SURCOS recibió de Frederick Patterson, dirigente de SINTRAJAP, la siguiente información:
“El principal líder del Movimiento Rescate Nacional, don Célimo Guido Cruz y sus compañeras y compañeros han recibido sobreseimiento definitivo en relación con la acusación penal que le interpuso el gobierno por las luchas sociales en la calle.
Fueron sobreseídos. Ahora que tenemos un presidente electo, don Rodrigo Chaves Robles, proveniente de los círculos cercanos al FMI y el Banco Mundial, esperamos que se cumpla su frase electoral usada para la victoria en los lugares más pobres del campo y la ciudad: me como la bronca, porque si le vamos ayudar en esa lucha o desenmascarar, como ya quieren hacer con el nuevo reglamento (SINIRUBE) del Banhvi; además destruir las organizaciones populares en lucha por la vivienda digna.
Pronto estaremos informando en qué consiste. Estaban esperando el resultado de las elecciones para impulsarlo, al igual que más de 30 desalojos de precarios».
Desde el Frente Nacional de Pueblos Indígenas, en apoyo con el Comité de Apoyo a la Autonomía Indígena les compartimos una recopilación del memorial PÖ PATÖK, de Uniwak Sergio Rojas Ortiz, a 3 años de su asesinato impune.
Según la Estrategia Nacional de Manejo Integral del Fuego en Costa Rica 2012 – 2021: En temporadas de incendios forestales que van del 2007 al 2012, las causas principales se dan por quemas de pastos y agropecuarias) representan un 46.06%, vandalismo un 21.01%, actividades de caza un 12.52% y venganza un 7.68%, son las cinco principales causas por las cuales se han iniciado los incendios forestales (SINAC, PNMF, 2012).
Juntamente los incendios a partir de vandalismo, caza y en especial venganza son el patrón común que se repite en los territorios indígenas, los cuales se han convertido en una de las formas de violencia más constantes sobre todo en las recuperaciones indígenas en China Kichá, como señalan las personas recuperadoras “han sido provocados bajo las órdenes de tres empresarios muy adinerados e influyentes de la zona”.
Estos incendios, que han cubierto según las personas recuperadoras un aproximado de 800 hectáreas, es decir más del 72% del territorio que por ley les corresponde y de tierra que han recuperado, han arrasado con áreas boscosas, así como con las fuentes de agua, la fauna del lugar y los cultivos de las personas indígenas. Esto es una guerra contra la naturaleza y las comunidades indígenas.
China Kichá se ubica en Pejibaye de Pérez Zeledón a 175 kilómetros sureste de San José. Por decreto del año 2001, el Estado costarricense asignó 1100 hectáreas para el pueblo cabécar en China Kichá, de ese total para el 2014 los cabécar apenas tenían 33 hectáreas en su poder, es decir el 97% de la tierra estaba en manos de personas ajenas a la población indígena (Forest People Programme, 2014).
Por lo que desde el 2019 este pueblo indígena se ha organizado para recuperar su territorio logrando volver a controlar 800 hectáreas. Para el pueblo cabécar de China Kichá la tierra, no es solo tierra, sino que es un territorio y es su hogar; lo que significa asegurar la continuidad de su pueblo indígena, un pueblo amenazado con desaparecer. Sin embargo, desde que iniciaron las recuperaciones han sufrido violencia constante por parte de terratenientes, quienes desde décadas anteriores usurparon sus territorios para deforestarlos y convertirlos en monocultivos y potreros de ganadería extensiva.
Los incendios provocados son un mecanismo de presión, pero además crímenes de odio hacia las personas indígenas y un desastre ecológico. “Cada vez que queman nos dan en el alma porque es como que nos están matando a nosotros (…) nos duele muchísimo porque están quemando nuestra casa (…) No están quemando simplemente plantas, están quemando seres vivos, con los que nos necesitamos mutuamente”, expresa Doris Ríos. En un reportaje realizado por el Semanario Universidad el 15 de marzo del 2022, incluyó dos videos con sobrevuelos de dron donde se puede ver la magnitud y testimonios de la tragedia en China Kichá.
Con estos incendios los terratenientes sostienen violencia material y psicológica sobre las personas indígenas; destruyendo sus viviendas, negando la posibilidad de que construyan soberanía alimentaria y frustrando su proyecto de revitalización de los ríos y bosques. Jaison Ríos relató que cuando sucede un incendio, las personas recuperadoras se unen para apagar las llamas que alcanzan los árboles de las zonas boscosas y que sus proyectos de crear viveros para reforestar se ven frustrados por los incendios.
Esto llama a recordar la importancia de los pueblos indígenas en la lucha ante el Cambio Climático, y la importancia que tienen en la conservación de las especies y los ecosistemas, rol que se ve amenazado directamente en China Kichá por los incendios forestales provocados y la inacción de las autoridades en el territorio. Los incendios forestales dentro de territorios indígenas no son nuevos. En el 2020, se contabilizaron 17 incendios provocados en China Kichá. Estos incendios solo son la base de una violencia que escala hasta ataques armados hacia personas indígenas.
En un contexto más general, estos incendios provocados son parte de los incendios forestales que afectaron a 10.724 hectáreas en el 2020 y a 6.411 hectáreas en el 2021. Para este año el Cuerpo de Bomberos a encendido las alarmas pues, a la fecha, se han presentado 41 incendios en comparación al mismo periodo del año 2021, lo que significa un aumento de un 342%, estos incendios han consumido 7.452 hectáreas, es decir, 2.892 hectáreas más que las afectadas en el 2021.La mayoría de estos incendios se dado en Guanacaste y Puntarenas (Cuerpo de Bomberos, 2022). Vivimos en un mundo en llamas y Costa Rica está en llamas. Los bosques, la vida silvestre, la seguridad alimentaria, todo se está quemando en una hoguera que avanza. Estos incendios no son consecuencia del Calentamiento Global, sino, el resultado de la violencia sistemática y directa que sufren los pueblos originarios en este país. Ante este panorama de agravios, las personas recuperadoras del territorio indígenas en China Kichá demandan: 1. Apersonamiento de los bomberos de Pérez Zeledón cuando hay un llamado por incendio en los territorios recuperados de China Kichá, pues cada vez que hay una emergencia de esta índole los bomberos manifiestan que no van a intervenir “quemas de charral”. 2. Presencia del SINAC durante las emergencias por incendios forestales en China Kichá para atender las quemas de los bosques donde mueren muchos animales. 3. Investigación por parte de la fiscalía de Pérez Zeledón para atender las denuncias interpuestas por los incendios provocados en China Kichá e identificar responsables de estos agravios. Los abajo firmantes en apoyo a estas demandas, en el enlace adjunto podrán firmar estás petición: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWYoJA7pVbKuOjTh1eFuDzdrcU5S2qaHvTqD70RKaJ4mWP6Q/viewform
El pasado 1 de abril de 2022 se realizo un conversatorio sobre la violencia contra las mujeres indígenas recuperadoras de tierra. Este fue un programa elaborado por Alternativas del Colectivo Reflexión-Acción.
El conversatorio aborda temáticas sobre cómo la invisibilización de los pueblos indígenas ha sido histórica y continua, desde la colonización se han visto sus territorios como terrenos por conquistar. El país ha sido, en ocasiones, descrito como un lugar que no tiene personas indígenas, negando la existencia y diversidad cultural, vendiendo el país bajo una construcción blanca, mestiza y eurocéntrica. No hay duda que los pueblos indígenas han sido violentados, y es el Estado costarricense quien ha ejercido esa violencia sobre los derechos y convenios internacionales que protegen a las personas indígenas.
Cada territorio indígena cuenta con su propia organización y autonomía de gobernanza, y son las mujeres indígenas quienes se encargan de transmitir su cultura, ya que son matrilineales. Las mujeres indígenas son quienes transmiten el clan, sus vivencias y su cultura desde tiempos ancestrales.
Los clanes, tienen una función identitaria y de responsabilidad dentro de los territorios más allá de proteger la tierra que está en la superficie. Proteger los territorios representa la lucha por sus derechos, acceso a servicios, por condiciones mejores, por la defensa del agua, la defensa de los bosques, de las tierras por cultivar, entre otros.
A pesar de toda la violencia y el racismo que se recibe, las luchas continúan. Los territorios indígenas pertenecen a personas indígenas y hacen énfasis en que estos deben seguir protegiéndose. Cada recuperación es diferente y mediada por factores culturales y espirituales, son parte del ser y están inscritos en una cosmovisión que continúa viéndose violentada por factores externos.
Participaron:
Cindy Vargas Ortiz. Recuperadora de territorios ancestrales. Bröran de Térraba de la Asociación El camino de la Semilla.
Doris Ríos Ríos. Recuperadora de territorios ancestrales. Comunidad Cabécar de China-Kichá.
Lusmilda Delgado Morales.Clan Tubölwack de Cabagra. Pertenece a la Red de Mujeres Rurales.
Fanny Reyes Ortiz. Del territorio de Térraba. Red de Mujeres Rurales.
El Departamento Ecuménico de Investigaciones, DEI, invita a toda la comunidad en general a participar en el próximo taller socio-teológico 2022: “Defensoras de Derechos humanos en el contexto socio-político latinoamericano: Cuando los derechos, la salud y la religión se alían”, que se llevará a cabo del 18 de abril al 15 de julio del 2022.
El taller se desarrollará de manera virtual, y mediante el uso de un aula en línea que permita, semanalmente, el intercambio y la construcción colectiva del conocimiento, no solo a través de los encuentros sincrónicos, sino también, a través de diferentes actividades asincrónicas, siguiendo la apuesta epistémica institucional. Es una actividad que convoca a personas defensoras de derechos humanos, activas en movimientos sociales, organizaciones sociales y comunidades eclesiales de América Latina
Para realizar la postulación y obtener una beca para participar debe ingresar y llenar el formulario en el siguiente enlace: https://forms.gle/fs8yEARJmmVtDmSL7
Por Dr. Gerardo Cerdas Vega, Sociólogo, profesor de la Escuela de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional (ECA/UNA)
La actual coyuntura internacional derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania, ha encendido todas las alarmas a nivel global sobre la inminente crisis alimentaria, asociada por un lado al incremento desbordado en el precio de la energía y los fertilizantes y, por otro, a problemas de logística global surgidos en el marco de la pandemia de COVID-19 (la así llamada “crisis de los contenedores”), en un contexto marcado por la multiplicación de eventos climáticos extremos, que ya de por sí afectan la seguridad alimentaria mundial, con mayor gravedad en algunas regiones y países.
No obstante, aunque parece que solo nos damos cuenta de la fragilidad del sistema agroalimentario globalizado en el pico de una coyuntura crítica, la situación actual se viene formando desde hace mucho tiempo atrás. No solo por la difusión, desde los años 1940, de un modelo de agricultura altamente contaminante y dependiente de los combustibles fósiles (la “Revolución Verde”), sino por la imposición, desde los años 1980, de constantes oleadas de ajustes neoliberales que arruinaron la agricultura campesina, volcada para el mercado interno, en prácticamente todos los países del mundo.
Efectivamente, desde los años 1980 se ha venido impulsando una agenda de destrucción de las economías agrarias de base local, al tiempo que se abría la brecha para que grandes corporaciones del agronegocio dominasen el mercado mundial de alimentos, semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola, avanzando los intereses de las potencias hegemónicas, en especial de los Estados Unidos. Un mercado altamente lucrativo, oligopolizado y destructor, propulsado por la liberalización del mercado mundial de productos agrícolas a partir de 1995 (negociaciones de la OMC y tratados de libre comercio impuestos por Estados Unidos, Unión Europea y más recientemente, China).
En el caso de Costa Rica, hemos visto una aplicación progresiva de este ideario al mundo rural y a la producción agrícola, con nefastas consecuencias para la seguridad y soberanía alimentaria de nuestro país y para la viabilidad económica de la agricultura campesina. Durante cuatro décadas (cómo no recordar el tristemente famoso lema “Volvamos a la tierra” del plan de gobierno de Luis Alberto Monge y la aplicación sucesiva de los Programas de Ajuste Estructural), se nos ha dicho hasta el cansancio que es más barato importar, que teníamos que “reconvertir” la agricultura, integrarnos a las cadenas globales de valor. Producir, siempre producir, a todo costo, los viejos y nuevos productos que el mercado global demanda, no importa si ello implica devastar la tierra, los ríos, la trama de la vida. Pagar millones de dólares a las corporaciones que controlan semillas, fertilizantes, pesticidas y maquinaria agrícola. Dejar al agronegocio y a los grandes importadores por la libre y a los pequeños frijoleros, maiceros, arroceros y en general a las familias rurales, integrarse a la “agricultura de cambio” o emigrar a la ciudad / al extranjero para no morir de hambre.
Bueno, ahí tenemos el resultado. Hoy por hoy, Costa Rica es un país extremadamente vulnerable desde el punto de la seguridad alimentaria y sin ninguna soberanía alimentaria efectiva, tal como lo revela la publicación del Semanario Universidad del día 30/03/2022[1]. ¿Cuánto durarán los estoques de alimentos en caso de un corte abrupto en los flujos de importación? ¿Por cuánto tiempo podrán los productores agrícolas seguir costeando el alza en el precio de los insumos? De acuerdo con diversos analistas y fuentes, es muy probable que este año vamos a tener la subida más alta de los precios de los alimentos en toda la historia, más que en 2008, pero con un escenario de mayor precarización social y laboral a nivel mundial sin precedentes, como resultado de la pandemia (que aún no acaba, dicho sea de paso).
Cabe anotar, adicionalmente, que el informe de la FAO sobre seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y El Caribe 2020, apunta que, en Costa Rica, para el periodo 2017-2019, la prevalencia de la inseguridad alimentaria grave afectó al 5,4% y la inseguridad alimentaria moderada al 25,5% de la población nacional (datos prepandemia). Año con año, se reduce el área destinada a productos como arroz, maíz, frijol al tiempo que disparan las importaciones. Producimos cada vez más piña, palma, banano, café (estos cuatro productos concentran el 70% de la superficie agrícola), pero se reduce la producción de géneros alimenticios indispensables para la dieta nacional. Todo ello sin hablar de la utilización masiva de fertilizantes y pesticidas químicos (hoy a precios estratosféricos) que contaminan la tierra, el agua y los propios alimentos, enfermando a quienes los producen y a quienes los consumen.
En este contexto, el desafío que se coloca con urgencia es el de una transformación del régimen agroalimentario en la dirección de una verdadera sustentabilidad (ambiental, alimentaria, social, económica, cultural). Y ese desafío es lo que llamo el desafío agroecológico: producir alimentos sobre una base ecológicamente saludable, con viabilidad económica, respeto y fomento de la agricultura campesina, agrobiodiversidad, igualdad/equidad de género, soberanía alimentaria y apoyo de la sociedad (inclusive a través de políticas públicas costeadas por el contribuyente), para disputar verdaderamente el perverso control corporativo sobre aquello que comemos y la forma como lo producimos.
América Latina y El Caribe son el epicentro de una verdadera revolución agroecológica, que hoy se extiende por todo el globo (aunque esto no salga en el noticiero). En esta región (y en todo el mundo), abundan los ejemplos de que otra agricultura es posible, una agricultura con cara campesina, indígena, negra, de comunidades de pescadores, de mujeres rurales pero también de colectivos urbanos que se organizan para producir alimentos en las ciudades, o bien que tejen redes para poner en contacto a los productores y productoras agroecológicos con los mercados citadinos y organizan circuitos cortos de comercialización para darle salida a la producción local a precio justo y sin el desigual tratamiento que dan los intermediarios a quienes que producen la comida que comemos. Entre 15 y 20% de los alimentos en el mundo se producen en las ciudades, donde más de 300 millones de personas practican agricultura urbana.
La agroecología es entendida como un movimiento social, como una ciencia y como un conjunto de prácticas ecológicas para el manejo a nivel de finca. Es intensiva en conocimiento local puesto que integra en su seno el saber de las productoras y productores campesinos/as, negras e indígenas (entre otros), así como el apoyo de universidades, ONG comprometidas con las luchas sociales, investigadores/as y activistas en busca de una nueva forma de producir y comercializar alimentos que, por otra parte, se entiende como parte de una ancestralidad, espiritualidad y una conexión íntima con la tierra que son indispensables para superar la actual y las futuras crisis alimentarias, sociales y climáticas. La defensa de las semillas criollas es una de sus bases fundamentales, tal como lo afirma La Vía Campesina.
Así, es urgente que comencemos a discutir, a nivel país, pero sobre todo a nivel local, una salida al laberinto en que nos encontramos. El desafío agroecológico nos llama con más fuerza que nunca. Tal vez la única “virtud” de esta guerra y de esta crisis multidimensional que atravesamos como humanidad, es que ha abierto una ventana de oportunidad para que miremos a fondo la complejísima situación que estamos enfrentando y discutamos los caminos posibles para transformar nuestra relación con los alimentos, lo que conlleva replantearnos por completo nuestra relación con la Tierra y sus ciclos vitales, que no son, precisamente, los de la ganancia corporativa.
En Costa Rica, al igual que en muchos otros países, la política de acabar con la agricultura campesina hizo grandes estragos, pero no acabó por completo con la resistencia local. Hay diversas y ricas experiencias agroecológicas locales que permanecen dispersas, así como un creciente número de personas en el campo y la ciudad que están preocupadas por la calidad de los alimentos que producen y consumen y por las consecuencias medioambientales de todo ello. En función de lo anterior y en el marco de esta coyuntura nacional e internacional, necesitamos con urgencia reconocernos, encontrarnos, nombrarnos y movilizarnos como parte de una transición y una transformación en curso donde la alimentación ocupe un lugar destacado en la agenda pública y nuevas prácticas y alternativas sean construidas desde abajo, desde los territorios y con apoyo de diversos actores comprometidos con un diálogo de saberes horizontal y participativo, que busque sacar a los alimentos de la lógica de la acumulación de capital y los devuelva a las lógicas de existencia de los pueblos.
Continúan las quemas en el Territorio Ancestral Cabécar de China Kichá en Pérez Zeledón.
El video adjunto corresponde al día 21 de marzo del 2022, Día Mundial del Agua. Pueden escuchar la voz del recuperador y defensor Efraín Fernández. Tomen su tiempo y escúchenlo. Por favor, préstele atención.
Apoyemos la noble lucha en la defensa de la Madre Tierra.
Defendamos a lxs defensores indígenas. Sus vidas corren peligro.
¡Alto a la impunidad!
¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios!
El viernes, 18 de marzo del 2022, a las 12:25 de la tarde en horas del inicio de la nueva recuperación de tierra-territorio en el Territorio Yamabí Dí (también conocido como Cabagra), dos sujetos no indígenas, mostraron sus armas de fuego y amenazaron de muerte a las personas recuperadoras, insultándolos y dañando un rancho que construyeron como parte del proceso de reafirmación territorial.
Esta nueva recuperación se encuentra a 1 kilómetro al sur de la carretera a las Palmas, en el Territorio Yamabí Dí (conocido como Cabagra). La recuperación fue realizada el día de hoy, 18 de marzo, en conmemoración al tercer aniversario de la siembra de Sergio Rojas Ortiz, del Clan Uniwak, del Territorio Bribri de Salitre.
A la 1:10 p.m., no se había hecho presente la Fuerza Pública en la finca, a pesar que desde el inicio de la recuperación de tierra-territorio se reportó la necesidad de su presencia en el lugar. Aunque los dos sujetos se habían retirado del lugar, se reporta la llegada de tres sujetos a la 1:30 p.m.
Se exige presencia policial permanente en el lugar, y se demanda al Poder Ejecutivo que garantice la integridad física y la vida de las personas recuperadoras. Cualquier agresión en contra al Pueblo Bribri de Yamabí Di es responsabilidad del Estado costarricense.
Compartido con SURCOS por Coordinadora de Lucha Sur-Sur.
Imagen: Territorio indígena Yamabí Dí. Imagen de CLSS.
Más de 200 personas acudieron al entierro de Sergio Rojas en Salitre, en la tierra que reclamó durante años. Hoy, el 18 de marzo del 2022, tres años después del asesinato del líder indígena, su caso sigue impune. Aunque la investigación sigue vigente, según Oscar Retana, el abogado de la familia de Rojas, dos de los tres principales sospechosos huyeron del país.
Se estima que la mayoría de los terrenos en Salitre están en manos de no indígenas, y Sergio Rojas denunció la constante violencia física y patrimonial en el territorio indígena de está zona.
