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Etiqueta: justicia tributaria

Por los caminos tenebrosos de Trump y Bolsonaro

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

No faltaba más que nuestro gobierno emulara los tenebrosos caminos elegidos por Donald Trump y Jair Bolsonaro para encarar la pandemia. Es decir, impulsar medidas tímidas que subestiman la crítica situación actual, cuando los contagios cobran cada día más víctimas, especialmente entre jóvenes, los hospitales están saturados y los trabajadores de la salud y la educación se exponen cada vez más a contagios y muertes.

Un paciente de 27 años con 102 días conectado a un respirador artificial y otros 11 en condiciones similares, un destacado y querido periodista de mediana edad fallecido recientemente y 20 muertos por día en promedio por semana, al parecer, no son razones suficientes para una declaratoria de alerta roja. Estamos frente a un gobierno que da las espaldas a la realidad y a las demandas de un cuerpo médico que sí tiene sensibilidad para sopesar las dimensiones de la crisis por la que atraviesa el país. Tampoco atiende al llamado de los educadores, que se parten la espalda para atender a sus estudiantes desde la casa y con sus recursos (computadora, pago de internet, electricidad y muchas horas extras no pagadas).

 Se pregunta uno, cuáles son los cálculos políticos o económicos detrás de estas medidas paliativas que se resisten a “tomar el toro por los cuernos”, y dar un mazazo que nos ponga en cintura. Continúa este gobierno poniendo la carreta delante de los bueyes. Es decir, protegiendo la economía de los pocos que no se han visto afectados por la pandemia: las grandes cadenas de supermercados, los exportadores y el sistema bancario que continúa con sus arcas llenas, mientras los pequeños y medianos comerciante y emprendedores regatean las migajas que caen de la mesa.

No hay voluntad para tomar medidas más restrictivas porque no se quiere tocar el bolsillo de quienes sí pueden aportar para que haya un salario universal digno para desempleados y subempleados, al menos mientras se supera esta etapa crítica y se abren mejores horizontes para una reactivación social y económica.

Este país se siente huérfano con un gobierno que no le escucha, y más bien se enclaustra en su palacio; incluso no da la cara en los momentos más álgidos, cuando los médicos se enfrentan a la disyuntiva de a quién dejar vivir y a quién exponer a la muerte por falta de camas.

El expresidente Donald Trump dijo: “siempre quise minimizarlo. Todavía prefiero minimizarlo, porque no quiero crear pánico”. Por su parte, ya sabemos de los desplantes de Bolsonaro calificando de “gripiña” a la enfermedad producida por el Covid 19.

No hemos escuchado esos exabruptos de don Calos Alvarado, pero ¿acaso la actitud y el comportamiento, rayano en la resistencia a tomar medidas restrictivas adecuadas, no dice lo mismo o más que esas palabras?

Impuesto Mínimo Global – implicaciones tributarias

SURCOS comparte la siguiente información:

Desde la Fundación Friedrich Ebert (FES) y el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (OES-UNA), se les invita a participar del seminario web: Impuesto Mínimo Global – implicaciones tributarias.

El cual se llevará acabo el día jueves 13 de mayo, de 4:00 p.m. a 6:00p.m., mediante la plataforma de ZOOM, asimismo se transmitirá vía Facebook live; FESAMERICACENTRAL.

Para realizar el proceso de inscripción deben acceder al siguiente enlace https://zoom.us/meeting/register/tJ0tcO-urDsrG9e678NlvW39T7N6Thb96PRC

Luego de la inscripción, recibirá un correo electrónico de confirmación con el enlace personal y código de acceso para unirse al seminario web. Si no recibe la información, por favor escribir al correo c.avila@fesamericacentral.org

Se recoge lo que se siembra

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

Se flexibilizaron las medidas para evitar los contagios del Covid 19 en Semana Santa, sin establecer los controles adecuados. Se pretendía un objetivo loable como era reactivar el turismo pero, debido al exceso de permisividad, lo que se reactivaron fueron los contagios que hoy tienen al sistema hospitalario colapsado, una tendencia creciente de contagios en la población joven y un país con una imagen que no favorece el turismo extranjero.

Y ahora, como quien no quiere aprender de sus errores, el gobierno insiste en mantener las clases presenciales aduciendo que los datos no confirman que los centros escolares sean focos fundamentales de contagio.

La misma lógica podría haber inducido a la apertura descontrolada para incentivar la actividad turística, toda vez que los hoteles y en general los negocios dedicados a esta actividad, al cumplir rigurosamente con las medidas higiénicas y de aforo, no constituían focos de contagio.

Sin embargo, esa lógica incurre en el error de considerar que se trata simplemente de garantizar el cumplimiento riguroso de medidas en los lugares de destino, sean hoteles o escuelas y colegios, sin considerar que con una flexibilización descontrolada se crean condiciones que favorecen la ampliación e intensificación de los contactos interpersonales e intergrupales, principales fuentes de proliferación del virus.

En ambos casos, la falta de aplicar medidas más rigurosas de control induce a transgredir las normas y hábitos recomendados: distanciamiento, uso de mascarilla y no romper las burbujas. Debido al enclaustramiento por tiempos prolongados, al relajar medidas, en un país donde se combina la “cultura del guaro” con la del “me importa a mí”, no se puede esperar sino un ambiente de fiesta y jolgorio, que sí son focos de contagio.

Estamos ante el fenómeno que el sociólogo Tomás Merton calificaba como las consecuencias no intencionadas o no previstas de la acción social, es decir aquellas situaciones que no son inducidas de manera intencional, pero que se dan, algunas veces sorpresivamente. Y en las condiciones actuales, se trata de consecuencias indeseables que tienen un efecto sanitaria y socialmente lesivo.

Así las cosas, no se trata de justificar con datos que la presencialidad en el aula no es la causa fundamental de contagios, sino de valorar en su justa proporción esos comportamientos indeseables que se desatan, contribuyendo a intensificar los contagios. Además, no sólo estamos ante un problema cultural del comportamiento anómalo de los estudiantes sino también limitaciones importantes de la infraestructura escolar y colegial y falta de suficientes recursos y personal preparado para garantizar mejores condiciones higiénicas, así como para la supervisión de la población estudiantil. También, se requiere personal en salud ocupacional que garantice las mejores condiciones de trabajo saludable para el personal docente y administrativo de las instituciones educativas. Todo ello implica prestar atención a una mayor y mejor inversión en educación, siendo que es el factor decisivo para el desarrollo y bienestar del país.

En este aspecto, cabe señalar la falta de inversión por parte del Estado en las actuales condiciones de crisis económica y social provocada por la pandemia. Como se ha informado, el país está en último lugar, en este tipo de inversión, entre los países miembros de la OCDE.

Para encarar la crítica situación que enfrentamos se requieren medidas extraordinarias como las que se dan en un estado de guerra o posguerra. Es razonable y debería acogerse sugerencias como las formuladas por los investigadores y profesores de la Universidad Estatal a Distancia, por ejemplo, entre otras, aplicar una deducción a todos los salarios del sector público y privado a partir del monto que devenga un catedrático universitario. También a las grandes empresas, instituciones financieras y grandes patrimonios. Quizá, un impuesto similar al 10% que decretó la Junta de Gobierno de posguerra civil para atender a la reconstrucción social y económica del país. El Estado debe garantizar el bien común, y la Constitución lo faculta para tomar esas y otras medidas.

El gobierno también debe acoger, sin dilación, la iniciativa privada de contribuir a acelerar el proceso de vacunación aportando recursos humanos y de infraestructura y ofreciendo las vacunas a precio de costo. Es un gesto solidario en tiempos donde es antiético utilizar la pandemia para obtener dividendos políticos o económicos. No hay que escatimar esfuerzos y recursos para vacunar cuanto antes a toda la población. El dinero no debe ser la excusa, y hay que recurrir a vacunas disponibles más allá de las farmacéuticas que han sido contratadas.

La apuesta por el préstamo del FMI, como el milagro que va a salvar al país, tiene paralizado al gobierno para tomar acciones y medidas urgentes, como las mencionadas. Llegó la hora de que nos despertemos y comprometamos solidariamente para reactivar social y económicamente al país.

Por otra parte, aunque pudiéramos estar a las puertas de ver la “luz al final del túnel”, en estos momentos la oscuridad avasalla, y el gobierno no debería seguir sembrando vientos para recoger tempestades. Los datos son útiles, cuando su interpretación no es mecánica, como si se bastaran a sí mismos. Hay que ver más allá del dato: la realidad.

 

Foto: SINART.

Plantón de Solidaridad con Colombia

SURCOS comparte la siguiente información:

Desde Costa Rica Plantón de Solidaridad con Colombia

Lugar: Cancillería de Costa Rica (Casa Amarilla, frente al Parque España)

Hora: 10:30 a.m

Día: lunes 10 mayo del 2021.

Convocan:

Ecos de Colombia

Migración y Refugio

Comité de Solidaridad con las Victimas de la Violencia en Colombia

Carta abierta a la comunidad nacional e internacional – Docentes de la Universidad de Caldas

SURCOS comparte la carta abierta a la comunidad nacional e internacional publicada por docentes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Caldas, Colombia. Las personas firmantes pertenecen al Departamento de Desarrollo Humano; el Programa de Trabajo Social; el Centro de Estudios Sobre Conflicto, Violencia y Convivencia Social; y la Maestría en Justicia Social y Construcción de Paz.

El material fue enviado a SURCOS por el educador popular Óscar Jara Holliday. Le invitamos a leer y compartir el documento presentado en una secuencia de láminas.

Ley de empleo público y congelación de los salarios

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

Dos preguntas obligatorias ante la ley de empleo público que se tramita en la Asamblea Legislativa

¿Es esta una ley que procura ordenar el empleo público y terminar con la desigualdad salarial entre instituciones, o es una disimulada ley tributaria con la cual se pretende disminuir el déficit y la deuda pública?

¿Quiénes son los trabajadores del Estado a quienes se les obligará a pagar la deuda pública, y por qué ellos llevarán la peor parte en la voracidad estatal por recaudar impuestos entre los trabajadores?

Con la ley de empleo público, actualmente en trámite en la Asamblea Legislativa, se piensa recaudar, según un estudio hecho por Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, un 1,8% del PIB por año. En la primera década un 1,31%, en la segunda un 1,72% y en la tercera un 1,46% del PIB. Esto equivale a cobrar 653.000 millones de colones por año que se le rebajará de los sueldos y salarios de los 280.00 empleados públicos. En 30 años los empleados públicos pagarán 19.590.000 millones de colones, un 54% del PIB anual. En promedio cada trabajador pagará 68,7 millones de colones.

Este gravoso e injusto impuesto que se le impone a los trabajadores equivale a descontarle en promedio 2,3 millones de colones por año, o sea 195 mil colones por mes.

Las víctimas de esta injusta tributación son:

En el año 2018 el sector público tenía empleados 275.375, en el 2019 se produciría una creación neta de 774 puestos de trabajo y en el 2020 de 367 plazas. Este conjunto pertenece a 217 instituciones, entre gobierno central, Poder Judicial, Asamblea Legislativa, municipalidades, entidades autónomas y descentralizadas.

¿Cómo se compone esta fuerza laboral del Estado?

Un 37,4% trabajan en el sector educativo, la mayor parte maestros y profesores, 103.079. Apreciables y sacrificados trabajadores que con su cultura forman a todos nuestros hijos e hijas para el servicio de la patria.

Un 20,6% son trabajadores de la salud, buena parte de ellos son médicos, enfermeras y enfermeros, auxiliares de enfermería, en los cuales ponemos nuestra vida y salud cuando más los necesitamos. ¿Cuánto sufrimiento humano son capaces de afrontar con estoicismo estos nobles trabajadores, que nos alivian y nos consuelan en nuestros padecimientos? Ellos son 56.683 empleados.

UN 9,7% trabajan en la seguridad, de ellos depende la vida y la hacienda de todos nosotros quienes ante el peligro no dudamos en marcar el 911 y ellos no dudan en exponer sus vidas para evitar el crimen y el delito. 26.748 son policías o trabajan con ellos.

Un 7,5% son trabajadores del sector de energía y ambiente; todos sabemos y comprendemos la importancia de contar con la energía diariamente en nuestro hogar y en nuestro trabajo y también cuanto les debemos a quienes cuidan el ambiente en el cual vivimos.20.677 trabajadores.

Un 6,8% trabajan en hacienda y financiero, son los “malos de la película”, los que manejan nuestros dineros, públicos y privados y de cuya honestidad dependemos todos. Estos son un conjunto de 18.772 empleados

Un 5,7% son quienes trabajan en la elaboración de leyes y su aplicación, la Corte y la Asamblea, otros “malísimos” que tanto nos hacen sufrir y tan poco que se disculpan. Aquí trabajan 15.784 funcionarios de los que no podemos prescindir y quienes en su mayor parte son inocentes de las culpas de sus mentores.

En las municipalidades trabajan 15.156 empleados, un 5,5%.

Y todos los demás son un 6,8%, es decir 18.486 empleados públicos.

La mayor parte de todos estos trabajadores, por no decir todos, tuvieron que estudiar y prepararse, con muchos años de dedicación para ejercer en forma idónea sus puestos. Nadie quiere pensar cuan importantes son sus labores, ahora el conjunto de políticos, quienes han sido los que los comandaban y quienes han equivocado el camino por el cual transitar económicamente, creando enormes déficits y aumentando la deuda pública, les pagan sus servicios condenándolos a trabajar por siempre con un mismo sueldo; o sea sin la necesaria esperanza de que su experiencia se reconozca y se aumente su remuneración en sus años de madurez profesional.

Se ufanan en desglosar la injusta tributación que les impondrán a los empleados públicos, nos dicen que lo que le cobrarán a los empleados de los ministerios será un 0,8% del PIB en la primera década, un 0,94% en el segundo y un 0,98% en el tercero. Como sabemos el grueso de trabajadores de los ministerios son los maestros y los policías, que forman en conjunto un 47% de todos los trabajadores y un 85% de los trabajadores de los ministerios, entonces nuestros amados maestros y nuestros necesarios policías sufrirán un deterioro de sus salarios de 0,68% del PIB o sea de 246.840 millones en la primera década, un 0,64% del PIB, o sea 230.000 millones de colones, en la segunda década y un 0,71% del PIB, o sea 255.000 millones de colones, en la tercera década.

Esto equivale a un impuesto de 7.320.000 millones de colones en treinta años, que equivale a pagar en treinta años cinco PIB anuales, en términos porcentuales un 20,3% del PIB.

En promedio cada trabajador tributará 56,300.000 colones en los primeros treinta años, ya que adelante no recibirán tampoco incentivos salariales de ninguna especie.

Los empleados de la CCSS deberán tributar a su vez un 2,7 % del PIB en la primera década, un 4,3% del PIB en la segunda década y un 2,7% del PIB en la tercera década, en total en treinta años tributarán 9,7%del PIB que equivale a pagar 3.521.100 millones de colones en treinta años.

Ante esta inicua agresión de la clase política a los trabajadores del sector público es previsible una reacción equivalente, que sucederá pronto y por la vía más expedita. No es justo que todo el peso de la deuda se le recargue al sector trabajador cuando debería distribuirse proporcionalmente a todos los ciudadanos que estén en capacidad de contribuir con una disminución de los ingresos.

Alguien me dirá que este no es un impuesto, es cierto, pero en sus consecuencias es idéntico a tal. La diferencia es que el impuesto de descuenta del salario antes de ser pagado, este proceso de congelar los salarios negándoles sus aumentos anuales, se diferencia en que ya no será necesaria la deducción, porque el salario no tendrá el aumento y se evitarán la anotación que requeriría el impuesto.

Muy ingenioso, verdad.

Nota: Todos los cálculos están basados en publicaciones del periódico La Nación del 13 de setiembre de 1919 la cantidad y distribución de los empleados públicos y del 9 de abril del 2021 los cálculos de MIDEPLAN sobre el Proyecto de Empleo Público.

 

Foto: MEP

¡OTRA COSTA RICA ES POSIBLE!

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo.

El lote baldío detrás de la tapia de su casa se convirtió en un basurero, pero él no veía un basurero, veía un jardín. Varios años después con sus ahorros pudo adquirir el lote y hacer un jardín; no cualquier jardín convencional sino uno a su manera: con plantas y flores donadas por amigos y familiares. Hoy, cuando camina por su jardín, camina entre memorias. Así narra el teólogo Rubén Alves una bella historia personal, para concluir: el sueño es primero, la realidad viene después.

 Nuestro país se asemeja a ese lote baldío, donde todavía se deposita mucha basura y crece la mala yerba. Un gobernante lo comparó con una finca pequeña, relativamente fácil de administrar; y lo hizo con algún éxito sembrando algunos “arboles” que todavía dan frutos; otros de su mismo partido no solo se apropiaron de los frutos sino que hasta intentaron vender los “árboles” con toda y su producción. Un gobernante, más reciente, procurando recuperar viejos anhelos de administrar bien la finquita, se propuso limpiarla de la mala yerba que había crecido mucho, sin embargo, como “no es lo mismo verla venir que bailar con ella”, enfundó el machete, siguiendo el viejo consejo: “machete estate en tu vaina”.

La finquita hoy continúa encharralada, se parece a ese lote baldío expuesto a los malos hábitos que lo han convertido en un basurero público. La vecindad cercana, que logró apropiarse de las partes altas y más productivas, ve con desdén a ese predio hoy habitado también por gentes de “mal vivir”, y piensa que la única salida es que sobrevivan los que tienen que sobrevivir y los que no… Selección natural, es la receta. La vecindad más lejana, está ofreciendo recursos para limpiar el lote y ponerlo a producir, eso sí, exigiendo sacrificios a los que menos tienen.

Como se pueden dar cuenta, estamos “entre la espada y la pared”. La espada de los sectores de la oligarquía neoliberal que solo ve de arriba hacia abajo, y no hay forma de que aporten su cuota; para ellos no hay regla fiscal ni congelamiento de salarios. Y la pared de las “garroteras” internacionales, que salen de sus guaridas para comprar países y repartir miseria.

Y cuando no parece haber salida y hay que elegir entre dos opciones malas porque no hay una menos mala, como pretenden hoy los minimalistas de la política, es cuando hay que volver a soñar, y ver un jardín donde hoy solo hay basura y mala yerba. Y ser testarudos hasta más no haber, insistiendo en ese principio utópico: el sueño es primero la realidad viene después. Un después de corto y mediano plazo, porque no debe ser como las promesas paradisiacas de los “predicadores de la prosperidad”, pues “en el mientras tanto estaremos muertos”.

Enfrentamos un gran desafío: superar, al menos, tres contradicciones que hoy nos tienen en la condición de lote baldío. La primera, y fundamental, es la de un país que habiendo impulsado un modelo de desarrollo económico socialmente solidario, ahora haya permitido una concentración de la riqueza que lo ubica entre los más desiguales del mundo. La segunda, es la de un país que supo apostar por universalizar la salud, la educación y los servicios de agua, electricidad y telecomunicaciones, y hoy, en lugar de fortalecerlos, los deteriora y hasta los ha venido privatizando, es decir, restándoles rentabilidad social a cambio de rentabilidad económica de mercado. Y la tercera, es que siendo un “país ecológicamente rico” (Silvia Rodríguez) siga siendo “socialmente pobre”; no haya alcanzado a revertir esa riqueza para beneficiar a zonas, paradójicamente de alto potencial turístico, que son las más deprimidas económica y socialmente, tales como Limón, Puntarenas y Guanacaste.

Alguien dijo que un pueblo se construye cuando hay un sueño común y compartido. Hoy más que nunca requerimos abrazar ese sueño común para construir un mejor país entre todos, sin exclusiones, asumiendo también responsabilidades compartidas.

 

Imagen: http://otrasvoceseneducacion.org/

El lobo y la oveja

Hernán Alvarado

El 24 de octubre de 2020, La Nación publicó en su página 15 un artículo un poco raro de un autor tristemente célebre, titulado: «El instrumento y la toalla», factura del primer ciudadano de la República. Fue una comunicación baladí, tan inocua que pasó inadvertida, pese a que informa tanto sobre quién gobierna; o cuando menos sobre su megalomanía -conocido efecto del ejercicio del poder. Tal vez fue otro intento desesperado de mejorar imagen, mientras repite, pendiente abajo, que no le «…importa el costo político personal o la vanidad de la popularidad.»

Si los diputados hubieran cumplido con la reforma constitucional del artículo 9, del año 2003, y hubieran aprobado ya la revocatoria de mandato, otro gallo le cantaría. Hasta entonces la rendición de cuentas del artículo 11 seguirá siendo un saludo a la bandera. Pero el último informe de este mandatario fue más bien un insulto al Soberano. Raro también que mencione, entonces, en este extraño artículo, su «corazón republicano».

Dime con quien te comparas…

El artículo presenta un asunto personal y excepcional, a la sombra del actual «contexto crítico», «…coyuntura tan dura para el país». Y «más que para mostrar espiritualidad» lo hace para «delinear los valores» que guían su conducta. Ahora bien, ¿qué sentido tiene ventilarlos públicamente? ¿Acaso combate así la imagen de ateo que sus oponentes han querido endilgarle? Más adelante llega a afirmar que «Gracias a Dios no le debo nada a nadie, más que a mi familia… y al banco». ¿Y a sus electores, tampoco les debe nada? Confiesa, quizá sin querer, que el voto es para él un cheque en blanco, lo que explica bastante bien por qué gobierna como lo hace.

Al Presidente no le interesa mostrar espiritualidad, pero se apoya en una «oración que durante cinco años repetí en las mañanas y arraigó en mí como principio orientador de vida». Enseguida cita la oración que comienza diciendo: «Señor, hazme instrumento de tu paz…». Entonces, corresponde aludir primero al sujeto omitido de la oración, a Francisco de Asís (1182-1226), figura extraordinariamente significativa.

Francisco encontró su fe en el templo de San Damián, donde una imagen de Jesucristo le pide restaurar su iglesia en ruinas. Él restauró su templo, pero también su iglesia, es decir su pueblo, fundando tres órdenes religiosas. El que bautizaron Juan representa la esperanza del cristianismo, porque sustituye la pasión del sacrificio por el gozo de una presencia suprema. Lejos de fundar su fe en el miedo y el castigo, la busca en el amor humano. Francisco de Asís renuncia a su riqueza material y a sus títulos de nobleza para convertirse en un instrumento de paz; renuncia al ejército papal, a su ropa, incluso renuncia a ser sacerdote, por no considerarse digno de la investidura. Su mensaje es tan potente porque predica con el ejemplo; cuidando a los pobres, a los enfermos y protegiendo a los animales. La leyenda del lobo retrata bien su apuesta ética. Se cuenta que Francisco pactó con un lobo que azotaba a la ciudad de Gubbio; fiera que merecía el peor castigo. Pero su compasión lo amansa y convence a los pobladores de alimentarlo, en vez de perseguirlo. Su mensaje es conciliador y convoca a una convivencia pacífica, esperanzada y dichosa. En ese sentido, el Papa actual eligió muy bien su nombre, el cual porta con suma dignidad, aunque por ser la primera vez parezca más bien un síntoma.

Nada en común, entonces, con el estilo de gobierno del Presidente; así que se ve enseguida que la comparación no aplica. Más aún, resulta chocante que aluda a una voluntad espiritual tan radical para referirse a un ejercicio político tan superficial, que ha traído dolor y decepción a tanta gente; entre otros, a los miles de despedidos durante la pandemia para cuidar la rentabilidad de las empresas y los cientos de jubilados a quienes se les ha metido, descaradamente, la mano en el bolsillo.

Bien haría el señor Presidente en seguir el ejemplo de Francisco, renunciando a su arrogancia y mejor aún a su puesto, tan mal ejercido hasta ahora; por haber convertido la Presidencia de la República en piedra de discordia; en vez de erigirla, según había prometido, y según su deber, en atalaya de la concordia nacional. Por otra parte, hasta ahora él solo ha renunciado a una pensión que todavía no tiene y a una popularidad que ya había perdido irremediablemente.

¿Otro falso mesías?

El Presidente piensa que nos ha salvado de lo peor, prestándose como «un instrumento para el país», «…para hacer las cosas que antes no se quisieron o no lograron hacerse». En cambio, él quiso y pudo hacerlas porque comprende que la popularidad, que lo puso ahí, es pura «vanidad». En particular, para quien se siente llamado a «evitar una nueva crisis social, económica y política». Por eso, afirma que en el tiempo que le queda seguirá resolviendo «…por el fondo, no cosméticamente, y menos aún pateando la bola al próximo gobierno.»

Según lo que dice, él piensa que nos alejó del abismo con la reforma fiscal, aunque no hay mejor ejemplo de una decisión cosmética, que beneficia a unos cuantos y tira la bola hacia adelante. No hay mejor muestra de que en este país la clase política le tiene miedo a la mafia empresarial. La misma que hace «clavos de oro», goza de jugosas exenciones y amnistías, evade y elude sus obligaciones fiscales, se roba el impuesto de ventas, contrabandea y estafa impunemente. Cuando haya investigación en serio seguro que se encontrará también su asocio, de larga data, con el narcotráfico; con el que comparte la manía de esconder ganancias. Al respecto, el Presidente puede preguntarle a su principal asesor, el ministro que lo enlaza con el sector privado. La mafia empresarial demanda mejores servicios y carreteras, junto con el recorte del gasto público, trapito de dominguear del Presidente que revela para quien trabaja tanto.

La pandemia, junto con la crisis que desató, puso en evidencia que fue una falsa solución, una medida remendona para evadir el problema de fondo, o sea, una reforma fiscal justa y progresiva. Ahora el virus le sirve de excusa, aunque mala porque su eventualidad fue prevista desde el 2015; prueba de ello es que ya casi se tenían las vacunas listas. Hoy que el país se encuentra sumido en la anunciada crisis fiscal y en una más profunda crisis económica, el Presidente declara impávido que «Si aspiré a gobernar fue para evitar a toda costa una dolorosa crisis fiscal para las personas del país, apelmazada por 20 años durante los cuales, por un motivo u otro, no se concretaron las soluciones.»

Él está convencido de haber evitado lo peor, de haber sido un instrumento «en especial para quienes sufren pobreza y desempleo», bajo el alero de un manoseado argumento neoliberal: la medicina es amarga, pero es mejor que la enfermedad; las medidas son dolorosas, pero sería peor no tomarlas. El problema es que después de 40 años de neoliberalismo la enfermedad se ha agravado cada vez más pues la verdadera pandemia es la desigualdad social, resultado de esa política económica impuesta, desde el «consenso de Washington», mediante una dictadura en «democracia», ejercida con desparpajo por esos «representantes» que no escuchan, ni respetan, ni rinden cuentas a quienes los eligieron; puesto que ya se sabe que «La clase política no le tiene miedo al pueblo» (diputada del PLN, Yorleny León).

Si se ha gobernado o no para los pobres y desempleados lo dirán próximamente, en las urnas, los jóvenes, las personas con discapacidad, los vendedores ambulantes, las pequeñas empresas familiares, las jefes de familia, los pequeños agricultores abandonados hace años, los trabajadores despedidos, las comunidades pesqueras y fronterizas, las personas pensionadas. Y todos aquellos que se han quedado esperando una reactivación «inclusiva y solidaria». Admitiendo que el Presidente se ha prestado como instrumento, la pregunta entonces sería: ¿un instrumento de quién y para qué?

¿Y la oveja?

Lejos de ser instrumento de paz social, este Presidente ha venido a atizar la lucha de clases, apoyándose en la maquinaria mediática de la plutocracia. En complicidad con una Asamblea Legislativa que da vergüenza ajena, ha ignorado o vacilado a quienes protestan y proponen. Ha criminalizado las manifestaciones callejeras, ha satanizado las pensiones dignas y se ha aprovechado del confinamiento para aprobar, a toda velocidad, una serie de medidas anti-laborales, a cual más ocurrente, inconstitucional e irresponsable. Mientras tanto, los diputados se han ido a enterrar en su búnker, que más parece una caja de (mala) leche que un «santuario de la democracia».[1] Nos costará años reparar los desaguisados de este (des)gobierno.

Por otra parte, el Presidente dice que combate el populismo porque «…es la peor amenaza que nos acecha y contra el que había y hay que actuar». ¿Y por qué? Porque «…expresa odio hacia algunos o discriminación en todos los sentidos.» Sin embargo, pasa por alto que el principal rasgo populista es precisamente un líder mesiánico como él, que se sirve del odio y el miedo con la cuchara grande. Él se ha basado, por ejemplo, en las campañas orquestadas y denigrantes contra las personas jubiladas, contra los empleados públicos, contra las universidades y su autonomía, con el único fin de cargar de impuestos a las mismas espaldas de siempre y continuar con su obsesiva reducción del Estado. Ese populismo neoliberal, al que parece atado de pies y manos, muestra hoy sus garras más despiadadas, porque está más acorralado que nunca. Por eso crea enemigos por doquier, mediante campañas repetitivas de corte neofascista, a cual más mentirosa y manipuladora.

Así que no es casualidad que don Carlos haya salido premiado con el título del peor presidente, entre 11 países considerados, según información reciente de CID-Gallup; algo que no debería seguir tomando a la ligera. Ningún presidente que haga lo que hay que hacer obtendría una calificación tan mala. En definitiva, el Presidente no es convincente porque su discurso no pega con la realidad y él mismo convirtió el «diálogo nacional», su mayor esperanza, en otro simulacro mediático; para lanzarnos después en las fauces del Fondo Monetario Internacional.

En suma, estamos enfrentando a un Presidente que se cree salvador, hasta el punto de pretender compararse con Francisco de Asís; mientras hace un discurso incendiario, provocador y desafiante. Él dice que combate privilegios (de los pensionados) mientras defiende los lujos y privilegios de la mafia empresarial, al punto de que el último Ministro de Hacienda debió irse por poner el dedo en la llaga de la evasión y por no encontrar «el prócer» que necesitaba el país, según sus propias palabras, para enfrentar la delicada situación fiscal post pandemia. Lo cierto es que este gobierno ha sido, como lo expresara Luis Fernando Astorga, un gobierno de los ricos, con los ricos y para los ricos; que se ha dedicado, contra su juramento, a conculcar nuestra Constitución, actuando como una dictadura que impone su ley y su criterio, sorda a cualquier otra opinión. A eso llama gobernar con firmeza.

De ahí que la democracia liberal representativa esté tan herida de muerte, porque sus salvadores desprecian a quienes los eligen y les piden cuentas. Hoy mismo, esa élite gobernante se siente llamada a acabar con el Estado social que surgió del pacto histórico del 49. Pero un derecho es una libertad socialmente conquistada, por eso pretender transformar los derechos adquiridos en odiosos privilegios resulta tan regresivo, tan bárbaro, tan brutal como querer devolver la rueda de la historia. Eso atenta contra los derechos humanos, incluso contra el derecho de propiedad, infectando a todo el sistema de inseguridad jurídica, a penas propia de un Estado fallido. En conclusión, este gobierno arbitrario y autoritario, de corte neofascista, ha declarado repetidamente y de diversas maneras que ha venido a hacerle la guerra a nuestra paz social. A eso llama resolver los problemas del país.

Al final, el Presidente suelta su broma: «¿Y la toalla? Solo me sirve para secar sudor y arropar el amor por Costa Rica». Un intento ingenioso, aunque malogrado, que más bien parece otra «burrada», porque ¿en qué cabeza cabe que el amor por Costa Rica necesita ser arropado y además con una toalla sudada?[2] Para colmo, don Carlos ha resultado, como Presidente, un mal comunicador y humorista. ¿Y la oveja? Sirva solo para recordar que hoy abundan los lobos que suelen arroparse con su linda piel.

[1] Sobre la estética fascista de ese edificio ver el excelente artículo de Laura Flores Valle en el Fígaro, titulado: Mirar y obedecer: la estética autoritaria del nuevo edificio legislativo; se encuentra en: el-figaro-net.

[2] «Si digo una burrada me corrigen porque yo no paso de periodista» Carlos Alvarado, 21 de noviembre de 2020.

Solicitud al presidente de la República Carlos Alvarado Quesada y a la Fracción Legislativa del Partido Acción Ciudadana

Los riesgos de lesionar el principio constitucional de la Autonomía Universitaria

Costa Rica y el mundo en general, son escenario del avance de corrientes de pensamiento conservadoras que han permeado la economía, la política, la ciencia y la cultura. Los avances del pensamiento retrogrado en momentos de crisis sanitaria, económica, financiera y ambiental afectan como un todo el Estado social de derecho, y, de modo particular, a las universidades públicas. Es desde esta óptica que debemos valorar el riesgo que se cierne sobre la Autonomía Universitaria en el proyecto de ley 21.336, Ley marco de Empleo Público.

La Constitución de 1949, en el artículo 84, recoge una de las reivindicaciones más significativas de la modernidad y del pensamiento universal humanista: la independencia de la ciencia, la creación y la cultura, del poder político. Con sabiduría, el texto constitucional, tal y como lo ha señalado la Sala Constitucional (Sentencia No. 001313 de 1993), otorga a las universidades públicas independencia para el desempeño de sus funciones y plena capacidad jurídica para adquirir derechos y contraer obligaciones, así como para darse su organización y gobierno propio.

Transferir decisiones del régimen laboral o de la planificación institucional hacia instancias del Poder Ejecutivo contraviene seriamente esta autonomía y la Constitución Política. El texto de la Ley Marco de Empleo Público es esencialmente fiscalista. Más allá de las partes introductorias de la ley, no hay una preocupación real por el valor público que deben generar las instituciones estatales –razón sustantiva de la reforma del Estado que debe impulsarse, con un amplio diálogo nacional–.

Los nudos del debate dejan ver con claridad la intencionalidad real del texto de ley: reducción del gasto público a través de los salarios como medida para paliar la crisis fiscal, dicen sus promotores y propagandistas. Sin embargo, poco o nada interesa en el debate legislativo la calidad del trabajo público, la pertinencia de los procesos de trabajo, productos o resultados institucionales, el reto de la multidimensionalidad y articulación territorial de la gestión pública. Todos ellos temas sustantivos en la calidad de la gestión del trabajo humano en el seno del Estado.

No obstante, igual o mayor esfuerzo ponen en ocultar que la crisis fiscal obedece a la baja recaudación de impuestos del país, a contar con una de las deudas más caras del mundo, a la porosidad tributaria que permite la elusión y la evasión fiscal, el contrabando y la expatriación de riqueza generada nacionalmente hacia paraísos fiscales u oculta a través de entramados jurídicos locales e internacionales.

Las mismas fuerzas que hoy atizan los prejuicios contra las universidades públicas y los universitarios, a través de información distorsionada o parcial, cierran trincheras y hacen uso de su capacidad de presión y de amenaza para oponerse a cualquier avance en la ruta de una mayor progresividad y transparencia tributaria.

Es real el riesgo de avanzar en una ruta nefasta, en un entorno y en un momento de posicionamiento de actores y mensajes que satanizan lo público, el disenso y el avance en los derechos de las personas. Surge la amenaza de que a “pellizquitos inconstitucionales” en cadena, estas fuerzas del conservadurismo y la privatización vayan debilitando conquistas logradas en el campo de las políticas públicas que hoy, todavía nos permiten mostrarnos como una nación diferente, pese a la galopante desigualdad.

La autonomía universitaria que ha garantizado la libertad de pensamiento y el avance del conocimiento en función de las transformaciones que demanda nuestra sociedad, es una de las columnas vertebrales de nuestra democracia. La defensa de la autonomía universitaria es consecuente también con profundizar los esfuerzos que ya se están realizando en las comunidades universitarias para revisar el modelo salarial, ser más eficientes con el uso de recursos públicos y eliminar inequidades y abusos existentes.

Por lo tanto, como personas que hemos estado ligadas de diversas formas al Partido Acción Ciudadana, demandamos a nuestra fracción legislativa y al señor presidente de la República excluir a las universidades públicas del proyecto de Ley Marco de Empleo Público.

Olga Marta Sánchez Oviedo
Yamileth González García
Alberto Salom Echeverría
Luis Felipe Arauz Cavallini
Eugenio Trejos Benavides
Alicia Vargas Porras
Elizabeth Fonseca Corrales
Margarita Bolaños Arquín
Grettel Ortiz Álvarez
Olivier Pérez González
Nicolás Murillo Rivas
Fernando Rodríguez Garro
Leda María Zamora Chaves
Gerardo Fumero Paniagua
Cristóbal Granados Mora
Carlos Calvo Pineda
Edgar Gutiérrez Espeleta
Daniel Vartanian Alarcón
Jeannette Cordero Gamboa
Emilia Molina Cruz
Henry Mora Jiménez
Patricia Salgado Muñoz
Javier Cambronero Arguedas
Sarah Salazar Bonilla
Melvin Jiménez Marín
Ana Cristina Briceño Lobo
Eduardo Enrique Solís Portuguez
María Antonieta Camacho Soto
Fabián Solano Fernández
Yanina Soto Vargas
Janina Montero Cabezas