Ir al contenido principal

Etiqueta: Ley de Aguas

Las amenazas a la Ley De Aguas del Dr. Calderón Guardia

Escrito en . Publicado en Agua, Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

Freddy Pacheco León*

Prohibido pescar camarón

A su llegada a Costa Rica, después de finalizar sus estudios de Medicina en Bélgica, el joven doctor Rafael Ángel Calderón Guardia no pudo menos que impactarse por la situación social y económica de sus compatriotas. La indolencia de los gobiernos sumada a la pasividad de la iglesia católica costarricense, mantenían una clase de inmovilismo muy cómodo para los que ostentaban el poder. El pobre debería de agradecer a Dios su situación; con ello se aseguraba su lugar en el cielo.

La ESPERANZA DE VIDA era inferior a los 47 años, y por supuesto, las familias obreras y campesinas eran las más abatidas. Situación que conocía muy bien desde su función de médico. Diputado a partir de 1935, comprometido con los más pobres, sabía que sus desvelos, causados por las escasas respuestas del Estado, le perseguirían mientras no tuviera oportunidad de actuar y poner en ejecución la doctrina social de la iglesia de la que se había nutrido en Europa.

Así, al quedar electo presidente con un apoyo superior al 80% de los votos, fiel a sus ofrecimientos de campaña, se dedicó con especial ahínco a elaborar los proyectos de ley que le sirvieran al pueblo encontrar los senderos que les permitieran alcanzar el anhelado BIENESTAR SOCIAL. Fueron meses altamente fructíferos, durante los cuales se emitieron leyes y reformas constitucionales que atendieron las necesidades urgentes. Y así, sin perder valioso tiempo, puso manos a la obra. Hizo nacer la “Junta Nacional de la Habitación y la Cooperativa de CASAS Económicas «La Familia», La “Reforma Constitucional de las GARANTÍAS SOCIALES” que sentara las bases de la justicia social ausente del hogar costarricense. Y no menos trascendente fue la ley que establecía los SEGUROS SOCIALES obligatorios… “como única fórmula que armoniza los intereses en pugna del capital y el trabajo, pues tiende a establecer como bases de las relaciones humanas los eternos principios de justicia y solidaridad cristianos, frente a los cuales no existen, o no deben existir, diferencias de clases, sino únicamente hombres que sufren y hombres que tienen el deber de aliviar esos sufrimientos”, defendió ante el Congreso.

Asimismo, nació la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, abriendo de esta forma las puertas hasta entonces cerradas, por las que pasarían miles de jóvenes que solo podían aspirar a un certificado de educación secundaria. Pero más allá también del muy reconocido Código de Trabajo, que vendría a establecer jornadas laborales, salarios mínimos y otras normas desconocidas en el país, el médico-presidente no podría haber dejado de lado los aspectos de salud, de salubridad, de las enfermedades contagiosas, de las situaciones provocadas por el acceso limitadísimo al agua potable en cantidad y calidad adecuadas.

Gran conocedor de que LA BASE FUNDAMENTAL de una mejor calidad de vida estaba en el acceso al agua como un bien “de dominio público”, “de propiedad nacional”, concesionable, creó el 26 de agosto de 1942, LA LEY DE AGUAS (Ley Nº 276). En ella se determina sabiamente que el recurso agua habría de ser administrado por la “Sección de Aguas Potables” de la Secretaría de Salubridad Pública y Protección Social, encargada de “todo lo relacionado con la utilización y administración de las aguas de las cañerías y de los servicios sanitarios”, que incluye “su tratamiento técnico para hacerlas potables; la provisión de ellas a las diversas poblaciones conforme se vaya determinando; la vigilancia de los servicios respectivos y la preparación de planos, diseños, organización, técnica y manejo de los servicios de cañerías o sistemas de distribución de aguas para servicios sanitarios”. Y para garantizar la viabilidad de tan innovadora (para la época) función estatal, se determina que “Lo relativo a la ejecución, construcción y reparación de las obras necesarias para tales fines, corresponderá a la Sección o Departamento de Cañerías de la Secretaría de Fomento”.

Ley de Aguas que HA SIDO ACTUALIZADA a través de los años para adecuarla a la cambiante realidad nacional, que ha permitido que por medio de sus 57 REFORMAS, siga siendo una ley fundamental para el desarrollo de Costa Rica. Ley que ha sustentado, desde esa visión cristiana conque la gestó el Dr. Calderón Guardia, el avance social que hoy caracteriza al pueblo costarricense, que hoy presenta orgullosamente una expectativa de vida de 80 años. Pero Ley de Aguas que hoy, paradójicamente, está en peligro de muerte.

Ley de Aguas que hemos de defender, por su carácter histórico, por su CAPACIDAD A ADAPTARSE a los nuevos requerimientos de la sociedad costarricense, por su excelencia, y más que todo, por la base social que le impregnara sabiamente su gestor, gracias a su visión de futuro y su capacidad de estadista.  Ley de Aguas que ahora, con el argumento único de que “es muy vieja”, pretenden sustituirla por una nueva ley que despierta mucha desconfianza en vista de SU ORIGEN y su ECONOMICISTA planteamiento.

NUEVA Ley de Aguas que caracteriza al agua como un “BIEN ECONÓMICO”; que al señalar de soslayo que su acceso es un derecho humano, le elimina el que sea EN CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS; que NO regula siquiera LA EXPORTACIÓN del agua cuando se pudieren dar condiciones de abastecimiento que así lo demanden; que crea una REGRESIÓN AMBIENTAL irreparable en los procesos estatales de investigación y gestión de los ACUÍFEROS SUBTERRÁNEOS al destrozar al Senara; que PRIVA al AyA de sus funciones de GOBERNABILIDAD del agua como recurso de dominio público; que crea SOCIEDADES ANÒNIMAS que se encargarían de las aguas de uso agropecuario, ajenas al AyA y a las Asadas de su misma zona.

Y que esconde detrás de UNA MÁSCARA DE “INICIATIVA POPULAR”el que se trata de una nueva Ley de Aguas redactada y promovida por intereses propios de la Global Water Partnership (GWP), ente estructurado por el BANVO MUNDIAL vinculado a los comerciales “FOROS Mundiales del Agua” organizados por las transnacionales del agua y por el World Water Council (WWC), TODOS PROMOTORES DEL AGUA COMO UN BIEN ECONÓMICO, ¡antes que socia!!

Nueva Ley de Aguas que tuvo un alto costo en su elaboración y promoción a nivel nacional, que habiendo ingresado a la Asamblea Legislativa por el mecanismo de “Iniciativa Popular”, en claro incumplimiento de las normas constitucionales, transgrede el “Principio de Conexidad” debido a LOS CAMBIOS VITALES que sufriera durante su trámite en comisión legislativa.

*Doctor en Biología

 

Información enviada a SURCOS Digital por el autor.

Suscríbase a SURCOS Digital:

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Nuevo proyecto de ley de aguas contaminado con GWP

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Prohibido pescar camarón

Freddy Pacheco León*

Una trascendental tarea habremos de plantearnos los costarricenses con el fin de descontaminar el proyecto de ley de la nueva Ley de Aguas que ha hecho aparición ante una aparentemente dormida opinión pública, y que fuere aprobado en primer debate el pasado lunes 31 de marzo del 2014, sin que los señores diputados hubieran conocido el texto salido de comisión legislativa… un día hábil antes. Y es que entes y personas supuestamente interesadas en poner en vigencia una nueva ley, creen que tal necesidad urgente se satisface con «cualquier» nueva ley, y así actúan interesadamente.

Por muchos años, y a partir de influencias políticas que ahora se quieren disimular, grupos creados a nivel nacional y centroamericano han podido invadir el campo de acción del manejo de los recursos hídricos, con el cuento de las asesorías. Incluso, presentándose como representantes de Costa Rica ante uno y otro Foro Mundial del Agua, que no son más que centros de influencia auspiciados por empresas transnacionales del agua como la Nestlé, Vivendi, Avian, Suez, la Coca Cola internacional y el Banco Mundial, entre otros.

Entre tales grupos destaca el llamado «Global Water Partnership» o GWP (Asociación Mundial del Agua) estructurada por el Banco Mundial como parte de su inhumana estrategia de arrebatar a los pueblos su agua potable de carácter de bien de dominio público, mediante procesos de privatización disfrazados de proyectos público-privados.Como parte de esa estrategia, dicho ente financiero estadounidense no solo han condicionado algunos de sus préstamos a la privatización del servicio público del agua, sino que ha hecho uso de las normas de la Organización Mundial del Comercio, por medio de los instrumentos del libre comercio. Es decir, por los tratados de libre comercio, como el TLC «pasado por agua» que entró en vigor en nuestro país. A partir de su experiencia como dirigente regional de la GWP, la ex diputada Maureen Ballestero se ha destacado en ese proceso.

Y es que la GWP, de tenebrosos antecedentes, favorece a las transnacionales del agua que actúan bajo la imposición del poder financiero y los dogmas del libre comercio, sin importar las crecientes amenazas que se ciernen sobre la sedienta población mundial.

Al revisar el proyecto de la nueva Ley de Aguas, que ingresara por la Ley de Iniciativa Popular gracias a la recolección de firmas de personas en su mayoría engañadas de lo que estaban suscribiendo (¡muchos creyeron que se trataba de la declaratoria del acceso al agua potable en calidad y cantidad suficientes como un derecho humano!) se nota claramente la acción contaminante de la GWP en su redacción. GWP que en el programa Matices de Radio Monumental del pasado lunes 1º de setiembre, en palabras de la presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, se encuentra presente en el Minae, el AyA, el Senara, las universidades públicas, Cedarena, Fanca, Anda, etcétera.

Pero donde más se nota la contaminante influencia de la GWP–Banco Mundial, es en el agregado que como “sin querer queriendo” le hicieron al proyecto anterior (el del 2009) donde se sustituye como principio general que “EL AGUA ES UN RECURSO DE USOS MÚLTIPLES, SIENDO EL CONSUMO HUMANO EL PRIORITARIO”, por el que dice “El agua tiene un VALOR ECÓMICO en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debe reconocérsele como un BIEN ECONÓMICO”. Tal vez porque hacían muy evidentes sus intenciones, no copiaron completo el “principio” que rige a la GWP (de la Declaración de Dublín) que textualmente dice que “El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debería ser reconocida como un BIEN ECONÓMICO más que como un BIEN SOCIAL”.

Principios que para ejecutar (¡y así lo aprobaron en primer debate los señores diputados que confiaron en un trabajo interesado de comisión!) le arrebata al AyA su gobernabilidad sobre las aguas de dominio público (como bien demanial que es), le baja el perfil a las Asadas que se rigen por la Ley General de la Administración Pública y por las directrices del AyA, para fortalecer a las llamadas “Sociedades de Usuarios del Agua” que en una misma región administrada por una Asada, pueden ser conformadas por cinco personas para ejecutar el derecho a “obtener concesiones para el aprovechamiento de las aguas para fines agropecuarios…” sin que se hubieren emitido todavía reglamentos  que serían propuestos (obviamente) por los mismos que promueven el nuevo proyecto de ley. Normativa que, según los antecedentes, nos hacen pensar que serán a la medida de los principios señalados antes.

De esta forma, mientras las Asadas ven erosionadas las competencias que una vez se les prometió irían a ser fortalecidas y casi ni son mencionadas en el nuevo proyecto que promueve la GWP, sí se le presta especial atención a las “Sociedades de Usuarios del Agua” para que, según sus escondidas intenciones, puedan disponer para fines agrícolas, de las fuentes de agua que podrían estar compartiendo y necesitando las Asadas en cientos de localidades.Aunque también podrían usarse para obstaculizar proyectos agrícolas según sean conformadas por quienes adversan, por ejemplo, monocultivos en sus regiones.

Aunque todavía no existe un criterio de la Oficina de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, avalando que se permita volver llevar en primer debate una Ley que cuando se votó el 31 de marzo pasado, ¡ya había superado su plazo fatal de dos años!, hay opiniones de juristas que dicen que al haberse votado ese lunes de marzo, la Asamblea Legislativa cumplió con lo señalado en la Ley de Iniciativa Popular en su artículo 6, que, por cierto, no prevé el caso que ahora se vive al haber sido declarada inconstitucional por la Sala IV… después de que se hubiere votado en primer debate en cumplimiento de la Ley de Iniciativa Popular.

Así que, de tramitarse nuevamente en primer debate, claramente se estaría ejecutando una acción legislativa contraria a lo que la misma ley determina (el plazo fatal pasaría a ser indefinido) existiendo, además, la posibilidad de que los señores diputados envíen una nueva consulta a la Corte Suprema de Justicia que, de tener resultados similares a la anterior que declaró inconstitucional el proyecto de ley, estaría provocando una situación en extremo ilógica con claros matices de ilegalidad. En fin, es algo que debería ser determinado antes de que la presidencia de la Asamblea Legislativa pueda proceder, pues el reconocido que no se puede achacar a los señores magistrados la situación que se está viviendo y que pudiere volver a repetirse por el fondo y por la forma (imposibilidad de repetir la votación ya cumplida incluso fuera del plazo fatal).

* Doctor en Biología

frepaleon@gmail.com

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscripción-solidaria: 

https://surcosdigital.com/suscribirse/

La mafia privatizadora del agua

Escrito en . Publicado en Agua, Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos.

El caso de Costa Rica

Prohibido pescar camarón

 

Freddy Pacheco León*

El contexto

Los socios de los Foros Mundiales del Agua, el Consejo Mundial del Agua y la Asociación Mundial del Agua (GWP), por años han mantenido la estrategia de que existe un consenso internacional para que sean ellos los que se encarguen del control, distribución y conservación del agua en todo el mundo.

El “CARTEL DEL AGUA” incluye a los gigantes franceses Suez y Vivendi, así como al conglomerado RWE-Thames, alemán y británico, con negocios en 130 países, que se disuelven con los intereses de la GWP, fundada por el BANCO MUNDIAL y corporaciones comercializadoras del agua, para que sirva como punta de lanza de los esfuerzos por dominar los proyectos integrados “público-privados”, con los cuales trasladar a entes particulares el manejo de acueductos públicos.

Como parte de esa perversa estrategia privatizadora, que se presenta como un inocente traslado de competencias gubernamentales hacia grupos comunales de fácil formación, dichas corporaciones financian actividades nacionales, regionales, continentales y mundiales, en las que con “su” agua, realizan “lavados de cerebro” con argumentos en los que predomina la acusación de que el Estado es ineficiente y solo sirve para obstaculizar una distribución justa y equitativa del agua.

Especial interés evidencian hacia las fuentes de AGUAS SUBTERRÁNEAS, por su alta potabilidad y grandes reservas, que se pueden extraer con relativa facilidad. Razón por la cual promueven su manejo en ámbitos políticos más fácilmente manejables que los técnicos.

Ante un informe presentado en Japón por Michel Camdessus (“Financiando Agua para Todos”) el exjerarca del Fondo Monetario Internacional provocó fuertes rechazos de parte de los defensores del agua, en calidad y cantidad suficientes, como un DERECHO HUMANO. La distinguida profesional india VANDANA SHIVA, resumió así la paradoja: “La gente no toma dinero, tomamos agua”, mientras otros expresaron su rechazo a la visión comercial del “cartel del agua” con expresiones como “Agua es vida” y “El agua es del pueblo”.

Los reconocidos defensores del agua canadienses, Tony Clark y Maude Barlow, también se unieron a más de 200 organizaciones con la misión de enfrentar la visión de los organizadores de los Foros Mundiales del Agua que considera el agua como un BIEN ECONÓMICO productor de ganancias, más que como un bien social y un derecho humano.

 

El texto

Es precisamente bajo este contexto que hay que analizar lo que, ¡auspiciado por la GWP!, está sucediendo en Costa Rica a propósito de la derogatoria que se ha planteado hacer de la magnífica LEY DE AGUAS (y sus reformas) que nos legara el Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia el 26 de agosto de 1942, Ley, que en conjunto con la promulgación del Código de Trabajo, las Garantías Sociales y la fundación de la Universidad de Costa Rica (entre otros), constituyen el sustento de grandes y preciados logros del pueblo costarricense, en los campos social, cultural y de salud.

Pues amigos, un proyecto promovido por la GWP, no solo plantea enterrar la Ley de Aguas, sino que la sustituye por una nueva normativa que evidencia sus intenciones al declarar que EL AGUA ES UN BIEN ECONÓMICO, al tiempo que le arrebata a Acueductos y Alcantarillados (AyA) la prerrogativa de gobernar las aguas de dominio público. Ello dentro de una estrategia que supuestamente busca “fortalecer” las ASADAS, “liberándolas” de la acción orientadora del AyA, que como ente rector mantiene una trascendental visión conjunta e integral del país. Objetivo que esperan lograr con la aprobación de un proyecto “hermano” que se tramita como parte de lo que han llamado “agenda legislativa del agua”.

Así, las ASADAS, conformadas por particulares pasarían a ser en forma individual y conjunta, las encargadas de tramitar caudales y tarifas según sean los intereses coyunturales de su localidad, en competencia con unas “Sociedades de Usuarios del Agua” de cinco miembros, que, regidas por la Ley de Asociaciones, se encargarían de administrar, en esperables casos, las mismas fuentes de agua, en su caso, para uso agropecuario. “Sociedades” que solo tienen como requisito el que las mismas no sean propietarias de fincas y proyectos del lugar, pero que podrían entrar en competencia con las necesidades de las comunidades atendidas por las ASADAS, o incluso, constituirse en obstáculos difíciles de superar para proyectos agropecuarios que no fueren atractivos para sus miembros.

Además de lo señalado, y en concordancia con la importancia que indudablemente tienen las AGUAS SUBTERRÁNEAS, el nuevo proyecto desconoce la trayectoria y el trabajo profesional y técnico que por tres décadas ha venido forjándose en el marco del SENARA, el “Servicio de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento”. Sus intenciones de poner a disposición del poder político dichos recursos, los materializaron destrozando al ente especializado (¡hasta del nombre quitan la expresión “Aguas Subterráneas”!) para trasladar esa estratégica función a una “dirección” del Minae que no cuenta con los recursos profesionales, técnicos, financieros ni logísticos necesarios para cumplir la función que hoy (por dicha todavía) es parte esencial del SENARA. Con lo cual, de aprobarse este contaminado proyecto, los costarricenses no contaríamos, ¡quién sabe por cuánto tiempo! con un ente especializado capaz de hacer estudios, diagnósticos, indagaciones y, entre otros, responder requerimientos de la Setena como parte de los procesos de evaluación ambiental, creándose un vacío institucional de consecuencias inimaginables para el manejo de los recursos hídricos subterráneos de todo el país.

Pero si lo resumido no bastara para tener una idea de las intenciones que se esconden detrás del centenar de artículos que se están usando para derogar la excelente Ley que nos heredara el Dr. Calderón Guardia, veamos dos puntos más. El primero, fue declarado inconstitucional por la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, que consideró que el disminuir las áreas de protección de manantiales de 125.600 m2 a 1.256 m2, violentaba el derecho constitucional “a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”. Regresión que permitiría pasar a propiedad privada, áreas equivalentes a cerca de 12 hectáreas que hoy tienen carácter de dominio público alrededor de cada manantial, y que fuere aprobado, con el resto de la Ley, en primer debate legislativo el lunes 31 de marzo de este año, ¡sin que se hubiere discutido ninguno de sus artículos! ante la necesidad de cumplir con el plazo fatal que señala la Ley de Iniciativas Populares.

Y el segundo punto, es quizá todavía más esclarecedor de las intenciones de sus promotores. Resulta que en el texto ingresado a la Asamblea Legislativa se lee un principio general que fue el que motivó a unas 150.000 personas a firmar en las hojas que se les ponía a disposición. Dice así: “El acceso al agua EN CALIDAD Y CANTIDAD ADECUADAS y al saneamiento son DERECHOS HUMANOS fundamentales indispensables para satisfacer todas las necesidades básicas”. Algo cercano a lo que se desea incluir como principio constitucional, concordante con lo aprobado en un órgano de la ONU por iniciativa de Bolivia y que contara con el apoyo explícito de Costa Rica.

Pues resulta que la “mano peluda” del cartel del agua borró el alma de ese principio, dejándolo así: “El acceso al agua para consumo humano y al saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable”. Así, la referencia a la “calidad y cantidad adecuadas”, por la que firmaron miles de costarricenses, fue ELIMINADA subrepticiamente en alguna de sesión informal de la comisión que analizó en forma descuidada este proyecto de auspiciado por la GWP. Proyecto que forma parte de una conspiración, que como parte de la misma, sus interesados promotores quieren que se vuelva a votar “a ciegas” como hace seis meses… para seguro presentarse ante la alta jerarquía internacional de la GWP con una sonrisa de “misión cumplida”. ¿Lo permitirían los actuales diputados?

 

*Doctor en Biología

12/9/14

frepaleon@gmail.com

 

Enviado a SURCOS Digital por el autor.

Suscripción-solidaria: 

https://surcosdigital.com/suscribirse/