Jerhy Rivera Rivera, líder indígena asesinado en 2020, desde mucho antes exigía un cambio en la forma en que las autoridades manejan la justicia para los territorios indígenas. Su mensaje sigue vigente, pidiendo que se respeten las leyes que protegen a su pueblo.
El juicio contra Juan Eduardo Varela, el asesino confeso de Jerhy Rivera, continúa los días 5, 9 y 10 de septiembre en el Tribunal Penal de Pérez Zeledón. El Colectivo de apoyo a doña Digna Rivera N. hace un llamado a la comunidad para acompañar y solidarizarse en este proceso crucial.
A días de cumplirse 51 años del golpe de Estado en Chile, aún le duele el alma a este país, aún tenemos justicia en la medida de lo posible, aún tenemos familiares de las víctimas exigiendo por una verdad total, por reparación y por garantías de no repetición, aún tenemos un pueblo que hace 5 años salió a las calles con la esperanza de grandes y necesarios cambios, una nueva Constitución que nos permitiera construir un país más justo y solidario para todos y todas. Y sí que nos duele el alma al mirar dónde estamos, al mirar el rostro de Fabiola Campillai, de Gustavo Gatica y de los más de 400 lesionados oculares.
Estamos en medio de una realidad que nos avergüenza, en medio del avance de un negacionismo impulsado por una derecha corrupta que se jacta de su poder, estamos en una realidad en que los responsables de los crímenes de la dictadura de Pinochet han ido muriendo en silencio y sin condena, sin el mínimo de humanidad para decirnos dónde están los cerca de 1100 detenidos desaparecidos que aún claman ser encontrados.
Y aun así muchos se atrevieron a soñar nuevamente, luego del estallido social de 2019 volvieron a creer en el gobierno que llegó a dirigir nuestros destinos el año 2022, con promesas de cambio y compromiso con los derechos humanos, pero no ha sido lo que se esperaba y el ciudadano común se siente traicionado porque una vez más las promesas quedaron impresas sólo en los afiches y palomas de la campaña electoral.
Y en el remolino de des-informaciones, hace unos días nos enteramos por la prensa casi como si fuera una noticia de relleno, que la ministra de Defensa chilena Maya Fernández tuvo un encuentro con destacados generales norteamericanos, una reunión en que el Comando Sur de Estados Unidos reafirmó su “cooperación” con Chile en materias de seguridad y otros temas estratégicos para la defensa y el ataque del país. Ministra con cupo PS en el gobierno que poco hemos visto en los grandes temas nacionales.
Historias de abuelos
Y aquí me tomaré una licencia y les contaré unas historias de abuelos, que, aunque no parezca tiene tanto que ver con lo que sucede hoy en Chile. Hace unos días me contaban que la diputada Emilia Schneider visitó el ex Campo de Concentración de 3y4 Álamos, y que a través de sus palabras reafirmó su compromiso con la memoria, la justicia y los derechos humanos. Ella es bisnieta del valiente General y comandante en jefe del Ejército, René Schneider.
A él, ese hombre querido, respetado y recordado por su postura de neutralidad y prescindencia política de las fuerzas armadas, a él lo asesinaron. Un grupo de extrema derecha llamado Patria y Libertad, financiado y armado por la CIA, lo intentó secuestrar el 22 de octubre de 1970 en la comuna de Las Condes, él se defendió y enfrentó a los secuestradores con su revolver que no alcanzó a percutar, como lo haría un verdadero militar, como un militar de honor, no como un cobarde traidor y es asesinado por este grupo compuesto principalmente por “hijitos de papás” como les decimos en Chile a los hijos privilegiados de familias poderosas y adineradas, jóvenes que después del golpe se transformaron en empresarios y hoy pasan desapercibidos en sus fundos y empresas como buenos patrones, viviendo una vejez tranquila, esa que no tuvo el valiente soldado Schneider, el general de José Miguel Carrera.
La historia de Salvador Allende es parecida, pero él era un civil, un presidente honesto que recogió el dolor de su pueblo y quiso transformarlo en un futuro más justo, y que ante tamaña afrenta fue duramente castigado por Estados Unidos, quienes financiaron – sin escatimar gastos – atentados, desinformación, traiciones y el golpe militar que lo derrocaría y que cambió para siempre el destino de este pequeño y lejano país. Y sí, Allende – el presidente – no se sentó a negociar tratados internacionales ni acuerdos de cooperación militar con Estados Unidos, al contrario, siempre tuvo claro que Estados Unidos no tiene amistades permanentes, sino intereses permanentes y ellos también lo sabían, por eso como dato, antes de su llegada a la presidencia abandonaron rápidamente la base militar que habían instalado a mediados de los 60 en Isla de Pascua, y vieron con horror los procesos de nacionalización del cobre y el avance de la reforma agraria. Por eso nos cuesta entender – que su nieta – la ministra, orgullosamente reciba estas visitas para conversar sobre cooperación en materia de defensa. Que corta es la memoria, y que largo es el olvido.
La historia de mi abuelo Manuel Leiva Riquelme es otra, un campesino que vivía de inquilino en el fundo de los patrones Bunster en la IX región. Alguna vez les conté que a mi abuelo lo mataron en mayo de 1957, fue encontrado junto a su caballo, lo habían arrojado a una laguna para que no hallarán su cuerpo. No lo conocí, he visto fotos de él y creo que somos muy parecidos, y desde niño he sentido que pide justicia por él y por los muchos sin nombre como él. Pero a nadie le importó, ni a los patrones, ni a las policías, ni a los jueces, sólo a mi abuela, a sus hermanos y a sus hijos e hijas, entre ellas mi mamá. Mi conexión con el abuelo es única, es un hilo que nos conecta con el campo, con el cuidado de la tierra, con la siembra, lo llevo en la sangre. Pero, aunque él no haya sido conocido ni importante, jamás traicionaré su memoria, en ella guardo lo mejor de mí mismo y creo que es lo mismo para todos, por ello respeto a la diputada Schneider y me sorprendo por la ministra Fernández, claramente no es solo su responsabilidad, detrás de ella hay una línea política de un gobierno – lleno de nietos y nietas – que olvida el pasado y avanza ciegamente en dirección desconocida.
El establishment chileno quiere estar del lado del capitalismo
Que vergüenza el gobierno “progresista” de Gabriel Boric, tal vez confundidos con la idea de alcanzar el progreso, centran su accionar en intereses económicos y prebendas, que incluyen el entreguismo y la alineación con el imperialismo y con hacha en mano siguen destruyendo el bosque y algunos creen que por tener el mango de madera es un aliado. No es así, nos sentimos engañados, siguen desviando la atención hacia temas irrelevantes, mientras la reforma al sistema de pensión es letra muerta, la condonación del CAE no tiene financiamiento, la reforma tributaria hecha polvo y barrida bajo la alfombra; listas de espera eternas en salud, plan de búsqueda que no busca y el compromiso férreo de liberar a los presos políticos del estallido social se ha ido saliendo claramente de sus prioridades… la lista es larga.
Y aunque nos duela el alma ante tanta indiferencia y superficialidad, a nosotros nos queda seguir alzando la voz desde cada espacio, en cada foro, en cada calle, a nosotros nos queda no rendirnos, no perder la memoria, a nosotros nos queda recordar a los miles de hombres y mujeres valientes que lucharon por una sociedad más justa, a nosotros nos queda gritar sus nombres, recordar sus rostros, buscar sus restos. Lo haremos, sepan que lo haremos, nosotros, nuestras madres, nuestros padres y hermanos, nuestros hijos y nuestros nietos y nietas valientes, los que no dejan espacio al olvido.
Continúa el juicio político, acoso y persecución contra representante sindical en la Junta Directiva de la CCSS, por haber aprobado legítimo ajuste salarial de 7 mil colones a trabajadores de la Caja.
Martha Rodríguez González, en su calidad de representante de los trabajadores, se dirige con firmeza tanto a la clase obrera como a la opinión pública para exponer una situación que ha venido denunciando de manera constante: la persecución política y el terrorismo de estado del que ha sido víctima. Durante los últimos dos años, Martha ha estado sometida a un proceso que busca, a través de presiones sistemáticas, que renuncie a su cargo. Sin embargo, ella ha resistido en defensa de los intereses de la clase trabajadora y de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), entendiendo que su labor no solo es un compromiso con los trabajadores, sino también con el pueblo costarricense.
Ahora, enfrentando un nuevo proceso de destitución, Martha reafirma su decisión de no ceder ante las presiones. Su postura es clara: no abandonará su cargo, independientemente de lo que sus opositores puedan pensar o sentir. Para ella, esta batalla es más que una lucha personal; es una defensa colectiva de los derechos de los trabajadores y de la dignidad del movimiento sindical. Su compromiso con la justicia social y la protección de los derechos laborales la impulsa a mantenerse en pie de lucha, resistiendo los embates de aquellos que buscan silenciarla. Con esta convicción, Martha Rodríguez González continúa al frente de la defensa de los trabajadores, segura de que la verdad y la justicia prevalecerán.
Campaña de firmas en apoyo a Martha Rodríguez González: siga este enlace.
Un grupo de afectados por las quiebras financieras de Aldesa, la SAFI del Banco de Costa Rica (BCR) y la reciente disolución de Coopeservidores han alzado su voz de protesta en un documento dirigido a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica. En el comunicado, denuncian la negligencia y falta de acción de las entidades de supervisión financiera del país, particularmente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL) y la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF).
Los afectados señalan que, en el caso de Aldesa, las autoridades de supervisión financiera no actuaron a tiempo a pesar de los antecedentes que debieron haber activado alarmas. Además, critican que el presidente de CONASSIF, Luis Carlos Delgado Murillo, se haya abstenido de intervenir en el caso por motivos personales, lo que según ellos, agravó la situación y profundizó las pérdidas de los ahorrantes.
Ante denuncias presentadas contra funcionarios de la SUGEVAL por incumplimiento de deberes, los responsables evitaron consecuencias penales mediante una conciliación que los afectados consideran insuficiente y que deja un mal precedente. Aunque la superintendente de SUGEVAL en ese momento, María Lucía Fernández Garita, finalizó su periodo en 2022, los firmantes critican que otros funcionarios clave continúan en sus cargos sin enfrentar ningún proceso disciplinario, lo que consideran una muestra de la impunidad en el sistema de supervisión.
Los casos de la SAFI del BCR y Coopeservidores son mencionados como ejemplos adicionales de la ineficacia de las entidades de supervisión. En el caso de la SAFI del BCR, los sobreprecios pagados por inmuebles y las malas inversiones provocaron pérdidas significativas para muchos inversionistas, especialmente adultos mayores que dependían de estos fondos como su única fuente de ingresos. Por otro lado, la disolución de Coopeservidores, bajo la supervisión tardía de la SUGEF, expuso fallas similares en la fiscalización, afectando a miles de asociados y dejando a muchos sin empleo ni claridad sobre el estado de sus inversiones.
Los firmantes del documento acusan a las autoridades de haber creado un sistema financiero y de supervisión ineficaz que, lejos de proteger a los ahorrantes, ha generado un falso sentido de confianza. Sostienen que este sistema ha sumado burocracia, altos salarios y una cultura de irresponsabilidad que ha dejado a los inversionistas en un estado de indefensión total. Mencionan una larga lista de quiebras financieras en los últimos 30 años y exigen que se tomen medidas contundentes contra los responsables de la supervisión, advirtiendo que la confianza y estabilidad del sistema financiero están en peligro.
El grupo de afectados, que incluye a decenas de personas y asociaciones, insta a las autoridades a actuar de inmediato y evitar que se repita otro colapso financiero en el futuro.
SURCOS comparte la carta enviada a la Junta Directiva del Banco Central de Costa Rica.
La AAJ denuncia el caso de Danuel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y ex candidato a la Presidencia, quien se encuentra detenido con prisión preventiva, como un caso del lawfare en América Latina, presentando graves violaciones al debido proceso y a las garantías constitucionales.
El sociólogo y arquitecto Daniel Jadue, de ascendencia palestina y militante del Partido Comunista, es alcalde desde el año 2012 de la comuna Recoleta de Santiago, República de Chile. Fue reelecto en las elecciones municipales del 2021 con el 64,08 por ciento. Su gestión generó la implementación de las farmacias populares, ópticas populares, inmobiliarias populares, la Universidad Abierta de Recoleta, festivales de cultura masivos y gratuitos, la escuela popular de teatro, y otras iniciativas.
Su capacidad de gestión llevó a que desde el 2017, la población de la comuna haya aumentado en un 22%, generando un impacto positivo en la vida de miles de habitantes. Su exitosa creación de las Farmacias Populares, una red que ofrece medicamentos 70% más baratos que las farmacias cartelizadas. Fue una iniciativa ampliamente replicada en muchas otras localidades.
Por ello, afectó intereses oligopólicos y monopólicos de tres cadenas de farmacias, que concentran el 90% del mercado, las que implementaron un boicot descubierto en una investigación del Instituto de Salud Pública, tras una denuncia presentada por Jadue. De igual manera, la implementación de un sistema de viviendas populares, a menor costo con políticas de apoyo a las personas de menores recursos, afectó a los intereses del sector inmobiliario.
La persecución judicial se concreta a partir de una denuncia de una importadora de medicamentos, la empresa Best Quality, a través de un comisionista -condenado por estafa- justamente por el rol de Jadue en la implementación de las farmacias populares.
En la audiencia celebrada el 3 de junio pasado, el 3° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió imponer a Jadue presión preventiva, a pesar de admitir que no existen pruebas, en violación al principio de la presunción de inocencia. En una resolución carente de proporcionalidad, no se ha podido fundar ni justificar la extrema medida, ni por la supuesta peligrosidad, ni por el riesgo de fuga y mucho menos por el posible entorpecimiento de la investigación.
Por tanto, la AAJ se suma a la campaña internacional exigiendo la inmediata libertad de Daniel Jadue, y el cese del uso abusivo de instrumentos jurídicos para impugnar y deslegitimar a referentes políticos y sociales, mediante la persecución por vía judicial-mediática, en beneficio del poder económico.
A 10 de julio de 2024
Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental
Luis Carlos Moro. Secretario General
Organización No Gubernamental con estatuto consultivo ante el ECOSOC y representación
La Asociación Americana de Juristas (AAJ) exigió la inmediata liberación de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, Santiago de Chile, y denunció su detención como un caso de lawfare en América Latina. Jadue, conocido por implementar farmacias populares que ofrecían medicamentos a precios reducidos, fue acusado injustamente tras afectar intereses de grandes corporaciones farmacéuticas.
La AAJ destacó que, a pesar de la falta de pruebas, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago impuso prisión preventiva, violando su presunción de inocencia. La organización condenó el uso indebido del sistema judicial para deslegitimar a líderes políticos y se sumó a la campaña internacional por su liberación.
El 24 de febrero del 2020, fue asesinado Jerhy Rivera Rivera en el territorio Bröran de Térraba, mientras un grupo de personas defendía los territorios ocupados ilegalmente por terratenientes de la zona. Elides Rivera Navas, su tía materna, señala que Jerhy fue cruelmente ultrajado antes de recibir el disparo que acabó con su vida: “Muchos son los que están involucrados dentro de eso. Si bien es cierto que uno fue el que disparó el arma como arma, pero lo cierto es que había muchos que lo golpearon, que lo patearon, le quebraron incluso la cabeza antes de morir del balazo. A él le deshacen tres dedos, se los muelen, ¿a pedradas? Podés ver el ensañamiento, podés ver el odio. Todo lo que han dejado desbordar de malos sentimientos”.
Está documentado que el 18 de agosto del 2022, durante una reunión pública y oficial, con representantes del gobierno, en Buenos Aires, Luis Eduardo Varela Rojas afirmó haber asesinado a Jerhy Rivera en defensa propia. Recibió fuertes aplausos y alabanzas de parte del público ahí reunido. El 1 de febrero del 2023, el Tribunal Penal de Pérez Zeledón condenó a 22 años y 15 días de prisión a Luis Eduardo Varela Rojas por el homicidio del líder indígena de Térraba, Jehry Rivera Rivera, y por amenazas a una testigo del asesinato. Según el juez del proceso: “El tema de quién mató a don Jehry, no es un tema controvertido, está claro que fue el imputado quien lo asesinó y eso no es discusión para este Tribunal”.
El 17 de julio del 2023, el Tribunal de Apelación de Sentencia Penal de Cartago ordenó poner en libertad a Luis Eduardo Varela Rojas, alegando vicios en la valoración de la prueba.
Del 19 al 23 de agosto 2024, se programó un juicio en el Tribunal de Pérez Zeledón; el mismo que había dictado una sentencia mínima por el cargo de homicidio.
Surgen preguntas frente a estos hechos: ¿Por qué reina la impunidad ante los atropellos que viven las poblaciones indígenas? ¿Por qué los asesinos de Sergio Rojas se pasean tranquilamente por Salitre? ¿Por qué las denuncias por amenazas y agresiones de todo tipo no prosperan en las instituciones que le deben dar trámite? ¿Por qué el Estado costarricense no cumple con las medidas cautelares “MC 321-12”, en las que se definió que sus instituciones son las responsables de garantizar y resguardar la vida e integridad física de Pueblos Bröran de Térraba y Bribri de Salitre?
Exigimos al Estado costarricense que cumpla sus compromisos: el Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Poblaciones Indígenas y Tribales de 1957; la Ley Indígena 6172 de 1977; el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los Pueblos Indígenas y Tribales, ratificado por la Asamblea Legislativa en 1993; la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, suscrita por Costa Rica desde el 2007.
Por su inacción, el Estado costarricense es responsable del asesinato de Sergio Rojas ocurrida en marzo del 2019 y del asesinato de Jerhy Rivera llevado a cabo en febrero del año siguiente.
Basta ya del racismo estructural del Estado costarricense y de la sociedad en su conjunto. El problema de fondo es la violación a los Derechos Humanos, a la legalidad costarricense y a los convenios internacionales que Costa Rica ha firmado para asegurar que en los territorios ancestrales se respeten las normas, la autonomía y la espiritualidad de los pueblos indígenas.
¡Es una vergüenza que en nuestro país la justicia se vista con ropajes colonialistas y racistas! ¡Justicia para Jerhy es sembrar una semilla de paz en los territorios indígenas!
¡Que un asesino confeso ande libre amenazando y alardeando de lo que hizo nos deshumaniza a todas las personas!
¿Qué modelo de ciudadanía se está fomentado con esos actos?
Por eso, exigimos, con doña Digna Rivera Navas, justicia para su hijo Jerhy.
Firma responsable: Comité de Solidaridad con doña Digna. Costa Rica
Cc. Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos y otras organizaciones de Derechos Humanos a nivel nacional e internacional. Nos unimos a este pronunciamiento las siguientes personas, organizaciones, colectivas y colectivos:
En el documento adjunto puede ver las firmas que respaldan este documento.
¡Con doña Digna Rivera, exigimos justicia para Jerhy!El 24 de febrero de 2020, Jerhy Rivera Rivera fue asesinado en el territorio Bröran de Térraba mientras defendía las tierras indígenas de ocupaciones ilegales. Su muerte no solo fue brutal, sino que además, la impunidad que ha rodeado el caso refleja un profundo problema de racismo estructural y violación de derechos humanos en Costa Rica.A pesar de que Luis Eduardo Varela Rojas confesó públicamente haber asesinado a Jerhy en defensa propia, fue liberado en julio de 2023 debido a vicios en la valoración de la prueba, a pesar de haber sido condenado inicialmente a 22 años de prisión. Este hecho, junto con la falta de acción del Estado en cumplir las medidas cautelares y proteger a los pueblos indígenas, evidencia una grave negligencia en la justicia costarricense.Exigimos que el Estado costarricense cumpla con sus compromisos internacionales y nacionales, y que se garantice la protección de los derechos de los pueblos indígenas. Es inaceptable que, en pleno siglo XXI, la justicia en Costa Rica siga siendo cómplice de actos de violencia y discriminación contra las comunidades indígenas.¡Justicia para Jerhy Rivera! ¡Es hora de acabar con el racismo y garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas en nuestro país!
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia recibió un recurso de amparo interpuesto por José Francisco Alfaro Carvajal contra el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). Alfaro acusa al ministerio de desobedecer una orden emitida previamente por la Sala Constitucional, relacionada con la protección de áreas declaradas patrimonio natural.
En una sentencia anterior (N° 2023017109), la Sala Constitucional había ordenado al ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach Capra, o a quien ocupe su cargo, identificar y recuperar las zonas protegidas en un plazo de seis meses. Además, se le exigió informar cada tres meses sobre el progreso de estas acciones.
La Sala advierte que el incumplimiento de esta orden podría conllevar sanciones graves, como penas de prisión de tres meses a dos años o multas, según lo establece la Ley de la Jurisdicción Constitucional.
Frente a la acusación de desobediencia, la Sala ha concedido al ministro una audiencia de tres días para responder a los hechos y omisiones que se le atribuyen. Si se comprueba la desobediencia, se podría iniciar un procedimiento administrativo en su contra y remitir el caso al Ministerio Público por posible delito.
Cabe señalar que algunos magistrados expresaron opiniones divergentes en la resolución. El Magistrado Salazar Alvarado consideró que el caso debería resolverse en la jurisdicción ordinaria, mientras que la Magistrada Garro Vargas sugirió que la ejecución de la sentencia se realice en el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda.
En un comunicado del SEC se señalan puntos claves que evidencian la posición de la administración Chaves Robles contraria a dar la posición de prioridad para la educación pública como factor de desarrollo. SURCOS le ofrece los elementos centrales de lo expuesto por el SEC:
Reducción presupuestaria: Se menciona que, en 2023, 2024 y 2025, el presupuesto para la educación pública ha sufrido reducciones, a diferencia de años anteriores donde la inversión en educación era más estable.
Las prioridades deben ser la educación y salud. Se argumenta que la educación y la salud pública deben ser prioridades innegociables en el presupuesto nacional. El gobierno actual, según los críticos, no ha asignado adecuadamente los recursos necesarios para estas áreas vitales.
La capacidad de Gobernar. Se cuestiona la capacidad del gobierno para asignar recursos públicos de manera efectiva y estratégica. Se alega que la administración actual, incluyendo al ministro Acosta, el presidente Chaves, y la ministra de educación no ha demostrado la habilidad para gestionar adecuadamente el financiamiento para la educación.
Respeto al presupuesto para la educación pública: Se hace una comparación con el año 2020, cuando Costa Rica destinó el 7.32% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación sin necesidad de medidas extraordinarias como la liberación de presos para financiar la educación según lo mencionó el ministro de Hacienda Noghi Acosta.
Reducción progresiva. Se menciona que el presupuesto para la educación ha sido reducido de manera progresiva: 5.37% en 2023, 5.21% en 2024 y 4.83% en 2025.
Se critica a la ministra de Educación, Katharina Müller, por no defender el presupuesto de manera firme y efectiva. Se argumenta que ella ha permitido que el presupuesto para la educación se reduzca sin protestar o luchar para que se mantenga.
Müller es descrita como la primera ministra de educación que ha permitido la reducción del presupuesto educativo sin tomar medidas significativas para evitarlo.
La reducción del presupuesto se asocia con la posibilidad de que miles de jóvenes sean expulsados del sistema educativo, lo que podría llevar a mayores problemas sociales como la falta de oportunidades laborales, el aumento del narcotráfico y el crimen organizado.
Se propone que, en lugar de reducir el presupuesto para la educación, se debería priorizar el financiamiento a esta área sobre el servicio de la deuda pública, reduciendo así las partidas asignadas al pago de intereses y capital de la deuda.
Se exige la renuncia del ministro de Hacienda Noghi Acosta y de la ministra de Educación Katharina Müller. Se argumenta que ambos han demostrado incapacidad y desinterés en la educación, lo que es visto como una violación a la ley y una injusticia deliberada.
Se sugiere que sus acciones deberían ser calificadas y sancionadas por los Tribunales de Justicia, subrayando que no hay espacio para la ignorancia deliberada en la gestión pública.
El itinerario de una causa penal por corrupción privado-pública está plagado de accidentes, trampas, baches y emboscadas. Dado el perfil de los sospechosos, individuos con poder económico, político, religioso o de influencia social, llegar al puerto de la Justicia no resulta sencillo. En el marco de un debido proceso legal, más allá de la inocencia o culpabilidad de los involucrados, o de los recursos extraordinarios con que cuenta su defensa, existen condicionamientos estructurales que resultan, al fin de cuentas, determinantes: un sistema económico que no dibuja con claridad dónde terminan los negocios lícitos y dónde comienzan los abusos con la cosa pública; la imperiosa necesidad de contar con instituciones judiciales bien financiadas, con suficiente personal capacitado, salarios competitivos, derechos laborales garantizados y expectativas de jubilaciones dignas, entre otros factores.
La mayoría de los hechos por corrupción ni siquiera son conocidos o denunciados. Habitan la zona oscura de las prácticas burocráticas viciadas por décadas y siglos. La realidad evidencia que los cambios de gobierno sólo tienen un peso relativo en el descontrol o agravamiento delictivos, pues los verdaderos expertos se encuentran enquistados, por una parte, en poderosas cúpulas empresariales; y por otra, en los mandos medios del aparato estatal, verdaderos conocedores y practicantes de las conductas ilícitas. En las sociedades modernas, casi siempre es la casualidad, la denuncia mediática o la obviedad del daño, las vías por las que se destapan los hechos irregulares y se convierten en escándalos públicos.
Si la denuncia logra concretarse, se abren tiempos de investigación preliminares con frecuencia interminables. Años y años de supuestos esfuerzos por acopiar las pruebas y construir la base acusatoria. En el mejor de los casos –dicho con ironía- nos enfrentamos a instancias policiales y fiscales incompetentes, negligentes o ignorantes. En la peor de las situaciones, la cuestión tiene que ver con cálculos politiqueros, deliberados atrasos, o abierta búsqueda de impunidad mediante eventuales prescripciones de las acciones delictivas. La lentitud es una variable transversal a lo largo de todo el proceso. La prescripción, y con ella la impunidad, puede finalmente alcanzarse en cualquier etapa del juicio.
La culminación de este itinerario puede ser una acusación débil o defectuosa, que omita hechos graves y relevantes, o saque del expediente a los acusados más “notables”. Es también el momento en que un Ministerio Público complaciente facilita las salidas alternas al proceso, llegando a acuerdos y conciliaciones que le permita a sujetos connotados burlar el rigor de la ley, sólo aplicable al común de los mortales. No debe olvidarse que las alternativas al proceso ordinario, -en principio un buen mecanismo para descongestionar tribunales y cárceles-, se aplican en nuestro medio si acaso a un 3% de los asuntos. El problema no está en los mecanismos en sí, sino en acordarse de ellos sólo frente a cierta categoría de delincuentes.
Si al final de este tortuoso trayecto, el caso llega a la etapa de juicio, no hay como anular, es decir, eliminar del conjunto probatorio, elementos de juicio esenciales y determinantes. Eliminada la prueba decisiva, el juzgador puede cómodamente justificar una absolutoria, por duda y hasta por certeza. No importa si hay precedentes jurisprudenciales del más alto rango que contradicen esas anulaciones. La cuestión es encontrarle salida jurídicamente “creíble” a la impunidad.
Y todavía más. Existiendo una sentencia condenatoria, se encontrarán subterfugios e interpretaciones judiciales o administrativos para que la persona convicta, con todo y su cuello blanco, no ponga un pie en la cárcel, destino sólo padecido por los desheredados de la tierra.
El daño irreparable se le estará haciendo al régimen democrático. La responsabilidad, sobre todo de los jueces y juezas, es de una trascendencia escalofriante. Un juzgador con miedo a los medios de comunicación o a los poderosos que procesa debería buscar otra forma digna de ganarse la vida. Un juzgador lo suficientemente ambicioso para sacrificar la justicia en aras de alcanzar metas en su carrera, es la negación misma de la independencia judicial. Como pesadas sombras, el miedo y la ambición corroen personas e instituciones por igual.
Cuando las instancias que deciden los nombramientos, en nuestro caso el Consejo Superior del Poder Judicial (jueces 1 a 3), la Corte Plena (jueces 4 y 5) y la Asamblea Legislativa (magistrados), quebrantan las reglas objetivas, se burlan de los concursos y sacrifican méritos y atestados en aras de cercanías y afinidades personales o partidarias, se está contribuyendo al descrédito de la Justicia y a la desconfianza fundada de la gente.
Uno de los mecanismos más conocidos universalmente, es la promoción y designación de jueces amigos o afines, a los que se pueda llamar o manipular en ciertos expedientes delicados, como son los de corrupción. El colmo de esta decadencia se perpetra cuando el nombramiento está atado a una encomienda específica, sea un cambio jurisprudencial, sea el favorecimiento a alguien con nombres y apellidos.
El caldo de cultivo estará preparado, en una “democracia plena”, para que florezca el demagogo populista, de derecha o de izquierda. Las deficiencias de las instituciones le servirán, no para enmendarlas, sino para destruirlas. Será tan autoritario y corrupto como muchos de los viejos políticos, y sólo querrá cambiar la camarilla tradicional por la suya propia, incluidos sus jueces de confianza, si pudiera. Por desgracia, los abusos, excesos y vicios del pasado juegan a su favor. Le darán todo el argumentario requerido para que un pueblo cansado y decepcionado le crea las mentiras y medias verdades que dice. Y aprovechará cualquier ocasión para recordarnos que hubo jueces y otras instancias de control que fueron designados por meras cercanías personales o partidarias, que se intentó controlar la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para buscar objetivos espurios, y que andan por ahí sueltos algunos personajes, eternos procesados y hasta condenados, pavoneando su impunidad.
El líder indígena Jerhy Rivera fue asesinado el 24 de febrero de 2020 por Luis Eduardo Varela Rojas, este último fue inicialmente condenado a 22 años y 15 días de cárcel. Sin embargo, el 17 de julio de 2023, menos de seis meses después, una apelación en el Tribunal de Cartago ordenó dejarlo en libertad alegando vicios en la valoración de la prueba.
Queremos hacer constar nuestro apoyo a doña Digna haciendo presencia en el Tribunal de Pérez Zeledón. La comunidad de Longo Mai, junto a FECOU y Ríos Vivos darán hospedaje solidario, transporte (ida y vuelta) y almuerzo colectivo, el punto de contacto es Jiri al 8880-6385.
Por último, al número 8766-7980 (Cedeño Rivera Carlos Enrique) se puede hacer Sinpe autorizado por doña Digna para gestiones familiares durante el juicio y a los numeros 8993-2274 (Alejandra Bonilla) y 8505-83-72 (Fanny Ortiz) también se puede hacer Sinpe para apoyar la movilización de las compañeras Red de Mujeres Rurales quienes viajarán hasta Pérez Zeledón.
