El líder indígena Jerhy Rivera fue asesinado el 24 de febrero de 2020 por Luis Eduardo Varela Rojas, este último fue inicialmente condenado a 22 años y 15 días de cárcel. Sin embargo, el 17 de julio de 2023, menos de seis meses después, una apelación en el Tribunal de Cartago ordenó dejarlo en libertad alegando vicios en la valoración de la prueba.
Queremos hacer constar nuestro apoyo a doña Digna haciendo presencia en el Tribunal de Pérez Zeledón. La comunidad de Longo Mai, junto a FECOU y Ríos Vivos darán hospedaje solidario, transporte (ida y vuelta) y almuerzo colectivo, el punto de contacto es Jiri al 8880-6385.
Por último, al número 8766-7980 (Cedeño Rivera Carlos Enrique) se puede hacer Sinpe autorizado por doña Digna para gestiones familiares durante el juicio y a los numeros 8993-2274 (Alejandra Bonilla) y 8505-83-72 (Fanny Ortiz) también se puede hacer Sinpe para apoyar la movilización de las compañeras Red de Mujeres Rurales quienes viajarán hasta Pérez Zeledón.
Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las Mujeres.
Tema: Femicidio
MUSADE les invita a escuchar los podcast 2024
En el episodio 1 trata sobre femicidio y en este contamos con la voz experta de la abogada y ex jueza de familia Ruth Morera Barboza, además, escuchamos diferentes voces comunales ante el femicidio de Floribeth Monge Anchia ocurrido en Palmares de Alajuela en 2024.
El nuevo juicio sobre el asesinato de Jerhy Rivera será del 19 al 23 de agosto 2024 en Pérez Zeledón. Es por esto que se está convocando a una reunión el jueves 2 de agosto a las 6 pm por Zoom.
Colaboraciones por SINPE: 8766 7980
¡Justicia para Jerhy Rivera!
Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera
Le invitamos a descargar y observar la siguiente historieta titulada “El clamor de una madre”, elaborado por el Colectivo de Apoyo a doña Digna Rivera.
La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Chile, AFEP, encabezada por su presidenta Alicia Lira Matus, llegó hoy miércoles 17 de julio, hasta la sede del Partido Republicano, para entregar una Declaración Pública a Ruth Hurtado, presidenta de esa entidad, en la que expresan el rechazo total a sus declaraciones, en las que señaló textualmente que “ojalá que el Partido Comunista no existiera en Chile”.
La sede del Partido Republicano, está ubicada en la calle Presidente Errázuriz 4305 en la comuna de Las Condes, casi al frente de la casa donde vivía el dictador Augusto Pinochet, barrio emblemático de la ultraderecha y del conservadurismo chileno.
Alicia Lira entregó la declaración pública a una funcionaria del Partido Republicano quien se mostró bastante incómoda con la presencia de miembros de la AFEP en la sede del partido, y luego procedió a leerla ante los transeúntes que pasaban por el lugar.
Los puntos principales de la misiva señalan que las declaraciones hechas por Ruth Hurtado muestran el siniestro rostro antidemocrático que violenta la memoria de las víctimas y sus familiares, que por décadas han luchado por la verdad y la justicia, y agrega que “aún buscamos más de 1.100 detenidos desaparecidos. Este sector político, cuya identificación con la dictadura de Pinochet, se expresa con una criminalidad natural que merece el más profundo rechazo”.
Decir que “ojalá que el Partido Comunista no existiera en Chile, es lo que pretendió la dictadura civil militar en nuestro país, bajo el amparo de la seguridad nacional y a través de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil como parte de una política articulada e institucional, poniendo al Estado al servicio de una acción criminal, con el resultado de miles de ejecuciones, desaparición forzada y tortura cuyas víctimas no sólo fueron militantes comunistas”.
Además, señaló Alicia Lira que “para nosotros es una actitud repudiable, antidemocrática que nos habla de una derecha fascista. No podemos no estar presentes en esta sede. Queríamos que nos recibieran para presentarles nuestro rechazo, porque aquí, a pesar de los más de 3.500 ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, 1.100 personas que aún no se encuentran, tienen la inmoralidad y la mente criminal para ufanarse de la tragedia y del dolor que viven no sólo los familiares, sino esta sociedad. Es inaceptable quedarnos sin venir a enrostrarles la actitud de criminalidad, de negacionismo, el discurso de odio que no permitiremos nunca más. Cada vez que ellos ofendan la memoria y hablen en términos antidemocráticos, aquí estaremos para hacerles presente que en Chile existen personas dignas, que luchamos por la verdad y justicia y por una sociedad más justa e igualitaria”.
Después de leer la carta, procedieron a dejar distintas hojas con la declaración pública en el muro de la sede política. Los funcionarios del Partido Republicano que estaban en el lugar, quedaron muy desconcertados con la presencia de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, no se esperaban esta visita, y luego de que los miembros de la AFEP se fueron del lugar, procedieron a retirar las declaraciones que habían colgado en el muro.
Gestos como los de la AFEP se hacen cada día más necesarios ante fuerzas que pretenden ser parte de la política de este país con discursos negacionistas, antidemocráticos, peligrosos para la democracia y las garantías necesarias de no repetición.
La historieta «David y Goliat» de Olman Bolaños Vargas presenta una alegoría moderna del conflicto entre Israel y Palestina. En esta versión, David es un palestino llamado Dawud que enfrenta a un Goliat representado por un soldado israelí. La narrativa se desarrolla en un escenario de ocupación y destrucción, donde Dawud reclama su derecho a la tierra y a la dignidad.
La trama se centra en el diálogo entre Dawud y el soldado, quien le informa que su barrio ha sido destruido y que debe abandonar la zona. Dawud argumenta que los palestinos han sido despojados de sus tierras y que él no tiene a dónde ir. El soldado insiste en que la tierra pertenece a Israel, respaldado por la interpretación de las Escrituras judías.
Dawud, sin embargo, señala que tanto árabes como judíos son semitas y comparten raíces culturales y religiosas. La historieta resalta las contradicciones y la hipocresía del soldado, quien usa la religión para justificar la ocupación y la violencia, mientras Dawud invoca los mismos textos para defender la justicia y la paz.
El conflicto se intensifica cuando Dawud menciona la Shoá (Holocausto) y cómo los palestinos también enfrentan un genocidio a manos de los sionistas. La narrativa destaca el sufrimiento de los palestinos, con estadísticas sobre las muertes y destrucción causadas por la invasión israelí.
Finalmente, Dawud reafirma su determinación de reconstruir su hogar y su vida, simbolizando la resistencia palestina. La historieta concluye con un mensaje sobre la dignidad humana, la valentía y la lucha por la justicia, más allá de la violencia y la opresión. La historieta es una poderosa crítica a la ocupación israelí y un llamado a la resistencia pacífica y la dignidad del pueblo palestino.
Según datos de Las Naciones Unidas, a menos de un año de la invasión militar Israelí a la Franja de Gaza han sido asesinadas más de 30 mil personas palestinas, la gran mayoría civiles: alrededor de 15.000 niñas y niños y 10.000 mujeres. A estos datos se suman más de 85 mil personas heridas y se calculan unas 10.000 desaparecidas bajo los escombros de edificios. También han sido asesinadas alrededor de 300 personas entre periodistas y voluntarias de ayuda humanitaria. El ejército israelí ha sufrido unas 1.200 bajas. El genocidio de Gaza es parte del proceso de colonización realizado por los grupos sionistas que viene desde el siglo XX y se ha convertido en asedio constante hasta el día de hoy.
Los miembros de la Federación Nacional de Organizaciones Sindicales de Guatemala -FENOSGUA- a sus integrantes y público en general manifiesta:
Nuestra indignación, consternación y repudio ante los actos llevados a cabo en contra del abogado Domingo Montejo, quien fue asesinado el día de ayer mientras realizaba una visita de campo en el departamento de Escuintla, como parte de su trabajo dentro del Comité de Unidad Campesina CUC, en el cual buscan hacer valer los derechos humanos en defensa de campesinos, organizaciones sociales y sindicales.
Su cruel y cobarde asesinato fue llevado a cabo mientras eran realizados desalojos violentos e ilegales en la comunidad de San José el Tesoro en Cobán Alta Verapaz, una comunidad que era acompañada por CUC y a la cual fueron violentados sus derechos.
Exigimos al Ministerio de Gobernación, Ministerio Público y Procurador de los Derechos Humanos la investigación de este violento y despiadado asesinato, exigimos justicia para el abogado Montejo y así como también para Marcelo Yaxón Pablo y Gustavo Yaxón, quienes trabajaban y acompañaban a Montejo y resultaron gravemente heridos.
Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto : nboeglin@gmail.com.
Foto del principal sospechoso (al centro) de colocar la bomba, extraída de nota de la BBC, » Peter Torbiornsson: My guilt over La Penca bombing». Foto del atentado extraída de artículo publicado en el Tico Times en el 2013. Orden de captura publicada en Costa Rica, foto extraída de reportaje del Tico Times (Costa Rica).
El pasado jueves 30 de mayo se conmemoró en Costa Rica (y en Nicaragua) el 40 aniversario del atentado de La Penca, en el cual encontraron la muerte 4 periodistas costarricenses y extranjeros y 22 resultaron heridos: el atentado se produjo el 30 de mayo de 1984 durante una conferencia de prensa realizada a orillas del río San Juan por el entonces comandante de la ARDE (Alianza Revolucionaria Democrática), Eden Pastora, en la localidad nicaragüense de La Penca (véase nota publicada para el 29 aniversario de CRHoy). Tratándose de un dirigente de la denominada «contra» nicaragüense, su eliminación física, en aquel momento, pudo ser el objetivo tanto de las autoridades gubernamentales en Nicaragua de la época, como del de las de Estados Unidos.
En este video, titulado «La Penca: narración de un sobreviviente«, uno de los periodistas costarricenses sobrevivientes que asistió a la conferencia de prensa de Edén Pastora en la que estalló un artefacto explosivo, relata lo acontecido. La nota publicada el 1ero de junio de 1984 por The Washington Post amerita también una relectura detallada, en la medida en que, como ha sucedido en la historia de manera reiterada de Estados Unidos, un grupo rebelde que inicialmente es apoyado en armas y municiones por parte de Estados Unidos, … es luego objeto de acciones para eliminar a sus dirigentes.
Si bien los hechos ocurrieron en Nicaragua en el período de guerra civil de inicios de los años 80, las víctimas costarricenses sobrevivientes y los familiares de las víctimas mortales han solicitado que se ordene investigar lo ocurrido, sin tener mayor respuesta a sus diversos requerimientos.
El gremio de los profesionales de la información de igual manera ha respaldado sus reclamos sin mayor éxito. Esta situación ha llevado a las víctimas a acudir al sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el cual, 40 años después de sucedidos los hechos, no ha logrado aún elevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.¿Como así? Como se lee.
En 1990, Costa Rica solicitó formalmente a Estados Unidos extraditar a un nacional norteamericano (véase nota del New York Times), sin lograr su extradición por parte de Estados Unidos. Se lee en este documento del Departamento de Justicia de los Estados Unidos titulado «G. DEA’s Investigation of Information It Received About Contras or Contra Sympathizers» que Costa Rica renovó dicha solicitud en 1993 contra esta persona por el atentado de La Penca:
«In March 1993, Costa Rica submitted a renewed request for Hull’s extradition which contained documents indicating that the Superior court in Costa Rica had dismissed the drug trafficking charge against Hull for lack of evidence and that his extradition was no longer sought for that offense. This left the «Hostile Acts» and murder charges against Hull. However, on reviewing the documentation supporting the murder charge, based on Hull’s alleged involvement in the La Penca bombing, the OIA found no evidence of Hull’s involvement in this crime, indeed no evidence that he even knew about the bombing before it occurred«.
En unas líneas siguientes, el precitado documento señala que, según cables de diplomáticos de Estados Unidos acreditados en Costa Rica:
«A «comment» by the cable’s author interprets Calderon’s statement as meaning that «On Hull, Calderon is putting us on notice that there’s no way he can turn a request off but is clearly hoping that Hull will not be extradited.«
Cronología de una larga batalla legal
En el mes de setiembre del año 2005, los sobrevivientes costarricenses y los familiares de las víctimas presentaron una demanda contra Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por no investigar debidamente este atentado (véase nota de La Nación): lo hubieran perfectamente podido hacer 20 años antes (1985), pero algo pasó para que … no lo hicieran.
En este enlacede Primera Plana (Colegio de Periodistas de Costa Rica), se puede revisar el detalle de la acción interpuesta al año 2010.
En marzo del 2012, la demanda se amplío para extenderla también a los órganos de investigación del Estado en Nicaragua.
En junio del 2013, se solicitó a la Comisión incluir algunos testimonios encontrados en documentales recientes producidos sobre este caso, en particular las entrevistas de un cineasta sueco a funcionarios de Nicaragua (véase documental«Good Bye Nicaragua«).
Cabe señalar que a finales del año 2013, la Fiscalía de Costa Rica cerró una de las líneas de investigación, al confirmarse en Buenos Aires la muerte de uno de los nacionales de Argentina considerado como una de las posibles pistas y principal sospechoso de colocar la bomba que estalló aquel 30 de mayo de 1984 (véase artículo de La Nación del 3/12/2013). Se lee (ver nota de Teletica Canal 7) que:
«Jorge Chavarría, Fiscalía General de la República, “Se había reactivado la orden de captura en el 2008 a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), porque no sabía si había fallecido o no. Ahora ya lo tenemos claro y con eso cerramos esta línea de investigación, vamos a ordenar la cancelación del asiento de la captura internacional que se había dado a Roberto Vital”.
En un artículo de la Prensa Libre (Costa Rica) del mismo día se leía que:
«Con base en restos óseos que fueron recolectados luego del asalto al cuartel la Tablada en Argentina, en 1989, que estaban conservados por las autoridades de ese país, se realizaron análisis de ADN. De acuerdo con las conclusiones a las que llegan los médicos forenses de la Corte Suprema de la Nación de Argentina, se establece con un 99,99% de certeza que un grupo de los restos óseos pertenecen a Roberto Vital Gaguine”, afirmó el fiscal general Chavarría.»
Mientras que en el 2013 las autoridades costarricenses anuncian el cierre de una línea de investigación, resulta que ya en un artículo del 1ero de agosto de 1993 de The Independent (Reino Unido) se hacia referencia a la muerte de este sospechoso en el año de 1989 cuando se precisa que:
«Gauguine’s family knew nothing of his involvement with La Penca, but others have furnished details of his life: he came from a middle-class family and his ERP nom de guerre was Martin el Ingles. He arrived in Britain in 1978, where he later applied for asylum. By 1980 his whereabouts were again unknown. He will never be brought to justice:in 1989, he died, with 18 others, in a guerrilla attack on an army barracks on the outskirts of Buenos Aires«.
Los 10 años que separan el artículo de The Independent y las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación en Costa Rica plantean interrogantes muy válidas.
En el 2018, se indicó en la prensa costarricense que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «acogió» la denuncia, pero sin que se haga público algún documento oficial de la misma (véase nota del Semanario Universidad).
Los 40 años de La Penca: víctimas, prensa y ciudadanía costarricense en espera de justicia
Para los 30 años del atentado de La Penca, el 29 de mayo del 2014, algunos diputados de la Asamblea Legislativa declararon ante cámaras apoyar las gestiones del Colegio de Periodistas de Costa Rica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ver video).
El mismo 30 de mayo del 2014, emisiones radiales matutinas muy oídas fueron dedicadas al tema como Hablando Clarode Vilma Ibarra y Boris Ramírez y Nuestra Vozde Amelia Rueda, con un amplio material multimedia puesto a disposición del público costarricense en aquel momento.
Como parte de las conmemoraciones de los 30 años, el Canal 15 de la UCR de la Universidad de Costa Rica (UCR) presentó el documental: “Goodbye Nicaragua” (Nota 1) del director sueco Peter Torbiörnsson. La película, que incluye entrevistas del cineasta en Bolivia, Costa Rica, Cuba, Francia y Nicaragua, causó cierto impacto y reacciones en Nicaragua cuando fue presentada en el 2011 (véase notadel Semanario Universidad de Costa Rica).
Nos permitimos, en una nota publicada en un portal jurídico costarricense, reunir estas y otras informaciones, pocos días después de conmemorarse los 30 años del atentado de La Penca (Nota 2).
También el viernes 30 de mayo del 2014 se transmitió el documental “La Penca: Onda Expansiva”, (véase enlace) una producción conjunta del Colegio de Periodistas (COLPER) y del Canal 15 de la UCR, que incluye entrevistas a personeros del sistema judicial costarricense a cargo de la investigación realizada (documental producido en el año 2004 para conmemorar el 20 aniversario).
En estas entrevistas, se indica que las gestiones oficiales realizadas ante Estados Unidos para extraditar a dos personas no concluyeron debido a errores del mismo Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica en su tramitación (véase video, a mn 32:27). En esa misma entrevista se indica además que documentos enviados desde los Estados Unidos a las autoridades judiciales de Costa Rica llegaron …tachados, imposibilitando la lectura de nombres, lugares y fechas.
Nótese no obstante la existencia – en línea – de esta publicación colgada por los servicios de inteligencia de Estados Unidos (véase enlace) , titulado «La Penca, Pastora, the press and the CIA» en el que una multitud de datos reunidos ofrecen algunas pistas sin del todo poder corroborarlas. Al tratarse de una agencia de inteligencia cuyas autoridades tenían interés, en 1984, en eliminar físicamente a Eden Pastora, todo lo que aparezca en su sitio merece cautela. Cabe precisar que en la parte final del documento se lee: «Approved for release 2010/09/15«. Lo cual evidencia que durante largos años desde 1984, este documento se mantuvo sin estar colgado por parte de dicha entidad, por razones que se desconocen y sería de enorme interés conocer. ¿Qué habrá sido lo que ocurrió en el 2010 que no ocurrió antes, imposibilitando la puesta en línea de esta publicación por parte de los servicios de inteligencia norteamericanos?
En un artículo del New York Times de 1993 se lee que:
«A Costa Rican prosecutor, Jorge Chaverria, said that he had no plans to withdraw the charges against the two men. His investigation in the late 1980’s found no evidence to point to the Sandinistas, and he said he was not convinced that the Sandinistas alone were behind the bombing«.
Por su parte, el cineasta sueco con su documental «Goodbye Nicaragua» presentado en el año 2011 sugiere descartar definitivamente la pista de que se trate de una acción comanditada por los servicios de inteligencia norteamericana y señala claramente la responsabilidad directa de miembros del aparato de inteligencia de Nicaragua en este doloroso episodio ocurrido en 1984, y el brazo ejecutor a cargo de llevarlo a cabo. Para las víctimas y sus familiares, se trata de un documental que aporta algunas luces sobre posibles responsables intelectuales de este atentado.
Un artículo publicado en el 2014 sobre el atentado de La Penca refiere a otras muertes de periodistas acaecidas en Costa Rica después de 1984, y se titula «El país de las impunidades a 30 años de La Penca: Costa Rica«.
No está demás indicar lo que escribe una de las autoras de un libro que le significó a ella y su esposo una acción en difamación ante los tribunales por parte un ciudadano norteamericano que Estados Unidos luego se negó a extraditar hacia Costa Rica (véase artículo de 1991 del Washington Post titulado «The man Washington doesn’t want to extradite«), cuando señala en este artículo publicado en el Tico Times en el 2013, que:
«And, during Arias’ tenure, Costa Rica’s Legislative Assembly carried out investigations that implicated North, Hull, the U.S. ambassador and CIA station chief, and others in Contra-related drug trafficking and other “hostile acts” against Costa Rica. Judicial authorities reopened the stalled La Penca investigation, ultimately bringing murder charges against both Hull and CIA operative Felipe Vidal. Both fled the country.
However, unanswered questions about the La Penca bombing have continued to haunt us«.
Como indicado, la autora escribió un libro que fue publicado e inmediatamente objeto de una demanda por difamación que finalmente no prosperó. El texto integral está disponible en este enlace.
A modo de conclusión
A la fecha del 30 de mayo del 2024, las investigaciones realizadas por otras entidades distintas a los órganos de investigación de Costa Rica y de Nicaragua no han logrado identificar a los autores intelectuales de este atendado: conjeturas de todo tipo siguen sin lograr verse validadas por un expediente de algun tribunal.
Ante las maniobras de todo tipo para frenar o complicar las investigaciones llevadas a cabo desde el Poder Judicial costarricense, y los errores de tramitación dentro del mismo aparato estatal costarricense, investigaciones externas por parte de periodistas no han permitido tampoco llegar a conclusiones validadas por los hechos.
Desde el 30 de mayo del 2104, así como desde el 30 de mayo del 2014, es muy poco en lo que se ha avanzado. Este 31 de mayo del 2024, el Relator sobre Libertad de Prensa en el sistema interamericano prometió reactivar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, poniendo en evidencia que este órgano no ha sido de mayor eficacia a la hora de tramitar esta denuncia que le fue presentada inicialmente en el 2005 (véase nota del Semanario Universidad): salvo error de nuestra parte, no se tiene registro de una denuncia planteada ante el sistema interamericano de derechos humanos y que, en 19 años, no haya dado lugar a un informe sobre su admisibilidad por parte de la Comisión.
Con relación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pareciera, por razones dificiles de explicar, que sus integrantes no saben a cuáles aparatos estatales solicitar información sobre este caso: desde el 2005, salvo error de nuestra parte, no se le conoce decisión hecha pública con respecto a este preciso caso. Si la denuncia inicialmente se hizo contra Costa Rica, y luego se extendió a Nicaragua, no se conoce a la fecha de un informe del órgano interamericano sobre las gestiones realizadas a ambos Estados de su parte. Y muchos menos de un informe de admisibilidad de la denuncia (si existe, por alguna razón no está disponible en el sitio de este órgano del sistema interamericano de derechos humanos).
En el programa Hablando Claro de Vilma Ibarra y de Boris Ramirez realizado este 31 de mayo, se pudo escuchar una muy extensa entrevista a uno de los sobrevivientes del atentado de La Penca (véase enlace a esta emisión radial).
Ante el sufrimiento que ha causado en las víctimas y familiares de las víctimas, estos 40 años que han transcurrido bien podrían ser la ocasión para que algunas conciencias liberen algunos secretos que mantienen muy bien guardados, y para que algunos documentos clasificados archivados en algunas embajadas en Centroamérica sean finalmente desclasificados: se trata de una solicitud que tuvimos la oportunidad de expresar también con ocasión de la fecha en la que se conmemoraron los 40 años de la muerte de la jóven estudiante Viviana Gallardo, en julio del 2021 (Nota 3).
Si estos documentos ya no están en estas embajadas, puede solicitarse a algunas capitales ordenar su desclasificación, dado el extenso plazo de tiempo que ha corrido desde aquel fatídico 30 de mayo de 1984: se trata de gestiones diplomáticas que cualquier Estado puede realizar ante otro Estado en el que se sospecha que hay información que permita esclarecer algún asunto de interés público. En este sentido, el esclarecer las sombras y las dudas que persisten en Costa Rica sobre el atentado de La Penca es un asunto de interés público.
A menos que la impunidad campante con la cual algunos parecieran, tanto en Costa Rica como fuera de ella, mantener este trágico episodio, se termine por imponer con el transcurrir del tiempo.
– -Notas – –
Nota 1: El trailer del documental “Goodbye Nicaragua” está disponible aquí. La última parte del documental (parte 3), subtitulada en español, está de igual forma disponible en Youtube y disponible aquí.
Nota 2 : Véase BOEGLIN N., «El Atentado de la Penca 30 años después: conmemoración y preguntas sin responder«, DerechoalDía, edición del 5 de junio del 2014. Texto disponible aquí.
Nota 3: Véase BOEGLIN N., «Al cumplirse los 40 años desde el asesinato de Viviana Gallardo en Costa Rica: breves apuntes«, 1ero de julio del 2021. Texto disponible aquí.
La AAJ se une a las expresiones de dolor y lamenta profundamente el fallecimiento de Nora “Norita” Cortiñas, madre, hermana y compañera solidaria de todas las justas causas. Expresamos nuestro agradecimiento por su incansable lucha, sus enseñanzas y liderato en la defensa de los derechos humanos en Argentina, y su solidaridad con los derechos de los trabajadores, mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, y el pueblo palestino, entre muchos otros.
Integró Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, donde siempre mantuvo valientemente el reclamo de juicio y castigo para los genocidas de la última dictadura en Argentina. Mantuvo siempre en alto la bandera de los 30 mil desaparecidos. Su hijo, Gustavo Cortiñas, fue secuestrado el 15 de abril de 1977 y Nora Cortiñas nunca supo lo que hizo la dictadura con su hijo.
Norita nos continuará inspirando, iluminando y guiando por el camino de la búsqueda de la memoria, verdad, justicia, y la no repetición.
Nos unimos en este momento de dolor a sus familiares, compañeros y compañeras, y honramos su memoria y legado.
¡Nora Cortiñas, presente! ¡Hasta la victoria siempre!
A 1 de junio de 2024
Vanessa Ramos. Presidenta AAJ Continental Luis Carlos Moro. Secretario General
Este 30 de mayo se realizó una reunión con la Fiscalía General de la República y un encuentro entre los sobrevivientes del atentado de La Penca y el Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El propósito fue darle continuidad al caso del que han sido parte de los esfuerzos de la Junta Directiva 2023 – 2024 del COLPER para traer justicia a este crimen cometido contra el periodismo costarricense el 30 de mayo de 1984.
Los hechos se incluyen dentro de un pronunciamiento público que la Junta Directiva emitió al cumplirse 40 años de este lamentable suceso en el que 7 personas perdieron la vida y 22 más tuvieron que continuar sus días enfrentando secuelas, tras la explosión de una bomba durante una conferencia de prensa convocada en La Penca, Nicaragua.
“Estamos muy agradecidos con la Junta Directiva del Colegio de Periodistas porque ellos siguen en la lucha por descifrar una verdad pues, al final de cuentas, todavía estamos en un crimen impune”, expresó José Rodolfo Ibarra, sobreviviente de La Penca y expresidente de Junta Directiva del Colper 2012 – 2013.
La denuncia ante la Comisión Interamericana la presentó el Colper desde el año 2005. El Relator Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, reconoció los retrasos procesales del sistema interamericano, ofreció trasladar el reclamo ante la entidad y analizar diversos escenarios para reivindicar a las víctimas.
Ni el Gobierno de Nicaragua ni el de Costa Rica se han hecho responsables, pese a las múltiples investigaciones legislativas y judiciales que se han realizado. El caso sigue abierto en la Fiscalía General de nuestro país y nunca prescribirá, pues desde el 2010 se declaró como crimen de lesa humanidad.
“El Colper acoge la frustración, el dolor y la impotencia de las víctimas. La junta directiva mantendrá abierto el canal con la Relatoría de Libertad de Expresión con el fin de encontrar una opción en la Comisión Interamericana que de tranquilidad y paz a nuestros queridos colegas”, finaliza el pronunciamiento de la Junta.
Luego de analizar metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026
Tras solicitarle al Ministerio de Justicia información detallada sobre los avances en el cumplimiento de 10 metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026, la Defensoría de los Habitantes constató que, el Poder Ejecutivo diseñó ese plan con metas poco realistas en materia de seguridad ciudadana y justicia.
De acuerdo con la información recopilada, Justicia debió solicitar una serie de modificaciones en tales metas, por ejemplo, en cuanto a la participación de privados de libertad en procesos de reinserción social y actividades remuneradas en las regiones periféricas y para la construcción de Delegaciones policiales y analiza cambios en las metas del programa “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia” y su componente “Efectividad policial”.
Sobre el tema de delegaciones policiales, Justicia realizó cambios en la estrategia de selección y adjudicación de oferentes para construir delegaciones policiales, coordinó con Fuerza Pública un prototipo de delegación para estandarizar obras y otras acciones que no contempló antes y que explican los retrasos durante 2023 e informó, mediante un cronograma, las delegaciones que serán construidas. Dentro de la programación de obras se informó que en el segundo trimestre del 2024 se construya la delegación de Horquetas, en el tercer trimestre las de Santa Ana, Desamparados Norte, la distrital de Puerto Viejo y Puntarenas norte, e iniciada la construcción de la delegación de Guácimo, San Ramón, Batán y Hatillo, mientras que, en el cuarto trimestre, se iniciaría la construcción de la delegación de El Guarco, Nicoya, Abangares y Belén de Santa Cruz. En este sentido, la Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de estos compromisos en los plazos definidos.
Para esta Defensoría, el Poder Ejecutivo incluyó iniciativas en el PND a las cuales no les dotó de los recursos humanos necesarios y por ello se han incumplido las respectivas metas, por ejemplo, la iniciativa «Un esfuerzo preventivo en la legitimación de capitales» a cargo de la Dirección Nacional de Notariado.
El sector «Seguridad Ciudadana y Justicia» exhibe debilidades para ejecutar el presupuesto asignado, entre otras razones, porque sus instituciones no incluyeron los «gastos de capital» en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), y por ello en 2024 se ha debido brindar acompañamiento a las instituciones del sector, para que registren apropiadamente sus «gastos de capital» en dicho registro público.
Es importante destacar que, a seis meses de formulada la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica – Segura Plus 2023-2030”, el Rector Sectorial todavía no sabe si será necesario cambiar las metas del PND en seguridad ciudadana y justicia, para armonizarlas a dicha política.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
