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Etiqueta: lenguaje político

“Terrorismo de Estado” y el desborde del lenguaje político en la vida pública

Pbro. Glenm Gómez Álvarez

En política, las palabras no solo describen la realidad: también la empujan, la tensan y, a veces, la deforman.

Donald Trump, por ejemplo, contribuye a normalizar un lenguaje en el que el adversario deja de ser simplemente un opositor y pasa a ser nombrado con etiquetas cargadas de juicio moral o de amenaza: “terroristas domésticos”, “agitadores”, “radical left”. Expresiones que no solo señalan desacuerdo, sino que desplazan la disputa hacia un terreno de sospecha permanente, donde el otro deja de ser un ciudadano con ideas distintas para convertirse en una figura peligrosa por definición.

Ese modo de nombrar no se queda en la política. Con frecuencia se filtra hacia otros ámbitos, incluso el religioso radical, sin suficiente distancia crítica. En algunos casos, ciertos discursos cristianos comienzan a reproducir esa lógica de etiquetas y enemistad, haciendo de las instituciones herejes ideológicos y olvidando que el núcleo del mensaje de Jesús no reduce al otro a una caricatura ni a un enemigo.

En Costa Rica, estas tensiones se han hecho visibles recientemente en el cruce entre política, sectores protestantes e instituciones públicas. A propósito de una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) vinculada a recursos de amparo electoral relacionados con el pastor Reinaldo Salazar y el partido Pueblo Soberano (PPSO), en el contexto de señalamientos sobre propaganda dirigida a electores evangélicos en la campaña de 2026, una “vocería” de las partes “afectadas” calificó la decisión como “terrorismo de Estado”.

La expresión, fuerte y cargada, muestra hasta qué punto el lenguaje político contemporáneo no solo disputa hechos, sino también el sentido mismo de lo que está ocurriendo. Y es ahí donde el debate deja de ser solo institucional y se vuelve más profundo: cuando las palabras se endurecen, también cambia la forma en que una sociedad se mira a sí misma.

Conviene precisar algo elemental: el terrorismo de Estado no es la recepción de una resolución adversa de un tribunal. Es la desaparición forzada, la persecución sistemática, el secuestro de personas por agentes del propio Estado, la tortura en centros clandestinos, el miedo convertido en método de gobierno. Es la experiencia de las Madres de Plaza de Mayo en Argentina, preguntando durante años por sus hijos desaparecidos; es la violencia organizada desde el poder para borrar cuerpos y voces. Todo lo demás exige otros nombres.

Desde ahí, el uso de esa categoría en disputas institucionales actuales no solo desborda la proporción del lenguaje: también diluye el peso histórico de aquello que intenta nombrar. Y abre, además, una pregunta incómoda sobre la responsabilidad de la palabra pública cuando distintos actores compiten por influencia y legitimidad en el espacio político y religioso.

En este escenario, la proliferación de partidos evangélicos —muchos de ellos reciclajes sucesivos entre sí— y su articulación con distintas cúpulas de poder muestra un campo político fragmentado, donde la disputa por representación convive con estrategias de posicionamiento cada vez más móviles. En ese contexto, ciertos sectores cuentan con amplios márgenes de acción pública: pueden convocar conferencias de prensa, predicar libremente, acudir a los tribunales, participar en elecciones y cuestionar decisiones institucionales.

Disponer de esos espacios no equivale a vivir bajo “terrorismo de Estado”. Puede haber desacuerdo, incluso malestar legítimo frente a decisiones judiciales, pero otra cosa es la apropiación de categorías históricas que remiten a experiencias extremas de violencia estatal. No es casual que la Iglesia Católica, conocedora de esa historia, respetuosa de la Institucionalidad y de la densidad del lenguaje humano, no entre ni apoye lógicas de sobredimensión retórica ni de confrontación política directa, precisamente para no vaciar de sentido experiencias y palabras que cargan un peso histórico específico.

No es este un análisis jurídico —no es mi campo, y corresponderá a los que saben establecer sus propias valoraciones—, sino una reflexión de orden moral sobre el uso del lenguaje público. Porque no todo conflicto institucional justifica cualquier forma de nombrarlo, ni toda disputa política puede elevarse sin medida al plano de las grandes categorías históricas.

En el trasfondo de la tradición cristiana, la lealtad última no se ordena a los intereses circunstanciales del poder, sino a Dios mismo como criterio de discernimiento: “Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hechos 5, 29).

Sin tapujos: el lenguaje del odio y sus consecuencias para la democracia costarricense

José Luis Callaci.

José Luis Callaci

Las expresiones agraviantes de la máxima representante del Poder Político hacia los ciudadanos que no comparten sus puntos de vista o propuestas, al llamarles de manera despectiva “comunistas” en nada se diferencian de las utilizadas hoy por algunos otros representantes de la derecha latinoamericana, en la llanura o en gobierno (ver las recientes declaraciones del candidato de la extrema derecha en Colombia, el que se hace llamar “tigre” o el cotidiano lenguaje del gobernante argentino).

Es algo que genera odios y violencia, levanta muros y destroza esos puentes que con tanto esfuerzo fue construido por varias generaciones de costarricenses. Por eso no bastan los simples reclamos o pesares.

No es ignorancia ni torpeza sino algo mucho más grave. ¿Es una estrategia pensada minuciosamente y ordenada a quienes, por encima de ideologías, son parte del dominio del Poder situado al norte del Rio Bravo o Grande?

La práctica democrática de los costarricenses ha sido una constante a lo largo de la historia. Ello permitió construir un país emblemático de claros avances sociales y de sana convivencia en las diferencias.

Ese lenguaje -en una sociedad que decide hacerle un homenaje a un comunista al colocar su busto en un parque de la ciudad y nombrarlo Benemérito de la Patria y que el rostro de una comunista esté estampado en el billete de máxima nominación, solo a modo de ejemplo- representa un ultraje no solo a los comunistas sino a todo el pueblo costarricense.

Permitir que prosperen esos lenguajes y esas acciones agraviantes conducirá, si no se frenan a tiempo, a algo sumamente grave: que se sabe dónde comienza pero no dónde termina.

Ana Cecilia Jiménez: las etiquetas ideológicas funcionan como mecanismos de descalificación y “macartización” política

En el marco del programa Alternativas, realizado recientemente bajo el tema “Más allá de las etiquetas: el lenguaje ideológico que oculta la desigualdad y la acumulación de riqueza en el sistema capitalista”, la socióloga, trabajadora social y presidenta de ACODEHU Ana Cecilia Jiménez Arce presentó una reflexión crítica sobre el uso de etiquetas ideológicas como instrumentos de descalificación política y construcción de discursos de odio.

El texto desarrollado por la autora, titulado “Estereotipos, etiquetas, el macartismo ideológico”, analiza cómo determinados conceptos y símbolos políticos son utilizados desde estructuras de poder mediático, político e ideológico para simplificar, estigmatizar y desacreditar a personas, movimientos sociales y corrientes de pensamiento.

Jiménez parte de una referencia al discurso del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, durante una cumbre de líderes progresistas realizada en Barcelona el 18 de abril de 2026. Allí, Sánchez reivindicó públicamente términos utilizados históricamente de forma peyorativa contra sectores progresistas, feministas, ecologistas o de izquierda.

La autora rescata especialmente la frase:

“Nunca te avergüences de tus ideales… el mundo necesita más gente como tú”.

A partir de ese punto, sostiene que las etiquetas ideológicas funcionan frecuentemente como mecanismos de “desdibujamiento del otro”, orientados a desacreditar adversarios políticos y construir imaginarios de amenaza social.

El documento plantea que expresiones como “zurdo”, “rojo”, “progre”, “verde” o “comunista” adquieren significados específicos dependiendo del contexto histórico y cultural donde son utilizadas. Según Jiménez, estas palabras dejan de ser simples categorías descriptivas y pasan a convertirse en instrumentos de confrontación política y exclusión simbólica.

En su análisis, la autora afirma que la prensa mediática y los sectores de ultraderecha utilizan frecuentemente discursos de odio y estrategias de simplificación ideológica para generar confrontación social y legitimar posiciones autoritarias.

Como ejemplo, menciona declaraciones y discursos políticos recientes en Costa Rica y América Latina, vinculados con la idea de “limpiar de comunistas” determinados espacios sociales o institucionales.

Jiménez sostiene que las etiquetas operan como “mapas simbólicos” cargados de contenido histórico, religioso, cultural e ideológico. Bajo ciertas condiciones políticas, afirma, esas etiquetas son utilizadas para menospreciar, deslegitimar y generar ambientes de agresividad irracional contra personas o colectivos.

El texto también analiza ejemplos históricos relacionados con el color rojo asociado al comunismo, la revolución y la amenaza durante la Guerra Fría, así como el uso del color verde para referirse a movimientos ecologistas, frecuentemente descalificados desde posiciones desarrollistas o extractivistas.

En esa línea, la autora cita al lingüista y analista político Noam Chomsky, señalando que el problema surge cuando las etiquetas “congelan significados” y reducen realidades políticas complejas a categorías simplificadas.

Jiménez concluye que las etiquetas, utilizadas desde grupos de poder en contextos históricos determinados, suelen asociarse a memorias de violencia política y mecanismos de persecución ideológica.

El documento cierra con una reflexión sobre las funciones simbólicas y prácticas de las etiquetas políticas, entre ellas la identificación rápida, la construcción de identidad colectiva, la simplificación mediática y la movilización emocional.

Como anexo, la autora incorpora además un comentario crítico sobre las tensiones entre el expresidente Miguel Ángel Rodríguez y el expresidente Rodrigo Chaves respecto al Poder Judicial, utilizando ambos casos para contrastar actitudes frente a la institucionalidad democrática y la rendición de cuentas.

La participación de Ana Cecilia Jiménez formó parte del espacio de análisis impulsado por Alternativas, dedicado a discutir el lenguaje ideológico y las formas discursivas utilizadas para ocultar desigualdades estructurales y procesos de acumulación de riqueza en el sistema capitalista.

Programa Alternativas analizará el lenguaje ideológico que oculta la desigualdad y la acumulación de riqueza

El programa Alternativas realizará una transmisión especial el próximo 15 de mayo de 2026 a las 18:00 horas (-6 UTC), dedicada a reflexionar sobre el papel del lenguaje ideológico en la legitimación de la desigualdad y la acumulación de riqueza en el sistema capitalista.

La actividad llevará como eje de discusión la idea de que términos como “socialista”, “comunista” o “izquierdista” son utilizados con frecuencia para desacreditar acciones o propuestas críticas del sistema capitalista, funcionando además como una “cortina de humo” que invisibiliza las desigualdades estructurales y el afán permanente de acumulación de ganancia.

El panel invitado estará integrado por:

  • Cecilia Jiménez Arce, máster en Estudios Latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciada en Sociología y Trabajo Social por la Universidad de Costa Rica, presidenta y fundadora de ACODEHU. Ha formado parte de la inscripción del Frente Popular.

  • Alexander Cortés Campos, profesor universitario, máster en Antropología por la UCR, licenciado en Administración Educativa y en Teología, con énfasis en Enseñanza de la Religión y Filosofía. Cuenta con estudios universitarios en Sociología, Historia y Comunicación.

  • Luis Paulino Vargas Solís, economista, profesor universitario jubilado e investigador, autor de libros y artículos.

  • Oscar Madrigal Jiménez, abogado y analista político.

La transmisión se realizará en vivo a través de Facebook Live, YouTube y Spotify.

Asimismo, el programa cuenta con el respaldo de emisoras amigas como Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía, Radio Revolución y Radio 97.3 FM Voces Libertarias. También se indicó que las retransmisiones por 506 Ondas de Alajuelita se realizan los sábados a las 18:00 horas (-6 UTC).

“Comunista”

Por Juan Carlos Cruz Barrientos

Cuando el poder deja de convencer, empieza a etiquetar. Y en ese gesto, convierte palabras en armas y el lenguaje en campo de batalla.

En la política contemporánea, figuras como Donald Trump, Javier Milei y Rodrigo Chaves han convertido términos como “comunista”, “zurdo” o “izquierdista” en instrumentos de combate. No son categorías analíticas ni definiciones ideológicas rigurosas: son etiquetas diseñadas para simplificar, estigmatizar y deslegitimar al adversario.

La historia demuestra que este recurso no es nuevo ni inocente. El señalamiento de “comunista” ha servido como antesala de la violencia. Los ejemplos abundan, pero aquí hay algunos: Maximiliano Hernández Martínez lo utilizó para justificar la masacre de más de 30 mil indígenas en 1932; Adolf Hitler lo integró en su cruzada anticomunista durante la Segunda Guerra Mundial; Augusto Pinochet lo convirtió en argumento para la represión, la desaparición y el asesinato sistemático, como también ocurrió con las dictaduras argentinas tras el golpe de 1976.

Hoy, en pleno siglo XXI, el término “comunista” funciona como un significante vacío. Puede designar a un sindicalista, a un senador demócrata estadounidense, a una feminista, a un ambientalista o a una lideresa indígena. Su función no es describir, sino despojar de legitimidad cualquier crítica que incomode.

Nombrar al adversario como “comunista” no explica lo que es: define cómo debe ser tratado.

Algo similar ocurre con la etiqueta de “terrorista”. Su uso indiscriminado deshumaniza y simplifica. Una vez aplicada, borra matices y convierte demandas de soberanía, autodeterminación o justicia en amenazas contra la seguridad, la paz, la nación. Así, la violencia pasar dominio exclusivo de los adversarios, combatirles no es cuestionado, es más bien un imperativo, una necesidad.

Lejos de ser un simple exceso retórico, este tipo de lenguaje forma parte de una disputa más profunda. Como advertía Antonio Gramsci, el poder no se sostiene solo por la fuerza, sino por su capacidad de construir sentido común: esa trama de ideas y percepciones que hace que el mundo parezca “natural” e incuestionable.

En ese terreno, el lenguaje es decisivo. Durante décadas, instituciones educativas, religiosas y mediáticas han contribuido a fijar asociaciones automáticas: “comunista” como amenaza, “terrorista” como enemigo absoluto. El resultado es una reacción casi refleja: la etiqueta sustituye al análisis.

Cuando la etiqueta reemplaza al argumento, la democracia empieza a vaciarse.

En contextos de crisis o de disputa política intensa, este mecanismo se vuelve más visible. Cuando el consenso se resquebraja, se intensifica la lucha por el sentido. Es allí donde estas etiquetas operan como herramientas en una verdadera “guerra de posiciones”: una confrontación menos visible que la fuerza directa, pero decisiva en la construcción de legitimidad. Etiquetar en ese contexto, es fijar fronteras. No solo se define quién tiene razón, sino quién merece ser escuchado… y quién no. Y más aún, quién merece ser destruido sin que medie ninguna otra explicación.

El uso sistemático de epítetos como estos revela, en última instancia, una fragilidad. Cuando un proyecto político necesita recurrir a la estigmatización constante, lo que evidencia es su dificultad para sostenerse en la argumentación y en la persuasión. En lugar de convencer, busca alinear; en lugar de debatir, intenta clausurar.

La disputa por el lenguaje no es secundaria. Es parte del conflicto político central. Porque allí donde etiquetar sustituye al debate, lo que está en juego no es solo una palabra, sino la capacidad de una sociedad para pensarse a sí misma, deliberar y decidir en libertad.

La obscenidad del poder: nuevo giro político de la dominación contemporánea

Abelardo Morales Gamboa (*)

Entre negocios, espectáculo y dominación, lo obsceno deja de ser excepción para convertirse en regla.

Hay escenas que condensan una época. Por ejemplo, una investidura presidencial en los Estados Unidos, rodeada de magnates tecnológicos y grandes fortunas no es una simple noticia ni un exceso de protocolo; es la expresión visible de una mutación en las formas de dominación contemporáneas. Esa imagen no revela solo la cercanía entre poder político y poder económico —que siempre ha existido-—, sino un cambio profundo en la forma en que el poder se exhibe, se ejerce y se legitima.

La separación ficticia, pero necesaria, entre el interés público y los intereses privados nunca fue absoluta, pero operó durante largo tiempo como principio normativo. Gobernar en democracia implicaba, al menos en el plano formal, mantener una distancia prudente respecto a la acumulación directa de riqueza, así como una moderación en las formas de ejercer autoridad, sobre todo para el beneficio privado de los gobernantes.

Hoy esos límites se han vuelto crecientemente porosos. Tanto en la política internacional como en los contextos locales, irrumpe un tipo de actor que transita con naturalidad entre los negocios y la política. No es solo el empresario que incursiona en la política, ni el político que se aprovecha de su posición para lucrar. Es una figura híbrida que convierte el poder en un recurso de valorización múltiple: económica, simbólica y mediática.

El caso de Donald Trump resulta paradigmático no porque sea único, sino porque revela cómo, según orienta el marketing político, la presidencia puede funcionar simultáneamente como plataforma política, marca personal y entorno de negocios. Pero más allá de los conflictos de interés —que no son menores—, lo que importa es su naturalización. Lo que antes debía ocultarse o justificarse, ahora se exhibe sin reservas.

La metamorfosis no es solo económica. Junto con esa nueva fusión entre poder y acumulación de riqueza, cambian también los códigos culturales del quehacer político. El poder ya no se ejerce únicamente como autoridad institucional o liderazgo programático: se despliega como espectáculo, como performance, como presencia mediática.

El precedente de Silvio Berlusconi ayuda también a entender esta deriva. Durante años, su figura articuló de manera singular poder político, imperio mediático y escándalos sexuales, en un contexto donde la cosificación de las mujeres y la banalización del poder se volvieron parte del paisaje público. Lo que entonces parecía una anomalía hoy adquiere una resonancia más amplia.

La relación entre poder y escándalo no se agota, sin embargo, en figuras individuales. El caso de Jeffrey Epstein puso al descubierto no solo una red global de explotación sexual, sino también las conexiones entre riqueza, influencia y encubrimiento que permitieron su operación. Más que episodios aislados, estos entramados revelan circuitos donde el abuso, los favores y la impunidad operan como parte de economías clandestinas que se entrelazan con espacios de poder.

Cuando estas prácticas son asumidas como un patrón del ejercicio del poder, desnudan la decadencia en las formas de dominación y subordinación. Es ahí donde la obscenidad deja de ser solo un exceso —como en el imperio de Calígula— para revelarse, no en un sentido moralista, sino como parte de las estratagemas de control: aquello que se muestra sin pudor, que rompe los límites de lo que antes debía permanecer fuera de la escena pública.

Surge así una dimensión difícil de ignorar: la creciente perversidad de la dominación. En ella puede observarse cómo ciertos liderazgos incorporan una retórica y una gestualidad donde el cuerpo, la virilidad, el insulto, la humillación y el abuso ocupan un lugar central.

La obscenidad del poder se expresa en varios registros. En el lenguaje, a través del insulto y la caricaturización del adversario. En la gestualidad, mediante la exhibición de una masculinidad amenazante que impone autoridad más por intimidación que por argumentación. Y en la cultura política, en la normalización de prácticas que trivializan la desigualdad de género y de clase, y refuerzan jerarquías simbólicas.

Estos elementos funcionan como medios de dominación que articulan lenguaje, cuerpo y jerarquía. El insulto no es solo una falta de respeto: es un mecanismo de anulación simbólica. La sexualización del discurso no solo es vulgar: es una forma de marcar dominio, de convertir al otro —en particular a las mujeres— en objeto, y de establecer jerarquías que desplazan el debate racional.

No se trata únicamente de una devaluación del lenguaje público, sino de la transformación de la política en un espacio donde la dominación se exhibe sin mediaciones y donde la deliberación cede ante la imposición y la teatralización de la autoridad. Lo que se exhibe sirve también como mecanismo encubridor.

Este tipo de liderazgos, que suele presentarse como “auténtico”, “directo” o “sin filtros”, funciona porque conecta con un clima social marcado por la ansiedad, la frustración, el desencanto y la ira. Allí donde amplios sectores experimentan inseguridad material y desconfianza institucional, el discurso agresivo encuentra resonancia.

Pero esa conexión no es espontánea. Se construye. La agresividad canaliza malestares difusos; el desprecio por las normas se presenta como rebeldía; y la ostentación de poder —económico o simbólico— se interpreta como eficacia.

En ese marco, la política deja de ser percibida como un espacio de mediación entre intereses diversos y pasa a definirse como el terreno del más fuerte. No del que puede convencer, sino del que logra vencer. No se trata de deliberar, sino de doblegar.

Esta mutación tiene consecuencias más profundas de lo que suele admitirse. Al desdibujarse la frontera entre lo público y lo privado, la autoridad política pasa a operar como un recurso disponible para la acumulación, el exhibicionismo y el encubrimiento. Al mismo tiempo, se transforman las condiciones de la vida democrática: la política deja de ser racional y el conflicto político se tramita mediante la descalificación. No estamos solo ante un cambio de estilo, sino ante una alteración en la forma en que se produce legitimidad.

Cuando la obscenidad del poder consuma la transgresión de límites —en el lenguaje, en los gestos, en la exhibición de la dominación—, lejos de debilitar a estos liderazgos, puede reforzarlos. La falta de pudor se convierte, paradójicamente, en un recurso de autenticidad.

Pero esa eficacia tiene un costo. Se erosionan los vínculos sobre los que descansa cualquier comunidad política civilizada. Cuando el autoritarismo se vuelve espectáculo, la desigualdad deja de ser un problema y empieza a ser aceptada como valor.

Por eso, el desafío no es únicamente ético y comunicacional. Es político en un sentido más profundo: remite a la manera en que se reconfiguran las relaciones entre poder, sociedad y cultura.

Frente a este escenario, la respuesta no puede reducirse a la denuncia moral ni a la nostalgia. Implica reconstruir condiciones que limiten esa captura privada y obscena del poder, pero también desmontar los códigos culturales que hoy le otorgan legitimidad.

Mientras esa forma de dominación basada en la imposición siga siendo percibida como eficacia, seguirá encontrando adhesión.

Y ahí se juega lo esencial: si el poder se ejerce como forma de apropiación privada o como servicio al bien común.

(*) Sociólogo, comunicador social y analista internacional.

Los límites del lenguaje diplomático

Eugenio Trejos Benavides
Exrector del TEC y exembajador en Honduras

El cierre de la embajada de Costa Rica en Cuba trasciende el ámbito estrictamente diplomático. Aunque la medida puede interpretarse como un acto de distanciamiento político frente al régimen cubano, su significado se amplía cuando se acompaña de expresiones como “limpiar al hemisferio de comunistas”, fórmula que desplaza la discusión desde la defensa de los derechos humanos hacia un registro de confrontación ideológica.

Un Estado democrático tiene plena legitimidad para cuestionar a regímenes autoritarios y denunciar violaciones a las libertades fundamentales. Sin embargo, esa legitimidad se debilita cuando la crítica deja de formularse en términos institucionales y adopta un lenguaje excluyente, que sustituye el análisis de conductas estatales por categorías ideológicas de antagonismo. En ese desplazamiento, el debate público corre el riesgo de apartarse de los principios que deberían orientar una política exterior fundada en el derecho internacional, la prudencia diplomática y la defensa coherente de los derechos humanos.

En el caso costarricense, esta situación adquiere una relevancia particular. La proyección internacional del país se ha sustentado históricamente en referencias al civilismo, la moderación y la solución pacífica de las controversias. Desde esa perspectiva, una decisión de esta naturaleza produce efectos que exceden la relación bilateral con Cuba. En el plano regional, puede incidir en la reconfiguración de alineamientos, debilitar el margen de Costa Rica como interlocutor moderado y dificultar espacios de cooperación en un contexto hemisférico ya marcado por fuertes polarizaciones. En el ámbito interno, puede favorecer una lectura crecientemente ideologizada de la política exterior, tradicionalmente concebida como una política de Estado.

La defensa de los derechos humanos exige firmeza, pero también prudencia discursiva. Cuando el lenguaje político se radicaliza, la diplomacia pierde capacidad de interlocución y la controversia pública se desplaza desde la deliberación institucional hacia la confrontación simbólica. Más que fortalecer la autoridad moral del Estado, ese giro puede debilitar la consistencia del mensaje que Costa Rica busca proyectar tanto dentro como fuera de sus fronteras.

El poder y las palabras

José Manuel Arroyo Gutiérrez

El ejercicio del poder político está indisolublemente unido a las palabras: palabras-leyes; palabras-decretos; palabras-sentencias; y palabras-programas-promesas-discursos… Este ejercicio puede ser creativo, pedagógico, constructivo y noble; puede ser también equilibrado, justo, compasivo y solidario; y nos puede hacer soñar en un mundo mejor para todos y todas. Es decir, el ejercicio del poder político puede estar al servicio de la convivencia libre y democrática.

Pero ese ejercicio puede degradarse y corromperse, de igual manera mediante la utilización de otras palabras: palabras-mentiras; palabras odios; palabras-insultos; palabras soeces como canallas, mal paridos, corruptos, puta, mirála… Es decir, el ejercicio del poder puede rodar al abismo de la vulgaridad y la bajeza; ser destructivo y desmoralizante, y de paso, estar al servicio de la violencia dictatorial o autocrática.

El hombre o la mujer que aspira a dirigir un país, si tiene algo realmente importante que ofrecer y hacer, no tiene por qué recurrir a las malas palabras. Un lenguaje decente es indicativo de compromiso auténtico con lo que se dice, aunque se pueda estar equivocado. Puede ser vehemente sin llegar a la estridencia; poderoso sin tener que gritar; y por supuesto, puede ser convincente defendiendo verdades, sin el recurso a denigrar al adversario.

Entre otros asuntos trascendentales nos corresponde adecentar el proceso electoral en el que estamos inmersos.

La geopolítica del lenguaje neocolonialista y neoimperialista

Vladimir de la Cruz

¿De qué hablamos cuando hablamos de “América”?

Con más frecuencia hoy se divulga el concepto de geopolítica para tratar de entender el enmarañado mundo de las relaciones internacionales, y el papel que en ellas juegan los grandes países, las grandes potencias como también se les reconoce, los países que desempeñan un papel hegemónico en grandes regiones y con proyección mundial, los países que subordinan a otros países o someten regiones a su influencia y a sus decisiones políticas, económicas, militares y culturales, entre otras.

La geopolítica tiene que ver con la geografía en cuanto a espacio y en cuanto a ordenamiento político. La geografía como ciencia define territorios más allá de lo que en esos territorios existe como regiones políticas delimitadas. Así, por ejemplo, América Central como región geográfica es la extensión que se concentra entre la cuenca del Río Atrato, en Colombia, y el Istmo de Tehuantepec, en México, mientras que si se dice Centroamérica, responde este concepto a los países de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Hoy se ha extendido, la región de Centroamérica, por razones políticas y económicas a Belice, a Panamá, y para algunos efectos a República Dominicana.

Geopolítica también se refiere a la constitución de bloques de países que actúan conjuntamente para atender situaciones políticas, económicas o militares. Geopolítica, igualmente atiende las regiones en conflictos bélicos particulares, donde se encuentran países o regiones en disputas militares políticas y territoriales, y detrás de ellos otros países apoyándolos en sus disputas procurando el triunfo de ellos y el control que puedan generar de los territorios, con sus riquezas naturales, que se encuentran sometidos a esos enfrentamientos.

La geopolítica atiende no solo el espacio geográfico territorial, sino también el espacio de aguas territoriales que les pertenecen a los países o regiones así definidas, a sus espacios aéreos, que también se someten a control, con todo el impacto diplomático que ello contiene, como su repercusión a organismos multilaterales.

Desde hace algunos años se distingue la geografía política y geopolítica, entendiendo la geografía política como parte de la geografía humana mientras la geopolítica como la proyección o expansión internacional de un país en sus áreas periféricas, que impone a la vez el control o el proteccionismo de carácter comercial, la competencia sobre recursos naturales

Detrás de estos conceptos también está la geoestrategia, el control monopólico que se trata de tener sobre rutas comerciales, de transporte y de mercados de materias primas, especialmente estratégicas, minerales o alimentarias como control de mercados de mano de obra barata, para las inversiones extranjeras que se colocan en esos países sometidos a las áreas de influencia geopolíticas.

De manera muy simple se podría decir que la geopolítica es todo aquello que altera el desenvolvimiento pacífico de las relaciones internacionales.

Desde el ascenso a la Presidencia de los Estados Unidos, de Donald Trump, como presidente de ese gran país, se ha impuesto un modelo geopolítico internacional, donde Washington trata de liderar a la fuerza las relaciones internacionales, que como país, Estados Unidos contribuyó a construir.

Así, Trump ha violentado los Tratados Internacionales especialmente comerciales, violándolos unilateralmente, imponiendo en ellos tratamientos que chocan con los intereses regulados en esos tratados, de los países a los cuales trata de imponérseles, de manera ventajosa para los Estadios Unidos, afectando los intereses comerciales y económicos de sus socios comerciales.

Las reglas de carácter arancelario que ha impuesto, de elevar sustantivamente los aranceles a los productos de esos tratados, considerando que Estados Unidos tienen una balanza de pagos desfavorable en esos Tratados ha alterado las relaciones políticas, comerciales y diplomáticas con países como México y Canadá, que forman parte de un Tratado regional, países que ha reaccionado fuertemente contra Trump y sus políticas. Igualmente ha sido con la República Popular China, solo que China ha actuado con la fuerza que también tiene comercialmente para neutralizar bastante las agresivas políticas que Trump quiso imponerles. China ha ido más allá. Ha declarado, desafiando a los Estados Unidos, que a partir del 2026, las actividades comerciales con China, y los inversionistas que quieran allí establecerse, no serán sometidos a aranceles que perjudiquen sus actividades.

Con países como los de Centroamérica, sencillamente Trump se ha impuesto sin fuerte reacción de sus aliados, por la debilidad de las economías como por la debilidad política de sus gobiernos, haciendo excepción en el caso latinoamericano de Brasil y México.

En el lenguaje político del presidente Trump ha ido más lejos comprometiendo su política exterior: ha considerado que Canadá debe integrarse como parte de la Unión Americana, situación que enfrentó al primer ministro canadiense defendiendo su Soberanía e integridad territorial.

El actual presidente de los Estados Unidos ha amenazado con la necesidad de que Groenlandia pase a ser un Estado de la Unión Americana, enfrentando con ello al Reino de Dinamarca, habida cuenta que Groenlandia es un territorio autónomo de ese Reino, desde 1979 y parte de Dinamarca desde 1953.

Estados Unidos en 1946 habían intentado comprar Groenlandia. En 1951 se autorizó que la OTAN pusiera bases militares en ese territorio, en el contexto de la Guerra Fría que acaba de surgir. Igualmente, el ejército estadounidense podía usar y moverse libremente entre estas áreas de defensa, sin infringir la soberanía danesa en Groenlandia. Estados Unidos expandió considerablemente la Base militar Aérea de Thule entre 1951 y 1953 como parte de una estrategia de defensa unificada de la OTAN.

El gobierno de Estados Unidos intentó construir una red subterránea de sitios secretos para el lanzamiento de misiles nucleares en la capa de hielo de Groenlandia, lo que se conoció como “Proyecto Iceworm”. Esto es parte de lo que hoy Trump quiere desarrollar para ejercer n mayor control no solo del territorio groenlandés, sino también de las rutas comerciales navieras que bordean la parte norte de Groenlandia y del Círculo Polar Ártico, en esa parte del mundo, con influencia de China.

El interés de Trump, desde el 2019, es la gran región territorial que constituye Groenlandia, sus llamadas tierras raras, y riquezas naturales que son muy ricas, entre otras de aluminio, plomo, zinc, hierro, uranio níquel, platino, tungsteno, titanio, cobre, rubíes y otras piedras preciosas, y su poca o escasa población, de tradición Inuit. La Unión Europea no ha reaccionado en defensa o solidaridad con el Reino de Dinamarca frente a esta amenaza de apropiación que valora hacerla incluso militarmente.

Con México Trump impuso un conflicto al llamar al histórico Golfo de México como Golfo de América. El Golfo de México hoy lo comparten Cuba, México y los Estados Unidos, en sus regiones de Cuba, la Artemisa Pinar del Río, de los Estados Unidos, Alabama Florida Luisiana Misisipi Texas, y de México, Campeche Tabasco Tamaulipas, Veracruz y Yucatán, siendo el litoral de México en el Golfo de México de 3.294 kilómetros y el de Estados Unidos es de 2.626 kilómetros.

Desde el 20 de enero del 2025 Trump impuso con la Orden Ejecutiva 14172 que todas las agencias federales de los Estados Unidos llamen al golfo de México como Golfo de América.

Igualmente, Trump siguiendo la tradición que han mantenido de definir a América con su propio territorio y constitución de los Estados Unidos, considerando incluso, como se enseña la geografía en ese país, que Estados Unidos es Norte América y el resto, a partir del o Río Grande Bravo, frontera colindante, de poco más de 3000 kilómetros, con México, es Sur América, se empeña hoy en enfatizar en ese sentimiento de América y Americanos solo para identificar al territorio de Estados Unidos y sus habitantes, como una nueva modalidad de ubicarse en el mundo actual, en su papel hegemónico y geopolítico dominante que trata de implantar a la fuerza.

La América, considerada como un continente, así se llama desde la dominación conquistadora y colonizadora principalmente española y portuguesa. Su nombre se debe a Américo Vespucio, comerciante, cosmógrafo, explorador y gran navegante que en sus dos viajes a la región “descubierta” por Cristóbal Colón, que dio inicio a esa conquista y colonización, tuvo la visión de entender y divulgar que estaban frente a nuevas tierras, que empezaron a conocerse como las Tierras de Americus.

Colón, por su parte, en su intento de llegar a la India por la ruta occidental, y no por el mediterráneo y rutas terrestres tradicionales en aquella época, pensó que había llegado a las Indias Occidentales, como se llamó originalmente toda la región. Colón falleció en 1506 sin tener idea del nuevo continente. Incluso tuvo el título de Gobernador General del Virreinato de Indias, desde el 17 de abril de 1492 hasta el 10 de marzo de 1496, extendido luego desde el 30 de agosto de 1498 hasta el 23 de agosto de 1500.

El concepto “americano” que hoy Trump quiere impulsar, en su objetivo geopolítico de dominación hegemónica, no tiene asidero histórico. Veamos.

Geográficamente el continente americano se divide en varias regiones, América del Norte, América Central y América del Sur.

La América del Norte comprende a Canadá, Estados Unidos y México, a Groenlandia y el Archipiélago Ártico Canadiense, hasta el Istmo de Tehuantepec en México.

La América Central Ístmica: comprende la región entre el Istmo de Tehuantepec en México, y la cuenca del río Atrato en Colombia, con los países Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.

La América del Sur se extiende desde la cuenca del Río Atrato en Colombia hasta el extremo sur del continente, con los restantes países, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia, Paraguay, Brasil Uruguay y las tres Guayanas británica, francesa y holandesa: Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.

A la parte continental del territorio americano se considera también la parte insular o de las Antillas, que comprende a los siguientes países Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Antigua y Barbuda, Barbados, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y Trinidad y Tobago, Bahamas, Barbados, el Estado de Puerto Rico, y una serie de pequeñas islas, consideradas las Antillas Menores, dependencia ellas de otros países, tres territorios de ultramar de Inglaterra, cuatro departamentos y colectividades ultramarinos de Francia, tres territorios autónomos de la Países Bajos.

Así, la América tiene sus especificidades para sus respectivas denominaciones. Si decimos “americanos” hablamos de toda la América, si decimos “norteamericanos” nos referimos a los de la América del Norte, los “centroamericanos” referidos a la parte política de la actual Centro América y “sur americanos” a los que habitan la América del Sur. Los referidos a la América Insular se les denomina “caribeños” ya que estas islas se ubican en el Mar Caribe, que comprende la parte tropical del Océano Atlántico hasta las costas de la América Central.

Si se trata la América por la presencia europea que la conquistó, colonizó y dominó por 300 años tenemos también regiones: Hispanoamérica, la que dominó España; Luso América, la que dominó Portugal; Anglo América, la que dominó Inglaterra o Gran Bretaña, la Franco América, dominada por Francia, denominaciones que también se traducen al idioma de los conquistadores y colonizadores dominantes; Ibero América cuando se unen España y Portugal como países dominantes; Latino América cuando se agrega Francia junto a España y Portugal; Anglo América a las regiones bajo la influencia Inglesa, así como también se usa la América Neerlandesa, por la influencia Holandesa.

Estas diferencias se han llevado a polémicas internacionales que tienen que ver con las Academias de los Idiomas o Lenguas, para precisar la definición den los gentilicios y formas de llamar a los habitantes de las distintas regiones, incluso considerando un nombre como sustantivo o como adjetivo.

Así la Real Academia de la Lengua Española recomienda no usar el término “americano” o “América” para referirse exclusivamente a los habitantes de los Estados Unidos. En este sentido se debe usar “estadounidense”, que frente a la arremetida lingüística geopolítica de Trump es como deberíamos enfatizar quienes nos oponemos a esa agresión geopolítica.

Fue usual que en las guerras de independencia de la América Española se usara el concepto “americano” para distinguirse de los “españoles”.

No se debe usar el concepto suramericano para distinguir a los habitantes de toda la América de habla hispana, incluyendo a los mexicanos, y por extensión a los de habla francesa, portuguesa, u holandesa.

El uso de América para referirse a los Estados Unidos, y de americanos para sus habitantes, es lo que se impuso en la tradición inglesa y en la tradición anglosajona, así avalado por el Oxford Dictionary.

Políticamente nos corresponde llamar la atención, en este momento de la Historia que vivimos, llamar en nuestros escritos y habla, a los habitantes de los Estados Unidos, “estadounidenses”. Es la forma más precisa de combatir el trumpismo galopante como nueva forma ideológica de dominación, que afecta usos, tradiciones y conceptos históricos de nuestras comunidades identitarias.

El continente América seguirá siendo la Casa Común de todos los que lo habitamos. Las particularidades identitarias serán válidas para las regiones. Pero, la particularidad de los estadounidenses no debe extenderse de manera equivocada como americanos solo para ellos.

La Organización de los Estados Americanos, OEA, que nos reúne a todos los del continente, se define a sí misma como la organización de todos los Estados americanos, en inglés “The Organization of American States”, y en español, “la Organización de los Estados Americanos”.

Cuando Colón llegó a América desconocía su existencia como continente, y como tierras pobladas y organizadas social y políticamente. Como las tierras americanas no eran dependientes de los reinos europeos, con la orden de apropiarse de las tierras que no pertenecieran a otros reinos europeos, se las apropio en nombre de los Reyes Católicos de España, dando origen a esa idea del descubrimiento de nuevas tierras, y de lo que llegó a constituirse como el imperio colonial español.

El territorio estaba ampliamente poblado. Todo el continente se dice entre 90 y 110 millones de habitantes, Centroamérica de entre 5 y 7 millones, Costa Rica, entre 500.000 y un millón de habitantes. No se podía descubrir lo que estaba ampliamente poblado, y que en su interior había grandes imperios y sociedades muy desarrolladas.

Todos estos habitantes americanos con sus organizaciones sociales y políticas debidamente funcionando, con sus sistemas políticos reconocidos y legitimados en su existencia, que fueron violentados en todo su ordenamiento para imponerles el modelo de organización política, económica, religiosa, social, jurídica e ideológica de España, Portugal, Francia e Inglaterra, según se fueron estableciendo como modelos de organización política y de vida social.

La llegada de los españoles durante 400 años dominó el recuerdo y la celebración de aquel encuentro de culturas. El primer centenario, el segundo centenario y el tercer centenario de esa llegada o presencia no se celebró. El cuarto centenario, 1892, cuando la América, casi toda, ya era independiente se celebró mundialmente con la Exposición Mundial de Barcelona desde 1888, de donde surgió también el concepto de España como la Madre Patria de todo el continente, y se inauguró el Monumento a Colón, época en que se aumentaron los estudios sobre América.

En Washington se había producido la I Conferencia Panamericana, enrre1889 y 1890, y en Madrid la Exposición Histórico-Americana y la Exposición Histórico-Europea, que se celebraron entre el 12 de septiembre y el 31 de diciembre de 1892.

Con la celebración del V Centenario de la llegada de los españoles, en 1992, se replanteó la forma de su celebración y se produjo la idea del Encuentro de Culturas frente a la idea del Descubrimiento. El 12 de octubre asociado a la llegada de Colón al continente se cambió en ese sentido en su celebración.

Parte de ese cambio fue declarar en algunos países el Día de los Pueblos Indígenas, como así se le ha llamado en Estados Unidos, desde 1968, hasta el jueves 9 de octubre del 2025 cuando el Presidente Trump, en esa arremetida que tiene contra los valores que no comparte y que quiere destruir ideológica y geopolíticamente, proclamó que este día en los Estados Unidos debía llamarse el Día de Cristóbal Colón, agregando que amaba a los italianos, y proclamando el día feriado en honor al Gran Almirante y navegante, borrando de esa manera la proclamación que había hecho el Presidente Biden, en 2021, de declarar ese día como el Día de los Pueblos Indígenas, que honraba la historia de los nativos y pueblos autóctonos americanos, evocando también las matanzas y extinción que significó la conquista de América desde la llegada de Colón.

Trump así se ha puesto a exaltar ese genocidio conquistador colonialista, que lo identifica con el apoyo que hoy le da, con su gobierno, a las guerras colonialistas, expansivas y genocidas que se siguen dando en el mundo actual.

Estamos frente a constantes neologismos políticos, hegemónicos e ideológicos que procuran justificar la nueva dominación geopolítica que se impulsa bajo el gobierno de Donald Trump, en los Estados Unidos.

Compartido con SURCOS por el autor.

Reencuadrar la política: claves para una campaña progresista en tiempos de enojo

Por Juan Carlos Cruz

En las últimas semanas, los textos de José Pablo Cárdenas (Semanario Universidad) y Montserrat Sagot (Facebook) han puesto sobre la mesa una advertencia urgente para las fuerzas progresistas: no se puede construir una campaña electoral desde el desprecio a los votantes del chavismo ni desde la caricatura de su líder. Ambos coinciden en algo esencial: hay un malestar profundo que recorre a amplios sectores del país, y la izquierda no logrará disputarlo si sigue hablando desde la superioridad moral o la frialdad técnica.

Ese diagnóstico puede leerse a la luz de los planteamientos del lingüista y analista político George Lakoff, quien ha mostrado que toda disputa política es, antes que nada, una batalla por el lenguaje. Los marcos mentales —esas estructuras invisibles que organizan cómo entendemos el mundo— determinan el sentido del debate público. Repetir el marco del adversario, incluso para refutarlo, solo refuerza su hegemonía.

La derecha lo entendió hace tiempo: habla de “cargas” cuando se refiere a los impuestos, de “orden” cuando justifica la represión, de “libertad” cuando en realidad promueve la competencia sin límites. Cada palabra activa valores: disciplina, propiedad, autoridad. Frente a eso, la izquierda suele responder con datos, planes y cifras. Pero la razón, sin emoción ni relato, no moviliza.

Cárdenas, en Esa corriente feroz, describe el “chavismo social” como expresión de un malestar acumulado por décadas de exclusión. Ese río de rabia y frustración —dice— fue capitalizado por Chaves y sus aliados, pero no les pertenece. Lo que falta es una narrativa capaz de redirigir esa energía hacia la justicia, no hacia el resentimiento. Su lectura coincide con Lakoff: no hay que repetir la teoría de la inferioridad moral del adversario, sino comprender las emociones que lo sostienen y construir otro marco simbólico.

Por su parte, Montserrat Sagot recuerda que la gente no vota movida por la racionalidad técnica, sino por afectos: enojo, miedo, esperanza. Advierte que burlarse de figuras autoritarias o tratarlas como anomalías solo consolida su papel de “víctimas del sistema”. Y que, sin conexión emocional, toda campaña progresista está condenada a perder antes de empezar.

De ambos textos se desprende una lección: no basta con denunciar el neoliberalismo, hay que hablar otro idioma político. Uno que active valores de cuidado, equidad, comunidad y dignidad. La izquierda necesita abandonar el lenguaje reactivo —“defenderse del comunismo”, “justificar subsidios”— y empezar a reencuadrar los conceptos desde su propia visión del mundo. Seguridad puede ser cuidado colectivo, libertad puede ser autonomía popular, desarrollo puede ser bienestar común.

Esta tarea no se limita al discurso. Implica recuperar la tradición republicano-socialista que Antoni Domènech reivindicó: la libertad no como ausencia de interferencia, sino como no-dominación. Ser libre no es elegir entre marcas o empleos precarios; es no depender de favores ni de poderes arbitrarios. Es tener tiempo y recursos para vivir sin miedo y decidir en comunidad.

Una campaña progresista debería partir de esa idea: la libertad real requiere justicia social. No se trata de prometer más Estado, sino de reconstruir la noción de lo común. De hacer sentir que el bienestar de uno depende del bienestar de todos.

El desafío, entonces, es narrativo y político a la vez. En un tiempo donde el enojo se ha vuelto combustible electoral, las fuerzas progresistas deben disputar el sentido común no desde la confrontación moral, sino desde la empatía y la esperanza. En palabras que podrían resumir todo este debate: la dignidad no se mendiga; se construye desde abajo, con justicia y con memoria.