener un balance entre reducir costos para las empresas y trabajadores (as) y proveer de ingresos al gobierno como una forma de mantener las acciones solidarias hacia el resto de la población. Desde luego, el gobierno debe comprometerse a transferir a la CCSS y en plazos perentorios, la parte de la recaudación que le corresponda.
Esquemas especiales de contribución a la seguridad social para las personas de bajos ingresos que trabajan menos de la jornada completa, pero no sólo de forma específica para una ocupación, como en el caso de las empleadas domésticas, sino de manera general, de forma que aplique para todas las personas de bajos ingresos que trabajan menos de una jornada completa.
El país no puede seguir postergando la discusión sobre un seguro de desempleo. Los seguros de desempleo sirven como estabilizadores en tiempos de crisis, países como Alemania han probado que son de gran utilidad en tiempos como los actuales. Costa Rica no tiene seguro de desempleo, pero reiteradamente se ha planteado la posibilidad de convertir el Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en un seguro de este tipo. Esta es una medida que podría ayudar a estabilizar la economía si se presentaran despidos masivos por causa de una caída en la demanda, tanto interna como externa. Pero en el corto plazo, se puede recurrir al Auxilio de Cesantía y al FCL para paliar la disminución o pérdida de ingresos en muchas familias.
Renegociación internacional de las deudas públicas de los países de renta baja y media. Costa Rica debe unirse a las voces que piden una renegociación y eventual condonación de una parte de la deuda pública externa, con el propósito de redirigir estos recursos a la transformación económica, social y ecológica que demanda urgentemente el panorama de la economía, la sociedad y el clima mundial.
MEDIDAS PARA EL MEDIANO PLAZO: MÁS ALLÁ DE LA CRISIS
En el mediano plazo (uno a tres años) Costa Rica debe impulsar con audacia y energía, innovaciones sociales que le permitan crear nuevas opciones para la generación de empleos. Mencionamos tres especialmente prometedoras.
1. Emprendimiento: No busques empleo, ¡créalo!
El emprendimiento es un factor de empleabilidad cada vez más importante. Además del MEIC, el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICIT), la Universidad de Costa Rica (UCR), el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), entre otras entidades, cuentan con proyectos concretos, como INAPYMES, PROPYME y Costa Rica OPEN FUTURE (iniciativa de Telefónica Movistar).
Y si bien al Estado le corresponde una cuota importante de responsabilidad en la creación de condiciones para impulsar el emprendimiento, el sector empresarial ya establecido (público y privado) puede hacerlo también. ¿Cómo? El emprendimiento puede verse como una oportunidad de negocio desde varias perspectivas.
Desde lo laboral: impulso a nuevas profesiones (programadores y diseñadores web, analistas de datos, gerentes de comunidad, gerentes de contenido, especialistas en optimización de motores de búsqueda) y la diversificación de actividades en profesiones tradicionales; tal es el caso de los (as) abogados (as), quienes pueden apoyar a estas empresas en sus ciclos de vida (a veces muy cortos), desde un punto de vista corporativo, fiscal, laboral, de imagen y reputación, privacidad, propiedad intelectual y comercio electrónico. Todo lo anterior, sin impulsar la contratación laboral hacia el precariado.
Desde el emprendimiento individual y social. Hay que tener muy presente que más de la mitad de los empleos informales son autónomos o “por cuenta propia”. El Estado y la sociedad deben ver esta situación como un semillero de emprendedores.
Desde la oferta educativa. La educación técnica, parauniversitaria y universitaria, debe generalizar su oferta de capacitación en materia de emprendimientos.
Estas opciones pueden ser de especial relevancia para las mujeres, ya que son ellas precisamente las que están aumentando su participación en la población económicamente activa. Pero se requiere que toda la institucionalidad del Estado se vuelque a impulsar y fomentar estas opciones.
2. Diversificación de las formas de propiedad y de la gestión empresarial (impulso a la economía social solidaria – ESS)
El sector empresarial suele insistir en demandas de “flexibilización”: del trabajo, de la tramitología, de las reglas de juego, etc. Pero quizás la flexibilización que más puede ayudar a generar empleos es aquella en las formas de propiedad y en los tipos de gestión empresarial. Nos referimos especialmente, a las diversas formas de Economía Social.
La ESS puede contribuir en la generación de empleo decente de varias maneras:
Mediante la pluralidad en las formas de propiedad, con esquemas empresariales y productivos de carácter asociativo y solidarios.
Democratizando la gestión al interior de las empresas y organizaciones, propiciando la participación de todas las personas socias/trabajadoras de la organización.
Comprometiéndose con el desarrollo humano sostenible de manera coherente y consciente.
Involucrando a la comunidad local y regional y propiciando encadenamientos productivos.
Reafirmando que las organizaciones de ESS son empresas “orientadas al empleo”.
Comprometiéndose de forma decidida con el trabajo decente.
Por su mayor flexibilidad para afrontar los retos del futuro del trabajo.
Para cumplir con estos objetivos, que incluso sirven de principios orientadores, la ESS en Costa Rica sólo pide cinco condiciones.
Que se termine con la satanización que ciertos sectores conservadores han hecho de la misma, presentándola como agentes desestabilizadores y con supuestas obediencias a intereses o países extranjeros.
Que se termine con la invisibilización de la ESS, que ciertos sectores empresariales e incluso estatales han propiciado, quizás como una forma de impedir su crecimiento.
Que el Estado promueva, a través de sus diversas instituciones, la creación de ecosistemas de apoyo a la ESS a escala nacional.
Retomar la “Propuesta de la Cámara de Economía Social Solidaria (CANAESS)3 para los candidatos a la Presidencia 2018-2022”.
Incorporación al dialogo social a movimientos como la “Plataforma de Economías para la Vida”, la cual constituye otra expresión de la ESS y aglutina a diversas organizaciones comprometidas con la ESS y otras formas de economía para la vida.
3. Otras formas de economía en ascenso: economía circular, economía colaborativa (sharing economy).
La economía circular busca la imbricación de los aspectos ambientales, económicos y sociales. El sistema lineal de nuestra economía (extracción, fabricación, utilización y eliminación) ha alcanzado sus límites, y se empieza a vislumbrar el agotamiento de diversos recursos naturales y de los combustibles fósiles. Por eso, la economía circular propone un nuevo modelo de sociedad que utiliza y optimiza los stocks y los flujos de materiales, energía y residuos; y su objetivo es la eficiencia del uso de los recursos.
Algo muy importante: la economía circular es generadora de empleo. El sector de la gestión integral de los residuos puede llegar a representar la creación de miles de puestos de trabajo.
La economía colaborativa o “economía del compartir” nació con el conocimiento abierto y el consumo colaborativo, aunque luego se extendió a las finanzas colaborativas y a la producción colaborativa. Sin embargo, el cambio más drástico con respecto a la idea original de “compartir” ocurre cuando empresas como Uber tienden a monopolizar el concepto de sharing economy. Sin embargo, la idea original, no necesariamente vinculada al lucro, sigue teniendo vigencia y representa no una, sino varias formas novedosas de poner en contacto usuarios y oferentes de bienes y servicios.
UNA DISCUSIÓN PENDIENTE
En otro orden de cosas, y como un eventual medio para estimular la transición a la formalidad de las empresas, debe ponerse en discusión la posible eliminación de los impuestos a la nómina que no representan aportes a la seguridad social de la persona trabajadora propiamente dicha (FODESAF, INA, etc.). Pero de manera simultánea, habría que trasladar estos rubros a los impuestos generales (IVA, Renta), de forma tal, que estas funciones y sus instituciones no resulten desfinanciadas. La manera de garantizar esto último es parte de la discusión.
En estrecha relación con lo anterior, es urgente que el país defina de una vez por todas la regulación de plataformas como Uber, Airbnb y otras similares, a fin de formalizar a las personas “colaboradoras” que en realidad trabajan para estas empresas, garantizando el cumplimiento de sus derechos laborales.
Referencias
Gaspar, V. y Mauro, P. (9 de marzo de 2020). Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus. Diálogo a fondo. Blog del FMI. Recuperado de https://blogdialogoafondo.imf.org/?p=12910
Ruiz, M. (2019). Fortalecer apoyo del Ejecutivo a la ESS y otras formas de economía social. Documento de la CANAESS presentado al Grupo de Trabajo UNA/FES sobre la crisis del empleo en Costa Rica. Recuperado de https://drive.google.com/open?id=1vaav6FcDteFG7s8KWGB4r8NN3wDicF2n
Sánchez, E. (2019). Identificación de actividades con potencial generador de empleo a partir del cálculo de encadenamientos productivos y de elasticidades empleo – producto, BCCR. Documento inédito.
[1] Fundación Friedrich Ebert, Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la UNA (OES-UNA). En los talleres del Grupo realizados durante el segundo semestre de 2019 participaron activamente cerca de veinte personas de diversas organizaciones e instituciones. Con los insumos resultantes y frente a los nuevos desafíos, una comisión ha elaborado el presente documento bajo la coordinación del Dr. Henry Mora Jiménez (Investigador del OES-UNA). Participantes: Marco Vinicio Zamora Castro (Coordinador del Proyecto Transformación Social Ecológica, Fundación Friedrich Ebert – FES en América Central), Roxana Morales Ramos (coordinadora del OES-UNA), Fernando Rodríguez Garro (Investigador del OES-UNA), Juan Carlos Duran Castro (Secretario de Seguridad Social CTRN), Montserrat Ruiz Guevara (Directora Ejecutiva CANAESS), José Francisco Pacheco Jiménez (Consultor independiente), Martín Murillo Córdoba (Ibtar, Consultor), Margarita Bolaños Arquín (Antropóloga, Colectivo Mujeres x Costa Rica).
[2] Véase, por ejemplo: Políticas fiscales para proteger a la gente durante el brote de coronavirus (Gaspar y Mauro, 2020). También: Bruselas propone una suspensión de las reglas fiscales ante un desplome comparable al de 2009 (Pellicer, 2020).
En tanto la pandemia del covid-19 continúa registrando nuevos casos y confirmando su expansión por todo el país, los Gobiernos anuncian y aprueban las medidas económicas que aplicaran como resultado de la reducción de las actividades económicas y de la decisión de las empresas de suspender su funcionamiento por el tiempo que dure la emergencia.
Con las planes y medidas que los Gobiernos van adoptando para enfrentar los efectos económicos de la pandemia, van definiendo la orientación y prioridades de la recuperación económica en cada país y definiendo los sectores considerados más golpeados, entre ellos las empresas, las pymes, los trabajadores, los consumidores y los pobres, a los que se dirigirán las eventuales medidas gubernamentales.
De esta manera, es posible comenzar a valorar las prioridades de las políticas estatales en esta coyuntura, pero también proyectar el eventual impacto que podrían tener las medidas sobre los sectores y sobre la economía de los países en su conjunto.
En México ante la adversa coyuntura económica, el Presidente López Obrador manifestó que para paliar los efectos se priorizará en los sectores pobres que son los más necesitados y afirmó que “nada de rescates al estilo neoliberal que les daban a los bancos y a las grandes empresas. Que no estén pensando que van a ver condonaciones de impuestos u otros mecanismos. Si tenemos que rescatar, ¿a quién hay que rescatar?, a los pobres. (La Jornadadigital,23-3-2020)
Por su parte en nuestro país la Administración Alvarado ha mostrado su mayor preocupación por la situación de las empresas frente a la crisis sanitaria, lo que le llevó a definir como principales medidas: la moratoria de 3 meses del pago de impuestos, la reducción de las cargas sociales y la suspensión del pago de créditos a las empresas más golpeadas.
No obstante, las reacciones ante estas medidas y su impacto no se han hecho esperar. El Expresidente del Banco Central Francisco de Paula Gutiérrez, calificó como una “barbaridad” la moratoria de impuestos impulsada por el Gobierno y la Asamblea legislativa, manifestó que la medida difícilmente llegará a beneficiar a quienes más lo necesitan- pequeños empresarios y trabajadores informales-, y se plantea como si la situación fiscal del país no fuera crítica. Dijo, esta medida además podría poner en aprietos a la Hacienda pública, que tendría que buscar en otro lugar los recursos que dejarán de ingresar en los meses de abril a junio.
Agregó que el crecimiento del país va a ser mucho menor al esperado, si es que hay crecimiento este año, vamos a tener un problema mucho más grave de desempleo y de producción, cuando todavía no hemos resuelto el problema fiscal. (LNdigital,23-3-2020). En esa misma perspectiva se manifestó la calificadora Moodys la que afirmó que el plan de estímulo económico de Costa Rica contra el coronavirus tendrá efectos fiscales, por un menor crecimiento de los ingresos tributarios este año.
Junto a la aprobación de la ley para posponer por 3 meses el pago de 4 impuestos cuyo objetivo es beneficiar a las empresas, los diputados aprobaron también la ley de autorización de la reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria de emergencia, el cual busca garantizar a las personas trabajadoras del régimen de empleo privado, mantener su puesto de trabajo mediante la reducción de la jornada laboral, cuando los ingresos de las empresas se vean afectados entre un 20 o un 60% (CRHoy,21-3-2020).
Esta ley que permite reducir las jornadas labores y consecuentemente el salario de los trabajadores hasta en un 75%, desprotege incuestionablemente los derechos laborales de éstos, ya que precisamente la legislación laboral establece que los elementos inviolables son el salario y la jornada, mientras prioriza claramente en el auxilio y apoyo de las empresas.
Como si la aprobación de esta ley no fuera suficientemente perjudicial para los trabajadores, la Unión de Cámaras de la Empresa Privada(UCCAEP), propuso poner un impuesto solidario a los trabajadores públicos, que según su Presidente, se trata de un impuesto solidario durante la crisis, para que ayude a pagar el subsidio de la gente que se quedó sin trabajo, los que ganen más de un millón pagarían un 10%, si el salario es mayor a 2 millones de colones pagarían un 15% y si el monto sube a 3 millones pagarían un 20%” (CRHoy,23-3-2020).
La opción del Gobierno y de las Cámaras empresariales es contundente, salvar y apoyar a las empresas y que los trabajadores sean los que paguen el costo de la emergencia, con la reducción de sus jornadas, de sus salarios e incluso con aportes a los trabajadores desempleados. Mientras se conoce por los medios que un número importante de empresas y hoteles ya han roto los contratos salariales dejando desempleados a más de 6.500 trabajadores.
Negros nubarrones se ciernen sobre la condición de los trabajadores en los próximos meses, a pesar de algunas noticias algo alentadoras sobre la decisión de los bancos de brindar una amnistía de 3 meses a las pymes y trabajadores en el pago de sus créditos y a la determinación del INDER de aplicar el no pago de los créditos en ese mismo período a más de 900 productores.
La reducción de los ingresos y la capacidad adquisitiva y el aumento del desempleo y la pobreza de la población trabajadora parecen inminentes ante los efectos económicos de la pandemia, igualmente para la economía nacional se visualiza el crecimiento del déficit fiscal y de la deuda pública, en un momento en que varias instituciones se han manifestado dispuestas a ceder sus superávits ya sea para amortizar la deuda o para atender la emergencia. Tendremos que estar atentos al acontecer de la pandemia y sobretodo para determinar sobre cuáles sectores recaerán en definitiva sus costos económicos, así como para identificar los eventuales ganadores y perdedores de la misma.
Es increíble el egoísmo, cuando la solidaridad se mira de un
solo lado. Hoy la jefa editorial de La Nazi On, a la primera orden de sus
“malas compañías” tocó a rebato y se alinearon en primera fila los coyotes en
la loma, para decir: si hay patadas, ¡hay pa´todos!
Pobre de mí, empecé a leer el artículo creyendo que el
Corona Virus había calado en el alma de estos insensatos, ocultos en la
decadente cueva del neoliberalismo; pero no!, me equivoque, por el contrario
Mora, Feinzag, Meléndez, Mesalles y Thelmo (para variar), lanzaban los aullidos
de coyotes al cielo ( o más elegante…campanas al vuelo) en favor de la
sacrosanta empresa privada y contra el sector público, hacia el cual han
logrado orientar el odio de la opinión pública, producto de la opinión
publicada en sus banales medios de comunicación.
Aclaro que no tengo nada en contra de la ayuda, pronta y
cumplida, a la empresa privada en estos aciagos días; pero no por ello convertir
la tragedia en el trampolín para obtener beneficios más allá de la lógica y el
tiempo requerido para enfrentar el problema. Igualmente, creo que los
funcionarios públicos deben poner de su parte, para ser solidarios, y dejar de
lado algunas situaciones de su beneficio: algunos pluses, horas extras,
exclusividades, pero de eso a pedir cierre de instituciones y paralización de
la acción de Gobierno, es otra cosa.
Para ello, por ejemplo, alegan que en los Estados Unidos, la
Meca de su dios el dinero, 19 veces el Gobierno Federal ha quedado solo con los
servicios esenciales. Y el país no colapsó. Esa falaz comparación es típica de
estos vendedores de falsedades, pues son situaciones absolutamente
incomparables, solo dos cosas: los Estados seguían funcionando y el tiempo fue
corto, no varios meses y por algo todos corrieron a buscar un arreglo en pocos
días, siempre.
Para ellos los trabajadores públicos que están LABORANDO A
DISTANCIA, entre ellos los profesores y universitarios, especialmente, podrían
renunciar a medio salario pues no están haciendo nada. Pero primero reconocer
que LABORAN A DISTANCIA, luego les dicen vagos…y los profesores que tienen que
enviar tareas y dar lecciones por internet, ¿no trabajan? ¡Y los hay…y miles!
Solo un tercer caso más. Dice que hay 450 GRANDES
CONTRIBUYENTES, cuyos negocios saldrán perjudicados porque las familias DEJARÁN
DE CONSUMIR sus productos. Entonces, para que los cientos de miles de
funcionarios consuman, ¡deben tener salario! Y se los quieren quitar. Pero
además, cientos de esos 450 GRANDES CONTRIBUYENTES, son GRANDES DEFRAUDADORES
que, de acuerdo a las listas que el Ministerio de Hacienda se vio obligado a
publicar, deben miles de millones en impuestos, entre ellos el Grupo Nación, la
Florida Ice and Farm Co, la Cervecería Costa Rica, el Hotel Four Season, todas
empresas ligadas familiar y empresarialmente a LA NAZI-ON.
Casi termino de leer el libro de Alain Deneault MEDIOCRACIA,
CUANDO LOS MEDIOCRES TOMAN EL PODER, y en dos subcapítulos “ Escribir Hacia el
Desastre y Los Pequeños Intelectuales” hay dos frases fantásticas que define a
los alineados en la loma: “ …son responsables como colectivo de la producción
de una parte de la prosa más obtusa e impenetrable… Les asegura que nadie pueda
saber de verdad si sus ideas son brillantes, malas o simplemente mediocres –
además, porque- quienes se someten los vincularán más eficazmente a un gran
mecanismo económico y burocrático, dedicando sus mejores años y facultades a
esclavizarse. Están aprovechando todas las oportunidades que se les presentan
para obtener los medios económicos que les permitan ser EXACTAMENTE IGUALES A
TODOS LOS DEMAS…”
Esa mediocridad llega al extremo que ni siquiera pudieron
parafrasear bien al célebre tico GW Villalobos, pues la frase correcta es: SI
NO HAY PA´TODOS…HAY PATADAS…” y si anuncian patadas, con gusto y a pesar de la
prohibición, yo les llevo las mías a domicilio, prometo embetunar el zapato en cada
caso, para que sea individualizado.
