El último año estuvo marcado por mejoras para la conservación de la biodiversidad y grandes retos para el sector forestal.

Por años, Costa Rica se ha posicionado como un país líder en materia ambiental. La exuberancia de sus bosques, el acceso a las áreas protegidas y el resguardo a la vida silvestre, han sido, entre otros, piezas fundamentales para la atracción de turismo, su principal fuente de divisas.

El año anterior, según Joel Sáenz, director del Instituto Internacional de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (Icomvis-UNA), se dieron dos hechos relevantes en cuanto a protección hacia la vida silvestre. El primero está relacionado con la capacidad de turistas que visitan el Parque Nacional Manuel Antonio, y el segundo es un cambio en la legislación para disminuir el impacto del tendido eléctrico en la fauna.

“De manera antojadiza, el Gobierno quiso echar abajo un decreto que determina la capacidad de carga del parque, e incluso que se debe cerrar un día a la semana. Este se hizo a principios de los 90 con el apoyo técnico de los investigadores del Instituto. Ahora las colegas Grace Wong y Laura Porras tuvieron que acudir a la Asamblea Legislativa, e incluso a una reunión con el ministro de Ambiente para exponer los estudios que se han realizado por décadas y que justifican la protección a la vida silvestre por encima de los intereses monetarios.”

Según Sáenz, este seguimiento dio frutos, ya que se logró revertir la medida de aumento de visitantes, aunque no acorde con el decreto existente, y se generaron espacios de consulta por parte del Ministerio de Ambiente con el objetivo de conocer en detalle las investigaciones y procurar medidas de mitigación al impacto de los visitantes en los hábitos de algunas especies como monos y mapaches, entre otras.

Las carreteras y la red eléctrica a lo largo y ancho del territorio nacional han sido fuente para el desarrollo del país; sin embargo, también representan una amenaza para la vida silvestre. Año a año, mueren decenas de ranas, aves, monos y otros anfibios, reptiles y mamíferos que fracasan en su lucha por buscar alimento o refugio para ellos y sus crías, pues mueren electrocutados o atropellados en carretera.

En diciembre pasado, se firmó, por parte del Gobierno, el decreto que permite disminuir el impacto del tendido eléctrico en la fauna silvestre. “Esto es algo muy positivo porque al año mueren cientos de animales o quedan en malas condiciones por causa de una electrocución. Este es un tema en el que el Icomvis trabajó y brindó asesoría técnica científica para lograr avances en este sentido.” El decreto dicta que es deber de las empresas implementar todas las acciones necesarias para prevenir la fragmentación de los ecosistemas por la red eléctrica, y para nuevos tendidos, realizar la valoración técnica, ambiental y económica, con el fin de prevenir la pérdida de conectividad y biodiversidad, valorando el uso de líneas de tipo subterráneo, cambios en los trazados o aislamiento completo de la red de distribución.

Según Sáenz, el Icomvis también participó con su criterio técnico científico en la normativa que se impulsa desde la Asamblea Legislativa para la creación de los pasos de fauna. Ranas, serpientes, monos y aves son víctimas diarias de atropellos en carretera. Con esta iniciativa, todas las obras de infraestructura deben considerar la conectividad. “Esto no elimina las muertes, pero las disminuye; esperamos que este decreto salga este mismo año.”

Melissa Blandón, directora de la Escuela de Ciencias Ambientales (Edeca-UNA), destacó que el año pasado también se atendió un mayor número de consultas técnicas de diferentes instituciones como los ministerios de Ambiente, Salud y la Asamblea Legislativa sobre cambio climático y recurso hídrico, bioeconomía y producción sostenible, entre otros.

Sector olvidado

El sector forestal en Costa Rica ha experimentado una disminución en la participación de la actividad, especialmente en reforestación, con una tendencia negativa en los últimos 5 a 7 años. A pesar de la necesidad de reforestar alrededor de 5,000 hectáreas anuales, solo se reforestan aproximadamente el 15% de esa cantidad, lo que ha llevado a un desequilibrio comercial y la necesidad de importar madera.

Según Víctor Meza, investigador del Instituto de Investigación y Servicios Forestales de la Universidad Nacional (Inisefor-UNA), existen distintos factores para esa disminución. “Incluye la falta de incentivos gubernamentales, la percepción de que la actividad no es rentable y el desinterés en el manejo forestal sostenible. La política que ha habido en los últimos años es la de restringir el manejo forestal priorizando el tema de la conservación, pero a nivel internacional este es una alternativa para mitigar el cambio climático.”

A pesar de que se han presentado iniciativas y propuestas positivas de distintos sectores, la falta de consenso y la toma de decisiones centralizada han impedido la implementación de soluciones efectivas para un enfoque integral. Prueba de ello es la falta de un Plan Nacional de Desarrollo Forestal, donde se marque una ruta para valorizar los servicios ambientales asociados a la reforestación.

“No se le está reconociendo a quien realmente hace la conservación, que es el dueño, entonces no es rentable ni realmente atractivo para los productores. Tampoco es atractivo para quienes tienen bosque dentro de una reserva, por ejemplo, porque hay restricciones en el uso de tierra como si fueran patrimonio del Estado. Es gente que vive en la línea de pobreza y serán pobres toda la vida porque se les limita el uso de esa tierra. El tema de la conservación como tal no genera un valor real para el propietario; son otros sectores los que están recibiendo los réditos de esa conservación, como es el caso del turismo, por ejemplo,” destacó Meza

El investigador también destaca que la falta de reforestación genera presión sobre el recurso forestal. “Deforestar es hacer un cambio en el uso del suelo, talar un bosque y poner una plantación de piña. Se hace, pero tal vez es menos evidente; lo que sí ocurre es la tala ilegal. El 90% de las denuncias ambientales tienen que ver con este tema. Pero, por ejemplo, si se quiere cortar un árbol enfermo dentro de un área de protección; se hace de forma ilegal porque no hay un incentivo para hacerlo legalmente. Es tanta la tramitología y tan distinta en cada región del país, que se hace de manera ilegal”.

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Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica