La Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua y el Programa Kioscos Socioambientales, invitan al “Encuentro contra Quebradores” que se realizará el 30 de junio y 1 de julio en San Judas de Chomes y Punta Morales.
Es una invitación abierta a Asadas, asociaciones de desarrollo y organizaciones comunitarias por la defensa de los ríos.
Hoy en Día Mundial de los Arrecifes recuerda su importancia el Centro Comunitario de Buceo Embajadores y Embajadoras del Mar (CCBEM) del Caribe Sur.
¿Qué harías si supieras que tu vida depende de los Corales? Se preguntan las personas que conforman el Centro al mismo tiempo que aseguran que este oxígeno se produce a través de la simbiosis que crean con distintas algas marinas.
“Sin arrecifes, miles de millones de especies marinas estarían en peligro, millones de personas perderían su fuente de alimento más importante y muchas economías sufrirían un gran golpe “recuerdan en este día.
Los corales del Caribe Sur siguen en la batalla para sobrevivir ante las adversidades de la sedimentación, las aguas residuales y a los pesticidas de las bananeras que sin ningún control siguen envenenando las aguas de río y mar, entre otros factores de contaminación que afectan su crecimiento.
Hoy lanzan el llamado: “Corales resilientes del Caribe Sur necesitan de su total protección, la descontaminación de los mares y ríos es una acción inmediata si queremos conservar este arrecife”.
El origen del Día Mundial de los Arrecifes se remonta al año 1997, cuando se declaró el año Internacional del Arrecife. Esta iniciativa surgió como respuesta a las múltiples amenazas que enfrentan los arrecifes de coral y los ecosistemas marinos, como los manglares y los pastos marinos, en todo el planeta.
El Centro Comunitario nació en 2014 con el propósito de cuidar con sus comunidades el territorio marino costero y el derecho de la juventud a oportunidades sustentables para hacerlo permanentemente.
El Centro ha desarrollado varias actividades en los arrecifes del Caribe Sur, para ello nuestros miembros se han capacitado a nivel nacional e internacional en técnicas seguras de buceo scuba con propósito, monitoreo y restauración de arrecifes coralinos. Todos nuestros miembros son buzos y buzas con sus respectivas acreditaciones, en su mayoría de la nueva generación de jóvenes, y hemos desarrollado nuestras actividades en colaboración con nuestras comunidades, autoridades, instituciones, profesionales independientes y universidades nacionales e internacionales.
Son más de 170 niños, niñas y jóvenes que han llevado distintos cursos de buceo como herramienta re-creativa de la cultura y la historia oculta en el mar y para hacer ciencia ciudadana en la conservación de los arrecifes coralinos, ha sido otro aporte innovador de un buceo colocado en lo comunitario, que era hasta este momento un privilegio de turistas y extranjeros.
En la gestión comunitaria en monitoreo de corales y arrecifes coralinos, el Centro ha logrado producir el primer cuadro científico documentado en el país, sobre la regeneración de los corales en la zona.
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Elaborado con apoyo del proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Kioscos Ambientales UCR
La municipalidad de Guatuso aprobó ayer una concesión de minería no metálica en el Río Frío por 30 años más.
Según informan los vecinos “acá en Caño Negro en este momento se está extrayendo arena del río para aprovecharla. Hay unos bancos de arena que están dificultando la navegación. En este momento es imposible bajar después del Caño Los Patos en una embarcación mediana, la poca agua, los troncos expuestos y los bancos no permiten transitar. La sedimentación de arena y de barro o lodos está afectando bastante al humedal. Los lodos se acumulan en los bordes de los cuerpos de agua y la arena en el fondo.”
Desde hace varios años la comunidad de Maquengal de Guatuso viene denunciando en torno a la situación que está amenazando al Río Frío. Esta comunidad está a 15 kilómetros del Centro de Guatuso donde el turismo, la lechería, la agricultura familiar compiten con el monocultivo y la minería no metálica.
Esta región ha vivido una expansión de diversas actividades económicas que han empezado a presionar la salud del río, entre ellas los monocultivos y la ganadería, que están asociados a los procesos de deforestación, erosión y compactación de suelos, pero también ha empezado a tener mayor presencia la Minería no Metálica.
El Río Frío, ese vecino que ha sido testigo de muchas de sus alegrías, han hecho fiestas, se han bañado y pescado, y hasta es motivo que desde otros lugares lleguen visitarlos para disfrutar de sus aguas.
Sin embargo, lo que fue el Río Frío hoy resulta lejano, desde finales de los noventa se conocen las concesiones para la extracción del material en este río. Situación que ha venido intensificándose cada vez más, al reconocer el buen negocio que puede significar para unos pocos amparados por la institucionalidad municipal.
Eddy Alberto López Mora de la Asociación de Desarrollo de Maquengal de Guatuso, participando del Programa Voces y Política de Radio Universidad comento “El Río Frío es una fuente vital de economía turística y agrícola de la zona, pues es el principal afluente del Humedal de importancia mundial de Caño Negro, sin embargo, la minería desregulada lo acaba de a poco”.
En este caso las vecinas y vecinos señalan que la Municipalidad de Guatuso no monitorea las acciones de las empresas extractivas, “esto ha venido a matar el río” aseguró López sobre la cantidad de material que tienen concesionado y concluyó diciendo “Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR un humedal que no estamos cuidando.”
Esta actividad extractiva de materiales del río no sólo cambia su curso y afecta su caudal, sino que también genera procesos de erosión en las riberas y la sedimentación del mismo. La agudización de estos efectos nos lleva a diversos daños ambientales, como el rompimiento de los ciclos de reproducción de muchas especias o la agudización de los efectos de los fenómenos naturales cuando vemos las crecidas del río y las inundaciones.
Muchas personas que son vecinas dan testimonio de las afectaciones, pero también recuerdan la belleza e importancia que ha tenido para sus vidas, por esta razón es un río que resiste al abandono de la institucionalidad que procura seguir explotándolo, porque como nos recuerdan estas mismas personas a pesar del daño que ya muestra, sigue teniendo visitación y sigue alegrando la vida, por esta razón lo defienden y siguen señalando que estamos a tiempo de salvarlo.
Además de esto, ¿Qué pasa con la vida comunitaria? Sucede algo, en el territorio se da la erosión de la calidad de vida, que ven cómo sus espacios de encuentro e intercambio empiezan a desaparecer, ¿a dónde quedaron las pozas? ¿dónde quedaron las corrientes del agua? ¿a dónde vamos después de la escuela? Es decir ¿a dónde van a ir a disfrutar?
Mas información entrevistas, video y otros apoyos en: https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/tag/guatuso/
Observatorio de Bienes Comunes Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) y con apoyo el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorio rurales de Costa Rica (ED-3526) del Programa Kioscos socioambientales y la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica.
Kioscos Ambientales
UCR
Tenemos el día de hoy una petición al gobierno de Costa Rica. Exigimos el derecho a nuestro territorio, estamos enfrentando mucha vulnerabilidad, el no tener garantizado el acceso a la tierra nos impide poder sembrar, no podemos hacer nuestras actividades culturales, necesitamos acceder a salud, contar con agua, luz, servicios, acceso a vivienda y mucho más.
Nuestro pueblo ha sido históricamente transfronterizo, una vez que construyeron la frontera nos dejaron aislados. Tenemos más de 500 años de estar en la lucha, solicitando una condición de vida digna para nuestro pueblo originario.
En este momento estamos en una situación crítica. Nos obligan a vivir en territorio de las dos empresas transnacionales que nos han invadido durante los últimos años, valiéndose de la explotación laboral y el atropello de los derechos humanos de los trabajadores. Hemos comunicado ya nuestra preocupación y necesidades a las autoridades, al señor Rodrigo Chaves, a través de la carta entregada al viceministro de Justicia y Paz, Sergio Sevilla, quien nos indicó que para la segunda o tercera semana de mayo se haría presente, o enviaría algún representante al territorio para escuchar nuestras demandas. No estamos pidiendo más de lo que nos corresponde. El Estado costarricense está en la obligación de acatar lo estipulado en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo de las Naciones Unidas.
Como pueblo indígena tenemos derecho a organizarnos desde nuestra cosmovisión, organizarnos desde nuestra cultura, nuestras creencias y resolver nuestros conflictos como usualmente lo hacemos, y no con mecanismos impuestos que nos son ajenos. El Gobierno está en la obligación de realizar la consulta indígena cuando se toman decisiones que nos afectan, y no lo han hecho así. En ocasiones han consultado a los pueblos Cabécar y Bribri, pero a nosotros, como pueblo Ngäbe nadie nos ha consultado, precisamente por no tener un territorio reconocido como tal. Ya no estamos pidiendo, estamos exigiendo un derecho para nuestra juventud, para las nuevas generaciones, estamos luchando también por ellos y ellas.
La explotación laboral nos tiene en una situación vulnerable. Las empresas bananeras buscan implementar las leyes laborales de los países de donde provienen, lo que abre más espacio para esta explotación, ya que se saltan las regulaciones que deberían aplicar en territorio nacional. Las empresas bananeras no nos proporcionan seguro social. Cuando los trabajadores se accidentan, la empresa no se hace responsable y no hay seguro que nos cubra. Los salarios son cada vez más bajos, los precios de la canasta básica siguen subiendo todos los días y el dinero ya no nos alcanza. Sufrimos también de persecución, los trabajadores que se manifiestan contra el maltrato y explotación son reprimidos por los jefes. Han venido haciendo persecuciones hasta los hogares y no nos permiten tener fogones dentro de las casas, aunque sea nuestra tradición.
En este momento hay compañeros trabajadores en huelga, ya que no les han pagado sus prestaciones, los desalojan de sus casas y se valen de la ayuda de la Fuerza Pública para hacerlo, sacan a las mujeres, niñas y niños de sus casas también. A pesar de que Costa Rica se diga ser democrática, en Sixaola son las empresas quienes mandan. El capataz es el dueño y los trabajadores no pueden reclamar nada, aunque prácticamente todos los trabajadores somos indígenas. Cuando alguno de nosotros se queja de todo lo que estamos viviendo, el capataz usa la violencia contra nosotros. Todo esto que estoy contando ocurre porque el Estado lo ha permitido, porque no ha intervenido en estas situaciones y ha facilitado la permanencia de las empresas bananeras en nuestro territorio indígena.
Nosotros, existiendo ya el Convenio 169, no vamos a permitirlo, estamos cansados de tanto maltrato y tanto abuso, somos más de 10 mil indígenas en Sixaola discriminados todos los días por el gobierno de Costa Rica.
*Con base en participación del Programa Voces y Política de Radio Universidad del 19-4-23.
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El documental “Sàrātsê sêkónēl jékàska Volviendo a la tierra que nos vio nacer” (2023) se presenta este 12 de mayo del 2023 en el proyecto Trincheras en a las 6pm, su local queda Frente a Hotel Nuevo Iguazú, Barrio Boston, en San Isidro de El General. La proyección es gratuita y se tendrá además un conversatorio con personas de la comunidad. Es importante destacar que para está sesión se cuenta con la colaboración del Ministerio de Cultura.
El documental cuenta la visita en 2019 de un grupo de mayores cabécares de Talamanca que volvieron al territorio indígena de China Kichá, para reconocer, después de muchos años, el lugar donde nacieron y crecieron. En este evento histórico, realizado gracias al Comité Cultural Cabécar de China Kichá, se encontraron con su antiguo hogar, con las historias de las tensiones territoriales que les forzaron a irse en su mayoría, pero hubo también quienes resistieron y posicionaron sus derechos. “Volviendo a la tierra que nos vio nacer” trata sobre la memoria del despojo y la lucha actual por la recuperación de tierras de la comunidad indígena de China Kichá.
Hay que recordar que las recuperaciones de tierra han sido procesos de lucha por parte de las personas indígenas en la defensa de sus derechos, su cultura y sus territorios. Éstas comenzaron en 2018 ante el incumplimiento sistemático de la Ley Indígena y los planes para hacerla cumplir.
Un estudio hecho por la organización Forest People Programme (2014), de las 1.100 hectáreas que conforman el territorio, el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población cabécar. Hoy gracias a la lucha de recuperaciones esta comunidad recuperó el 100% de su territorio legalmente reconocido, convirtiéndose en un hito para nuestro país y la región mesoamericana.
El documental cuenta parte de la lucha de este pueblo milenario y se divide en tres capítulos que abordan “La China Kichá de antes”, donde se habla de la historia del territorio y a qué actividades se dedicaban antes, es decir, cómo era la vida en esos tiempos; “La China Kichá del presente” aborda la problemática de tierras y cómo fue que el Estado derogó el territorio, también se hace alusión al asesinato de líderes indígenas, como Sergio Rojas. Finalmente, en “La China Kichá del futuro” las personas recuperadoras reflexionan sobre el significado de recuperar tierras y la necesidad de seguir luchando por sus derechos.
La producción audiovisual fue realizada por el colectivo Revista Uchinché, bajo la dirección y producción de Hawi Castañeda, antropóloga social y diseñadora gráfica. El proceso de grabación inició en 2019 con la grabación del encuentro de mayores, gracias a la coordinación del Comité Cultural Cabécar de China Kichá y al apoyo del Técnico en Gestión Local para Pueblos Originarios de la Universidad Estatal a Distancia (UNED). Asimismo, se contó con el apoyo estratégico del Programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR) y el Proyecto de Acción Social “Geografía y Diálogo de Saberes” de la Escuela de Geografía.
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(San José, martes 9 de mayo, 2023). – Exigimos a las autoridades que tomen acciones concretas por la intoxicación de estudiantes y docentes el pasado viernes 5 mayo, ya son varias las ocasiones en que las y los vecinos han denunciado esta situación, donde una finca piñera ubicada a la par de la Escuela La Ceiba, en la comunidad de San Juan de Florencia, en el cantón de San Carlos, provincia de Alajuela aplica agroquímicos y afecta a las personas aledañas.
La intoxicación del pasado viernes afectó a 29 personas (25 son niños y niñas), quienes fueron atendidas por presentar náuseas y dolor abdominal. Un total de 8 fueron trasladadas al hospital para su valoración, de los cuales hay 7 niños y una adulta mayor (Allan Jara, 5-5-23 y TVN, 5-5 2023).
Por un lado el MAG, por medio del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), debe girar la orden que impide a la empresa, dueña de la plantación agrícola involucrada en la intoxicación de niños y niñas, aplicar cualquier agroquímico sobre la finca en cuestión.
Además, como no nos encontramos en un caso nuevo, sería importante conocer qué sanciones aplicaron las instituciones por la contaminación ocurrida en el 2019 que afectó a más de 22 personas, entre estas 16 niñas y niños (Semanario Universidad, 10-9-2019). Esto es importante porque resulta evidente que la sanción o correctivos por la empresa no sirvieron – si es que hubo-. Por ser reincidente, deberían aplicarles una sanción mayor a la persona física o jurídica responsable del hecho.
También es necesario que las autoridades respectivas decreten medidas restrictivas a nivel nacional, para que las piñeras y otras plantaciones no puedan sembrar a menos de 400 metros de centros educativos, centros de salud y viviendas, tal como se les aplica a ventas de licores o bares con respecto a escuelas, EBAIS y plazas públicas.
En el 2019, señaló el Servicio Fitosanitario del Estado que ese día la piñera fumigó con Diazinon, Ecogreen y Camauba (Ver adjunto: Informe Técnico MS-DRRSRHN-IT-1030-2019). El pesticida Diazinon (Ácido fosforotioico) es un insecticida organofosforado (IOP) utilizado para controlar insectos en los suelos y las plantas. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) lo identifica como una sustancia peligrosa. La exposición al Diazinón puede causar, de manera rápida y grave, dolor de cabeza, mareo, visión borrosa, náuseas, vómitos, diarrea, afectaciones musculares, pérdida de la coordinación, convulsiones, coma y finalmente la muerte.
En Argentina, la autoridad encargada denominada Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), prohibió la elaboración, importación, y fraccionamiento de esta sustancia y sus productos formulados mediante la resolución 263/2018.
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En días recientes comunidades del cantón central de Puntarenas y de Guatuso presentaron a diputados sus exigencias y propuestas en cuanto a los impactos de la actividad minera en el cauce de los ríos o como se conocen popularmente como “quebradores”; esta actividad busca producir materiales y agregados para la construcción de infraestructura pública y privada mediante la extracción de arena y piedra y ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por sus efectos perjudiciales que causa en los ecosistemas de los ríos a nivel país.
En Costa Rica, las concesiones se entregan por un plazo de 25 años en las cuales, pueden presentar una prórroga por 10 años más. Para las concesiones de cauce de dominio público se entregan tramos de máximo 2 km y una misma persona puede realizar su extracción teniendo dos concesiones de estas en un mismo cauce.
Respecto a los procesos de extracción, comúnmente la evaluación del impacto ambiental establece condiciones de explotación con tasas de extracción diarias y mensuales. Sin embargo, los lineamientos establecidos terminan teniendo un papel de requisitos más allá de regulación efectiva para la protección de ríos.
Los daños generados a nivel ambiental son irreversibles y los cauces no se encuentran evaluados antes ni después del otorgamiento de permisos. Desgraciadamente, la institucionalidad carece de criterios científicos para llevar a cabo dicha evaluación de impactos, monitoreo y garantía de la protección ambiental favoreciendo así a grandes negocios para la explotación.
Leonardo Cordero de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua en Puntarenas, aseguró que la situación de los ríos Guacimal y Lagarto es precaria para estos ríos y en época de verano ven disminuido significativamente su caudal. Esta falta de agua y la abundancia de sedimentos producen un impacto directo en la pesca artesanal que es el 90 % de la economía local de la zona costera y un daño profundo en los manglares. Además, señala que se ha perdido una fuente de recreación porque estos ríos son claves para el encuentro vecinal, para pasar los calores y los fines de semana.
“En ese trayecto del puente del río de Guacimal hasta la desembocadura de 12km hay hasta 6 concesiones” aseguro Cordero, que estallaron con la ampliación de la Ruta 1. La Alianza señala a Meco y H.Solís como principales empresas concesionarias o beneficiarias de este bien común.
Eddy Alberto López Mora de la Asociación de Desarrollo de Maquengal de Guatuso, relata una situación muy similar, pero en este caso sobre el Río Frío. El mismo, es una fuente vital de economía turística y agrícola de la zona, pues es el principal afluente del Humedal de importancia mundial de Caño Negro, sin embargo, la minería desregulada lo acaba de a pocos.
En este caso las vecinas y vecinos señalan que la Municipalidad de Guatuso no monitorea las acciones de las empresas extractivas, “esto ha venido a matar el río” aseguró López sobre la cantidad de material que tienen concesionado y concluyó diciendo “Le estamos vendiendo al mundo un sitio RAMSAR un humedal que no estamos cuidando.”
Ambos representantes comunitarios aseguran falta de regulaciones y sobre todo fiscalización de parte del Estado para controlar la actividad y aprovechar más racionalmente los materiales del río. Ellos abogan por la auditoría, fiscalización y participación de las comunidades en los procesos de solicitud, gestión y prórrogas de concesiones.
Ellos en conjunto lanzaron una campaña pública que busca una modificación al Código de Minería (Art .37) para incluir consultas comunales directas en el momento de consultas a municipalidades, que se fundamente según la magnitud y temporalidad viable de las concesiones a partir de los criterios de la Dirección de aguas, así como una consulta directa con las ASADAS y otras organizaciones comunitarias para la protección de sus fuentes, por medio de la administración de acueductos en cantidad suficiente y de calidad.
En el caso de consultas a la Dirección de Aguas, se pretende categorizar ecológicamente cada río previo a su entrega de permisos extractivos con el fin de reconocer su riesgo ecológico. Finalmente exigen no otorgar más concesiones a empresas investigadas por corrupción y violación de derechos.
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El pasado miércoles 19 de abril se conmemoró el Día del Indígena (No. 1803-C) decretado desde 1971 y que este año el gobierno pasó por alto, no así la población originaria que aprovechó para denunciar la discriminación que siguen sufriendo a diario más de diez mil indígenas Ngäbe que habitan ancestralmente esta zona fronteriza.
Miembros del pueblo Ngäbe Buglé en Sixaola denunciaron la incapacidad y falta de voluntad política del gobierno costarricense para atender distintas necesidades urgentes, como lo es el formalizar y aligerar el reconocimiento de la nacionalidad de dichos pueblos. Esto es apenas la expresión más cotidiana de años de racismo estructural, que impide a las poblaciones indígenas transfronterizas acceder a servicios básicos, atención médica estatal, becas, educación, bonos socioeconómicos, vivienda, trabajo digno, entre muchas otras.
Si bien esta comunidad logró, después de años de lucha, que en el 2019 la Asamblea Legislativa aprobara la Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza (Ley Nº 9710), donde se le otorgó derecho a la nacionalidad costarricense, lo cierto es que una gran cantidad de personas no tiene hoy su cédula, con lo cual no tiene acceso efectivo a los servicios básicos ni al ejercicio de sus derechos. Esta situación afecta de sobremanera a las mujeres y a la niñez, que no pueden acceder a becas o servicios de salud.
Esta ley fue un paso importante para visibilizar su existencia y poder ejercer sus derechos, pero ahora la principal problemática, que le hicieron saber al presidente Rodrigo Chaves días atrás, “es la carencia de un territorio en el cual podamos vivir libremente, sin temor a que sea atropellado el modo de convivencia cultural tradicional”, según palabras de uno de los líderes indígenas.
Don Eusebio Julián de la Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI) aseguró que: “nuestra petición al gobierno es sobre el territorio, por la necesidad a la que nos enfrentamos en Sixaola. Somos vulnerables, no podemos cultivar, no podemos sembrar, tampoco podemos hacer nuestras actividades culturales”. Solicita así que el gobierno costarricense se apegue y acate a cada uno de los artículos del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Costa Rica.
Mientras tanto, Eulalia Thomas, integrante de la organización de mujeres Meri Dirikä sostiene que muchas personas trabajadoras se encuentran en situaciones vulnerables, al estar en riesgo su acceso a la vivienda por el incumplimiento de prestaciones y servicios que las empresas bananeras prometen y no cumplen. Sobre esto indica “cuando la empresa vende esa bananera a la otra empresa (…) resulta que va sacando a todos los compañeros y los niños [de sus casas]. Se van llorando, es lo más triste, ningún gobierno, nadie, está viendo cuando los niños se desalojan”.
Hay que recordar que, en la parte laboral, al menos 5000 de los Ngäbe de Sixaola habitan en tierras de una empresa privada, con la cual sostienen un conflicto laboral desde hace muchos años con empresas transnacionales bananeras, por lo cual solicitan el apoyo del gobierno para hacer valer sus derechos laborales.
También afirman que, al habitar permanentemente en territorio costarricense, son acreedores de derechos, pero que enfrentan día a día discriminación: “vivimos permanentemente aquí en Costa Rica, no sólo venimos por un tiempo (…), nosotros estamos reclamando nuestro territorio para los niños, para las mujeres, y para nuestros compañeros”, recordó Eulalia.
En una reciente visita de una delegación proveniente del territorio, se le hizo llegar estas mismas preocupaciones al presidente Rodrigo Chávez, a través de una carta entregada en Casa Presidencial, solicitando el respeto y reconocimiento de su identidad y necesidades como pueblo indígena, así como la atención inmediata al atropello de derechos humanos del que son víctimas. Esta carta fue recibida en una reunión que tuvieron con el viceministro de Paz, Sergio Sevilla Pérez, quien se comprometió a iniciar acciones y visitar la zona en mayo.
En la foto se aprecia a Eusebio Julián y a Eulalia Thomas, representantes del Pueblo Ngäbe de Sixaola.
Kioscos Ambientales UCR
Foto de portada: Vicerrectoría de Acción Social, UCR.
Este jueves 21 de abril a las 10:00 a. m. Doris Ríos Ríos, indígena cabécar de China Kichá y del clan Julabulüwak, será reconocida desde diversas instancias universitarias por su labor como defensora del territorio, de su cultura, de las mujeres y de los pueblos indígenas.
La actividad contará con la participación de Doris Ríos Ríos; la Dra. Isabel Avendaño, decana de la Facultad de Ciencias Sociales; la Dra. Claudia Palma, directora de la Escuela de Antropología; la profesora Dra. Denia Román; MSc. Silvia Regina De Lima del Departamento Ecuménico de Investigaciones (DEI) y la facilitación del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de la Acción social de la UCR.
Su trayectoria en defensa de la cultura cabécar, de las mujeres y la defensa de territorio antecede a las recuperaciones y posterior a estas, se ha mantenido realizando constantes denuncias en medios, encuentros y foros nacionales e internacionales ante los agravios que viven los pueblos indígenas; gestionando proyectos para beneficio de la comunidad y colaborando con la organización interna del territorio.
Compartido con SURCOS por Programa Kioscos Socioambientales.
Ministro resuelve nulidad basándose en los argumentos técnicos del sector ambiental.
Las buenas noticias llegaron para los ecosistemas y comunidades campesinas de las Fincas de Palmar Sur, pues el ministro notificó hoy que los argumentos técnico-legales presentados por el sector ambiental desde el año 2017, son correctos.
El recurso fue interpuesto en el 2017 por Msc. Mauricio Álvarez, en ese momento ejerciendo la presidencia de la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON) y con el apoyo de Dr. Allan Astorga Gättgens, Msc. Álvaro Sagot y Licda. Sofía Barquero Mata.
En el recurso de nulidad se evidencia que los estudios de impacto ambiental presentan un claro favorecimiento al desarrollador del proyecto, omitiendo procedimientos técnicos vigentes, a pesar de que se conoce que este tipo de producción ya ha generado daños ambientales irreversibles. Se considera que en el D1 (documento de evaluación ambiental), que todo proyecto debe presentar a SETENA para su primera valoración ambiental, mediante un puntaje, se debió constatar la necesidad de un estudio de impacto ambiental, en tanto el área del proyecto incluye bosques y humedales que son áreas de por sí protegidas por la ley (Artículo 32 de la Ley Orgánica del Ambiente) al estar dentro de la categoría de “muy alta vulnerabilidad y fragilidad ambiental” prescrita en la normativa. Este formulario es una declaración jurada que advierte que en caso de que haya omisión de información o se aporte información falsa, se posibilita a la Setena a rechazar su gestión y también a sanciones administrativas y penales a los responsables.
Según el recurso, “la viabilidad ambiental otorgada por la SETENA a la piñera Del Monte en Osa tiene serios vicios que apuntan a su nulidad por los siguientes puntos:
1. Se trata de un megaproyecto de 500 hectáreas de monocultivo intensivo de piña que incluye un gran paquete de agroquímicos tóxicos, como el Paraquat que está prohibido en muchos países por ser muy contaminante.
2. Bajo la finca existe un acuífero y el mismo estudio hidrogeológico presentado señala que si se contaminara el acuífero se produciría una extensa pluma de contaminación que se movilizaría en dirección al Humedal Térraba Sierpe. Dicho estudio no fue revisado por el SENARA, entidad que debería ser consultada para verificar la veracidad y alcances del informe.
3. A pesar de todo lo anterior la SETENA no hizo inspección de campo para este caso con lo cual incumple con la Ley Orgánica del Ambiente (art. 84 inciso c). De tal manera se tramitó en menos de un mes, mientras proyectos de mucho menos impacto tardan meses, incluso años, para su debido análisis en la Setena.
4. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación del Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Sin embargo, el reporte arqueológico, ignora la existencia del sitio arqueológico Unesco Patrimonio de la humanidad y pese a la riqueza arqueológica existente en el área del proyecto, la SETENA aprueba el permiso ambiental sin que se ejecute una evaluación arqueológica de los nueve sitios presentes recomendada por dicho reporte, en otras palabras, les da licencia “destruir el patrimonio arqueológico”. El reglamento vigente exige que en caso de encontrarse sitios arqueológicos se requiere una evaluación de Museo Nacional y de la Comisión Arqueológica Nacional, de previo a que se otorgue la viabilidad ambiental. Por ejemplo, de la Marina Papagayo en el 2004.
5. El estudio social está incompleto y no cumplió con la normativa al no realizar su componente más importante: el estudio de consulta a actores sociales, así como institucionales claves de la zona. El estudio socioeconómico, se realizó en una muestra de tan solo 18 personas, es decir, con el 0.61% de la población del cantón. En Palmar, justo donde se ubica el proyecto, hay una población de 9 815 personas, por lo que la muestra se realizó con apenas, un 0.18 % de la población. Las muestras indicadas, reflejan que no hay una verdadera representatividad de la percepción que pudiera tener la comunidad”.
A este recurso se adhirieron cientos de personas en una multitudinaria manifestación del 15 de mayo del 2017, fue firmado además por personas campesinas, operadores turísticos, indígenas, todas posibles afectadas, así como ecologistas, universitarios, grupos de mujeres, estudiantes, cooperativas campesinas y otras fuerzas vivas que se manifestaron el día del agricultor a favor de la cultura campesina y en contra de la expansión piñera.
Para el hoy coordinador del Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, Msc. Mauricio Álvarez Mora menciona que “hay un antes y un después de esta resolución, se le está poniendo por fin un límite a la expansión incontrolada del cultivo. Esta es una moratoria de hecho a las actividades, seguir expandiendo los cultivos sobre humedales, áreas protegidas y áreas de protección del agua de las comunidades. Esta moratoria se va sustentar en la organización y fiscalización social del cultivo como lo hemos venido señalando y trabajando desde el 2008 con nuestros Programa de Acción Social y acogido en dos distintos pronunciamientos del Consejo Universitario (2008, 2018).”
Para el ecologista Fabian Pacheco «No debemos olvidar los nombres de quienes entregan al país a la destrucción ambiental. Costa Rica sería un país muy diferente si no tuviera un movimiento ecologista como el que tiene y que ha sabido levantar muchas campañas en defensa del bienestar público. Felicitamos al gobierno por reconocer el peso legal y técnico de nuestros argumentos y recordaremos este conflicto heredado por administraciones “palanganas” como un ejemplo de que a pesar de que hay funcionarios públicos que entregan los sitios más sagrados e importantes del país a la devastación y destrucción ambiental este país aún tiene gente que sabe defender lo valioso y lo sagrado».
Sin duda alguna es un día de fiesta para todas aquellas personas que se mantienen firmes en la defensa de la vida digna, de la naturaleza y de la cultura campesina de la Zona Sur.
Enviado a SURCOS por Kioscos Ambientales UCR.