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Etiqueta: justicia

Proyecto busca asegurar protección para personas repartidoras en plataformas digitales ante condiciones laborales inseguras

En un taller recientemente organizado por la Fundación Friedrich Ebert se profundizó en los desafíos que enfrentan los trabajadores de plataformas digitales de reparto en Costa Rica, destacando aspectos que afectan directamente su calidad de vida y seguridad laboral. En este espacio se exploraron propuestas de ley, estudios de caso y encuestas que evidencian la precarización de estos trabajadores en el contexto actual y la urgente necesidad de establecer regulaciones que protejan sus derechos básicos.

Un elemento central en la discusión fue el “Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales”. La diputada Sofía Guillén expuso en detalle cómo esta propuesta busca subsanar la falta de derechos laborales para los repartidores, en un entorno donde los ingresos y beneficios son limitados y las empresas de plataformas operan sin rendir cuentas a sus empleados ni a la sociedad.

Guillén argumentó que la ley plantea, en primer lugar, el derecho a la seguridad social y la compensación por horas extra, así como la implementación de descansos obligatorios. Además, el proyecto aborda la necesidad de transparentar el sistema de pagos y sanciones para evitar abusos, garantizando que los repartidores no sean penalizados injustamente por decisiones automatizadas de las plataformas. En una economía que rápidamente se apoya en estos servicios, la diputada destacó que sin legislación, estos trabajadores seguirán expuestos a la inseguridad y a la explotación laboral.

La presentación de la “Encuesta a personas repartidoras de la GAM, Costa Rica”, realizada por la M.Sc. María Leonela Artavia Jiménez, M.Sc. Jorge Solano Ruiz, Bach. Mariela Campos Lizano, y Bach. María José Herrera Madrigal de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional mostró una perspectiva cruda de la realidad que enfrentan los repartidores de plataformas en el día a día. Los resultados revelaron que, para muchos de estos trabajadores, una semana laboral promedio supera las 60 horas, con jornadas que se extienden a altas horas de la noche y abarcan fines de semana, todo sin acceso a prestaciones de salud, vacaciones, o condiciones mínimas de seguridad. A medida que más repartidores expresaban su dependencia de estas plataformas para mantener a sus familias, surgió un consenso: este sistema de trabajo impulsa una forma de esclavitud moderna en la que los repartidores deben trabajar incansablemente para lograr ingresos mínimos. Los resultados de la encuesta apuntan a que las condiciones son aún más duras para los repartidores que usan motocicletas, quienes, en busca de maximizar el tiempo y el número de pedidos entregados, están particularmente expuestos a accidentes y agresiones. La falta de seguro médico obliga a estos trabajadores a asumir los riesgos de su seguridad física sin ninguna cobertura por parte de las plataformas, creando una dinámica de extrema vulnerabilidad y desprotección.

El estudio “Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica”, realizado por María Leonela Artavia-Jiménez, Jorge Solano Ruiz, Mariela Campos Lizano, y María José Herrera Madrigal, profundiza en los efectos de esta precariedad laboral, detallando cómo la falta de regulación ha convertido a las plataformas en espacios de trabajo que eluden cualquier responsabilidad sobre las condiciones laborales. Este informe explora el papel de las plataformas como entidades que se presentan sólo como intermediarios, desligándose de la responsabilidad de los trabajadores a pesar de que ejercen control sobre las tarifas, los horarios y las condiciones bajo las cuales deben cumplir sus labores. Uno de los hallazgos más reveladores del estudio fue el nivel de control que las plataformas ejercen mediante algoritmos que determinan el acceso a pedidos, la calificación de los repartidores y el valor de los ingresos en función de una serie de parámetros intransigentes que ni siquiera los trabajadores conocen a cabalidad. Este sistema de vigilancia y sanciones automatizadas se traduce en una especie de control remoto sobre los trabajadores, quienes ven sus ingresos y su estabilidad laboral comprometidos por decisiones que no pueden cuestionar ni negociar.

La influencia de estos algoritmos y el desamparo de los trabajadores en plataformas es un problema profundo en un país como Costa Rica, donde la informalidad laboral es una realidad creciente y la falta de opciones en el mercado laboral formal ha llevado a muchos a emplearse en estas plataformas de reparto. Para muchos de estos trabajadores, el trabajo en plataformas no es una opción de ingresos secundarios sino su único sustento, lo cual convierte en esencial la regulación de este sector. Sin embargo, en el estudio también se indica que el alto grado de informalidad en que operan los repartidores en la GAM, donde solo un pequeño porcentaje tiene alguna forma de seguridad social, hace que muchos de estos trabajadores tengan que autofinanciar cualquier tipo de atención médica en caso de accidente o enfermedad. Este contexto, en el que los trabajadores soportan los riesgos financieros y de seguridad sin ningún respaldo, refuerza la imagen de las plataformas digitales como entornos altamente deshumanizantes y excluyentes.

Además, el estudio plantea que el trabajo en plataformas digitales se caracteriza por una enorme desventaja en la relación de poder entre los repartidores y las empresas. Al no tener representación sindical ni herramientas para hacer valer sus derechos, los repartidores se encuentran en una situación de dependencia y vulnerabilidad total. El informe advierte que el hecho de que las plataformas no se consideren como empleadores, sino solo como facilitadoras de servicios, ha permitido que estas empresas eludan las responsabilidades que normalmente se asocian con la relación empleador-empleado. Como resultado, los repartidores se ven obligados a aceptar las condiciones impuestas por las plataformas sin capacidad de negociación, quedando sujetos a cambios unilaterales en las tarifas, los tiempos de entrega, y las políticas de sanción. La inexistencia de un contrato de trabajo formal con derechos reconocidos implica que los repartidores están sujetos a una volatilidad extrema y a un ingreso fluctuante que muchas veces no cubre sus necesidades básicas.

En conjunto, estos estudios y propuestas reflejan la necesidad de un cambio en la forma en que las plataformas digitales operan en Costa Rica. Se ha propuesto que se tomen en cuenta experiencias internacionales, como en España, donde los trabajadores de plataformas han sido reconocidos legalmente como empleados, o en Chile, donde el apoyo de sindicatos ha facilitado negociaciones con estas empresas. Estos ejemplos resaltan la importancia de que los trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo cuenten con el respaldo de una ley que los proteja, sino también con la opción de integrarse a redes de apoyo que les permitan enfrentar las condiciones impuestas por las plataformas con mayor seguridad. La Fundación Friedrich Ebert, en su rol de organizador de este taller, ha enfatizado que la plataformización del trabajo no debe significar la deshumanización de los trabajadores.

La discusión sobre el reconocimiento y regulación de estos trabajadores de plataformas en Costa Rica no solo trata de proteger a una población en crecimiento, sino también de establecer los cimientos para una economía digital más equitativa y responsable. Los estudios presentados en el taller dejan claro que, en la era digital, el trabajo no puede seguir avanzando en un vacío legal, y que es urgente que el Estado costarricense tome medidas para evitar que el avance tecnológico ocurra a costa de la dignidad y el bienestar de los trabajadores más vulnerables.

La Fundación Friedrich Ebert compartió esta valiosa información con SURCOS, resaltando la importancia de visibilizar y comprender las condiciones de trabajo de quienes se desempeñan en plataformas digitales en Costa Rica. Invitamos a las personas lectoras a profundizar en este análisis accediendo a los documentos completos, los cuales adjuntamos para su consulta: el Expediente 24.500: Ley para garantizar los derechos laborales de las personas prestadoras de servicios de reparto mediante plataformas digitales, la Encuesta a personas repartidoras de la GAM y el estudio Plataformas Digitales y Precariedad Laboral en Costa Rica. Cada uno de estos documentos ofrece una visión crítica y detallada sobre las dimensiones de la precariedad laboral y los retos urgentes de regulación en el sector.

Conversatorio en Térraba: Justicia y derechos indígenas en defensa del legado de Jehry Rivera Rivera

El pasado 19 de octubre de 2024, la Casa de Mayores Blöràn (Ù Tla’la) en Térraba se convirtió en un espacio de profundo diálogo y reflexión durante el conversatorio centrado en el fallo del caso de Jehry Rivera Rivera, defensor de los derechos indígenas. Este evento fue convocado por la organización Mujeres Mano de Tigre, con el propósito de visibilizar las problemáticas en torno al fallo judicial que absolvió al homicida confeso de Jehry Rivera, un caso que ha causado gran indignación en la comunidad indígena y sus aliados.

Durante el conversatorio, se discutieron tres temas clave:

  1. Contextualización del caso de Jehry Rivera Rivera : Se repasaron las acciones judiciales en curso y la lucha por la justicia en un panorama legal que, según los participantes, parece ser insuficiente para proteger los derechos de los pueblos indígenas. Jehry fue asesinado el 24 de febrero de 2020 en el marco de la defensa de territorios ancestrales de su comunidad Brörán en Térraba, frente a las pretensiones de personas ajenas de apropiarse de esos territorios.
  2. Retos y desafíos actuales para los derechos de los pueblos indígenas: Diversos líderes y participantes compartieron sus experiencias, fortaleciendo la red de apoyo y solidaridad entre las comunidades indígenas. Estos retos incluyen no sólo la violencia física, sino también las trabas judiciales y la impunidad que, según los asistentes, perpetúan un clima de inseguridad y vulnerabilidad para los defensores de los derechos humanos.
  3. Rechazo a la decisión judicial del Tribunal de Pérez Zeledón : Los participantes coincidieron en rechazar la absolución del responsable del asesinato de Jehry Rivera. Señalaron que esta decisión ignora el contexto de violencia sistemática que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica y sienta un precedente peligroso para la protección de sus derechos. Al final del evento, se emitió un pronunciamiento colectivo, que enfatizó la necesidad de aplicar los estándares internacionales en materia de derechos humanos e indígenas.

La actividad no solo permitió intercambiar ideas y fortalecer la cohesión entre las comunidades participantes, sino que también consolidó el rechazo al fallo judicial y renovó el compromiso de seguir luchando por la justicia y la dignidad de los pueblos indígenas en Costa Rica. En palabras de los organizadores, el conversatorio fue un éxito, tanto por la participación como por el impacto en la comunidad local.

Pronunciamiento del Encuentro por la Vida y Defensa del Pueblo Brörán: Contra la impunidad y el olvido

Ú’tlala, Térraba
19 de octubre de 2024

Considerando:

  1. La conmemoración del asesinato de Jehry Rivera Rivera, líder recuperador de territorios del pueblo Brörán, acontecido el día 24 de febrero de 2020.
  2. El homicidio del líder Bribri de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, clan Uniwak, acontecido el 18 de marzo de 2019.
  3. Que denunciamos la violencia e impunidad estructural contra defensores de personas de derechos humanos de los pueblos y territorios indígenas, reflejadas en ambos crímenes.
  4. Que se ha cumplido un mes exacto de la absolutoria del homicida confeso de Jehry Rivera Rivera por parte del Juzgado Penal de Pérez Zeledón.
  5. Que la función primordial del Estado es garantizar la integridad, la dignidad y la seguridad de las personas, particularmente de aquellas poblaciones históricamente vulnerabilizadas.
  6. Que se tiene por demostrada la incapacidad y negligencia sistemática del Estado para garantizar la seguridad jurídica y el derecho a las garantías judiciales de los pueblos indígenas.
  7. Queda evidenciada la incapacidad y negligencia del Estado, reflejada en procesos penales viciados, carentes de investigación y juzgamiento exhaustivo y riguroso de los hechos relacionados.

Nosotros pronunciamos:

PRIMERO: Exigimos justicia para Jehry Rivera Rivera, Sergio Rojas Ortiz, y todas las personas defensoras de derechos humanos.
SEGUNDO: Demandamos justicia para Digna Rivera Navas, madre de Jehry, y Lucy Rojas, hija de Sergio, así como las reparaciones correspondientes.
TERCERO: Exhortamos a todas las personas juzgadoras para que apliquen los estándares internacionales en materia de derechos humanos y pueblos indígenas, ya incluidos en el ordenamiento jurídico costarricense en su bloque de constitucionalidad.
CUARTO: Reiteramos la obligación del Estado de garantizar vida digna, integridad física y derechos humanos para todos los pueblos indígenas.
QUINTO: Hacemos un llamado a los pueblos indígenas y movimientos sociales de Costa Rica para que se sumen a la defensa de los derechos de los pueblos indígenas y contra la impunidad y el olvido de Jehry Rivera Rivera y Sergio Rojas Ortiz.

Suscribimos :
Digna Rivera Navas
Elides Rivera Navas
Claudia Solano Rivera

María José Cabezas Castro
Nathalia Ulloa Castillo
Asdrúbal Rivera Villanueva
Marilyn Cabrera Delgado
Carmen Mena Mat
Melanie Quesada Molina
Andrea Sequeira Avilés
Eunice Hidalgo Gutiérrez
Ana Lía Ortiz N

Elizabeth Mayorga Ortiz
Patricia Villanueva
Isabel Cabrera Bolaños
Alexis Quesada Rivera
Saory Rivera Navas
Kiran Samira Sibaja Rivera
Mario Leiva Rojas
María Galiana Figueroa Lázaro
Andalesio Pereira López
Yannett Rivera Navas
Carlos Onandy Ramírez R
Carlos Cedeño Rivera
Fanny Reyes Ortíz
Carlos G Moreira Álvarez,
Matías Pelz Seyfarth
Daniela María Salas Monge
Allen Cordero Ulate
Cristhian González Gómez
Danny Nájera Díaz
Osvaldo Durán Castro
Amílcar Castañeda Cortéz, docente Universidad Estatal a Distancia.
Wilfrido Montezuma Rodríguez, director del Grupo Cultural Kigaribu Ngäbe.
Marlon Adrián Webb Castillo, Diwö Ambiental.
Francisco Javier Mojica Mendieta, investigador extensionista y docente del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Ruth Salgado Guzmán, ONG: Proyecto Ocho.
Lorena Moreira Ramírez, ONG: Proyecto Ocho.
Armando Granados Carvajal, ONG: Proyecto Ocho.
Vania Solano Laclé, Observatorio para la acción contra el racismo (OBCRA-UCR).
Olivia Sylvester, Universidad para la Paz.

Organizaciones :
Organización de Mujeres Mano de Tigre.
Consejo de Mayores Brörán.
Red de Mujeres Brörán.
Dbön Orcüo.
Colectivo de Apoyo a Doña Digna Rivera.
Observatorio para la acción contra el racismo (OBCRA-UCR).
Frente Ecologista Universitario, UCR.
Kioscos Socioambientales, UCR.
Teribe Cultural.
DITSÖ.
Foro Centroamérica Vulnerable Unida por la Vida.
Red Comunitaria de Gestión de Riesgos, Costa Rica.
Representaciones de programas, proyectos, profesores, extensionistas y estudiantes de CONARE.
Profesor y estudiantes del curso Práctica de investigación en Antropología Social, grupo
Escuela de Antropología, UCR.
Movimiento Estudiantil Indígena (MEI) de la Universidad Nacional.
Movimiento de Trabajadores y Campesinos.
Red Centroamericana de Resistencia.
Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, Universidad Nacional.
ONG: Proyecto Ocho.

Territorios Indígenas presentes :
Yimba Cájc.
Talamanca Bribrí.
Bijagual.
Térraba.

Presentación del voto de censura al Tribunal Penal de Pérez Zeledón por absolución al asesino confeso de Jerhy Rivera

Este viernes 18 de octubre del 2024, se llevó a cabo una conferencia de prensa para divulgar un comunicado de un voto de censura que realizaron más de 900 personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos a nivel internacional, para denunciar la absolución del asesino confeso Juan Eduardo Varela, por el Tribunal de Pérez Zeledón. 

En la lectura de este comunicado, se contó con la participación de la diputada Rocío Alfaro Molina, al igual que Fanny Reyes Ortíz, indígena Terraba; Zeidy Brugal Rodríguez, indígena Ngobe; y María Trejos Montero, del colectivo de apoyo a doña Digna Rivera, madre de Jerhy Rivera. 

Rocío Alfaro recalcó la preocupación de la fracción Frente Amplio, por un asunto que trasciende a solo un trámite judicial, y expresó su apoyo al movimiento, para que se pueda difundir, y salga a la luz.

María Trejos Montero, leyó el comunicado, en el cual se resalta la intención de los jueces de enmarcar la situación como una lucha interna entre etnias indígenas que no se ponen de acuerdo, y la inacción de estos a mantener derechos constitucionales de tierra, al mismo tiempo que mantienen la impunidad del confeso asesino.

Fanny Reyes Ortiz, integrante de la Red de Mujeres Rurales, comenta la importancia de recordar el poder hegemónico del Estado, cuya historia colonial y racista se ve plasmada en esta absolución. También, resalta el ambiente de violencia, y la complicidad entre la Fuerza Pública, y los finqueros alrededor de los territorios indígenas. Incendios provocados, amenazas sexuales a mujeres recuperadoras, disparos al aire; nada de esto ha sido castigado, en una escalada de violencia real y visible para un Estado que no hace efectiva la protección que promete a los pueblos originarios. El peligroso precedente que impone la absolución de Juan Eduardo Varela, es que se puede asesinar a un indígena de manera libre de consecuencias.

Es sumamente preocupante que los jueces no entiendan el contexto de la reivindicación de los indígenas y su derecho a la tierra, en Terraba hay una ocupación del más del 80%, si no se defienden, se perdería su cultura.

Zeidy Brugal Rodríguez resalta la lucha de la aprobación de la Ley de Autonomía Indígena, en donde sacaron arrastrados de las salas de la Asamblea Legislativa a sus compañeros indígenas, haciendo que llevaran esta lucha a lo interno, en los territorios indígenas, aplicando la autonomía y defendiendo su tierra, educación, salud, sus derechos. Al defender su buen vivir, se les trata como criminales, al protegerse ante talas ilegales, al defenderse en contra de la contaminación, el acoso a las compañeras indígenas, se les enmarca como violentos. Pero realmente, dice Zeidy, ¿quiénes son los violentos? ¿quienes se quieren lavar las manos? ¿Cómo es posible, que Costa Rica, un modelo de democracia a nivel internacional, permita que su sistema judicial deje impune estas situaciones?

Le invitamos a ver la conferencia de prensa con estas mujeres luchadoras y mantenerse al día, no dejar que esta situación se mantenga solamente en círculos de derechos humanos.

¡No más impunidad a los asesinatos! ¡Repudio al racismo! 

¡Justicia para Jerhy Rivera!

Justicia para Jehry Rivera y los pueblos originarios

En el marco de la semana de solidaridad y denuncia, se organizan diversas actividades en protesta por la absolución de Juan Eduardo Varela, asesino confeso del líder indígena Bröran de Térraba, Jerhy Rivera. La decisión fue tomada por el Tribunal Penal de Pérez Zeledón, generando indignación y movilización en apoyo a los derechos de los pueblos originarios y en busca de justicia.

Las actividades programadas son las siguientes:

  • Jueves 17 de octubre: Cine Foro «La Lucha Indígena» con la proyección de la película La Princesa Mononoke , a las 5:00 pm en la Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Costa Rica.
  • Viernes 18 de octubre:
    • Plantón a las 9:00 am frente a la Sala 1 de la Corte Suprema de Justicia, para entregar un voto de censura a la magistrada Damaris María Vargas.
    • Conferencia de prensa a las 10:30 am en la Asamblea Legislativa, Piso 3, Sala de conferencias, donde se presentará el voto de censura avalado por más de 600 organizaciones y activistas de derechos humanos a nivel nacional e internacional.
  • Sábado 19 de octubre: Actividad en Térraba, cuyo objetivo es seguir visibilizando la lucha por la justicia y los derechos de los pueblos indígenas.

Las acciones son impulsadas por el Colectivo de Apoyo a doña Digna junto con estudiantes universitarios, quienes exigen una respuesta clara y justa por parte del sistema judicial. Se invita a quienes deseen participar a inscribirse al WhatsApp 84 32 65 03, indicando su nombre completo y cédula, antes del jueves 17 de octubre al mediodía.

El MAR exige ¡Justicia para Jehry, Sergio, Berta, Juan y todas las personas que defienden Abya Yala!

Desde el Movimiento de Afectados por Represas (MAR), expresamos nuestro repudio ante la reciente sentencia absolutoria de Juan Eduardo Varela, quien confesó públicamente el asesinato que cometió contra Jehry Rivera, defensor de los derechos del pueblo bröran y del río Grande de Térraba ante la amenaza del proyecto hidroeléctrico Diquis, en Costa Rica. Jehry fue asesinado en un contexto de creciente violencia contra los pueblos ancestrales de varias etnias de la zona sur de ese país, que luchan contra el despojo y las leyes coloniales, para la recuperación de sus tierras. De esta forma, la noche del 24 de febrero del 2020, una turba de más de cien personas llegaron a amenazar y violentar a las comunidades del territorio indígena de Térraba y en medio de ese ataque, Jehry fue asesinado.

Con profunda indignación, denunciamos la impunidad que rodea el asesinato de Jehry, así como el de Sergio Rojas, compañero bribri del territorio indígena de Salitre, también asesinado en Costa Rica en 2019 por defender su territorio ante las usurpaciones ilegales de no-indígenas y cuyo caso se archivó por supuesta falta de pruebas. La violencia en los territorios originarios de Costa Rica ha sido permitida y promovida por el Estado y los gobiernos de las últimas décadas de ese país, quienes han sido negligentes con su responsabilidad de sanear los territorios ancestrales y asegurar el derecho a la tierra y la justicia de los pueblos originarios.

La justicia es un derecho inalienable, y la falta de acción ante estos crímenes sólo fomenta un ciclo de violencia y despojo. Por esta razón, además nos sumamos a la exigencia de justicia en territorio hondureño para la compañera Berta Cáceres, defensora del río Gualcarque y los derechos del pueblo lenca, cuyo asesinato ocurrido el 3 de marzo del 2016, aún no ha encontrado justicia. Es bien sabido que el asesinato de Berta, fue un crimen planificado por los directivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), para silenciar la resistencia que mantenía el pueblo lenca ante la construcción de la hidroeléctrica Agua Zarcas, proyecto promovido por dicha empresa. De esta forma, demandamos justicia para Berta y concretamente que se ratifiquen la sentencia condenatoria de los 7 responsables materiales de su asesinato, así como la sentencia condenatoria del expresidente de DESA, David Castillo, declarado coautor de este crimen por los tribunales hondureños desde el año 2021.

Además, exigimos que se desarrollen las investigaciones y procesos respectivos que aseguren haya justicia en torno el asesinato del compañero Juan López, defensor del río Guapinol ante la amenaza de la Minera Los Pinares Ecotek, quien también fue asesinado el pasado 14 de septiembre del presente año, en Honduras. Juan, al igual que Berta, fue crítico del modelo económico extractivista imperante en ese país centroamericano, en donde los gobiernos de las últimas décadas han priorizado y apoyado los intereses privados, por sobre el bienestar de las comunidades y de los ecosistemas.

Cabe destacar, que según los informes de los últimos años de Global Witness, en torno a los asesinatos de defensores del territorio en el mundo, señalan a América Latina como la región que registra el mayor número de asesinatos de estas personas. Así, en su último informe de septiembre del 2024, señalan que de los asesinatos registrados mundialmente, el 85% se llevaron a cabo en Latinoamérica, principalmente en Brasil, Colombia, Honduras y México.

Por esta razón, hacemos un llamado a la comunidad internacional a presionar a los gobiernos de la región, para exigir que los asesinatos de quienes defienden los derechos humanos, el territorio y las comunidades no queden en impunidad, y que se tomen medidas inmediatas que garanticen la seguridad de quienes aún resisten en nuestros países.

A todos los pueblos en resistencia: Unámonos para exigir justicia por Jehry, Juan, Berta y cada una de las personas asesinadas por defender los derechos humanos y la vida.

¡Justicia para Jehry, Sergio, Berta, Juan y todas las personas que defienden Abya Yala!

Exposición de Arte y Transformaciones sociales en España 1885-1910. Museo del Prado 2024

En la artesa de Pablo Gargallo.1898

Poema de Macarena Barahona Riera

Una pequeña mesa artesa
me llamó la atención la figura en bronce de un joven consumido amasando harina, agua, levadura,
lo del origen lo del inicio,
sin rostro
la que más habló
la que me dijo: aquí he estado por siglos amasando
para que tú vengas
me mires
pongas el rostro
ojos boca
una palabra nueva que no sea

más ni pan ni trabajo.

Que no sea más
por los siglos de los siglos
una palabra libre
una oración
que me abra la puerta
entre el aire y vea mis ojos claros
mi sonrisa de niño perdido

todos los miedos y aflicciones bajo la artesa guardados
puedan irse con las palabras.

No hay palabras para el joven de la mesa artesa aún no existen las palabras que puedan dar libertad que puedan dar dignidad que devuelvan justicia aún no hay palabras para las niñas esclavizadas ni las jóvenes atormentadas como objetos sexuales aún no hay palabras para el trabajo infantil no hay palabras para las mujeres dobladas en telares y telares de los siglos de los siglos.

Sólo verte
sentir el coraje la indignación
la soberbia de nuestro tiempo
el capital egoísmo de la época
la usura de los sexos

sin pan sin levadura sin harina sin agua sin nadie que amase la masa de la mesa artesa de maragata.

México: A 10 años de la desaparición de estudiantes en Ayotzinapa, nos siguen faltando 43 

Las Américas, 27 de septiembre de 2024. Ha transcurrido una década desde la detención y desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos, un centro de formación de docentes ubicado en Ayotzinapa, Tixla, estado de Guerrero, México. A lo largo de estos 10 años no ha habido justicia y los avances han sido posibles por la lucha inclaudicable de los padres y madres.

La investigación de la desaparición de estos jóvenes, un gravísimo caso de violencia estatal en México, en un primer momento fue dolosamente desviada para encubrir a los responsables. A pesar de las solicitudes de los padres y madres, de sus representantes y de las autoridades fiscales, no ha sido posible el acceso pleno a información militar indispensable para esclarecer los hechos y determinar el paradero de los jóvenes. Al respecto, en agosto de 2023 el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Ayotzinapa fue claro en señalar que el ejército mexicano contó con información sobre la detención y desaparición de los estudiantes y a pesar de esto, decidió no actuar. Los expertos señalaron también la persistencia de mentiras y engaños para encubrir a los responsables y tergiversar la verdad de lo sucedido.

En este aniversario CEJIL se une a las voces que reconocen el inmenso coraje y valentía de las madres y padres de los estudiantes desaparecidos que no han cesado en su búsqueda de justicia y en su clamor por recuperar a sus hijos. Con ellas y ellos, nuestra solidaridad.

De igual manera, expresemos nuestro reconocimiento a las organizaciones que acompañan a las familias en esta lucha: el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan, Serapaz y el Centro de Análisis e Investigación Fundar. Estas organizaciones han sufrido acoso e intentos de desprestigio por su labor de defensa de los derechos humanos.

La desaparición forzada es un crimen que no cesa hasta en tanto no aparezcan las personas o se esclarezca su paradero. Pero, sobre todo, es una herida que no se cierra, una espera que no termina, un dolor que no encuentra alivio. Por eso, en este 10 aniversario, retomamos las demandas de familiares y organizaciones:

A las autoridades encargadas de impartir justicia, exigimos el pleno esclarecimiento de los hechos, así como la identificación, juicio y en su caso sanción, de todos los responsables, tanto en la esfera civil como militar. En este proceso es indispensable asegurar investigaciones independientes y rigurosas.

A las autoridades militares, demandamos la entrega de todos los archivos en su poder relacionados con este caso, pues está claro que tienen información que puede agilizar las investigaciones.

Y a quienes asumen el nuevo gobierno, le solicitamos vehemente que tomen las medidas necesarias para restablecer la confianza de las familias y las organizaciones que las representan, especialmente garantizar la independencia de las investigaciones para que la verdad prevalezca en este caso. Es indispensable en el proceso que se reconozca y respete la legitimidad de la defensa de los Derechos Humanos y cesen los ataques a las organizaciones.

Finalmente, reiteramos la exigencia de que se determine el paradero de los 43 jóvenes desaparecidos. Les faltan a sus familias, le faltan a México, nos faltan a toda la humanidad.

Plantón por la exigencia de justicia para Jehry Rivera y todos los pueblos originarios

El Tribunal absolvió al asesino confeso de Jerhy Rivera en un acto contra los pueblos originarios y las personas líderes indígenas, de racismo e impunidad.

El próximo jueves 26 de setiembre a las 3:30 pm se realizará un plantón por la exigencia de justicia para Jehry Rivera, se llevará a cabo frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia.

Si alguna persona requiere transporte desde San Pedro hasta la Corte debe completar este formulario: https://forms.gle/5gzCuqLsoswCCydc7

Hora de salida del transporte: 3:15 pm

Hora de regreso: 5:00 pm

¡Jehry se hizo semilla! Lucharemos por justicia.

Mi solidaridad con Palestina – en 5 Minutos o Menos

Se invita a todas las personas a ver el programa Mi solidaridad con Palestina 2024, estrenado este lunes 23 de septiembre de 2024, a las 9:00 am. Para más información, le invitamos a observar este video.

EPISODIO 44 Mi solidaridad con Palestina 2024 

Imagina que un ejército invasor
Te quita el agua, destruye tus siembras, encarcela a tus hijos.

Llega a tu pueblo, te saca con tu familia de tu casa,
te la quita y la destruye, te obliga a migrar a otro sitio.

Imagina que mientras migras con tu familia te bombardean y tienes que huir a otro sitio.

Imagina que mientras tienes que huir de la represión,
te bombardean y mueren tus hijos o tu esposa.

Ahora imagina que tienes que recoger, si tienes suerte,
el cuerpo de tus hijos de entre los escombros.

Imagina que al final el que muera sos vos,
¿Te gustaría, verdad que no?

El pueblo de Palestina no lo imagina, lo vive.

Un ejército fascista, igual al de Hitler,
invadió, asesinó y obligó a millones de palestinos
a salir de sus casas, de su tierra, de su Patria.

Un ejército genocida quiere asesinarlos a todos,
y el mundo calla, cierra lo ojos, miente y tergiversa la historia.
Eso es inhumano, inmoral y cruel.

Yo no soy de esos que callan.
Yo estoy con Palestina, por justicia y libertad para Palestina.
Que se detenga el genocidio, el terrorismo y la muerte.

Por eso me manifiesto, como costarricense, contra la complicidad política y militar de nuestros gobiernos, politiqueros y corruptos, que violentan nuestros principios de país de paz, y que por servidumbre buscan la guerra y la muerte para otros pueblos, que desde EEUU e Israel, ejecutan contra Palestina y también contra otros pueblos del mundo que no se arrodillan ante el imperio.

Palestina nos necesita, nos llama a la solidaridad, grita por auxilio, por paz y libertad.

NO calles, une tu voz a la de millones que exigen que se detenga este criminal genocidio.

Comunidades unidas: La lucha por el asfaltado de la Ruta 811 continúa

El 7 de marzo de 2023, se formalizó la creación de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de Ruta 811, un esfuerzo conjunto entre diversas comunidades de la zona con el objetivo de luchar por la mejora de esta vía. La ruta 811, que conecta a seis comunidades importantes, incluyendo La Ligia, Santa María, Irlanda, Santa Rosa, La Lucha y Escocia, se encuentra en un estado crítico, afectando gravemente la calidad de vida de sus habitantes y de aquellos que dependen de ella para desplazarse.

Silvia, una vecina de la comunidad de Escocia, destaca los esfuerzos que han realizado para hacer visible su problemática. Menciona que las comunidades han trabajado incansablemente, acudiendo a sesiones municipales, enviando cartas tanto al gobierno central como a las instituciones encargadas de infraestructura vial, como el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). A pesar de sus múltiples gestiones, la situación sigue sin resolverse, lo que ha llevado a la comisión a buscar nuevos medios para difundir su causa, usando diversas plataformas para hacer escuchar su voz.

Damaris Leiva Bermúdez, residente de la comunidad de Irlanda, también expresa su preocupación sobre el mal estado de la ruta y la frustración de no haber sido incluida en los planes de pavimentación aprobados recientemente. A pesar de que algunas comunidades se beneficiarán de la pavimentación parcial, Irlanda ha sido excluida del presupuesto asignado, lo que Damaris considera injusto tras 40 años de espera. Su testimonio refleja la impotencia de una comunidad que, aunque cercana a las mejoras, sigue marginada de los proyectos de infraestructura.

Por su parte, Félix López, coordinador de la Comisión Comunal Pro Asfaltado de ruta 811 y residente de Río Jiménez, destaca la importancia de la ruta 811 para la región. Explica que esta zona es un centro agrícola clave, con producción de piña y banano, así como de ganado, y que la situación de la carretera afecta tanto la movilidad de los productos como la vida diaria de los habitantes. Félix subraya que durante el verano la ruta se convierte en una nube de polvo que afecta la salud de las personas, especialmente los adultos mayores y los niños con problemas respiratorios. En invierno, el barro impide el acceso adecuado a los servicios esenciales, como la educación y la salud, y agrava la situación de las familias. López también advierte que, debido al estado deplorable de la carretera, los servicios de transporte público, ambulancias y otros vehículos de emergencia ya no quieren transitar por la ruta, afectando aún más la vida diaria de estas comunidades. Aunque reconoce el avance de la aprobación de una parte del pavimento, recalca la necesidad de seguir luchando para que toda la ruta sea reparada.

La comisión ha recibido una carta de respuesta por parte de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), que aclara algunos puntos importantes sobre el financiamiento del proyecto de asfaltado. En la misiva, se confirma que el proyecto tiene un financiamiento aprobado de más de ₡1.000 millones, provenientes de los fondos del canon de explotación de la Terminal de Contenedores de Moín, destinado a la conservación de 11,07 km de la ruta 811, abarcando las secciones que conectan La Ligia, Irlanda y Río Jiménez. Además, se informa que el proyecto tiene un plazo máximo para su culminación en septiembre de 2026 y que la ejecución estará a cargo de la Municipalidad de Guácimo con el respaldo técnico del CONAVI.

Sin embargo, la carta de JAPDEVA, aunque ofrece una respuesta oficial, no aborda directamente las preocupaciones de las comunidades excluidas, como Irlanda, lo que deja una sensación de incertidumbre sobre si se tomarán acciones adicionales para beneficiar a todas las comunidades afectadas. Esto ha motivado a los líderes comunales a mantener su lucha, buscando soluciones integrales para que toda la ruta 811 sea mejorada en su totalidad, sin dejar a ninguna comunidad atrás.