Defensores del agua se manifestaron en la Plaza de La Cultura con una actividad cultural e informativa. Luego de esta manifestación iniciaría la caminata: Cantando por el Agua.
Enviado por Daniel Soto Ortega.
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Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo porque:
¡Queremos una ley de agua participativa y de iniciativa popular!
Exigimos que NO SE APRUEBE en segundo debate el proyecto del Ley del AGUAtazo.
Bloqueverde,
FECON,
Movimiento Ríos Vivos de Costa Rica,
Indignados CR,
Plataforma de Integración Ciudadana,
Laboratorio Psicosocial,
Pacto Mundial Consciente,
Revolución de la Cuchara,
Comisión Pro Ríos del Cobas,
Colectivo de Comunicación Popular Radio Machete,
Comité Cívico Agropecuario de Coto Brus,
Comisión de Ambiente y Turismo de Coto Brus,
Comité de defensa de los Ríos Chirripó,
Coeco Ceiba Amigos de la Tierra Costa Rica,
Comisión de Defensa de los Ríos Convento y Sonador,
Red de Coordinación en Biodiversidad,
Comité de Agua Longo Mai Abajo,
Asociación de Ecologista de Occidente,
Proal- Amigos del Pacuare,
Red de Coordinación en Biodiversidad,
Refugio de Vida Silvestre Longo Mai,
Unaproa,
Finca Amalur,
Asociación de Ecología Social,
Grupo Ecológico de Occidente (GEO),
Comité Cívico de Buenos Aires,
Ecolur compostaje doméstico,
Diwo Ambiental,
Frente Ecologista Universidad Nacional (FECUNA),
Confraternidad Guanacasteca,
Colectivo Unión Vital de Naranjo,
Centro Demostrativo de Sostenibilidad Ambiental,
Comisión para la defensa de la Zona protectora El Chayote,
Colectivo la legión Naranjo
Frente Ecologista Universitario (FECOU)
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado por FECON.
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Comunicado
La APSE pone su mira en la Asamblea Legislativa ante el intento de algunas fracciones legislativas por aprobar de forma acelerada y sin debate, el proyecto de Ley de Recurso Hídrico, expediente 17742, que modificará la Ley de Aguas vigente actualmente y regulará todo lo relacionado con el líquido vital, su rectoría, protección y explotación comercial e industrial.
APSE no está de acuerdo con el procedimiento parlamentario aplicado a este proyecto desde el lunes 30 de octubre de 2017, cuando el Plenario acordó tramitar el expediente por la vía rápida según artículo 177 del Reglamento Legislativo.
A partir de ese momento, inició un confuso proceso en el Congreso para intentar convertir en ley, un texto sustitutivo para este expediente, el cual no es de conocimiento público. Se aplicaron medidas de secretismo y nocturnidad, como votar una moción para dispensar al nuevo texto de lectura, así como decidir que el debate del tema se agotase en altas horas de la noche, aún sin que se hayan debatido otros textos o mociones.
Consideramos que este proceder no es transparente y genera dudas válidas en la población acerca de las verdaderas intenciones que se gestan sobre este proyecto. No es correcto que el Plenario pretenda legislar sobre un tema tan sensible para la vida humana y el ambiente, de manera atropellada, al amparo de secretismos y tratando de silenciar cualquier oposición a un texto que el país aún no conoce.
Exigimos a los diputados y al Gobierno de la República que se detenga este procedimiento atropellado, para permitir un debate amplio y profundo. Cabe recordar que la Sala Constitucional devolvió el proyecto al Plenario en 2014 por encontrar vicios de inconstitucionalidad, entre ellos, haber modificado el espíritu original del expediente, que fue presentado por la vía de Iniciativa Popular con miles de firmas de respaldo. La instrucción que dictó el alto tribunal, fue dictaminar un texto que no se distanciara del proyecto original, pero todo hace sospechar que esta no es precisamente la intención que se desea alcanzar con el procedimiento aplicado esta semana.
APSE llama a su afiliación y la ciudadanía costarricense a estar informada sobre este tema de importancia trascendental para nuestro país, y en caso de ser necesario, manifestarse en defensa de nuestra agua y nuestros recursos hídricos.
Ricardo Molina Vega, Presidente
Marvin Padilla Lemus, Vicepresidente
Hugo Marín Guillén, Secretario General
*Imagen con fines ilustrativos.
Compartido en redes digitales por Herberth Contreras.
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Estimados señores diputados, ¡su atención por favor!
11 de mayo del 2017
¿Quién podría explicar lo siguiente? La magnífica Ley de Aguas que nos rige, modificada sustancialmente en 1973 y 1996, publicada originalmente en la administración del Doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, es una ley visionaria que determina, entre otros, que el agua es un bien de dominio público y, muy importante, un bien social, que jamás ha obstaculizado el desarrollo de diversas áreas. Agricultores, industriales, habitantes en general, empresarios turísticos, estudiantes… ¡jamás! han expresado nada contra dicha ley
Con ella se crearon las ASADAS, el AyA, el SENARA, LA ESPH y municipalidades y cooperativas se han incorporado a servicios de agua, que por resoluciones de tribunales judiciales, su acceso en cantidad y calidad adecuadas se reconoce como un derecho humano.
Pero, en atención a intereses económicos extranjeros, introducidos por personas que desde hace unos 20 años se han asociado a entes como la Global Water Partnership (GWP) vinculada directamente con el Banco Mundial y transnacionales comerciales del agua, de pronto se convirtió en una meta de ONG privadas, la derogatoria de la visionaria Ley de Aguas del Dr. Calderón Guardia. Derogatoria que viene acompañada de cambios fundamentales, antipopulares y amenazantes de la conservación del agua
Así, se pretende mutar su carácter de bien social, por el de bien económico, donde los criterios comerciales son los preponderantes. Con su lema “No money, no water” han resumido cuáles son sus intenciones. Pero además, atacan, si ¡atacan! a los cientos de miles de agricultores con normas burocráticas onerosas y establecimiento de impuestos que serían fijados por el Ministerio de Ambiente, donde existe una “Dirección de aguas” reconocida como incompetente.
A las ASADAS, de las cuales dependen cerca de dos millones de personas para su abastecimiento de agua potable, lejos de plantear aspectos que podrían favorecerlas en algo, les impondrían más obstáculos financieros, relacionados con pagos que podrían ser desproporcionados, sobre las concesiones de agua que ellas administran, dejando además sin agua a las ASADAS informales que han sido creadas por las necesidades de las comunidades que sirven, y que el AyA ha desdeñado.
Y además, se desconoce que una de las más importantes fuentes de agua potable son los acuíferos subterráneos, hasta ahora estudiados técnicamente y con relativa independencia por profesionales especialistas en geología, ingeniería, hidrología e hidrogeología, reunidos en un ente del Estado llamado Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento(SENARA). Y decimos se desconoce porque ambos proyectos que se le presentan a los señores diputados, sin haber sido discutidos ¡jamás! en el Plenario Legislativo, de aprobarse provocarían la destrucción del SENARA, pues hasta del título le arrebatan las responsabilidades sobre las aguas subterráneas, para ser trasladadas a un órgano político, como es el caso del MINAE.
También, aunque ambos proyectos (expedientes Nº17742 y Nº20212) se proponen cual si fueren para un “manejo integrado” del agua, son en realidad proyectos que provocarían un manejo centralizado del agua, pues incluso le quitan al AyA la trascendental función de “gobernabilidad del agua de dominio público” sin definir quién o quiénes se encargarían de ella, mientas a la ESPH la obligan a cogobernar todos sus proyectos de agua y energía… con el MINAE.
Asimismo, aun en situaciones de escasez por sequía, como se prevé serán más frecuentes a consecuencia del cambio climático, el artículo que permitía regular la creciente exportación de agua envasada en situaciones de déficit en el abastecimiento de una localidad, fue derogado en marzo del 2014 en la Comisión de Ambiente legislativa que, ¡erróneamente! (por tratarse de un proyecto ingresado por la vía de “iniciativa popular”) NO podía ser modificado sustancialmente. Proyecto por el cual firmaron más de 150 mil personas, en representación del soberano, pero que fuere tan cambiado por un pequeño de grupo de diputados, que se le presentó al Plenario como “texto sustitutivo” del que hubiere presentado con las firmas, habiendo sido aprobado así en Primer Debate el lunes 31 de marzo del 2014, cuando ya había vencido el plazo constitucional de los dos años establecidos en la Carta Magna y la misma Ley que rige los procesos de iniciativa popular. Plazo que hoy, por simple aritmética, incumple aún más claramente el principio de preclusión que debió de haberse respetado antes del 29 de marzo del 2014
Aunado al incumplimiento de ese precepto legal, al emitir la Comisión de Ambiente de la legislatura anterior un texto sustancialmente diferente al que recibieron para dictaminar con las limitaciones que impone la Ley de Iniciativa Popular, los señores diputados, como señalaran distinguidos magistrados de la Sala IV, se ha violentado el principio de conexidad, que ha de existir entre lo que buscó legislar el soberano, el pueblo, los ciudadanos que firmaron por un texto en particular, según las normas constitucionales, y lo que eventualmente fue aprobado en Primer Debate legislativo
Como ha sucedido reiteradamente, aunque la mayoría de los señores diputados desdeñan observaciones semejantes a las anteriores, quisimos plantearlas nuevamente, con el fin de que reflexionen sobre las decisiones que desde el ámbito político electoral están impulsándose, sin pesar ¡paradójicamente!, en las consecuencias que tendría para todos los costarricenses la aprobación de cualquiera de los dos proyectos de ley que amenazan el bienestar general y esos mismos intereses electorales que según algunos, los mueven
Colectivo Agua Es Vida, No Mercancía
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS por Freddy Pacheco León.
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Hoy, hace tres años, un Plenario Legislativo evidentemente desinformado, aprobó en Primer Debate el proyecto de nueva Ley de Aguas (Exp. 17.742) que ingresara por la vía de “Iniciativa Popular”. Proyecto que tendría que haberse votado antes de esa fecha fatal, pues el plazo constitucional había vencido el 29 de marzo del 2014, pero que además, en una manipulada comisión legislativa, había sido “desconectado” del texto por el cual habían firmado, ¡vilmente engañados!, unos 160 mil ciudadanos. Al burlarse el “Principio de Preclusión” que garantizaba un plazo máximo de dos años para votarlo, y el “Principio de Conexidad” establecido para que la “voluntad del soberano, del pueblo, del que firmó por una nueva Ley de Aguas”, no fuere irrespetada, todo el proyecto economicista promovido por el Banco Mundial a través de la GWP, derivó en evidente inconstitucionalidad.
Al enterrarse sin poderse votar en Segundo Debate durante los 36 meses anteriores, surgió del despacho de diputados como Antonio Álvarez y Juan Marín, principalmente, otro proyecto (Exp. 20.212) que al ser orientado contra los agricultores, las ASADAS y el SENARA, hoy hace “aguas” en la Asamblea Legislativa. Pese a que fue anunciado como producto de “un gran consenso”, luego se demostró que no era así, y por ello no ha podido superar el trámite de comisión.
Hemos de aclarar que no estamos celebrando triunfo alguno, pues la amenaza sigue latente, y que más bien estamos llamando a los costarricenses que quieren seguir gozando del agua como un bien social y cuyo acceso en calidad y cantidad suficientes sea un derecho humano, a mantenerse alertas, pues los otros, los que están poco menos que desesperados por la situación de ambos proyectos, tienen muchos dólares para seguir pujando por la aprobación de cualquiera de los dos.
Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS por el autor.
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Freddy Pacheco León (*)
Obsesionados en enterrar la magnífica “Ley de Aguas” que nos legara el Dr. Calderón Guardia, y que fuere modificada sustancialmente en 1996, aparece otra vez en la Asamblea Legislativa un nuevo y amenazante proyecto. Sin importar a sus proponentes que la Ley vigente JAMÁS ha significado obstáculo alguno para el desarrollo agrícola, pecuario, industrial, turístico, y en general, para los habitantes del país, desde hace años vienen buscando la oportunidad de aprobar una nueva legislación sobre el manejo del agua, que sigue lineamientos dictados por el Banco Mundial, por medio de su “brazo armado”, la Global Water Partnership (GWP), con muchos interesados en Costa Rica.
El nuevo proyecto de “Ley de Aguas” (expediente Nº 20212) se las trae. Cual si las decenas de miles de productores agrícolas del país ya no tuviesen suficientes problemas, de aprobarse agravaría una situación que ya es insostenible
Hay en Costa Rica alrededor de 300.000 AGRICULTORES que faenan en unas 190.000 FINCAS de cultivos anuales y permanentes, desde donde nos abastecen de arroz, frijol, maíz, papa, cebolla, tomate, lechuga, sandía, yuca, café, azúcar, banano, piña, naranja, plátano, papaya, aguacate, coco, etc. Agricultores muchas veces sometidos a situaciones cambiantes del mercado e inclemencias del tiempo, que les provocan pérdidas económicas. Agricultores que, en lugar de desincentivarlos, URGEN DE UNA MAYOR ATENCIÓN GUBERNAMENTAL, en un país que no logra levantar una producción industrial que, algunos creen, es sinónimo de progreso
Pero resulta que en esa nueva Ley de Aguas, proyecto firmado por 42 diputados ¡sin haber sido SIQUIERA LEÍDO por la mayoría!, se establecerían cosas como las siguientes:
Como parte de una redacción muy pobre, se establece que para “Obtener CONCESIONES para el aprovechamiento de las aguas para fines agropecuarios”, SE HAN DE INSCRIBIR CUASI-SOCIEDADES ANÓNIMAS, con el nombre de “sociedades de usuarios del agua de uso agropecuario” formadas por al menos cinco productores del lugar, con capital social dividido en acciones comunes y nominativas. Mandato que insólitamente no toma en cuenta, cuántas MILES DE SOCIEDADES habría que crear a lo largo y ancho del país, para que los productores agropecuarios PUEDAN TENER ACCESO AL AGUA que necesitan para sus semillas y sus animales
Aunque dicen que el número es intrascendente, porque algunas podrían ser formadas por decenas de productores agrícolas, surge otra cuestión: ¿En qué posición quedarían los agricultores que encuentren obstáculos para formar tales sociedades? ¿SE LES NEGARÍA EL AGUA?
¡Pero hay más! En el mismo proyecto, en su afán de recaudar dinero para un nuevo cuerpo burocrático que se crearía en el ineficiente Ministerio de Ambiente (Minae) se establece que las nuevas sociedades tendrían que sumar al COSTO DE SU CREACIÓN LEGAL, el pago obligatorio de sendos impuestos por APROVECHAMIENTO de agua y por VERTIDOS, “según corresponda”. Cánones que no son excluyentes y que serían fijados por EL TODOPODEROSO MINAE, según sea el humor del incompetente ministro de turno. Asimismo, aquellos productores agrícolas que como parte de sus labores de producción han de generar, necesariamente, vertidos diversos, también tendrían que pagar otro impuesto (al que le llaman “canon”) si, ¡como es inevitable!, estos “puedan modificar la calidad física, química y biológica del agua”, según ESTUDIOS que también tendrían que ser pagados por los mismos productores del campo
El proyecto, que vendría a sustituir el hasta ahora frustrado intento por quitarle al agua su carácter de “BIEN SOCIAL”, para sustituirlo por el de “BIEN ECONÓMICO”, que era parte del vil engaño con que se tramitó el mal llamado de “iniciativa popular”, no deja de ser también una amenaza para el desarrollo de Costa Rica. Aquél se quiso presentar como nacido del pueblo; éste como de iniciativa del diputado guanacasteco Juan Marín, el diputado Antonio Álvarez y la exdiputada Maureen Ballestero, entre otros
Se trata en fin, de una iniciativa de ley, inconsulta, ANTI-AGRICULTORES, donde el “valor económico” del agua tiene preponderancia sobre el agua como un bien vital, insustituible, demanial, al servicio del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Proyecto que no considera, ni por casualidad, lo preocupante que es para Costa Rica, que en tan solo 30 años, los agricultores pasaron de ser el 32% de toda la población económicamente activa, A TAN SOLO EL 15%, como resultado del desdén gubernamental hacia el sector agrícola, donde la inversión pública no supera el 3,5%
Convocado el nuevo proyecto a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, y presentado cual si fuere resultado de un consenso alcanzado con el sector agropecuario y otros, casi inmediatamente después de publicado fue rechazado por las organizaciones agrícolas correspondientes. Sin embargo, se pretende aprobarlo por la llamada “vía rápida” que no permite su consulta ni su conocimiento y debate en comisión legislativa, por lo que consideramos urgente, llamar la atención al respecto para que no se le haga más daño a los desdeñados productores agrícolas de Costa Rica
(*)Dr. en Ciencias Biológicas
Imagen con fines ilustrativos tomada de www.vocesnuestras.org
Enviado a SURCOS por el autor.
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Freddy Pacheco León
Sobre la violación al principio de conexidad, dicen los señores magistrados Armijo Sancho y Cruz Castro lo siguiente:
“Los suscritos Magistrados consideramos además que el proyecto en cuestión adolece de una inconstitucionalidad por violación al principio de conexidad…
Se observa que en el artículo 29 existen cambios sustanciales, respecto del proyecto original, que implican una violación al principio de conexidad.
Ello por cuanto consideramos que no es constitucionalmente admisible que el legislador, con ocasión de un proyecto de iniciativa popular, le introduzca cambios y variaciones sustanciales al proyecto, que impliquen su desnaturalización, como ha sucedido en este caso.
De la comparación entre lo que establecía el proyecto original con el proyecto que fue aprobado en primer debate, se observa, muy claramente, que hubo un exceso del legislador, al variar aspectos sustanciales sobre las medidas de las áreas de protección, que implicaron una evidente violación al principio de conexidad”.
Lo anterior solo en referencia a lo consultado, pero aplicable a casi todo el proyecto presentado como “texto sustitutivo” en virtud de las múltiples reformas aprobadas apresuradamente en la Comisión Legislativa y luego en el Plenario Legislativo, a fines de marzo del 2014.
Los hechos evidencian que quienes dirigieron el proceso que condujo a la aprobación en Comisión de Ambiente, ¡se olvidaron! que por tratarse de un proyecto ingresado por “iniciativa popular”, al cual tenían que respetarle su texto, no podían hacer uso del “derecho de enmienda” aplicable por los señores diputados en otros proyectos, diferentes por ejemplo, a los convenios internacionales que tampoco se pueden “tocar”.
Y fue tal el “olvido” sustentado en una pésima asesoría de parte de los entes privados que se auto presentaron como representantes de las más de 150,000 personas que habían firmado, que ellos mismos calificaron al proyecto eventualmente aprobado en Comisión y Plenario, como un “texto sustitutivo”.
La inconstitucionalidad es más que evidente.
¡Veamos algunos ejemplos de cómo se violentó el principio de conexidad!
1- (Original)
Artículo 2
– Principios generales
(Definitivo)
El acceso al agua para consumo humano y al saneamiento es un derecho humano fundamental e indispensable.
Comentario:
Se elimina la referencia a que el acceso al agua “en cantidad y calidad adecuadas” es un derecho humano
Al hacerlo, no sólo se está modificando el punto más importante que sirviera de sustento para la recolección de las 150,000 firmas que acompañaron el texto procesado ante el TSE y la Asamblea Legislativa, sino que evidencia las escondidas intenciones de quienes promovieron un proyecto de ley que habría costado muchísimo dinero para su elaboración
¿Por qué mutilar un principio general en la forma en que se hizo? ¿De dónde surge la incomodidad que provocara una expresión que, además, es consecuente con lo aprobado en el contexto de la ONU con el voto y manifestación oral expresa de la representación costarricense?
2- (Original)
Artículo 2
– Principios generales
Ningún aprovechamiento está exento de ser afectado o afectar a otros usos, por lo que el Estado está obligado a asegurar que los usuarios públicos y privados estén sujetos a los criterios y decisiones que deriven de la planificación del recurso hídrico.
(Definitivo) – así agregado –
Valor económico
El agua tiene un valor económico en todos sus diversos usos en competencia a los que se destina y debe reconocérsele como un bien económico.
Comentario:
Agregado jamás discutido o aclarado en el seno de la Comisión de Asuntos Ambientales que lo aprobara, y mucho menos, en el plenario legislativo que si siquiera tuvo tiempo de leerlo, pese a que refleja las intenciones de sus proponentes
Para la GWP (Global Water Partnership), “El agua tiene un valor económico en todos sus usos competitivos y debería ser reconocida como un bien económico más que un bien social”.
3- (Original) sobre el SENARA
Transitorio VII
– Trasládense a la Dirección Nacional del Recurso Hídrico, dentro del plazo del mes siguiente a la entrada en vigencia de esta ley, todos los funcionarios que laboran en la Dirección de Investigación y Gestión Hídrica del Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento, así como los recursos físicos, tecnológicos y financieros que utiliza esta dependencia.
Dichos funcionarios conformarán el Departamento de Aguas Subterráneas de la Dirección Nacional del Recurso Hídrico.
(Definitivo)
Transitorio XII
Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, los funcionarios de la Dirección de Investigación Hídrica del SENARA, podrán trasladarse a la Unidad de Investigación de la DINA que se crea en el artículo 85 de la presente ley, manteniendo sus derechos laborales.
4- (Original) Sobre el AyA
(Definitivo) Agregado (No formó parte de la propuesta)
El artículo 1 de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, Nº 2726, del 14 de abril de 1961, para que a partir de la vigencia de esta ley se le quitan al AyA sus funciones sobre los sistemas de alcantarillado pluvial en áreas urbanas, sin señalarse a quién se le trasladan esos deberes
Es decir, el AyA prácticamente pierde una “A” (la de Alcantarillado) en sus siglas… sin que se hubiere justificado un cambio tan drástico en las funciones del Instituto.
5- (Original) Las Sociedades de Usuarios del Agua
Transitorio XV
– Las Sociedades de Usuarios del Agua que se han constituido y que administran el servicio de abastecimiento de agua potable a una población contarán con un plazo improrrogable de nueve meses para constituirse en Asociaciones Administradoras de los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunales (ASADAS), de conformidad con la normativa vigente.
(Definitivo)
Artículo 105
– De su conformación
La constitución de las sociedades de usuarios de agua tiene por objeto la optimización del uso del agua para fines agropecuarios y el justo aprovechamiento colectivo de las aguas entre sus socios.
La fiscalización y control del aprovechamiento de las aguas por parte de las sociedades de usuarios de agua corresponderá a la DINA.
(Definitivo)
No se incluye el transitorio.
6- (Original) Exportación de agua
Artículo 87
– Regulación a la exportación de agua
La Dirección podrá restringir y limitar total o parcialmente la exportación de agua cuando eso sea necesario para garantizar el abastecimiento para consumo humano y los distintos usos aprovechamientos de las comunidades locales y los sectores productivos nacionales
Esta actividad quedará condicionada a que se demuestre y garantice el abastecimiento local y la plena satisfacción de las necesidades de las comunidades locales.
(Definitivo)
Artículo fundamental “lavado” del proyecto
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por el autor.
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Diferentes personas, comunidades y ONG que no están de acuerdo con la aprobación del Proyecto de Ley de Aguas, emitieron un comunicado con 32 razones para no apoyar este proyecto de ley:
Enviado a SURCOS Digital por Ma. Elena Fournier S.
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El Frente de Acción Unitaria (FAU) invita a la mesa redonda ¿Qué pasó con la iniciativa popular en la ley de aguas?, la cual se llevará a cabo el 6 de octubre de 2015, a las 5 p.m. en el Auditorio al mérito andino, Edificio de ANDE, 50 m. oeste del hotel Europa, San José, Costa Rica.
Expositores invitados:
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por Frente de Acción Unitaria.
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Como iniciativa del Sr. Leonardo Déreck Meneses Soto, se redactó una carta dirigida al Sr. Jorge Arguedas Mora, diputado del Partido Frente Amplio, en la que se solicita la oportunidad de escuchar al Dr. Freddy Pacheco León quien ha venido cuestionando la redacción del actual documento del proyecto Ley de Aguas, para que “informe e ilustre” al resto de sus compañeras y compañeros legisladores, acerca de los cuestionamientos que se han estado haciendo en los diferentes medios de comunicación al texto del proyecto de Ley de Aguas, ya que se considera que las y los ciudadanos de Costa Rica merecen transparencia en el proceso de formulación de leyes.
“Ante los cuestionamientos publicados referente al texto actual del proyecto de la Ley de aguas, no podemos estar de acuerdo en una futura Ley, manoseada y redactada por intereses foráneos que inducen a convertir el agua en una mercancía, cuando más bien ustedes deberían legislar para garantizar que el agua sea un derecho de la humanidad”, se argumenta en la carta.
Se adjunta carta emitida el pasado 3 de diciembre del 2014.
Dic 9.14 MI Oficio solicitando a Jorge Arguedas
Información enviada a SURCOS Digital por Sr. Leonardo Soto Meneses.
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