Las Américas, 27 de septiembre de 2024.Ha transcurrido una década desde la detención y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, un centro de formación de docentes ubicado en Ayotzinapa, Tixla, estado de Guerrero, México. A lo largo de estos 10 años no ha habido justicia y los avances han sido posibles por la lucha inclaudicable de los padres y madres.
La investigación de la desaparición de estos jóvenes, un gravísimo caso de violencia estatal en México, en un primer momento fue dolosamente desviada para encubrir a los responsables. A pesar de las solicitudes de los padres y madres, de sus representantes y de las autoridades fiscales, no ha sido posible el acceso pleno a información militar indispensable para esclarecer los hechos y determinar el paradero de los jóvenes. Al respecto, en agosto de 2023 el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa fue claro en señalar que el ejército mexicano contó con información sobre la detención y desaparición de los estudiantes y a pesar de esto, decidió no actuar. Los expertos señalaron también la persistencia de mentiras y engaños para encubrir a los responsables y tergiversar la verdad de lo sucedido.
En este aniversario CEJIL se une a las voces que reconocen el inmenso coraje y valentía de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos que no han cesado en su búsqueda de justicia y en su clamor por recuperar a sus hijos. Con ellas y ellos, nuestra solidaridad.
De igual manera, expresemos nuestro reconocimiento a las organizaciones que acompañan a las familias en esta lucha: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Serapaz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Estas organizaciones han sufrido acoso e intentos de desprestigio por su labor de defensa de los derechos humanos.
La desaparición forzada es un crimen que no cesa hasta en tanto no aparezcan las personas o se esclarezca su paradero. Pero, sobre todo, es una herida que no se cierra, una espera que no termina, un dolor que no encuentra alivio. Por eso, en este 10 aniversario, retomamos las demandas de familiares y organizaciones:
A las autoridades encargadas de impartir justicia, exigimos el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la identificación, juicio y en su caso sanción, de todos los responsables, tanto en la esfera civil como militar. En este proceso es indispensable asegurar investigaciones independientes y rigurosas.
A las autoridades militares, demandamos la entrega de todos los archivos en su poder relacionados con este caso, pues está claro que tienen información que puede agilizar las investigaciones.
Y a quienes asumen el nuevo gobierno, le solicitamos vehemente que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de las familias y las organizaciones que las representan, especialmente garantizar la independencia de las investigaciones para que la verdad prevalezca en este caso. Es indispensable en el proceso que se reconozca y respete la legitimidad de la defensa de los Derechos Humanos y cesen los ataques a las organizaciones.
Finalmente, reiteramos la exigencia de que se determine el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. Les faltan a sus familias, le faltan a México, nos faltan a toda la humanidad.
El Tribunal absolvió al asesino confeso de Jerhy Rivera en un acto contra los pueblos originarios y las personas líderes indígenas, de racismo e impunidad.
El próximo jueves 26 de setiembre a las 3:30 pm se realizará un plantón por la exigencia de justicia para Jehry Rivera, se llevará a cabo frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia.
Se invita a todas las personas a ver el programa Mi solidaridad con Palestina 2024, estrenado este lunes 23 de septiembre de 2024, a las 9:00 am. Para más información, le invitamos a observar este video.
Imagina que un ejército invasor Te quita el agua, destruye tus siembras, encarcela a tus hijos.
Llega a tu pueblo, te saca con tu familia de tu casa, te la quita y la destruye, te obliga a migrar a otro sitio.
Imagina que mientras migras con tu familia te bombardean y tienes que huir a otro sitio.
Imagina que mientras tienes que huir de la represión, te bombardean y mueren tus hijos o tu esposa.
Ahora imagina que tienes que recoger, si tienes suerte, el cuerpo de tus hijos de entre los escombros.
Imagina que al final el que muera sos vos, ¿Te gustaría, verdad que no?
El pueblo de Palestina no lo imagina, lo vive.
Un ejército fascista, igual al de Hitler, invadió, asesinó y obligó a millones de palestinos a salir de sus casas, de su tierra, de su Patria.
Un ejército genocida quiere asesinarlos a todos, y el mundo calla, cierra lo ojos, miente y tergiversa la historia. Eso es inhumano, inmoral y cruel.
Yo no soy de esos que callan. Yo estoy con Palestina, por justicia y libertad para Palestina. Que se detenga el genocidio, el terrorismo y la muerte.
Por eso me manifiesto, como costarricense, contra la complicidad política y militar de nuestros gobiernos, politiqueros y corruptos, que violentan nuestros principios de país de paz, y que por servidumbre buscan la guerra y la muerte para otros pueblos, que desde EEUU e Israel, ejecutan contra Palestina y también contra otros pueblos del mundo que no se arrodillan ante el imperio.
Palestina nos necesita, nos llama a la solidaridad, grita por auxilio, por paz y libertad.
NO calles, une tu voz a la de millones que exigen que se detenga este criminal genocidio.
El 7 de marzo de 2023, se formalizó la creación de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811, un esfuerzo conjunto entre diversas comunidades de la zona con el objetivo de luchar por la mejora de esta vía. La ruta 811, que conecta a seis comunidades importantes, incluyendo La Ligia, Santa María, Irlanda, Santa Rosa, La Lucha y Escocia, se encuentra en un estado crítico, afectando gravemente la calidad de vida de sus habitantes y de aquellos que dependen de ella para desplazarse.
Silvia, una vecina de la comunidad de Escocia, destaca los esfuerzos que han realizado para hacer visible su problemática. Menciona que las comunidades han trabajado incansablemente, acudiendo a sesiones municipales, enviando cartas tanto al gobierno central como a las instituciones encargadas de infraestructura vial, como el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). A pesar de sus múltiples gestiones, la situación sigue sin resolverse, lo que ha llevado a la comisión a buscar nuevos medios para difundir su causa, usando diversas plataformas para hacer escuchar su voz.
Damaris Leiva Bermúdez, residente de la comunidad de Irlanda, también expresa su preocupación sobre el mal estado de la ruta y la frustración de no haber sido incluida en los planes de pavimentación aprobados recientemente. A pesar de que algunas comunidades se beneficiarán de la pavimentación parcial, Irlanda ha sido excluida del presupuesto asignado, lo que Damaris considera injusto tras 40 años de espera. Su testimonio refleja la impotencia de una comunidad que, aunque cercana a las mejoras, sigue marginada de los proyectos de infraestructura.
Por su parte, Félix López, coordinador de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de ruta 811 y residente de Río Jiménez, destaca la importancia de la ruta 811 para la región. Explica que esta zona es un centro agrícola clave, con producción de piña y banano, así como de ganado, y que la situación de la carretera afecta tanto la movilidad de los productos como la vida diaria de los habitantes. Félix subraya que durante el verano la ruta se convierte en una nube de polvo que afecta la salud de las personas, especialmente los adultos mayores y los niños con problemas respiratorios. En invierno, el barro impide el acceso adecuado a los servicios esenciales, como la educación y la salud, y agrava la situación de las familias. López también advierte que, debido al estado deplorable de la carretera, los servicios de transporte público, ambulancias y otros vehículos de emergencia ya no quieren transitar por la ruta, afectando aún más la vida diaria de estas comunidades. Aunque reconoce el avance de la aprobación de una parte del pavimento, recalca la necesidad de seguir luchando para que toda la ruta sea reparada.
La comisión ha recibido una carta de respuesta por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que aclara algunos puntos importantes sobre el financiamiento del proyecto de asfaltado. En la misiva, se confirma que el proyecto tiene un financiamiento aprobado de más de ₡1.000 millones, provenientes de los fondos del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín, destinado a la conservación de 11,07 km de la ruta 811, abarcando las secciones que conectan La Ligia, Irlanda y Río Jiménez. Además, se informa que el proyecto tiene un plazo máximo para su culminación en septiembre de 2026 y que la ejecución estará a cargo de la Municipalidad de Guácimo con el respaldo técnico del CONAVI.
Sin embargo, la carta de JAPDEVA, aunque ofrece una respuesta oficial, no aborda directamente las preocupaciones de las comunidades excluidas, como Irlanda, lo que deja una sensación de incertidumbre sobre si se tomarán acciones adicionales para beneficiar a todas las comunidades afectadas. Esto ha motivado a los líderes comunales a mantener su lucha, buscando soluciones integrales para que toda la ruta 811 sea mejorada en su totalidad, sin dejar a ninguna comunidad atrás.
En un período de 11 meses, más de 41 mil personas palestinas, en su mayoría mujeres, niñas y niños, han perdido la vida debido a los ataques en la Franja de Gaza. Se estima que el número real podría ascender a las 300 mil víctimas. La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) ha exigido a Israel que ponga fin a su presencia ilegal en los territorios palestinos ocupados en un plazo de 12 meses, una demanda que sigue siendo ignorada por el Estado israelí.
El impacto de la ofensiva israelí no se limita a las pérdidas humanas. Gaza enfrenta un desastre humanitario de gran escala. Se estima que limpiar las 40 millones de toneladas de escombros, algunos contaminados con asbesto y restos humanos, llevará al menos 15 años. La destrucción de más de 80 mil viviendas ha desplazado a miles de familias, y la reconstrucción de la ciudad podría alargarse hasta 2040 o más. Durante este proceso de reconstrucción, más de 220 empleados de la ONU han perdido la vida, lo que resalta los riesgos a los que están expuestos aquellos que trabajan en terreno para ayudar a la población civil.
La Corte Internacional de Justicia dictaminó que los territorios palestinos ocupados constituyen una unidad y que las acciones de Israel violan el derecho internacional y los derechos humanos. Sin embargo, la violencia continúa, exponiendo a miles de niños palestinos a situaciones de trauma y violencia sistemática, desafiando las leyes internacionales de protección a la infancia.
En este marco de destrucción, enfermedades antes erradicadas como el virus de la polio han resurgido debido al colapso del sistema de salud. La situación es crítica, y las voces de la comunidad internacional, lideradas por la ONU, continúan clamando por justicia y un alto al genocidio.
El 7 de octubre, a las 5:00 p.m., se llevará a cabo una vigilia frente a la Asamblea Legislativa en conmemoración de un año del genocidio en Palestina, organizada por la Red de Solidaridad con Palestina. Esta vigilia busca sensibilizar y exigir el fin inmediato de las hostilidades y la ocupación israelí.
En contraste, la embajada de Israel y sectores sionistas han planeado una actividad paralela que ha sido descrita como una celebración camuflada de crímenes de lesa humanidad, apoyada por diputados afines al régimen israelí. Mientras tanto, la cifra de víctimas, la mayoría de ellas niños, periodistas, médicos y personal de Naciones Unidas, sigue aumentando.
«Nadie es libre hasta que Palestina sea libre» se ha convertido en el lema de aquellos que luchan por la paz y la justicia en este conflicto que ha cobrado la vida de miles de inocentes.
*Resoluciones judiciales sobre las muertes de los señores Sergio Rojas y Jerhy Rivera Rivera, activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
En el primero de los casos dictándose un sobreseimiento definitivo y en el segundo es hasta el día de día de hoy, 19 de setiembre del 2024, cuatro años después de la muerte del señor Rivera Rivera que los tribunales de Pérez Zeledón absuelven del delito de homicidio al presunto imputado, después que un Tribunal de Apelación de Cartago anulara el primer juicio en que se le había dado una sentencia de 22 años de cárcel.
Durante los doce años de vigencia desde la emisión de la Medida Cautelar 321-12 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han sido pocos o escasos los esfuerzos y gestiones efectuadas por parte del Estado costarricense para proteger a las dirigencias indígenas a las cuales tutela esta medida cautelar; ejemplo de ello han sido las muertes de Sergio Rojas indígena Bribri de Salitre y Jerhy Rivera indígena Teribe de Térraba, ambos vecinos y representantes de los territorios indígenas beneficiarios de la medida cautelar.
Fue el 30 de abril del 2015, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos determinó que lo expuesto por las personas peticionarias de los pueblos indígenas costarricenses reunía los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad, por lo que otorgó la medida cautelar y solicitó al gobierno de la República de Costa Rica que adoptara las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de los miembros del pueblo indígena Teribe de Térraba y del pueblo indígena Bribri de Salitre; y que informara sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así evitar su repetición.
A pesar del dictado de la Medida Cautelar y las obligaciones emitidas al Estado Costarricense el día 18 de marzo del 2019 fue asesinado en su casa, Sergio Rojas Ortiz, indígena bribri de Salitre. Asimismo, el día 24 de febrero del 2020 fue asesinado Jerhy Rivera Rivera.
La violencia ha escalado en diferentes territorios indígenas del país extendiéndose de Salitre y Térraba a China Kichá y Cabagra; asimismo, como se indicó en el Informe Anual 2019-2020 de la Defensoría de los Habitantes “en algunos medios de comunicación y en las redes sociales se han exacerbado los discursos de odio de índole racista, y se han criminalizado las reivindicaciones indígenas de derechos. A la fecha, no se ha detenido a ninguna persona ni se ha sancionado a nadie por todos
estos hechos. Este panorama pone en evidencia que las acciones estatales no han sido suficientes, para alcanzar el fin pretendido de garantizar la vida e integridad personal, así como el acceso a la justicia de los miembros de los pueblos indígenas de Térraba y Salitre, y evitar así la repetición de los hechos que dieron lugar a la adopción de la Medida Cautelar”.
Situación por la cual la Defensoría de los Habitantes clama por la Justicia Pronta y Cumplida y hace un llamado vehemente al Estado Costarricense a combatir la impunidad y evitar la escalada de violencia dentro de los territorios indígenas. Ante tan lamentables hechos, se hace un llamado público a la paz y la no violencia ante las resoluciones emitidas en los casos de los señores Sergio Rojas y Jerhy Rivera Rivera activistas y defensores de los derechos humanos de los pueblos indígenas.
La Defensoría de los Habitantes como Institución Nacional de Derechos Humanos, envía un abrazo fraterno a sus familiares y a los pueblos indígenas del país, para que sus voces son escuchadas y continuar en esta lucha por la promoción y defensa efectiva de sus Derechos Fundamentales.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
En febrero de 2020, Jehry Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente, la vida y los derechos de los pueblos indígenas, fue asesinado durante un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo debido a la falta de justicia. En 2023, Juan Eduardo Barrera, quien confesó públicamente ser el autor del crimen, fue condenado a 22 años de prisión, pero el Tribunal de Cartago lo liberó tras una apelación de sus abogados. Este fallo dejó una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de los pueblos indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en Costa Rica.
Hoy, 16 de septiembre, nos encontramos en la recta final del juicio, un momento decisivo para Costa Rica. Es esencial solidarizarnos con Doña Digna Rivera y la Red de Mujeres Rurales, quienes han apoyado y vigilado todo el proceso judicial. El Estado debe asumir su responsabilidad y garantizar que la muerte de Jehry no quede impune, retomando las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, proteger los derechos de los pueblos indígenas y fortalecer las políticas ambientales que Jehry defendía con tanto fervor. La sociedad exige que los tribunales actúen con firmeza para hacer justicia en favor de quienes luchan por el ambiente y de las víctimas de un Estado racista que no protege sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú sigue siendo una deuda pendiente del Estado costarricense con la comunidad ecologista. Este tratado busca garantizar en América Latina y el Caribe el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, siendo el primero de su tipo en el mundo. En los últimos años, diversos territorios han sido escenario de conflictos y agresiones, lo que refleja las constantes amenazas a las personas indígenas defensoras de sus tierras en Costa Rica. La memoria de líderes como Sergio Rojas y Jehry Rivera sigue presente, así como las luchas en Salitre, Térraba y China Kichá, donde las personas indígenas enfrentan hostigamientos debido a la ocupación ilegal de sus tierras ancestrales por empresas y personas no indígenas.
La demanda de justicia por Jehry y por los pueblos indígenas continúa como un grito urgente que exige respuestas claras y acciones concretas para proteger sus derechos y territorios.
Se invita al público en general a conocer más sobre la problemática que sufren los pueblos indígenas a través del video disponible en la plataforma de YouTube:
Se unieron más de 200 organizaciones a nivel nacional e internacional este 9 de septiembre para aclamar a una sola voz: ¡no más impunidad! Estas adhesiones, unidos a doña Digna Rivera, y los pueblos recuperadores de territorios ancestrales escribieron el próximo mensaje pidiendo justicia para Jerhy Rivera:
PRONUNCIAMIENTO POR LA JUSTICIA PARA JERHY RIVERA RIVERA LÍDER INDÍGENA Y DEFENSOR DEL MEDIO AMBIENTE
A la comunidad costarricense, En febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera, líder comprometido con la protección del ambiente y los derechos de las personas indígenas, fue asesinado en medio de un proceso de recuperación de tierras. Cuatro años después, el dolor por su pérdida sigue siendo profundo, agravado por la falta de justicia en su caso.
Durante el 2023, Juan Eduardo Varela, el presunto asesino que confesó haber cometido el acto en una actividad pública, fue sentenciado a 22 años de prisión. Sin embargo, tiempo después, el Tribunal de Cartago lo puso en libertad tras una apelación presentada por sus abogados.
El proceso judicial que ha seguido al asesinato de Jerhy no ha logrado hacer justicia, dejando una herida abierta en la lucha por los derechos humanos de las personas indígenas, su autonomía y la protección del ambiente en nuestro país.
Actualmente, el proceso se encuentra en la recta final, siendo el lunes 9 y martes 10 de septiembre del 2024 los últimos dos días del juicio, que se ha estado llevando a cabo durante las últimas semanas en los Tribunales de Pérez Zeledón. Por esta razón, es imprescindible que unamos nuestras voces y exijamos justicia.
Este es un momento decisivo para Costa Rica. Es imperativo que el Estado asuma su responsabilidad y garantice que la muerte de Jerhy no haya sido en vano. Exigimos que se retomen las acciones necesarias para esclarecer su asesinato, se asegure la protección de los derechos de los pueblos indígenas y se fortalezcan las políticas ambientales que Jerhy defendió con tanto fervor.
Es tiempo de que los tribunales actúen con firmeza y hagan justicia, por todas aquellas personas que continúan luchando por la defensa del ambiente y por quienes han sido víctimas de un Estado que no garantiza la protección de sus derechos ni territorios.
La ratificación del Acuerdo de Escazú es una de las grandes deudas que el Estado mantiene con las personas ecologistas. Este tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia en asuntos ambientales, siendo el primer tratado de este tipo en el mundo.
Diversos territorios han sido escenarios de numerosos conflictos y agresiones en los últimos años, donde se ve reflejada la continua amenaza que enfrentan las personas indígenas defensoras de sus territorios en Costa Rica.
Honramos la memoria de líderes y lideresas que han caído en defensa de sus tierras, sus derechos y de la vida misma en Costa Rica y América Latina. Recordamos con dolor a Sergio Rojas y Jehry Rivera, así como las luchas que se siguen dando en Salitre, Térraba, y China Kichá. En estos territorios, las personas indígenas enfrentan constantemente hostigamiento por su lucha para la recuperación de las tierras ancestrales, ocupadas ilegalmente por empresas y personas no indígenas.
¡Justicia para Jerhy, Justicia para los pueblos!
¡Aunque nos quieran bajo tierra, no saben que somos semillas!
Firman,
Red de Mujeres Rurales, Costa Rica.
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera.
Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC)
Frente Ecologista Universitario de la Universidad de Costa Rica.
Asociación de Estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica.
Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica
Asociación de Estudiantes de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica
Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica.
Asociación de Estudiantes de Psicología de la Universidad de Costa Rica.
Partido Federativo Integra de la Universidad de Costa Rica.
Consejo Iriria Sätkök del territorio ancestral Yäbamï Dí Katá, conocido como Cabagra, Costa Rica.
Organizaciones de Mujeres Indígenas Mano de Tigre (Dbön Orcuo), Costa Rica.
Casa del Migrante, Costa Rica.
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense.
Bloque de Vivienda, Costa Rica.
Comisión Comunal Pro Asfaltado Ruta 811, Costa Rica.
Sindicato Unitario de Pequeños Productores Agropecuarios de Pococí y Guácimo (SIUNPPAPG), Costa Rica.
Confederación Unitaria de Trabajadores -CUT, Costa Rica.
Proyecto Jirondai, Costa Rica.
Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica.
Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Costa Rica.
Micro-santuario el Rinconcito Animal, Costa Rica.
Proyecto Piapias: educación popular y comunicación antiespecista, Costa Rica.
Movimiento no apoyo las corridas de toros a la tica ni el tope, Costa Rica.
Movimiento yo no voy al zoo, Costa Rica.
Jornadas Solidarias, Costa Rica.
Orgullo Disidente, Costa Rica.
Alianza Escazú, Costa Rica. Unidos por el Agua, Costa Rica.
Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica.
Ediciones Libres, Costa Rica. PATRULLAJE, Costa Rica.
ACAN ASOCIACIÓN CULTURAL AMÉRICA NATIVA, ARGENTINA.
Asociación para una Ciudadanía Participativa, Honduras.
Unión Nacional de Educadores-UNE, Ecuador.
SAKIAT-Organización del Pueblo Kichwa Saraguro, Ecuador.
Confederación Intersindical Solidaria, España.
Ensenyants Solidaris, ONG. España.
Ribaborza SOS Ribarboza, España.
Confederación Intersindical Solidaria, España.
Aci-Participa, Honduras.
Ofraneh Garifuna.
Asociación de Comunidades Indígenas Lencas de la Paz, Honduras.
Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras.
Red Académica de Solidaridad con Palestina, México.
Comité Universitario en Solidaridad con el Pueblo Palestino, Mexico.
Comité de Defensa de los Derechos de La Mujer-CODEMA.C, Oaxaca, Mexico.
CLETA-UNAM, México.
Frente Comunicacional Anti-imperialista de Nuestra América, Mexico.
Museo Comunitario Alfredo Almeida, Mexico.
Personas físicas;
María Trejos Montero, Costa Rica.
Eli Ortiz Torres, Bribri clan Túbölwak, Costa Rica.
Clarita Quiel Torres, Bribri del clan Túbölwak, Cabagra, Costa Rica.
Marielos Muñoz, Costa Rica.
Bruno Coto Barboza, Costa Rica.
Elidies Rivera Navas, Costa Rica.
Denis Cálix, Costa Rica.
José Amesty, Costa Rica.
Orlando Barrantes Cartín, Costa Rica.
Allen Cordero, Costa Rica.
Suy Wong, Costa Rica.
Felix López Zambrana, Costa Rica.
Ashley Padilla, Costa Rica.
Alexis Rodríguez Gallardo, Costa Rica.
Nidia Fonseca, Costa Rica.
Marbella Martin Fragachan, Costa Rica.
Magda Solís Alpízar, Costa Rica.
Ana Mena Morelli, Costa Rica.
Josué Fernández Baldizón, Costa Rica.
Tiryth Vindas Campos, Costa Rica.
Alex Ramos, Costa Rica.
Edgar Atencio, Costa Rica.
Danilo Alizaga, Costa Rica.
Daniela María Salas Monge, Costa Rica.
Roberto Gavarrete, Costa Rica.
Luis Fernando González Marín, Costa Rica.
Aren Vindas Alvarez, Costa Rica
Keneduar Gerardo Herrera Herrera, Costa Rica.
Fátima Gómez Campos, Costa Rica.
Emily Quirós Víctor, Costa Rica
Jimena Alvarado Vargas, Costa Rica
Leonardo Fletes Castillo, Costa Rica.
Ariel Enrique Solano Sancho, Costa Rica.
Marshall Valverde Chacón, Costa Rica
Amanda Carvajal Umaña, Costa Rica
Estela Ceballos, Argentina.
Sisa Pacari, Ecuador.
Pilar Bravo Pemjean, Chile.
Cecilia Castillo Nanjarí, Chile.
Miriam Miranda, Honduras.
Felipe Benitez, indígena Lenca, Honduras.
María Julia López,, Honduras.
Johan Davis, Estados Unidos.
Carolina Rivera, Estados Unidos.
Zaida Docouto, Estados Unidos.
Carol Davis, Estados Unidos.
Alejandra Davis, Estados Unidos.
Leslie Andino, Estados Unidos.
Celeste Rivera, Estados Unidos.
Sara Rodas, Estados Unidos.
Edwin Buezo, Estados Unidos.
José Luis Reyes, Estados Unidos.
Daniel Ramírez, Estados Unidos.
Sofía Becerra, Estados Unidos.
Madeline Kiser, Estados Unidos.
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Integrantes del Consejo Consultivo:
Argentina Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz, Stella Calloni Corresponsal de la Jornada en Buenos Aires; Colombia Rubiel Vargas Secretario Ejecutivo Nacional del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia (CPDH), María Cardona Mejía Defensora de Derechos Humanos, Dr. Mario Hernández Álvarez Coordinador Doctorado Interfacultades en Salud Pública Universidad Nacional de Colombia, Víctor Osorio Cadena Presidente del Sindicato Nacional Memoria Viva; España Ana Andrés Ablanedo Defensora de Derechos Humanos de Soldepaz Pachakuti, Ricardo Sánchez Andrés miembro de la junta de la (ACP) Asociación Catalana por la Paz – miembro de la Asamblea de Internacional de (Comunistes de Catalunya) y miembro permanente del consejo de Solidaridad de la Ciudad de Manresa, María Victoria Fernández Molina Candidata a Doctora en Derechos Humanos, Estados Unidos James Patrick Jordan Coordinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y Eduardo García Activista de la Alianza por la Justicia Global e integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Estados Unidos, Suiza José Manuel González López, Gerardo Romero Luna y Mariella Bauer integrantes del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos capítulo Suiza; Venezuela Hugo Alberto Nieves Integrante del Movimiento Político – Social VAMOS, Zuleima Vergel Guerra Vocera Nacional del Movimiento Político – Social VAMOS de Venezuela, Indhira Libertad Rodríguez Red de Colectivos La Araña Feminista, José Miguel Gómez García Movimiento Internacional de la Economía de los Trabajadores, Ali José Álvarez Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos – Movimiento Cultural Campesino Los Arangues Venezuela; Ecuador Abg. Franklin Columba Cuji Presidente de la Unión de Organizaciones Sociales Interculturales del Sur de Pichincha UOSISP de Ecuador; Bolivia Rodolfo Machaca Yupanqui Ex Secretario General de Confederación Sindical Única De Trabajadores Campesinos de Bolivia – CSUTCB; Palestina Jamal Juma Coordinador STOP The WALL; Guatemala Ana Laura Rojas Padgett integrante de la Red de Integración Orgánica – RIO; Panamá Ligia Arreaga Integrante de la Alianza por un mejor Darién – AMEDAR; Brasil Gizele Martins del Movimiento de Favelas de Rio de Janeiro; Perú Betty Izaguirre Lucano Coordinadora General del Movimiento Alfa y Omega, Percy Katari Integrante de la Comisión de Comunicación del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Director Internacional de ComuniSur, Impulsor del Frente Comunicacional Antiimperialista de Nuestra América, Responsable de la Secretaría de Países Andinos de Conaicop; Chile-Wallmapu – Territorio Mapuche Onesima Lienqueo Fundadora de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche; Chile Pablo Ruiz integrante del Observatorio para el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile; México Eduardo Correa Senior Profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México – UACM, Dr. José Enrique González Ruiz Profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México – UNAM, Dr. José Rafael Grijalva Eternod Doctor en Derechos Humanos, Dr. Felix Hoyo Arana Profesor de la Universidad Autónoma de Chapingo; Daniela González López Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, Soledad Ortiz Vásquez Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Claudia Tapia Nolasco Consejera General del Comité de Defensa de los Derechos de la Mujer – CODEM, Lic. Hugo Aguilar Promotor y Defensor de Derechos Indígenas, Miguel González Muciño Director del Centro Cultural Las Jarillas, Arturo Díaz González Organización Proletaria Emiliano Zapata – Frente de Organizaciones Sociales de Chiapas OPEZ – FOSICH, Lic. Jocelyn García Fondón Integrante del Secretariado Técnico del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Costa Rica Orlando Barrantes Cartín Coordinador General del Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC – Costa Rica.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) presenta una denuncia ante la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, señalando un posible conflicto de interés de los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y Erick Méndez Monge, quienes forman parte de la sociedad responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health Consultors Novel y han sido nombrados interventores del CENDEISSS. ANEP solicita su remoción, la anulación de sus actos y una investigación exhaustiva.
A continuación, presentamos el documento de denuncia formal enviado por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS):
LA VERDADERA DEMOCRACIA ES LA DEL PLENO RESPETO A TODOS LOS DERECHOS HUMANOS
San José, 11 de septiembre de 2024.
S.G. 21-25-3176-24
Licenciada
Marta Eugenia Esquivel Rodríguez
Presidenta Ejecutiva
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
ASUNTO: Denuncia.
Estimada señora:
Reciban un cordial saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Como es de conocimiento público, la organización que representamos ha venido generando una serie de gestiones en defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social, ante la Fiscalía, Contraloría General, auditoría interna, Defensoría, entre otras instituciones.
Así las cosas y siendo público y notorio que los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y el señor Erick Méndez Monge, forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health Consultors Novel, y que estos, a su vez, han sido nombrados por su autoridad como interventores del CENDEISSS, lo cual podría conformar un cuadro fáctico de un posible, pero inminente, conflicto de interés que impone a todas luces ser puesto a derecho, considerando que:
Los funcionarios Gerick Jiménez Pastor, Dominique Guillén Femenias y el señor Erick Méndez Monge (este último por extensión); forman parte de la sociedad de responsabilidad limitada denominada Innovation and Strategy Health consultors novel, según consta en el Registro de la Propiedad.
Los funcionarios Dominique Guillén Femenias, Gerick Jiménez Pastor y Erick Méndez Monge, hasta donde entendemos, han sido nombrados como interventores del CENDEISSS, lo cual podría conformar un cuadro fáctico de un posible, pero inminente conflicto de interés.
Ese presumible cuadro fáctico que en principio podría conducir a la consolidación de un escenario de conflicto de interés, encuentra asidero en la siguiente prueba documental:
Sesión No. 9335 del 18 de mayo del 2023.
Oficio SJD-CJD-0002-2023 del 10 de mayo de 2023.
Oficio GG-CENDEISSS-0325-2023, con fecha del 15 de mayo del 2023,
Oficio INTERVENCIÓN-CENDEISSS-0014-2023, del 5 de junio y
Sesión No. 9347 del 19 de junio del 2023, en la cual la Junta Directiva de la CCSS, ratifica como interventores a Doctora Dominique Guillén Femenias y al Doctor Gerick Jiménez Pastor.
Los hechos supra evidencian un posible conflicto de interés de orden administrativo y ético, ya que al constituirse en interventores del CENDEISSS, sus funciones rozan con las funciones que tiene el área de bioética de esa unidad, pues ahí, entre otras cosas, se tramitan asuntos relativos a la aprobación de proyectos de investigación biomédica.
El Doctor Gerick Jiménez Pastor, es funcionario de la Dirección de Farmacoepidemiología, dependencia donde se tramitan aprobaciones de medicamentos.
Ambos casos al parecer presentan una relación con el quehacer institucional y a su vez no es descartable que formen parte de las presuntas actividades de la sociedad de responsabilidad limitada, cuyo nombre, es ahora de manejo público.
Ante tales circunstancias y siendo que existe documentación probatoria sobre el presunto conflicto de interés, estamos formalizando ante su autoridad la presente denuncia relacionada con los tres funcionarios supra, solicitándole en el marco de la ética, transparencia, la asertividad y la rendición de cuentas, que caracteriza a la ANEP, lo siguiente:
La remoción de los funcionarios Guillén, Jiménez y Méndez, de todo tipo de funciones relacionadas con las actividades registradas por la empresa constituida por ellos.
Anular todos los actos realizados por estos en su condición de interventores del CENDEISSS, y,
Ordenar las investigaciones pertinentes que determinen las sanciones correspondientes para estos funcionarios de tan alto nivel, por este presunto grado de conflicto de interés según las leyes aplicables.
Sin otro particular, se suscribe,
Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP
cc.: Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
cc.: Licda. Vilma Campos Gómez, Gerente General, CCSS.
“Ninguna clase social renunciará voluntariamente al ejercicio
del poder” (posiblemente V.I. Lenin lo dijo).
Por Habib Succar Guzmán
¿Patadas de ahogados?
En mi artículo “El manifiesto de los bobos”, aludí al pronunciamiento público de algunos de nuestros expresidentes de la República, quienes se expresaron enérgicamente en contra de la iniciativa del presidente AMLO de reformar el Poder Judicial, con el fin de “limpiarlo de corrupción, separarlo del poder económico de las élites, y permitir su democratización por medio de la elección mediante voto secreto, libre y universal, de jueces, magistrados y ministros”.
En México se llama “ministros” a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN, 11 integrantes), quienes han sido nombrados siempre a partir de la propuesta del presidente de la República, que el Senado ratifica mediante votación calificada de dos tercios de los senadores presentes. En la actualidad, de las 5 propuestas que ha realizado el presidente AMLO al Senado, con una terna para que los Senadores(as) escojan surgieron José Luis González, Margarita Ríos, Loretta Ortiz, Yasmín Esquivel y Lenia Batres. No obstante, de esas 5 personas escogidas, propuestas por AMLO, solo tres muestran una clara afinidad con las políticas generales del gobierno de AMLO y los dos primeros, González y Ríos, “traicionaron” a AMLO y se unieron a las filas de la oposición. Recordemos que ser de oposición en la SCJN ha significado conformar una mayoría anti AMLO que ha rechazado y desechado muchas de las leyes que el Congreso de la Unión ha aprobado en los últimos 3 años y que la Suprema Corte “ha tumbado”.
Curiosamente, el sistema mexicano permite que, de la propuesta de una terna que envía el presidente al Senado, sino hay una mayoría calificada (porque los partidos no se ponen de acuerdo), obliga al presidente a enviar una nueva terna y de esas 3 personas, la que tenga mayor votación simple queda elegida integrante de la SCJN.
Es decir, con el mecanismo actual de elección de ministros(as) de la Suprema Corte (SCJN), aunque el partido de gobierno no tenga las 2/3 de los votos (mayoría calificada) el mecanismo permite que al final el presidente imponga a la persona que desea nombrar con solo que su partido de gobierno que tiene mayoría simple, vote por esa persona y obtenga el nombramiento y no por mayoría calificada. Con este mecanismo, el presidente AMLO podría nombrar a todos(as) los ministros(as) de la Suprema Corte que le correspondan en su sexenio y que pueden ser hasta 6 o 7 ministros(as) durante el periodo, lo cual, le garantizaría una mayoría en la SCJN de 7 votos necesarios para aprobar todas sus propuestas que hayan sido aprobadas en el Congreso.
Parecería entonces que ante la lógica del poder, no tiene mucho sentido que el presidente AMLO quiera modificar este sistema y se pase a un mecanismo de elección popular mediante voto directo, secreto y universal de los ministros(as) de la SCJN y además, de los(as) magistrados(as) de las demás instancias del Poder Judicial, el Poder Electoral (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE). El presidente AMLO estaría renunciando al ejercicio de una parte importante de su poder en beneficio de una elección más democrática y popular de ministros, jueces y magistrados.
El fin último de esta propuesta de AMLO, incluida en la llamada “Reforma Judicial” que se está tramitando en estos días en el nuevo Congreso de la Unión (Diputados y Senadores 2024-2027), sería que el Poder Judicial sea realmente independiente de los partidos políticos, del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y de los poderes fácticos (oligarcas, empresarios, medios de prensa, banqueros, etc. etc.); y por qué decir “realmente independiente”, por la sencilla razón de que los ministros, jueces y magistrados del Poder Judicial, durante las últimas décadas, ha estado sometido al Poder Ejecutivo, a la oligarquía y los poderes fácticos, sobre todo los medios de prensa, que antes incluso ponían presidentes en México, como Televisa.
La Reforma Judicial
En nuestro artículo citado El manifiesto de los bobos mencionamos que algunos de nuestros incautos (¿?) expresidentes de la República que firmaron el oprobioso manifiesto que les redactó una organización de derecha europea dizque a favor de la democracia, dirigida por Kevin Casas Zamora, se manifestaron así: “Rechazamos enérgicamente cualquier intento de modificar el sistema judicial que pueda debilitar la independencia y autonomía de los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial mexicano, incluido el Tribunal Electoral; como la propuesta del partido oficial Morena, que busca implementar elecciones populares para la selección de estos cargos, haciéndolos depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios y haciéndolos presa de una Justicia de opinión. Una reforma que implique el debilitamiento y desmantelamiento del Poder Judicial (…) representa un atentado grave contra la democracia y la vigencia de un orden constitucional”, concluyen los 20 expresidentes firmantes del hipócrita libelo.
No me voy a extender aquí en toda la corrupción que impera en el Poder Judicial mexicano y que he señalado con lujo de detalles en otros artículos (Véanse: El poder más corrupto, Guerra en redes y Lawfare, El juico del siglo, la Corte y la prensa, por citar estos 3 artículos, pero hay más). No, el tema de la corrupción del Poder Judicial mexicano ameritaría aquí muchísimas páginas y páginas de fechorías inimaginables cometidas por jueces, magistrados y ministros del sistema judicial mexicano. Otro tanto muy parecido sucede en muchos otros países de Latinoamérica sobre todo, pero el caso mexicano se lleva todas las medallas de oro de una olimpiada de la corrupción y el nepotismo.
Un ejemplo demoledor
En 1994 “Al entonces presidente Ernesto Zedillo no le tembló la mano para cerrar el 1 de enero de 1995 y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, mediante la figura de jubilación inmediata, separar de su cargo a sus 26 ministros. Sucedió en 26 días: el primer mandatario firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobadas por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales, cuya génesis tomó 52 días (del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995).” Entonces, el presidente Zedillo (1994-2000) mandó a jubilar de forma vitalicia a los 26 integrantes de la Suprema Corte de Justicia y volvió a integrar una nueva Corte con tan solo 11 miembros nombrados únicamente por el presidente de la República. “La interpretación generalizada fue: Zedillo no quiere una Corte integrada por ministros nombrados por los expresidentes Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari.” (las citas entre comillas son de la revista Contralínea).
Es notable cómo en aquel entonces, Zedillo obtuvo muy fácilmente la mayoría calificada del Congreso (Diputados y Senadores) mediante acuerdo entre los partidos PRI y PAN, que se suponía eran opositores a muerte desde casi 50 años de enfrentamientos políticos. Pero es que según AMLO el PRIAN (PRI + PAN) ya venía funcionando desde 1988 con el fraude electoral pactado a favor de Carlos Salinas de Gortari, candidato del PRI, que fue avalado por el partido de oposición, el PAN, robándole la presidencia al Ing. Cuauhtémoc Cárdenas, efectivo ganador de la contienda electoral de 1988 con una alianza de partidos en el Frente Democrático Nacional (de izquierda). Ante este fraude, los medios de comunicación se apresuraron a legitimar “la elección de Carlos Salinas” ante el “peligro” que significaba Cárdenas.
Ni la oligarquía, ni los empresarios, ni los medios de prensa y sus opinadores, ni toda la nomenklatura del Poder Judicial se quejaron en absoluto del golpe autoritario y anti democrático cometido por Zedillo (llamado también Golpe de estado), con la complicidad de la mayoría calificada del Congreso. “Nadie dijo esta boca es mía”.
Zedillo nombró directamente 2 de 11 ministros, y el Congreso, por unanimidad, nombró a los otros 9 que Zedillo les propuso (los 3 Diputados del PRD se ausentaron de la votación).
No sin razón y con muchísimas pruebas, se afirma que la democracia en México está recién estrenada desde 2018 a partir de la elección de AMLO, porque desde entonces ya no se cometen fraudes electorales desde el gobierno (lo que llaman “una elección de estado”) y solamente han persistido prácticas nefastas de fraudes en algunos estados donde todavía gobierna la oposición a Morena.
Además, AMLO ha mantenido una prudente distancia de la Suprema Corte y no como en gobiernos anteriores, cuando la SCJN estaba sometida al mandato del presidente. Además, durante su sexenio AMLO no ha contado siempre con una mayoría calificada en el Congreso y ha tenido que lidiar con la oposición del PRIAN-RD + MC, pero aún así durante sus primeros 3 años 2018-2021, se lograron varios acuerdos con la oposición y la mayoría calificada para la aprobación de ciertos proyectos de ley y modificaciones constitucionales.
Por otro lado, en artículos anteriores dimos cuenta de cómo el Poder Electoral, básicamente en el Instituto Nacional Electoral, el presidente y la mayoría de los consejeros(as) se comportaban como partido opositor a AMLO y no como un juez imparcial en las contiendas electorales.
En palabras de AMLO, en los sexenios anteriores, básicamente desde 1988 hasta el 2018, lo que tenían en México era una simulación de sistema democrático, porque el cogobierno del PRI + PAN + PRD cubría con máscaras todo el andamiaje institucional, incluyendo en primer lugar el Poder Judicial, arrodillado ante el Poder Ejecutivo. Por ello es una verdadera hipocresía el dicho de la oposición, que repiten los incautos expresidentes de Costa Rica, de que la Reforma Judicial propuesta por AMLO tiende a “debilitar la independencia y autonomía de los jueces” (sic) y que la propuesta de elección popular de los jueces los hará “depender de influencias políticas, comprometiendo la imparcialidad de sus ministerios” (sic), cuando lo cierto es que nunca ha existido esa independencia e imparcialidad del Poder Judicial como un todo.
La peor calificación
“El poder más corrupto” fue el título de un artículo que publicamos sobre el Poder Judicial en México y que ya citamos aquí también. Pero resulta que en las encuestas de opinión entre el pueblo mexicano, el Poder Judicial no solo sale muy mal librado sino que, la propuesta de Reforma Judicial que hizo AMLO ante el Congreso el 5 de febrero de 2024, es ampliamente aceptada por la enorme mayoría del pueblo. Veamos. Sobre la corrupción imperante en el Poder Judicial:
No solo el 61% considera que hay mucha corrupción en la mayoría de funcionarios (jueces, magistrados y ministros) sino que dentro de un 35% adicional se considera que “pocos son corruptos”, pero los hay.
En cuanto a la opinión sobre la forma en que deben ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), un abrumador 75% desea que sean elegidos por votación directa del pueblo mexicano y un 21% considera que debe elegirlos el Senado de la República:
En cuanto al control y sanción de la conducta de los jueces, magistrados y ministros, una apabullante mayoría desea que sea un órgano independiente del Poder Judicial, porque actualmente esas funciones las realiza el Consejo de la Judicatura, que es presidido por la misma presidencia de la SCJN, quien se convierte en juez y parte:
El nepotismo
Hay estudios sobre el nepotismo en el Poder Judicial que dejan pasmado a cualquier observador imparcial, con un 26% de jueces, magistrados y ministros que tienen familiares directos trabajando ahí. Hay casos donde se cuentan hasta 76 personas que son familiares directos y que laboran en un mismo despacho o en despachos cercanos. La muy cacareada “carrera judicial” es realmente una máscara para disfrazar el tráfico de influencias y la necesidad de contar con “un padrino/ madrina” que le permita el ascenso o nombramiento a una persona dentro del sistema. Pero no nos vamos a extender en este tema que se suma a la corrupción pura y simple.
El Cartel de la Toga
Así le han venido llamando a la casta judicial que se cubre y defiende entre ellos mismos ante cualquier ataque o cuestionamiento externo al Poder Judicial. Con ello se alude a la delincuencia organizada, sobre todo los carteles de la droga y se establece un parangón de los funcionarios judiciales con estos delincuentes.
El pueblo mexicano sabe que solamente reciben justicia quienes tienen el dinero para pagar por ella. Es decir, la gente adinerada tiene patente o inmunidad para violentar las leyes y cuenta con el sistema judicial para garantizar que no será juzgada y condenada, eso se queda solamente para los pobres que no pueden pagar costosos abogados o jueces corruptos, venales. Los casos de impunidad en delitos graves y homicidios son pasmosos. Los feminicidios usualmente resultan en absoluciones de los culpables. Todo tipo de despojos, atropellos e injusticias se cometen por doquier y no hay quien le garantice imparcialidad o independencia del juez que atiende y resuelve diariamente los asuntos.
Esto es especialmente evidente cuando los involucrados en un proceso judicial son miembros de la élite económica, empresarial, financiera o delincuentes de cuello blanco o de la delincuencia organizada de muy alto perfil, cuyos casos generalmente son resueltos a su favor, aun en contra de todas las pruebas y evidencias aportadas en el proceso. Los tristemente famosos “sabadazos” son aquellas resoluciones que ponen en libertad a esos delincuentes de alto perfil, usualmente narco traficantes o políticos, que son liberados en la madrugada del sábado, porque las Fiscalías no laboran fines de semana sino hasta el lunes y cuando regresan a funciones, ya es tarde para apelar o volver a aprehender a los peligrosos o famosos delincuentes liberados.
Lo más paradójico y escandaloso, y se ha puesto en evidencia en estos días, es cómo la SCJN es la primera instancia donde se violan la Constitución y las leyes, en aras de obtener un fin político o politiquero, que defienda los privilegios de esa casta judicial que ofende con su existencia al pueblo mexicano. Los casos relacionados con el gobierno de AMLO o el mismo trámite actual de la Reforma Judicial en el Congreso harían sonrojar a un estudiante primerizo de Derecho, por la clase de violaciones al sistema jurídico que la SCJN está acuerpando, al extremo de admitir recursos de amparo contra el Congreso para impedirles sesionar y legislar en materia constitucional, algo que está expresamente vedado por diferentes preceptos constitucionales y ordinarios. El descaro de la casta judicial no tienen límite.
Alegan los trabajadores de base del Poder Judicial que serán afectados negativamente con la Reforma Judicial, pero están siendo instrumentados por jueces, magistrados y ministros, cuyos salarios y prestaciones están totalmente fuera de la Constitución y la ley, llevando incluso a miles de trabajadores a sumarse a una huelga general, a la cual, increíblemente, se ha sumado también la SCJN. No hay palabras para describir la desfachatez de los ministros de la Suprema Corte.
En su lucha contra la Reforma Judicial, la derecha mexicana no ha escatimado esfuerzos ni recursos y han acudido a la ONU, la OEA, la CIDH y, desde luego, la prensa internacional a la cual han de pagarle jugosamente para promocionar sus causas en contra de la decencia, la democracia y la justicia pronta y cumplida en el Poder Judicial mexicano.
No me voy a extender con los casos de espanto, pero ya dijimos en otro artículo aquí que México es el único país del mundo donde existen miles de personas privadas de libertad, que acumulan más de 10 y 15 años encarceladas, sin juicio ni condena. Así de ineficiente y corrupto es el Poder Judicial en México y las víctimas más frecuentes y abundantes de estos abusos son las mujeres y los y las indígenas.
La Reforma Judicial va porque va. Claudia Sheinbaum lo dijo y lo repitió mil veces durante la campaña electoral: “pedimos al pueblo que nos de una mayoría calificada en el Congreso (el Plan C de AMLO), para llevar a cabo las reformas constitucionales que nos permitan modificar al Poder Judicial y otras instituciones”, así como variar la legislación para brindar mayor justicia social y protección a los pobres de México. Y el pueblo acudió masivamente a las elecciones y le otorgó a la Coalición Juntos Hacemos Historia la mayoría calificada en el Congreso y una altísima votación del 60% para la presidencia, frente al escuálido 28% que obtuvo la candidata de la derecha que se lanzó en oposición a la candidata Sheinbaum.
