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Etiqueta: kioscos socioambientales

UCR invita a taller participativo sobre manejo de fauna silvestre y normativa ambiental

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La Universidad de Costa Rica (UCR, a través de la Vicerrectoría de Acción Social y el programa Kioscos Socioambientales, invita al Taller participativo sobre manejo de fauna y reglamentos, un espacio orientado a promover el conocimiento y la convivencia responsable con la fauna silvestre.

La actividad se realizará el miércoles 15 de abril, de 4:00 p.m. a 6:00 p.m., en la Sala Multimedia de la Facultad de Ciencias Sociales (primer piso), en la Ciudad de la Investigación.

Formación para la convivencia con la vida silvestre

El taller busca generar un espacio de diálogo y aprendizaje sobre las prácticas adecuadas para el manejo de fauna silvestre, así como sobre la normativa que regula su protección. La iniciativa parte de la premisa de que convivir responsablemente con la biodiversidad implica también conocer las leyes y reglamentos que resguardan estos ecosistemas.

En este sentido, la actividad pretende fortalecer capacidades en las comunidades para actuar de manera informada frente a situaciones relacionadas con la fauna, promoviendo el respeto por la vida silvestre y la conservación de los territorios.

Facilitación especializada

El taller será facilitado por Edgar Castrillo, de la Unidad Especial de Protección y Rescate Animal (UESPRA), quien aportará su experiencia en el manejo y rescate de fauna, así como en la aplicación de normativa ambiental.

Espacio abierto a la comunidad

La convocatoria está dirigida a personas interesadas en temas socioambientales, estudiantes y comunidades que buscan fortalecer sus conocimientos y prácticas en relación con la protección de la fauna silvestre.

Esta actividad forma parte de los esfuerzos de la UCR por promover la educación ambiental y el vínculo entre la academia y las comunidades en la defensa de la biodiversidad.

Universidad de Costa Rica advierte riesgos socioambientales en proyecto minero de Abangares

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La Universidad de Costa Rica, por medio de su Consejo Universitario, analizó el proyecto de ley denominado Ley para la protección de la actividad minera de Abangares (Expediente N.° 24.932), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa, y acordó recomendar su no aprobación en su forma actual, hasta tanto no se incorporen observaciones sustantivas de carácter técnico, ambiental y social (CU-19-2026).

Este criterio se fundamenta en los aportes de diversas instancias universitarias consultadas, entre ellas el Programa de Kioscos Socioambientales, la Sede Regional de Guanacaste y la Escuela Centroamericana de Geología, las cuales advierten vacíos significativos y riesgos asociados al proyecto.

El Programa de Kioscos Socioambientales señala que la propuesta legislativa “no corrige los problemas estructurales identificados históricamente; por el contrario, profundiza un modelo de gestión excepcional, caracterizado por altos niveles de opacidad, informalidad y riesgo socioambiental”. Asimismo, advierte que “el análisis comparado demuestra el rezago de Costa Rica frente a países latinoamericanos que han implementado sistemas rigurosos de trazabilidad… En contraste, la dependencia de declaraciones juradas perpetúa la opacidad e impide controlar el flujo de oro desde zonas prohibidas hacia circuitos formales”.

Por su parte, la Sede Regional de Guanacaste enfatiza que “la omisión más preocupante del proyecto de ley es la falta de disposiciones orientadas a la salud pública”, subrayando la ausencia de medidas de atención, monitoreo y prevención para las comunidades expuestas a contaminantes como el mercurio. Si bien reconoce la importancia económica de la minería para Abangares, advierte que su continuidad debe estar condicionada a garantías reales de protección ambiental y sanitaria, de lo contrario se podrían profundizar los daños ecológicos y humanos.

Desde la Escuela Centroamericana de Geología se advierte que “el proyecto no aborda la complejidad real de la problemática minera en Abangares”, y se cuestiona la persistencia de un enfoque fragmentado en la legislación minera. Señala además que la sucesiva ampliación de plazos para la formalización de concesiones evidencia un patrón problemático de legislación reactiva, orientada a “apagar incendios”, en lugar de impulsar una reforma integral del Código de Minería. En este sentido, coincide con las demás instancias en la urgencia de implementar mecanismos robustos de trazabilidad.

En conjunto, estos criterios coinciden en que el proyecto, tal como está planteado, podría profundizar las condiciones de informalidad, opacidad y riesgo ambiental, comprometiendo tanto el patrimonio natural del país como la salud y seguridad de las comunidades involucradas.

La representante de Área de Ciencias Sociales del Consejo Universitario, la politóloga Ilka Treminio, señaló que “en las últimas semanas, a partir de las investigaciones recibidas sobre los daños ambientales asociados a la minería ilegal, se cuenta con evidencia de que no se trata únicamente de procesos artesanales o coligalleros independientes, sino de formas de explotación ilegal con características industriales en Costa Rica, acompañadas de una alta importación de mercurio y cianuro, sustancias que contaminan las aguas y afectan gravemente la salud de las personas”. Asimismo, destacó la importancia de que esta situación se convierta en un llamado a fortalecer el debate académico y a profundizar el aporte de la universidad en materia de salud pública y protección ambiental.

En consecuencia, la Universidad de Costa Rica reitera su disposición a contribuir con conocimiento técnico y científico para el fortalecimiento de iniciativas legislativas que garanticen una gestión responsable, transparente y sostenible de la actividad minera en el país, en resguardo del bien común.

Otros sectores. La posición de la Universidad de Costa Rica es coincidente con un pronunciamiento suscrito por más de 50 organizaciones y personas, el cual advierte sobre los riesgos de mantener un modelo que permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas sin trazabilidad verificable. Este pronunciamiento señala que la minería ilegal no opera de forma aislada, sino que converge con otras actividades criminales, incluyendo el lavado de dinero, el contrabando de minerales y el uso descontrolado de sustancias tóxicas como el cianuro y el mercurio, así como posibles vínculos con dinámicas del narcotráfico en zonas fronterizas.

Dictamen (CU-19-2026): https://drive.google.com/file/d/1EzqYd_H8r2um28zApqhww15eGjs4h6I9/view?usp=sharing

La Contraloría General de la República aceptó y trasladó a fiscalización la denuncia sobre permisos de construcción en la Fila Costeña

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La tarde de hoy, la Contraloría General de la República notificó, mediante el oficio DFOE-DEC-9527, a las organizaciones sociales y a las diputaciones que respaldaron la denuncia, que esta fue trasladada al Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible de la institución.

Según indica el documento oficial, el traslado se realizó mediante el oficio DFOE-DEC-TI-00010-2025, con el objetivo de que la denuncia sea considerada como insumo para la planificación estratégica de los proyectos de fiscalización de dicha área. En términos prácticos, esto significa que la denuncia fue admitida y será tramitada por el área encargada de realizar investigaciones y procesos de control.

Tal como se señaló en el comunicado emitido el pasado 29 de octubre, la denuncia corresponde a una solicitud de investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y en el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD). La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC), adscrita al Comité Local del Corredor Biológico Paso de la Danta, mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio.

Es el Área de Fiscalización para el Desarrollo Sostenible es encargada de fiscalizar las funciones del Estado y el uso de los recursos públicos relacionados con los recursos naturales y con actividades que generan impactos ambientales -como el turismo, la pesca y la producción agrícola-, con el fin de promover una gestión de la Hacienda Pública orientada al equilibrio entre las necesidades humanas y la protección del ambiente. Asimismo, le corresponde ejecutar procesos de fiscalización previa y posterior, emitir criterios vinculantes, y brindar asesoría y capacitación en las materias de su competencia.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Puede verse los antecedentes en esta nota de SURCOS:
https://surcosdigital.com/solicitan-a-contraloria-general-investigar-ala-municipalidad-de-osa-por-permisos-de-construccion-en-la-fila-costena/

Sala Constitucional ordena investigar marcación de árboles en Brasilito y reafirma el derecho ciudadano a participar en decisiones ambientales

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El 21 de noviembre de 2025, la Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo relacionado con una amenaza de tala ilegítima de árboles en el sector norte de Playa Brasilito, conocido como Punta Pelencho. La resolución fue notificada oficialmente el 25 de noviembre y establece directrices contundentes sobre la protección ambiental, la participación ciudadana y el acceso público a las playas.

Sobre el deber de investigar y establecer los responsables de la amenaza cierta de tala ilegítima de árboles:

La Sala Constitucional determinó que existió una amenaza real y comprobada de tala ilegítima en la zona, evidenciada por la marcación de al menos 68 árboles. Ante esta situación, el Tribunal concluyó que, al no existir autorización para cortar árboles, las autoridades debieron actuar de inmediato, no solo retirando las marcas, sino también abriendo de oficio una investigación para determinar a los responsables y adoptar medidas preventivas bajo el principio precautorio. Declaran que “lo adecuado era que de inmediato y de oficio se procediera a investigar lo ocurrido y a establecer las responsabilidades y medidas correspondientes ante las acciones constatadas, que, se reitera, implicaron una amenaza cierta de tala ilegítima y, por ende, al derecho fundamental a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, resguardo en el artículo 50 de la Constitución Política”.

Por lo que, la Sala Constitucional “ordena de manera inmediata una investigación para identificar el motivo y a los responsables de la marcación de árboles, así como adoptar medidas precautorias que impidan cualquier tala sin autorización. Además, impone un plazo de dos meses para concluir el procedimiento y dictar la resolución respectiva, garantizando la protección efectiva del ambiente y el cumplimiento conforme a las disposiciones de la resolución y el ordenamiento jurídico”

Razones adicionales de los magistrados sobre la participación ciudadana y consulta a la comunidad:

Los magistrados señalaron que la Municipalidad de Santa Cruz no garantizó el derecho a la participación ciudadana en relación con el proyecto de mejoras del camino público amparado en el “Convenio de donación para mejoras de calle pública C-05-03138”. La Sala destacó que dicho proyecto tiene implicaciones ambientales relevantes, entre ellas la posible afectación de un corredor biológico utilizado por fauna local, especialmente monos aulladores. Ante la ausencia total de mecanismos de consulta o comunicación con la comunidad, el Tribunal consideró transgredido el derecho constitucional de participación ciudadana y ordenó a la Municipalidad implementar los procesos necesarios para garantizar la participación efectiva de la ciudadanía antes de ejecutar cualquier obra vinculada a dicho convenio.

En sus palabras: “consideramos transgredido el derecho a la participación ciudadana, toda vez que, efectivamente, no consta que, de alguna manera, este se haya garantizado por parte de la municipalidad accionada. En ese tanto, se desprende que, dentro de las obras a ejecutar con base en el convenio antedicho, está la poda o corte de determinados árboles del camino público en cuestión (en ese tanto, véase que se constató que al menos 68 árboles de esa zona fueron marcados); además, el accionante expone que también se podría afectar un corredor biológico esencial para la fauna local (especialmente monos aulladores). […] De tal manera, es claro que el desarrollo del proyecto de mejora del camino en el marco del convenio de marras tiene implicaciones ambientales, que no fueron efectivamente comunicadas ni consultadas a través de algún mecanismo a la ciudadanía”. […] Así las cosas, en consideración a la posible afectación ambiental del proyecto a ejecutar, la ausencia absoluta de algún mecanismo de consulta ciudadana constituye un agravio susceptible de ser declarado en esta vía constitucional” […]

Sobre el cierre del camino mediante aguja:

La Municipalidad de Santa Cruz informó ante la Sala Constitucional que no ha autorizado la colocación de agujas ni barreras que obstruyan el libre tránsito hacia las playas bajo su jurisdicción. Esto implica el reconocimiento, por parte de la Municipalidad y sus funcionarios, de su obligación de ajustar sus actuaciones al ordenamiento constitucional, por encima de cualquier recomendación del Plan de Manejo de la Asociación Punta Loros o de cualquier otro ente interesado en promover potenciales bloqueos al paso público hacia el sector norte de Playa Brasilito, conocido como Punta Pelencho, o hacia cualquier otra playa bajo la administración de la Municipalidad de Santa Cruz.

Con ello, la Municipalidad confirma su apego al respeto del derecho constitucional y, en particular, a la libertad de tránsito y, por lo tanto, se sobreentiende el compromiso de mantener el acceso público a las playas de su jurisdicción. Lo cual implica la obligación de proteger los bienes patrimoniales naturales del Estado bajo su administración, entendiendo que la zona marítimo-terrestre forma parte del patrimonio natural del Estado, según el ordenamiento jurídico costarricense, y que las disposiciones constitucionales y convencionales prevalecen sobre cualquier directriz administrativa o plan de manejo impulsado por terceros.

Desde el Comité Punta Pelencho reiteramos nuestro compromiso con la defensa del territorio y con la protección integral del patrimonio natural y cultural que nos define como comunidad. Este pronunciamiento reafirma no solo la obligación de las instituciones públicas de actuar conforme al ordenamiento jurídico, sino también nuestro derecho democrático a participar, vigilar y alzar la voz cuando el bienestar ambiental y social del país se ve comprometido.

Confiamos en que la Municipalidad de Santa Cruz cumplirá plenamente con lo dispuesto por la Sala, fortaleciendo sus procesos y actuando con transparencia, rigor técnico y diálogo abierto con la ciudadanía. Esperamos que este precedente marque el camino hacia una gestión más responsable, participativa y respetuosa del ambiente, construyendo soluciones que beneficien tanto a la comunidad como a nuestra casa común.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Comunidades solicitan moratoria municipal para frenar extracciones en el río Guacimal

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Puntarenas, 21 de noviembre de 2025. Comunidades del Corredor Biológico Pájaro Campana, que incluye la cuenca del río Guacimal, organizaciones socioambientales, Asociaciones de Desarrollo Integral y Asociaciones administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados comunales (ASADAS)se hicieron presentes este lunes al Concejo Municipal de Puntarenas para presentar una propuesta formal para declarar una moratoria inmediata a nuevas extracciones mecanizadas de materiales en el cauce del río Guacimal. La petición surge en el marco de una presentación pública realizada en la sede municipal, donde se expusieron los riesgos ambientales, hídricos y socioeconómicos que enfrenta la cuenca.

Durante la actividad, representantes comunitarios detallaron que el río Guacimal está actualmente amenazado por 11 solicitudes de concesión minera en cauce, para extracción de piedra y arena entre Guacimal y Chomes, dos ya operando y las otras en trámite de concesión, abarcando casi 20 km de extracción casi continua, constituyendo más de la mitad del río (ver mapa). Señalaron que la extracción intensiva provoca profundización y ensanchamiento del lecho, erosión, pérdida de biodiversidad, afectación a zonas de recarga hídrica y daños a terrenos e infraestructura comunitaria. Además, advirtieron que las comunidades verían restringido su acceso tradicional al río y que se verían afectados emprendimientos de turismo rural, agricultura y actividades recreativas, pilares económicos del distrito.

A estos proyectos se suma uno que genera mucha preocupación, pues la empresa WSP Constructora S.A. pretende instalar un quebrador y una planta de concreto en una finca colindante con el río, además de solicitar una concesión para extraer material del cauce. No existe claridad sobre la fuente de agua que utilizarían para lavar el material ni sobre el manejo de las aguas residuales altamente alcalinas provenientes de las mezcladoras de concreto, las cuales contienen partículas y residuos que pueden afectar la salud y contaminar el ecosistema. También hay preocupaciones sobre las posibles enfermedades debidas al deterioro de la calidad del aire y las afectaciones a la salud por los polvos de cemento y sílice que se suspenden en el aire en este tipo de operaciones.

Ante este panorama, las comunidades solicitan al Concejo Municipal de Puntarenas la urgencia de aprobar una moratoria que se fundamenta en criterios constitucionales, técnicos y de derecho internacional. En particular, se destaca la reciente Opinión Consultiva OC-32/25 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece la obligación imperativa de los Estados y gobiernos locales de prevenir daños ambientales irreversibles y actuar bajo el principio de precaución, incluso cuando exista incertidumbre científica.

La iniciativa solicita que el Concejo Municipal apruebe un acuerdo para:

  1. Suspender el trámite de concesiones y nuevos permisos mineros o asociados a la minería en el cauce del río Guacimal;

  2. Ordenar a la Alcaldía la elaboración de un informe técnico integral de la capacidad de carga extractiva viable de acuerdo con las condiciones de vulnerabilidad ambiental de la cuenca;

  3. Desarrollar procesos de información y participación comunitaria durante la vigencia de la moratoria hasta que se definan nuevas condiciones que garanticen la salud del ecosistema y la protección del bienestar de las comunidades.

Los representantes comunales enfatizaron que la protección del río es esencial para la seguridad hídrica de más de 4.000 personas usuarias de ASADAS locales, para la conservación del Corredor Biológico Pájaro Campana, para la economía local, para la salud del manglar y del Golfo de Nicoya y para la reproducción de especies en estado de conservación frágil, como la nutria y peces migratorios. Señalaron, además, que mientras una concesión genera pocos empleos, “un río sano beneficia a miles de personas tanto en la cuenca como en el mar”.

Las organizaciones locales enfatizan que esta moratoria no implica una oposición al desarrollo, sino una acción responsable para resguardar un ecosistema vital y los medios de vida de miles de personas. “Hoy lo que está en juego es el futuro de la cuenca del río Guacimal”, señalaron voceros comunitarios.

El 19 de noviembre se entregó dicha solicitud de moratoria en un documento formal al Concejo Municipal, que deberá analizar el acuerdo propuesto en próximas sesiones.

Ese mismo miércoles, voceros del movimiento sostuvieron una audiencia con el representante del alcalde municipal, Ing. Jeffrey Ramírez. Durante la reunión expresaron que las comunidades potencialmente afectadas comprenden la necesidad de contar con material para la construcción de carreteras. Sin embargo, señalaron que la preocupación no radica en una sola concesión de corto plazo, sino en las 11 solicitudes de concesión que podrían extenderse por décadas. También destacaron que los ecosistemas ribereños y costeros, por ser los más frágiles y los que más vida humana y de otras especies sostienen, no deberían ser sacrificados, especialmente cuando existen otras fuentes de material.

También reiteraron su firme interés en el turismo rural comunitario que han venido desarrollando en los últimos años, el cual beneficia directa e indirectamente a decenas de familias locales, subrayando que este es “un modelo de desarrollo que sí queremos”. Indicaron que la sesión con el Ing. Ramírez concluyó con la solicitud de un pronunciamiento por escrito del alcalde, Randall Chavarría, en relación con los puntos expuestos en el documento entregado en sus oficinas el 29 de septiembre, así como las preocupaciones que le manifestaron verbalmente a Ramírez.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Pronunciamiento en torno a la actividad minera de Abangares

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Más de 50 organizaciones y personas alertan sobre proyecto de ley N.º 24.932

  • La norma permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable.

  • El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado.

Este posicionamiento busca alertar sobre los riesgos que encierra la aprobación de una norma con ambigüedades y mecanismos permisivos. Se presenta un recuento de hechos documentados que evidencian cómo, en la práctica, Abangares ha operado como un espacio de legitimación de oro de origen cuestionable, amparado por leyes permisivas. Asimismo, se formulan exigencias técnicas, jurídicas y sociales, con el fin de que el Estado y la Asamblea Legislativa legislen en favor del bien común, y no en contra de este.

La intención de consolidar un modelo ambiental sin industrias extractivas contaminantes enfrenta un momento crítico. Por un lado, se impulsa la apertura minera en Cutris, y por otro, se busca consolidar la minería “artesanal” en Abangares, territorio históricamente asociado a la extracción de oro, con profundas consecuencias para el ambiente, la salud y la gobernanza territorial.

El proyecto de ley N.º 24.932 pretende institucionalizar y proteger la minería en esa zona, en un contexto de legislación débil, incumplida, sostenida mediante transitorios y vacíos de control normativo. El proyecto, tal como está planteado actualmente, no representa una regulación responsable ni una vía hacia la formalización segura de la minería artesanal. Los interesados en exportar oro desde Abangares, así como el propio Estado, han tenido catorce años para regularizar su operación, obtener concesiones vigentes y contar con estudios de impacto ambiental. Sin embargo, a pesar de las ganancias exorbitantes, ha resultado más fácil para ambos actores permitir una operación opaca, sin licencias ambientales ni cumplimiento del Convenio de Minamata.

El Gobierno y los diputados han favorecido sistemáticamente la actividad minera, sin atender los constantes indicios de ilegalidades, delitos y vínculos con el crimen organizado. Este proyecto no corrige esa tendencia; al contrario, institucionaliza la excepción, amplía los portillos normativos y favorece prácticas ilegales camufladas. Si se aprueba sin transformaciones profundas, Costa Rica podría consolidar la exportación de oro ilegal, con consecuencias reputacionales, sociales, ambientales y fiscales irreversibles.

Hechos críticos e irregularidades asociadas al proyecto:

• Marco legislativo capturado por incumplimiento y excepciones. Desde la Ley 8904 (2010) hasta las más recientes 9662, 10132 y 10375, las normas específicas que anteceden al proyecto actual han servido para prolongar concesiones, flexibilizar controles ambientales y permitir que la minería funcione bajo un régimen de desregulación continua. En la práctica, se ha incentivado la minería ilegal en Crucitas, Abangares y otros sitios donde se procesa material sin control. Estas extensiones han convertido la normativa en un mecanismo permisivo e ineficaz, alejado de una regulación transparente y estructural.

• Opacidad y riesgo de lavado de oro ilegal. La norma de permisividad -que este proyecto busca volver permanente- permite la exportación de oro mediante declaraciones juradas, sin trazabilidad verificable. Investigaciones periodísticas han documentado que este mecanismo se utiliza para legitimar oro proveniente de zonas como Crucitas o incluso posiblemente de Nicaragua. Según estos reportajes, Costa Rica habría exportado más de 280 millones de dólares en oro entre 2010 y 2020 sin recibir ingresos fiscales ni certificar su origen.

• Delitos conexos y crimen organizado. La minería ilegal no opera de forma aislada: converge con otras actividades criminales. Se han detectado vínculos con lavado de dinero, tráfico de material en bruto o minerales, contrabando y uso descontrolado de cianuro y mercurio, incluso con dinámicas asociadas al narcotráfico en zonas fronterizas. La Fiscalía Ambiental ha advertido sobre la presencia de “patrocinadores” que financian operaciones con insumos peligrosos, infraestructura y logística para encubrir el lavado de activos.

• Impactos ambientales, sociales y en salud pública. Los riesgos documentados incluyen la contaminación de aguas superficiales y subterráneas con cianuro y mercurio, afectaciones neurológicas y respiratorias en las poblaciones locales, inseguridad laboral con muertes y accidentes en túneles artesanales, y ausencia de controles oficiales. En muchos casos, la minería se realiza dentro de viviendas o parcelas comunitarias, en condiciones precarias y con sustancias altamente tóxicas. Muchos de estos impactos se dan en Abangares, Crucitas, Corcovado y la rica zona protegida de Indio Maíz en Nicaragua.

• Debilidad institucional y falta de control estatal. La Dirección de Geología y Minas (DGM), el MINAE, la SETENA y otras autoridades han mostrado una débil capacidad regulatoria frente al volumen real de actividad minera, tanto legal como ilegal. La ausencia de concesiones formales, la falta de licencias ambientales previas y el uso de declaraciones juradas como trazabilidad debilitan al Estado como garante del patrimonio natural.

• Simulación de minería artesanal. Por la escala del volumen exportado, las ganancias obtenidas y los impactos generados, resulta evidente que en Abangares no se trata de minería a pequeña escala, sino del uso instrumental -e incluso simulado- de la figura de minería artesanal y cooperativa para encubrir una actividad de mediana o gran escala que opera al margen de la regulación. Este esquema de desregulación y flexibilización pretende ahora volverse permanente con el proyecto de ley.

Ante estos hechos exigimos:

• Trazabilidad robusta y verificable. Eliminar la exportación bajo declaración jurada. Establecer un sistema digital de registro con autenticación y certificación de origen verificable y mecanismos cruzados que integren a Geología, Aduanas, Ambiente, Municipalidad y asociaciones comunales.

• Auditoría socioambiental en Abangares. Convocar de inmediato una auditoría socioambiental con participación del MINAE, Ministerio de Salud, la DGM, la Escuela de Geología (UCR), organizaciones socioambientales y comunitarias. Esta debe cuantificar los impactos acumulados en suelo, agua, salud y biodiversidad, y generar información para un análisis costo-beneficio de la actividad.

• Licencia ambiental previa obligatoria. Toda solicitud de explotación minera debe estar sujeta a la aprobación de un estudio de impacto ambiental por parte de la SETENA, y posteriormente, a la concesión otorgada por la DGM. La exportación de oro debe contar con control cruzado de varias instituciones del Estado. No pueden admitirse excepciones que omitan esta evaluación básica.

• Sanciones efectivas y mecanismos de disuasión. El proyecto debe incorporar sanciones penales, civiles y administrativas estrictas. Las cooperativas, comercializadores o exportadores que introduzcan oro ilegal deben perder inmediatamente su concesión y estatus en los registros mineros y enfrentar sanciones proporcionales.

• Impuesto a la exportación y redistribución justa. Dado el carácter estratégico del oro como patrimonio nacional, debe establecerse un impuesto a la exportación que redistribuya beneficios hacia las comunidades afectadas y fortalezca la fiscalización estatal.

• Coordinación interinstitucional y cooperación internacional. La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Fiscal y las autoridades ambientales deben actuar de manera conjunta. Se recomienda también recurrir a la cooperación con países que tienen experiencia en trazabilidad y combate a la minería ilegal (como Colombia, Perú y Ecuador) para adaptar buenas prácticas al contexto nacional.

Llamado a la adhesión y movilización

  • Invitamos a instancias académicas, organizaciones comunitarias, indígenas, estudiantiles, sociales y sindicales a sumarse a este pronunciamiento (mediante el enlace que está al inicio de esta nota).

  • Juntos y juntas podemos evitar que este debate quede capturado por intereses particulares y lograr que las decisiones legislativas respondan realmente al interés público. Instamos a la Asamblea Legislativa a no avanzar con el proyecto de ley N.º 24.932 en sus condiciones actuales, y a abrir un proceso de discusión pública, con enmiendas sustanciales y la incorporación de mecanismos que garanticen transparencia, justicia ambiental y respeto a los derechos de las comunidades.

Organizaciones:

Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre
Colectivo Ecologista Liberiano
Organización Regenerativa Matzú Insigne
Fundación Promar
Comité de Enlace Sociedad Civil con Foro INAMU
Comité Directivo Territorial INDER #4
Heredia Crea
AREMA
Centro de Sostenibilidad de Costa Rica
COECOCEIBA – Amigos de la Tierra Costa Rica
Eco Comunidad por la Justicia y la Paz Justa
Arte para la Tierra
Bloque Verde
JPIC – Justicia, Paz e Integridad de la Creación
Defensores de la Casa Común
UBL (Universidad Bíblica Latinoamericana)
Causa Sur – Pérez Zeledón
Teatro MileCima
IDELA – Universidad Nacional
CICDE – UNED
Comité Punta Pelencho
Casa Aiko
Coordinadora Ni Una Sola Mina
Centro de Amigos para la Paz
Asociación Civil Pro Natura
Paralela
Personas:

Ligia Barrantes Cartín – San Pedro de Pérez Zeledón
Flora María Calvo Abarca
Óscar Esteban Vindas Alfaro – Santa Bárbara
Giselle Arce Fonseca – Paso Canoas
Franco Zúñiga Sequeira – San Pedro de Turrubares
María Hernández – Concepción, San Isidro de Heredia
María Eugenia Delgado Marín – Talamanca, Limón
Juan Robles
Felipe Coto – Escazú
José Pablo González Rojas – Playa Negra, Santa Cruz, Guanacaste
Anacristina Rossi – San Antonio de Escazú
Silvia Matamoros Pacheco – Salitral de Santa Ana
Travis Robert Britzke Bonneville – Tinamaste, Barú, Pérez Zeledón
Lilliam Mena Araya
Alexander Pérez Gutiérrez
Víctor Madrigal Sánchez – Pueblo Nuevo, Garabito
Rafael Ángel Sánchez Rojas – Heredia
Mónica Alvarado Barzuna – Copey
Marvin Amador Guzmán – UCR
Luis Carlos Bonilla Soto – Esparza, Puntarenas
Asdrúbal Rivera Villanueva – Térraba
Wilson Arroyo Oconitrillo – Músico
Wilber Cortés Rodríguez
Gloriana Araya Campos

Ver análisis completo elaborado por: M.Sc Mauricio Álvarez Mora del Proyecto ED-3526 “Geografía y Diálogo de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica”, de la Escuela de Geografía, Universidad de Costa Rica y del Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social (VAS-UCR).

Programa Kioscos Socioambientales
Universidad de Costa Rica

Solicitan a Contraloría General investigar a la Municipalidad de Osa por permisos de construcción en la Fila Costeña

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Solicitud formal por el otorgamiento de permisos sin revisión de la normativa y fragilidad ambiental en la zona

Osa, 29 de octubre de 2025. La Contraloría General de la República (CGR) recibió solicitud de una investigación especial sobre las actuaciones de la Municipalidad de Osa en el otorgamiento de permisos de construcción en la Fila Costeña y el Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD).La solicitud fue presentada por la Comisión Alianza Comunal (CAC) -adscrita al Comité Local del CBPD- mediante la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio el pasado 30 de septiembre de 2025 (oficio AL-FPFA-AARB-OFI-0329-2025).

La solicitud de investigación se fundamenta en un posible incumplimiento del deber de resguardar los recursos naturales que forman parte de la Hacienda Pública, y busca determinar eventuales responsabilidades administrativas, incluyendo sanciones y la posible cancelación de credenciales a funcionarios o autoridades municipales que hayan contravenido el marco de fiscalización ambiental.

Un territorio clave bajo presión

La Fila Costeña o Brunqueña, está formada por una fila montañosa de altísimo valor ambiental y social. Alberga decenas de nacientes que abastecen de agua potable a comunidades como Dominical, Ciudad Cortés, Palmar Norte y Sur, Bahía Ballena y Uvita, Ojochal, Tres Ríos y Coronado, entre otras.

En la zona se registran 60 aprovechamientos de agua -58 nacientes, un pozo y una toma superficial- administradas por 18 ASADAS, que sustentan además el desarrollo turístico e inmobiliario del cantón (GG-2025-02239).

Sin embargo, la expansión descontrolada de construcciones en pendientes y zonas boscosas amenaza gravemente la estabilidad ecológica y la seguridad hídrica del territorio. Paradójicamente, la propia industria turística e inmobiliaria se convierte en su principal amenaza, pues al extenderse hacia las partes altas pone en riesgo las fuentes de agua, los bosques, la costa y la vida marina de la que depende su rentabilidad y su propia existencia.

El diagnóstico del SINAC (2018) identificó que el 68% de los parches de cobertura forestal son menores a dos hectáreas y que la fragmentación del corredor biológico alcanza el 70%. Su comparación con estudios recientes, indica que el número de parches de bosque ha disminuido en un 30% desde entonces.

La presión inmobiliaria se ha disparado en el cantón, alcanzando un récord de 533 permisos de construcción solo en 2022. En comunidades como Ojochal, entre 2016 y 2024 se tramitaron 643 permisos, con un aumento pronunciado entre 2020 y 2024, cuando se tramitaron 482; además investigaciones académicas (Leiva, 2025) muestran que el 70% de las propiedades están en manos extranjeras.

Un estudio de la Universidad Nacional (Morera.2009), reveló que entre 2002 y 2006, el 56 % de los permisos de construcción en la zona se otorgaron en áreas de fuerte pendiente y bosque primario, muchas sin permisos ni estudios técnicos, generando deslizamientos, sedimentación y contaminación de cuerpos de agua, con impactos directos sobre el Parque Nacional Marino Ballena.

El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) confirmó en su Informe de Obras sin Permiso 2024 que 35% de las construcciones en Osa operan sin licencia municipal.

Respuesta comunitaria

Ante esta situación, la Comisión Alianza Comunal (CAC) del Corredor Biológico Paso de la Danta (CBPD), ha impulsado un proceso de participación ciudadana y control social del territorio, mediante un Acuerdo Comunal que articula diversas exigencias como moratoria en los permisos de construcción, actualización integral del Plan Regulador Cantonal, una Categoría de Manejo Especial de Protección en la Fila y una Mesa de Diálogo Ciudadana.

Esta iniciativa contó con el respaldo de las firmas de las personas participantes en la actividad de rendición de cuentas “Sosteniendo la Fila Costeña”, realizada en el marco del Festival del Océano 2025, donde se exigió a la Municipalidad de Osa el cumplimiento de sus responsabilidades ambientales y la rendición de cuentas ante la comunidad.

Pese a ser invitada, la Municipalidad se ausentó del espacio y luego desestimó un año después las peticiones comunitarias, alegando falta de competencia institucional y trasladando la responsabilidad a otras entidades. Además, ha sostenido que la situación se resolverá con un Plan Regulador Cantonal que lleva más de tres décadas sin concretarse y que, de aprobarse, llegaría tarde y podría no ser efectivo ante el deterioro ya causado.

Ante este panorama, la CAC gestionó el apoyo del diputado Ariel Robles Barrantes, quien remitió solicitudes formales de información a la Municipalidad, el AyA, el MINAE y la Contraloría General.

Las respuestas de las instituciones evidencian vacíos críticos de información: se desconoce la capacidad hídrica de las nacientes de la Fila Costeña, el estado de los bosques y la afectación a los radios de protección.

A ello se suman denuncias por tala ilegal, cambio de uso de suelo y construcción en zonas de protección. No existen estudios sobre niveles freáticos ni identificación de zonas frágiles, pese a que la combinación de deforestación, terraceo y apertura de caminos incrementa la erosión y la sedimentación de ríos y costas.

“La Fila Costeña no aguanta más”

Según la CAC, “lo expuesto es solo una síntesis de la problemática. A la falta de planificación y control se suma la ausencia de un Plan de Manejo Integral de Residuos, en un cantón donde la población y el turismo crecen aceleradamente”.

La organización hace un llamado urgente a regular la industria inmobiliaria y el modelo de turismo de lujo que presiona los ecosistemas costeros y montañosos.

Finalmente, el grupo comunal expresó su esperanza en que la intervención de la Contraloría marque un punto de inflexión:

“Confiamos en que esta investigación sea una oportunidad para que el Estado actúe en defensa del interés público, proteja el patrimonio natural y garantice un desarrollo verdaderamente sostenible. Desde la comunidad continuaremos haciendo valer nuestros derechos ciudadanos hasta lograrlo.”

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Foro en vivo: Manejo de desechos sólidos, ¿cuáles son las soluciones?

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El próximo lunes 8 de septiembre a las 6:00 p.m., se realizará el foro “Manejo de desechos sólidos: ¿cuáles son las soluciones?”, un espacio de diálogo y análisis sobre alternativas para enfrentar uno de los principales retos ambientales del país.

El foro contará con la participación de:

  • Gina Borrero, ingeniera agrónoma, máster en Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de Producción, docente del INA.
  • Dayana Rojas, ingeniera en Biotecnología, máster en Responsabilidad Social Corporativa y presidenta de la Asociación Civil Pro Natura.
  • Ronald Arrieta, doctor en Biotecnología Ambiental, profesor jubilado de la UCR y especialista en manejo ecológico de desechos sólidos.

Te invitan:

  • Alianza por una Vida Digna
  • SURCOS digital
  • Kioscos Socioambientales
  • Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica

Este espacio forma parte de una serie temática sobre desechos sólidos y su impacto en los territorios, que ya ha desarrollado dos conversatorios anteriores, disponibles para consulta:

            Rellenos sanitarios: Territorios de sacrificio y resistencia a la «basurización» Ver aquí.

            Rellenos sanitarios: Territorios amenazados por la «basurización» Ver aquí.

La invitación queda abierta para sumarse a esta transmisión mediante Facebook Live de SURCOS y reflexionar colectivamente sobre las alternativas posibles hacia una gestión más responsable y justa de los residuos.

Foro sobre rellenos sanitarios y basurización hoy lunes 21

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Un conjunto de organizaciones realizarán un foro sobre la situación de los rellenos sanitarios en Costa Rica este lunes 21 de julio a las 6 pm. La actividad se transmitirá por el Facebook de SURCOS Digital. El foro tiene como título “Rellenos sanitarios: Territorios de sacrificio y resistencia a la ‘basurización’”.

El foro contará con la participación de Katya Chacón, presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales; la ingeniera en biotecnología Dayana Rojas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; la líder comunal residencial de Ciudad Cariari Melissa Flores; y el doctor en biotecnología ambiental Ronald Arrieta, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El foro es convocado por la Asociación Civil Pro Natura; la Escuela de Geografía de la UCR, en conjunto con su proyecto Geografía y Diálogo de Saberes; el programa Kioscos Socioambientales; la Asociación Iniciativas Comunales; la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital.

La Alianza por una Vida Digna invita a ver el foro por la página de Facebook de SURCOS Digital.

Taller brindará herramientas para el análisis crítico de propuestas socioambientales de cara a las elecciones 2026

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Con el objetivo de desmontar narrativas dominantes, visibilizar resistencias socio territoriales y fortalecer las herramientas de análisis colectivo frente al proceso electoral que se avecina, se llevará a cabo el curso-taller “Elecciones 2026: herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Este curso se realizará de forma presencial en la Universidad de Costa Rica, San Pedro, los días del 8 al 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2025, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 md. Está dirigido a personas integrantes de colectivos, organizaciones y público en general interesado en la defensa del territorio y los bienes comunes.

El cupo del curso es limitado. Las inscripciones estarán abiertas del 11 de julio al 4 de agosto, mediante el formulario disponible en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN5ozBJq9Ms5YzWkxx6yso-1fjCZQ1lH-KKcacwuNLd_wwhw/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN5ozBJq9Ms5YzWkxx6yso-1fjCZQ1lH-KKcacwuNLd_wwhw/viewform

Para más información, se puede visitar el sitio web:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/convocatoria-elecciones-2026-curso-taller-para-leer-criticamente-las-propuestas-socioambientales/

Esta iniciativa es organizada por el CIEP-UCR, Kioscos Socioambientales, el Observatorio de Bienes Comunes y La Caja de Herramientas.