Costa Rica sobresale, en el tema inversiones, por la seguridad jurídica con la que cuenta dentro de su marco institucional. Sin embargo, con respecto a las concesiones de radio y televisión, a criterio de la Defensoría, no se cuenta con la claridad requerida acerca cómo y durante cuánto tiempo se estarían prorrogando dichas concesiones.
A menos de una semana para su vencimiento, el Gobierno anunció que prorrogará, antes del 28 de junio, a través de un decreto ejecutivo, estas concesiones. No obstante al plantearse como una medida temporal genera incertidumbre en torno al derecho en cuanto a su seguridad jurídica; es por tal motivo, que la Defensoría de los Habitantes manifestó su oposición al Proyecto de Decreto Ejecutivo para Reforma Parcial Al Reglamento a la Ley General de Telecomunicaciones, que pretende ampliar por un año la vigencia de los títulos habilitantes de concesión administrativa de frecuencias para la operación de redes y la prestación de servicios de radiodifusión sonora y televisiva de acceso libre y gratuito, adiciónese un transitorio al artículo 179 del Decreto Ejecutivo N° 34765-MINAET. El Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICITT) comunica mediante medios de comunicación, que utilizará el modelo jurídico del Decreto para llevar a cabo la prórroga, sin entrar en mayores detalles, cómo será el tema del plazo.
Por ello, la Defensoría de los Habitantes, hace un vehemente llamado a las autoridades gubernamentales, a adoptar una resolución pronta y oportuna, en el marco del respeto al marco jurídico, que permita a nuestro país continuar con el disfrute de los contenidos que ofrecen las empresas de radio y televisión que operen en nuestro territorio y en atención a la función social que realizan en el marco y respeto de los derechos fundamentales.
Finalmente, la Defensoría hace un llamado de la urgente necesidad de abordar, en el marco de la presente situación, la ampliación por un plazo suficiente de las concesiones que permita al Congreso discutir una nueva ley, que venga no solo a regular el otorgamiento de las frecuencias de radio y televisión con criterios actuales, razonables en materia técnica y legal; sino también todo lo vinculado a la valoración económica de los cánones por su uso en el país.
Oficina de Comunicación Institucional Defensoría de los Habitantes
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha remitido una comunicación urgente al Ministro del Ministerio de Hacienda, Lic. Nogui Acosta Jaén, expresando su preocupación por la falta de incorporación del reajuste por costo de vida decretado en diciembre de 2019 en los salarios quincenales de los empleados públicos beneficiados.
En la misiva, fechada el 5 de abril de 2024, la ANEP señala que, si bien se han cancelado las deudas correspondientes a los años 2020, 2021, 2022 y 2023, el monto de ¢7500 no se ha incluido en los salarios base durante los primeros meses de 2024. Por lo tanto, solicitan al Ministerio de Hacienda información sobre las instrucciones dadas al respecto.
La ANEP fundamenta su solicitud en el derecho de petición, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición número 9097. Según la carta, este derecho garantiza a todo ciudadano la facultad de dirigirse por escrito a cualquier funcionario público o entidad oficial para exponer un asunto de interés.
La legislación también establece que las autoridades tienen la obligación de responder a las peticiones en un plazo máximo de diez días hábiles y de convocar a los peticionarios en audiencia especial si así lo consideran necesario. Asimismo, deben proporcionar una respuesta fundamentada que recoja las razones por las cuales se accede o no a la petición.
La comunicación concluye con la solicitud de una respuesta oportuna por parte del Ministerio de Hacienda. Sin otro particular, la carta está firmada por Albino Vargas Barrantes, Secretario General, y Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP. Para acceder al documento completo, puede ver el PDF original aquí:
El último año estuvo marcado por mejoras para la conservación de la biodiversidad y grandes retos para el sector forestal.
Por años, Costa Rica se ha posicionado como un país líder en materia ambiental. La exuberancia de sus bosques, el acceso a las áreas protegidas y el resguardo a la vida silvestre, han sido, entre otros, piezas fundamentales para la atracción de turismo, su principal fuente de divisas.
El año anterior, según Joel Sáenz, director del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA), se dieron dos hechos relevantes en cuanto a protección hacia la vida silvestre. El primero está relacionado con la capacidad de turistas que visitan el Parque Nacional Manuel Antonio, y el segundo es un cambio en la legislación para disminuir el impacto del tendido eléctrico en la fauna.
“De manera antojadiza, el Gobierno quiso echar abajo un decreto que determina la capacidad de carga del parque, e incluso que se debe cerrar un día a la semana. Este se hizo a principios de los 90 con el apoyo técnico de los investigadores del Instituto. Ahora las colegas Grace Wong y Laura Porras tuvieron que acudir a la Asamblea Legislativa, e incluso a una reunión con el ministro de Ambiente para exponer los estudios que se han realizado por décadas y que justifican la protección a la vida silvestre por encima de los intereses monetarios.”
Según Sáenz, este seguimiento dio frutos, ya que se logró revertir la medida de aumento de visitantes, aunque no acorde con el decreto existente, y se generaron espacios de consulta por parte del Ministerio de Ambiente con el objetivo de conocer en detalle las investigaciones y procurar medidas de mitigación al impacto de los visitantes en los hábitos de algunas especies como monos y mapaches, entre otras.
Las carreteras y la red eléctrica a lo largo y ancho del territorio nacional han sido fuente para el desarrollo del país; sin embargo, también representan una amenaza para la vida silvestre. Año a año, mueren decenas de ranas, aves, monos y otros anfibios, reptiles y mamíferos que fracasan en su lucha por buscar alimento o refugio para ellos y sus crías, pues mueren electrocutados o atropellados en carretera.
En diciembre pasado, se firmó, por parte del Gobierno, el decreto que permite disminuir el impacto del tendido eléctrico en la fauna silvestre. “Esto es algo muy positivo porque al año mueren cientos de animales o quedan en malas condiciones por causa de una electrocución. Este es un tema en el que el Icomvis trabajó y brindó asesoría técnica científica para lograr avances en este sentido.” El decreto dicta que es deber de las empresas implementar todas las acciones necesarias para prevenir la fragmentación de los ecosistemas por la red eléctrica, y para nuevos tendidos, realizar la valoración técnica, ambiental y económica, con el fin de prevenir la pérdida de conectividad y biodiversidad, valorando el uso de líneas de tipo subterráneo, cambios en los trazados o aislamiento completo de la red de distribución.
Según Sáenz, el Icomvis también participó con su criterio técnico científico en la normativa que se impulsa desde la Asamblea Legislativa para la creación de los pasos de fauna. Ranas, serpientes, monos y aves son víctimas diarias de atropellos en carretera. Con esta iniciativa, todas las obras de infraestructura deben considerar la conectividad. “Esto no elimina las muertes, pero las disminuye; esperamos que este decreto salga este mismo año.”
Melissa Blandón, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales (Edeca-UNA), destacó que el año pasado también se atendió un mayor número de consultas técnicas de diferentes instituciones como los ministerios de Ambiente, Salud y la Asamblea Legislativa sobre cambio climático y recurso hídrico, bioeconomía y producción sostenible, entre otros.
Sector olvidado
El sector forestal en Costa Rica ha experimentado una disminución en la participación de la actividad, especialmente en reforestación, con una tendencia negativa en los últimos 5 a 7 años. A pesar de la necesidad de reforestar alrededor de 5,000 hectáreas anuales, solo se reforestan aproximadamente el 15% de esa cantidad, lo que ha llevado a un desequilibrio comercial y la necesidad de importar madera.
Según Víctor Meza, investigador del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional (Inisefor-UNA), existen distintos factores para esa disminución. “Incluye la falta de incentivos gubernamentales, la percepción de que la actividad no es rentable y el desinterés en el manejo forestal sostenible. La política que ha habido en los últimos años es la de restringir el manejo forestal priorizando el tema de la conservación, pero a nivel internacional este es una alternativa para mitigar el cambio climático.”
A pesar de que se han presentado iniciativas y propuestas positivas de distintos sectores, la falta de consenso y la toma de decisiones centralizada han impedido la implementación de soluciones efectivas para un enfoque integral. Prueba de ello es la falta de un Plan Nacional de Desarrollo Forestal, donde se marque una ruta para valorizar los servicios ambientales asociados a la reforestación.
“No se le está reconociendo a quien realmente hace la conservación, que es el dueño, entonces no es rentable ni realmente atractivo para los productores. Tampoco es atractivo para quienes tienen bosque dentro de una reserva, por ejemplo, porque hay restricciones en el uso de tierra como si fueran patrimonio del Estado. Es gente que vive en la línea de pobreza y serán pobres toda la vida porque se les limita el uso de esa tierra. El tema de la conservación como tal no genera un valor real para el propietario; son otros sectores los que están recibiendo los réditos de esa conservación, como es el caso del turismo, por ejemplo,” destacó Meza
El investigador también destaca que la falta de reforestación genera presión sobre el recurso forestal. “Deforestar es hacer un cambio en el uso del suelo, talar un bosque y poner una plantación de piña. Se hace, pero tal vez es menos evidente; lo que sí ocurre es la tala ilegal. El 90% de las denuncias ambientales tienen que ver con este tema. Pero, por ejemplo, si se quiere cortar un árbol enfermo dentro de un área de protección; se hace de forma ilegal porque no hay un incentivo para hacerlo legalmente. Es tanta la tramitología y tan distinta en cada región del país, que se hace de manera ilegal”.
Para más información: Oficina de Comunicación Universidad Nacional, Costa Rica
Dirigido a organizaciones de la Economía Social Solidaria; funcionarios de gobiernos locales, instituciones autónomas y semiautónomas del Estado; y a actores del Poder Legislativo y Ejecutivo relacionados a la economía, educación y la gestión del territorio.
Lunes 17 de julio de 8:30 a.m. a 5:30 p.m
Transmisión @proess
Auditorio de la Plaza de la Autonomía en la Ciudad de la Investigación, Sede Rodrigo Facio, Universidad de Costa Rica.
El día de ayer, como suele suceder cada primero de mayo, la Asamblea Legislativa eligió su directorio para esta nueva legislación. Los acuerdos y las ofertas y las idas y venidas previas tuvieron su finalización con la elección y lo cierto es que hubo sorpresas que deben analizarse, no en cuanto a los elegidos que al fin y al cabo resultaron ser los que se habían acordado, si no y especialmente, en cuanto al respeto de los acuerdos tomados y las disidencias que se presentaron.
En primer lugar, fue sorpresivo la decisión de la diputada del parrido de gobierno Ada Acuña decidió no dar su voto a Rodrigo Arias quien obtuvo 44 de los 45 previstos. Esto además marcó una separación de lo solicitado por el presidente de la República de apoyar a Arias. ¿Qué consecuencias tendrá esto? Estaremos atentos.
Cuando vino la elección de Gloria Navas para la Vicepresidencia también se dio otra disidencia pues los liberacionistas Carolina Delgado y Danny Vargas no la apoyaron razonando que fue por el manejo que tuvo Navas en el proyecto contra el crimen organizado.
En relación con la elección de la segunda secretaría, nuevamente fueron liberacionistas los que se apartaron de lo acordado. Francisco Nicolás, Dinorah Barquero y Montserrat Ruiz, no votaron por el candidato propuesto el que a pesar de ello logró obtener los votos necesarios.
Por último, en la elección de la segunda prosecretaría nuevamente una diputada del gobierno no votó según lo acordado. María Marta Padilla no apoyó al propuesto.
El poder establecer estas circunstancias de disidencias y de faltas a lo acordado fue posible en virtud de que por primera vez la votación fue pública. Importante avance en procura de mayor transparencia. De ahora en adelante veremos qué tan respetados son los acuerdos y por quienes.
Hoy se inicia una nueva legislación y le corresponde en los primeros tres meses al gobierno determinar la agenda de discusión. Una nueva oportunidad, ya con más experiencia y con el tiempo suficiente para que sea aprovechada.
Qué bueno que tenemos la oportunidad de saber cómo votan las y los diputados y confiamos en que el gobierno sepa aprovechar este manejo de la agenda para lograr las mejores leyes para bien del país en todos los campos.
Nosotras y nosotros, personas mayores, personas con discapacidad y personas defensoras de los derechos humanos, tomando en consideración:
1) Que el Estado costarricense ha ratificado: la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la protección de los Derechos de las Personas Mayores.
2) Que de estos instrumentos surgen una serie de obligaciones por parte de la Asamblea Legislativa de Costa Rica como:
Armonizar la legislación interna con los instrumentos internacionales anteriormente citados para asegurar el desarrollo del goce y disfrute de los Derechos Humanos por parte de las personas mayores y personas con discapacidad. Dicha armonización es reiterativa en los informes de los organismos internacionales.
Consultar todas las actuaciones relacionadas con las personas con discapacidad y personas mayores a las organizaciones y sus representantes.
Desarrollar políticas públicas y programas para implementar las obligaciones que surjan de estos instrumentos.
Nombrar personal idóneo con experiencia y conocimiento sobre los temas relacionados con personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Respetar la igualdad de género eliminando los patrones socioculturales que promueven las desigualdades entre hombres y mujeres.
3) Que la legislación costarricense cuenta con la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad y la Ley Integral para la Persona Mayor donde la Asamblea Legislativa asume, también, obligaciones.
4) La Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor incumplen con las obligaciones internacionales y nacionales establecidas en el ordenamiento jurídico en su conformación:
Parte del patrón sociocultural que se requiere personas que “cuiden y asistan” a estas poblaciones, recargando estas labores exclusivamente a las mujeres, por medio de la división sexual del trabajo en el Sistema Patriarcal.
Que el nombramiento de tres personas sin requisitos mínimos profesionales, de experiencia, vivencia o compromiso con los derechos de estas poblaciones, refleja el sexismo, edaismo, y capacitismo del directorio político de la Asamblea Legislativa.
Que esta estrategia evidencia los movimientos anti-derechos que están surgiendo en América Latina, para retroceder en las conquistas logradas por las personas mayores y personas con discapacidad.
5) Que el día 27 de mayo del 2021 la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor nombra como Presidenta a la señora diputada Marolin Azofeifa Trejos, diputada del Partido Nueva República, y como secretaria a la diputada Aracelly Salas Duarte, del Partido Unidad Social Cristiana, violentando los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad:
Que tres diputados anti-derechos de las personas mayores y personas con discapacidad, como lo son Johnatan Prendas Rodríguez, del Partido Nueva República, Eduardo Cruickshan Smith, del Partido Restauración Nacional, y Pablo Heriberto Abarca Mora, del Partido Unidad Social Cristina, ejercen su poder patriarcal sobre las representantes de la Comisión para elegir a estas dos personas con falta de idoneidad en el ejercicio de su puesto. Acción que se evidencia en el video que registra que la elección fue frenada por estos diputados, para decirles a sus compañeras cómo votar (ver minuto 1:19 https://www.youtube.com/watch?v=jiwJjzIo0Ls)
Que los nombramientos realizados obedecen a estrategias electorales partidistas, que privilegian los intereses personales y partidarios sobre los intereses de las personas adultas mayores y personas con discapacidad.
Que la aceptación de cargos, por parte de las diputadas Azofeifa y Salas, sin idoneidad para ejercer el puesto, reflejan el irrespeto hacia la ciudadanía costarricense y, en especial, a las poblaciones adultas mayores y poblaciones con discapacidad.
Por lo que solicitamos:
A la señora presidenta de la Asamblea Legislativa y al directorio de esta institución la reorganización de la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor para que quienes la integren cumplan con requisitos de conocimiento, experiencia y compromiso con los derechos de las personas mayores y personas con discapacidad.
A las señoras diputadas miembras de la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor que actúen con dignidad, transparencia y honestidad, renunciando a la comisión cuando no cuentan con los mínimos requisitos para cumplir con sus obligaciones por las cuales reciben una remuneración por parte del pueblo costarricense.
A que la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor cumpla con las funciones para la cual fue creada contando con una agenda legislativa de armonización de las obligaciones internacionales de derechos humanos y con la legislación interna de las personas mayores y personas con discapacidad.
Que la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor establezca mecanismos de participación y auditoría ciudadana conforme a los tratados internacionales de derechos humanos respetando el lema “Nada de Nosotras/os sin Nosotras/os”
Que la Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor visualice el enfoque de interseccionalidad en todo el quehacer de la Comisión y no se homologue las demandas, necesidades, sentires y saberes de ambas poblaciones.
Hacemos un llamado a:
Las instancias internacionales de protección de los derechos humanos como el Comité de la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad de la Organización de Estados Americanos, el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y el Comité de la Convención para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores a solicitar a la Asamblea Legislativa una rendición de cuenta de los avances en la implementación de las obligaciones internacionales asumidas por Costa Rica por dicha institución.
Las relatorías de Naciones Unidas de las Personas Mayores y Personas con Discapacidad a que valoren las actuaciones de la Asamblea Legislativa en relación con los derechos humanos de estas poblaciones.
La Defensoría de los Habitantes, por medio de las personas que ejerzan la defensoría de las personas mayores y personas con discapacidad, cumplir con la función que les corresponde en la Asamblea Legislativa verificando que se efectúen las obligaciones establecidas por la ley.
Representantes de las Organizaciones no Gubernamentales que forman parte del CONAPDIS y CONAPAM, ejercer la auditoría ciudadana que les corresponde para evidenciar los avances y retrocesos en la implementación de los derechos humanos de las personas mayores y personas con discapacidad en la Asamblea Legislativa
Las personas mayores y personas con discapacidad, que representan aproximadamente un 16% del electorado nacional, a ejercer su voto en las próximas elecciones de manera responsable informándose y estudiando la participación de los partidos políticos en el respeto de sus derechos humanos y la idoneidad de las personas que se postulan a diputadas para ejercer su cargo y cumplir con las obligaciones que garanticen el avance en la implementación de los derechos humanos.
Personas adultas mayores, personas con discapacidad y personas defensoras de los derechos humanos, les invitamos a firmar esta Carta Abierta http://chng.it/GxWCfgZp9Q
Por Dr. Ingo Wehrtmann, investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar) Universidad de Costa Rica
Foto: Laura Rodríguez Rodríguez.
La pesca de arrastre es una actividad pesquera utilizada mundialmente, tanto por la flota industrial como artesanal. Las redes operan en contacto con el suelo marino y capturan diversos organismos que viven sobre él.
El problema es, por un lado, el daño físico y biológico que provoca este arte de pesca sobre el fondo del mar y las comunidades asociadas a estos hábitats. Por otro lado, este arte de pesca tiene una baja selectividad en la que la red no solamente captura las especies objetivo (principalmente camarones y peces), sino también cualquier organismo que se encuentre frente a la red.
Al conjunto de estos organismos que no son blanco de la actividad pesquera se le denomina “fauna de acompañamiento” (FACA). Muchas veces, esta FACA -por su bajo valor comercial- se devuelve al mar, pero estos organismos tienen poca posibilidad de sobrevivir y, además, serán rápidamente consumidos por los depredadores que se congregan alrededor de los barcos.
La Sala Constitucional de Costa Rica, en su resolución del 2013 Nº 2013010540, reconoció, entre otros aspectos, el daño ambiental que provoca la pesca de arrastre y estableció que el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) “no podrá otorgar ningún permiso, autorización o licencia nueva, renovar los vencidos o reactivar los inactivos, para la pesca de camarón con redes de arrastre”.
Desde entonces, ¿qué ha pasado desde el punto de vista científico? ¿Tenemos suficiente evidencia técnico-científica para considerar una reapertura de la pesca de arrastre en Costa Rica?
Dos estudios
En los últimos años se han llevado a cabo solamente dos estudios relacionados con la pesca de arrastre en el país.
El primero se realizó en el marco del proyecto para la gestión sostenible de las capturas incidentales en la pesca de arrastre de fondo de América Latina y el Caribe, financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF por sus siglas en inglés) y ejecutado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por su siglas en inglés) y, en Costa Rica, por el Incopesca.
Este estudio tuvo como objetivo general establecer diferencias en la línea base de la diversidad taxonómica de la FACA capturada con y sin el uso del dispositivo excluidor de peces (DEP) ojo de pescado, en redes para la captura de camarón fidel (Solenocera agassizii) y camarones rosados o pinky (Farfantepeaneus brevirostris), en caladeros de pesca en el Pacífico Norte y Central de Costa Rica. Esto se realizó con el fin de evaluar la influencia del DEP en la composición de las capturas incidentales.
Aunque este estudio indica una exclusión de la FACA con el DEP entre 30% (camarón fidel) y 23% (camarón pinky), a nivel general los porcentajes de la FACA siguen siendo muy altos, con un promedio de 77%. El hecho de que los investigadores capturaron en su estudio exclusivamente individuos inmaduros de camarón fidel es aún más preocupante, ya que pone en peligro la reproducción de la especie y en consecuencia, la supervivencia de la población de este camarón.
El segundo y más reciente estudio evaluó la disminución de la FACA en la pesca de arrastre de camarón pinky y fidel, mediante el uso de diferentes tamaños de luces de malla, aditamentos (DEP, DET y doble relinga) y otras mejoras. Esta investigación fue ejecutada por Incopesca entre los meses de octubre y diciembre del 2018.
En este estudio se analizaron cuatro tipos de redes con diferentes modificaciones técnicas en relación con la red tradicional o de control. El resultado sorprendente fue que la utilización de una variante de la red (red de experimento generó 1) una disminución de un 65% de la FACA en ambas especies de camarones comparado con la red control. Además, en el caso del camarón fidel, se capturaron principalmente individuos maduros, un resultado muy diferente comparado con el estudio anterior.
A pesar de los resultados positivos de este estudio, es importante resaltar que se trata de una investigación en una zona muy restringida desde la perspectiva geogrática, pues todos los muestreos se realizaron en la entrada al Golfo de Nicoya.
La limitación de tiempo representa otra debilidad importante del muestreo, especialmente si se considera que el período del experimento estaba bajo la influencia del fenómeno de El Niño, lo que podría no reflejar un comportamiento normal. Por lo tanto, surge la duda sobre la representatividad geográfica y temporal de los resultados obtenidos en este estudio.
Los autores, conscientes de las limitaciones de los datos obtenidos, insisten en el resumen de su informe en “… la necesidad de continuar con investigaciones que aporten información que aún se requiere para el manejo de las pesquerías de estas dos especies”.
Falta de información
Estas dos investigaciones recientes son de naturaleza técnica, en las cuales se investigó el impacto de diferentes modificaciones de la red para la disminución de la FACA, en dos especies de camarones de interés comercial.
Sin embargo, para implementar una pesca de camarón responsable y sostenible es indispensable contar con más información. Por ejemplo, es imprescindible tener una estimación confiable de la biomasa disponible de estos camarones en aguas costarricenses. Los dos estudios mencionados no fueron diseñados para explorar este aspecto.
Cualquier pescador, capitán o empresario responsable que quiera hacer una inversión importante en su barco y las redes modificadas, debería preguntarse: ¿en cuánto tiempo puedo recuperar económicamente mi inversión? En otras palabras, es necesario saber cuántos kilos de camarón se puede capturar durante por lo menos un año. Lastimosamente, no hay información confiable acerca de esta pregunta y existe mucha incertidumbre sobre si el recurso camarón (de aguas profundas) puede “soportar” una nueva pesca de arrastre y por cuánto tiempo.
Cabe resaltar que ninguno de los dos estudios generó información sobre los impactos que tiene la pesca de arrastre de camarón en los ecosistemas marinos a lo largo de la costa del Pacífico de Costa Rica.
No hay un análisis que identifique dónde exactamente se realizan los lances comerciales y con qué frecuencia. Conocer el impacto de la pesca de arrastre de camarón en las comunidades en el fondo del mar, así como el tiempo que requieren estas comunidades de organismos para recuperarse, es indispensable para un manejo responsable y con un enfoque ecosistémico.
La revista estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences publicó recientemente un análisis global de la reducción y recuperación de las comunidades en el fondo del mar después de la alteración por la pesca de arrastre. Los resultados de este mega análisis revelaron que en promedio cada paso de una red de arrastre remueve entre 6% y 41% de la fauna del lecho del mar, y se requiere entre 1,9 y 6,4 años para recuperar el ecosistema arrastrado.
¿Y cuál es la situación en Costa Rica? Por un lado, hay resultados alentadores sobre modificaciones de redes para disminuir la FACA en la pesca de camarón fidel y pinky que esperan ser corroborados mediante estudios más amplios referente a la escala geográfica y temporal.
Por otro lado, prácticamente no sabemos nada sobre dos aspectos fundamentales de la pesca de arrastre: (1) la biomasa presente de las dos especies de camarones (fidel y pinky) y (2) el impacto de la pesca de arrastre en los ecosistemas marinos.
Ante esta falta de conocimiento, sería irresponsable reabrir ahora esta práctica, ya que podría generar falsas expectativas en el sector pesquero. Desde un punto científico, es urgente implementar, en conjunto con el sector pesquero, un programa nacional de monitoreo de las poblaciones de estos camarones con la participación de las universidades que trabajan en la temática.
Este esfuerzo representaría un aporte valioso para la toma de decisiones en torno a abrir o no la pesca de arrastre de estas especies de camarón. Más aún, un programa de monitoreo es vital para cualquier plan de manejo de estos recursos pesqueros con un enfoque precautorio y ecosistémico.
Dr. Ingo WehrtmannI
Investigador del Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (Cimar), Universidad de Costa Rica
Tanto a nivel de convenios y tratados internacionales como a nivel nacional, existe legislación suficiente que respalda la práctica de la lactancia materna en madres trabajadoras. Sin embargo, existen también una serie de confusiones y vacíos informativos respecto a los derechos de las madres en período de lactancia y las obligaciones de los patronos (foto Archivo ODI con fines ilustrativos).
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, el Instituto de Investigaciones en Salud (INISA) de la Universidad de Costa Rica (UCR) realizó una conferencia para asesorar a las madres trabajadoras que están amamantando, sobre la legislación y jurisprudencia vigente en Costa Rica.
Con el objetivo de derribar dudas y mitos con respecto a la lactancia materna y el empleo la Licda. Virginia Marín Arias, profesional en Defensa de la Dirección de Asuntos Laborales de la Defensoría de los Habitantes, informó en su exposición que “la lactancia materna es un derecho que tenemos todas las mujeres y es un derecho común de los niños”.
“Incluso, la Convención sobre los Derechos del Niño [de la ONU] señala en el artículo 24 que los Estados, es decir Costa Rica, reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible en salud. ¿Y cómo se garantiza este derecho? con la lactancia materna”, expresó Marín.
El Código de Trabajo de Costa Rica indica en su artículo 97 que toda madre en época de lactancia podrá disponer, en los lugares donde trabaje, de una hora para amamantar a su hijo. Este tiempo puede dividirse en intervalos o acumularse al final o principio de jornada, como es la costumbre, pero siempre se contabilizará como trabajo efectivo, es decir, no se rebajará del salario.
A la charla asistieron varias madres trabajadoras embarazadas o con sus bebés en período de lactancia. Los centros de trabajo deben proporcionar a estas madres un lugar adecuado para que se extraigan la leche.
La duda de muchas madres es hasta cuándo se puede prolongar este permiso. Al respecto, Marín indicó que “el Código [de Trabajo] no especifica por cuánto tiempo debe prorrogarse la licencia por lactancia materna. Así que todas aquellas instituciones que aleguen que un niño de 2 años ya no puede seguir lactando están muy mal”.
Sobre este tema, la Sala Constitucional en su voto 2011-635 estableció que el Código de Trabajo prevé un período mínimo de lactancia, pero no un tope y que en materia de derechos fundamentales la ley se interpreta de la forma más favorable para el ser humano. Siendo así, la prolongación de la lactancia materna se extenderá hasta que la madre lo decida, en tanto presente a su patrono el dictamen médico que certifique que continúa amamantando.
Adicionalmente, a esta hora de lactancia materna, las madres tienen la necesidad de extraerse leche durante el día, para lo cual pueden ampararse en el artículo 97 del Código de Trabajo que indica: “El patrono se esforzará también por procurarle algún medio de descanso dentro de las posibilidades de sus labores, que deberá computarse como tiempo de trabajo efectivo”.
“También soy mamá, tengo un niño de 3 años y todavía mama, entonces las insto a que sigan adelante, que sí es posible trabajar y sí es posible seguir dando lactancia materna”, indicó la conferencista Virginia Marín Arias.
A María Laura Rodríguez Herrera, madre de un bebé de 6 meses y participante de la conferencia, le parece un tema “súper importante para cuando entre a trabajar el siguiente año”, ya que ella ha decidido seguir amamantando a su bebé y no tenía claridad sobre algunos aspectos. Por ejemplo, no sabe si dispondrá de un espacio adecuado para las extracciones de leche.
La recomendación 191 de la OIT, sobre Protección de la Maternidad, establece que “cuando sea posible, deberían adoptarse disposiciones para establecer instalaciones que permitan la lactancia en condiciones de higiene adecuadas en el lugar de trabajo o cerca del mismo”. Por su parte, nuestro Código de Trabajo, establece la obligatoriedad de los patronos que cuenten con más de 30 mujeres en sus establecimientos de acondicionar un local para que las madres amamanten a sus hijos.
Muchas mujeres, sin embargo, prefieren no hacer uso de estos derechos, por temor a represalias de la parte laboral o despidos. Esas mujeres deben saber que “el Código de Trabajo, en el artículo 94, señala una prohibición o fuero de protección para las mujeres embarazadas o en período de lactancia, tanto en el sector público como en el sector privado: no pueden despedirlas, salvo que hayan cometido una falta grave, pero, aun así, deberán seguir un procedimiento para demostrar esa falta ante la Dirección de Inspecciones del Ministerio de Trabajo”, indicó la licenciada.
Algunos casos de despidos en estas condiciones han sido tratados en la legislación costarricense como casos de discriminación y conllevan el pago de los salarios caídos y la reinstalación en el puesto de trabajo o la indemnización por los daños ocasionados.
En caso de que alguna mujer sea despedida durante su embarazo o período de lactancia, puede presentar una denuncia ante la Inspección de Trabajo, denuncia ante la Defensoría de los Habitantes, Recurso de Amparo o demanda ante los Tribunales de Justicia.
Para Evelyn Abarca, madre de gemelos y participante de la conferencia, estos espacios logran aclarar muchas de las dudas que tenía relacionadas con sus derechos. “Cuando uno va al Ministerio de Trabajo, hay como un vacío. Con mi primer hijo a mí me despidieron porque la empresa donde trabajaba cerró, entonces tuve que verme expuesta a situaciones confusas e investigar, principalmente en la Liga de la Leche, pero la charla me aclaró muchas dudas”.
Para Evelyn y otras madres de gemelos, resultó muy importante saber que la sentencia 2013-6703 de la Sala Constitucional indica que ella tiene derecho a tomar dos horas de lactancia, pues tiene dos bebés. Cada bebé tendrá derecho a una hora de lactancia, por lo que las madres de trillizos podrán tomar tres horas de lactancia y así sucesivamente.
Finalmente, sin importar si la mujer labora tiempo completo o solo medio tiempo, la licenciada indicó que igualmente tiene derecho a una hora de lactancia materna, según el voto 6103-93 de la Sala Constitucional.
Derribar todos estos mitos y dudas es necesario si se desea promover la lactancia materna, una práctica que proporciona beneficios en la salud física y emocional de las madres y de los niños, así como beneficios económicos para las familias y el Estado.
“A los empleadores hay que quitarles esa mentalidad de que es una desventaja el tener una trabajadora embarazada o en período de lactancia; al contrario, una mujer satisfecha y que sienta que se le respetan sus derechos es una mujer que se va a sentir plenamente conforme y va a dar mayor productividad”, indicó Marín.
