Luego de 7 juicios y de 22 largos años de lucha contra la condena de la protesta social, Orlando Barrantes cuenta sus verdades.
Este es un proceso político-social, derivado de una serie de injusticias sociales que el Estado no pudo arreglar y al presentarse un malestar de toda una provincia, el gobierno demuestra que las personas pobres no tienen derecho a la libre manifestación de sus necesidades. Criminalizando la protesta social, se pretende afectar a una persona inocente por ser un luchador social.
El exdiputado y excandidato presidencial por el Frente Amplio, José María Villata, envía un mensaje claro sobre la situación que ha venido pasando Orlando Barrantes ya por más de dos décadas. Con sus palabras, Villalta exalta que las autoridades del Ministerio Público se han ensañado con Orlando Barrantes, pues no es justo y posible que una persona lleve 22 años en un mismo proceso de juicios penales de persecución y criminalización de la protesta social.
A pesar de que se le ha absuelto en dos ocasiones, las autoridades siguen insistiendo en prolongar esta persecución penal. En palabras de Villalta, si el caso de Orlando Barrantes no se detiene lo más pronto posible, Costa Rica podría sufrir una nueva condena en los Tribunales Internacionales de Costa Rica.
El excandidato a la Presidencia de la República anota que, ojalá así como se ha dado esta persecución y ensañamiento hacia Barrantes de parte de las autoridades del Ministerio Público, ojalá así también persiguieran a los corruptos de “cuello blanco” que pasean libres por el país.
Uno de los juicios políticos contra la protesta social más largos de la historia latinoamericana, se efectúa en el país de la “pura vida”.
A sus 70 años de edad, el defensor de los derechos humanos y luchador social, Orlando Barrantes, es víctima de la persecución judicial del Estado centroamericano de Costa Rica desde hace 22 años y en el presente atraviesa por el octavo juicio, motivado por los aparatos judiciales del Estado costarricense.
La historia de Barrantes se remonta a principios del siglo XXI, cuando en diciembre del año dos mil, se encontraba un fuerte sector de la clase obrera costarricense en la provincia de Limón, haciendo uso del derecho humano universal de la protesta, según lo establece la carta universal de los derechos humanos
En esta protesta pacífica efectuada hace 22 años participaron ex trabajadores del ferrocarril, campesinos, transportistas individuales y del sector obrero que trabajaba en los muelles.
Estos sectores populares estaban exigiendo un apoyo contundente e insumos de apoyo de parte del Estado como responsable social del bienestar social de sus habitantes, ya que, para ese entonces, los campesinos habían tenido perdidas bastante significativas de sus cosechas, debido a los fuertes temporales lluviosos que azotaron el caribe costarricense.
Estas manifestaciones pacíficas se efectuaron en las regiones de Siquirres y Guápiles y en donde también participaron ex trabajadores bananeros afectados por el agro-químico del (DibromoCloroPropano o DBCP), más conocido como el nemagón, cuya sustancia toxica dañó irreversiblemente la salud de gran parte de la población centroamericana, y que fue usado por las grandes corporaciones bananeras de capital extranjero, a sabiendas de su peligrosidad.
Los trabajadores colocaron este veneno en los campos bananeros, ya que, para ese entonces, ellos desconocían sus efectos secundarios en el organismo.
Todos estos sectores populares de la clase obrera costarricense, defendían sus derechos humanos y exigían justicia de los daños que habían sido víctimas por trabajar en estas corporaciones, cuyo capital transnacional es un brazo invisible del sistema capitalista atroz e inhumano que ha dañado a gran parte de Latinoamérica.
A raíz de este fuerte movimiento popular suscitado hace 22 años, el Estado de Costa Rica a través de sus aparatos de seguridad estatal, envío a sus emisarios de la represión para atacar a los manifestantes pacíficos y arrestar a la clase pobre y trabajadora, del único país del continente americano que no cuenta con militares.
Los luchadores sociales fueron puestos provisionalmente en los calabozos de la injusticia costarricense, mientras el Estado de Costa Rica iniciaba una acusación falsa contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, relacionándolo con falsos positivos.
Haciendo creer de esta forma, que el defensor de derechos humanos, Barrantes planificó esta protesta y todo lo que conllevó en ella, pese a que testigos oficiales ante los tribunales de Guápiles, comprueban que Barrantes no participó ni coordinó esta acción de protesta.
Por tal motivo, en los 22 años de enjuiciamiento nunca se ha logrado comprobar los cargos judiciales falsos en su contra, lo que significa una clara criminalización de la protesta social en Costa Rica, para infundir el miedo en el sector popular y luchador de esa nación. Paralizando así, sus movimientos de exigencia en la construcción social y dignificación humana del pueblo.
En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, señaló que; “Barrantes ha sido víctima sistemáticamente durante 22 años de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia de Costa Rica, plagado de arbitrariedad” también enfatizó que solidarizarse con esta lucha es garantizar el derecho legítimo a la protesta social y a la organización desde las comunidades.
Barrantes es un reconocido luchador social costarricense que siempre ha estado al lado de los oprimidos o de las grandes mayorías vilipendiadas en Costa Rica, su delito fue el defender los derechos humanos de la clase obrera y denunciar las injusticias y los trabajos inhumanos, a los que son subyugados los campesinos y toda la clase popular en Costa Rica.
Este defensor de la humanidad costarricense fungió como secretario del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (CONATRAB), es dirigente comunal del Bloque de Vivienda y Fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
De igual manera es un distinguido miembro de la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) y por ende amante de la vida, del prójimo e incansable buscador de la justicia para los pueblos sometidos de esta nación centroamericana.
Sin embargo, este extenso currículo de vida que posee Orlando Barrantes no es del agrado del Estado costarricense, puesto que sus operadores de justicia prefieren defender los intereses del capital extranjero transnacional, antes de buscar justicia para su propio pueblo.
En los juzgados de Guápiles actualmente se lleva a cabo el juicio número 8, contra el defensor de derechos humanos Orlando Barrantes, distintas organizaciones de derechos humanos, populares y ecologistas se encuentran apostadas frente a estos tribunales exigiendo la libertad absolutoria para Barrantes.
Una de estas organizaciones, es la Federación Ecologista (FECON) cuya militante Angelica Alvarado menciona que el luchador social Barrantes, es totalmente inocente de los cargos judiciales falsos que se le imputan aduciendo que; “Él nunca estuvo presente en la protesta de hace 22 años y tampoco coordinó la misma, es más, las personas que estuvieron en esa acción son los principales testigos ante los tribunales y aseguran que Barrantes, jamás participó en la protesta”.
Ante estos hechos de la persecución judicial contra Orlando Barrantes, es una clara estrategia de parte del Estado costarricense de generar falsos positivos tal y cual lo estableció en su momento el ex presidente Álvaro Uribe en Colombia para perseguir y criminalizar la protesta social, contra los luchadores sociales y defensores de derechos humanos, por lo que el caso de Orlando Barrantes, se transforma en un pésimo precedente que ha debilitado el estado de derecho y democrático de Costa Rica, durante 22 años.
Por tal motivo la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), en el marco del diseño justo y digno que debe caracterizar a un Estado de derecho democrático en el mundo, rechaza y condena enérgicamente, la persecución estatal que esta siendo víctima el compañero Orlando Barrantes, quien ha sido víctima de un monstruoso ataque estatal durante 22 años.
La ACODEHU hace un llamado internacional a las instancias competentes que defienden los derechos humanos en el marco del concierto de naciones, que conforman la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que condenen esta persecución contra un defensor de derechos humanos como lo es, el compañero y luchador social, Orlando Barrantes.
De igual forma la ACODEHU invita a los organismos de derechos humanos internacionales, a que se unan a la condena de esta injusticia contra Orlando Barrantes, puesto que los aparatos judiciales de Costa Rica, tienen como objetivo primordial acallar las voces de los oprimidos.
Oprimidos que viven en un Estado que vende una falsa imagen de democracia y bienestar social ante el mundo, a través de los medios de comunicación al servicio de la oligarquía y del capital financiero transnacional que violenta la soberanía en Costa Rica.
A los veinte y siete días del mes de septiembre de 2022, en la ciudad de San José, Costa Rica, Centroamérica.
ANA CECILIA JIMÉNEZ ARCE Junta Directiva Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU)
Movimiento ciudadano diverso de todo el país llama a defender la Autonomía de la CCSS mediante carta pública
Luego de la destitución de quien fue reciente del expresidente ejecutivo de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos, más de 43 organizaciones e instituciones representadas entre el funcionariado de la CCSS, MEP, UCR, UNA, UNED, ICE así como organizaciones sociales y privadas en ámbitos como; derechos humanos, comunicación, defensa del ambiente, campesinado, asociaciones de desarrollo, juntas de salud, organizaciones sindicales, organizaciones de mujeres, organizaciones estudiantiles y partidos políticos han difundido carta pública en defensa de la autonomía de la CCSS.
¿La Caja en quiebra… o buscan quebrar la confianza ciudadana en la Caja? es la carta pública que representa al movimiento y busca en síntesis posicionar el valor de la institución para beneficio de toda la ciudadanía, así como contrarrestar las falsas declaraciones sobre la sostenibilidad financiera de la CCSS, logrado suscribir al día 27 de septiembre, más de 484 personas, ciudadanas independientes y organizaciones de todo el país.
Las y los firmantes, son un movimiento de personas ciudadanas diversas, defensoras del modelo social, universal y solidario de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes han reunido más de 484 suscripciones de personas ciudadanas independientes en todo el país.
Elementos más destacados en la carta ante la opinión pública son los siguientes:
Desafortunadas declaraciones y acciones del Sr. presidente Rodrigo Chaves que se da en un contexto de lucha sindical por la aplicación del reajuste salarial en institciones públicas que no significa para las personas funionarias de la CCSS ni 250 colones diarios, así como el desacato a la aprobación de este reajuste salarial via decreto en el 2019, lo que ha generado gran desprestigio a la institucionalidad y la autonomía de la Caja, mediante acciones como la destitución de la Junta Directiva de la CCSS, el Sr. Álvaro Ramos.
La Caja no está quebrada, aunque sus desafíos actuales y futuros son enormes, como ocurre en cualquier otro país del mundo.
Algunos son de resorte directo de la institución y otros no lo son. Entre los primeros están sus ingentes inversiones y la eficiencia y calidad del gasto, las acuciantes listas de espera, la escasez de especialistas en áreas críticas. Y entre los segundos, la subdeclaración salarial, el elevado empleo informal, el no pago de la deuda del Estado, la búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento y los nuevos retos ante el envejecimiento poblacional, entre otros.
La Caja no está quebrada. Una muestra contundente de la solidez financiera y de la extraordinaria fortaleza humana de sus funcionarios la vimos en su capacidad de respuesta a la reciente crisis de la Covid-19, dando un ejemplo mundial de robustez económica e institucional. En 2020, el peor año de la pandemia, y pese al enorme desafío sanitario afrontado por el país, el excedente del Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM) alcanzó los 772.7 miles de millones de colones. El excedente subió a 1 billón de colones en 2021, y se proyecta que a final de 2022 rondará los 1,1 billones de colones. A abril 2022, las reservas financieras del SEM alcanzaron 1.5 billones de colones.
Holgura financiera de la CCSS le permitió no solo salir bien librada de la crisis del Covid-19, incluso recibiendo menos ingresos, sino también cuidar los recursos que permitirán implementar un ambicioso portafolio de inversiones que incluye 227 proyectos para construir 1.25 millones de metros cuadrados de infraestructura entre 2022 y 2031. Lo anterior sin contar la apertura de 340 nuevos EBAIS, la reclasificación de 107 centros de salud y el fortalecimiento de los servicios de geriatría a escala nacional; proyectos que se acompañan con una contratación proyectada de 12,522 plazas de personal en salud para atender la demanda creciente de servicios entre el 2022 y el 2031.
Pese a la gigantesca deuda que el Estado costarricense le mantiene a la CCSS, la cual alcanza niveles alarmantes y vergonzosos, pues pasó de 1,064 billones de colones en 2015 a 2,669 billones en 2022. Aun así, la CCSS no está quebrada, por lo que la afirmación del señor presidente pone necesariamente en alerta al escudarse en el manual de la privatización, buscando desprestigiar la Institución más querida por el pueblo costarricense y generar desconfianza entre los actuales y futuros cotizantes.
Ante lo anterior que se describe a detalle en la carta pública, el Movimiento hace un llamado a defender la institucionalidad y la autonomía de la Caja, así como aportar soluciones para lograr su fortalecimiento y enfrentar los desafíos de la institución benemérita.
Vocerías
Augusto Guerrero: Federación de Estudiantes Universitarios Universidad Nacional (FEUNA). Vivian Rodríguez: Dirigente sindical sector educación SEC. Lenin Hernández: Secretario General Sindicato Nacional de Enfermería y AFINES (SINAE AFINES). Henry Mora: Economista, investigador y académico UNA. Juliana Martínez: Catedrática UCR, Premio Forster Fundación Humboldt. Oscar Cruz Morales: Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica (SIFUPCR)
Angélica Alvarado explica en el siguiente video de tres minutos quién es Orlando Barrantes Cartín y por qué el juicio que se le sigue es político. Además, expone los otros procesos judiciales ya superados por este dirigente social en un largo periodo de más de dos décadas.
Le invitamos a escucharla y compartir la información.
Tras las declaraciones del primer oficial antimotines, el cual declaró que, “Iván y Orlando no estaban en los hechos”, el juicio se torna en un proceso lento y a la espera de la declaración de tres oficiales más y la incorporación de cuatro testigos claves.
Se continuará el juicio a partir de este lunes 26 de setiembre a las 8:30 a.m. y la aceptación de los testigos a más tardar el martes 27 de setiembre.
Este lunes 26 de septiembre diferentes personas y grupos sociales continuaron con el acompañamiento hacia Orlando Barrantes en los Tribunales de Guápiles.
Este acompañamiento viene a fortalecer la unidad y asimismo, busca reforzar el ejercicio pleno y colectivo al derecho a la protesta social en Costa Rica, un derecho humano que se necesita ejercer aún más en la coyuntura amenazante actual en la que se encuentra el país.
Luego de 22 años de juicios injustos iniciados por el Ministerio Público en contra del dirigente social Orlando Barrantes, de este haber sido absuelto en dos ocasiones y a pesar de que no existe ninguna prueba en contra de Barrantes se continúa la persecución del Estado costarricense en contra del compañero.
Este octavo juicio será uno político en contra del señor Barrantes y, asimismo, en contra del movimiento social. Por esta razón se hace un llamado imprescindible del movimiento social en apoyo de Orlando y los derechos que competen. La organización y manifestación en defensa de los derechos es necesaria.
Esta organización se realizará en los Tribunales de Justicia de Guápiles en las fechas de audiencia del 21 de septiembre hasta el 04 de octubre a las 8:00 AM.
Si desea obtener más información sobre la logística y coordinación de las manifestaciones puede comunicarse al número de teléfono: 8583-0253.
Juan Carlos Durán Castro Dirigente Sindical SIFUPCR
No tenemos la menor duda de que se avecina una semana histórica para el país y su institucionalidad, hecho que coloca a una de las instituciones más emblemáticas en el centro de un proceso que definirá la ruta de lo que conocemos como Estado Social de derecho.
Decimos lo anterior pues la parte visible del tema de la deuda salarial en la CCSS esconde un escenario paralelo altamente riesgoso para el país en su conjunto.
Es decir, más allá del tema salarial, lo cierto es que el presidente a nuestro juicio, ya ejecuto un primer acto dictatorial al destituir al respetable Don Álvaro Ramos Chaves.
Decimos esto porque la familia laboral de la Caja y el país en su conjunto tienen derecho saber y a entender que el tema de la deuda salarial en la Caja, aparte de ser legal, no implica un nuevo gasto y que además en términos reales esa deuda talvez alcance a ser posiblemente de un 1%, mientras la inflación ha llegado arriba del 11 %.
Esto sin dejar de decir, que el poder adquisitivo real de los trabajadores y trabajadoras de la Caja, tuvo una pérdida en los dos últimos años del 12% para el sector no profesional, mientras que el sector profesional arribo a una pérdida del 37%. (Esto último aunado a la reforma del régimen del IVM, según datos oficiales, ha generado el retiro de al menos 200 profesionales de la CCSS y se espera un mayor boom de deserción).
Así las cosas, hay que tener claridad meridiana que el verdadero problema de fondo para el Gobierno en ejercicio y los partidos políticos que aspiran llegar al Ejecutivo radica en la fisura que genera el acuerdo de pago en la Caja a la lógica fundamentalista de la ley 9635 y su cuadrada regla fiscal, cuadratura que hasta el mismo presidente desea cambiar, al punto de haber presentado un proyecto de ley para modificarla, claro con la excepción hecha del tema salarial.
En esa línea el caso de la Caja acarrea un riesgo de efecto domino en una buena cantidad de instituciones, lo cual dinamitaría aún más la ley 9635 y su regla fiscal en el tema de los salarios y eso no puede, ni debe suceder.
Es por estas y posiblemente otras razones, que parece estar en desarrollo un acoplamiento político ideológico de Eli Feinzaig, Rodrigo Arias Sánchez y otras fracciones legislativas cristianas y evangélicas, para chantajear a Rodrigo Chaves Robles, que ocupa platica para gastar y mantener su populismo en la cima, aunque los cambios estructurales que le urgen al país no caminen nada y se siga acumulando un estallido social.
En esta lógica cobra sentido mayúsculo frenar a toda costa y revertir el acuerdo de la Junta Directiva de la Caja para pagar la deuda salarial a cambio de dar los votos para los eurobonos que necesita el presidente, ya sea en un solo monto o a poquitos.
Es así como el presidente podría entrar en una lógica que lo conduzca a valorar las rutas políticas y «legales» que posiblemente contengan las características de un segundo acto Presidencial con rasgos dictatoriales.
A nuestro entender los escenarios que indicaremos al final pueden ayudar a visualizar esas rutas y dependiendo de cómo avancen los acontecimientos la próxima semana, los riesgos para el país son enormes, pues la fisonomía dictatorial que está en desarrollo cuenta con arquitectos e ingenieros, que la están construyendo a partir de posibles argucias legales, conjuntadas claro está, con una narrativa mediática y de redes para asestar un golpe furibundo a la institucionalidad, que sin duda va más allá del tema salarial de la Caja.
Así, las cosas nuestro sindicato informa para que la gran familia de la CCSS, tenga claridad de que lo que está por definirse a partir del próximo Martes 20 de setiembre 2022 tiene una parte visible en lo del pago denla deuda, pero que en caso de tener que desarrollar un movimiento de lucha, al menos es menester dejar claro previamente que esta pelea de la Caja tiene repercusiones gigantescas para el país en su conjunto, es decir, estamos a las puertas de una huelga política por la defensa de la institucionalidad denla Patria, que además rompe con la lógica dogmática de la ley 9635 ( » ley de fortalecimiento de las finanzas públicas» y su regla fiscal).
Tenemos entonces que el desarrollo de los acontecimientos para la próxima semana podría estar consolidando un segundo acto de características dictatoriales por parte del presidente Rodrigo Chaves Robles y en ese sentido la familia laboral de la Caja y la población en general debe ser bien informada de los riesgos país que encierra la parte visible del tema de la deuda salarial al personal de la Caja.
Escenarios:
1.- La ex- ministra de trabajo llega con un mandato claro Rodrigo Chaves Robles de imponer la tesis de gobierno de forma radical. (Fuente: Información filtrada de una opinión vertida por un colaborador cercano a la ministra de Trabajo), ahora presidenta ejecutiva de la CCSS).
Este escenario implicaría un acuerdo de Junta que tiene dos posibilidades:
A- Revocar el acuerdo de pago de deuda salarial de 2020, con criterios jurídicos sacados de la manga.
B- O buscar un acuerdo de la Directiva de la CCSS, en la línea de suspender el acuerdo de pago del aumento o bien suspender indefinidamente los aumentos de salarios en la CCSS.
Ahora bien, si la Junta no la acuerpa, el gobierno posiblemente (Entiéndase Rodrigo Chaves Robles), tomará medidas radicales para «LIMPIAR LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CCSS».
En esa línea se hemos consultado a varios juristas para entender las posibilidades que tiene el gobierno de intervenir la CCSS y hay tres opciones.
A.- Inventar un debido proceso con una Medida cautelar de separación de directores.
B. Pedir la renuncia de uno miembro del estado y dejar la CCSS, acéfala sin Junta directiva por falta de Quorum estructural (sin un miembro la Junta no puede legalmente sesionar), y hacer y deshacer como quieran.
C- Promover la intervención alegando que estamos incumpliendo con la ley de presupuesto y el tope del 60% de endeudamiento. Cosa sin fundamento, pero todo se puede esperar.
Ese tiempo ha pasado desde el 17 de setiembre de 1986, cuando a eso de la 1:30 pm, 1500 agricultores de maíz, organizados en la Unión de Pequeños Agricultores del Atlántico (UPAGRA) y con la participación de algunos representantes de otras organizaciones, se hicieron presentes en San José al Banco Central para exigirle a Oscar Arias (entonces presidente de la República) y a Eduardo Lizano, (su mentor ideológico y presidente del Banco Central), EL DERECHO A PRODUCIR.
Oscar Arias -oriundo de la oligarquía cafetalera, transformó sus fincas en desarrollos urbanísticos-, ya había anunciado días atrás que la producción de granos básicos sería sustituida por importaciones, comenzando por el maíz, a través del PL 480, un convenio firmado con EEUU, para traer subsidiado el maíz desde el extranjero, mientras su acólito Otón Solís, encargado de Planificación, aplaudía gozoso, pues como nos dijo en la mañana de ese día “ese dinero lo ocupo para hacer política” y en un tono muy característico de su personalidad, nos advirtió “ustedes no pueden hacer la movilización sin mi permiso”.
La decisión de Arias no era una ocurrencia, era el cumplimiento del mandato del FMI, producto de los Planes de Ajuste Estructural (PAE), que desde la administración Monge y con el apoyo del INCAE y la UCCAEP, habían puesto en marcha.
Los únicos que habían entendido las consecuencias de las decisiones tomadas por las administraciones verdiblancas, fueron los productores de maíz del atlántico, quienes alertaron a los maiceros de todo el país.
Liberación Nacional claro en su estrategia, había movilizado en apoyo a sus presidentes y el mandato del FMI, a todas las organizaciones sindicales bajo su tutela y otras agrícolas que crearon de camino, para desmentir la situación, alegando que vendría una agricultura de exportación denominada “Agricultura de Cambio”, con la cual, los agricultores se volverían ricos en poco tiempo. Que era mentira que se eliminaría la producción de granos básicos, que nunca comeríamos gallo pinto importado, que nuestros productores de arroz y frijoles estarían siempre protegidos.
Todavía recuerdo, cuando Oscar Arias me dijo en Casa Presidencial: “¿Por qué son tan majaderos de seguir sembrando maíz? Si se vienen a San José a trabajar en una fábrica de chips de computadora, en un mes se ganarán lo que no se ganan en un año, sembrando maíz”.
Habíamos convocado una conferencia de prensa internacional en la esquina sureste del Banco Central, eso no lo contempló Arias, los agricultores estaban sentados pacíficamente en la Avenida Central al costado del Banco Central, cuando arremetió la policía sin contemplaciones, atacando hasta las mujeres con niños.
La televisión transmitió en vivo la garroteada y la voladera de gases. La conmoción en San José no se hizo esperar, nos refugiamos en la Catedral, por cierto, es la única vez que ha sido tomada. Después de eso la enrejaron.
Desde el atrio de la Catedral yo llamaba a los compañeros a refugiarse, cuando dos compañeras de Guatuso, a mi lado, cayeron heridas de bala por parte de la policía. No me tomó por sorpresa, momentos antes, un policía había puesto una pistola en mi cabeza. La orden de odio estaba dada. Estuvimos ahí tres días, hasta que liberaron todos nuestros compañeros y volvimos a nuestras casas.
La solidaridad de los josefinos fue ejemplar, se preocuparon de buscar los campesinos que en la refriega se perdieron en una ciudad que no conocían, nos llevaron café, pan, comida, recogieron y nos fueron a entregar las cosas que quedaron perdidas (ropa, enseres, etc.) nunca lo olvidaremos.
Los debates posteriores fueron elocuentes, pero la suerte de la producción nacional ya estaba echada. La orden de Arias de bajar del 29% la Población Económicamente Activa (PEA) que estaba en la agricultura al umbral del 2%, nos llevaría -según él- a ser un país desarrollado.
La acción inmediata fue cerrar los créditos bancarios a la producción, tomando ese dinero para darlos a empresarios que serían futuros dueños de bananeras. Los productores de maíz, dueños de sus tierras se vieron obligados a deshacerse de ellas y pasaron a ser peones donde fueron dueños. La segunda acción fue cambiar el sistema educativo y enseñar que era despreciable el trabajo agrícola, que eso era de extranjeros pobres, que tenían que aprender a ser empleados de empresas extranjeras, pues pasábamos de ser un país agrícola, a un país de servicios, así lo sentenció Arias.
El país dejó de ser de iguales para pasar a ser el más desigual de América y uno de los más desiguales del mundo, así nació la violencia en Costa Rica, así se acrecentó la pobreza, así murió la democracia económica que nos caracterizaba. Porque la violencia es la fiel compañera de la desigualdad.
En los años siguientes murieron productivamente los que apoyaron a Arias: propietarios cafetaleros, exportadores de follajes, arroceros, etc. Así se deterioró y se vino a menos el Sector Agropecuario, por eso sus múltiples ministros no tienen poder. Para eso se fortalecieron a los “dirigentes agropecuarios”, para negociar el futuro de los pocos productores que quedan.
Hoy Eduardo Lizano tiene que reconocer que se equivocó.
Hoy, el mismo FMI alerta que todo país que dependa de la importación de alimentos corre peligro en su estabilidad, nosotros somos totalmente dependientes de la importación de ellos. La crisis internacional no tendrá compasión, la hambruna que se avecina nos obliga a actuar de inmediato, sin repetir los errores anteriores. La seguridad alimentaria que irresponsablemente se impuso, que consiste en importar “comida barata” con el dinero de las exportaciones, es una quimera. Debemos ser capaces de producir todo lo posible. Lo podemos hacer con las nuevas tecnologías nacionales que hemos desarrollado, buscando importar lo menos posible, reconstruyendo la economía y retomando la democracia económica.
Nos toca producir urgentemente nuestra comida, debemos identificar a los sátrapas que nos llevaron a esta crisis y que todavía levantan añejos e ineficaces postulados. Debemos tomar en nuestras manos el futuro de Costa Rica, la Constitución Política nos da la potestad y el mandato.
¡¡Para eso somos El Soberano, para poner en orden en este bello país!!
