Comunidades de Guácimo llaman a la movilización en lucha por Ruta 811
SURCOS comparte el comunicado enviado a nuestra redacción por la Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811.
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SURCOS comparte el comunicado enviado a nuestra redacción por la Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811.
Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.
Por: Ph.D Álvaro Martín Parada Gómez
Académico-Universidad Nacional
El día Internacional de la Mujer nos convoca a denunciar las desigualdades en torno a los derechos de las mujeres persistentes aún hoy en nuestro país y en el mundo entero.
Las mujeres, que han sido las principales responsables de cuidar y reproducir la vida, han tenido que lidiar con el peso de un sistema político-económico construido desde su invisibilización, con una institucionalidad que legitima muchas veces la desigualdad.
En Costa Rica, tenemos largo camino por recorrer, las cuentas nacionales evidencian que el trabajo de cuidados no remunerado representa el 21,3% del PIB, y es realizado principalmente por mujeres. Ese trabajo, fundamental para el funcionamiento de nuestra sociedad, tiene consecuencias económicas, sociales, políticas y de salud para las mujeres, quienes por su causa presentan una mayor dependencia económica y junto a ello son sujetas de múltiples tipos de violencias que deben erradicarse.
Desde la Universidad Nacional, que ha sido además enriquecida y diversificada desde lo epistémico, cultural, administrativo, político y en el mantenimiento de sus espacios por miles de mujeres a lo largo de estas décadas, debemos continuar en la defensa y lucha por el cumplimiento efectivo de los derechos de cada una de las mujeres que integran nuestra institución, en este sentido, cada una de nuestras áreas sustantivas ha venido aportando y además desde el quehacer extensionista se ha logrado catapultar los hallazgos y experiencias hacia el trabajo conjunto con comunidades y localidades, donde se amplían las brechas de género.
Las mujeres que estudian, que colaboran en las gestiones administrativas y de limpieza, las investigadoras, las extensionistas y las que asumen nuestra mayor vocación que es la docencia, son imprescindibles en nuestra querida UNA y son merecedoras de entornos que respeten cada uno de sus derechos, al igual que todas las mujeres que habitan nuestro país.
Un día como hoy debemos sumarnos al cambio necesario para darle paso a una sociedad costarricense que respete y custodie la vida de las mujeres, y preocuparnos por la ola de feminicidios que nos azota. Un día como hoy, lejos de celebrar debemos comprometernos con el cambio necesario con la justicia y equidad de género.
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Félix López, de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de la Ruta 811 y residente de Río Jiménez, compartió con SURCOS el video adjunto en el cual el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, desde México, se solidariza con las comunidades que luchan ante la necesidad para la región de que esta ruta esté en condiciones adecuadas y justas. Esta zona es un centro agrícola y ganadero clave y la situación de la carretera afecta tanto la movilidad de los productos como la vida digna de quienes habitan en esas comunidades.
Vecinas de la zona relatan las dificultades que viven al no contar con una carretera como la merecen todas las comunidades.
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Comunicado
El Directorio Nacional, junto a sectores sociales y productivos que componen la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y la Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo celebraron su primer encuentro y convivio del 2025.
Un exitoso encuentro realizado el 17 de enero 2025, reunió a un grupo de liderazgos de organizaciones base, convencidos de la gran importancia de conversar y de compartir visiones, propósitos y esfuerzos colectivos.
En dicho encuentro perduró la gran iniciativa de trabajar temas país en colectivo bajo la premisa de una visión compartida de país, e impulsando la defensa de la democracia, la libertad y la paz que traerá como fin mismo una Costa Rica inclusiva, solidaria y más justa.
Para la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras siempre es relevante participar de los espacios del diálogo social que buscan dar realidad a nuestro objetivo de brindar protección social y económica a la población trabajadora de Costa Rica.
«La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras siempre a la vanguardia
y protección social y económica de la sociedad costarricense”
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Con ocasión de la puesta de su retrato en el Salón de Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Fernando Cruz nos dejó un discurso pletórico de vivencias, de recuerdos y de agudas observaciones, expuesto con palabras admirables, llenas de la discreción, la sabiduría y la modestia que son el saldo de su vida, consagrada al estudio y al trabajo de operador de la Justicia a nivel supremo. Él termina evocando al escritor ruso Antón Chéjov, para decirnos que repasando su vida, no visualiza haber alcanzado en ella «victorias notables».
He decidido escribir estas líneas porque discrepo del sentir de don Fernando en relación con este punto; y porque además estimo que se trata de una cuestión crucial en los tiempos que corren, que no debe pasar en silencio. El discurso de don Fernando está dirigido a todos los funcionarios judiciales del País, y muy probablemente lo leerán también los ciudadanos conscientes. Por ello es imperativo que todos ellos sepan, y que quede constando para la posteridad, que el magistrado Fernando Cruz ha cosechado en su vida claras y notables victorias en el campo de la justicia, la institucionalidad y la democracia; no sólo mediante sus conocimientos jurídicos y su cultura humanista, vertidos en sentencias destinadas a perdurar en los anales de la jurisprudencia, sino también con decisiones que revelan su rectitud y su coraje frente a las presiones y amenazas de las poderosas fuerzas políticas que gravitan ominosamente sobre la institución judicial. Los jueces, fiscales y defensores a lo largo y ancho de nuestro territorio, y especialmente los que inician la carrera, deben estar enterados de esas victorias que, no siendo espectaculares (como los logros deportivos), tienen un significado trascendente en los destinos de nuestro pueblo. Quiero recordar algunos casos:
1.- Durante los años 2007 y 2008 fueron aprobados el TLC y sus leyes complementarias. Para lograrlo, se empeñaron a fondo el presidente Oscar Arias, su gabinete y sus diputados, así como gran parte del empresariado nacional, la prensa unánime (excepto el Semanario Universidad), la Embajada y el propio Gobierno de los Estados Unidos; y no escatimaron los medios (recordar el infame panfleto de Casas y Sánchez). La Sala Constitucional se plegó paladinamente a los deseos y a los planes oficiales, haciendo la vista gorda frente a las numerosas y graves inconstitucionalidades de aquellos instrumentos, a excepción de los magistrados Gilbert Armijo y Fernando Cruz, que salvaron los votos cuantas veces comprobaron sus inconsistencias.
Los magistrados, en Costa Rica, han sido frecuentemente calculadores y complacientes con el poder, porque solían ‘deberle el puesto’ a los dirigentes políticos y porque, al depender su permanencia de la decisión de los diputados, sienten que su posición institucional es endeble. Por eso es para mí una gran victoria que dos de ellos, frente a la enorme presión de los medios, de las cúpulas políticas y del propio Imperio Estadounidense, hayan decidido cumplir con su sagrado deber: aplicar libre e imparcialmente la Constitución. También fue una gran victoria de estos dos ciudadanos contra sus propios temores: el temor a ser despedidos, a ser marginados, a ser desprestigiados; el mero temor de enfrentarse día con día, permanentemente, a la mayoría interna y extrainstitucional. El ejemplo de ellos dos para los jueces que inician labores es claro: la misión más esencial del juez es el control jurídico del poder, y debe cumplirla con total independencia e imparcialidad, sean cuales fueren los intereses y las influencias en juego.
2.- Naturalmente, aquella digna actitud de los minoritarios Cruz y Armijo tenía que recibir un castigo ejemplar, de modo que, transcurrido un tiempo, vino la alevosa reacción de los politicastros, en la forma de varios intentos por expulsarlos de la Sala Constitucional; para sentar un precedente, pero también para reemplazarlos por personas complacientes, ‘amigables con el clima de negocios’, como dijo un diputado de ingrata recordación. Hace muchos años que don Gilbert Armijo dejó el cargo: cumplió con dignidad, pero ser mártir no es obligatorio. Don Fernando Cruz, pudiendo haberse jubilado, se quedó, soportando por mucho tiempo, con buen ánimo, el ostracismo interno, el aislamiento y los intentos de ninguneo de parte de algunos parvenus politiqueramente «correctos». Y esa ha sido también una gran victoria que debemos atribuirle: un triunfo de su firme conciencia civil sobre la mezquindad de sus enemigos, pero también sobre sí mismo: sobre sus legítimos deseos de disfrutar de un merecido descanso, de la privacidad de la vida en familia, del ocio creador. Poniendo aparte arrogancias y vanidades, él ha tenido claro que su presencia en la Sala es vital en los tiempos que corren, porque es el testimonio cotidiano, austero, del buen juzgar, en contraste con la frivolidad y la anárquica dispersión de las comisiones en que se ha sumido la mayoría, en daño de la salud institucional y de sus auténticas funciones.
Confío en que la posteridad le hará justicia, que nuestro pueblo le hará justicia. Porque, a pesar de los nubarrones que se acumulan amenazadoramente en el horizonte, tenemos que seguir luchando para que otro mundo sea posible.
Naranjo, enero de 2025.
Carnet 785
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Desde la red de Jubileo Sur/Américas, acompañamos al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en su análisis de la decisión tan demorada de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, en relación al crimen contra nuestra compañera Berta Cáceres y el intento de asesinato de Gustavo Castro.
Estas sentencias marcan un precedente importante en la historia de Honduras, como lo señala COPINH, fruto de la lucha incesante de la familia, la organización y todes quienes la han sostenido durante estos casi 10 años. No obstante, la confirmación de siete de las ocho condenas en los juicios de 2018 y 2021, también muestra una vez más, “la existencia de una estructura criminal responsable del asesinato de Berta Cáceres, cuyas cabezas, los miembros de la familia Atala, continúan en la impunidad.”
Las modificaciones realizadas para reducir la condena contra David Castillo, y el envío del caso de Sergio Rodríguez al pleno de la Corte Suprema, reflejan sin duda las presiones del poder económico y político que continúa ejerciendo los responsables intelectuales de estos crímenes en contra de los derechos de las comunidades indígenas y de la naturaleza que tanto luchó Berta para defender, así como los derechos de toda la población hondureña.
Ante esta situación, desde Jubileo Sur/Américas reafirmamos nuestro compromiso solidario en la búsqueda de justicia y nos unimos al llamado de COPINH a redoblar esfuerzos en esta etapa crucial para responsabilizar a los autores intelectuales del crimen.
Reclamamos y seguiremos luchando por Justicia y Reparación para Berta, Gustavo y todas las comunidades indígenas y populares que, en Honduras como en todos nuestros países, sufren la violencia tanto física como socioeconómica, ecológica, patriarcal y racista, del sistema de explotación, endeudamiento y saqueo perpetuo, impuesto desde hace ya cinco siglos.
¡La deuda es con los Pueblos y la Naturaleza, no con los explotadores!
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Asamblea realizada en la Casa de Cultura Las Jarillas, Ciudad de México los días 7 y 8 de diciembre de 2024.
Con un gran Tlamanalli en ofrenda a la madre tierra por la Paz en el mundo, como pueblos originarios ancestrales nos unimos contra este modelo imperialista, que nos impone guerras mediáticas, jurídicas, políticas, económicas, tecnológicas y con la seria amenaza de convertirla en una guerra nuclear, que destruiría nuestra forma de vida colectiva y podría suponer el fin de nuestra existencia como especie humana.
Nos reafirmamos como un espacio colectivo y de dialogo para seguir encontrándonos como pueblos hermanos que vivimos realidades similares; ante las cuales, constituimos como tarea de primer orden la necesidad de continuar uniendo nuestras voces por la defensa de la vida, de nuestros bienes naturales, de nuestros cuerpos y territorios contra la ocupación, genocidio, saqueo y destrucción que el sistema capitalista, colonialista, imperialista, patriarcal y racista nos impone.
Históricamente hemos aprendido a enfrentar la violencia estructural con una oposición firme expresada desde formas de vidas comunitarias, solidarias, de cuidados colectivos, de saberes arraigados a nuestros territorios y a nuestros pueblos. Lo cual ha permitido fortalecer los procesos de resistencia y lucha de manera creativa y permanente.
Basta de violaciones a nuestros derechos humanos colectivos como pueblos, no más impunidad, alto a las masacres y a los genocidios, fuera el militarismo y paramilitarismo de nuestros territorios.
La militarización es la imposición por la fuerza, es el medio que utilizan los Estados Unidos y la OTAN entre otros de sus aliados, para imponer su hegemonía, evitar el libre desarrollo de los pueblos y contener a los movimientos sociales que se resisten a estos fenómenos generados por la guerra. También y de manera brutal contribuyen a la destrucción ecológica en todo el planeta, siendo uno de los principales responsables del cambio climático.
Desde el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos manifestamos una vez más nuestro firme compromiso de seguir avanzando en la defensa y respeto de los derechos humanos colectivos de los pueblos, como un instrumento vital para nutrir la solidaridad, la sororidad, la autonomía, la igualdad, la justicia y la paz.
Ante un mundo plagado de injusticias y exclusiones, continuamos uniéndonos para su transformación y lograr constituirnos en un mundo capaz de reconocer la diversidad humana y hacer prevalecer la vida sobre la muerte y la destrucción.
Queremos vivir en paz desde América Latina hasta Palestina y todos los territorios del mundo, esto significa avanzar en la construcción de sociedades justas, guiadas por la solidaridad, y plenas en sus capacidades para desarrollarse libres y soberanamente.
Nuestro continente, debe ser un territorio de Paz, libre de bases militares y de armas nucleares, desde el Observatorio siempre defenderemos las banderas de la Unidad y la integración del Abya Yala.
Nuestro modelo es por la vida, la colectividad, el dialogo, el respeto a nuestra Madre Tierra. Una paz con justicia social, dignidad y libertad.
Libertad a todas las prisioneras políticas y políticos del mundo. Todas las personas que habitamos este planeta tenemos derecho de vivir en PAZ. ¡Si a la Paz!, ¡No a la guerra!.
Alzamos nuestras voces y decimos que los pueblos queremos vivir en Paz, queremos que nuestros territorios sean espacios de paz y armonía con la naturaleza.
¡Alto al genocidio de Israel contra Palestina y Líbano!
¡Todas y todos somos Palestina!
¡Los pueblos queremos Paz YA!
¡Si a la Paz no a la guerra!
¡Desde el Río hasta el Mar Palestina Vencerá!
¡Libertad, Libertad Palestina Libertad!
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“Hay leyes injustas: ¿Nos contentaremos con obedecerlas o intentaremos corregirlas y las obedeceremos hasta conseguirlo”? (Thoreau)
Manuel Hernández
En el marco de la mayor barbarie después de la Segunda Guerra Mundial, a merced de la cual está siendo masacrada toda una nación, el pueblo palestino, con la pasmosa pasividad y hasta obscena complicidad de los organismos internacionales, se celebra, esta vez, con más pena que gloria, el Dia de los Derechos Humanos, conmemorándose el 76° aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
La Declaración contiene el catálogo de los derechos que expresan las supremas aspiraciones y los valores universales de la humanidad, radicados en la libertad, igualdad, justicia, la paz y la dignidad de las personas.
La DUDH no es una concesión gratuita, sino que es resultado de la lucha histórica de los pueblos y los trabajadores del mundo.
No obstante, el amplio elenco de derechos que reconoce la Declaración, ese primer instrumento transnacional pretirió reconocer derechos que no son menos fundamentales que los que expresamente contiene el texto, a saber: el derecho de protesta, desobediencia civil y resistencia legítima.
Estos derechos, cada uno con sus características propias, constituyen derechos de orden político, inherentes a la persona, al ciudadano, a los y las trabajadoras y a los pueblos.
La desobediencia civil y la resistencia contra la opresión de los gobernantes autoritarios y las leyes inicuas, que vulneran derechos fundamentales, forma parte del constitucionalismo que se desarrolló a finales del siglo XVIII.
La contribución filosófica de John Locke y Thomas Jefferson tuvo una extraordinaria importancia en la configuración de esos derechos.
Locke sostenía, en el Segundo Tratado sobre el Gobierno Civil (1690), que el pueblo tiene el derecho de resistir la autoridad y hasta derrocar el gobierno que quebranta los derechos inalienables de las personas.
Locke señaló varios motivos que justifican la resistencia legítima: cuando el gobierno defrauda al pueblo, prometiendo una cosa y haciendo lo contrario, se vale de argucias para violentar o eludir la aplicación de la ley, y en general, utilizar el poder contra el bienestar del pueblo.
Jefferson, en una línea de pensamiento similar, agregó los siguientes agravios: no aprobar o impedir la aprobación de leyes necesarias para el bienestar general, violencia contra los órganos representativos de la voluntad popular, obstruir el funcionamiento de la administración de justicia (cfr. El derecho a la protesta. Gargarella).
Jefferson afirma que la resistencia civil o política es necesaria para contener el poder dentro de sus propios límites: “una medicina necesaria para la buena salud de la República.”
Esas ideas revolucionarias se plasmaron en la “Declaración de Independencia”, de los Estados Unidos de América (1776), que reconoce el derecho del pueblo de restablecer el orden cuando la autoridad menoscaba los derechos inalienables.
Algunos años después se promulgó la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano (1789), que, en realidad fueron varias declaraciones, la cual también reconoció el derecho de “resistencia a la opresión.”
Una de las declaraciones dispuso lo siguiente: “cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es, para el pueblo y para cada porción del pueblo, el más sagrado de los derechos y el más indispensable de sus deberes”.
Así, esas declaraciones reconocieron que la resistencia, que puede tener distintas expresiones, ya sea como protesta, desobediencia civil, y en última instancia, como rebelión, constituyen derechos irrenunciables.
Lamentablemente, las burguesías después abandonaron ese reconocimiento y se volvieron contra esos derechos fundamentales.
Aunque la Declaración Universal no haya comprendido esos derechos, la protesta cívica, la desobediencia civil y la resistencia, constituyen derechos fundamentales que, en realidad, no necesitan la positivación en la normativa internacional, porque son derechos que, por la raíz de su naturaleza, corresponden a los pueblos, derivados de la soberanía popular, con mayor razón, en cualquier sistema democrático.
Jürgen Habermas nos dice al respecto: «Todo Estado democrático de derecho que está seguro de sí mismo, considera que la desobediencia civil es una parte componente normal de su cultura política, precisamente porque es necesaria».
Hoy, que se conmemora la DUDH, que no sé quién que tenga un mínimo de ética y elemental humanidad, podría celebrarla al fragor de aquella barbarie del Siglo XXI, es pertinente y necesario, ahora, más que nunca, reivindicar que el derecho de protesta, la desobediencia civil y la resistencia son derechos fundamentales, por más que hayan sido omitidos en la Declaración y en otros textos supranacionales, los cuales son derechos primarios, que garantizan la satisfacción de los demás derechos.
“Me revelo, luego existimos”, proclamaba Camus.
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Al interpretar su hermosa canción “El padre Antonio y su monaguillo Andrés”, el salsero panameño Rubén Blades recuerda siempre el destino de los defensores de derechos humanos que han sido asesinados en el contexto latinoamericano.
“Podrán matar a las personas pero nunca a sus ideas”, dice Blades mientras la historia del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero va desarrollándose en un ritmo sentido:
“Antonio cayo, ostia en mano y sin saber por qué
Andrés se murió a su lado sin conocer a Pelé
Y entre el grito y la sorpresa, agonizando otra vez
Estaba el Cristo de palo pegado a la pared
Y nunca se supo el criminal quién fue
Del Padre Antonio y su monaguillo Andrés”.
El 7 de diciembre de 1994 fueron asesinados en Costa Rica Jaime, María del Mar y Oscar. Líderes ambientalistas de entonces libraban una férrea batalla contra los intereses privados y sus socios en el Estado costarricense.
A finales de ese año se lograría detener la acción de la Ston Forestal, que intentaba implantar sus intereses forestales, madereros y de tráfico de drogas en el sur del país, una región rica por su biodiversidad.
Seis meses después fue hallado otro ecologista y poeta muerto en circunstancias aún no aclaradas. David Maradiaga, el Rey David como lo llamábamos en el mundo poético costarricense y centroamericano, también fue asesinado.
Una semana antes de su muerte coincidiríamos en un viaje desde Heredia hacia la Universidad de Costa Rica. Allí me contaría lo contentos que estaban quiénes habían quedado de la lucha contra la transnacional forestal. Pero también me revelaría su miedo, un miedo preciso y latente que pude ver en sus ojos: “me andan siguiendo para matarme”, me diría.
Una semana después abriría el periódico y confirmaría el hecho: lo mataron.
Treinta años después la vigencia de las ideas de estos cuatro defensores de la vida permanece y se hace fuerte. La narrativa sobre el paraíso ambientalista y ecológico que acompaña a Costa Rica en los foros internacionales, se desvanece ante la impunidad que persiste en estos cuatro asesinatos.
Recordemos que la fragilidad de los defensores de la vida en Costa Rica y la región continúa: Jairo, Bertha, Sergio, Jerhy. Los mataron, pero sus ideales y luchas continúan presentes.
En otras columnas recientes hemos hablado de la memoria como recurso contra el olvido. Que las ideas de justicia y dignidad que marcaron la vida y obra de estos héroes no se vayan nunca de nuestras reflexiones.
Quisiera terminar este ejercicio de recuerdo con uno de los textos más hermosos que ha parido la poesía centroamericana, justamente en la palabra de David, mi querido David:
Animal Lluvioso
Soy un andante en el dédalo del tiempo
animal lluvioso
que agarra la palabra y la blande frente al hastío
Vivo en medio de estos montes
ni dichoso ni infeliz
en cruel comercio de gases con mis vecinos de piedra
Tengo las manos del jardín
deshechas por flores muertas
una estación de trenes en el encierro
un desordenado cuarto en armonía con el caos
Tengo una plantacalamar
que me abraza y me oscurece y me libera
La hierba azucarada y la cena de bengalas
para golondrinas y tortugas
Tengo Baúles abiertos
Bocanadas de clarín
que arrinconan a los belcebúes de la casa
Pongo a crecer el vuelo y asesino el muro
Grito para me oigan en épocas dobladas como bodoques
y puestas como cuñas en los resquicios del tiempo
Amo a las mujeres pintadas en rotos almagestos
Idolatro sextantes herrumbrados
astrolabios y pirámides
Busco arcángeles para sembrar sobre baldosas cotidianas
Manos para dejar en ruinas la ruina
Gallos para matar la muerte
Animal lluvioso me declaro
seguro del sol
que un día nacerá
de mis pálidas gotas
Escrito en . Publicado en Equidad y derechos de la mujer.
La periodista, fotógrafa y escritora francesa Laurène Daycard, publicó su artículo Feminicidio, radiografía de un crimen multiforme en el cual introduce una nueva perspectiva analítica del concepto tradicional asignado a un acto femicida.
Mediante este artículo, la autora aborda el feminicidio como un fenómeno complejo y multifacético que va más allá del simple homicidio de mujeres por una pareja sentimental.
Daycard analiza el feminicidio no solo desde una perspectiva legal, sino también sociocultural, señalando cómo las estructuras de poder, la desigualdad de género y la violencia sistemática contra las mujeres contribuyen a la realización de este crimen. También la autora argumenta que el feminicidio debe entenderse como una manifestación extrema de la violencia patriarcal, y que su prevención y erradicación requieren un enfoque integral que involucre cambios en la sociedad, el sistema judicial y las políticas públicas.
Por otra parte, destaca la importancia de reconocer las diferentes formas que puede tomar el feminicidio, ya sea en el ámbito doméstico, laboral, sexual o en el contexto de violencia organizada, lo que convierte a este crimen en un fenómeno multiforme como lo colocó en el título de su obra.
Le invitamos a descargar este archivo adjunto que introduce un énfasis en la necesidad de visibilizar y cuestionar las narrativas y las prácticas que normalizan o minimizan el feminicidio, así como en la urgencia de un enfoque interdisciplinario para abordarlo. Así como también, leer este llamado a la acción para enfrentar dicho crimen de manera efectiva, reconociendo su complejidad y tomando medidas estructurales en todos los niveles de la sociedad.
Descargue el PDF con el artículo completo de Laurène Daycard publicado por Le Monde Diplomatique.
Compartido con SURCOS por Rodolfo Ulloa Bonilla.