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Etiqueta: justicia tributaria

Dos vacunas contra la pandemia neoliberal

Luis Fernando Astorga Gatjens

Quienes nacieron en Costa Rica, al final de los años ochenta del siglo pasado, se han encontrado a un país y una sociedad sumergida dentro del totalizador proyecto económico, político e ideológico neoliberal.

Han visto asimismo (y la mayoría lo ha padecido), el progresivo debilitamiento del Estado Social de Derecho, que emergió en los inicios de la década de los años cuarenta del siglo XX.

Esta progresiva erosión, con acciones de distinto alcance e intensidad, la han protagonizado e impulsado las élites políticas, que han liderado a los partidos tradicionales como el PLN y el PUSC, y también del PAC. Este partido que hoy está en el gobierno, ha sido protagonista de un gran engaño porque nació con una prédica antineoliberal y terminó muy pronto, asumiendo esta doctrina hasta el tuétano. Mientras tanto los evangélicos, que han irrumpido más recientemente en el escenario político, también la han convertido en el objeto de sus principales decisiones y proyectos.

Pero quiero detenerme un momento para recordar lo que se define como neoliberalismo. Se trata de una teoría económica y política que se orienta a reducir al máximo la intervención del Estado y cuyos pilares fundamentales incluyen la privatización de las entidades públicas y la desregulación financiera. Asimismo, forma parte de esta doctrina la reducción de impuestos a las personas más ricas, con el supuesto propósito de impulsar el desarrollo de la iniciativa privada y las empresas para la contratación de más trabajadores, a partir de la llamada filtración descendente, conocida también como «teoría del derrame». Es decir, si los muy pocos “de arriba” crecen económicamente pronto beneficiarán a los muchos “de abajo”. Este derrame en los hechos realmente no se da por el afán concentrador de la riqueza, que pareciera que no tiene límite y que funciona como una especie de agujero negro que se traga todo.

El neoliberalismo emerge inicialmente como reacción a la intervención del Estado como garante de una mayor justicia social (el Estado benefactor). Para el neoliberalismo el Estado debe cumplir un papel muy limitado como organismo regente en la organización de la sociedad; lo que incluye un rol marginal en el funcionamiento de la economía, para así mantener a raya las regulaciones e impuestos a la producción industrial, al comercio y las finanzas. Es igualmente partidario de la reducción del gasto social, de propiciar la libre competencia, de las grandes corporaciones, y de debilitar y desintegrar los sindicatos.

¿Se les parece al modelo que domina la escena política del país desde los años ochenta? Pues claro, eso es lo que ha guiado a los sucesivos gobiernos desde esa década hasta el duro presente pandémico y a las mayorías parlamentarias, que paso a paso, han ido desmontando el Estado Social de Derecho, que singularizó al país y que tanto nos costó construir. Empero hoy la embestida de una élite plutocrática, que evade, elude, que exige la rebaja de impuestos y que los «Papeles de Panamá» la desnudaron en su voracidad mezquina y egoísta, quiere borrar de la historia lo que queda del Estado Social de Derecho.

Representan menos del 1 % de la población del país pero concentran la riqueza que han acumulado, más que con esfuerzos productivos, con nefastas triquiñuelas para nunca cumplir con sus obligaciones tributarias.

Empero lo más grave del neoliberalismo es que también es una ideología que ha penetrado en el cuerpo socio-cultural, en el diario vivir de la gente, en su cotidianidad; incluso en su lenguaje. Erosiona la genuina solidaridad social al compás de un «sálvese quien pueda», profundamente individualista y diluyente del tejido social. Desde que aparece el neoliberalismo, disolviendo doctrinas como la socialdemocracia y el humanismo cristiano, va creciendo, empieza a ganar terreno en la comunicación, en los más influyentes medios informativos, en el intercambio cotidiano de las y los ciudadanos. Lo empieza a dominar todo como una mancha oscura que se expande como un cáncer.

Lo paradójico es que cuando una pandemia tan devastadora para el país, como la que se refleja en las cifras del contagio y de fallecimientos, y en la grave saturación de los hospitales, que exigiría la solidaridad de todos los sectores del país, de manera insensible y soberbia, la élite plutocrática que controla el país, ha pisado el acelerador en su afán de borrar del mapa el Estado Social de Derecho. Hacen caso omiso al hecho incontrovertible de que lo que realmente puede luchar con acierto ante esta pandemia y otras que –con certeza– vendrán en el futuro, es el esfuerzo mancomunado del Estado, desde lo público, con el involucramiento solidario de todos los sectores del país. Jamás la medicina privada habría podido enfrentar como lo hace la pública, desde la Caja y el Ministerio de Salud, la embestida de esta pandemia; aún con errores incluidos.

Y por lo que se observa en el gobierno actual, en la Asamblea Legislativa y en las candidaturas dominantes de los partidos tradicionales de cara a las elecciones del 2022, nadie quiere ponerle el cascabel al gato del neoliberalismo plutocrático; nadie ofrece propuestas con valentía y dignidad que contradigan el proyecto insolidario.

Son personas y partidos que no se percatan (o no quieren percatarse) de lo que está sucediendo en otros países del continente, en donde los serios cuestionamientos al neoliberalismo, se han convertido en una fuerza política que gana elecciones y orienta a gobiernos y parlamentos, y constituyentes (como en Chile).

Tampoco quieren percatarse de que sólo 13 % de los costarricenses, mantienen algún vínculo con algún partido político mientras el 87 % no lo tienen, según se desprende del reciente estudio realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica (CIEP-UCR). No leen que la apatía, el rechazo, el hastío, la decepción y la ira, se están acumulando en una caldera de descontento social, que tarde o temprano, puede estallar.

Todavía están a tiempo de rectificar pero es muy probable que no lo hagan. Mientras tanto yo, como un número creciente de grupos y ciudadanos, trabajamos en un camino de participación política real y concreto, al tenor de lo que fija el artículo 9 de la Constitución, para que una Democracia viva, pueda emerger rompiendo las redes de una doctrina que es buena para el 1 % de la población y que la estamos sufriendo, de distinta forma y alcance, los demás costarricenses.

¿Adivinaron cuáles son esas vacunas para revertir esta doctrina y sus dañinas consecuencias para las mayorías, para nuestro sufrido pueblo? Pues, ni más ni menos, que la participación política y la solidaridad social son la cruz y la estaca con el que hay ponerle fin al vampiro del neoliberal.

(23 de mayo, 2021)

La génesis y debacle por el Paro Político Nacional (PPN)

Por Carlos Meneses Reyes

La génesis de la debacle político-social por la que atraviesa Colombia se debe al desgobierno y mal gobierno. Para el administrado o ciudadano común y corriente, esto se refleja en desconcierto, desidia, dejadez, negligencia. Solo ubicando a este gobierno como culpable primario de los hechos acaecidos por tan prolongado Paro (Cívico) Nacional y por ende de todos los efectos que se suceden; se puede explorar en la explicación del fenómeno transitado y en la concepción de una interpretación tendiente a la búsqueda de una salida, que puede confluir o no, en un Nuevo Pacto Social o Contrato Social. Esto por cuanto se trata de la búsqueda incansable de una sociedad que no renuncia a su libertad, busca el logro de acuerdos y aplica en la vigencia de un Estado de Derecho. De tal manera que nos proponemos sustentar que el único culpable del Paro Político Nacional Indefinido es el gobierno títere de turno y que los efectos dañinos no los está soportando el pueblo, como subliminalmente lo quieren presentar. No. Lo sufren y padecen los grupos económicos de presión, las oligarquías centrales y regionales, los usufructuarios del narco para militarismo en el poder. Lo soportan los mismos aliados del Establecimiento, que viven y amamantan de él. El pueblo lo único que pierde son sus cadenas de opresión y miseria, parodiando el mensaje del Manifiesto Comunista y que tanto espantajo le causa a la derecha troglodita militarista clasista, en el poder.

Apreciaciones en consideración

Lo que comenzó como un Paro Cívico Nacional, transformase, por la incidencia de los hechos, sucesos y erradas asimilaciones gubernamentales, en un Paro Político Nacional (PPN). De espaldas a las previsiones contempladas en la Carta Constitucional, el gobierno de turno no ha demostrado capacidad, sindéresis, para mediante una observación cuidadosa, prevenir los desenlaces y “efectos dominó” que la cadena de sucesos lo han colocado en situaciones o puntos de no retornar. No porque se tratare de volver a una situación ideal, como la de continuidad de una inercia, sumando cantidades de elementos perturbadores, que a la larga confluyeron en el estallido social.

Es de entender que en tratándose del conflicto social por el que atraviesa Colombia, este no termina y se multiplica en sucedáneos; pero la negligencia gubernamental conllevó a la torpeza de anunciar una aplicación de gravámenes tributarios, a espaldas de la población y la clase media, en el momento menos indicado, cuando los efectos del pandemónium del COVID-19, asolan todo el escenario de la economía colombiana.

Mal, asimilando el desconocimiento de las protestas y paros del año 2.019. La bofetada dada al movimiento popular, activo y en las calles en multitudinarias manifestaciones, al imponer el corrupto congreso y cámara la reforma tributaria de 2.019, redundó en la concesión de adiciones y exenciones de nueve mil millones de pesos al sistema financiero; dando elementos para considerar la carencia de una capacidad natural de dirigir a un país, tanto del gobernante de turno, calificado como de títere y sub presidente, por la implacable critica opositora en su contra; como por la ineficacia de una Secta- que no Partido, que se dice de gobierno.

Esa miopía e incapacidad gubernamental, trajo la sumatoria de los demás conflictos que afectan al país, como lo son el conflicto político, económico, ecológico; como también el armado interno; destacando de este, que su actor principal, como vanguardia armada del movimiento popular y expresión de la lucha de clases en Colombia, esta como en una especie de letargo, en espera, condescendencia o respeto, al desarrollo del accionar de las masas y su movilización, como rectora de las luchas populares en Colombia.

Pero la transformación de un Paro Cívico Nacional, en un Paro Político Nacional (PPN), desafortunada mente no se ha dado como resultado dialéctico de la cualificación de la lucha reivindicatoria, gremial y su salto a la lucha de objetivos políticos. Esto se da cuando la dirección de la protesta de masas la asume el movimiento político. Existe un Comité de Paro Nacional al que nutre una Asamblea Nacional de Miles de Delegados de organizaciones sindicales, sociales, populares, comunales, políticas, gremiales, estudiantiles, profesionales, campesinos, servidores públicos, de minorías étnicas(indígenas, afro descendientes, de género, LGTB, etc.), de amplio espectro, en el que caben todos; pero que en la práctica no ha sido así y paralelo al desarrollo del Paro Nacional, han surgido movimientos de transportadores, de la juventud, barriales y de comunas, productores del agro, comerciantes, prestadores de servicios, formales e informales, que han diversificado el abanico y lluvia de reclamaciones, superando, en la práctica, el ámbito de acción del Comité Nacional de Paro. Consecuencia de esta multiplicidad de actores, se ha visto limitado el control de las confederaciones obreras y de representatividad del trabajo sindical y organizado y la capacidad de actuar en nombre del sinnúmero de congregados y colectivos emergentes. Esto lo supliría la dirección política del movimiento; siendo un limitador que pesa en el análisis concreto de la situación concreta abordada, como lo es, el Paro Nacional, su suerte y/o camino a seguir.

Pero un Paro Indefinido y una Huelga de contenido político (revolucionaria) torna a caracteres subversivos. Resulta que la expresión subversivo ha sido satanizada, como algo perverso. Colombia ha sido escenario de luchas, con tenacidad y resistencia, por más de tres semanas. Ese teatro o espacio de tan variados e impactantes pasajes conllevan a analizar- dentro de su contexto- no un estadio masivo insurreccional; como sí, por el contrario, una avanzada de subversión social, contra unas situaciones de hecho, injustas e impuestas. Al así plantearlo, ha de abordarse el tema desde el punto de vista de un pensar individual y desde el del comportamiento social—colectivo.

Lo subversivo como pensar

Se puede catalogar como el resultado del razonar práctico ante la importancia de una necesidad, por una situación crítica, mayoritariamente planteada.

Se trata de la manifestación del pensar individualmente considerado que termina por concluir que, ante un estado de cosas planteado, denigrante, injusto, alienante, surge la necesidad de cambiar, de transformar de raíz, esa anacrónica situación. El individuo se arma (en el sentido menos militarista y no utilizo el término “se blinda”, por ser esencialmente militarista) en su interior. Es decir, se consolida ideológicamente en lo que considera que es auténtico, valioso y cosmogónicamente necesario para cambiar. Digamos que opera en él (o ella) una especie de revolución interna, por el cambio, por lo Nuevo. “La subversión humanizadora aparece breve en el tiempo, como un soplo de vida nueva”, enseña la Teología de la Liberación.

Lo subversivo como práctica

Existe una dualidad conceptual en el pensamiento subversivo. Se bifurca, se divide en dos: Uno, el analizado, imbuido de una fuerte conciencia interna de la necesidad de un cambio. Bulle en una lucha de contrarios interna, por la supresión de un orden de “valores”; por la creación de un nuevo orden moral; por superar la opresión; por cambiar lo que se vive; por la imposición de un nuevo futuro. Por aquello que irrumpe en lo consecuencial, ya convencido que se encuentra encerrado en un status quo asfixiante y alienante, imponiéndose lo categórico de un cambio radical. Otro, ese impulso interno, se transforma así en una consigna y practica consecuencial de un accionar social, real, expresado en una movilización de fuerza social y colectiva.

En eso radica la eficacia del pensar original subversivo: en su proyección de movilización como fuerza social; como fuerza de la colectividad. Es el paso a lo transformador. De allí la importancia de la subversión, planteada en la consecuencia lógica de una nueva institucionalidad; en la consecución de un orden alternativo

De las organizaciones de base populares

Han transcurrido 22 días desde el inicio (28 de abril) de la gesta histórica del Paro Nacional 2.021, en Colombia. Pero un sinnúmero de organizaciones sociales, populares, a nivel de barrios, de artistas, lúdicos, folclóricos, de activistas sociales y políticos; organizados en calles, comunas, veredas, municipios, en grupos de resistencia y de protesta, que buscan objetivos comunes de hacerse valer, oír, escuchar; no están organizados en el Comité Nacional o no hacen parte de el, independientemente se sientan, o no, representados en los del Comité. Esto hace que el control de la protesta y el encauzamiento hacia objetivos, tangibles, concretos, se haga difícil, resaltando, que en modo alguno, representa una debilidad del movimiento popular y de masas, puesto que todo cuanto exprese accionar contra la pasividad, el miedo infundado y atreverse a luchar es de inconmensurable valor político. Se trata de pueblo en ejercicio de su soberanía que busca cambiar de fondo las relaciones de poder en Colombia. No se puede perder de vista que así se forjan las mayorías en Colombia y explica el caudal multitudinario de las manifestaciones realizadas.

La manifestación publica y el uso violento de la fuerza pública

Asistimos a la constante de una protesta popular prolongada. No de cualquier protesta sino de una propia que brota del contorno o derredor de poder popular. Fuerza y poder del pueblo, así expresada. El Establecimiento le teme porque la dejó crecer, avanzar. Al no utilizar los correctivos, por carencia de un timonel estadista, las aspiraciones desconocidas, no alcanzadas, se van plasmando en el Paro. EL PARO es un cese de movimiento, de actividad y refleja en lo económico el cese de una actividad, como en la no prestación de servicios. Es una forma de protesta. El que sea o no pacifica, es un factor de apreciación, de calificación, de interpretación. Depende. Como tal, el Paro va circunscrito a la HUELGA. Esta se traduce en la interrupción colectiva de la actividad laboral, por parte de los trabajadores. Tiene por finalidad la exigencia a satisfacer reivindicaciones concretas; pero cuando la huelga trasciende y responde a propósitos de subversión política, pasando de reivindicaciones de carácter económico o social, toma tintes de prolongación en el tiempo, respondiendo a esa intención o finalidad. Una Huelga, no está circunscrita a la factoría o sede de trabajo. Es precisamente suspensión de actividades y de producción. El Paro, la Huelga se constituyen en formas o manifestaciones de protesta alimentadas en el contexto del conflicto social, alterando el funcionamiento de un orden vigente o impuesto y es propio de su naturaleza la alteración de ese “orden”. Las Marchas o Manifestaciones, constituyen el instrumento de aplicación para alteración de la “normalidad”. El BLOQUEO es la acción de impedir la comunicación, el fluido funcionamiento o el paso de algo. Se bloquea el tránsito, como se bloquea la información. Es resultado de ese accionar. Marchar, Bloquear, Parar, Huelga, etc., se subsumen, se incluyen en un mismo componente de clasificación abarcadora. Lo de “pacifica” corresponde desentrañar lo en la sabiduría del constituyente; puesto que de por sí obstruir, impedir, cerrar, atrancar, se dan como resultado del accionar activo o pasivo de marchar, manifestarse. Si desde la sede de su casa de habitación se decide no operar transacciones financieras, por ejemplo, pues es una forma de bloqueo. Lo primordial es la comprensión que el bloqueo logra afectar, como medida de protesta. En cuanto al SABOTEO, este ya es la acción encaminada a dañar, deteriorar o destruir algo; por lo general maquinarias, instalaciones, bienes. Es también un medio de lucha o de presión, aunque con otras característicos y consecuencias, situado más que todo en un accionar militar, como atentado. El SAQUEO. Ya corresponde a un accionar de robar, de depredar y en ello asiste la violencia, el destrozo, arrasando con cuanto haya en el lugar. El saqueador se apodera violentamente de lo que hay encuentra o asalta, para sí. Desvalija, pilla, daña, con intención dolosa. Es incomprensible, inaceptable y vituperable en el ejercicio de la protesta.

Valga el presente ejercicio para explicar que lo más desacertado es la denominación de Vándalos. La imprimió el imperio romano para referirse a los pueblos de origen germánico oriental, procedentes de Escandinavia, Quien no era romano era bárbaro y salvaje, era vándalo. Tristemente en Colombia la mediática dictatorial denomina vándalos a los manifestantes por el solo hecho de protestar…Es producto y resultado mismo de la judicialización de la protesta y a los manifestantes.

Pronunciamiento de SERPAJ-AL ante situación actual de Colombia

Barranquilla, Colombia – mayo 2021

Pronunciamiento Oficial Del Servicio Paz Y Justicia En América Latina, SERPAJ-AL

Secretariado Colombiano

Ante los acontecimientos acaecidos en el territorio nacional, la Coordinación Latinoamericano (CLA), y la coordinación en Colombia del SERPAJ-AL, en conjunto con los secretariados de México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile nos permitimos manifestar, que:

  1. Las manifestaciones constituyen un derecho humano fundamental, constitucionalmente contemplado en la Constitución Política colombiana.
  2. El gobierno y el Congreso se han empeñado en adelantar reformas de leyes concernientes a la tributación y a la salud, aún en medio de la pandemia que aqueja al universo entero.
  3. De espaldas a la realidad nacional, el gobierno pretende gravar aún más la canasta familiar y hasta los servicios públicos y los servicios funerarios, lo que realmente es un exabrupto.
  4. Con argucias de toda naturaleza, el gobierno pretendió minimizar el río humano que salió a las calles de las ciudades capitales de la gran mayoría de departamentos del país.
  5. De manera ligera, una magistrada del Tribunal Superior de Cundinamarca profirió una decisión a todas luces en contravía de la Constitución y la ley, el día anterior a una marcha, es decir, sin el cumplimiento de los requisitos legales de traslado de la decisión a las partes interesadas, sin los protocolos adecuados y sin darle cumplimiento a las normas procedimentales respectivas, pretendiendo desconocer EL RANGO CONSTITUCIONAL QUE TIENE EL DERECHO A MANIFESTARSE QUE TIENE LA CIUDADANÍA EN COLOMBIA, garantía respaldada por convenios internacionales, ratificados por el gobierno colombiano.

Por lo anteriormente expuesto, solicitamos:

  1. De las organizaciones internacionales de Derechos Humanos su presencia y apoyo con tal de evidenciar, registrar y documentar lo indicado y lograr salvaguardar la vida de los que han sido ilegalmente privados de la libertad y obtener la libertad inmediata de los mismos.
  2. Del gobierno colombiano: El retiro de una vez por todas de los proyectos de reforma tributaria y de la salud, sin intentos de continuar en tamaña pretensión, aún en medio de la pandemia. Así mismo, la instauración de la RENTA BÁSICA que beneficie a la mayoría de la población colombiana, garantizándole el sustento diario de las familias más afectadas por todo cuanto sucede con la pandemia, al estar confinados obligatoriamente, sin salir a buscar el sustento de los suyos.
  3. De los Ministros de Hacienda y Protección Social la renuncia de sus cargos.
  4. De la Defensoría del Pueblo, que se pronuncie ante los hechos de violaciones de Derechos Humanos, evidenciados ante el concierto nacional e internacional, por parte de la fuerza pública.
  5. Del gobierno y el Ministro de Defensa, esperamos el cese de hostilidades y la detención inmediata del derramamiento de sangre, lamentable e injustificado que se ha dado en todo el país, en especial en la ciudad de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca.
  6. Que cesen todo tipo de violencias, vinieren de donde vinieren.
  7. Crear una comisión de investigación sobre los hechos de violencia contra el pueblo colombiano.

Con la esperanza puesta en los organismos internacionales, repudiamos y condenamos la represión del gobierno contra el pueblo que reclama sus derechos, exigimos Juicio y castigo a los responsables de la violencia esperando que el gobierno nacional de un giro de 180º y retire de verdad los proyectos de ley de reforma tributaria y de la salud, con lo que evite mayores desmanes de lado y lado, nos suscribimos:

BLAS GARCÍA NORIEGA                        FABIO MONROY MARTÍNEZ

Coordinación Latinoamericana     Coordinación Colombia.

Apoyan:

ADOLFO PEREZ ESQUIVEL – Premio Nobel de la Paz
SERPAJ MEXICO
SERPAJ COSTA RICA
SERPAJ EL SALVADOR
SERPAJ NICARAGUA
SERPAJ PÁNAMA
SERPAJ ECUADOR
SERPAJ BRASIL
SERPAJ ARGENTINA
SERPAJ URUGUAY
SERPAJ PARAGUAY
SERPAJ CHILE

 

Imagen principal: Semanario Universidad.

Por los caminos tenebrosos de Trump y Bolsonaro

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

No faltaba más que nuestro gobierno emulara los tenebrosos caminos elegidos por Donald Trump y Jair Bolsonaro para encarar la pandemia. Es decir, impulsar medidas tímidas que subestiman la crítica situación actual, cuando los contagios cobran cada día más víctimas, especialmente entre jóvenes, los hospitales están saturados y los trabajadores de la salud y la educación se exponen cada vez más a contagios y muertes.

Un paciente de 27 años con 102 días conectado a un respirador artificial y otros 11 en condiciones similares, un destacado y querido periodista de mediana edad fallecido recientemente y 20 muertos por día en promedio por semana, al parecer, no son razones suficientes para una declaratoria de alerta roja. Estamos frente a un gobierno que da las espaldas a la realidad y a las demandas de un cuerpo médico que sí tiene sensibilidad para sopesar las dimensiones de la crisis por la que atraviesa el país. Tampoco atiende al llamado de los educadores, que se parten la espalda para atender a sus estudiantes desde la casa y con sus recursos (computadora, pago de internet, electricidad y muchas horas extras no pagadas).

 Se pregunta uno, cuáles son los cálculos políticos o económicos detrás de estas medidas paliativas que se resisten a “tomar el toro por los cuernos”, y dar un mazazo que nos ponga en cintura. Continúa este gobierno poniendo la carreta delante de los bueyes. Es decir, protegiendo la economía de los pocos que no se han visto afectados por la pandemia: las grandes cadenas de supermercados, los exportadores y el sistema bancario que continúa con sus arcas llenas, mientras los pequeños y medianos comerciante y emprendedores regatean las migajas que caen de la mesa.

No hay voluntad para tomar medidas más restrictivas porque no se quiere tocar el bolsillo de quienes sí pueden aportar para que haya un salario universal digno para desempleados y subempleados, al menos mientras se supera esta etapa crítica y se abren mejores horizontes para una reactivación social y económica.

Este país se siente huérfano con un gobierno que no le escucha, y más bien se enclaustra en su palacio; incluso no da la cara en los momentos más álgidos, cuando los médicos se enfrentan a la disyuntiva de a quién dejar vivir y a quién exponer a la muerte por falta de camas.

El expresidente Donald Trump dijo: “siempre quise minimizarlo. Todavía prefiero minimizarlo, porque no quiero crear pánico”. Por su parte, ya sabemos de los desplantes de Bolsonaro calificando de “gripiña” a la enfermedad producida por el Covid 19.

No hemos escuchado esos exabruptos de don Calos Alvarado, pero ¿acaso la actitud y el comportamiento, rayano en la resistencia a tomar medidas restrictivas adecuadas, no dice lo mismo o más que esas palabras?

Impuesto Mínimo Global – implicaciones tributarias

SURCOS comparte la siguiente información:

Desde la Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA), se les invita a participar del seminario web: Impuesto Mínimo Global – implicaciones tributarias.

El cual se llevará acabo el día jueves 13 de mayo, de 4:00 p.m. a 6:00p.m., mediante la plataforma de ZOOM, asimismo se transmitirá vía Facebook live; FESAMERICACENTRAL.

Para realizar el proceso de inscripción deben acceder al siguiente enlace https://zoom.us/meeting/register/tJ0tcO-urDsrG9e678NlvW39T7N6Thb96PRC

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con el enlace personal y código de acceso para unirse al seminario web. Si no recibe la información, por favor escribir al correo c.avila@fesamericacentral.org

Se recoge lo que se siembra

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se flexibilizaron las medidas para evitar los contagios del Covid 19 en Semana Santa, sin establecer los controles adecuados. Se pretendía un objetivo loable como era reactivar el turismo pero, debido al exceso de permisividad, lo que se reactivaron fueron los contagios que hoy tienen al sistema hospitalario colapsado, una tendencia creciente de contagios en la población joven y un país con una imagen que no favorece el turismo extranjero.

Y ahora, como quien no quiere aprender de sus errores, el gobierno insiste en mantener las clases presenciales aduciendo que los datos no confirman que los centros escolares sean focos fundamentales de contagio.

La misma lógica podría haber inducido a la apertura descontrolada para incentivar la actividad turística, toda vez que los hoteles y en general los negocios dedicados a esta actividad, al cumplir rigurosamente con las medidas higiénicas y de aforo, no constituían focos de contagio.

Sin embargo, esa lógica incurre en el error de considerar que se trata simplemente de garantizar el cumplimiento riguroso de medidas en los lugares de destino, sean hoteles o escuelas y colegios, sin considerar que con una flexibilización descontrolada se crean condiciones que favorecen la ampliación e intensificación de los contactos interpersonales e intergrupales, principales fuentes de proliferación del virus.

En ambos casos, la falta de aplicar medidas más rigurosas de control induce a transgredir las normas y hábitos recomendados: distanciamiento, uso de mascarilla y no romper las burbujas. Debido al enclaustramiento por tiempos prolongados, al relajar medidas, en un país donde se combina la “cultura del guaro” con la del “me importa a mí”, no se puede esperar sino un ambiente de fiesta y jolgorio, que sí son focos de contagio.

Estamos ante el fenómeno que el sociólogo Tomás Merton calificaba como las consecuencias no intencionadas o no previstas de la acción social, es decir aquellas situaciones que no son inducidas de manera intencional, pero que se dan, algunas veces sorpresivamente. Y en las condiciones actuales, se trata de consecuencias indeseables que tienen un efecto sanitaria y socialmente lesivo.

Así las cosas, no se trata de justificar con datos que la presencialidad en el aula no es la causa fundamental de contagios, sino de valorar en su justa proporción esos comportamientos indeseables que se desatan, contribuyendo a intensificar los contagios. Además, no sólo estamos ante un problema cultural del comportamiento anómalo de los estudiantes sino también limitaciones importantes de la infraestructura escolar y colegial y falta de suficientes recursos y personal preparado para garantizar mejores condiciones higiénicas, así como para la supervisión de la población estudiantil. También, se requiere personal en salud ocupacional que garantice las mejores condiciones de trabajo saludable para el personal docente y administrativo de las instituciones educativas. Todo ello implica prestar atención a una mayor y mejor inversión en educación, siendo que es el factor decisivo para el desarrollo y bienestar del país.

En este aspecto, cabe señalar la falta de inversión por parte del Estado en las actuales condiciones de crisis económica y social provocada por la pandemia. Como se ha informado, el país está en último lugar, en este tipo de inversión, entre los países miembros de la OCDE.

Para encarar la crítica situación que enfrentamos se requieren medidas extraordinarias como las que se dan en un estado de guerra o posguerra. Es razonable y debería acogerse sugerencias como las formuladas por los investigadores y profesores de la Universidad Estatal a Distancia, por ejemplo, entre otras, aplicar una deducción a todos los salarios del sector público y privado a partir del monto que devenga un catedrático universitario. También a las grandes empresas, instituciones financieras y grandes patrimonios. Quizá, un impuesto similar al 10% que decretó la Junta de Gobierno de posguerra civil para atender a la reconstrucción social y económica del país. El Estado debe garantizar el bien común, y la Constitución lo faculta para tomar esas y otras medidas.

El gobierno también debe acoger, sin dilación, la iniciativa privada de contribuir a acelerar el proceso de vacunación aportando recursos humanos y de infraestructura y ofreciendo las vacunas a precio de costo. Es un gesto solidario en tiempos donde es antiético utilizar la pandemia para obtener dividendos políticos o económicos. No hay que escatimar esfuerzos y recursos para vacunar cuanto antes a toda la población. El dinero no debe ser la excusa, y hay que recurrir a vacunas disponibles más allá de las farmacéuticas que han sido contratadas.

La apuesta por el préstamo del FMI, como el milagro que va a salvar al país, tiene paralizado al gobierno para tomar acciones y medidas urgentes, como las mencionadas. Llegó la hora de que nos despertemos y comprometamos solidariamente para reactivar social y económicamente al país.

Por otra parte, aunque pudiéramos estar a las puertas de ver la “luz al final del túnel”, en estos momentos la oscuridad avasalla, y el gobierno no debería seguir sembrando vientos para recoger tempestades. Los datos son útiles, cuando su interpretación no es mecánica, como si se bastaran a sí mismos. Hay que ver más allá del dato: la realidad.

 

Foto: SINART.

Plantón de Solidaridad con Colombia

SURCOS comparte la siguiente información:

Desde Costa Rica Plantón de Solidaridad con Colombia

Lugar: Cancillería de Costa Rica (Casa Amarilla, frente al Parque España)

Hora: 10:30 a.m

Día: lunes 10 mayo del 2021.

Convocan:

Ecos de Colombia

Migración y Refugio

Comité de Solidaridad con las Victimas de la Violencia en Colombia

Carta abierta a la comunidad nacional e internacional – Docentes de la Universidad de Caldas

SURCOS comparte la carta abierta a la comunidad nacional e internacional publicada por docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, Colombia. Las personas firmantes pertenecen al Departamento de Desarrollo Humano; el Programa de Trabajo Social; el Centro de Estudios Sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social; y la Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz.

El material fue enviado a SURCOS por el educador popular Óscar Jara Holliday. Le invitamos a leer y compartir el documento presentado en una secuencia de láminas.

Ley de empleo público y congelación de los salarios

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

Dos preguntas obligatorias ante la ley de empleo público que se tramita en la Asamblea Legislativa

¿Es esta una ley que procura ordenar el empleo público y terminar con la desigualdad salarial entre instituciones, o es una disimulada ley tributaria con la cual se pretende disminuir el déficit y la deuda pública?

¿Quiénes son los trabajadores del Estado a quienes se les obligará a pagar la deuda pública, y por qué ellos llevarán la peor parte en la voracidad estatal por recaudar impuestos entre los trabajadores?

Con la ley de empleo público, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa, se piensa recaudar, según un estudio hecho por Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, un 1,8% del PIB por año. En la primera década un 1,31%, en la segunda un 1,72% y en la tercera un 1,46% del PIB. Esto equivale a cobrar 653.000 millones de colones por año que se le rebajará de los sueldos y salarios de los 280.00 empleados públicos. En 30 años los empleados públicos pagarán 19.590.000 millones de colones, un 54% del PIB anual. En promedio cada trabajador pagará 68,7 millones de colones.

Este gravoso e injusto impuesto que se le impone a los trabajadores equivale a descontarle en promedio 2,3 millones de colones por año, o sea 195 mil colones por mes.

Las víctimas de esta injusta tributación son:

En el año 2018 el sector público tenía empleados 275.375, en el 2019 se produciría una creación neta de 774 puestos de trabajo y en el 2020 de 367 plazas. Este conjunto pertenece a 217 instituciones, entre gobierno central, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas.

¿Cómo se compone esta fuerza laboral del Estado?

Un 37,4% trabajan en el sector educativo, la mayor parte maestros y profesores, 103.079. Apreciables y sacrificados trabajadores que con su cultura forman a todos nuestros hijos e hijas para el servicio de la patria.

Un 20,6% son trabajadores de la salud, buena parte de ellos son médicos, enfermeras y enfermeros, auxiliares de enfermería, en los cuales ponemos nuestra vida y salud cuando más los necesitamos. ¿Cuánto sufrimiento humano son capaces de afrontar con estoicismo estos nobles trabajadores, que nos alivian y nos consuelan en nuestros padecimientos? Ellos son 56.683 empleados.

UN 9,7% trabajan en la seguridad, de ellos depende la vida y la hacienda de todos nosotros quienes ante el peligro no dudamos en marcar el 911 y ellos no dudan en exponer sus vidas para evitar el crimen y el delito. 26.748 son policías o trabajan con ellos.

Un 7,5% son trabajadores del sector de energía y ambiente; todos sabemos y comprendemos la importancia de contar con la energía diariamente en nuestro hogar y en nuestro trabajo y también cuanto les debemos a quienes cuidan el ambiente en el cual vivimos.20.677 trabajadores.

Un 6,8% trabajan en hacienda y financiero, son los “malos de la película”, los que manejan nuestros dineros, públicos y privados y de cuya honestidad dependemos todos. Estos son un conjunto de 18.772 empleados

Un 5,7% son quienes trabajan en la elaboración de leyes y su aplicación, la Corte y la Asamblea, otros “malísimos” que tanto nos hacen sufrir y tan poco que se disculpan. Aquí trabajan 15.784 funcionarios de los que no podemos prescindir y quienes en su mayor parte son inocentes de las culpas de sus mentores.

En las municipalidades trabajan 15.156 empleados, un 5,5%.

Y todos los demás son un 6,8%, es decir 18.486 empleados públicos.

La mayor parte de todos estos trabajadores, por no decir todos, tuvieron que estudiar y prepararse, con muchos años de dedicación para ejercer en forma idónea sus puestos. Nadie quiere pensar cuan importantes son sus labores, ahora el conjunto de políticos, quienes han sido los que los comandaban y quienes han equivocado el camino por el cual transitar económicamente, creando enormes déficits y aumentando la deuda pública, les pagan sus servicios condenándolos a trabajar por siempre con un mismo sueldo; o sea sin la necesaria esperanza de que su experiencia se reconozca y se aumente su remuneración en sus años de madurez profesional.

Se ufanan en desglosar la injusta tributación que les impondrán a los empleados públicos, nos dicen que lo que le cobrarán a los empleados de los ministerios será un 0,8% del PIB en la primera década, un 0,94% en el segundo y un 0,98% en el tercero. Como sabemos el grueso de trabajadores de los ministerios son los maestros y los policías, que forman en conjunto un 47% de todos los trabajadores y un 85% de los trabajadores de los ministerios, entonces nuestros amados maestros y nuestros necesarios policías sufrirán un deterioro de sus salarios de 0,68% del PIB o sea de 246.840 millones en la primera década, un 0,64% del PIB, o sea 230.000 millones de colones, en la segunda década y un 0,71% del PIB, o sea 255.000 millones de colones, en la tercera década.

Esto equivale a un impuesto de 7.320.000 millones de colones en treinta años, que equivale a pagar en treinta años cinco PIB anuales, en términos porcentuales un 20,3% del PIB.

En promedio cada trabajador tributará 56,300.000 colones en los primeros treinta años, ya que adelante no recibirán tampoco incentivos salariales de ninguna especie.

Los empleados de la CCSS deberán tributar a su vez un 2,7 % del PIB en la primera década, un 4,3% del PIB en la segunda década y un 2,7% del PIB en la tercera década, en total en treinta años tributarán 9,7%del PIB que equivale a pagar 3.521.100 millones de colones en treinta años.

Ante esta inicua agresión de la clase política a los trabajadores del sector público es previsible una reacción equivalente, que sucederá pronto y por la vía más expedita. No es justo que todo el peso de la deuda se le recargue al sector trabajador cuando debería distribuirse proporcionalmente a todos los ciudadanos que estén en capacidad de contribuir con una disminución de los ingresos.

Alguien me dirá que este no es un impuesto, es cierto, pero en sus consecuencias es idéntico a tal. La diferencia es que el impuesto de descuenta del salario antes de ser pagado, este proceso de congelar los salarios negándoles sus aumentos anuales, se diferencia en que ya no será necesaria la deducción, porque el salario no tendrá el aumento y se evitarán la anotación que requeriría el impuesto.

Muy ingenioso, verdad.

Nota: Todos los cálculos están basados en publicaciones del periódico La Nación del 13 de setiembre de 1919 la cantidad y distribución de los empleados públicos y del 9 de abril del 2021 los cálculos de MIDEPLAN sobre el Proyecto de Empleo Público.

 

Foto: MEP

¡OTRA COSTA RICA ES POSIBLE!

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El lote baldío detrás de la tapia de su casa se convirtió en un basurero, pero él no veía un basurero, veía un jardín. Varios años después con sus ahorros pudo adquirir el lote y hacer un jardín; no cualquier jardín convencional sino uno a su manera: con plantas y flores donadas por amigos y familiares. Hoy, cuando camina por su jardín, camina entre memorias. Así narra el teólogo Rubén Alves una bella historia personal, para concluir: el sueño es primero, la realidad viene después.

 Nuestro país se asemeja a ese lote baldío, donde todavía se deposita mucha basura y crece la mala yerba. Un gobernante lo comparó con una finca pequeña, relativamente fácil de administrar; y lo hizo con algún éxito sembrando algunos “arboles” que todavía dan frutos; otros de su mismo partido no solo se apropiaron de los frutos sino que hasta intentaron vender los “árboles” con toda y su producción. Un gobernante, más reciente, procurando recuperar viejos anhelos de administrar bien la finquita, se propuso limpiarla de la mala yerba que había crecido mucho, sin embargo, como “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”, enfundó el machete, siguiendo el viejo consejo: “machete estate en tu vaina”.

La finquita hoy continúa encharralada, se parece a ese lote baldío expuesto a los malos hábitos que lo han convertido en un basurero público. La vecindad cercana, que logró apropiarse de las partes altas y más productivas, ve con desdén a ese predio hoy habitado también por gentes de “mal vivir”, y piensa que la única salida es que sobrevivan los que tienen que sobrevivir y los que no… Selección natural, es la receta. La vecindad más lejana, está ofreciendo recursos para limpiar el lote y ponerlo a producir, eso sí, exigiendo sacrificios a los que menos tienen.

Como se pueden dar cuenta, estamos “entre la espada y la pared”. La espada de los sectores de la oligarquía neoliberal que solo ve de arriba hacia abajo, y no hay forma de que aporten su cuota; para ellos no hay regla fiscal ni congelamiento de salarios. Y la pared de las “garroteras” internacionales, que salen de sus guaridas para comprar países y repartir miseria.

Y cuando no parece haber salida y hay que elegir entre dos opciones malas porque no hay una menos mala, como pretenden hoy los minimalistas de la política, es cuando hay que volver a soñar, y ver un jardín donde hoy solo hay basura y mala yerba. Y ser testarudos hasta más no haber, insistiendo en ese principio utópico: el sueño es primero la realidad viene después. Un después de corto y mediano plazo, porque no debe ser como las promesas paradisiacas de los “predicadores de la prosperidad”, pues “en el mientras tanto estaremos muertos”.

Enfrentamos un gran desafío: superar, al menos, tres contradicciones que hoy nos tienen en la condición de lote baldío. La primera, y fundamental, es la de un país que habiendo impulsado un modelo de desarrollo económico socialmente solidario, ahora haya permitido una concentración de la riqueza que lo ubica entre los más desiguales del mundo. La segunda, es la de un país que supo apostar por universalizar la salud, la educación y los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, y hoy, en lugar de fortalecerlos, los deteriora y hasta los ha venido privatizando, es decir, restándoles rentabilidad social a cambio de rentabilidad económica de mercado. Y la tercera, es que siendo un “país ecológicamente rico” (Silvia Rodríguez) siga siendo “socialmente pobre”; no haya alcanzado a revertir esa riqueza para beneficiar a zonas, paradójicamente de alto potencial turístico, que son las más deprimidas económica y socialmente, tales como Limón, Puntarenas y Guanacaste.

Alguien dijo que un pueblo se construye cuando hay un sueño común y compartido. Hoy más que nunca requerimos abrazar ese sueño común para construir un mejor país entre todos, sin exclusiones, asumiendo también responsabilidades compartidas.

 

Imagen: http://otrasvoceseneducacion.org/