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Etiqueta: libertad sindical

FRENASS condena la acción ilegal e ilegítima del Gobierno

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Comunicado

FRENASS condena la acción ilegal e ilegítima del Gobierno de Laura Fernández de rechazar los nombramientos de Rocío Alfaro y Martha Rodríguez como representantes sindicales ante la Junta Directiva de la CCSS

El Gobierno de Laura Fernández rechazó los nombramientos de Rocío Alfaro y Martha Rodríguez como representantes, titular y suplente, ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Este accionar contraviene la Ley N.º 17 Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social; en particular su artículo 6, según el cual el movimiento sindical debe hacer la designación de manera libre y autónoma, sin ningún tipo de injerencia del Gobierno o cualquier otro ente; una vez que se celebre la Asamblea democrática sindical. El nombramiento se debe realizar, tal y como señala la Ley, “…sin que el Poder Ejecutivo pueda impugnar tales designaciones”.

Rechazamos y reprobamos las acciones ilegales e ilegítimas de este Gobierno contra la Ley, la Constitución Política y los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad sindical.

Llamamos a la población nacional e internacional a estar vigilantes sobre lo que acontece en la CCSS.

Y, en especial, llamamos a la población nacional, a las organizaciones sindicales y sociales a defender en las calles, en los centros educativos, en las redes sociales, en los hogares y en todos los espacios de nuestra vida cotidiana, la designación autónoma de las representantes electas.

¡Atentos y atentas a los próximos llamados a manifestaciones en defensa de autonomía de la CCSS y de los nombramientos del movimiento sindical!

¡La Caja no se vende!, ¡La Caja se defiende!

FRENASS denuncia injerencia política indebida e inconstitucional en el nombramiento de la representación sindical ante la Junta Directiva de la CCSS

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El Frente Nacional por la Seguridad Social (FRENASS) manifestó su rechazo a la actuación del Gobierno en relación con el nombramiento de la representación laboral-sindical ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al considerar que constituye una injerencia política indebida e inconstitucional.

Mediante un pronunciamiento público, FRENASS sostiene que el Gobierno de Laura Fernández Delgado se extralimita en sus competencias al intervenir en un ámbito que corresponde a la autonomía de las organizaciones sindicales y al marco jurídico que regula la integración de la Junta Directiva de la institución.

La organización afirma que esa actuación violenta la Ley Constitutiva de la CCSS, así como los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relacionados con la libertad sindical y el derecho de sindicación y negociación colectiva.

FRENASS enfatiza que la Caja Costarricense de Seguro Social es una institución autónoma por mandato constitucional y sostiene que esa condición debe ser respetada independientemente de la posición que asuma el Gobierno de turno.

En su comunicado, el Frente considera que la autonomía institucional y el respeto a la representación sindical constituyen elementos fundamentales para preservar el modelo de seguridad social costarricense y la institucionalidad democrática.

Finalmente, FRENASS hace un llamado a la ciudadanía a mantenerse vigilante en defensa de la CCSS y concluye su pronunciamiento con la consigna «¡La Caja no se vende, la Caja se defiende!»

El movimiento sindical rechaza la decisión del consejo de gobierno de desconocer la voluntad democrática de las organizaciones sindicales

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Comunicado

La decisión del Consejo de Gobierno pone en riesgo el normal funcionamiento de la CCSS y el derecho a la salud de la población

El Movimiento Sindical de Costa Rica manifiesta su más enérgico rechazo al acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, mediante el cual se rechazó el nombramiento de la señora Rocío Alfaro Molina como representante titular y de la señora Martha Elena Rodríguez González como representante suplente ante la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), poniendo en riesgo el funcionamiento de su Junta Directiva.

Esta decisión constituye un grave precedente para la democracia, la libertad sindical y la autonomía de las organizaciones de trabajadores, al desconocer la voluntad soberana expresada por el Movimiento Sindical mediante el procedimiento democrático previsto en el artículo 6 de la Ley Constitutiva de la CCSS.

El Consejo de Gobierno ha sustituido, mediante valoraciones subjetivas y discrecionales, la decisión adoptada por las organizaciones sindicales, arrogándose una facultad que la ley no le confiere. La potestad de verificar el cumplimiento de requisitos legales no autoriza a descalificar a la persona democráticamente electa mediante interpretaciones restrictivas ni a imponer requisitos que el legislador nunca estableció.

El Movimiento Sindical reafirma que la representación de las personas trabajadoras ante la Junta Directiva de la CCSS pertenece a las organizaciones sindicales y debe respetar la decisión adoptada democráticamente por estas, conforme al mandato de la Ley Constitutiva de la institución.

Por ello, anunciamos que agotaremos todas las vías de presión social, administrativas y judiciales nacionales e internacionales que el ordenamiento jurídico reconoce para la defensa de la autonomía sindical, la legalidad y el respeto al Estado Social de Derecho.

Finalmente, hacemos un llamado a todas las organizaciones sociales, sindicales y a la ciudadanía a mantenerse vigilantes en defensa de su derecho a la salud, a las pensiones, a la vida y de la institucionalidad democrática que garantiza la CCSS.

La defensa de la Caja Costarricense de Seguro Social también exige defender el respeto a la ley, la democracia y la representación legítima de las personas trabajadoras.

Organizaciones internacionales llaman al gobierno de Honduras a cesar la represión y respetar los derechos humanos

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El Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, junto con organizaciones del movimiento social, popular y sindical, así como defensoras y defensores de derechos humanos de distintos países, hizo público un pronunciamiento de solidaridad con el pueblo hondureño ante lo que califica como un preocupante incremento de la violencia institucional, la represión y la intimidación contra comunidades campesinas, ambientalistas, sectores estudiantiles y organizaciones magisteriales.

La declaración cuenta con el respaldo de más de 82 organizaciones e instancias internacionales y más de 50 personas comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la justicia social y la vida digna. En ella se hace un llamado urgente al gobierno encabezado por Nasry Asfura para que cese los mecanismos de represión y garantice el respeto pleno de los derechos humanos conforme a las normas nacionales e internacionales.

El documento señala que, desde la llegada del actual gobierno hondureño, se ha producido una profundización de prácticas represivas que recuerdan los periodos más difíciles vividos por ese país entre 2009 y 2022. Según el pronunciamiento, estas acciones han afectado especialmente a comunidades rurales, organizaciones campesinas, movimientos sociales y personas defensoras del ambiente, la tierra y los territorios.

Entre los hechos denunciados se encuentra la incursión ocurrida el 18 de mayo en la comunidad campesina de Rigores, en Trujillo, departamento de Colón. De acuerdo con la denuncia, personas con uniformes policiales habrían destruido viviendas, herramientas de trabajo y medios de transporte utilizados por niños y niñas para asistir a la escuela. Posteriormente, el 21 de mayo, la comunidad habría sido escenario de un ataque armado que dejó un saldo preliminar superior a 19 personas fallecidas.

El pronunciamiento también menciona hechos violentos ocurridos el mismo día en Corinto, Cortés, donde se registró un enfrentamiento armado que provocó la muerte de al menos cinco agentes policiales y tres civiles.

Las organizaciones firmantes sostienen que estos acontecimientos se desarrollan en un contexto de reformas legales de carácter punitivo y de políticas orientadas a la militarización, situación que, afirman, incrementa la vulnerabilidad de las comunidades rurales y de quienes defienden derechos humanos y ambientales.

En el ámbito educativo, el Observatorio denuncia acciones dirigidas a desconocer la representación legítima de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), organización que considera la instancia representativa del magisterio hondureño. Según el documento, estas medidas debilitan la libertad sindical y afectan al movimiento educativo, estudiantil y comunitario.

Asimismo, se expresa preocupación por el caso de Axel Medina, estudiante de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), quien perdió un ojo durante una protesta realizada en defensa del financiamiento de la educación superior pública.

Ante esta situación, las organizaciones internacionales exigen una investigación exhaustiva, independiente y transparente sobre los hechos ocurridos en la comunidad de Rigores, así como la identificación, captura y juzgamiento de todas las personas responsables, incluyendo eventuales estructuras vinculadas al crimen organizado o a la narcoviolencia.

El pronunciamiento demanda además el cese de la violencia institucional contra las comunidades campesinas, la reparación integral para las víctimas, garantías de no repetición y medidas urgentes de protección para las personas afectadas.

Igualmente, respalda los llamados formulados por organizaciones de derechos humanos como ACI Participa, así como las gestiones dirigidas a organismos internacionales entre ellos la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), la Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH), Front Line Defenders y Amnistía Internacional.

Las organizaciones también solicitan la apertura de un proceso de diálogo con la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras, el respeto a los convenios internacionales sobre libertad sindical y negociación colectiva promovidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), así como atención a las demandas planteadas por el Frente de Reforma Universitaria (FRU) y el movimiento estudiantil hondureño.

El documento concluye con un llamado a detener las masacres y asesinatos selectivos, garantizar justicia para las víctimas de la represión, respetar al magisterio hondureño y al movimiento estudiantil, y defender los derechos humanos como una responsabilidad que trasciende fronteras.

FOMCA expresa solidaridad con organizaciones magisteriales de Honduras y llama al diálogo social

Escrito en . Publicado en Solidaridad internacional.

La Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) emitió un comunicado oficial en el que manifiesta su respaldo y solidaridad con las organizaciones magisteriales de Honduras, al tiempo que hace un llamado a las autoridades de ese país para fortalecer el diálogo social y respetar los derechos sindicales y laborales del sector educativo.

En el pronunciamiento, la organización regional señala que sigue con atención los acontecimientos que afectan a las organizaciones magisteriales hondureñas y reafirma su apoyo a las federaciones legalmente constituidas que representan a las trabajadoras y los trabajadores de la educación en ese país.

FOMCA destaca que, como entidad comprometida con la defensa de la educación pública, la libertad sindical y los derechos laborales del magisterio centroamericano, observa con preocupación cualquier acción que pueda desconocer la representación legítima de las organizaciones magisteriales reconocidas por la legislación nacional y por los principios internacionales que garantizan la participación democrática de las personas trabajadoras en los asuntos que les conciernen.

Asimismo, la federación regional exhorta al Gobierno de Honduras a fortalecer los mecanismos de diálogo social con las organizaciones representativas del magisterio nacional, respetando la institucionalidad gremial y los mecanismos de representación establecidos en el marco jurídico hondureño.

El comunicado también hace referencia a la importancia de cumplir y respetar los convenios internacionales relacionados con la libertad sindical, la negociación colectiva y los derechos de organización de las personas trabajadoras, especialmente aquellos promovidos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Según FOMCA, las decisiones vinculadas con el sector educativo deben desarrollarse mediante procesos de diálogo inclusivos, transparentes y respetuosos de la legalidad vigente.

Finalmente, la organización reafirma su compromiso con la defensa de los derechos laborales, profesionales y sociales de las y los docentes centroamericanos, así como con el fortalecimiento de una educación pública de calidad al servicio de los pueblos de la región.

El pronunciamiento fue emitido por el Ejecutivo Federal de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Centroamérica (FOMCA) en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el 31 de mayo de 2026.

¡La huelga es un derecho, no un delito! Triunfo histórico de la clase trabajadora en la CIJ

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Movimiento Trabajo Digno CR

Desde el Movimiento Trabajo Digno celebramos con profunda alegría y convicción de clase la histórica Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Se ha ratificado ante el mundo entero lo que la clase trabajadora sabe por experiencia propia: el Convenio 87 de la OIT protege implícita e inalienablemente el derecho a la huelga. Este no es un simple trámite burocrático de un tribunal lejano; contra la ofensiva del sector patronal internacional, que durante más de una década orquestó una campaña sistemática para desarmarnos. Intentaron usar el silencio literal del texto de 1948 para arrebatarnos nuestra herramienta más poderosa de presión, buscando que la «libertad sindical» significara únicamente el derecho a reunirnos pacíficamente mientras ellos seguían acumulando riqueza a costa de nuestra fuerza de trabajo y nuestra precarización.

Hoy, la CIJ les dice que no, que están equivocados. Hoy se reafirma que el capital no puede imponer sus reglas absolutas y que sin derecho a la huelga no existe una democracia real ni mucho menos una Justicia Social. A la luz de esta resolución, el panorama de Costa Rica queda claro:

Queda al desnudo la farsa de la Ley Anti Huelgas del Gobierno de Carlos Alvarado. Los sectores neoliberales representados por los partidos tradicionales y las cámaras empresariales nos impusieron la nefasta Ley 9808 para criminalizar la protesta, castigar económicamente al magisterio y amordazar a la clase trabajadora bajo el disfraz de los «servicios esenciales». A las juventudes que hoy enfrentamos el fraude de las plataformas digitales, los contratos basura y la flexibilización laboral, este fallo nos garantiza que el derecho a paralizar la producción para exigir condiciones dignas nos pertenece.

Es una validación moral y legal a cada docente, a cada persona trabajadora de la salud, y a cada militante que ha soportado estigmatización, intimidación y rebajos salariales por defender los servicios públicos y las instituciones de bienestar social pilares del Estado costarricense.

A las bases, a la militancia y a la clase trabajadora: Festejemos este hito histórico con la frente en alto. Hemos derrotado la arrogancia patronal en el plano internacional. Pero no olvidemos nunca que los derechos reconocidos en los tribunales de La Haya solo se vuelven realidad cuando los defendemos y los ejercemos en las calles, en los centros de estudio y en nuestros lugares de trabajo.

Vamos a usar este fallo internacional para exigir la derogatoria de toda legislación que mutile nuestra libertad sindical y nuestra libertad de convocar a huelgas cuando las condiciones lo ameriten. Vamos a traducir esta victoria en organización.

Fallo histórico de la CIJ reafirma el derecho de huelga – Sindicatos costarricenses denuncian ley restrictiva y rezago frente al estándar internacional

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Instituto Sindical de Formación Política

Comunicado

Carlos Luis Fallas (Calufa) en su discurso sobre la huelga bananera de 1934 decía: “Antes de 1934, la vida en las bananeras de la United era un horrible infierno… y ya esto es mucho decir, porque son infames las condiciones de vida que hoy soportan allí los trabajadores.”

“Fallo histórico de la Corte Internacional reafirma el derecho de huelga; sindicatos denuncian que Costa Rica mantiene una ley restrictiva y fuera del estándar global”. CSA.

Campanas al viento o días de lucha por la libertad de huelga, esa es la tarea pendiente de los sindicatos. En una noticia: La Haya, 21 de mayo de 2026. En una decisión calificada como “histórica” por la Confederación Sindical de las Américas (CSA), la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió una opinión consultiva que protege el derecho de huelga como un pilar fundamental de la libertad sindical. El máximo tribunal de Naciones Unidas determinó que la paralización laboral está amparada por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), zanjando décadas de disputas políticas y jurídicas y fortaleciendo la legitimidad del sistema multilateral de protección de derechos.

Mientras el mundo avanza en ese reconocimiento, las organizaciones sindicales costarricenses denuncian que el país se ha quedado rezagado con una legislación restrictiva que consideran contraria a los estándares internacionales. Para la CSA, el fallo adquiere una importancia particular “en un contexto internacional marcado por el avance de proyectos autoritarios, ataques a la libertad sindical y criminalización de la protesta social”. Sin embargo, en Costa Rica la normativa vigente —específicamente la Ley para Brindar Seguridad Jurídica en Huelgas (N° 9808), aprobada en 2020— impone condiciones que, a juicio de los movimientos sociales, desnaturalizan el derecho.

“El derecho a la huelga es un pilar fundamental en la defensa de la dignidad, la libertad y la democracia”, señaló la diputada Sofía Guillén (Frente Amplio) al presentar un proyecto para derogar la norma actual. La Ley 9808 impide el pago de salarios a los huelguistas desde el inicio de la protesta (salvo que un juez declare la huelga legal a posteriori), limita las huelgas contra políticas públicas a un máximo de 48 horas y declara “manifiestamente ilegal” cualquier paralización en servicios considerados esenciales, sin una definición clara que cumpla con los criterios de la OIT.

A pesar de los intentos por revertir la situación en los tribunales, la Sala Constitucional (Sala IV) declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) en agosto de 2025, avalando la mayoría de los artículos impugnados de la ley. La diputada Guillén calificó la normativa vigente como una ley que “nació con un afán revanchista” tras las protestas contra la reforma fiscal y argumentó que “la huelga es un mecanismo legítimo de protesta y negociación que permite a los trabajadores exigir condiciones laborales justas”. Ahora, es la Sala Constitucional la que esté en entredicho al no respetar la libertad de huelga.

La OIT ya había recibido una reclamación formal contra Costa Rica por el incumplimiento de los Convenios 87, 98 y 135. Con esta nueva opinión consultiva de la CIJ —que reafirma “décadas de jurisprudencia”—, la comunidad internacional cuenta con una herramienta jurídica más sólida para presionar al país a armonizar sus leyes con los estándares globales. El comunicado que celebra el fallo concluye con una frase que resuena con fuerza entre los sindicatos costarricenses: “La democracia no puede existir sin libertad sindical. Y no hay libertad sindical plena sin el derecho de huelga”.

¿Dónde están los derechos laborales en la agenda política?

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Gerardo Castillo Hernández

En vísperas de las elecciones presidenciales de 2026, la revisión de los planes de gobierno revela una verdad incómoda: de los veinte partidos que aspiran a dirigir Costa Rica, solo el Partido de la Clase Trabajadora (PT) reconoce explícitamente en su programa la tríada fundamental de los derechos laborales: libertad sindical, negociación colectiva y derecho de huelga.

El resto de las agrupaciones -ya sea por omisión o por falta de acceso a sus documentos completos- no ofrece garantías claras sobre estos pilares de la democracia laboral. Frente Amplio, Liberación Nacional y Nueva República, partidos con presencia significativa en el debate público, no mencionan de manera textual estos derechos en sus propuestas. ¿Qué significa este silencio? ¿Es acaso un descuido, o una estrategia deliberada para invisibilizar la voz organizada de las y los trabajadores?

La ausencia de referencias explícitas no es un detalle menor. La libertad sindical no es un lujo, sino un derecho humano reconocido internacionalmente. La negociación colectiva es el mecanismo que equilibra las relaciones de poder entre patronos y trabajadores. El derecho de huelga es la herramienta última de resistencia frente a la injusticia. Negar o invisibilizar estos derechos equivale a debilitar la democracia misma.

El sindicalismo costarricense debe preguntarse:

  1. ¿Por qué los partidos que hablan de “empleo digno” callan sobre la organización sindical?
  2. ¿Qué modelo de país se construye cuando se omite la negociación colectiva?
  3. ¿Qué futuro laboral nos espera si el derecho de huelga se borra del discurso político?

La respuesta no puede ser la resignación. Este vacío programático debe convertirse en una alerta sindical y en un llamado a la acción. Es hora de exigir a cada candidato y partido que se pronuncie con claridad: ¿defienden o no los derechos laborales fundamentales? La ambigüedad no es aceptable cuando está en juego la dignidad de miles de trabajadores y trabajadoras.

El sindicalismo costarricense tiene frente a sí un desafío político y educativo de su afiliación: visibilizar esta omisión, interpelar a los partidos y movilizar a la ciudadanía para que los derechos laborales no sean relegados a notas al pie, sino que ocupen el lugar central que merecen en la construcción de un país justo y democrático.

SIUNED: Solidaridad con la Unión de Empleados de Dos Pinos

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¡Por la defensa de la libertad sindical y los derechos laborales en Costa Rica!

El Sindicato Unitario de la UNED (SIUNED) manifiesta su más firme solidaridad con la Unión de Empleados de Dos Pinos (UDECO DOS PINOS) y con todas las personas trabajadoras que hayan sido víctimas de prácticas antisindicales y despidos injustificados por parte de la Cooperativa Dos Pinos R.L.

En un contexto nacional marcado por la persecución, el hostigamiento y la criminalización del ejercicio de la libertad sindical, y donde el poder político parece estar subordinado a los intereses de grandes grupos económicos, denunciamos enérgicamente:

  1. Las acciones arbitrarias y discriminatorias ejecutadas por la Cooperativa Dos Pinos R.L., que, pese a presentarse como cooperativa, actúa con total impunidad frente a las autoridades laborales.

  2. La ola de despidos masivos y discriminatorios, especialmente mediante el uso del Artículo 254 del Código de Trabajo, que permite despedir a trabajadores lesionados en el ejercicio de sus funciones. Esta práctica constituye una grave violación a los derechos humanos y laborales.

  3. El uso sistemático y antisindical del Artículo 85 inciso d) del Código de Trabajo, como herramienta para desmantelar la organización sindical dentro de la empresa.

Exigimos respeto al marco de derechos laborales:

Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS):

  • Intervención inmediata para detener los despidos masivos y garantizar el acatamiento de los derechos laborales.

  • Denunciamos la omisión estatal y la negativa reiterada a recibir a la representación de UDECO DOS PINOS, lo cual agrava la situación de vulnerabilidad de cientos de familias trabajadoras. El MTSS debe actuar con autonomía y compromiso con la justicia laboral.

A la Cooperativa Dos Pinos R.L.:

  • Exigimos el cese inmediato de las violaciones a los derechos laborales y la restitución del diálogo social y el respeto a la libertad sindical.

  • Rechazamos el uso de disposiciones legales como instrumentos de represión sindical y exigimos el respeto a la organización colectiva de las personas trabajadoras.

Desde el SIUNED, nos sumamos al llamado urgente por la defensa de los derechos laborales y nos oponemos a las acciones antisindicales de la cooperativa.

Nada que afecte a una persona trabajadora o limite sus derechos nos es ajeno; la lucha sindical es por la defensa de toda la clase trabajadora, porque somos una sola clase, unida por la dignidad, el trabajo y la justicia.

¡SOLIDARIDAD CON UDECO DOS PINOS! ¡NO A LOS DESPIDOS DISCRIMINATORIOS!

SIUNED: ¡Unidad y Lucha!

UAS denuncia despidos masivos en Dos Pinos y pide al Ministerio de Trabajo una investigación inmediata

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La Confederación de Trabajadores Unidad en la Acción Sindical (UAS) y la Unión de Empleados de la Cooperativa Dos Pinos (UDECO) denunciaron públicamente una serie de despidos masivos en la Cooperativa Dos Pinos R.L., que afectarían a más de 40 trabajadores y trabajadoras, muchos de los cuales han sufrido accidentes laborales o están sindicalizados.

La conferencia de prensa, realizada este 21 de octubre en el auditorio del SINAE-AFINES, contó con la participación de Lenin Hernández Navas, presidente de la UAS; Alexis Casanova, secretario general de UDECO y trabajador despedido; y Maikol Hernández, vicepresidente de la UAS y secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria, Gastronomía, Hotelería y Afines (FENTRAGH).

Despidos de personas lesionadas y sindicalizadas

Según explicó Alexis Casanova, los despidos se están realizando en distintas plantas de la cooperativa en todo el país, bajo el artículo 85 inciso 9 del Código de Trabajo, lo que consideran una medida discriminatoria y antisindical.

“Tenemos contabilizados al menos 25 afiliados despedidos, aunque el número podría ser mucho mayor. Lo más preocupante es que entre las personas afectadas hay trabajadores lesionados durante el ejercicio de sus funciones. En lugar de reubicarlos, como corresponde, la empresa los está despidiendo”, señaló Casanova.

El representante sindical subrayó que los estudios internos que la empresa utiliza para justificar los despidos se realizan sin participación del sindicato, lo que genera falta de transparencia y desprotección jurídica para los trabajadores afectados.

Testimonio: “Me despidieron por estar enfermo”

Uno de los casos expuestos fue el de Fernando Calderón, quien trabajó en Dos Pinos por más de 13 años y fue despedido tras someterse a una cirugía por hidrocefalia, una condición que afecta su movilidad.

“Me dijeron que no había dónde reubicarme, que no podían tenerme más en la empresa. Tengo 53 años y con mi condición se me hace muy difícil conseguir trabajo. Yo no pedí enfermarme, pero ellos no quisieron ayudarme”, contó visiblemente afectado.

“Dos Pinos ya no actúa como una cooperativa solidaria”

Para Maikol Hernández, representante de FENTRAGH y de la UAS, la situación refleja una transformación preocupante en el modelo empresarial de la cooperativa:

“Dos Pinos nació como una empresa de la economía social solidaria, pero hoy actúa como una multinacional neoliberal, despótica y opresora. Se está dejando de lado al trabajador como eje central del proyecto cooperativo, tratándolo como simple mercancía”, advirtió.

La UAS indicó que esta situación representa una violación directa a los convenios internacionales suscritos por Costa Rica, entre ellos los Convenios 87 y 98 de la OIT, que garantizan la libertad sindical y la negociación colectiva.

UAS pide intervención del Ministerio de Trabajo

En su intervención, Lenin Hernández Navas, presidente de la UAS, anunció que la organización envió una carta al ministro de Trabajo, Andrés Romero Rodríguez, solicitando la apertura de una investigación exhaustiva sobre los despidos y la instalación de una mesa de diálogo tripartita entre el sindicato, la empresa y el Gobierno.

“No sabemos si lo que ocurre responde a una política económica general, a los tratados de libre comercio o a una política antisindical. Lo cierto es que se están violentando derechos fundamentales. Pedimos al Ministerio de Trabajo que actúe con transparencia y haga valer la justicia laboral”, manifestó Hernández.

El dirigente sindical enfatizó que, de no haber respuesta, la UAS acudirá a instancias internacionales, incluyendo la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para denunciar las violaciones a los derechos laborales.

Llamado a la responsabilidad social y cooperativa

Durante la conferencia, Hernández recordó los orígenes de la cooperativa, fundada en 1947 por 25 productores bajo principios de solidaridad y bien común, y criticó que la actual administración esté enviando “una pésima señal al país”.

“Dos Pinos nació para promover el bienestar colectivo y hoy está despidiendo a trabajadores enfermos o sindicalizados. Eso es cruel, inhumano y contradice la esencia cooperativa. Costa Rica necesita empresas solidarias, no patronos que actúen como transnacionales”, concluyó.