Luego de analizar metas consignadas en el Plan Nacional de Desarrollo 2023-2026
Tras solicitarle al Ministerio de Justicia información detallada sobre los avances en el cumplimiento de 10 metas del Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2023-2026, la Defensoría de los Habitantes constató que, el Poder Ejecutivo diseñó ese plan con metas poco realistas en materia de seguridad ciudadana y justicia.
De acuerdo con la información recopilada, Justicia debió solicitar una serie de modificaciones en tales metas, por ejemplo, en cuanto a la participación de privados de libertad en procesos de reinserción social y actividades remuneradas en las regiones periféricas y para la construcción de Delegaciones policiales y analiza cambios en las metas del programa “Fortalecimiento de la seguridad ciudadana y prevención de violencia” y su componente “Efectividad policial”.
Sobre el tema de delegaciones policiales, Justicia realizó cambios en la estrategia de selección y adjudicación de oferentes para construir delegaciones policiales, coordinó con Fuerza Pública un prototipo de delegación para estandarizar obras y otras acciones que no contempló antes y que explican los retrasos durante 2023 e informó, mediante un cronograma, las delegaciones que serán construidas. Dentro de la programación de obras se informó que en el segundo trimestre del 2024 se construya la delegación de Horquetas, en el tercer trimestre las de Santa Ana, Desamparados Norte, la distrital de Puerto Viejo y Puntarenas norte, e iniciada la construcción de la delegación de Guácimo, San Ramón, Batán y Hatillo, mientras que, en el cuarto trimestre, se iniciaría la construcción de la delegación de El Guarco, Nicoya, Abangares y Belén de Santa Cruz. En este sentido, la Defensoría dará seguimiento al cumplimiento de estos compromisos en los plazos definidos.
Para esta Defensoría, el Poder Ejecutivo incluyó iniciativas en el PND a las cuales no les dotó de los recursos humanos necesarios y por ello se han incumplido las respectivas metas, por ejemplo, la iniciativa «Un esfuerzo preventivo en la legitimación de capitales» a cargo de la Dirección Nacional de Notariado.
El sector «Seguridad Ciudadana y Justicia» exhibe debilidades para ejecutar el presupuesto asignado, entre otras razones, porque sus instituciones no incluyeron los «gastos de capital» en el Banco de Proyectos de Inversión Pública (BPIP), y por ello en 2024 se ha debido brindar acompañamiento a las instituciones del sector, para que registren apropiadamente sus «gastos de capital» en dicho registro público.
Es importante destacar que, a seis meses de formulada la “Política Nacional de Seguridad Pública Costa Rica – Segura Plus 2023-2030”, el Rector Sectorial todavía no sabe si será necesario cambiar las metas del PND en seguridad ciudadana y justicia, para armonizarlas a dicha política.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
Resumen del foro “Precarización laboral y derechos laborales, ¿dónde queda la justicia?”, celebrado el miércoles 24 de abril del 2024 y transmitido por el Facebook Live de SURCOS.
Participantes en el foro:
María Leonela Artavia Jiménez, Profesora e Investigadora, Escuela de Economía, Universidad Nacional.
Mauricio Castro Méndez, Docente e investigador, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica.
Sandra Cartín Herrera, Socióloga, docente jubilada Universidad de Costa Rica, integrante del Colectivo Mujeres por Costa Rica.
Moderador: José María Gutiérrez Gutiérrez, Alianza por una Vida Digna.
María Leonela Artavia presentó el concepto de precariedad laboral, el cual altera simultáneamente y en grados variados diferentes dimensiones laborales. Incluye, entre otros aspectos, la inseguridad laboral, la inseguridad de ingresos, la desprotección social y la desregulación de la jornada. En Costa Rica el fenómeno es más prevalente en regiones periféricas, aunque ocurre en todo el país y en actividades económicas diversas, siendo muy fuerte en el trabajo doméstico.
Presentó los resultados de un estudio, efectuado en la Universidad Nacional en la gran área metropolitana (GAM), sobre las condiciones de las personas que laboran en las plataformas de reparto, quienes sufren de alta precarización. Esta actividad involucra sobre todo a jóvenes varones, muchos de ellos migrantes, con niveles de especialización bajos. Este sector se caracteriza por un alto nivel de desprotección, ya que el 60% de estas personas no están aseguradas y el 78% no cotizan para pensión.
Estas personas trabajadoras tienen una alta inseguridad de ingresos, ya que el 40% devenga menos de un salario mínimo y el 54% devenga entre uno y dos y 2 salarios mínimos. Por otra parte, sufren de la desregulación de la jornada laboral, pues se trabaja mucho y no se contempla el pago de horas extra. Con frecuencia se trabaja más de 60 horas por semana. Sufren también de una alta vulnerabilidad a accidentes ya que la mayoría trabaja en motocicletas, bicicletas o bicimotos. Y se han reportado casos de personas que, al sufrir un accidente, son luego excluidos de las plataformas.
Por otra parte, es común que se niegue la condición de relación laboral en este trabajo, ya que se habla de que son ‘socios repartidores’, desde una perspectiva de ‘emprendedurismo’ y este imaginario afecta los procesos de organización colectiva, los cuales son esenciales para las luchas por contar con condiciones laborales dignas.
Mauricio Castro comentó que si bien existe legislación que regula las relaciones laborales, mencionó que “del dicho al hecho hay mucho trecho”, en el sentido de que, en términos generales, estas normas se cumplen muy poco. La ley permite dos mecanismos para enfrentar el incumplimiento de las leyes laborales: la inspección del trabajo y los procesos judiciales. Pero considera que estos mecanismos son ineficientes. En cuanto a la inspección del trabajo, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social cuenta únicamente con 100 inspectores para todo el país, lo cual es insuficiente y hace que estas inspecciones sean, en gran medida, inefectivas y de poco impacto. En cuanto a los procesos judiciales, estos llegan tarde y lo que se puede lograr es la imposición de algunas sanciones e indemnizaciones.
Mencionó que actualmente existen dos instrumentos que sí permiten impactar en las relaciones laborales:
El principal mecanismo es la organización colectiva de las personas trabajadoras. Hay una cultura anti-sindical en el país y existen mecanismos jurídicos para limitar las organizaciones sindicales. Por ello se requiere llevar adelante procesos de organización colectiva de las personas trabajadoras, en diversos ámbitos, para fortalecer este instrumento. Y, además, se requiere enlazar estos procesos a nivel nacional con formas de organización internacional.
El otro instrumento tiene que ver con la aprobación en Europa y otras regiones de leyes de diligencia debida, las cuales tutelan la violación de los derechos laborales a través de toda la cadena de valor. Estas leyes tienen impacto en actividades productivas vinculadas con exportaciones a Europa y velan por el cumplimiento de derechos humanos y normas de mitigación del cambio climático a todo lo largo de la cadena de valor. El incumplimiento de estas normas puede ser objeto de sanciones millonarias. Esta es una ventana de oportunidad para sindicatos y otros grupos de personas trabajadoras organizadas, para que presionen por el cumplimiento de derechos laborales esenciales. Actualmente sectores sindicales de América Latina, África y Asia trabajan en el aprovechamiento de este mecanismo en sus luchas por los derechos laborales.
Sandra Cartín enfocó su presentación en el tema de la inseguridad laboral para las mujeres, quienes sufren en mayor medida este problema. Presentó datos estadísticos sobre esta faceta a partir de documentos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la Universidad de Costa Rica y el Programa Estado de la Nación.
La tasa neta de participación laboral es menor en mujeres que en hombres. Con frecuencia no se labora con contratos de trabajo, lo cual ocurre a menudo en ocupaciones de empresas agrícolas, textiles y en el trabajo doméstico. Muchas veces predomina el contrato oral. En el caso de las trabajadoras domésticas esto es particularmente frecuente. Otra variante es el empleo temporal, donde se contrata por estaciones de cosechas (caso de la zafra, el café, la naranja), actividades donde hay una alta participación de mujeres y personas migrantes. Con los procesos de desregulación de las relaciones laborales, las empresas han aplicado estrategias de flexibilización laboral, que es un mecanismo del capital a escala global que busca disminuir regulaciones y reducir derechos.
Existe una importante brecha salarial por género, ya que las mujeres reciben menor salario por el mismo trabajo; se estima que el salario de las mujeres es un 15-20% menor que el de los hombres. Por otra parte, el uso del tiempo semanal para trabajo doméstico es mayor en las mujeres, con mucha dedicación al cuido de sus familias, lo cual limita la disponibilidad de tiempo para trabajo remunerado y desarrollo personal. Las mujeres a menudo tienen empleos informales precarios.
El desempleo es también más alto en mujeres, y se ven más afectadas por el subempleo. Las mujeres también sufren por falta de aseguramiento, lo cual las coloca en situaciones de alta vulnerabilidad. Este problema conlleva al no disfrute de licencia por maternidad y también tienen mayor desprotección a la hora de ser despedidas. En muchas empresas hay una discriminación hacia las mujeres por el embarazo, la atención a hijos pequeños y la lactancia
También las mujeres son afectadas por las dificultades para lograr la sindicalización y participar en procesos de organización y negociación colectivas para exigir sus derechos.
A manera de conclusión, y retomando varios de los aspectos presentados en el foro y en la sesión de comentarios y preguntas que siguió a las exposiciones de las panelistas y el panelista, José María Gutiérrez mencionó los siguientes puntos: (1) La importancia de estudiar y conocer los fenómenos que se relacionan con la precariedad laboral, tarea en la que juegan un papel clave los grupos de investigación de las universidades públicas, en estrecha relación con las organizaciones laborales y la población trabajadora. (2) La tarea fundamental de promover la organización de los diversos sectores laborales, incluyendo la organización sindical, y el impulso de luchas lideradas por estos entornos colectivos organizados. (3) El fomento que se le debe dar a la lucha cultural, a la batalla por las ideas, que enfrente la hegemonía ideológica que alimenta el individualismo y el mercantilismo, para fortalecer los valores de solidaridad y lucha colectiva en procura de condiciones laborales dignas. (4) Promover la creatividad en la construcción permanente de formas de organización novedosas que busquen condiciones laborales dignas, enlazando procesos nacionales e internacionales. (5) Crear espacios de confluencia entre los sectores laborales organizados y otros sectores sociales, comunitarios, culturales, ambientalistas, feministas e institucionales, para encontrar avenidas de lucha comunes con miras la construcción de una vida digna para todas y todos.
El video de este foro está accesible en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna. Puede verlo aquí:
La Red de Solidaridad con Palestina hace un llamado a la exigencia de justicia para las personas estudiantes de la UNA y UCR arrestadas antier durante una protesta en solidaridad con Palestina, frente al Centro Colón, donde se encuentra la Embajada del ente ocupante sionista.
Este lamentable episodio refleja patrones que se han visto en otros gobiernos que también criminalizan las protestas sociales de apoyo a Palestina, atentando contra el derecho fundamental a la manifestación.
¡La libertad del Pueblo Palestino es la libertad de los pueblos del mundo!
Con la participación de María Leonela Artavia Jiménez, profesora e investigadora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional; Mauricio Castro Méndez, docente e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica; y Sandra Cartín Herrera, socióloga y docente jubilada de Universidad de Costa Rica.
Sí, eso deben de haber dicho los que negaron su compensación económica -que debió recibir- por todas las injusticias cometidas contra Él y por los 30 años que le robaron de vida. Cuando Costa Rica perdió a uno de sus grandes escritores y el mundo a un excepcional ser humano.
Y, es que posterior a una lucha de casi toda su existencia para que se le hiciera justicia, don José León Sánchez, fue declarado inocente por cinco jueces de la República; sin embargo, el veredicto no vino acompañado de una compensación por todos los daños psicológicos y físicos creados a este joven, siendo en esa época un menor de edad, el cual fue juzgado como adulto y encerrado después de ser torturado.
Por lo que Él, persona incansable y lleno de sueños, empezó su disputa junto con un grupo de abogado amigos para que se le compensara lo correspondiente, luego de haber sido declarado inocente.
Pero entre una y otra, el Estado y el sistema de justicia le fue dando largas, a sabiendas que este Señorón era un hombre mayor con la esperanza de que muriera antes de tener que pagarle un cinco.
Es que, así fue su vida, se le negó un hogar desde su nacimiento, se le arrebató su juventud y, cuando finalmente le dieron el premio Magón en este su país que tanto le debía, justamente ese mismo año, habían eliminado la remuneración económica correspondiente.
Igualmente, con su obra, de la cual muchos han lucrado, obras de teatro y películas se han realizado, pero siendo una persona bonachona apenas si recibió dinero por esto.
Sí, le quedamos debiendo mucho a José León, un hombre querido por el pueblo, con el que festejaba hablar, tomarse una foto cada vez que se lo pedían, dar charlas por todo el país. Él amaba a su pueblo. Pero le quedamos debiendo, todos aquellos que no luchamos por su persona, los que no levantamos la voz ante la injusticia que se cometió.
A sabiendas de que las palabras se dicen en vida, no quiero dejar pasar ni un minuto más sin decir, ¡perdón, José León, perdón!
Un grupo de colegas y otros profesionales, preocupados por la crisis que actualmente atraviesan la seguridad ciudadana y la justicia en nuestro país, se ha dado cita en la sede de nuestro Colegio el lunes 22 de abril a las 12 meridiano, y con el patrocinio del Presidente Don Francisco Eiter Cruz Marchena, se dispone a preparar la celebración de sendos seminarios sobre el estado de los servicios de Policía y de Justicia, a fin de preparar propuestas dirigidas a aclarar los gravísimos problemas y sus posibles soluciones, como un aporte de la sociedad civil costarricense representada por su clase forense.
Invito por este medio a las abogadas y los abogados de buena voluntad a que se sumen a esta iniciativa.
La semana pasada la comunidad de Constanza en República Dominicana había denunciado la extracción de arena en el río Tireo, 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗢𝗿𝘁𝗶𝘇 𝘦𝘳𝘢 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘭𝘰𝘴 𝘩𝘢𝘣𝘪𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘢 𝘥𝘪𝘢𝘳𝘪𝘰 𝘭𝘶𝘤𝘩𝘢𝘣𝘢𝘯 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘢 𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘳á𝘤𝘵𝘪𝘤𝘢 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘢𝘤𝘵𝘪𝘷𝘢, 𝘤𝘰𝘮𝘰 𝘢𝘨𝘳𝘪𝘤𝘶𝘭𝘵𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘧𝘦𝘯𝘥𝘪ó 𝘦𝘭 𝘳í𝘰 𝘩𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘥𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘷𝘪𝘥𝘢.
El pasado miércoles 10 de abril cerca de las 3:00 a.m. tras escuchar las retroexcavadoras destruyendo el río dentro de su predio, Francisco se levantó y trató de impedirlo atravesando su tractor, después de eso desapareció y el día viernes 12 de abril cuando iniciaron la investigación posterior a la denuncia por presunta desgracia interpuesta por su hermano, fue encontrado sin vida en la carretera Blas Oliva del municipio de Bonao.
Esto pudo evitarse si la vida no fuese vista como mercancía, desde 1986 con “el Decreto No.257 se prohíbe la extracción de áridos en los cauces de ríos”‼
Desde la Universidad Bíblica Latinoamericana observamos con angustia y preocupación el recrudecimiento de violencia en territorios palestinos. Como Raquel en Ramá, nos “lamentamos y tenemos un llanto amargo” por la muerte de palestinos, como también de civiles israelíes. Tras décadas de despojo y sometimiento, Gaza y Cisjordania se encuentran hoy bajo una cruenta ocupación que crece día tras día, y de forma acelerada se incrementa el número de víctimas inocentes en dichos territorios considerados Tierra Santa para las tres religiones monoteístas: judía, cristiana y musulmana.
Como institución de educación teológica, nos preocupa el uso de argumentos y lenguajes religiosos para justificar la violencia; discursos que hacen un uso inadecuado de escritos y símbolos, particularmente la Biblia, con relación a Dios, madre y padre, dador de la vida y defensor de los y las débiles.
Violencia no solo de balas y las bombas que ponen en evidencia el desprecio por la vida humana dejando miles de personas muertas y heridas; sino también la insana destrucción de la infraestructura habitacional y de hospitales, el bloqueo de ayuda alimentaria y médica. Todo eso ha ocasionado condiciones de hacinamiento que están contribuyendo a la propagación de la desnutrición y enfermedades que afectan a toda la población.
Ante este Vía Crucis que atravesamos como humanidad, el guardar silencio implica la complicidad contra quienes son los y las personas crucificadas de la historia. Como Universidad Bíblica Latinoamericana nos resistimos a justificar la violencia y la muerte y levantamos nuestra voz y afirmamos lo siguiente:
Denunciamos:
Los procesos de colonización y despojo surgidos desde inicios del siglo XX, promovidos por potencias imperiales, y que han traído la conmoción y la violencia a los territorios de Palestina e Israel, con incontables vidas perdidas.
La irracional violencia militar ejercida contra la población civil palestina está sujeta a los asesinatos extrajudiciales, la ejecución de civiles, el bombardeo de zonas habitacionales y la infraestructura de salud, así como el impedimento al acceso de recursos médicos y alimenticios.
La violencia ejercida con la complicidad de los países más poderosos, pone en evidencia una necropolítica, como llama Achille Mbembe, a los estados que ejercen la “licencia para matar” bajo un discurso de orden y de seguridad.
El irrespeto a los mínimos acuerdos internacionales de defensa de los derechos humanos, negados sistemáticamente para el pueblo palestino por las instituciones y poderes globales.
La instrumentalización de la religión, de la fe, de los símbolos y objetos sagrados, para legitimar el exterminio y la violencia contra los pueblos.
Afirmamos:
La voluntad del Dios de la vida, que nos invoca a la construcción de sociedades pacíficas, inclusivas, y que defiendan a todas las personas que las conforman, especialmente a quienes son objeto de violencia, sometimiento y opresión.
La urgencia de un alto al fuego y a las hostilidades en Gaza y Cisjordania, así como la provisión de los recursos básicos – alimentación, salud, infraestructura habitacional – para las poblaciones desplazadas que hoy se encuentran al borde de la muerte.
El derecho a la paz, al bienestar, a la dignidad, y al territorio, para todos los pueblos, sin importar su procedencia étnica, su cultura o su religión.
La constitución de una solución que garantice el derecho a la reivindicación, a la vida y a la justicia del pueblo palestino, en su tierra ancestral.
Ante la realidad que enfrentan las mujeres en todo el país de altos índices de violencia y femicidios, esta organización busca llevar un mensaje a cada persona del territorio nacional, que les permita reflexionar acerca sus acciones cotidianas que justifican, naturalizan y perpetúan la violencia en todas sus manifestaciones, particularmente hacia las mujeres y en consecuencia asumir compromisos personales y colectivos para hacer los cambios necesarios en los esquemas culturales y sociales para eliminar esta atroz violación de derechos.
Datos del año 2023
137 denuncias por tentativa de femicidio en el Ministerio Público.
40536 denuncias por medio de la línea 911: (800 por abuso sexual, 252 por acoso callejero, 22410 por violencia contra la mujer).
18 feminicidios en 2023, según el Observatorio de Violencia.
32 muertes de mujeres sin clasificar.
983 Atención directa de MUSADE.
Con un arduo trabajo territorial en todo el país, se implementa una amplia y variada programación de actividades, entre las que se pueden señalar: las visitas casa por casa, quioscos informativos en centros educativos de primaria y secundaria, feria por la salud de las mujeres, curso sobre prevención primaria de la violencia, masculinidades positivas, programas de radios “Tejiendo historias. Una de las acciones destacadas de esta campaña es el acompañamiento y organización de redes comunitarias de mujeres ubicadas en diferentes territorios a nivel nacional.
La dedicada de la Campaña de este año es la ramonense y activista por los derechos humanos Cecilia Jiménez, quien ha realizado una destacada labor desde la Comisión Costarricense de Derechos humanos CODEHU.
Cierre con arte y movimiento La campaña culminará el día 24 de noviembre, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la no violencia contra la mujer, con una carrera recreativa para población adulta e infantil que llevará el nombre; “Cambie el rollo y póngase la camiseta por los derechos de las Mujeres, y una variedad de actividades culturales.
Si usted desea ser parte de esta campaña existen diferentes formas:
Hacer donaciones económicas
Organización de eventos en su comunidad
Difusión de las actividades de la campaña en redes sociales.
