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Etiqueta: kioscos socioambientales

Foro en vivo: Manejo de desechos sólidos, ¿cuáles son las soluciones?

Escrito en . Publicado en Comunidad.

El próximo lunes 8 de septiembre a las 6:00 p.m., se realizará el foro “Manejo de desechos sólidos: ¿cuáles son las soluciones?”, un espacio de diálogo y análisis sobre alternativas para enfrentar uno de los principales retos ambientales del país.

El foro contará con la participación de:

  • Gina Borrero, ingeniera agrónoma, máster en Gestión de Recursos Naturales y Tecnologías de Producción, docente del INA.
  • Dayana Rojas, ingeniera en Biotecnología, máster en Responsabilidad Social Corporativa y presidenta de la Asociación Civil Pro Natura.
  • Ronald Arrieta, doctor en Biotecnología Ambiental, profesor jubilado de la UCR y especialista en manejo ecológico de desechos sólidos.

Te invitan:

  • Alianza por una Vida Digna
  • SURCOS digital
  • Kioscos Socioambientales
  • Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica

Este espacio forma parte de una serie temática sobre desechos sólidos y su impacto en los territorios, que ya ha desarrollado dos conversatorios anteriores, disponibles para consulta:

            Rellenos sanitarios: Territorios de sacrificio y resistencia a la «basurización» Ver aquí.

            Rellenos sanitarios: Territorios amenazados por la «basurización» Ver aquí.

La invitación queda abierta para sumarse a esta transmisión mediante Facebook Live de SURCOS y reflexionar colectivamente sobre las alternativas posibles hacia una gestión más responsable y justa de los residuos.

Foro sobre rellenos sanitarios y basurización hoy lunes 21

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Un conjunto de organizaciones realizarán un foro sobre la situación de los rellenos sanitarios en Costa Rica este lunes 21 de julio a las 6 pm. La actividad se transmitirá por el Facebook de SURCOS Digital. El foro tiene como título “Rellenos sanitarios: Territorios de sacrificio y resistencia a la ‘basurización’”.

El foro contará con la participación de Katya Chacón, presidenta de la Asociación Iniciativas Comunales; la ingeniera en biotecnología Dayana Rojas, presidenta de la Asociación Civil Pro Natura; la líder comunal residencial de Ciudad Cariari Melissa Flores; y el doctor en biotecnología ambiental Ronald Arrieta, profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El foro es convocado por la Asociación Civil Pro Natura; la Escuela de Geografía de la UCR, en conjunto con su proyecto Geografía y Diálogo de Saberes; el programa Kioscos Socioambientales; la Asociación Iniciativas Comunales; la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital.

La Alianza por una Vida Digna invita a ver el foro por la página de Facebook de SURCOS Digital.

Taller brindará herramientas para el análisis crítico de propuestas socioambientales de cara a las elecciones 2026

Escrito en . Publicado en Aportes para el desarrollo.

Con el objetivo de desmontar narrativas dominantes, visibilizar resistencias socio territoriales y fortalecer las herramientas de análisis colectivo frente al proceso electoral que se avecina, se llevará a cabo el curso-taller “Elecciones 2026: herramientas para la lectura crítica de propuestas socioambientales”.

Este curso se realizará de forma presencial en la Universidad de Costa Rica, San Pedro, los días del 8 al 29 de agosto y el 5 de septiembre de 2025, en horario de 9:00 a.m. a 12:00 md. Está dirigido a personas integrantes de colectivos, organizaciones y público en general interesado en la defensa del territorio y los bienes comunes.

El cupo del curso es limitado. Las inscripciones estarán abiertas del 11 de julio al 4 de agosto, mediante el formulario disponible en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN5ozBJq9Ms5YzWkxx6yso-1fjCZQ1lH-KKcacwuNLd_wwhw/viewformhttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeN5ozBJq9Ms5YzWkxx6yso-1fjCZQ1lH-KKcacwuNLd_wwhw/viewform

Para más información, se puede visitar el sitio web:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/convocatoria-elecciones-2026-curso-taller-para-leer-criticamente-las-propuestas-socioambientales/

Esta iniciativa es organizada por el CIEP-UCR, Kioscos Socioambientales, el Observatorio de Bienes Comunes y La Caja de Herramientas.

Gobierno de Rodrigo Chaves legaliza contaminación con plaguicidas en el agua de consumo humano

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

El medio oficial La Gaceta publicó este martes 24 de junio la reforma al Reglamento para la Calidad del Agua Potable, que permite elevar los límites de contaminación por plaguicidas en el agua que consume la población costarricense. Esta modificación, impulsada por la ministra de Salud, Mary Munive, representa una grave regresión en la protección del recurso hídrico, en especial en regiones como la Zona Norte de Cartago.

En lugar de cumplir con su deber de proteger la salud pública, el Ministerio de Salud optó por legalizar concentraciones de sustancias peligrosas —como los metabolitos del clorotalonil— muy por encima de lo permitido por el reglamento vigente hasta el día de ayer. Esta decisión expone a la población a compuestos tóxicos que hasta ahora no se contabilizaban formalmente en el agua potable.

La reforma establece niveles “legales” para metabolitos del clorotalonil, un plaguicida prohibido en 2023 por ser cancerígeno, al igual que sus degradados. Estos residuos se habían detectado en 69 fuentes de agua en la Zona Norte de Cartago, superando los límites del reglamento vigente hasta el lunes. Con este cambio, el Gobierno no solo desatiende una emergencia ambiental, sino que blanquea su inacción frente a una contaminación comprobada.

La decisión fue adoptada a pesar del rechazo técnico, académico y social expresado durante el proceso de consulta pública por universidades estatales, entidades especializadas como ARESEP y la Defensoría de los Habitantes, así como por organizaciones ecologistas, colectivos comunitarios y diputaciones (ver listado de sectores opuestos)

El Frente Ecocipreses calificó la reforma como “una erosión grave del derecho al agua consagrado en la Constitución Política y una regresión en materia ambiental. La firma y publicación de este decreto desprotege la salud pública y deja en la impunidad la contaminación del agua con agroquímicos que sufre el país”.

Por su parte, el Bloque Verde denunció que “el Gobierno de Rodrigo Chaves ha decidido impulsar una norma anticientífica, insalubre y desproporcionada, que va a contramano del principio precautorio, la progresividad ambiental y el derecho a un ambiente sano. Le ha dado carta blanca a la industria de los agrotóxicos para que siga contaminando con impunidad nuestra agua”.

Ante esta peligrosa decisión, el sector ambiental convocará a CONARE, la Defensoría de los Habitantes y demás instancias críticas para analizar colectivamente las acciones legales y técnicas que permitan revertir este decreto.

Listado de sectores que se opusieron al Decreto 45019-S

1. Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario y CICA-INISA). Emitió un pronunciamiento oficial en contra: riesgo de mayores residuos de plaguicidas. Propuso un comité técnico intersectorial y un debate amplio antes de reformar. Solicitó mantener el Valor Máximo Admisible y mejorar protocolos de análisis de riesgo y monitoreo.

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC). Solicitó una reevaluación de la propuesta y un análisis más profundo, subrayando que los nuevos valores superaron significativamente los límites vigentes. Respaldo a las comunidades afectadas y petición de un comité técnico intersectorial con especialistas en toxicología, química ambiental y salud pública. Advirtió que los modelos de predicción conllevaban incertidumbres y podían no reflejar la complejidad real de los agroquímicos.

3. Universidad Técnica Nacional (UTN). Concluyó que la reforma presentaba riesgos significativos al sustituir el Valor Máximo Admisible por Valor de Alerta sin metodología adecuada. Exigió mantener los parámetros actuales, fortalecer el monitoreo continuo y compartir costos de evaluación de riesgo. Propuso eliminar cultivos contaminantes en un radio de 200 m y reforzar áreas de protección.

4. Universidad Nacional (UNA).Afirmó que no se pronunció debido al receso institucional de fin de año, lo cual impidió su participación clave. Destacó que el IRET-UNA había publicado investigaciones sobre riesgos significativos de plaguicidas para la salud y el ambiente en diversas regiones, aspecto omitido en la propuesta.

5. Defensoría de los Habitantes. Solicitó que el Ministerio priorizara el bienestar y la protección ambiental, garantizando transparencia y revisión de observaciones de consulta pública. Señaló que la población estaba consumiendo niveles superiores a los detectados con la orden sanitaria de 2022 e instó a reconocer efectos acumulativos.

6. ARESEP. Indicó desconocimiento previo de la reforma y advirtió un impacto tarifario por los costos de análisis de riesgo. Recordó su rol fiscalizador y exigió criterios científicos sólidos y participación proactiva de todos los actores.

7. Academia Nacional de Ciencias (ANC). Declaró que la modificación representaba un retroceso en salud pública y atentó contra el principio precautorio. Instó a suspender la aprobación y abrir procesos de discusión científica, subrayando la ausencia de plaguicidas muy peligrosos en su análisis.

8. Frente Ecológico Cipreses. Presentó una solicitud formal a la Ministra de Salud. Cuestionó fundamentos científicos, técnicos y jurídicos de la reforma. Exigió aclaraciones sobre el cambio de Valor Máximo Admisible a Valor de Alerta y monitoreo continuo.

9. Federación de Estudiantes de la UCR (FEUCR). Realizó una campaña de recolección de firmas (10.000). Denunció un retroceso para la salud pública y el medio ambiente.

10. Ex-presidenta del AyA, M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta. Advirtió un aumento del riesgo de cáncer por consumo de agua con plaguicidas. Señaló el incumplimiento de la Ley de Aguas (zona de protección de 200 m). Criticó la falta de aplicación de la normativa en casos previos de contaminación.

11. Otros colectivos y organizaciones. Bloque Verde, Frente Eco Cipreses, Federación Costarricense para la Conservación de la Naturaleza, Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera, Red de Mujeres Rurales, Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense, Unidad Especial Silvestre De Protección y Rescate Animal, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna, Asociación de Desarrollo Integral Magnolias, Movimiento de Resistencia y Formación, Frente Ecologista Universitario, Movimiento Ríos Vivos, Comunidades Ecologistas La Ceiba – Amigos de la Tierra Costa Rica, La Yunta Agroecológica, Buen Vivir Costa Rica.

12. Diputados de la República. Ariel Robles Barrantes, Rosaura Méndez Gamboa y Diputada Kattia Cambronero Aguiluz

Todos disponibles en

https://drive.google.com/drive/folders/1AG8gy_FS8Dm9SfMT-kE2bh59HTbxLMCY

Con apoyo del proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: https://herediaendigital.com

El despojo y los conflictos socioambientales asociados a la turistificación aumentan

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Playa Pelada de Nosara, Guanacaste más de 17 familias enfrentan juicios, condenas, desalojo y hasta cárcel

Un conversatorio abordará el impacto de los desalojos en los habitantes de Playa Pelada el próximo jueves 26 de junio a las 10:00 a.m., en la Sala 1 de la Biblioteca Luis Demetrio Tinoco, Universidad de Costa Rica. Participarán como expositoras las vecinas de Playa Pelada: Heidy Villegas Murillo, Marielos Grijalba Grijalba y Nadia Alfaro, quienes compartirán sus testimonios y reflexiones sobre la situación que enfrentan.

El evento es organizado por la Unidad de Gestión Ambiental (UGA) y el Programa Kioscos Socioambientales, ambos de la Universidad de Costa Rica, junto con la organización ambiental Unidad Especial de Protección y Rescate Animal (UESPRA).

Una problemática socioambiental en aumento. Las playas Pelada y Guiones forman parte del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional (RNVSO) desde 1985. Sin embargo, muchas personas residentes están siendo judicializadas, condenadas y enfrentan sentencias de desalojo y demolición de sus viviendas. Todo esto ocurre mientras otros sectores, como el hotelero, amplían y remodelan sus instalaciones sin mayor inconveniente, incluso construyendo piscinas dentro del territorio del Refugio.

Varias personas nacionales llevan entre 20 y 50 años habitando la zona, conviviendo con el Refugio sin afectarlo, y por ello consideran injustas las órdenes de desalojo que enfrentan. Se estima que podrían ser más de 400 familias las afectadas, aunque actualmente no existe un estudio actualizado que determine con precisión el número de personas, ni sus posibles derechos de permanencia.

Además, la situación jurídica del refugio ha sido inestable, oscilando entre ser de propiedad estatal o de régimen mixto.

Desigualdad en la aplicación de la ley. Heidy Villegas, vecina de Playa Pelada, denunció en el programa Voces y Política de Radio Universidad que fue sentenciada a un año de prisión, desalojo y demolición de su casa, por haber construido tres cuartos para sus hijas. En contraste, en el mismo Refugio, hoteles han construido edificios de tres pisos sin enfrentar procesos judiciales similares. Solo 17 familias humildes están siendo procesadas legalmente.

El conflicto legal del refugio se remonta a años atrás. Ante los posibles desalojos, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) impulsó en 2016 la Ley del Refugio de Vida Silvestre Ostional (Ley N.º 9348), que transformaba la propiedad del refugio en mixta, permitiendo que estuviera conformado por terrenos estatales y particulares, bajo un régimen de concesión.

Sin embargo, a inicios de 2023, la Sala Constitucional anuló esa ley mediante la Resolución N.º 22606-2022, y el Refugio volvió a ser considerado exclusivamente propiedad del Estado, dejando en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica a las familias que lo habitan.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Foro abordará los riesgos de privatización en la Zona Marítimo-Terrestre -Voces y Política

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Este miércoles 18 de junio, el programa Voces y Política dedicará su transmisión a analizar un tema de creciente preocupación en las comunidades costeras: el nuevo intento de privatización de la Zona Marítimo-Terrestre.

El espacio contará con la participación de personas habitantes de zonas costeras y de la abogada Sofía Barquero, quienes expondrán sus valoraciones sobre el impacto social, ambiental y legal que podrían tener las propuestas actuales que buscan modificar el régimen de tenencia en áreas bajo protección pública.

La Zona Marítimo-Terrestre (ZMT) constituye un bien de uso público regulado por la Ley N.º 6043, y es considerada una franja de especial importancia ecológica y social. Diversas comunidades y organizaciones han manifestado su oposición a proyectos o iniciativas que, bajo el argumento de desarrollo económico o inversión extranjera, podrían abrir la puerta a un cambio estructural en el manejo de estos territorios, con implicaciones para el acceso, la permanencia y los derechos colectivos en las costas.

El programa, producido por el Semanario Universidad en colaboración con Kioscos Socioambientales, la Escuela de Ciencias Políticas y el Programa de Estudios Generales de la Universidad de Costa Rica, ofrece un espacio para el análisis crítico de temas de interés público, desde las voces y experiencias de las comunidades.

La transmisión se realizará a las 5:00 p.m. por Radio Universidad 96.7 FM y también estará disponible en vivo por Facebook: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr

Más de 100 organizaciones rechazan proyecto de ley de aguas y alertan sobre sus consecuencias políticas y ambientales

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

  • Recuerdan a los diputados el costo electoral de legislar en contra del ambiente y las comunidades

  • Exigen que la Asamblea Legislativa se abstenga de aprobar el proyecto

Una amplia y diversa coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresa su profunda preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 23.511), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.

Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:

“Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. La Procuraduría General de la República (PGR-OJ-095-2023) advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.

Un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos. En lugar de tomar medidas para proteger estas fuentes, el gobierno elevó ilegalmente los límites permitidos. Según el AyA, el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal (UEN-GA-2024-00175).

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025) también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

El proyecto, además, deja temas clave —como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana— sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas.

Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras.

También se plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.

Además, el proyecto no delimita claramente las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua (MINAE, Ministerio de Salud, AyA, SENARA, municipalidades, ASADAS), lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.

Aunque se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.

Frente a esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la Asamblea Legislativa:

“Exigimos que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”.

Las organizaciones firmantes: Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, Asada Guacimal Puntarenas, Asada San Miguel, Asada San Miguel de Cañas, Asoc. PROAL/Proyectos Alternativos, Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (Mujeres lideresas Ngäbe de Sixaola), Asociación de Progreso Barranca, Asociación de Siquirres, Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital, Asociación Ecologista Nido de Halcón, Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Asociación Pro Guanacaste Integrado, Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Regenerativa Matzù Insigne, Asociación Sindical Costarricense de Empleados de Telecomunicaciones y Electricidad, ASOOSTRAS Judas de Chomes, AGLOCAM Logística, Bloqueazul, Bloqueverde, Buen Vivir-Costa Rica, Casa AIKO, Meleruk, Talamanca, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Colectiva por el Derecho a Decidir CR, Colectivo Agroecológico Campo Alegre, Colectivo Agroecológico Zurquí, Colectivo Ecologista Liberiano, Colectivo Trueque, Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta., Comité de vecinos Boquerón, Comité de vecinos Boquerón Abajo, Comité Punta Pelencho, Comunidad de Barrio el llano, Pérez Zeledón, Comunidad de Yerbabuena, La Unión., Concejal de Distrito, Sabanilla de Montes de Oca, CONCEVERDE Colectivo Ciudadano de San Rafael de Heredia, Confederación Unitaria de Trabajadores, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, Covirenas Caribe Sur, Defensores de la Casa Común, Eco Cipreses, Eco Vida ., Ecolur Compostaje Doméstico, Esparzol, Federación costarricense para la conservación de la naturaleza (FECON), Festival Madre Monte Longo Mai, Foro Político Filosófico Agenda Verde, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Frente Nacional de Lucha, Fundación Caracara, Fundación CODEHMA, Fundación Orgánica, Fundación Suwo Di, Fundación TAIS, GreenWolf, Hatillo 4 Sur Organizado, Horizonte DEI, Junta de Salud de Sarchi, La Gallada del Golfo Dulce, Montaña Verde, Movimiento Cahuita Unida, Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Movimiento de Resistencia y Formación, Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC, Movimiento Ríos Vivos, Longo Mai de Volcán de Buenos Aires, Movimiento Salvemos la Loma Salitral, Mujeres apoyando a Lucy y doña Digna, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), Observatorio Ciudadano del Agua Quebrada Barreal, Observatorio Ciudadano del Agua Río 3 Amigos, Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas Aserrí. /Desamparados, Oilwatch Costa Rica, PIAPIAS: Comunicación Popular y Educación Antiespecista, Preserve Planet, Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR, Proyecto Movimientos Socioambientales del Caribe Sur de Costa Rica de Kioscos Socioambientales, Radio Machete, Red de Agroecología Costa Rica, Ríos Vivos, Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS), Talamanca Siempre Verde, UNAPROA, Unidos por el Agua, Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, Yunta Agroecológica de Mujeres.

Las personas firmantes: Alejandra Sandi Retana, Alfredo Jiménez Montero, Alix guerrero morales, Álvaro Fernández González, Amanda Carballo Córdoba, Amanda Gutiérrez Rodríguez, Ana Fonseca Moya, Ana Ligia Sanchez Rojas, Ana Tristán Sánchez, Ana yancy galagarza, Andrea Mora Villegas, Andriana Jiménez Marin, Antonio Castiglioni Espinoza, Ariana Gómez López, Ariana Lizeth Coca Barrera, Ariel Vindas Núñez, Ariela Álvarez arguedas, Arturo Carballo Madrigal, Bärbel Passeyer, Brenda Briceño González, Bruno de Jesús Coto Barboza, Carlos Alberto Mayorga Martinez, Carmen Díaz Castro, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Catalina Carrillo Vargas, César Augusto Gómez Calderón, Christoph Burkard, Comite de vecinos Boqueron Abajo, Craig Schieber, Dafne Araya Vega, Daniel Moraga León, Daniela María Salas Monge, Dany Villalobos, Darío Antonio Rojas Venegas, David Villalobos Villalobos, Davide Giannotti, Dayana Rojas Venegas, Diana Mejías Villalobos, Diego Alfonso Amey Fonseca, Donel Alvarado Zapata, Dylan Zúñiga Villalobos, Eduardo Gardela Ramírez, Elber Alberto Solano Monge, Enid Cruz Ramírez, Escarleth Rodríguez Solano, Estrella Venegas Zamora, Fabián Arias Solano, Fanny Calvo Aguilar, Federico Campos Mora, Fiorella Biolley Solano, Freddy Alexander Peña Chavarría, Gabriel Delgado Álvarez, Gabriela Pérez Quintanilla, Gaus Monge Mora, Génesis Rojas Cruz, Gina Borrero, Giovanni Brenes, Greivin Núñez Mendoza, Guisell Duran Perez, Hannya leiton Zúñiga, Héctor González Pacheco,, Heidy Córdoba Guido, Ingrid Rodriguez Wolter, Isabel Méndez Garita, Italo Fera Fallas, Ivonne Jackelen, Jeff Hernández Castro, Jeremy Valverde Jiménez, Jorge Corrales Alpízar, Jorge Segura Ramírez, Jorge Sibas Vega, José Antonio Mora Calderón, Jose Coimbra, José Manuel Cerdas Albertazzi, José Pablo Zárate Montero, Juan Pablo Gutiérrez García, Juan Solano, Karen Fallas Corrales, Karen Romero Castro, Karla Ann Koll, Karla Borbón Meneses, Karla Milena Picado Valverde, Katherine Barquero Carrillo, Kattya Rodríguez Alfaro, Kenneth Alfaro Alvarado, Laura Carolina Garrigues Herrera, Laura Yuré Calvo Santana, Ligia Barrantes Cartin, Lucía Mahlich Barreto, Luis Diego Marín Schumacher, Luis Gabriel Coronado, Luis gustavo Moraga Rodríguez, Luis José López Miranda, Luz María Romero Miño, Madeline Kiser, Manuel Palacios Baker, Marcos Benicio Jimenez Montezuma, Maria Celeste Quesada Valverde, María Chaves Villalobos, Maria Daniela Chaves Mendoza, María del Rocío Chamorro Tasies, Maria Delgado Cordero, María Eugenia Delgado Marín, María Fernanda Chaves Rodríguez, María Fernanda Oviedo Zúñiga, María Gabriela Hernández López, Maria Hernandez, María Laura Gutiérrez García, María Soto Barrientos, María Trejos Montero, Mariana Porras Rozas, Mariana Taylor Retana, Marianela Quesada Navarro, Mario jose suazo palma, Marta Castro, Marvin Varela Solano, Maureen Leal Mora, Mauren Ramírez Carballo, Mauricio Alvarez Mora, Maylin Karlson Flores, Me uno a la defensa por El Agua = La Vida, Melanny Delgado Cordero, Melissa Céspedes Alvarado, Melvin Solis Blanco, Millaray Villalobos Rojas, Minor López, Miriam Valle Gutiérrez, Mónica Escalante Casco, Mónica Solís Ugalde, Movimiento de Resistencia y Formación, Nahomy Solís Cruz, Nancy Mendoza Diaz, Natalia Solano Corrales, Natalia Solís Rojas, NICOLAS MORALES LORIA, Noemi Canet, Orlando Barrantes Cartín, Orlando Castro Quesada, Oscar Beita Quesada, Osvaldo Durán Castro, Paola Carrillo Molina, Pascal Girot Pignot, Paulino Najera Rivera, Peggy Chamorro, Priscilla Rojas Alvarado, Rafael Villegas mayorga, Raquel Berrocal Sibaja, Raquel sagot, Rebeca Montero Castro, Ronulfo Morera Vargas, Rosa Cordero Guzman, Rosi Naranjo Segura, Ross Salazar Vargas, Roxana Gómez Zúñiga, Ruth Sancho Matamoros, Samantha Obaldia Calderón, Sandra Candela Restrepo, Seidy Boniche Reyes, Sergio Ortíz Pérez, Sofía Gutiérrez Rodríguez, Sofía Martorell Esquivel, Stefanny Castro Ramirez, Stefano Silvestri, Stephanie Rojas Merlo, Susan Barrantes Acevedo, Tamara Borrero, Thalia jimenez Tomas, Ulises Chavarría Chevez, Verónica Castro Ramírez, Virginia Murillo Murillo, Walter Benavides, Yendry Martínez Rivera, Yoel Buitrago

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Foro analizará impacto de la industria inmobiliaria en la Fila Costeña

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Este lunes 5 de mayo a las 06:00 pm se realizará un foro en vivo titulado «El impacto de la industria inmobiliaria en la Fila Costeña, Pacífico Sur».

El evento contará con la participación de Rosi Naranjo, integrante de la Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta; Jorge Lobo, biólogo y profesor jubilado de la Universidad de Costa Rica; y Javier Rodríguez, representante de la Fundación Promar. La moderación estará a cargo de José María Gutiérrez, de la Alianza por una Vida Digna.

La actividad es organizada por la Alianza por una Vida Digna y SURCOS Digital, en colaboración con la Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta, el proyecto Geografía y Diálogo de Saberes, la Escuela de Geografía UCR, y Kioscos Socioambientales.

Las personas interesadas pueden conectarse a través de la página de Facebook de SURCOS Digital para participar de este espacio de análisis sobre los efectos del desarrollo inmobiliario en esta importante zona del Pacífico Sur costarricense.

Denuncian muerte masiva de peces en el río Ciruelas, Miramar

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Sospechan de descargas de sedimentos de mina cercana

El pasado fin de semana, vecinas y vecinos de Miramar detectaron la muerte de una gran cantidad de peces, camarones, cangrejos y otras especies en el río Ciruelas, desde el sector conocido como El Salto, a la salida de la mina Bellavista, hasta varios kilómetros río abajo, llegando al histórico «Puente Negro», camino a la comunidad de Río Seco.

Según testimonios de la comunidad, se contactaron a MINAE, Fuerza Pública y el Ministerio de Salud sobre el incidente, pero se desconoce si se realizaron muestreos o denuncias. Las personas denunciantes tienen gran preocupación, ya que este es un sitio frecuentado por visitantes, especialmente durante la Semana Santa.

Si bien aún se desconoce la causa exacta de la contaminación, la mina Bellavista, ubicada en la parte alta de Miramar de Puntarenas, ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntas irregularidades en su administración y posibles daños ambientales (ver cronología abajo).

Dayana Rojas de la Asociación Civil Pro Natura, de Miramar aseguro les informaron que “esta situación se origina a partir del punto conocido como ‘El Salto’ donde se observa una importante descarga de sedimentos en el río, pero aguas arriba a escasos 50 metros se puede ver que el río mantiene su fauna normal… Además, los vecinos aseguran que pudieron mapear el fenómeno por más de 6 kilómetros recorriendo la cuenca del río, hasta llegar al Puente Negro”(audio).

En octubre de 2024, el diputado Carlos Andrés Robles expresó su preocupación por la gestión de la mina y solicitó al Ministerio de Salud una inspección exhaustiva para evaluar sus operaciones y determinar si se cumplen las normativas ambientales y de seguridad (Mundo.cr, 16-10-24).

Estas preocupaciones se basan en denuncias previas, como la presentada por Diego Leonardo García, exsupervisor del Proyecto Minero Bellavista, quien advirtió sobre el depósito de residuos en áreas sin la debida impermeabilización, lo que podría provocar contaminación del agua subterránea. Además, señaló que las piletas de emergencia carecen de sistemas adecuados de detección de fugas y que las descargas de la planta podrían estar afectando negativamente al río Ciruelas (Ver denuncia).

Según la presidenta de Pro Natura “a todo esto se suma la inexistencia de actas, o registros de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (o COMIMA) desde hace más de 10 años, que permita garantizar el control y el seguimiento ambiental de las actividades de un proyecto de categoría A, como éste y la negativa de la SETENA de reactivarla alegando que el expediente se encuentra secuestrado como parte del Caso Comején”.

Finalmente aseguró que “lamentablemente a pesar de las múltiples denuncias las autoridades locales e instituciones estatales han sido omisas para dar seguimiento al tema de aseguramiento de la calidad del recurso hídrico en nuestro cantón, así como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y tras el colapso de una mina clandestina hace pocas semanas donde se cobró la vida de un trabajador y otro resultó gravemente herido, la comunidad espera que como mínimo se tomen las muestras de agua para los análisis físico-químicos correspondientes y se desarrollen investigaciones rigurosas”.

Miramar: un «Territorio de Sacrificio»

La minería en Miramar, en sus diversas formas (legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea), ha generado impactos socioambientales profundos y acumulativos, convirtiendo la zona en un «Territorio de Sacrificio».

Por otro lado, una investigación del Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR reveló la existencia de un enjambre de minería subterránea de oro en Costa Rica, con al menos 59 solicitudes de concesión que abarcan 779,52 km² (1,52 % del territorio nacional). Entre los cantones más afectados se encuentra Miramar, donde más del 31,86 % de su superficie está solicitada para exploración minera, incluyendo su área urbana (UCR).

Cronología de denuncias sobre la mina Bellavista

● 2007: Suspensión de operaciones debido a deslizamientos de tierra que afectaron la estabilidad del proyecto minero (UCR).

● Marzo de 2009: Sonia Torres, del Comité Ambiental de Miramar, denunció el abandono de la mina por parte de la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation, señalando incumplimientos de compromisos ambientales y posibles contaminaciones de los mantos acuíferos y del río Ciruelas con metales pesados y cianuro (UCR).

● Enero de 2011: Sonia Torres publicó un artículo sobre los impactos de la mina Bellavista en el paisaje y corredores biológicos de la región (SURCOS Digital).

● Mayo de 2011: El grupo Miramar al Grano denunció irregularidades en una auditoría de la mina, señalando inconsistencias en la evaluación ambiental (Semanario Universidad).

● Mayo de 2013: Las empresas Río Minerales S.A. y Metales Procesados MRW S.A. demandaron a la SETENA para reactivar la extracción de oro en la mina Bellavista (Semanario Universidad).

● Setiembre 2023: el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria para el cierre del laboratorio de la empresa debido a la detección de plomo en sangre de trabajadores (Semanario Universidad).

● Julio de 2024: El académico Álvaro Sagot expresó preocupaciones sobre la minería en Costa Rica y los impactos del proyecto Bellavista en Miramar (Radio Columbia).

● Agosto de 2024: Se anunció la intención de elevar una denuncia ante la ministra de Salud por presunta contaminación química en el río Ciruelas, vinculada a la mina Bellavista (El Mundo).

● Octubre de 2024: Durante la sesión ordinaria N°24-2024 del Concejo Municipal de Montes de Oro, se discutieron preocupaciones sobre la mina Bellavista. Diego Leonardo García presentó una denuncia con evidencia fotográfica sobre irregularidades en la planta (Municipalidad de Montes de Oro).

o Fotos y videos: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hf0On7vZVGiICuX4eMAWDwuE86XfUkxL

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Reforma al Reglamento de Calidad de Agua expondría a la población a consumir agua con residuos de plaguicidas

Escrito en . Publicado en Salud.

Expresidenta ejecutiva del AyA considera que reforma al Reglamento de Calidad de Agua expondría a la población a consumir agua con residuos de plaguicidas.

En una entrevista para el colectivo Bloque Verde, la M.Sc. Yamileth Astorga Espeleta, ex presidenta del AyA, catedrática de la Universidad de Costa Rica, bióloga y especialista en recursos hídricos, expresó su preocupación por las modificaciones al Reglamento de Calidad de Agua Potable, impulsadas por la ministra de Salud, Mary Munive.

Astorga advirtió que «estos cambios podrían exponer a la población al consumo de agua con residuos de plaguicidas, lo que incrementa el riesgo de enfermedades graves, como el cáncer».

La última semana de diciembre de 2024, el Ministerio de Salud (MinSa) publicó sigilosamente una consulta pública con una nueva versión del Reglamento de Calidad de Agua Potable DE-38924-S. Esta reforma deja desprotegido el agua destinada al consumo humano, permitiendo y legalizando la contaminación con plaguicidas en el agua que se distribuye a toda la población. Uno de los cambios más significativos es la sustitución del término “Valor Máximo Admisible” por “Valor de Alerta”, lo que faculta tanto al AyA como a las ASADAS para seguir distribuyendo agua con residuos de plaguicidas. Diversos sectores han manifestado su preocupación, y la ex presidenta del AyA respaldó los argumentos de las organizaciones ambientales.

Según Astorga, “esta modificación al reglamento expone a la población a un riesgo al consumir agua con residuos de plaguicidas, que son moléculas persistentes que se acumulan, principalmente, en el tejido graso del cuerpo humano. Conforme consumimos esta agua, los residuos se van acumulando hasta alcanzar concentraciones que, en efecto, pueden provocar algún tipo de enfermedad”.

Costa Rica cuenta con una Ley de Aguas desde 1942, que establece que cuando un manantial se utiliza para consumo humano, debe dejarse una zona de protección de 200 metros a la redonda. Astorga señaló una gran contradicción, ya que «en las fuentes que hoy día están contaminadas con clorotalonil, por ejemplo, en la zona de Cartago, el gobierno no está cumpliendo con lo que estipula la ley, y esta modificación al reglamento tampoco lo incluye».

En otros casos de contaminación por plaguicidas, como en las comunidades del Cairo y Milano (Guácimo y Siquirres) o en la Zona Norte (Veracruz y Pital), «lo primero que se hizo fue eliminar la fuente contaminante, que era el cultivo, dentro de un radio de 200 metros. Sin embargo, en Cartago no se ha aplicado la ley, lo que genera la pregunta: ¿por qué?», cuestionó la experta.

Otros expertos en contra del reglamento

Astorga mencionó que la comunidad académica de la Universidad de Costa Rica ha mostrado su preocupación y enviado observaciones al Ministerio de Salud sobre el borrador del nuevo reglamento. «Nosotros enviamos unas observaciones, en las que participaron dos investigadores del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA), una investigadora del Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) y yo, como parte de la Escuela de Tecnologías en Salud. En esas observaciones manifestamos nuestra preocupación por la modificación, pues consideramos que Costa Rica necesita avanzar hacia regulaciones más estrictas y mejores, nunca en retroceso. Este reglamento, o mejor dicho, esta modificación, representa un retroceso para la salud de la población», afirmó Astorga.

Vea la entrevista completa en el siguiente enlace:

Créditos de la entrevista a la profesora Yamileth Astorga Espeleta sobre las pretensiones de modificar el reglamento de agua potable en Costa Rica:

Producción ejecutiva
IRENE BURGUÉS ARREA

Realización audiovisual
CARLOS GÓMEZ DE LA ESPRIELLA

Una producción de Trópico Rural S.A. en apoyo al Bloque Verde
Costa Rica, 2025

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.