El 28 de septiembre se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal a la Información, una fecha cuyo propósito es procurar el acceso a la información digital (principalmente), como vehículo para garantizar otros derechos y poner en evidencia algunas violaciones que ocurren en el mundo.
Precisamente hoy tendrá lugar la Conferencia Mundial sobre el Acceso Universal a la Información. Será en Oxford (Reino Unido). Se analizarán la accesibilidad y la conectividad de Internet como catalizadores del derecho a la información.
Ya nos dimos cuenta en la pandemia cómo muchas personas no tuvieron la conectividad necesaria para tener acceso a la información y especialmente muchos fueron los estudiantes, por lo que perdieron muchas oportunidades para su aprendizaje.
El derecho a la información es un derecho humano, que resulta ser el componente clave para el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.
Este derecho consiste en que toda persona puede buscar cualquier tipo de información de interés que se encuentre en poder de entidades, organismos y empresas públicas, mientras dicha información no sea clasificada o de acceso restringido según las leyes de su país.
Y no debemos olvidar que la información es poder. Quien mejor informado esté mayor empoderamiento tendrá en el ambiente en que se desarrolle.
Dios quiera que podamos, todos, tener ese acceso a la información y podamos conocer todo aquello que nos sea necesario para tener una mejor calidad de vida.
Ante los eventos acontecidos este martes 25 de julio de 2023, en Nicoya, CONARE se solidariza con la comunidad estudiantil universitaria y repudia, una vez más, la violencia verbal y el irrespeto a los derechos constitucionales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles.
25 de julio del 2023. Este 25 de julio de 2023, decenas de estudiantes universitarios fueron retenidos en las inmediaciones de la iglesia nueva de Nicoya, espacio público donde se realizarían los actos propios de la celebración de la Anexión del Partido de Nicoya.
Un contingente de elementos de la Fuerza Pública los retuvo por espacio de una hora para que no ejercieran sus libertades individuales, contempladas en nuestra Constitución Política, tales como el libre tránsito y la libertad de expresión.
Desde el CONARE denunciamos con absoluto repudio este accionar del Gobierno propio de un régimen autoritario y con tintes dictatoriales, lejano de nuestra tradición democrática. La manifestación pública es un derecho ciudadano, contemplado en nuestra Constitución Política, instrumento capital de nuestro Estado Democrático y Social de Derecho. Con suma preocupación vemos como de manera sistemática y consecuente el Gobierno a través del presidente Chaves Robles, ejerce acciones que minan la democracia, en este caso hacia nuestra juventud, acompañadas de una violencia verbal desbordada, ajena a toda tradición pacifista y de tolerancia, insignia irrefutable de esta Patria querida.
Al referirse a los estudiantes universitarios costarricenses como “esbirros”, el señor presidente los equipara con delincuentes violentos que actúan por medio de un pago. Condenamos enérgicamente estas palabras, porque estos jóvenes son el presente y el futuro de Costa Rica, los hijos y las hijas de esta tierra de gente honrada, trabajadora, resiliente y decente. A ellos y ellas nos debemos las Universidades Públicas y la dignificación de estos hombres y estas mujeres es nuestro compromiso con el país.
Nos unimos a las manifestaciones de preocupación sobre el ejercicio de las libertades y la democracia, expresadas por instituciones y grupos iberoamericanos y rechazamos enérgicamente toda manifestación que atente contra la consolidación de la democracia como forma de Gobierno.
En plena negociación del FEES, el presidente nuevamente hace declaraciones públicas desafortunadas, deslegitima a la Comisión de Enlace al burlarse del proceso de negociación, irrespetando no solo a los rectores, a la rectora y a la representación estudiantil negociante, sino a sus propias ministras y ministro que vienen trabajando para llegar a un acuerdo.
Señor presidente, honrando una vez más nuestra idiosincrasia, siendo que representamos al sector educación de este país, nuevamente le instamos al respeto, al diálogo y al rechazo determinado a toda forma de violencia verbal, física y simbólica.
Don Rodrigo Chaves Robles una al pueblo de Costa Rica, no lo polarice.
¿Quién sigue? Preguntó el editorial del Diario La Nación, después de haber denunciado presuntas o reales irregularidades en las que habría incurrido la administración Chaves, contra personas físicas o jurídicas vinculadas con tres medios de comunicación, estos son el Grupo Nación, CRHoy y el programa radiofónico “hablando Claro” que se transmite por medio de Radio Columbia. Curiosa y coincidentemente, al menos dos de los tres medios de comunicación son críticos de la administración y el programa “Hablando Claro” también lo ha sido.
En un caso, ya hubo pronunciamiento de la Sala Constitucional, la cual halló en el accionar gubernamental, (acompañado de otras organizaciones) “…un mecanismo indirecto, atropellado e ilegítimo que violenta la libertad de expresión […] Configurándose así, a todas luces, una clara y evidente desviación ilegítima del poder”. En el segundo caso, mediante una conferencia de prensa, el poder ejecutivo denunció un supuesto “megacaso” de evasión por parte del empresario Leonel Baruch, asegurando en esta ocasión el ministro de Hacienda que, existía un informe técnico para acreditarle un fraude fiscal. Dicho informe no apareció nunca, en su lugar afloró otro estudio anterior, de octubre del 2022, cuya autoría es de “Tributación Directa”, en el cual se puntualiza la inexistencia de fraude fiscal y se pide archivar la acusación. Sin embargo, más recientemente el propio presidente Chaves, sin haber prestado atención a que el asunto había quedado aclarado, reincide en la denuncia ya que, preguntó al Ministerio Público en una de las habituales conferencias de prensa, qué había pasado con la “evasión” del empresario Baruch. En el tercer caso, nuevamente el presidente de La República Rodrigo Chaves vincula con alevosía, esta vez a la periodista Vilma Ibarra, con una supuesta y grave actuación: le atribuyó haber recibido la suma, nada menos que de $732.000 (dólares), con el objeto de hacerle propaganda a la construcción de una carretera. Todo ello, sin haber tenido el valor de mencionarla por su nombre, pero trayendo a colación hechos circundantes claramente asociados a ella. A esta hora, aunque la periodista Vilma Ibarra lo enfrentó con gallardía, ni siquiera se ha disculpado. (Cfr. La Nación. Editorial del 17 de junio 2023. Pág. 25).
Como se puede apreciar, no se trata de hechos baladíes o insignificantes, sino de denuncias que, de haber resultado ciertas serían faltas graves en contra de la entidad jurídica o las personas físicas mencionadas, las que, desde luego, se han considerado denigradas u ofendidas por el presidente Chaves. Además, hay otros hechos similares a estos que dan cuenta de una actuación del presidente encaminada a reprimir y silenciar la crítica, rayana en el irrespeto y deslegitimación de otros poderes de la República, intolerante, como se ve, con quien lo critica, ligera y hasta irresponsable a la hora de endilgar epítetos acusativos contra ciudadanos o entidades jurídicas que no están de acuerdo con su proceder ético y político. En pocas palabras, el presidente Chaves ha tenido un comportamiento arrogante, prepotente y despreciativo de la honra ajena; por todo ello, tratándose de un mandatario en una democracia, su proceder es reprochable. Trasluce más bien una actitud típica de un gobernante autoritario que pareciera querer implantar un gobierno sin contrapesos. Su populismo por otro lado, lo conduce a congeniar con aquella parte de la población que solo espera escuchar del presidente promesas, que no necesariamente va a cumplir; pero, algunos de ellos estiman que el mandatario va a satisfacer las apetencias de las personas. Veremos. O sea, tenemos un presidente autoritario y populista, un “cocktail” desaconsejable para una democracia como la nuestra, que tiene problemas muy serios que resolver.
¿Quién sigue? Dejó esta interrogante el editorialista de La Nación al final del artículo. Obviamente, ahora ya sabemos quién seguía, el Rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), el doctor en biología Gustavo Gutiérrez Espeleta.
Se produjo una sucesión de declaraciones públicas que ahora transcribo, con el objeto de que todos poseamos la misma información. El rector de la UCR dijo en una conferencia de prensa, efectuada el 21 de junio, dirigiéndose a Rodrigo Chaves en particular, pero al país en general, con voz pausada, profunda y firme: “Presidente, cuando quiera hablar del tema de fondo, aquí vamos a estar, cuando quiera trabajar propuestas para resolver los problemas de la educación pública del país y buscar soluciones para llegar a cumplir la Constitución Política, aquí vamos a estar, mientras su objetivo sea tergiversar información y polarizar, no cuente con nosotros”.
El rector Gutiérrez dio un mensaje breve, pero de contenido, reafirmando su voluntad de respetar la Constitución de la República, en consecuencia, expresó su afán de trabajar y luchar porque el gobierno cumpla en su integralidad con el artículo 78 de la Constitución vigente que establece la obligación del Estado de otorgar el 8% del gasto público anual respecto al PIB, a la educación pública en su conjunto. (Artículo este concordante con lo que estipulan también los artículos 84 y 85 de la misma Carta Magna).
Una vez más, frente a este llamado coincidente con los otros cuatro rectores de las universidades públicas, el presidente de la República aprovechó una conferencia de prensa, para irrespetar en este caso al rector de la Universidad de Costa Rica y a la Institución como un todo, puesto que el rector la representa. En mi concepto, además, el agravio contra el Dr. Gutiérrez es extensivo a las otras cuatro instituciones de educación superior pública del país.
El señor Chaves olvidando su investidura, fingió ignorar quién era el rector de la Universidad de Costa Rica, cuando se dirigió a sus asesores para que le dijeran el nombre del connotado funcionario público. Como artimaña, solo desmerece al presidente de los costarricenses, al tratar de insinuar que el nombre del rector no vale la pena recordarlo en una conferencia que se supone está convocada para rendir cuentas de sus actos. El respeto a la institucionalidad del país, que el mandatario juró defender exige que trate las diferencias con cualquier ciudadano, con la mayor consideración y decoro, pero particularmente cuando se dirige al representante de una de las instituciones más emblemáticas del país como es la Universidad de Costa Rica, institución designada Benemérita de la Patria por la Asamblea Legislativa. Semejante menosprecio en el trato para con el rector Gutiérrez, luce por lo tanto indecoroso, refleja patanería, altanería y deja ver a un tiempo, la incapacidad del presidente Chaves para afrontar con la seriedad debida, la difícil situación por la que atraviesa nuestro país y especialmente la educación costarricense. Si no hubiese sido una artimaña del presidente Chaves, como la he calificado, sino una ignorancia crasa o un desconocimiento real del nombre propio del rector, peor aún, porque si iba a tocar el tema de las diferencias con las universidades públicas, pues debió prepararse debidamente primero en todo, estaba impelido a saber quiénes son sus interlocutores. Más aún aquel al que pensaba denigrar. Ignorarlos o fingir ignorarlos, da el mismo resultado; en ambos casos proyecta ante la ciudadanía el mismo desdén y desprecio. Da exactamente lo mismo, deja la impresión, una vez más, de un dirigente mal preparado para tan alta investidura para la que fue electo por una mayoría popular.
¿A quién cree el señor presidente que se dirige en las conferencias de prensa, o en cualquier otra actividad donde desee comunicar algo? Si el presidente estima que es a una hinchada acrítica, que le va a aplaudir eufórica cualquier chanza o chapucería, no hace más que reflejar una enorme subvaloración de este pueblo. Habrá un sector quizás, que sigue al presidente con la docilidad propia de quien carece de criterio fundado para entender la complejidad de la administración pública y la gran diversidad que conforma todo el conglomerado social costarricense. Ese sector es, probablemente el único que quiere “pan y circo”. Pero le aseguro al señor presidente, que hasta entre sus partidarios, hay una buena parte de costarricenses, mujeres y hombres que esperan de usted una actitud digna y respetuosa, hasta con aquella persona o grupo de personas que no coinciden con sus postulados.
El mundo político, la sociedad política (que no politiquera), puede que no sea tan grande en Costa Rica, pero es influyente en el entramado social, lo mismo ocurre con lo que podríamos llamar el sector intelectual, artístico y cultural del país. Adicionalmente, hay una clase media alfabetizada grande, con capacidad y discernimiento frente a su accionar. No todos los grupos económicos “altos” a los que usted pretende favorecer, actúan como autómatas; ellos juzgan, valoran, tanto su accionar ético como político. Lo que podemos llamar el sector popular también está dotado de experiencia en la lucha social y política. No se confunda presidente, porque con el tiempo se podría llevar más de una sorpresa. Y los que son sus acólitos o compinches estarán con usted mientras conserven la expectativa de que sus congojas y problemas son afrontados con destreza y se van resolviendo.
Otra cosa, ¿cómo cree usted que se puede enfrentar el rezago educativo que padecemos? No sé cómo o de qué manera lo está pensando hacer, por lo pronto veo en su gobierno mucha conducta errática; sobre todo, me preocupa grandemente adónde dirigirá sus esfuerzos y los de su equipo de trabajo, de cara a sentar bases sólidas para reencausar la educación que, durante mucho tiempo brilló en nuestra sociedad. La educación pública fue, como es bien conocido, un lujo que favoreció inclusive la movilidad social ascendente. ¿Piensa acometer esa tarea, cuando lo alumbre la luz, o se deje asesorar bien, sin el concurso de las universidades públicas? Piénselo presidente, porque hasta en función de encarrilar su propio gobierno, le convendría mantener una actitud de respeto, a pesar de las diferencias.
Dicho todo lo cual, le informo algo que tal vez le ayude: el rector Gutiérrez no vale solo por haber sido escogido en un proceso electoral prístino de votación. Por cierto, debe usted saber que es seguramente, el medio académico cultural más grande del país, y las votaciones constituyen allí un “cónclave” muy concurrido y disputado, con discusiones de verdad, en las que los aspirantes deben estar muy bien informados para salir airosos. Además de ello, el Dr. Gustavo Gutiérrez es un profesional sólido en su campo, el de la biología, donde posee un gran prestigio y se ha desempeñado con gran solvencia, con gran conciencia ambiental. Infórmese y verá cuán cierto es lo que le digo. Finalmente, es un hombre respetuoso de las demás personas, con grandes dotes humanas y amplitud de miras.
Señor presidente Rodrigo Chaves, con respeto le aconsejo, si me lo permite, no trate mal a la gente, ni a la prensa, ni al sector empresarial que no lo apoya, tampoco a cooperativistas, sindicalistas o solidaristas, cuyas opiniones no le favorezcan; deje de mirar “por encima del hombro” a personas periodistas de la talla de Vilma Ibarra, una persona crítica pero consciente de los retos de nuestra sociedad y con gran amor por el terruño.
Una cosa más presidente Chaves, infórmese bien antes de ningunear a un ser humano de las altas calidades del rector Gutiérrez. Y de una vez le adelanto, conozca a todos los rectores, a todos, es gente de calidad; acérquese a ellos como se lo han ofrecido. Ganaría mucho, deje de malbaratar el prestigio acumulado. Ojalá no tengamos que preguntarnos más adelante ¿Y ahora a quien le toca sufrir su escarnio?
DILEMAS ETICOS: Estado, Libertad de Expresión, Nuevos Escenarios de la Comunicación Social Contexto de Costa Rica
El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica-COLPER, llevó a cabo la apertura de un espacio de diálogo e intercambio, bajo el título: Estado, Libertad de Expresión, Nuevos Escenarios de la Comunicación Social-Contexto de Costa Rica, que abre todo un proceso durante el 2023, para modificar y proponer reformas de fondo al Código de Ética de esta organización que contengan la visión de las 7 profesiones que componen el COLPER, en consecuencia, con las transformaciones tecnológicas y el entorno comunicacional.
El Foro DILEMAS ETICOS: Estado, Libertad de Expresión, Nuevos Escenarios de la Comunicación Social Contexto de Costa Rica, fue moderado por la Máster Yanancy Noguera Calderón, Presidente del COLPER y contó con la participaron de personas especialistas: Máster Armando López Baltodano, Procurador, Director de la Procuraduría de la Ética Pública), Dra.Ariana Macaya Lizano, Coordinadora de Grupo, Área Legal de la Corte Interamericana de Derechos humanos IDH), Máster Giselle Boza Solano, directora Programa Libertad de Expresión, PROLEDI de la Universidad de Costa Rica, Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones.
La Máster Yanancy Noguera Calderón, Presidenta de la Junta Directica de COLPER, puntualizó que cuando se habla de la ética, muchas personas se van para el corazón porque es algo que se aprende desde que se es niño y muchos lo unen con la espiritualidad, lo religioso, a los valores, a la moral, pero la ética es un tema más complejo y particular. Por ello, es importante, rescatar los conceptos vistos en este foro, porque los entornos vuelven todo mucho más complejo y participativo que antes: “todo esto tiene que estar sostenido en una base y esa base es la que se va a empezar a construir conjuntamente, para generar un documento poderoso en palabras y poderoso en conceptos donde todos se puedan sentir representados”.
Noguera, dijo que el COLPER es un ente válido, ya que se tiene una responsabilidad validada en este proceso que se va a desarrollar de resguardar el debido ejercicio de la profesión: “Con la claridad de que el mundo es posible, por medio de la comunicación social, y que los y las profesionales tenemos el compromiso de aportar insumos para la profesionalización de esta área del conocimiento humano, sea esta una excitativa abierta, para invitarles a construir desde nuestras profesiones las bases fundamentales del Código de Ética para el COLPER.
El Máster Efraín Cavallini Acuña, Presidente del Tribunal de Honor y Ética, sostuvo que para garantizar la objetividad y veracidad de todo el proceso, el COLPER como entidad organizadora, ha considerado prioritario incorporar la participación de otros actores atinentes con la actividad de la comunicación social, incorporando representantes de medios de información, instituciones afines, universidades y diversos sectores de la Sociedad Civil.
Para Cavallini, la incidencia de la tecnología de la información y comunicación en el quehacer de la sociedad, ha modificado de manera irrefutable la forma en que se construyen las interacciones entre las personas y ha marcado fuertemente las relaciones sociales, por esta razón es pertinente y urgente, para el Colegio de Profesionales en Comunicación, identificar, caracterizar y analizar la profundidad y las mutaciones que estas innovaciones provocan en la comunicación, en cuanto conllevan dilemas éticos de la profesión y de la sociedad:
“Se suman nuevos dilemas y desafíos para las y los profesionales en el ámbito de la comunicación social, que requieren a su vez posiciones éticas, técnicas y morales renovadas, que respondan a las circunstancias y dinámicas de la sociedad y de las tecnologías, porque, encierran riesgos, peligros y otras prácticas, en la medida en que irrumpen en los espacios familiares, del mundo laboral, de la intimidad, de la producción, de las relaciones interpersonales y que necesitan ser normadas, mediante reglas de oro, que faciliten la convivencia, la tolerancia, el respeto, la igualdad, la inclusión, la participación en equidad, para construir una cultura de paz, concordia y de convivencia responsable”.
La construcción del Código de Ética se lleva a cabo con una metodología abierta, basada en el intercambio de conocimientos, experiencias y puntos de vista diversos, así como preguntas generadoras y matrices de trabajo que serán abordadas en los grupos que se conformarán en cada jornada.
Para la Dra. Beatriz Pérez Sánchez, Vicepresidente del Tribunal de Honor y Ética, el COLPER no es ajeno a la realidad que experimenta la comunicación y a los cambios, como entidad de comunicación, está en el centro del mismo de dichos cambios, y es proactiva para reconocer que, estas modificaciones del entorno profesional y cultural responden a una clara posición de liderazgo frente a la complejidad de la comunicación social global: “Los cambios en los entornos mediáticos y de la comunicación en general, no solo generó transformaciones tecnológicas, sino de carácter organizacional en las empresas y de las características de los productos. De ahí, que en el campo de las relaciones Estado y Sociedad, Ciudadanía y Organizaciones, se plantean novedosas formas de interlocución, rupturas y nuevas formas de intercambio y circulación de la información”.
Por su parte, para la Licenciada Bressia Benel Yáñez, Secretaria del Tribunal de Honor y Ética-COLPER, en la actualidad, la sociedad de la información, sustentada en el uso intensivo de las redes y de las plataformas tecnológicas, vive una compleja y permanente revolución de las comunicaciones, producto de las innovaciones de internet y los productos digitales. Los y las profesionales tuvieron que cambiar sus herramientas de trabajo y consecuentemente, adquirir múltiples competencias y habilidades para ejercer sus profesiones y oficios: “Esperamos que la construcción del Código de Ética que iniciamos con este Foro el día de hoy, sea el fruto de un gran esfuerzo colectivo y plural, tanto, de profesionales de las áreas de: Animación digital, Diseño Gráfico, Periodismo, Producción Audiovisual, Publicidad, Relaciones Publicas, Tecnología de la Imagen, las que se incorporen al COLPER; como de diversos actores y sectores de la sociedad. De ahí, que esperamos, que el Código se constituya, más que un requisito jurídico o administrativo, en un instrumento de trabajo y un marco para la acción de las y los profesionales en comunicación que se deben al bien común de la sociedad”.
El Máster Diego Coto Ramírez, Fiscal de la Junta Directiva del COLPER, señaló que el estado y la libertad de expresión son dos conceptos interrelacionados que desempeñan un papel crucial en los nuevos escenarios de la comunicación social. La libertad de expresión es un derecho fundamental que permite a las personas expresar sus ideas, opiniones y pensamientos si censura o interferencia por parte del Estado u otros actores: “En el contexto de la comunicación social, los avances tecnológicos y la proliferación de plataformas en línea han generado nuevos escenarios en los que las personas pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión”.
Coto comentó, que en el contexto actual los profesionales en comunicación se presentan entre otros a los siguientes retos:
La desinformación y noticias falsas: trabajar para verificar la veracidad de la información antes de difundirla y educar al público sobre como identificar y evitar las noticias falsas.
La manipulación de la información: ser conscientes de estas practicas y ser capaces de identificar y contrarrestar los intentos de manipulación.
La protección de la privacidad en línea: ser consciente de los riesgos asociados con la recopilación y uso de datos personales y se debe abogar por prácticas responsables en este ámbito.
El acceso equitativo a la información: trabajar para superar las barreras y garantizar que todos los sectores de la sociedad tengan acceso a información relevante y confiable.
Para el Fiscal del COLPER, con un nuevo código de ética, se le da el lugar y el peso a la profesión en la sociedad, permite llevar a la práctica valores esenciales, como la verdad, la honestidad, la imparcialidad, la independencia y el respeto de los derechos ajenos y propios.
La Dra. Ariana Macaya Lizano, Coordinadora de Grupo, Área Legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos-IDH, indicó que la libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática, es indispensable para la formación de la opinión pública, por lo que se puede afirmar que, una sociedad que no está bien informada, no es plenamente libre: “ La Corte Interamericana ha indicado que, es fundamental la protección a periodistas que laboran en los medios de comunicación, esta protección va desde lo más básico que es protección a la vida, ya que en 2022 se reportaron 67 asesinatos de periodistas.
Mayaca agregó, que existe un deber del periodista, de constatar de forma razonable los hechos que divulga, es decir, resulta valido reclamar equidad y diligencia en la confrontación de las fuentes y la búsqueda de información, esto implica un derecho a las personas a no recibir una versión manipulada de los hechos. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos menciona que: “si bien hay una protección hacia las personas que trabajan en la comunicación, los periodistas cuando ejercen sus labores deben ejercer siguiendo los principios de un periodismo responsable y ético”.
El Estado debe minimizar las restricciones a la circulación de información, pero también debe impulsar la participación en del debate público, concluyó la representante de la Corte Interamericana de Derechos humanos-IDH.
Por su parte el Máster José Armando López, Procurador, Director de la Procuraduría de la Ética Pública, comentó que los colegios profesionales son entes públicos no estatales, por ello, es fundamental entender que integran un colectivo administrativo institucional. A partir de esto se entendería que por ser entes públicos representan intereses profesionales, tienen una naturaleza mixta, porque son públicos en lo tocante a la función pública que encabezan en las Juntas Directivas y que refieren a las regulaciones a la profesión y su régimen disciplinario, pero en los demás aspectos, resultan ser una entidad de naturaleza privada: “Su objetivo no es exclusivamente la defensa de los intereses de los agremiados, su fin público va más allá, es la defensa de la colectividad, la defensa de la sociedad costarricense al velar por el adecuado ejercicio profesional de sus agremiados”.
López, reiteró que la integridad pública es el posicionamiento consistente y la adhesión de valores éticos comunes, así como el conjunto de principios y normas destinadas a proteger, mantener y priorizar el interés público: “ se puede afirmar que para garantizar el fin público, la Junta Directiva del Colegio de Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, debe promover estándares de Integridad Pública como lo promueve la OCDE para la institucionalidad costarricense: en este esfuerzo debe integrarse y alinearse con el DERECHO para garantizar el fin público del Colegio poder generar un instrumento orientador, pedagógico y de incidencia en el ámbito conductual. En otras palabras, es necesario vincular el Código de Ética con el Código Deontológico que contiene los deberes profesionales y el régimen de disciplina por infracciones.
La Máster Giselle Boza Solano, Directora Programa Libertad de Expresión PROLEDI de la Universidad de Costa Rica, hizo referencia a que el desarrollo de las redes sociales, el internet y de la inteligencia artificial, ha provocado un cambio sin precedentes en la forma en que las personas producen, distribuyen y acceden a la información. Esto ha generado un ejercicio más amplio de derechos comunicativos, más participativo y transparente, también ha provocado muchos niveles de contaminación informativa, desinformación deliberada, deterioro del debate del público y consecuentemente de instituciones y procesos democráticos.
Boza, señaló los siguientes desafíos que tiene el derecho a libertad de expresión en Costa Rica:
Amenazas
Proceso de instrumentalización de la comunicación institucional y pública a beneficios de jerarcas de instituciones del Estado
Una falta de determinación del papel que tiene la prensa como actor legítimo, para controlar el abuso del poder, controlar la lucha contra la corrupción, para evitar el ejercicio arbitrario del poder público y poder político.
Asimismo, la representante del Proledi-UCR, comentó algunos compromisos de quien ejerce la comunicación social como profesión:
Compromiso con la institucionalidad democrática, con el derecho a la libertad de expresión y con las garantías que debe tener un Estado democrático para el ejercicio amplio de este derecho.
Compromiso en el plano de una comunicación fincada en los derechos humanos
Compromiso con el uso de las nuevas tecnologías y de la inteligencia artificial al servicio de las personas.
Compromiso con la verificación de los datos, con la lucha contra la desinformación.
“El periodismo debe ser de buena fe” y un proceso ético empieza con la buena fe de quienes empiezan a construir”, puntualizó Boza Solano.
En su reflexión el Máster Gustavo Román Jacobo, Director General de Estrategia y Gestión Pública del Tribunal Supremo de Elecciones, señaló que los seres humanos desde su creación, han tenido la capacidad humana de proyectar lo que tenemos en nuestro cerebro y ponerlo hoy día en una imagen digital: “de ahí, que los seres humanos hemos logrado entendernos, conformar ciudades, crear unidades de cooperación política y tener el desarrollo que hemos tenido hasta nuestros días, es decir, que esa capacidad para comunicarnos, para expresarnos, para proyectar nuestros pensamientos y lo que vemos del mundo a nuestros semejantes fue básico en el proceso de humanización del ser humano. Y si hoy estamos enfrentando un desafío como especie, un desafío en la humanidad, un desafío en todo el mundo es no permitir que estas nuevas tecnologías nos deshumanicen, sino más bien utilizarlas como herramientas de inclusión y de florecimiento de las capacidades y de las virtudes humanas”.
Román, comentó que, desde un enfoque inductivo y negativo, se definen 4 formas concretas en los que en la práctica las personas periodistas pueden lesionar deberes profesionales, cuyo denominador común es la presión económica:
Tensión en la que hay entre la dependencia del mercado publicitario y el compromiso con la verdad y con los valores en general.
Clickbait : la prioridad de impresionar antes de informar en los titulares.
Presión por reducir costos: salas de redacción cada vez más pequeñas.
Conformismo con la audiencia.
El representante del TSE hizo énfasis en cómo, desde los medios de comunicación social en general, las personas en condición de pobreza son invisibilizadas, en el sentido de que se habla sobre ellas, pero no son ellas las que tienen una voz propia. Caso parecido es el de los menores de edad, hay mucha comunicación sobre ellos, pero no es la voz de ellos la que se está escuchando, las personas que sufren algún tipo de discapacidad, no solamente las motoras, sino también las cognitivas: “es fundamental para una democracia y para la promoción y respeto de los derechos humanos que podamos escucharnos. Y entonces esa visibilización de esos sectores debe ser no solamente la de mostrarlos como problema, un problema que otros, nosotros tenemos que atender, sino también, darle la posibilidad de tener su propia voz y expresarnos desde sus propias perspectivas, cuáles son sus necesidades, sus reivindicaciones, sus aspiraciones”, concluyò Román Jacobo.
Cabe indicar que, con el propósito de obtener la mayor cantidad de participación posible, las Jornadas de trabajo para renovar el Código de Ética, se estarán llevando a cabo bajo las modalidades: Presencial, Presencialidad Remota-Zoom y Asincrónica, de esta manera, facilitar los materiales para su mejor provecho, propiciar una amplia interacción, recoger aportes, recomendaciones, opiniones, que serán tomadas en cuenta para este proceso. Asimismo, se estará compartiendo en línea, diferentes documentos, para que sean valorados y respondidos por diversos públicos antes, durante y posterior a cada evento.
Para el Tribunal de Honor y Ética y la Junta Directiva del COLPER, el Código de Ética para quienes se desempeñan en el campo de la comunicación social, debe recoger la voluntad colectiva, para actuar con la debida responsabilidad en el desempeño profesional. Es pertinente que marque el deber y compromiso de la persona colegiada con la democracia, la paz, el pluralismo y la tolerancia, defender la verdad y la independencia como comunicadores y estar siempre al servicio del interés público.
Varios expertos del campo de la comunicación se reunieron en el Simposio Libertad de Expresión y Estado de Derecho para analizar los principales desafíos del país en esta materia.
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
En Costa Rica circulan, por medio de las redes sociales, una gran cantidad de noticias y de contenido falso que propician la desinformación y confusión de la ciudadanía en momentos clave para el fortalecimiento de la democracia. Aunado a ello, persiste un modelo de concentración mediática, el cual restringe las posibilidades de tener una pluralidad de voces en los medios tradicionales.
Estos hechos son considerados por los expertos en comunicación de la Universidad de Costa Rica como parte de los principales desafíos de la libertad de expresión y del Estado social de derecho en nuestro país.
A dichos retos se suman una legislación obsoleta en materia de radiodifusión, la concentración de medios de comunicación en la provincia de San José, la presencia de pocas empresas en el manejo de la televisión por suscripción y la propagación contenido engañoso en redes sociales durante los procesos electorales.
Todos estos y otros dilemas fueron analizados por la Dra. Carolina Carazo Barrantes, el M. Sc. Óscar Jiménez Alvarado y Gustavo Román Jacobo, en el marco del Simposio Libertad de Expresión y Estado de Derecho, organizado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi), de la Universidad de Costa Rica.
Como parte de esta discusión se constató que el país debe seguir trabajando para erradicar los obstáculos que le impiden avanzar en la construcción de una sociedad más justa y equitativa, y de una democracia más sólida.
Concentración mediática y convergencia como parte de los desafíos del ecosistema mediático costarricense
Durante su disertación, el M. Sc. Óscar Jiménez Alvarado realizó un análisis sobre el ecosistema mediático costarricense
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
Según el M. Sc. Óscar Jiménez Alvarado, el ecosistema mediático de Costa Rica se encuentra en un estado de transformación, en el cual nuevos medios como las plataformas digitales y las redes sociales se han integrado a la estructura, pero no han sustituido a los medios tradicionales.
Desde su perspectiva, este proceso de transformación no ha finalizado. Es así como el modelo de comunicación nacional sigue siendo dominado por medios tradicionales, y a la cabeza de ellos se encuentra la televisión.
Se estima que en Costa Rica la televisión llega al 90 % de los hogares costarricenses diariamente. En contraposición, datos del Centro de Investigación en Comunicación (Cicom) confirman que solo el 31 % de los ticos están suscritos a la plataforma digital de pago Netflix. De ese porcentaje, el 80 % de las personas son del Valle Central. Este es tan solo un ejemplo de las inequidades en cuanto al consumo de medios tradicionales y acceso a nuevos medios.
La televisión también destaca como el medio más privilegiado, en materia de inversión publicitaria. Se estima que esta se lleva un 50 % de la pauta mediática en Costa Rica.
Ante este escenario en el cual los medios tradicionales siguen liderando, Jiménez explicó que es necesario analizar con detalle la configuración del esquema mediático costarricense, en el que sobresalen la concentración y la convergencia.
En su opinión, estas dos características del mercado impiden que exista una mayor pluralidad de voces y participación de otros actores en los medios de comunicación costarricenses, tales como organizaciones sin fines de lucro, medios regionales o comunales y minorías.
Además, aseguró que un ejemplo claro de estos fenómenos es el caso de la radiodifusión, campo en el cual la legislación es obsoleta, favorece la concentración de las frecuencias en manos de pocas empresas y no reserva espacio para medios de uso social.
“Persiste una desregulación en el ámbito normativo de la radiodifusión, seguimos estando regulados por una legislación de 1954, que es omisa y presenta muchos vacíos debido al reformismo neoliberal que se aplicó en toda la década de 1990 y principios del siglo 21, quedó desactualizada y no promueve la participación de sectores excluidos”, afirmó Jiménez.
Por otra parte, el investigador del Cicom manifestó que la concentración de medios de comunicación en la provincia de San José, así como la presencia de pocas empresas proveedoras de los servicios de televisión por suscripción, también son parte de los desafíos actuales en materia de libertad de expresión.
“San José concentra el 57 % de los medios del país, y alrededor de 25 cantones no tienen ningún medio de comunicación. Ese desafío en lo territorial también empata con el desafío del pluralismo, en el tanto hay cantones en donde no existe la posibilidad de que la ciudadanía o los grupos organizados puedan comunicar, al menos en el ámbito territorial más cercano, ideas, mensajes o contenidos que para ellos sean importantes o de interés para la comunidad”, expresó Jiménez.
En este sentido, el analista explicó que los contratos de concesión de frecuencias de televisión abierta están a punto de vencer, por lo que este escenario se convierte en una oportunidad para que el poder ejecutivo pueda democratizar el espectro e incluir a otros actores sociales que han sido excluidos del actual ecosistema mediático.
Jiménez señaló que otro dilema por el que atraviesa la libertad de expresión radica en la actual pugna que existe entre sectores económicos de la comunicación y algunos medios digitales, la cual enrarece el debate político.
“Recientemente hemos visto como algunos medios digitales están alineados con posiciones del Gobierno de ataque a medios empresariales. Creo que esa pugna no enriquece el debate público, más bien desvía a los medios y a los periodistas de lo que deberían estar haciendo, que es un control político más fuerte contra las autoridades de Gobierno y legislativas”, expresó Jiménez.
En conclusión, el analista propone que es necesario seguir defendiendo los principios de la libertad de expresión y de acceso a la información, por medio del diálogo y la democracia. Para ello, es urgente una serie de reformas normativas, que tengan como norte la visión democrática y de bien común.
Desinformación en las redes sociales y discursos de odio contra los medios
Por su parte, la Dra. Carolina Carazo se refirió a diferentes estudios realizados por el Centro de Investigación en Comunicación, que abordan el tema de la desinformación en redes sociales durante el proceso electoral 2022.
La Dra. Carolina Carazo se refirió a diferentes estudios realizados por el CICOM respecto al contexto electoral y lo que sucede en la plataformas digitales
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
En el primero de ellos, se analizó la dinámica en cuanto a contenido desinformativo en tres redes sociales: Facebook, Telegram y Twitter, en el contexto electoral 2022. El estudio determinó que, durante el período electoral, circuló una gran cantidad de contenido desinformativo y que la mayor parte del contenido estuvo relacionado con temas como candidatos aspirantes a presidencia (Chaves y Figueres) y a diputados, la pandemia y otros aspectos relacionados con las elecciones en general.
El estudio también determinó que la mayor parte de contenidos desinformativos sobre los candidatos a presidencia fueron compartidos por medio de la plataforma de WhatsApp y que dichos contenidos se triplicaron en el contexto de la segunda ronda electoral.
Asimismo, la experta se refirió a que, en otra investigación del Cicom, se analizó la presencia de perfiles falsos (troles) en Twitter en el contexto electoral. Además, se logró sentar evidencia de que este es un fenómeno cada vez más común en la ecología mediática contemporánea.
Desde su perspectiva, existe una estrecha relación entre los troles y la desinformación, en el tanto estos perfiles falsos revelan intenciones de carácter político-ideológico para influir sobre otros usuarios, y más aún cuando la revelación de esas intenciones es afín al ejercicio remunerado.
Por otra parte, la investigadora explicó que en el Cicom también han estudiado la dinámica del contenido que se comparte en los grupos de la red social WhatsApp, como una plataforma que es de alto consumo en Costa Rica y en donde también destaca el fenómeno de compartir archivos y mensajes que corresponden con contenido desinformativo.
En dicho estudio se analizaron los contenidos de cuatro grupos de WhatsApp afines a un partido político, así como dos de índole ciudadano, en el contexto del período electoral 2022. Según Carazo, los resultados del estudio confirman que, de los casi 7 000 mensajes enviados, un 11 % correspondió a contenidos desinformativos.
Por último, la investigadora explicó que, como parte del trabajo que desarrolla el Observatorio de la Comunicación Digital de la UCR, se han encontrado datos que confirman discursos de odio contra los periodistas y el ejercicio de la Libertad de Expresión en Costa Rica.
En este sentido destacó que, entre el período 2021-2022, se detectaron alrededor de 937 mensajes y conversaciones en redes sociales, ligadas a discursos de odio y discriminación. Esto indica que tal tipo de contenido tuvo un incremento del 71 % en comparación con el período 2020-2021 en el que se detectaron un total de 538 000 mensajes.
Además, explicó que de 10 300 interacciones que se analizaron en el contexto de los debates presidenciales transmitidos en febrero del 2022 por Teletica y Repretel, seis de cada diez comentarios incluían violencia y ataques. A su vez, se confirmó que el tema de los periodistas y medios de comunicación fue el que más generó interacción con expresiones violentas.
En su opinión, todas estas investigaciones confirman que gran parte de los desafíos para la libertad de expresión en Costa Rica están relacionados con los discursos de odio contra los medios de comunicación y los periodistas, la reflexión sobre el papel que cumplen los grupos en plataformas como WhatsApp, en donde se dan dinámicas de cámaras de eco y burbujas; la desconfianza y el descrédito de los medios tradicionales; así como el fenómeno de contenido desinformativo y engañoso en redes sociales.
El simposio Libertad de Expresión y Estado de Derecho fue organizado por Proledi. Para ver las ponencias, puede ingresar a https://www.facebook.com/PROLEDI.
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
¿Qué se entiende por libertad de expresión?
Por su parte, el Dr. Gustavo Jacobo Román, director general de Estrategia y Gestión Política del Tribunal Supremo de Elecciones y docente universitario, realizó un repaso histórico sobre las principales teorías y formas de comprender el término de libertad de expresión.
En primera instancia, el experto hizo alusión al concepto ateniense de Parresia, que es la idea de decirlo todo sin impedimento y con verdad. “Este es muy importante ya que es un concepto básico que asistía en el derecho del debate, en la polis, en la ciudad, y yo creo que ya ahí hay una primera lección: no es libertad de expresión, sino es derecho a una libertad de palabra, pero queda claro que en ese momento no hay polis sin palabra libre”, expresó Jacobo.
Luego se refirió al momento histórico que se dio en el siglo XVI con la aparición de la imprenta, el cual afirma es un hito de gran importancia, ya que fue la primera vez que se pudo hacer difusión masiva con esa tecnología, simultánea y sin necesidad de la copresencia de los seres humanos. En su opinión, se le puede categorizar como el primer medio de comunicación.
“Ahí hay otra lección y es lo consustancial que es a la Libertad de Expresión su variable tecnológica. Esto está estrechamente vinculado con las posibilidades del ejercicio material de la libertad de expresión”, dijo Jacobo.
Dr. Gustavo Jacobo Román hizo un repaso histórico por algunas concepciones clásicas del concepto de libertad de expresión
Foto: Anel Kenjekeeva, UCR
El experto también mencionó que muchas de las ideas sobre la libertad de expresión del filósofo británico John Stuart Mill, aún impactan y están muy presentes en el sentido común de las personas, así como en la jurisprudencia sobre libertad de expresión.
Desde su perspectiva, es importante señalar que Stuart circunscribió sus ideas a la realidad de Inglaterra, por lo que también persisten muchas interpretaciones equívocas sobre su escrito acerca de la libertad de expresión.
Además, afirmó que, a pesar de que Stuart tenía una ideología liberal, siempre tuvo una visión muy republicana a favor de la educación pública y la justicia social.
“Hay mucho de republicanismo en su pensamiento, hay una frase que para mí es básica de Mill en el siglo XIX, para entender las crisis de las democracias en el siglo XXI y que dice: ‘sin salarios dignos y alfabetización universal, ningún gobierno de opinión pública es posible’” dijo Jacobo. Por otra parte, el investigador explicó que para Mill la principal preocupación acerca del ejercicio de la libertad de expresión tenía que ver en cómo la supuesta tiranía de la opinión mayoritaria pudiese llevar a una uniformidad del pensamiento que atentara contra la individualidad; y que fue precisamente dicha preocupación lo que lo llevó a escribir algunas ideas contra la censura, en el marco del debate intelectual.
“Primero dice que toda verdad indiscutible presupone una inaceptable presunción de infalibilidad, que la verdad comúnmente aceptada puede ser errónea entonces debe ser discutida. Luego, dice que prohibir la expresión de un error suprime la posibilidad de su superación en el debate, además que impedir expresar un error, impide que en su confrontación se clarifique y robustezca la verdad con la que se enfrenta ese error. Él plantea que, si la verdad no está en combate, en lucha contra el error, constantemente, se convierte en un dogma muerto y heredado”, afirmó el experto.
En su opinión, el tema de que la confrontación de la verdad la hace ser más sólida fue una posición un poco ingenua de Mill, ya que la confrontación no es garantía de que prevalezca la verdad absoluta. En ese aspecto dio el ejemplo de cómo las tabacaleras lograron postergar por décadas la legislación, debido a que lograron pagar estudios y pagar en los medios para sembrar la duda de si existía o no la relación entre el cáncer de pulmón y el tabaquismo.
Asimismo, explicó que otra idea de Mill radica en que el hecho de enfrentar perspectivas ayuda colectivamente a acercarse a la verdad, es decir a una verdad como resultado de la conciliación de opuestos, que en su opinión está muy bien, pero que es la raíz filosófica de una trampa que es el equilibrio periodístico, de la equidistancia, de poner en debate dos partes para que la audiencia decida.
En resumen, Jacobo señaló que, para Mill, el mercado de ideas produce dos frutos: que se esclarezca la verdad y, segundo, que las personas crezcan en sus virtudes como ciudadanos. Además, agregó que Mill no entiende la libertad de expresión como ilimitada, que para este filósofo el límite sobre el ejercicio de la libertad de expresión está en el daño, un daño muy acotado.
“Cabe preguntarse si Mill, sabiendo lo que ocurre en la actualidad con los discursos de odio y la desinformación, hubiese recapacitado su postura sobre la censura, porque lo cierto es que la legislación internacional se ha movido en una línea más amplia en cuanto a las restricciones de la libertad de expresión que la de Mill. Ya el artículo 11 de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Revolución Francesa habla de abuso de la libertad de expresión. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 no, pero sí habla de un componente de la libertad de expresión, no solo de difundir, sino de recibir y de buscar información. Y el Pacto Internacional de Derechos Ciudadanos y Políticos de 1966 sí ya establece unas restricciones, con las que presumiblemente Mill no hubiera estado de acuerdo. En el artículo 19 dice que se puede limitar la libertad de expresión por respeto a los derechos y a la reputación de los demás, por resguardar la seguridad nacional, la moral y orden público, y luego el artículo 20 prohíbe toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio e incitación a la discriminación”, dijo Jacobo.
Asimismo, se refirió a que en la prueba de umbral del Plan de Acción de Rabat se establecen seis criterios para calibrar si un discurso califica o no como discurso de odio y así tener herramientas para proscribir legítimamente aquellos que sí lo sean.
Tras hacer este repaso histórico por algunas concepciones clásicas del concepto de libertad de expresión, el experto aseguró que han surgido otras visiones sobre los principales desafíos en esta materia. Entre estas destacó la poscensura digital, el rol de las plataformas en internet en la censura, la autocensura, la reflexión de si debe ponerse o no límites a la libertad de expresión para ponerle un freno a la desinformación y quiénes deben aplicar esos límites.
Por último, señaló que la verdadera discusión debe darse en cómo la desinformación y los discursos de odio lesionan la libertad de expresión, y no en torno a cuáles son límites legítimos que se le imponen a la libertad de expresión en el combate de la desinformación.
“Seguir pensando que las lesiones a la libertad de expresión son como antaño (solo las mordazas que impiden expresarse) es tan simple y erróneo como creer que la desinformación es (como lo era antes) solo la carencia de información, porque se impide el acceso a esta. Lo cierto es que, en la esfera pública digital, las amenazas a esta libertad y la desinformación son más sutiles, ya que están inhabilitadas jurídicamente las formas en las que antes sí se podían ejercer estas limitaciones (al censurar o negar información). La desinformación y las lesiones a la libertad de expresión hoy pueden operar exactamente en su sentido opuesto, absolutizándose hasta legitimar su abuso”, expresó Jacobo.
Tatiana Carmona Rizo
Periodista de la Oficina de Comunicación Institucional, UCR
El pasado jueves 1 de junio 2023 se llevó a cabo el foro: “Dilemas éticos: Estado, Libertad de Expresión. Nuevos escenarios de la Comunicación Social. Contexto Costa Rica”.
Se contó con la participación de:
Máster Armando López Baltodano. Procurador Director, Procuraduría de la Ética Pública
Máster Gustavo Román Jacobo. Director General de Estrategia y Gestión Política. Tribunal Supremo de Elecciones, Costa Rica
Ariana Macaya Lizano. Coordinadora de Grupo, Área Legal, Corte Interamericana de Derechos Humanos-IDH
Máster Giselle Boza Solano. Directora Programa Libertad de Expresión, PROLEDI
El Tribunal de Honor y Ética del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica-COLPER, ha considerado pertinente abrir un espacio de diálogo e intercambio, que permita, en consecuencia, con las transformaciones tecnológicas y el entorno comunicacional, modificar y proponer reformas de fondo al Código de Ética de esta organización.
«La destrucción de la paz y la democracia se debe generalmente a la constitución desigual y paralela de dos círculos de libertades autorizadas, es decir, las libertades de expresión y acción aceptadas por los medios de comunicación y el poder político».
Artículo del Académico portugués Boaventura de Sousa Santos. Doctor en sociología, catedrático de la Facultad de Economía y director del Centro de Estudios Sociales de la Universidad de Coímbra (Portugal).Traducción de Bryan Vargas Reyes.
Por: Boaventura de Sousa Santos
Los intelectuales no tienen el monopolio de la cultura, de los valores o de la verdad, y mucho menos el monopolio de aquello que debería ser entendido por cualquiera de estos «dominios del espíritu», como se decía antiguamente. Tampoco pueden renunciar a denunciar lo que, en su opinión, consideran ser destructivo de la cultura, de los valores y de la verdad, especialmente cuando esta destrucción supuestamente ocurre en nombre de la cultura, los valores y la verdad. Los intelectuales no pueden dejar de saludar al sol antes de que nazca el día, pero tampoco pueden evitar advertir que muchas nubes pueden nublar el cielo antes de que caiga la noche e impedir que se disfrute la claridad del día.
En Europa estamos asistiendo al alarmante (re)surgimiento de dos realidades destructivas de los «dominios del espíritu»: la destrucción de la democracia, con el crecimiento de las fuerzas políticas de extrema derecha; y la destrucción de la paz con la naturalización de la guerra. Cualquiera de estas destrucciones está legitimada por los valores que pretende destruir: la apología del fascismo se hace en nombre de la democracia y la apología de la guerra en nombre de la paz. Todo esto es posible porque la iniciativa política y la presencia mediática están siendo entregadas a las fuerzas belicistas y a las fuerzas conservadoras de derecha o extrema derecha. Las medidas de protección social para que la población sienta en el presupuesto y en la convivencia que la democracia es mejor que la dictadura son cada vez más escasas debido a los costos de la guerra en Ucrania y al hecho de que las sanciones económicas en contra del “enemigo”, que supuestamente debían causar daño al enemigo, están, de hecho, causando daño a los pueblos europeos cuyos gobiernos se aliaron con Estados Unidos.
La destrucción de la paz y la democracia se debe generalmente a la constitución desigual y paralela de dos círculos de libertades autorizadas, es decir, las libertades de expresión y acción aceptadas por los medios de comunicación y el poder político. El círculo de libertades autorizadas para posiciones progresistas que defienden la paz y la democracia disminuye cada vez más, mientras que el círculo de libertades autorizadas para posiciones conservadoras que hacen apología de la guerra y la polarización fascista sigue creciendo. Los comentaristas progresistas están cada vez más ausentes de los grandes medios de comunicación, mientras que los conservadores dejan pasar semanalmente páginas enteras cargadas de una mediocridad espantosa. Veamos los principales síntomas de este vasto proceso en curso.
1. La guerra de información sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania se ha desarrollado hasta ahora de tal manera que incluso los comentaristas con cierto sentido común conservador se someten a ella con repugnante sumisión. Un ejemplo entre muchos de los medios corporativos europeos: en el comentario semanal de un canal de televisión portugués (SIC, 29 de enero de 2023), un conocido comentarista, generalmente una persona de buen criterio dentro del campo conservador, dijo más o menos esto: «Ucrania tiene que ganar la guerra porque si no gana, Rusia invadirá otros países de Europa». Más o menos lo mismo que los televidentes estadounidenses escuchan todos los días de la mano de Rachel Maddow en el canal de televisión MSNBC. ¿De dónde viene este absurdo sino del consumo excesivo de desinformación? ¿Se les habrá olvidado que la Rusia postsoviética quería unirse a la OTAN y a la UE y fue rechazada, y que la expansión de la OTAN en las fronteras de Rusia, en contra de lo que le fue prometido a Gorbachov, podría ser una preocupación defensiva legítima por parte de Rusia, incluso si es ilegal invadir Ucrania, como condené desde primera hora? ¿No sabrán que fueron Estados Unidos y Reino Unido quienes boicotearon las primeras negociaciones de paz poco después de la guerra haber comenzado? Y si, por hipótesis, Zelensky quisiera abrir negociaciones con Putin, ¿creen que solo lo detendría la extrema derecha ucraniana? ¿Estados Unidos o Reino Unido lo permitirían? ¿No han pensado los comentaristas ni por un momento que una potencia nuclear enfrentada a la eventualidad de la derrota en la guerra convencional puede recurrir a las armas nucleares, y que esto puede causar una catástrofe nuclear? ¿Y no se dan cuenta de que en la guerra de Ucrania se explotan dos nacionalismos (ucraniano y ruso) para someter a Europa a una dependencia total de Estados Unidos y detener la expansión de China, el país con el que Estados Unidos está realmente en guerra? ¿Que Ucrania es hoy la prefiguración de lo que Taiwán será mañana? Curiosamente, en este vértigo ventrílocuo de la propaganda, nunca se dan detalles sobre lo que significa la derrota de Rusia. ¿Conducirá al derrocamiento de Putin? ¿La balcanización de Rusia?
2. La ideología anticomunista que ha dominado el mundo occidental durante los últimos ochenta años está siendo reciclada para fomentar hasta la histeria el odio antirruso, a pesar de que se sabe que Putin es un líder autocrático, amigo de la derecha y de la extrema derecha europea. Se prohíben los artistas, músicos y deportistas rusos, y se eliminan los cursos sobre cultura y literatura rusas, tan europeas como la francesa. En la primera reunión internacional del club P.E.N. después de la Primera Guerra Mundial, celebrada en mayo de 1923, los escritores alemanes fueron prohibidos como parte de la estrategia de humillar la potencia vencida en el Tratado de Versalles de 1919. La única voz disidente fue la de Romain Rolland, Premio Nobel de Literatura en 1915. Él, que había escrito tanto contra la guerra, y específicamente contra los crímenes de guerra de los alemanes, tuvo el coraje de declarar, «en nombre del universalismo intelectual»: «No someto mis pensamientos a las fluctuaciones políticas y dementes de la política».
3. La democracia está siendo tan vaciada de contenido que puede ser defendida instrumentalmente por aquellos que la usan para destruirla, mientras que aquellos que sirven a la democracia para fortalecerla contra el fascismo son considerados izquierdistas radicales. Fue unánime el coro occidental para celebrar los eventos de la plaza Maidan de Kiev en 2014, donde comenzó la guerra de hoy. Aunque las banderas de las organizaciones nazis fueron claramente visibles en las protestas, a pesar de la furia popular dirigida contra un presidente elegido democráticamente, Víctor Yanukovych, a pesar de que las escuchas telefónicas revelaron que la neoconservadora estadounidense, Victoria Nuland, había indicado los nombres de aquellos que asumirían el poder en caso de una votación, incluida la de una ciudadana estadounidense, Natalie Jaresko, que más tarde sería nombrada nueva Ministra de Finanzas…de Ucrania, a pesar de todo esto, estos eventos, que fueron un golpe bien orquestado para ahuyentar a un presidente pro-russo y convertir a Ucrania en un protectorado estadounidense, se celebraron en todo Occidente con la vibrante victoria de la democracia. Nada de esto fue incluso tan absurdo como el hecho de que el diputado de la oposición venezolana, Juan Guaidó, se proclamara presidente interino de Venezuela en una plaza de Caracas en 2019, y eso fue suficiente para que Estados Unidos y muchos países de la UE lo reconocieran como tal. En diciembre de 2022, fue la propia oposición venezolana la que puso fin a dicha farsa.
4. La dualidad de criterios para juzgar lo que está sucediendo en el mundo asume proporciones aberrantes y se ejerce casi automáticamente para fortalecer a los apologistas de la guerra, estigmatizar a los partidos de izquierda y normalizar a los fascistas. Los ejemplos son tantos que cuesta seleccionarlos. Doy algunos de ellos. En Portugal, por ejemplo, el comportamiento ruidoso e insultante de los miembros del partido de extrema derecha Chega en el parlamento es muy similar al comportamiento de los parlamentarios del partido nazi en el Reichstag desde que ingresó en el Parlamento alemán a principios de la década de 1920. Hubo intentos de detenerlos, pero la iniciativa política les pertenecía y las condiciones económicas los favorecían. En mayo de 1933, estaban promoviendo la primera quema de libros en Berlín. ¿Cuánto tiempo esperarán los portugueses? El segundo ejemplo. Siguiendo una orientación derechista global muy patrocinada por las instituciones de contrainsurgencia de Estados Unidos, los gobiernos izquierdistas que no pueden ser derrocados por golpes suaves deben ser desgastados por acusaciones de corrupción. Forzarlos a lidiar con problemas de gobernabilidad y de crisis permanente para que no puedan gobernar estratégicamente. En Portugal, al parecer, solo hay corrupción en el Partido Socialista. Para los medios de comunicación conservadores hegemónicos, todos los ministros del gobierno socialista, hasta que se demuestre lo contrario, son considerados corruptos. No es difícil encontrar ejemplos similares en otros países.
En el plano internacional me refiero a dos ejemplos evidentes. Ahora está prácticamente establecido que la explosión de los gasoductos Nord Stream en septiembre de 2022 fue obra de Estados Unidos (como, por cierto, había prometido Joe Biden), con la eventual colaboración de aliados. Si fue o no fue su responsabilidad, deberá ser investigado sin demora por una comisión internacional independiente. Lo que parece claro es que la parte perjudicada, Rusia, no tenía ningún interés en destruir la infraestructura cuando le bastaría cerrar el grifo. El 8 de febrero de 2023, el respetado periodista estadounidense Seymour Hersh reveló con información concluyente que fue Estados Unidos quien planeó desde diciembre de 2021 la explosión de los gasoductos Nordstream 1 y Nordstream 2[1]. Si es así, estamos ante un delito grave que configura un acto de terrorismo de Estado. Debería ser de gran interés para Estados Unidos, el Estado que se afirma como un defensor de la democracia global, averiguar qué sucedió. ¿Era esta la única forma de obligar a Alemania a unirse a la guerra contra Rusia? ¿El sabotaje de los gasoductos pretendía acabar con la política de mayor autonomía energética para Europa en relación con EE. UU. iniciada por Willy Brandt? Con la energía cara y las empresas cerradas, ¿no fue esta una forma eficaz de detener el motor económico de la UE? ¿Quién se beneficia de ello? ¿Se incluyó en el cálculo el injusto sacrificio impuesto a las familias alemanas de pasar por un invierno sin un calor razonable? El más profundo silencio pesa sobre este acto terrorista.
El segundo ejemplo. La violencia de la ocupación colonial israelí sobre Palestina se intensifica. Desde principios de año, Israel ha matado a 35 palestinos; el 26 de enero asaltó el campamento de refugiados de Jenin en el West Bank y mató a otras 10 personas, incluidos 2 niños. Un día después, un joven palestino mató a siete personas fuera de la sinagoga de un asentamiento israelí en la sección oriental de Jerusalén, que fue ocupada ilegalmente por Israel. La violencia existe en ambos lados, pero la desproporción es brutal, y muchos actos de terrorismo por parte de Israel (a veces cometidos con impunidad por colonos o por militares en los denominados “checkpoints”) ni siquiera se denuncian. No hay enviados de los medios de comunicación occidentales para informar de lo que está sucediendo en los territorios ocupados, donde se produce la mayor violencia. No tenemos imágenes insoportables del sufrimiento y muerte en el lado palestino (a excepción de imágenes furtivas de teléfonos móviles). La comunidad internacional y el mundo árabe no dicen nada. A pesar de la inmensa desproporción de la violencia entre los dos lados de la guerra, no hay ningún movimiento para enviar armas para Palestina, contrario a lo que sí se está haciendo con Ucrania. ¿Por qué la resistencia de los ucranianos es justa y la de los palestinos no lo es? Europa, el continente donde tuvo lugar el holocausto judío, está en el origen remoto de los crímenes cometidos contra Palestina, pero hoy muestra una odiosa complicidad con Israel. La UE está trabajando arduamente para establecer un tribunal para juzgar los crímenes de guerra. Pero hipócritamente, solo los crímenes cometidos por Rusia. Como en los años que precedieron a la Primera Guerra Mundial, los llamamientos al europeísmo (la paneuropea, como se llamaba entonces) son cada vez más llamamientos a la guerra cargados con una retórica para encubrir el sufrimiento injusto y la pérdida de bienestar que se está imponiendo a los pueblos europeos sin haber sido consultados sobre la necesidad o conveniencia de la guerra.
¿Por qué hay tanto silencio sobre todo esto?
Frente a todo esto, quizás el silencio más incomprensible sea el de los intelectuales. Incomprensible, porque los intelectuales afirman a cada paso tener una mayor clarividencia que la de los mortales comunes. Sabemos por experiencia histórica que, en los períodos inmediatamente anteriores al estallido de las guerras, todos los políticos dicen que están en contra de la guerra mientras contribuyen a ella. En estas condiciones el silencio es pura complicidad con los señores de la guerra. Contrariamente a lo sucedido a principios del siglo XX, no hay fuertes declaraciones de intelectuales reconocidos por la paz o por la «independencia de espíritu» y en defensa de la democracia. Cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, tres imperialismos estaban presentes: el ruso, el británico y el prusiano. No había duda para nadie de que el más agresivo era el imperialismo prusiano.
Curiosamente, en ese momento no se escuchó a grandes intelectuales alemanes manifestarse contra la guerra. El caso de Thomas Mann merece una reflexión. En noviembre de 1914, escribió un artículo en la Neue Rundschau[2] titulado Gedanken im Kriege (Pensamientos en tiempos de guerra) en el que defendía la guerra como un acto de Kultur (es decir, Alemania, como él mismo añadiría) contra la civilización. Para él, la Kultur era la sublimación de lo demoniaco (die Sublimierung des Damonischen) y estaba encima de la moral, de la razón y de la ciencia. Y concluía, “la ley es amiga de los débiles, quisiera nivelar el mundo, pero la guerra hace aparecer la fuerza” (Das Gesetz ist der Freund des Schwachen, mochte gern die Welt verflachen, aber der Krieg lasst die Kraft erscheinen)[3]. Según él, Kultur y militarismo eran hermanos. En 1919, publicó el libro Consideraciones de un apolítico[4] en donde defendería la política del Kaiser y afirmaba que la democracia era una idea antialemana. Felizmente para la humanidad, Thomas Mann cambió sus ideales y se transformó en uno de los grandes críticos del nazismo. Por el contrario, en el lado ruso, las voces críticas contra el imperialismo ruso, desde Kropotkine hasta Tolstoi, desde Dostoievski hasta Gorki, siempre han sido bien notorias.
Hay muchas preguntas que los intelectuales tienen la obligación de responder. ¿Por qué se habrán callado? ¿Seguirá habiendo intelectuales, o lo que queda es una pobre clericultura?
[2] Revista literaria alemana trimestral con sus más de 100 años de historia ininterrumpida, es una de las publicaciones culturales más antiguas de Europa.
[3] Citado por Romain Rolland Au-dessus de la mêlée. Paris, Paul Ollendorf, 1915, 59.
[4] Betrachtungen eines Unpolitischen, Berlim, S. Fischer Verlag
Uno de los problemas reportados por medios de difusión como claves en El Salvador ha sido la constante lucha contra la violencia, que hace difícil la preservación del desarrollo en todas sus formas, ya que se ha vuelto un problema sistemático que repercute en toda la población.
Ante ello, Ivania Cruz, abogada y vocera del Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador, alza la voz en cuanto a la realidad vivida por la población en relación con las medidas establecidas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
Bajo una de las más violentas olas de violencia, el gobierno ha establecido acciones igualmente drásticas, modificando, reformando y agregando nuevas atribuciones al código penal salvadoreño con condenas más largas para aquellos implicados o relacionados a las pandillas, y sumado a esto, el restringir la libertad de expresión y de prensa, estableciendo condenas a periodistas que den visibilidad a todo lo relacionado con la problemática, además de la suspensión de las garantías sociales y con ello diversas acciones de índole autoritaria.
Ivania Cruz y en base al informe reciente del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Siméon Cañas (UCA), donde exponen las arbitrariedades que suceden bajo la mira de nadie. Este informe establece que en El Salvador se han reportado 4,060 personas como desaparecidas durante los últimos dos años.
Según lo expuesto por Cruz, lo que se está viviendo en El Salvador no solo se basa en la problemática de los grupos violentos, sino que, ésta se ha utilizado como una forma de establecer un régimen fuera de los derechos humanos, donde se instaura una persecución política sobre aquellos opositores al gobierno.
Por ello Cruz declaró para el Semanario Universidad:
“Actualmente en El Salvador vivimos una dictadura. A los magistrados de la Corte Suprema de Justicia los sustituyen y ahora con una nueva ley sobre la carrera judicial ya no solamente (controlan) a los magistrados, si no a los jueces de los casos que a ellos les interesaba sustituir, como el caso de (la masacre de) El Mozote.
Cofappes entra a partir de 2021 por los primeros casos individuales; hoy, 2022, hablamos de capturas masivas.
En el 2021 hablamos de capturas a cualquier oposición, comenzó su discurso con los partidos opositores, FMLN y Arena, pero después pasó a cualquier crítica: hay siete periodistas exiliados, existe la ley mordaza según la cual los periodistas ya no pueden hacer publicaciones sobre las pandillas. Es una limitante a la libertad de expresión y al periodismo en El Salvador”.
De esta manera la abogada Cruz señala que es grave la situación que presenta el país, donde el Estado infringe violencia sobre los ciudadanos, en cuanto a estos encarcelamientos masivos que se dan bajo la persecución y el silencio, lejos de cualquier vestigio de derechos. Además, se debe tener presente que no existe un oposición consolidada dentro de El Salvador, ya que sin oposición en la Asamblea Legislativa, pudo realizar diversas acciones como el despido de los jueces de la Sala Constitucional de El Salvador, estableciendo nuevos afines a sus intereses.
Por cuánto, los esfuerzos visiblemente extremistas del presidente Bukele, que señala ante el público como una lucha contra las fuerzas violentas y guerrillas, que se establecen en El Salvador genera una disminución visible, aun así Cruz señala que “actualmente en el país, hay más de 100 muertos a manos del Estado dentro de los centros penales por el régimen de excepción, pero la gente a veces cree que esos muertos son pandilleros, pero la mayoría son personas civiles, o jóvenes que fueron muertos por riñas dentro de una celda en la que estás metiendo a gente inocente mezclada con pandilleros”.
Cada 20 de septiembre se celebra el Día Mundial de la Libertad de Expresión del Pensamiento, para conmemorar la «Brecha de la Porta Pía» en Roma, un hecho significativo mediante el cual las fuerzas patrióticas italianas derrotaron a las fuerzas del Vaticano, aliadas al Imperio Francés y con lo que se logra la unidad de Italia.
Con la celebración de esta efeméride se pretende reafirmar y apoyar la diversidad de opiniones y el derecho a la libertad de expresión sin hostigamiento a los pensamientos, opiniones y creencias de las personas, como base de la sociedad moderna, libre y democrática.
Este día mundial sobre la libre expresión del pensamiento pretende visibilizar el acosamiento y encarcelamiento de personas por ejercer el derecho a la libertad de expresión, violando sus derechos humanos fundamentales relacionados con la búsqueda y divulgación de información, ideas y opiniones sin represalias.
Desde luego qué hay algunos que abusan de este derecho humano fundamental, y es necesario entender que ejercer este derecho, implica además una responsabilidad.
Abusar del mismo implica que podría haber consecuencias de varios tipos.
Lo importante es que todos tenemos derecho a expresar libremente nuestros pensamientos, nuestras opiniones y nuestras creencias, pero si en ese afán de ejercicio de este derecho humano violentamos el mismo abusando en esa expresión llegando a lesionar el derecho de los demás podría incurrir en responsabilidades civiles y penales.
Desde siempre tenemos derecho a expresar nuestras ideas, pensamientos y opiniones, sin embargo, en algunos países ese derecho ha sido cercenado y cualquier opinión que no sea del agrado de quienes gobiernan implicaría detenciones e incluso encarcelamientos. Tenemos muy cerca ejemplos que se han sucedido en los últimos tiempos y por ello debemos de hacer lo necesario para que este derecho constitucional y humano se fortalezca en nuestro país.
Dios quiera que podamos seguir gozando de este derecho y que nos permita poder expresarnos en forma adecuada sobre lo que sucede en nuestro país y en el mundo sin tener que sufrir persecución por ello y menos perder la libertad siendo encarcelados.
Investigación UCR consultó a 18 mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales. Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La legislación existente en Costa Rica no detiene la violencia política contra las mujeres
El aumento de la participación de las mujeres en la política nacional promueve las manifestaciones de violencia y discriminación en redes sociales, así lo determinó una investigación desarrollada por la M.Sc. Yanet Martínez, Directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
“En 2018, por primera vez en la historia de Costa Rica, la Asamblea Legislativa alcanzó el mayor número de diputadasen la historia del país. Aunque esto representa un hito y fue un logro político importante, también fue el año en que tuvimos un aumento de la violencia política contra las mujeres”, expresó Martínez.
Los resultados de esta investigación se derivan de 18 entrevistas a mujeres vinculadas de manera activa a Municipalidades, el Poder Ejecutivo y la Asamblea Legislativa en el período entre 2014-2022; con el propósito de conocer sus experiencias respecto a manifestaciones de violencia simbólica y en redes sociales.
Entre los criterios de selección de las mujeres entrevistadas, se buscó a aquellas con participación en la función política en los últimos ocho años y que fueran provenientes de diversos partidos políticos y posturas ideológicas, para lograr un equilibrio en los resultados por analizar.
La violencia política en Costa Rica se tipificó en la Ley para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política, aprobada por la Asamblea Legislativa, en el 2021. Esta normativa contempla el acoso u hostigamiento, la violencia física, psicológica, emocional, sexual, patrimonial y simbólica, como medio de protección a las mujeres en el escenario político.
“La existencia de esta legislación no asegura su cumplimiento ni la erradicación de las manifestaciones de violencia contra las mujeres en política, ya sea de tipo simbólica, mediática o en redes sociales”, expresó Yanet Martínez.
La académica agregó que “Cada avance es resultado de la lucha colectiva, en este caso de la mujeres y de personas aliadas, pero una vez lograda la normativa no se acaba la historia ahí, sino que debemos trabajar el tema educativo, cultural, entre otras dimensiones”.
Yanet Martínez Toledo, directora e investigadora en temas de género del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM). Foto: Laura Rodríguez Rodríguez, UCR.
La violencia política trasciende al espacio digital
La investigación determinó que las redes redes sociales se han convertido en uno de los principales espacios donde se manifiesta la violencia contra las mujeres vinculadas a la función pública, como lo es el caso de las entrevistadas más jóvenes, quienes experimentaron la utilización de fotografías de sus perfiles privados para desacreditar su labor política.
Según detalla el estudio, las manifestaciones de violencia contra las mujeres en espacios digitales forman parte de una cultura de discriminación hacia esta población en el espacio público. Existe un círculo de violencia en el que se conjugan expresiones en espacios presenciales y digitales; siendo entornos donde se presentan de manera directa la violencia de género y un ataque al ejercicio político de las mujeres, como medios para transgredir la ideología y a las opiniones de las mujeres y sus cuerpos.
Martínez aseguró que “las mujeres vivimos en contextos de violencia y violencia simbólica, que puede pasar por el acoso, pero en las redes sociales pasa por otras formas de acoso y hostigamiento. Cuando eres una mujer en política estás entrando en un territorio que tradicionalmente ha sido masculinizado, que es un espacio donde está naturalizado la violencia contra las mujeres”.
Respecto al uso político de redes sociales, las mujeres entrevistadas reportan las expresiones de violencia y hostigamiento a través de diversas plataformas. Se determinó que 17 de las 18 entrevistadas han experimentado manifestaciones de violencia siendo usuarias de Facebook; 11 como usuarias de Instagram y 7 a través de la plataforma de Twitter.
“En los mensajes privados es donde a veces pasa de todo. Uno dice: no puede ser que alguien en sus cinco sentidos llegue a estas cosas. Pero de ahí en fuera tratamos de manejar todo con cautela, con mucha prudencia. Y respirando un poco, porque sí a veces uno desea contestar muchas cosas, pero sabe que no debe o no puede hacerlo”, declaró una diputada del PLN-Alajuela (2018-2022).
Algunas entrevistadas optaron por un uso limitado de sus redes sociales, como forma de autocuidado, velando por su propia salud mental y obviando de cierta forma las manifestaciones de violencia suscitadas por su función política.
La investigadora afirma que la totalidad de las mujeres entrevistadas han vivido violencia política de manera directa, o al menos conocen a una mujer que lo haya experimentado. Sin embargo, también se ha determinado que en algunas ocasiones no se reconoce la violencia y por tanto, se omite haberla experimentado.
El estudio contempló una serie de medidas para mitigar las expresiones de violencia contra las mujeres entrevistadas mediante diversos esfuerzos de sus equipos de comunicación, a fin de identificar los comentarios con contenido de odio, el establecimiento de diálogos y publicaciones que apelen a la conciencia de la población sobre este tipo de contenidos.
En Costa Rica existen entidades que desarrollan acciones de incidencia para promover la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación, como son la Red de Mujeres Municipalistas (RECOMM) y el Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica. Estas instancias contemplan la investigación como estrategias colectivas para el fortalecimiento de las alianzas entre mujeres que incursionan en política.
Para la coordinadora del PROLEDI, la M.Sc. Giselle Boza Solano, el estudio abordado propicia el debate político y académico para el fortalecimiento de la libertad de expresión y la participación política de las mujeres libre de violencia y discriminación en diversos escenarios.
“La investigación contribuye hacia una apertura del plano académico, el fortalecimiento de los usos políticos de las redes sociales, así como en la construcción de una ciudadanía política que ayude a afrontar las manifestaciones de violencia política, mediática y en redes sociales”, expresó Boza.
Gustavo Martínez Solís, Asistente de Prensa, Oficina de Divulgación e Información, UCR.
