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Llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos y al mundo a poner el ojo en los hechos que acontecen al Estado de Honduras con las poblaciones indigenas garifunas y lencas

El Colectivo de Solidaridad con Honduras y la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), condenan a las empresas destructoras del medio ambiente, que actualmente destruyen las montañas, los ríos y los bosques sagrados, donde en plena armonía con la naturaleza, las poblaciones originarias y campesinas producen para cientos de familias indígenas, garífunas y campesinas. En una sola voz en armonía con la naturaleza luchan a favor de sus territorios y los recursos naturales que son de su pertenencia.

Merece especial atención, la complicidad del regimen de la dictadura de Juan Orlando Hernández-JOH y de los políticos y autoridades “legales”, que han dejado a las comunidades a manos de la voracidad de empresarios espurios, que asesinan, destruyen cultivos y plantean desalojos admistrativos a las familias, que tienen y defienden los derechos que históricamente les corresponde, gracias a las luchas organizadas que han sostenido, a su permanencia y acuerdos nacionales e internacionales, que los protege y les da su derecho como legítimos dueños de su territorio y su cultura.

Son varios los municipios que defienden sus derechos, y que han venido resistiendo a las políticas desvastadoras y destructoras contra las y los habitantes de los territorios originarios y autóctonos de indígenas y garifunas, por lo que la persecución, el asesinato de líderes y lideresas y la desaparición reciente de cuatro pobladores garifunas de la Aldea Triunfo de la Cruz , son algunos de los actos de violencia política que nuestras organizaciones están denunciando desde Costa Rica, para que a nivel internacional se intensifique la solidaridad con los luchadores sociales y las familias, víctimas de fuertes violaciones de los Derechos Humanos que se cometen en Honduras , con la complicidad del Narco-Estado y del gobierno actual, surcado por niveles de corrupción como nunca vistos en la historia de la Patria de Francisco Morazán.

En esta ocasión, expresamos nuestro apoyo a las comunidades y dirigentes sociales, que están recibiendo amenazas de muerte, persecución, desapariciones y asesinatos selectivos.

Tambien denunciamos las amenazas a muerte,coaciones a los grupos campesinos indigenas de “Nueva Esperanza” en el municipio de Santa Maria y Santiago Puringla y del Consejo Indigena “Nueva Palestina” del municipio de San Jose, ambos del departamento de la Paz.

Las páginas con nombres de compañeras líderes y compañeros dirigentes, llenarían largos muros de dolor. Hoy son los casos de Jaira Castillo, luchadora y activista por los Derechos Humanos, representante del Consejo Indígena Derecho a la Tierra, Róger Emilio Medina Orellana, Félix Vásquez y Víctor Vásquez. Los dos primeros dirigentes de la Union de Trabajadores del Campo (UTC) del departamento de la Paz.

Víctor Vásquez, del Consejo Indigena Lenca de Simpinula, oriundo del municipio de Santa María, perteneciente al grupo Nueva Esperanza, ha estado bajo amenaza de muerte por la defensa de su territorio,los bienes comunes,los derechos humanos y defender los municipios libres de la explotacion minera y hidrica. Pero además, su comunidad vive también bajo la amenaza de un desalojo, mediante el cual 32 familias se verían seriamente lesionadas en sus intereses. Bajo la amenaza de personas armadas, y grupos de choque, son objeto absoluto del abandono y de la intervención del Estado a su favor.

Pero la resistencia histórica no se doblega. Recientemente tuvimos noticia de la sublevación que se dio en el municipio de Guajiniquiro, contra empresas inescrupulosas y las medidas aprobadas bajo la licencia ambiental, para el saqueo de sus santuarios sagrados de sus recursos naturales.

Estos son solo algunos de los casos de los que se tiene información. Pero a nuestra hermana República de Honduras, la tienen secuestrada y vilipendiada. Cada hora es sangrada por el narcoestado y los socios del “puti club”, como valientemente los llama el programa internacional del “Perro Amarillo”.

Es conveniente dejar constancia de que el Instituto Nacional Agrario (INA) de Honduras tiene la potestad y los recursos, para contribuir con una política sana y de total respeto a las comunidades indígenas, de campesinos y garifunas. No obstante, la inercia y la complicidad del Estado, deja a la deriva a las comunidades y sus habitantes, los cuales se exponen a los actos de violencia del cual el mundo tiene noticia y que tenemos que repudiar. Un Estado que abandona su compromiso con la protección y defensa de los Derechos Humanos fundamentales y la solidaridad con sus grandes mayorías, es un estado vulgar, que dobla su cerviz a los más espurios intereses de una oligarquía y politicos corrompidos ante las políticas neoliberales de los organismos financieros internacionales.

No nos quedemos en el ejercicio de la denuncia. Estamos obligados a crear formas donde la solidaridad, la denuncia y la lucha a favor de los pueblos originarios, campesinos y garifunas, se materialice y se concretice.

Desde Costa Rica estaremos dandole seguimiento a estos atropellos que sufren estas poblaciones humildes patrocinadas por ambiciosos personajes locales con el apoyo de las autoridades del regimen corrupto y dictactorial de Juan Orlando Hernandez.

ANA CECILIA JIMÉNEZ A.
ACODEHU
ÓSCAR LEIVA C.
COLECTIVO DE SOLIDARIDAD CON HONDURAS

Dado en San José, Costa Rica, 18 de agosto del 2020

*Imagen: http://territorioindigenaygobernanza.com/web/nnic_03/