El Tribunal absolvió al asesino confeso de Jerhy Rivera en un acto contra los pueblos originarios y las personas líderes indígenas, de racismo e impunidad.
El próximo jueves 26 de setiembre a las 3:30 pm se realizará un plantón por la exigencia de justicia para Jehry Rivera, se llevará a cabo frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia.
El Comité Costarricense de Acción Contra el Cambio Climático invita a participar de la gira para visitar las tierras recuperadas en Buenos Aires, en Territorio Térraba, el sábado 13 de noviembre.
El objetivo es visibilizar lo que está ocurriendo en los territorios recuperados y tener la oportunidad de conocer a los líderes y lideresas principales del movimiento.
La recuperación de tierra Indígena es una parte clave de la lucha contra el cambio climático. La recuperación de la tierra de usurpadores no-Indígenas es un acto justo y necesario para volver la tierra a un uso sostenible y que respeta la Naturaleza. Hoy en día en Costa Rica hay un movimiento fuerte de recuperación de tierra Indígena que está teniendo muchos éxitos y es un modelo para la lucha Indígena por recuperar sus tierras en las Américas. Para más información o para reservar, puede comunicarse via WhatsApp o Signal al +506 8640 0032.
El informe analiza la situación vinculada al asesinato de personas defensoras de los derechos humanos. En su informe, la Relatora Especial da la voz de alarma sobre la incidencia de asesinatos en muchas partes del mundo, y examina el problema de las amenazas de muerte, que a menudo preceden al asesinato de los defensores de los derechos humanos.
De acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ACNUDH), la región de América Latina y el Caribe registró constantemente el mayor número de asesinatos a personas defensoras, produciéndose 933 de un total de 1.323 casos denunciados en esos años. Asesinaron personas defensoras de los derechos humanos en Colombia (397), Brasil (174), México (151), Honduras (73), Guatemala (65), el Perú (24), Nicaragua (14), Venezuela (14), El Salvador (10), Argentina (3), Chile (2), el Ecuador (2), Belice (1), Bolivia (1), Costa Rica (1) y Haití (1).
Situación en nuestro país, Costa Rica
En diciembre del 2020, se presentó el libro “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica”, que recuenta casi 100 hechos de violencia contra las personas defensoras de la naturaleza en nuestro país. En este texto, queda claro que Costa Rica forma parte de la región con mayor cantidad de asesinatos a personas defensoras del mundo, puesto que ocupa Latinoamérica desde el 2012.
La investigación fue realizada por Mauricio Álvarez Mora y Alicia Casas, y posteriormente compilada por la periodista Fabiola Pomareda. Esta obra sistematiza 18 demandas individuales y 7 demandas colectivas, contra más de 36 personas activistas procesadas por defender el ambiente y derechos comunitarios. Además, se listan formas de persecución y amenazas documentadas, que incluyen al menos 25 atentados y ataques directos, 10 incendios a casas y locales y 21 casos de amenazas de muerte. Toda esta violencia ha culminado en los asesinatos de 13 defensores y defensoras del ambiente, los cuales se perpetraron entre 1975 y 2020, y la mayoría de los cuales aún se mantiene en la impunidad.
Una herramienta para combatir la situación
El 28 de septiembre del año 2018, 23 países firmaron el “Acuerdo Regional Sobre El Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, inaugurando así el camino de ratificaciones por parte de los Estados miembros. Es un Acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y ambiente, que tiene como eje central el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río, con el fin de garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos ambientales (ver más).
Cumplido el período de dos años, el pasado 28 de septiembre del 2020, el Acuerdo entró en vigor, con una “sorpresa”: Costa Rica aún no lo había ratificado e inexplicablemente el gobierno no ha convocado sobre el asunto en la Asamblea Legislativa. Esto a pesar de tener en su mandato dos asesinatos a líderes indígenas, ya que el pasado 24 de febrero de 2020, Yerhy Rivera fue asesinado.
Dos asesinatos, 10 líderes y lideresas indígenas amenazadas de muerte y unos 77 hechos de violencia. Entre el periodo de un día antes del asesinato de Yerhy y junio del año pasado, hay claras evidencias de que el gobierno no solo ha incumplido las medidas cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sino que también es responsable de no impedir ni detener la violencia estructural que sufren los pueblos indígenas de Costa Rica.
Resulta no menos que inquietante, que un país como Costa Rica, el cual ha buscado caracterizarse como un país defensor de los derechos humanos y el ambiente, tenga como gran pendiente la ratificación de un Acuerdo, que lleva en su conformación la defensa de ambos pilares de la política exterior costarricense.
Por Mauricio Álvarez Mora, proyecto ED-3526 “Educación Popular y Geografía: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios rurales de Costa Rica”, docente Escuela de Geografía, Programa Kioscos Socio ambientales UCR y IDELA-UNA.
La Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (Feucr) invita a participar del conversatorio “Perspectiva histórica y estado actual de la resistencia indígena en Costa Rica. Acceso a la tierra y asesinato de líderes indígenas” que se llevará a cabo el próximo jueves 14 de enero a las 5:00 pm en modalidad virtual.
El evento contará con la participación de Cyndi Vargas, lideresa, recuperadora de tierras y agricultora del Térraba; Pablo Sibar, recuperador Crun Shurin, coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) e investigador comunitario; y Emanuelle Buitrago, líder Bribri de Talamanca, coordinador en Frenapi.
SURCOS comparte el siguiente pronunciamiento de la Universidad Estatal a Distancia:
La Universidad Estatal a Distancia fiel a sus Fines, Principios y Lineamientos de Política Institucional, concebidos en el marco de los derechos humanos y la vocación democrática del Estado costarricense, expresa por este medio, una vez más y con vehemencia, la profunda preocupación por la situación de violencia que sufren de manera sostenida, desde hace una década, líderes y lideresas indígenas, defensores de los derechos y territorios indígenas costarricenses, algunos de los cuales forman parte como funcionarios o como estudiantes de nuestra institución.
Más de 1000 estudiantes indígenas son parte de nuestra comunidad estudiantil, la mayoría de ellos matriculados en los Centros Universitarios de Talamanca y Buenos Aires, aunque contamos con estudiantes indígenas en por los menos 26 de nuestros Centros Universitarios. También tenemos participantes indígenas en programas de extensión y proyectos de investigación que responden al esfuerzo institucional de reconocimiento de los derechos educativos y al compromiso de acompañamiento y de trabajo que asumió la UNED con estos pueblos desde su Segundo Congreso Universitario.
La UNED ha procurado el reconocimiento de los derechos indígenas mediante acciones afirmativas en nuestros servicios estudiantiles y mediante contrataciones de personas indígenas en programas y proyectos que se ejecutan en sus territorios, permitiéndonos como institución, tener una vinculación directa con las realidades que cotidianamente vivencian sus familias y comunidades, lo que nos compromete también, a favorecer espacios de diálogo intercultural, de denuncia ante injusticias, inseguridades y violaciones de sus derechos y a ofrecer los aportes que puedan formularse desde nuestras competencias institucionales, para el mejoramiento de las condiciones de vida de sus pueblos.
Por las razones anteriores, este Consejo Universitario desea insistir ante las autoridades nacionales, en la necesidad de atender de manera inmediata y eficaz el conflicto territorial y la violencia derivada que sufren actualmente varios territorios y personas indígenas, debido a los irresueltos problemas de usurpación de tierras que suman más de 40 años de espera y que debido a la decisión de recuperar sus tierras por parte de algunas familias, éstas son víctimas de una reacción violenta desmedida y sin control por parte de personas no indígenas con posesiones de tierras dentro de los territorios indígenas.
Ese es el caso de Mariana Delgado Morales, bribri de Salitre y Pablo Sibar Sibar brörán de Térraba, ambos coinvestigadores comunitarios del Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de nuestra universidad, amenazados de muerte en repetidas ocasiones, debido a su participación en los procesos de recuperación, quienes junto con decenas de personas y familias cabécares, bribris y brörán han sido agredidas y amenazadas constantemente dentro de sus propios territorios. En el caso de doña Mariana, también un hijo suyo, Minor Ortiz Delgado, ha sido víctima de dos atentados con arma de fuego por lo que mantiene dos balas alojadas en sus piernas, que hoy lo limitan para moverse y le impiden trabajar como podría haberlo hecho en el campo y cuyos responsables se mantienen en libertad y sin sanción alguna.
En una investigación realizada por nuestro Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE)1 fueron documentados más de 150 eventos de violencia -quemas de cultivos y de viviendas, balaceras, amenazas, agresiones directas – entre el 2012 y el 2017 solo en Salitre, de los cuales al menos 61 fueron presentados formalmente como denuncias ante el Poder Judicial, todas archivadas o desestimadas, generando una impunidad que ha sido denunciada repetidamente por los líderes comunitarios y que continúa sumando incidentes hasta el momento.
Esta problemática se ha extendido a otros territorios en los cantones de Buenos Aires y Pérez Zeledón en la zona sur– Térraba desde el 2013, Cabagra desde el 2016, China Kichá desde el 2019 y Guatuso en la zona norte – Maleku 2020-.
El conflicto también se ha agudizado incluyendo nuevas formas de agresión hasta el asesinato, como ocurrió con Sergio Rojas Ortiz (2019) y Yerhry Rivera Rivera (2020), defensores de derechos indígenas y recuperadores de Salitre y Térraba, respectivamente, cuyos crímenes se encuentran impunes.
El caso de Sergio Rojas Ortiz es un claro ejemplo de la criminalización de las luchas indígenas, pues estuvo encarcelado sin que se lograra nunca establecer una causa judicial en su contra; lo cual además muestra la estigmatización de los liderazgos indígenas al ser responsabilizado individualmente por decisiones y procesos colectivos de recuperación, y evidencia la impunidad existente en este conflicto territorial, puesto que este crimen se encuentra en estos momentos, a punto de ser archivado por parte de las autoridades judiciales, alegando falta de pruebas.
A lo largo de estos diez años, nuestra institución ha denunciado estos hechos una y otra vez, aportando investigaciones, datos útiles para el análisis de las causas estructurales de este conflicto, para la comprensión de la pérdida de confianza de los pueblos indígenas en la institucionalidad pública y en las autoridades de los diferentes poderes de la República.
Numerosas son las denuncias realizadas por los Consejos de Mayores de los propios territorios indígenas acerca de estas situaciones y abundantes son los pronunciamientos– tanto de la UNED como de otras universidades y ONGs – acerca del marco de derechos indígenas que continúa siendo violentado sistemáticamente desde que se promulgó la Ley Indígena (1977), de los repetidos incumplimientos de las Medidas Cautelares impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (MC 321-12 CIDH) al Estado costarricense desde el 2015, o de los señalamientos realizados en diferentes informes y notas a las autoridades respectivas por parte de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica desde el 2014 hasta la fecha, así como de los llamados de atención que constan en los informes de los Defensores de Derechos Humanos del Sistema de Naciones Unidas (2011 y 2020).
Estos llamados de atención sobre la sistemática violencia de la que están siendo víctimas los recuperadores indígenas y sus familias, así como de la inoperancia de nuestro sistema de justicia -cuando se trata de derechos indígenas-, se han ido conjuntando como un clamor que suma cada vez más organizaciones sociales e instituciones nacionales e internacionales comprometidas con el respeto de los Derechos Humanos.
Es lamentable que nuestro país, considerado baluarte por sus instituciones civilistas y trayectoria democrática, que ha decidido declarar constitucionalmente su composición multiétnica y pluricultural, muestre en la práctica, inaceptables vacíos e inconsistencias a la hora de aplicar los derechos indígenas en la resolución de causas judiciales, y en la toma de decisiones políticas y administrativas, lo cual lleva a incumplimientos injustificados de nuestros compromisos internacionales y a una reducida capacidad para resolver como corresponde –a la luz de los derechos de estos pueblos- esta situación que se prolonga injusta y peligrosamente, no solo para las poblaciones indígenas sino para nuestra sociedad en su conjunto.
Ante la persistencia de esta grave situación, la Universidad Estatal a Distancia hace un nuevo y enfático llamado a las autoridades de los diferentes Poderes de la República y a la ciudadanía en general para que:
Se adopten las medidas políticas, técnicas, administrativas y presupuestarias, necesarias para garantizar el real ejercicio por parte de los pueblos indígenas de sus derechos reconocidos a nivel internacional mediante el Convenio N 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo, del cual Costa Rica es firmante desde 1993; las Declaraciones de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU (2007) y de la OEA (2016) y demás instrumentos jurídicos, de los cuales Costa Rica es firmante, así como de la Ley Indígena (1977), la Ley de Acceso a la Justicia( 2019), y toda normativa nacional específica relacionada con los derechos indígenas.
Se dé cumplimiento a cabalidad de las Medidas Cautelares (MC 321-12 CIDH), se ejecuten los acuerdos comunitarios y los protocolos de implementación establecidos con tal propósito, entre las instituciones y los peticionarios.
Se realicen con urgencia y agilidad los procedimientos judiciales y administrativos de saneamiento territorial y desalojos correspondientes, para la devolución de las tierras a sus legítimos propietarios indígenas.
En las resoluciones del Poder Judicial se aplique como corresponde el derecho específico indígena, de manera que estos pueblos y territorios no continúen siendo violentados en sus derechos debido a la aplicación en su contra, del derecho general no indígena.
Se tomen las decisiones y medidas necesarias para prevenir y atender oportuna y eficazmente las situaciones de violencia que se ejercen actualmente contra líderes, lideresas y familias indígenas recuperadoras de los diferentes territorios, otorgándoles la protección y el seguimiento necesarios para garantizar su vida e integridad física.
Desde los tres poderes de la República se dé seguimiento y respuesta a los asesinatos de Sergio Rojas Ortiz y Jhery Rivera y se encuentre a los responsables materiales e intelectuales de estos crímenes.
Se garantice la seguridad y resguardo de la vida e integridad física de nuestro funcionario Pablo Sibar Sibar y nuestra funcionaria Mariana Delgado Morales y de todas las personas indígenas que corren peligro por defender sus derechos territoriales.
Carta abierta a los presidentes de los supremos poderes de la República
Sr. Carlos Alvarado Quesada, presidente de la República
Sr. Fernando Cruz Castro, presidente del Poder Judicial
Sr. Eduardo Newton Cruinshank Smith, presidente de la Asamblea Legislativa
Muy distinguidos señores presidentes:
Desde el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), queremos unir nuestra voz a la de diversas organizaciones y personas que en días recientes han expresado su preocupación por el acoso continuo y las amenazas a la vida y la tranquilidad, que afectan a Pablo Sivas Sivas y a otros líderes y lideresas de los pueblos indígenas.
Debemos reconocer que Costa Rica está en deuda con los pueblos indígenas. En un país que presume de su Estado de derecho, el derecho, en lo que compete a los pueblos indígenas, ha sido irrespetado reiteradamente. Y no hablamos de derechos en abstracto, sino de obligaciones explícitas recogidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre pueblos indígenas y tribales, la ley 6172 “Ley Indígena” de 1977, y la Declaración sobre los defensores y las defensoras de los derechos humanos (declaración de la Asamblea General de la ONU, A/RES/53/1448, marzo de 1999). Por más de 20 años, la Asamblea Legislativa ha ignorado y mantenido en el congelador, un proyecto de ley destinado a garantizar una más eficaz aplicación de sus derechos, incluyendo el ejercicio de su autonomía territorial. Recordemos, además, que, en abril de 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), le impuso a Costa Rica, Medidas Cautelares (MC 321-12), de acuerdo con las cuales el Estado costarricense tiene la obligación de velar por la vida e integridad de las personas indígenas.
Se ha irrespetado el derecho de los pueblos indígenas a su territorio y a su autonomía de gobierno, como se ha violentado su derecho a la paz y a una vida digna. En resumen, es claro que, a lo largo de muchos años, los sucesivos gobiernos, la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, de una u otra forma, por vías más o menos directas o indirectas, han sido cómplices de la violencia contra las comunidades indígenas, y, en particular, contra quienes lideran la lucha por sus derechos. La mayor parte de las veces, la prensa, con contadas y honrosas excepciones, ha sido partícipe de esta atrocidad.
Permanecen impunes, cubiertos por un manto de indiferencia y abulia, los homicidios de dos líderes indígenas: Sergio Rojas Ortiz, asesinado el 18 marzo de 2019, y de Yerhy Rivera Rivera, muerto el 24 de febrero de 2020. También permanecen impunes los reiterados actos de violencia e intimidación contra las personas, familias y comunidades indígenas que, valientemente, han querido hacer valer el derecho a sus territorios, el cual les es reconocido por todas las normas vigentes, pero que nuestra institucionalidad sigue negándoles. Todo lo cual evidencia el incumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la CIDH.
Conocemos más de cerca el caso de Pablo Sivas Sivas, indígena Brorán del territorio de Térraba, como también el de Mariana Delgado Morales, indígena Bribri del territorio de Salitre, ya que él y ella son parte de nuestros equipos de trabajo, con los que han colaborado a lo largo de años, en calidad de “investigadores comunitarios”. Sabemos que Pablo ha sufrido hostigamiento y ha recibido graves amenazas. Sabemos que Mainor Ortiz Delgado, hijo de doña Mariana, recibió una brutal golpiza. Sabemos, asimismo, del ambiente de amenaza e intimidación, que permanentemente viven estas familias y sus comunidades.
Hemos investigado en profundidad los hechos de violencia acaecidos en el territorio de Salitre, y los hemos documentado amplia y rigurosamente, como podrán ustedes confirmarlo en el siguiente enlace que, respetuosamente, les invitamos a explorar: https://cicde.uned.ac.cr/investigaciones/5-15.
Con todo respeto, pero de la forma más vehemente, urgimos a la institucionalidad pública de Costa Rica, cuya representación al más alto nivel corresponde a ustedes tres, para que proceda a tomar las decisiones y adoptar las medidas que esta situación demanda con carácter urgente: en reconocimiento de los legítimos derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica y en protección de su vida y su tranquilidad, en especial la de su líderes y sus lideresas, pero, igualmente, las de sus familias y de la de sus comunidades. Por favor, tengan presente que respetar la dignidad de nuestros pueblos indígenas, dignificará a Costa Rica entera.
Tenemos una enorme deuda con nuestros pueblos indígenas, la cual debe ser saldada a la mayor brevedad posible.
Atentamente
P/Consejo Científico del CICDE Dr. Luis Paulino Vargas Solís Director a.i. CICDE
En marzo del año pasado, el líder indígena Sergio Rojas, fue asesinado en su hogar tras recibir el impacto de 15 balas. El ataque brutal captó la atención internacional. La semana pasada, el Estado de Costa Rica, típicamente considerado como un líder en el hemisferio en materia de derechos humanos, sorprendió con la notificación del archivo fiscal del caso sin identificar ni sancionar a los responsables, argumentando que no había sido posible individualizar al imputado.
Ante un contexto de violencia e impunidad que enfrentan las y los defensores indígenas en Costa Rica, organizaciones nacionales e internacionales hacen un llamado al gobierno de Costa Rica para que lleve a cabo las medidas necesarias para que cese la impunidad y la violencia.
San José, 05 de octubre de 2020.- Las organizaciones de derechos humanos que suscriben este comunicado expresan su profunda preocupación por la situación de impunidad estructural, vigente en Costa Rica hacia personas defensoras de los derechos de los pueblos indígenas. La impunidad sigue siendo la respuesta oficial a las reiteradas amenazas, hostigamiento, violencia y homicidios que actualmente enfrentan líderes indígenas y personas defensoras de derechos humanos en el país. Esta impunidad pone en riesgo la vida de todas las personas defensoras de derechos en Costa Rica.
Desde el 2012, organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos han documentado y denunciado varios casos de violencia e impunidad contra los pueblos indígenas Bribri y Brörán ubicados en Salitre y Térraba respectivamente, territorios al sur de Costa Rica. En este contexto de creciente violencia contra los pueblos Bribri y Brörán y sus continuos esfuerzos denunciando violaciones ante instancias nacionales e internacionales, las comunidades han sido otorgadas medidas cautelares internacionales (MC-312-12) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, estas medidas cautelares no se han respetado ni cumplido. Desde el 2019, dos integrantes de la comunidad han sido asesinados y decenas más heridos de gravedad, desalojados por la fuerza y amenazados de muerte.
En marzo de 2019 fue asesinado el beneficiario de medidas cautelares y líder indígena, Bribri, Sergio Rojas, quien defendía los derechos de los pueblos indígenas frente a la ocupación ilegal de sus territorios. Tras una breve e inadecuada investigación y sin identificar a los responsables, el pasado 24 de septiembre la Fiscalía notificó a la familia de Sergio, su decisión de archivar la investigación, garantizando la impunidad de los responsables e infringiendo el deber estatal de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen y efectivamente, asegurando más violencia.
Desde el asesinato de Sergio Rojas, las comunidades indígenas en los Territorios Indígenas de Salitre, Térraba, Cabagra, China Kichá, Maleku y otros han experimentado un aumento de los ataques. Sin embargo, persisten los obstáculos para denunciar, las investigaciones son inadecuadas, no se otorga protección a víctimas ni testigos, no se imponen medidas cautelares efectivas como la prisión preventiva a los agresores, y ningún responsable ha sido condenado. Así, la impunidad estructural ha garantizado la repetición de los ataques contra las personas defensoras de los derechos de sus territorios, incluso por parte de los mismos perpetradores. Impunidad que contrasta con los procesos judiciales contra personas indígenas recuperadoras, que les imposibilitan habitar y trabajar sus tierras, y sin que exista una adecuada rendición de cuenta por parte del Estado de los procesos judiciales que involucran a personas indígenas.
En febrero de 2020, un segundo beneficiario de medidas cautelares de la CIDH y líder indígena Brörán, Jehry Rivera, fue asesinado mientras defendía pacíficamente sus tierras ancestrales. Murió en presencia de la policía, la cual dejó su cuerpo en la calle mientras los agresores continuaban agrediéndolo con profunda brutalidad, actos que fueron frenados gracias a la valiente acción de sus hermanos y hermanas indígenas. Continuando la impunidad y clima de vulnerabilidad, los perpetradores confesos fueron puestos en libertad. Tras su impune asesinato, su familia y la principal testigo del asesinato han sufrido diversas amenazas y agresiones, sin que se realicen las correspondientes investigaciones de oficio ni se les hayan garantizado medidas de protección adecuadas.
Pablo Sibar, también beneficiario de medidas de la CIDH, líder comunitario, y defensor indígena de los derechos del pueblo Bröran, ha sufrido diversas amenazas de muerte y ataques físicos, incluso incendiarios, los cuales han incrementado desde marzo de 2020 como consecuencia de su labor en la misma región, impulsando iniciativas de resistencia pacífica para la restitución de tierras indígenas que fueron usurpadas por ocupantes no-indígenas. Estos ataques todavía no han sido investigados ni los responsables sancionados.
Minor Ortíz, defensor indígena Bribri, ha sufrido constantes amenazas de muerte y agresiones, incluyendo 6 intentos de homicidio, los cuales lo han llevado a vivir con una bala en cada pierna y una marca de hierro caliente en su pecho. Tras el último intento de homicidio en marzo de 2020 y recibir un balazo en la pierna, el perpetrador, fue liberado y únicamente recibió medidas de restricción que no ha sido respetadas. A pesar de las numerosas denuncias formales ante las autoridades y los reportes de amenazas de muerte contra Minor y su familia, el Estado aún no ha implementado ninguna medida concreta para proteger su vida e integridad.
De igual forma, se han realizado diversas denuncias en el ámbito nacional e internacional por las agresiones sufridas por mujeres defensoras de los derechos de su territorio, Bribri y Brörán. El 12 de julio de 2019 el rostro de una lideresa indígena fue rociado con químicos y al menos dos defensoras denunciaron haber sido amenazadas con armas dentro de su territorio.
Manifestamos nuestra profunda preocupación en relación con que, hasta la fecha, el Estado no ha llevado a la justicia a ningún perpetrador de violencia contra las y los Bribri y Brörán.
Hacemos un llamado al Gobierno de Costa Rica a llevar a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial con resultados al corto plazo incluyendo la sanción de personas responsables por los constantes ataques, los asesinatos, y amenazas contra las y los defensores indígenas.
Instamos al Estado de Costa Rica a que reabra el caso de Sergio Rojas y cumpla con su deber y obligación de sancionar a sus agresores.
Llamamos a que el Estado lleve a cabo investigaciones transparentes encaminadas al establecimiento de la verdad y persecución y la sanción proporcional de todos los actos de violencia y amenazas contra defensores de derechos de acuerdo con los estándares internacionales.
Costa Rica es sede de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un faro para los derechos humanos en el hemisferio, con este honor viene la obligación de demostrar que las personas defensoras están a salvo dentro de sus fronteras. ¡Esta impunidad no puede tolerarse!
Lista de organizaciones que apoyan la declaración
Agora Association, Turkey 2. AIDA Americas 3. Arraigo ONG, Costa Rica 4. Asia Indigenous Peoples Pact (AIPP) 5. Asociación Paz y Esperanza, Perú 6. Asociación Servicios Educativos Rurales, Perú 7. Center for International Environmental Law (CIEL) 8. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos 9. Centro de Investigación y Defensa Sur (CIDSUR), Chile 10. Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL) 11. Chirapaq, Centro de Culturas Indígenas del Perú, Perú 12. Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, Colombia 13. Continental Network of Indigenous Women of the Americas (ECMIA) 14. Corporación La Caleta, Chile 15. Culture Hack Labs 16. Emmaus Aurinkotehdas ry, Finland 17. Environmental Defender Law Center (EDLC) 18. Environmental Justice Foundation (EJF) 19. Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas (FAPI) 20. Forest Peoples Programme (FPP) 21. Front Line Defenders (FLD) 22. Fundación para el Debido Proceso (DPLF) 23. groundWork, Friends of the Earth, South Africa 24. Indigenous Peoples Movement for Self Determination and Liberation (IPMSDL) 25. Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras) 26. Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH) 27. International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination & Liberation (IPMSDL) 28. Lawyers’ Association for Human Rights of Nepalese Indigenous Peoples (LAHURNIP) 29. Lawyers’ Committee for Human Rights, YUCOM, Serbia 30. Legal Resources Centre 31. Londres 38, Chile 32. National Alliance of People’s Movements of India 33. New Wind Association, Finland 34. Observatorio para la Protección de los Defensores de los Derechos Humanos (FIDH-OMCT) 35. Organización Fraternal Negra Hondureña OFRANEH, Honduras 36. Oyu Tolgoi Watch and Rivers without Boundaries Coalition, Mongolia 37. Open Briefing 38. Porgera Red Wara (River) Women’s Association Incorporated (PRWWA INC.), Papua New Guinea 39. Project HEARD 40. Protection International Mesoamérica 41. Public Association “Dignity” 42. Rainforest Fund 43. Red Internacional de Derechos Humanos (RIDH) 44. RESAMA – Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales 45. Sisters’ Arab Forum for Human Rights (SAF), Yemen 46. Success Capital
* Dr. Marco Guevara Berger, catedrático de la Universidad de Costa Rica * Prafulla Samantara (Goldman Environmental Prize Recipient 2017 for Asia) * Pofesora Xinia Zuñiga Muñoz, Investigadora Cicde- Uned y Ucrea, Universidad de Costa Rica
El pasado 9 de agosto, se conmemoraron los 10 años desde aquel triste episodio acaecido en la noche del 9 al 10 de agosto del 2010, en el que se desalojó durante la madrugada con efectivos policiales a líderes indígenas costarricences que habían llegado a la Asamblea Legislativa la tarde anterior. Su petición era muy sencilla: exigir la votación de un Proyecto de Ley sobre Autonomía Indígena y mantenerse dentro de las instalaciones del Congreso hasta que el voto tuviera lugar.
Cabe precisar que este proyecto llevaba 16 años discutiéndose y que los dirigentes indígenas únicamente pedían que se votara, sea en contra, sea a favor.
Una vivencia colectiva dolorosa que sigue marcando profundamente a las comunidades indígenas costarricenses
Sobre algunos detalles de este episodio, referimos a esta nota detallada) del Programa universitario Kioscos Ambientales publicada en el 2010. Salvo error de nuestra parte, no se conoce de un análisis que haya detallado la forma muy peculiar con la que varios medios de prensa costarricenses reportaron este hecho, intentando desacreditar a los dirigentes indígenas (y se sugiere a alguna escuela de comunicación colectiva u otra unidad académica pensar en realizarlo en el futuro si no existe).
De manera a conocer el clima durante el cual se dió la discusión intra muros en aquella tarde del 9 de agosto, remitimos a nuestros estimables lectores al acta de la sesión de la Asamblea Legislativa (véase texto completo). También nos parece oportuno referir a este reciente artículo escrito por uno de los líderes indígenas presentes aquella noche, Pablo Sibar, titulado precisamente «Una década de que nos sacaron arrastrados de la Asamblea Legislativa» y cuya lectura completa recomendamos (véase texto completo).
Nótese que este proyecto de ley ha sido mencionado en prácticamente todos los informes oficiales de Costa Rica de cara a las comparecencias ante diversos órganos de Naciones Unidas, a la hora de responder a observaciones que le han hecho los órganos de supervisión sobre la falta de implementación de sus obligaciones internacionales en la materia (Comité de Derechos Humanos, Comité del Pacto DESC, Comité de Derecho del Niño, Comité de la Convención CEDAW sobre la mujer y Comité de la convención CERD – Nota 1).
Con relación a lo sucedido en agosto del 2010 dentro de la Asamblea Legislativa, en este valioso recordatorio publicado hace pocos días, titulado «La persistente violación de los derechos de los pueblos indígenas costarricenses» y cuya lectura integral también recomendamos (véase texto completo), se puede leer que:
«La respuesta de las autoridades del Congreso no podría haber sido más irónica: ordenaron su desalojo por la fuerza y no votaron el proyecto ni en ese, ni en la siguiente legislatura, para ser finalmente desechado sin justificación clara ni alternativa alguna, a los pocos meses del actual período legislativo (2018-2022).
Con esta experiencia como detonante, se agota para los indígenas la confianza en la institucionalidad pública y en las autoridades políticas, cuya consecuencia inmediata fue la decisión de varios de estos líderes comunitarios y sus familias de iniciar acciones para reivindicar, por la vía de hecho, sus derechos sobre sus propios territorios, mediante las llamadas “recuperaciones” «.
En este artículo publicado hace unos años sobres las distintas luchas emprendidas por las comunidades indígenas en Costa Rica (véase texto completo), se puede leer que:
«Este desalojo violento marcó la lucha, pues la dirigencia indígena presente decidió que las siguientes acciones de defensa territorial se harían desde los mismos territorios. En este punto, las y los indígenas decidieron retirarse del Valle Central y ejercer la autonomía desde sus comunidades argumentándola desde los marcos jurídicos de la Ley Indígena de Costa Rica N.º 6172, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, del 2007, en los que se ratifican los derechos territoriales y el ejercicio de la autodeterminación de los pueblos».
Desde entonces, han sido escasas las apariciones de representantes indígenas en el Congreso costarricense, a la vez que las acciones generadas por sus comunidades para recuperar sus territorios han originado un clima de violencia en su contra en algunas regiones de Costa Rica, en particular en una de ellas.
Un errático actuar del Estado costarricense desde el 2010
Este 9 de agosto del 2020, Costa Rica conmemoró el Día Internacional de los Pueblos Indígenas con dos dirigentes indígenas de la región de Salitre asesinados en menos de un año (marzo 2019-febrero del 2020): dos hechos sumamente graves, y que se mantienen en una indignante impunidad al no haberse a la fecha identificado a sus autores materiales e intelectuales por parte de las autoridades.
El hecho que ambos líderes fueran objeto de medidas cautelares ordenadas al Estado costarricense por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde abril del 2015 no hace sino evidenciar la total inoperancia del Estado para resguardar la vida y la integridad física de las personas que defienden los derechos de las comunidades indígenas (Nota 2).
En esta reveladora entrevista a dos dirigentes indígenas costarricenses realizada por LaRevista.cr el pasado 9 de agosto (véase enlace con el audio), se puede escuchar el tipo de percepción que ambos tienen sobre el significado de esta fecha: ninguno encuentra motivo alguno para una celebración.
Foto extraída de nota de prensa de la BBC titulada «Asesinato de Sergio Rojas: la conmoción en Costa Rica por la muerte del líder indígena que defendía las tierras de pueblos originarios», edición del 20/03/2019
Cabe recordar también que el pasado 2 de julio del 2020, se declaró admisible una petición presentada por la comunidad indígena Terraba contra Costa Rica (véase al respecto nuestra breve nota, titulada «Comunidad indígena Terraba en Costa Rica: Comisión Interamericana de Derechos Humanos admite petición«).
Iniciativas estatales que «para mí son solo papeles»
En el precitado artículo del líder indígena Pablo Sibar rememorando los 10 años de lo que las comunidades indígenas costarricenses denominan «la arrastrada«, leemos que:
«No entiendo cómo llevamos 10 años y el Gobierno sigue haciendo cosas que se miran muy bonitas, pero yo quiero decirles para mí son solo papeles. Como un Brörán que llevo 40 años de lucha lo que quisiera es escuchar cosas que sean reales, no papeles, no habladas, quisiera que todos los ticos exijan a los Gobiernos que nos den nuestras tierras libres para poder vivir en paz y poder dormir tranquilos, que nuestros territorios, que nuestros hijos, nietos, no sigan llevando el miedo como ese miedo del covid 19 que es lo que vivimos los pueblo indígenas por los terratenientes hace mmmuuucho tiempo«.
Con relación a las iniciativas que regularmente Costa Rica ofrece a los órganos de derechos humanos como prueba de su firme compromiso con los derechos de las comunidades indígenas, podemos señalar que la misma Defensoría de los Habitantes (DHR) de Costa Rica emplazó recientemente al Poder Judicial a brindar explicaciones sobre la falta de acceso a la justicia a personas indígenas, pese a un sinnúmero de mesas redondas, comisiones, subcomisiones, guías y demás publicaciones en el seno del Poder Judicial desde varios años (véase texto completo de carta remitida por la DHR el pasado 29/07/2020 al Presidente del Poder Judicial).
Como se recordará, en julio del 2018, se aprobó la ley 9593 (véase texto) titulada «Acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas«.
Es de señalar que estos y otros cuestionamientos en Costa Rica se dan en un momento en que, en América Latina, los derechos de las poblaciones indígenas son objeto de una preocupación mucho mayor debido a los efectos del COVID-19 en comunidades indígenas aisladas, y con un acceso muy limitado a servicios básicos de salud: incluso cuando los hay, la falta de preparación en el abordaje cultural por parte del personal médico desplegado puede llevar a reducir el alcance de las medidas sanitarias. La desatención a la ya crítica situación por parte de las autoridades estatales es latente en diversas latitudes: en mayo del 2020, fue la misma CIDH la que advirtió sobre la situación en un comunicado de prensa titulado «La CIDH alerta sobre la especial vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente a la pandemia de COVID-19 y llama a los Estados a tomar medidas específicas y acordes con su cultura y respeto a sus territorios» (véase texto completo). A modo de conclusión
Con o sin pandemia, la deuda histórica que acumula Costa Rica con relación a sus comunidades indígenas se traduce con el paso del tiempo en un despojo paulatino de sus recursos y de sus derechos, siendo el derecho a la tierra su principal reinvindicación, así como el respeto a su cultura. Esta situación es la que ha originado una atención particular sobre lo que ocurre en Costa Rica por parte de diversos órganos de derechos humanos, tanto a nivel de Naciones Unidas como del sistema interamericano de protección de los derechos humanos.
Entre por un lado, comunidades indígenas cada vez más decididas a recuperar – con o sin el concurso del Estado – sus territorios y, por otro, órganos de supervisión internacionales cada vez más atentos a lo que en ellos sucede, las diversas iniciativas propiciadas por el Estado costarricense ya no parecen ser suficientes. En un reciente artículo, publicado por el periodista Diego Delfino, al mencionar algunos de los anuncios hechos por las autoridades el pasado 9 de agosto (véase texto completo), el autor señala de una manera que nos parece muy justa que:
«El tema, es que este paso de pie a logros concretos y no al clásico anuncio conmemorativo que después se queda en lo simbólico hasta que llegue… otro anuncio. Tenemos que reconocer que hasta ahora esa ha sido el modus operandi de nuestro país cuando de abordar este tema se trata«.
Notas
Nota 1: En el 2015, se puede leer en la observaciones finales del Comité CERD al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) que:
«14. El Comité recomienda priorizar en la agenda legislativa las iniciativas para la lucha contra la discriminación racial y la promoción de los derechos de las personas afrodescendientes y de los pueblos indígenas para su urgente discusión y adopción, en consulta con dichos pueblos, para contar con un marco legal adecuado en materia de lucha contra la discriminación racial«.
En el 2016, se puede leer en la observaciones finales del Comité de Derechos Humanos al informe presentado por Costa Rica (véase texto completo) que:
Preocupa al Comité que el proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas aún no haya sido aprobado y que aún no se haya adoptado un mecanismo legal que garantice la consulta previa de los pueblos indígenas en relación a la toma de decisiones que pudieran afectar al ejercicio de sus derechos. A pesar del reconocimiento legal del derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, preocupa al Comité la limitada protección al ejercicio de estos derechos en la práctica y que algunos pueblos indígenas hayan sido víctimas de ataques por conflictos de tierra (art. 27).
El Estado parte debe: a) Agilizar la aprobación del proyecto de ley de desarrollo autónomo de los pueblos indígenas; b) Garantizar la celebración efectiva de consultas previas con los pueblos indígenas con miras a obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar cualquier medida que pueda incidir sustancialmente en su modo de vida y su cultura, en particular en relación con proyectos que puedan tener un impacto sobre sus tierras o territorios y otros recursos, tales como proyectos de explotación y/o exploración de recursos naturales; c) Garantizar en la práctica el derecho que tienen los pueblos indígenas a las tierras y territorios que tradicionalmente han poseído u ocupado, incluso mediante el reconocimiento legal y protección jurídica necesaria; d) Proporcionar los medios legales necesarios para asegurar la recuperación de tierras inalienables que ya han sido otorgadas a pueblos indígenas mediante la legislación nacional y brinde la protección adecuada, incluso mediante recursos efectivos, a los pueblos indígenas que han sido víctimas de ataques«.
Nota 2: Con relación al asesinato de Sergio Rojas ocurrido el 18 de marzo del 2019, tuvimos la ocasión de examinar las cartas hechas públicas por Naciones Unidas con respecto a los requerimientos específicos solicitados a las autoridades costarricenses sobre el asesinato de Sergio Rojas (véase nuestra nota al respecto publicado en el portal de la Universidad de Costa Rica – UCR). Varios de estos requerimientos de Naciones Unidas (que fueron solicitados en el mes de marzo del 2019) buscaban que hechos similares no se repitieran más en Costa Rica (véase documento de Naciones Unidas, página 5): el 24 de febrero del 2020 fue asesinado otro líder indígena, Jerhy Rivera.
Esta nota fue escrita por Nicolás Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica
Jerhy Rivera Rivera, del Pueblo Brörán de Térraba, fue uno de los líderes reconocidos en la defensa de los derechos, cosmogonía y formas de vida de los Pueblos Originarios que habitan Costa Rica. Jerhy fue asesinado el 24 de febrero del 2020, durante un ataque de una turba de alrededor de 150-200 personas contra el Pueblo Brörán que recuperaba terrenos en Térraba. Jerhy fue asesinado por defender los procesos de recuperación de tierras-territorios del Pueblo Brörán de Térraba.
Hoy, el asesinato de Jerhy sigue impune y el riesgo que corre la vida de otros líderes y líderesas sigue presente. Compartimos la infografía que relata su historia como luchador, su asesinato por razones políticas semantiene impune y el Estado costarricense es responsable por omisión.
Esta infografía forma parte de la campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.
¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
En Costa Rica, en menos de 1 año, 2 líderes de Pueblos Originarios de la Zona Sur fueron asesinados: Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak del Territorio Bribri de Salitre fue asesinado el 18 de marzo del 2019 y Jerhy Rivera Rivera, del Pueblo Brörán de Térraba fue asesinado el 24 de febrero del 2020.
A la fecha, los dos asesinatos siguen impunes. Mientras, tanto la vida de otros líderes y líderesas sigue en riesgo ante un Estado que es responsable por su omisión.
Compartimos este mensaje sobre la resistencia y fuerza de ambos luchadores. Este material forma parte de la campaña informativa “Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios”; de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) con el apoyo de Ditsö y Voces Nuestras.
¡JUSTICIA PARA SERGIO, JERHY Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
