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Etiqueta: lucha social

8 DE MARZO DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER DECLARACIÓN

Aporte de Rodrigo Aguilar Arce, Ex Presidente de la CTRN en el marco del Día Internacional de la Mujer

Marco Leandro

A siglo y 11 años de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo de 2022, el movimiento sindical asume la responsabilidad de redoblar esfuerzos por el logro de los derechos de las mujeres en toda su amplitud. El 8 de marzo es una jornada en la que se pone en valor la lucha por los derechos de la mujer y se reivindica la igualdad respecto a los hombres.

EL ORIGEN DEL DÍA DE LA MUJER 

Fue en 1975 cuando Naciones Unidas declaró el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, aunque los orígenes sobre esta fecha son más bien inciertos. En realidad, hay varios acontecimientos y manifestaciones que a lo largo de los siglos XIX y XX que marcaron la lucha por los derechos de la mujer. Es el caso del incendio en la fábrica textil Triangle Shirtwaist Company, el 25 de marzo de 1911 en Nueva York, donde murieron más de un centenar de personas, sobre todo mujeres inmigrantes de entre 17 y 24 años.

En realidad, no hay un evento concreto sino luchas, concentraciones huelgas de mujeres que terminaron convirtiéndose en una constante.

Por ejemplo, recuperan en “Marea”, en 1853 unas 21.000 personas  el 55,8%, niñas menores de 13 años de los talleres de Preston, en los distritos del algodón de Manchester, protagonizaron huelgas y todo tipo de disturbios.

En 1857, por otro lado, miles de trabajadoras del sector textil salieron a las calles de Nueva York para protestar por las malas condiciones laborales. También en Nueva York, pero en 1908 y bajo el lema ‘Pan y Rosas’, se manifestaron 15.000 mujeres pidiendo una mejora de las condiciones y el fin del trabajo infantil.

En Europa, por otro lado, fue la líder socialista Clara Zetkin quien instó en la primera Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, el 1907 en Sttutgart, a realizar una campaña a favor del voto de la mujer. En 1910, en la II Conferencia, Zetkin propuso la creación de un Día Internacional de la Mujer, idea que cogió de las mujeres americanas del Partido Socialista. Así, la primera vez que se conmemoró en varios países el Día de la Mujer fue en 1911.

El movimiento sindical costarricense ha venido conmemorando este trascendental día, por considerarlo altamente representativo, por su valor imponderable, y porque nos permite revisar una serie de elementos vitales en nuestro cotidiano quehacer, y en las proyecciones de acción, gestión y lucha que debamos emprender.

BREVE REPASO AL ORIGEN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

Para la Profesora Universitaria Gabriela Arguedas, con un mensaje profundo dado en el año del centenario, nos expresó que el 8 de marzo no se festeja, que no es una fiesta, que no es motivo para un carnaval o un regalo y que existe una diferencia profunda entre un festejo y una conmemoración, y agrega: el 8 de marzo no es la fecha para que se despliegue toda la furiosa competencia mercantil de rebajas, ramos florales y tarjetas coloridas con frases de lugares comunes.

Según dicha profesora la tendencia, cada vez más enajenante de eliminar el contenido histórico de las fechas conmemorativas solo sirve a un propósito: la asimilación y, por ende, la desaparición, y que cuando algo pierde su contenido simbólico, deja un espacio hueco en el que luego se puede colocar cualquier cosa, por absurda o insultante que sea, agregó que  es precisamente eso, lo que no quiere que suceda con el 8 de marzo, es decir, no es un día para celebrar el esencialismo o para que algunos tengan ocasión de pasarse de listos, y cierra estos criterios diciendo que el 8 de marzo es un día para que la memoria reviva y la dignidad se sacuda.

La Comisión Ampliada de las Mujeres Sindicalistas, CRAMS, de nuestra Subregión ha expresado que  la conmemoración del El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, recoge la lucha emprendida en la Antigua Grecia por Lisístrata, quien inició una huelga sexual para poner fin a la guerra y surgió a raíz de las acciones de mujeres de los movimientos sindicales durante el Siglo XIX y principios del Siglo XX.

Diversas fuentes destacan  que su  establecimiento formal se dio en la reunión de la Internacional Socialista realizada en Copenhague en 1910, en la que participaron más de 100 mujeres de 17 países, además un elemento determinante para esta conmemoración de esta fecha resulta ser el caso de las 129 mujeres que durante una huelga pacífica murieron quemadas en un incendio en la fábrica Cotton Textile Factory, quienes  protestaban por sus condiciones laborales, un aumento de los salarios, una reducción de la jornada laboral y el fin del trabajo infantil.

Arguedas  señala que el origen histórico de esta fecha conmemorativa es muy discutido y que investigaciones elaboradas por historiadoras feministas ubican los hechos que marcaron esta fecha en el año 1857, y  destaca acciones del sindicato de costureras de la compañía textil en Lower East Side, Nueva York que convocó a una marcha en el mes de marzo para demandar una jornada  laboral limitada a 10 horas; por otra parte  indica que en 1867, tuvo lugar otra manifestación, en esa misma ciudad, de mujeres trabajadoras, que seguían bajo condiciones de profunda explotación laboral. En todas estas manifestaciones la represión policial fue sumamente violenta.

La Prof. Arguedas señala también, que en 1908 las mujeres del Partido Socialista Norteamericano fundaron unas jornadas de reflexión y acción denominadas Woman’s Day (Día de la Mujer). Sus reivindicaciones iniciales fueron la defensa incansable del derecho de las mujeres al sufragio, a gozar de derechos en el trabajo y a luchar en contra de la guerra y expresa que fue en 1910, en Copenhague, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, donde se presentó una propuesta del Partido Socialista Norteamericano, para instaurar el Día Internacional de la Mujer. Esta propuesta, finalmente, fue aprobada, en mucho, gracias al apoyo brindado por la socialista alemana Clara Zetkin.

La Agencia France Press reconoció también que la jornada se consagra a la lucha por la igualdad y la emancipación de las mujeres, y se inspira en las luchas de la socialista alemana Clara Zetkin, quien lanzó la idea sin proponer una fecha fija, en la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas celebrada en agosto de 1910 en Copenhague, ello de acuerdo al señalamiento de la historiadora francesa Françoise Picq.

Dicha agencia ha expresado que, desde su lanzamiento en 1910, las mujeres han conquistado numerosos derechos civiles, políticos y laborales, pero la plena igualdad con el hombre sigue siendo un objetivo pendiente, en la gran mayoría de los países las mujeres siguen sufriendo, en mayor o menor medida, discriminaciones de todo tipo cuando no situaciones de opresión.

LA SITUACION PREVALECIENTE

Sabemos que, a pesar de llevar más de cien años de conmemoración, las condiciones laborales de la gran mayoría de mujeres en el mundo entero y por su puesto en Costa Rica siguen siendo deplorables.

La división sexual del trabajo perdura y mantiene a muchas mujeres e incluso a niñas en una situación que bien podemos llamar de esclavitud.

Las mujeres que han logrado incorporarse al mercado de trabajo formal ganan un 70% del salario de los hombres, a pesar de realizar las mismas funciones y de estar, en muchos casos, mejor calificadas.

Los derechos laborales de las mujeres se sostienen en el papel, a punta de uñas y dientes, pero en la vida cotidiana es todavía más difícil, al punto que ya parecen solo un puñado de buenas intenciones.

La discriminación en toda su esencia se mantiene tanto en lo laboral como en lo político.

El acoso laboral y el acoso sexual constituyen dos de los más feroces flagelos tanto en el orden laboral como político, tanto en el sector privado como en el sector público.

La trata de blancas y la utilización de niñas adolescentes en trabajo sexual constituyen una verdadera vergüenza nacional.

En los pocos casos de existencia de negociación colectiva en empresas públicas y privadas los temas relativos a las mujeres están levemente reconocidos o no lo están del todo.

La informalidad, la precariedad son condiciones que imposibilitan el desarrollo sindical de las mujeres.

EL COMPROMISO CON LOS SIGUIENTES RETOS

Las organizaciones sindicales y las mujeres sindicalistas asumimos este 8 de marzo de 2022 los siguientes retos:

Apoyar a todas aquellas mujeres que se organizan y resisten las agresiones del capitalismo salvaje en todas sus expresiones: flexibilidad laboral, tercerización, feminicidio, machismo, desprotección social, maltrato, desigualdad, desvalorización de las mujeres y sus derechos, y poca o nula participación en los procesos sociales, económicos y políticos.

Incrementar los esfuerzos para la superación de la situación prevaleciente por cuanto estamos convencidos que son las mujeres junto a las personas jóvenes e inmigrantes, quienes soportan la mayor precariedad laboral y la desigualdad salarial, esto les convierte en las personas más vulnerables ante la crisis económica.

Trabajar en unidad con todo el movimiento sindical y todas las mujeres que son maltratadas, humilladas, explotadas, oprimidas, subyugadas, día a día por el sistema Neoliberal.

Luchar y levantar una sola voz desde los distintos espacios, demandas y reivindicaciones. Para ello debemos enfrentar el modelo con organización, lucha y rebeldía para lograr una participación efectiva, protagónica, donde nuestra voz sea escuchada.

Intensificar la lucha para la participación de las mujeres en definición de políticas de empleo, de educación, de formación profesional técnica y de procesos de intermediación que constituya un elemento sustantivo de la misma política.

Constituir una estructura sindical participativa, horizontal, democrática, honesta, con igualdad de género, que tenga capacidad de unificar el pensamiento y la acción sindical, en el respeto a la pluralidad y diversidad, a través de procesos de evaluación, formación y formulación de una propuesta incluyente de todos los sectores que forman nuestra base, para lograr un movimiento sindical fuerte, vigoroso y poderoso, con credibilidad.

Luchar para que la dimensión y equidad de género sea considerada como componente transversal de los análisis y la definición de acciones sobre innovación, empleo, combate a la pobreza y fortalecimiento de la gobernabilidad democrática.

Continuar las acciones para que se disminuya la brecha de equidad existentes tanto en torno al acceso a las fuentes de trabajo, en los niveles operacionales, técnicos y profesionales como en la desigualdad salarial existente, en las diversas actividades de la economía nacional.

Divulgar y dar a conocer en todos los rincones del país los derechos y garantías laborales, constitucionales y los convenios y convenciones internacionales que garantizan los derechos económicos, en salud laboral, social y cultural como componentes esenciales para garantizar calidad del trabajo a las mujeres y a los jóvenes.

Promover la formación técnica, de competencia y empresarial para mujeres excluidos del sistema formal de la educación.

Luchar para que se reconozcan el potencial y la capacidad organizacional que tienen las mujeres para desarrollar actividades productivas.

Gestionar el desarrollo de observatorios de empleo con la efectiva participación de mujeres para detectar no solo las necesidades de oferta y demanda, sino para determinar los niveles de formación que posen las mujeres y los jóvenes en determinados entornos regionales o locales, para establecer proyectos productivos.

Capacitar conjuntamente con los sindicatos a trabajadores y trabajadoras en lo referente a sindicalismo.

Realizar convenios con las empresas donde se le facilite crédito y materiales a bajo costo a fin de que las mujeres puedan trabajar con microempresas que brinden mejores ingresos para ayuda a su familia.

Revisar los programas educativos tanto técnicos como profesionales en los diferentes entes educativos: INA, universidades, con el fin de realizar un diagnóstico de las necesidades laborales en las diferentes regiones del país, a efecto de coordinar con el ministerio de trabajo para que se cree la bolsa de empleo funcional.

Asegurar una cuota de un 50% mínimo de participación de las mujeres en puestos directivos en las diferentes organizaciones sindicales tanto nacionales como internacionales.

Fomentar el incremento de sindicatos en el sector privado principalmente en los sectores de los regímenes especiales “zonas francas, perfeccionamiento activo” con el fin de lograr estabilidad laboral.

San José, 8 de marzo de 2022

Rodrigo Aguilar Arce

Ex Presidente de la CTRN

Frente a segunda ronda, ciudadanía vigilante espera respuestas – Comunicado

De cara a la segunda ronda, es imprescindible saber cómo responden los dos candidatos a los planteamientos que presentaremos a continuación, y que reflejan preocupaciones cotidianas de la ciudadanía.

Creemos fundamental e importante escuchar, analizar qué dicen o qué no dicen los candidatos sobre el empleo, la educación, la estabilidad financiera, si son directos en sus respuestas o las evaden, si tienen propuestas viables y quiénes son los equipos que les acompañarían en su Gobierno.

Debemos mirar más allá de las apariencias para poder votar conscientemente y con intuición.

Señores candidatos, queremos saber:

1. Costa Rica se ha comprometido como país a escala internacional, a lograr la igualdad entre las mujeres y los hombres, ¿qué medidas concretas hará su gobierno para cumplir con esta obligación? ¿Qué medidas tomará para garantizar que esas obligaciones se incluyan en los programas y planes operativos institucionales?

2. ¿Cómo van a enfrentar el problema del desempleo y del empleo de mala calidad que afecta actualmente a la población costarricense?

3. Las mujeres presentan los mayores niveles de desempleo, subempleo, empleo informal y mal pagado, y enfrentan enormes limitaciones para salir a trabajar, debido a las labores de cuido, ¿Qué medidas y programas concretos y realizables proponen para que las mujeres tengan acceso a trabajos de calidad y bien remunerados?

4. ¿Qué propuestas tienen para mejorar el acceso a los servicios de salud? ¿Cómo van a asegurar la estabilidad financiera de la CCSS con servicios de calidad para toda la población?

5. ¿Cómo se va a asegurar un proceso de envejecimiento digno para la creciente población mayor?

6. Nos preocupa profundamente la grave crisis educativa que vive la población estudiantil del sector público, ¿Qué medidas concretas y efectivas tomarán para asegurar una educación de calidad y detener la exclusión educativa?

7. Ante eventuales descontentos populares por decisiones de gobierno, ¿qué mecanismos utilizarán para considerar las posiciones de sindicatos, organizaciones sociales y demás sectores de la sociedad civil?

8. ¿Cuáles serán sus prioridades en programas y políticas para el sector agropecuario? ¿Fomentarán las plantaciones de piña, banano y melón, productos agrícolas altamente contaminantes junto con la precariedad de la condiciones de estos trabajos? ¿Qué medidas tomarán para fomentar la producción de alimentos para consumo nacional? ¿Qué propuestas tienen en relación al problema del cambio climático en el sector agropecuario?

9. ¿Qué medidas van a tomar para mejorar las políticas y programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia femicida?

10. ¿Promoverán el cierre, venta o participación privada en instituciones estatales? En caso afirmativo: ¿Cuáles son sus propuestas?

11. ¿Cómo implementarían la regla fiscal para que no afecte los programas sociales?

12. ¿Cuáles son sus propuestas para fortalecer el Estado social de derecho y la institucionalidad pública?

13. ¿Cómo resguardarán los recursos económicos de las instituciones que protegen los derechos de las mujeres en toda su diversidad, los derechos humanos en general y el medio ambiente?

14. ¿Cómo resolverán los conflictos por usurpación de tierras en los territorios indígenas?

Demandamos respuestas claras y concretas a estas preguntas para tomar una decisión informada y responsable el próximo 3 de abril.

Estaremos vigilantes de que las instituciones que garantizan el Estado social de derecho no se cierren ni cambien su naturaleza sino, por el contrario, se fortalezcan para que puedan cumplir con sus mandatos para garantizar el bienestar de toda la población.

Estos, entre otros temas, serán nuestra preocupación y exigencia por los cuales estaremos vigilantes a lo largo de todo el gobierno.

Iniciativa:

1. Alda Facio Montejo Cédula 103830940
2. Ana Cecilia Escalante Herrera Cédula 103600701
3. Ana Elena Badilla Cédula 105290786
4. Ciska Raventós Vorst Cédula 900360482
5. Marta Solano Arias Cédula 104530311
6. Rodrigo Jiménez Sandoval Cédula 105370978
7. Roxana Arroyo Vargas Cédula 106430057
8. Sharo Rosales Arce Cédula 106920853
9. Thais Aguilar Zúñiga Cédula 105870972
10. Vilma Leandro Zúñiga Cédula 303360920

Puede ser parte de esta iniciativa firmando en el siguiente formulario: https://forms.gle/sD67gcsWx3XwXH838

Compartimos el documento original en formato PDF para descargar:

Berta Cáceres, defensora ambientalista hondureña. Se cumplen 6 años de su brutal asesinato

Por Manu Mediavilla, colaborador de Amnistía Internacional

En la madrugada del 2 al 3 de marzo de 2016, cuatro hombres armados dispararon a Berta Cáceres, valiente defensora de los derechos medioambientales e indígenas, en su casa de La Esperanza, en el sur occidental de Honduras. Berta falleció a consecuencia de los disparos poco después de la medianoche en un día aciago para el activismo social. Hoy se cumplen seis años de su asesinato.

¿Qué defendía Berta Cáceres?

Berta Cáceres fue una prominente líder indígena de Honduras, cofundadora y coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) asesinada en 2016 por su oposición a la construcción del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, una represa en el río Gualcarque, que es un lugar sagrado y vital para las comunidades nativas de esa zona del noroeste hondureño.

Berta no fue la única defensora de los derechos humanos asesinada aquel año debido a su trabajo pacífico. Y, desde entonces, han muerto violentamente centenares de defensores y defensoras más. Los responsables rara vez son llevados ante la justicia, lo que da pie a que continúen los ataques. Honduras, el país natal de Berta, sigue sin firmar el Acuerdo de Escazú, el primer tratado de derechos humanos ambientales de América Latina y el Caribe, que entró en vigor el 22 de abril de 2021 y que obliga a los Estados firmantes a proteger a las personas defensoras del medio ambiente.

Berta Cáceres fue una mujer indígena Lenca y una de las defensoras medioambientales más conocidas de Honduras. © Goldman Environmental Prize. (Amnistía Internacional).

¿Quién mató a Berta Cáceres?

El pasado 5 de julio de 2021, el Tribunal de Sentencia de Honduras declaró culpable a David Castillo (exgerente de la empresa Desarrollos Energéticos DESA S.A. y responsable del proyecto) como coautor intelectual del asesinato de Cáceres, tras un juicio en el que se presentaron 62 pruebas para acreditar sus vínculos con los autores materiales del asesinato y con las siete personas ya condenadas en 2018. Castillo es la octava persona condenada por la muerte de Cáceres. Anteriormente fueron condenados tres sicarios y cuatro personas vinculadas a DESA y al Ejército.

Pero la sentencia de David Castillo sigue pendiente, lo que llevó al COPINH a protestar el pasado 12 de octubre ante la Corte Suprema de Justicia. El Poder Judicial aclaró en su cuenta oficial de Twitter que el tribunal “está en proceso de redacción de la sentencia condenatoria”.

En COPINH se considera una «victoria popular» la declaración de culpabilidad de Castillo, cuyos vínculos con personas ya condenadas por el asesinato de Berta Cáceres quedaron acreditados en el juicio, así como su conocimiento de un fallido primer intento de acabar con su vida. La activista sufrió una persecución constante durante años, que obligó a parte de su familia a abandonar Honduras durante varios meses y a ella misma a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar un posible secuestro.

“La activista sufrió una persecución constante durante años, que obligó a parte de su familia a abandonar Honduras durante varios meses y a ella misma a dormir cada noche en un lugar diferente para evitar un posible secuestro.”

Incluso así, su discurso firme y su capacidad movilizadora lograron que el conflicto se visibilizara en el exterior, lo que movió a algunas compañías internacionales –como la china Sinohydro o la Corporación Financiera Internacional adscrita al Banco Mundial– a retirar sus inversiones. Y en Honduras, como subraya su hija Laura Zúñiga, “su vitalidad, su compromiso y su valentía siguen vivos en nosotros”, porque “no está muerta, está multiplicada” y sigue “presente en cada una de las personas que continuamos con la lucha”. Convertida ya en un auténtico símbolo de la comunidad lenca, remarca: “mi madre me dejó muchas enseñanzas y toda su fuerza. Las personas que luchan por la vida, nunca mueren”.

Desde Amnistía Internacional, su directora para América, Erika Guevara-Rosas, ha insistido en que “las autoridades hondureñas deben poner fin a la impunidad», porque “no habrá nunca una completa justicia para Berta hasta que todos los que participaron en el crimen, incluidos los que lo planearon, sean llevados ante la justicia».

Berta Cáceres fue galardona con el Premio Goldman, el mayor reconocimiento del mundo para medioambientalistas. © Goldman Environmental Prize. (Amnistía Internacional).

Berta Cáceres, Premio Goldman y Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia

Berta recibió el Premio Goldman (el mayor reconocimiento del mundo para medioambientalistas, el denominado Nobel Verde o Nobel de Medioambiente) en 2015, un año antes de su asesinato. Y en el 2021, a título póstumo, el Parlamento Europeo le otorgó el Premio Sájarov a la Libertad de Conciencia, un galardón que comparte junto a personalidades como Nelson Mandela.

El informe de Global Witness revela que tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 tuvieron lugar en América Latina. Unas 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su tierra y el planeta. A nivel mundial, se registraron 227 ataques letales, lo que supone un incremento por segundo año consecutivo. Honduras es el quinto país del mundo donde más personas defensoras de la tierra y del medioambiente fueron asesinadas durante el 2020, con 17 asesinatos.

10 frases por las que Berta Cáceres será siempre recordada

Berta Cáceres fue una prominente defensora de los derechos humanos. En la imagen, junto a gente de su pueblo. © Goldman Environmental Prize. (Amnistía Internacional).
  • «Y creo que en todo eso también hemos aprendido a que pese a que es muy duro, muy doloroso, hemos aprendido también a luchar con alegría. A luchar con alegría, con esperanza, con fe. Hemos aprendido a luchar en diversidad. Hemos aprendido a luchar con musica, con ceremonias, con espiritualidad. Donde nos acompañan nuestros ancestros y ancestras, nuestros Nahuales, nuestros espíritus. Eso es. Creo que eso es lo que nos alienta. Y saber que aquí no hay otro planeta de repuesto. Solo hay uno».
     
  • “Cuando iniciamos la lucha contra Agua Zarca, yo sabía lo duro que iba a ser. Pero también sabía que íbamos a triunfar. Me lo dijo el río”.
     
  • “Vos tenés la bala… Yo la palabra… La bala muere al detonarse… La palabra vive al replicarse”.
     
  • “Lo que nos inspira no son los premios, sino los principios. Aquí, con reconocimientos o sin ellos, hemos luchado y lo vamos a seguir haciendo”.
     
  • “Aquí es muy fácil que a uno lo maten. El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar”.
     
  • “¡Despertemos! ¡Despertemos Humanidad! Ya no hay tiempo. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de sólo estar contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal”.
     
  • “¡Los pueblos indígenas somos fuertes! A pesar de 522 años de opresión, de esclavitud, de exterminio. ¡Existir hoy como pueblos quiere decir haber demostrado la fuerza que tenemos!”.
     
  • “No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas”.
     
  • “El reconocimiento de los derechos de las mujeres no es un favor: es una obligación del Estado”.
     
  • “De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta…”.

 

Publicado en https://www.es.amnesty.org/

Mujer Cabécar recuperadora es atacada

Katherine Ríos, recuperadora cabécar de Kono Jú desde 2019, fue atacada con piedras y patadas por integrantes de la familia Rivera. 

Lunes 21 de febrero de 2022. El día  20 de febrero a las 5:30 p.m. Katherine Ríos se dirigía a Kono Jú a dejar unos víveres en una motocicleta con su cuñado, William Hernández. En el camino se encontró a Evelyn y Mariela Rivera quienes la increparon con insultos: «zorra», «hijueputa», etc. Luego cuando pasaron frente a la casa de la familia Rivera (que queda a unos pocos metros de la entrada de Kono Jú) le tiraron una piedra que por suerte no la impactó.

Minutos después, al terminar los pendientes en Kono Jú, Katherine y su cuñado se dirigían en motocicleta al centro del Territorio Cabécar de China Kichá. Justo en el momento de pasar frente a la casa de la familia Rivera, Katherine recibió el golpe de una piedra por lo que cayó de la motocicleta; cuando Katherine cayó al suelo, Karol, Jeylin y Darlyn Rivera le tiraron más piedras y la agredieron con patadas. William intentó detener el ataque pero fue golpeado con una piedra y fue mordido por Karol cuando éste intentó detener los golpes contra Katherine. 

Katherine pudo huir con su cuñado, luego de recibir los golpes. En este momento se encuentra estable pero sí cuenta con varios moretones en su cuerpo. Katherine es una de las recuperadoras cabécares que recuperó Kono Jú, el primer terreno recuperado tras el asesinato del Uniwák Sergio Rojas Ortiz del Territorio Bribri de Salitre. 

La familia Rivera ha sido denunciada pública y judicialmente en numerosas ocasiones. Es reconocida como uno de los actores más hostiles contra las personas recuperadoras cabécares de China Kichá y que también son afines a los intereses de los ocupantes ilegales no indígenas que se encuentran en el Territorio. 

Demandamos a la familia Rivera que se abstenga de agredir a las y los compañeros recuperadores. 

Exigimos, nuevamente, al Estado que garantice nuestra integridad física y vida. Además de que realice sus compromisos y expulse a los y las no indígenas del Territorio; de lo contrario la violencia seguirá en nuestra contra. 

Recuperadoras y recuperadores cabécares de Kono Jú. 

Coordinadora de Lucha Sur Sur.

 

Imagen de portada ilustrativa.

Sobreseimiento definitivo para Carlos Andrés Pérez Sánchez

Surcos comparte la siguiente información:

La Protesta Social es un Derecho Humano

La Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU), el Bloque de Vivienda Nacional, la Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT), la Coordinadora Campesina y el Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC) solicitamos de forma vehemente al Estado costarricense la cesación de la persecución política en contra de personas defensoras de derechos humanos. Así, exigimos EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para el joven trabajador y sindicalista de 28 años Carlos Andrés Pérez Sánchez, obrero de la Refinería Costarricense de Petróleo (RECOPE) quien ha sido acusado de manera ilegítima de supuestos delitos que jamás ocurrieron.

Carlos Andrés es una víctima más de la persecución política, administrativa y judicial ejecutada por el estado a través del Poder Ejecutivo, RECOPE y la Fiscalía General de la República. Una persecución sistemática que ha sido alimentada a través de los medios de comunicación hegemónicos que ejercen una dictadura mediática complaciente de los intereses de las élites económicas.

Carlos Andrés fue detenido injustamente el 11 de septiembre del año 2018 cuando, en ejercicio de su derecho fundamental a la manifestación pacífica reconocido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, suscritos y debidamente aprobados por Costa Rica, se le acusó de causar daños a bienes propiedad de RECOPE, institución para la cual trabajaba. Carlos Andrés en un acto heroico acudió a atender una emergencia de una posible fuga de gas en las instalaciones de su trabajo, acción para la cuál ha sido preparado como parte de las medidas de atención de riesgos ante eventuales peligros. Hecho que se da durante el período de huelga acontecido durante el año 2018 en contra del combo fiscal (Proyecto Ley 20.580. Ley de Modernización de las Finanzas Públicas) promovido por el gobierno central y la Asamblea Legislativa; huelga que él apoyaba dentro de los límites del ordenamiento jurídico, esta es la verdadera razón del por la cual es acusado.

Este joven trabajador y padre de familia, fue sometido a un juicio mediático a nivel nacional, siendo catalogado por los medios de comunicación más poderosos como un terrorista, inclusive fue acusado por el presidente de la república, Carlos Alvarado Quesada, sin antes tener un juicio en el cual se demostrara su culpabilidad, violentando así el principio constitucional y penal de inocencia.

Posteriormente fue sometido a un amañado juicio penal de flagrancia donde es declarado culpable, juicio que luego fue anulado por el Tribunal de Sentencia Penal del II Circuito Judicial de San José al demostrarse vicios de nulidad en el fallo condenatorio emitido por el juez Sergio Céspedes Rivera (Tribunal del Flagrancia de Limón, causa 18-000244-1130-PE), quien en primera instancia fue amonestado, ordenando la liberación de Carlos (26 de febrero, 2019).

Carlos Andrés Pérez Sánchez ha tenido que sufrir el injustificable peso de atravesar un proceso penal donde estuvo detenido en prisión durante 100 días, como preso político, condenado en un juicio con serios vicios procesales. Todo esto a pesar de que el material probatorio, el análisis fáctico y jurídico del caso, señalan claramente su inocencia. Además, a nivel de derechos laborales, fue despedido de su trabajo arbitrariamente sin responsabilidad laboral, causando un impacto en la estabilidad emocional y económica a nivel personal y familiar.

Por todo lo anterior, como organizaciones del movimiento social defensoras de los Derechos Humanos solicitamos se declare el sobreseimiento definitivo a Carlos Andrés Pérez Sánchez, con fundamento en el inciso a) del artículo 311 del Código Penal, que dicta que procederá el sobreseimiento cuando el hecho denunciado no se realizó o no fue cometido por el imputado.

Hacemos un llamado a las personas comprometidas con la justicia social, a las organizaciones sociales nacionales y a la comunidad internacional para que se solidaricen con Carlos Andrés, denuncien la violación sistemática de derechos fundamentales que sucede en Costa Rica y se unan para denunciar la represión y persecución penal, civil y política contra quienes ejercen el legítimo derecho a la protesta social. A la vez, convocamos a hacernos presentes los días 24 y 25 de febrero a los Tribunales de Limón, para recuperar la confianza en los tribunales de justicia y se dicte el SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO A CARLOS ANDRÉS PÉREZ SÁNCHEZ.

PROTESTAR NO ES UN DELITO, ES UN DERECHO HUMANO
Firmas responsables:

ACODEHU, CUT, MTC

Bloque de Vivienda Nacional,

Coordinadora Campesina

Costa Rica

Por lo que le solicitamos adscribirse como persona o como organización a Petición  del SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO para compañero Carlos Andrés Pérez Sánchez, joven obrero de Costa Rica víctima de persecución penal y política desde la huelga 2018.

https://forms.gle/M6DnYU17m19CZ9b8A

Gracias de antemano.

El Discurso de la Anticorrupción

Álvaro Vega Sánchez.

Álvaro Vega Sánchez, sociólogo

En la reciente campaña electoral no hubo un tema que polarizara la contienda, como el del matrimonio igualitario en la del 2018. Esta vez, la agenda temática fue más diversa y abordada de manera más distendida. Incluso, en algunos temas hubo enfoques similares y hasta compartidos. En este contexto, las candidatas y candidatos apelaron al discurso de la anticorrupción, procurando sacarle dividendos político-electorales, pero con un abordaje sesgado.

Existen diferentes tipos de corrupción: la clientelista que reparte favores para ganar votos, la mercantilista que compra políticos para obtener concesiones, la burocrática, pública y privada o corporativa, que legitima las malas prácticas y, quizá, la más pura y dura, la de las políticas neoliberales que favorecen al gran capital empresarial y financiero, generando más pobreza y desigualdad. Pero, quienes enarbolan el discurso de la anticorrupción pocas veces hacen referencia a este último tipo, protegiendo intereses igualmente espurios.

Hoy, nuestro Estado Social de Derecho está en la picota, en buena medida, por este conjunto de prácticas perniciosas. Sin embargo, el abordaje de la corrupción sigue siendo sesgado, al punto de legitimar su institucionalización, debido al apoyo y sometimiento incondicional a esas políticas que se nos imponen desde afuera. Es decir, se continúa hipotecando nuestro futuro y, principalmente, el de las nuevas generaciones, por la entrega de la soberanía económica y política a poderes fácticos foráneos y sus pares nacionales.

De ahí que uno de los desafíos fundamentales, para lograr tanto una reactivación económica como social salvaguardando los intereses nacionales, sea convertir a la ética de la solidaridad en el eje transversal de todas las políticas públicas. De esta manera, asegurarse que estas políticas estén al servicio de la equidad, la inclusión y la justicia social. Asimismo, democratizar más el proceso de su formulación y ejecución, ensanchando el espacio del diálogo ciudadano, que es el medio por excelencia para garantizar una gestión democrática y el antídoto para los autoritarismos.

Si de algo ha venido adoleciendo el proyecto globalizador dominante ha sido, precisamente, de una ética de la solidaridad humana, como lo ha señalado reiteradamente el papa Francisco. Así, por ejemplo, a propósito de la pandemia, en su última encíclica Fratelli Tutti destaca: “Ojalá que tanto dolor no sea inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con todos los rostros, todas las manos y todas las voces, más allá de las fronteras que hemos creado. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad, a la cual destinar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruinosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío” (La cursiva es nuestra).

Nuestro país y la humanidad entera están urgidos de ejercitar una ética para la solidaridad y la equidad. Nos estamos jugando la vida. El descalabro planetario producido por el cambio climático y la escandalosa concentración de la riqueza, están marcando el rumbo de la autodestrucción. Y un país, pequeño como Costa Rica, que ha logrado avances importantes tanto en bienestar social como en preservación de la naturaleza, cuenta aún con reservas éticas y humanistas para avanzar en una mejor dirección, y heredar un futuro más promisorio a las nuevas generaciones.

Hay que superar el uso sesgado del discurso de la anticorrupción con fines puramente político-electorales. Proponerse, más bien, construir una mejor sociedad de ciudadanas y ciudadanos dedicados al cultivo de la amistad solidaria. Y, de esta manera, defender y fortalecer, remozando, el Estado Social de Derecho: esa gran conquista de nuestros antepasados, producto de una valiente lucha social que desembocó en una convergencia ética y humanista de líderes tan visionarios como patriotas.

¡Claro que tenemos la responsabilidad histórica de gestar un nuevo pacto social por la solidaridad, la inclusión y la justicia social!

UCR: PROYECTO RECUPERA MUESTRAS GRÁFICAS DE PROTESTAS ESTUDIANTILES DEL 2019

Facultad de Ciencias Sociales durante la toma. Foto UCR.

Autoría: Esteban Umaña Picado (Periodista Unidad de Comunicación Vicerrectoría de Acción Social)

El 17 de octubre de 2019, con una papel arrancado de un cuaderno al frente de la Escuela de Geografía comenzó la toma de la Faculta de Ciencias Sociales, la toma de la sede de Puntarenas y de San Ramón de la Universidad de Costa Rica (UCR) y  la toma del Campus Omar Dengo de la Universidad Nacional (UNA), situación que se extendió durante 14 días. Una serie de inconformidades que se acumularon a lo largo de meses explotaron con la agresión policial hacia estudiantes de la UNA durante la toma del Campus Omar Dengo, así como una disputa sobre el redireccionamiento sobre el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES).

La toma dejó como resultado una serie de intervenciones artísticas sobre el edificio de la Facultad de Ciencias Sociales, un edificio considerado frío y gris por sus estudiantes fue el lienzo de expresión de varias voces, pensamientos, protestas, descontento y propuesta sobre la realidad universitaria y nacional.

Por esta razón se crea el proyecto EC- 536 “Gráfica de protesta. Memoria visual de la lucha estudiantil costarricense contemporánea”, el cual tiene como objetivos explorar la relación entre la gráfica de protesta y la memoria de las luchas estudiantiles, así como construir un archivo virtual y de acceso público de las intervenciones gráficas realizadas durante las protestas.

Para el coordinador del proyecto, Sergio Villena, las protestas se dieron por múltiples razones principalmente por los recortes presupuestarios, hasta el descontento por el edificio, la distribución del espacio y la falta de espacios comunes de socialización.

Como parte del proyecto se rescataron las muestras gráficas por medio de fotografías, se generaron alrededor de 1200 fotografías panorámicas y se dividieron en 5200 segmentos cuyos contenidos se analizaron y categorizaron según sus mensajes y temáticas.

Por otra parte, se registran las notas de prensa, los comunicados del movimiento estudiantil así como los de Rectoría y Consejo Universitario

Además durante la investigación cualitativa se realizaron 30 entrevistas a profundidad en su gran mayoría a estudiantes. En el análisis del contenido de los textos se determinaron numerosas referencias a canciones y músicos por lo que se desarrolló una lista de canciones en la plataforma Spotify y se estableció lo que Villena llama “ la banda sonora de la protesta”.

Como parte de los productos se diseñó el sitio web https://graficadeprotesta.wordpress.com donde se aglomera y publican las muestras gráficas e información.

Para Villena el objetivo principal es el análisis del movimiento estudiantil y el contexto en el que se dan estas protestas.

Durante el siguiente video documental, Pablo Zagt, expresidente de la Asociación de Estudiantes de Geografía  y  Gabrielle Herrera, expresidenta de la asociación de estudiantes de Psicología durante el 2019, comparten su principales vivencias durante la toma, así como sus reflexiones sobre las causas y motivaciones de las protestas. Por su parte, Sergio Villena añade su análisis y motivaciones de estudio y rescate de la gráfica documentada.

El conflicto indígena en Costa Rica: usurpación, asesinatos y corrupción

Desde la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS), se comparte el video documental «El conflicto indígena en Costa Rica: Usurpación, asesinatos y corrupción» del colectivo NO PASA NADA. Gracias al apoyo por la lucha de los derechos de los Pueblos Originarios, así como la confianza y coordinación con la CLSS para la producción del material.

En el 2021 inició una investigación para intentar exponer, desde la perspectiva de algunos pueblos indígenas, la complicada situación que viven hoy ante la inacción del gobierno costarricense. 

¡Justicia para Sergio, Jerhy y los Pueblos Originarios! 

Para acceso al video siga el siguiente vínculo https://www.facebook.com/111882987093775/posts/462755805339823/

La plataforma “NO PASA NADA” es 100% independiente y se encuentra disponible en: https://www.patreon.com/nopasanadaofi

Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS: Ante las declaraciones de la diputada electa Sonia Rojas del Partido Liberación Nacional (PLN)

Comunicado oficial

Pueblos Bribri y Cabécar, además de organizaciones que participan en la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) desconocemos que Sonia Rojas sea parte de los Pueblos Originarios

Viernes 11 de febrero del 2022. Recordamos a la opinión pública de Costa Rica, una vez más, la conformación de los Pueblos Bribri y Cabécar; conformación que se debe a nuestra cosmogonía, cosmovisión y a nuestras tradiciones milenarias. Los Pueblos Bribri y Cabécar fueron creados por Sibö a través de los Ditsö que son las semillas que dieron origen a nuestros clanes, a nuestros Pueblos. Así, cada persona que pertenezca al Pueblo Bribri o Cabécar debe contar con un clan, el cual únicamente puede ser trasladado por las madres indígenas. Nuestros Pueblos son matrilineales, por lo tanto, toda persona Bribri o Cabécar cuenta con un clan que fue heredado por su madre indígena. 

Este nuevo recordatorio resulta necesario ante las recientes declaraciones publicadas el día de hoy en una nota del Semanario Universidad, en que la diputada electa del Partido Liberación Nacional (PLN) por la provincia de Puntarenas, Sonia Rojas, dice ser parte de los Pueblos Bribri y Cabécar; y con ello dice ser la voz y la representante de nosotros, los Pueblos. 

Como Pueblos Bribri, Cabécar y la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) desmentimos sus palabras. Sonia Rojas no pertenece a ninguno de los Pueblos pues su madre no pertenece a ninguno de estos Pueblos. Así, de acuerdo al linaje matrilineal y la conformación clánica de nuestros Pueblos, Sonia Rojas no es una mujer indígena. 

La señora, Sonia Rojas con sus declaraciones irrespeta profundamente nuestra cultura, cosmogonía y cosmovisión. Atenta directamente contra una de nuestras creencias más claras e importantes sobre nuestros Pueblos y con ello pretende desinformar y hacer creer a los Pueblos Originarios que tienen una representación en una Asamblea Legislativa que estará volcada al neoliberalismo y a la negación de nuestros derechos sobre la tierra-territorio, nuestra cultura, tradiciones y a las posibilidades de multiplicarla. 

Así, rechazamos las palabras de Sonia Rojas y la desmentimos, también recordamos que el legado del Partido Liberación Nacional (PLN) en nuestros Pueblos ha sido una política clientelar, que niega nuestros derechos y que atenta contra nuestros Territorios. Fue Oscar Arias Sánchez quién en 2008 declaró de interés nacional el Proyecto Hidroeléctrico del Diquís que atentaba contra los Pueblos y Territorios: Brörán de Térraba, Bribri de Yâbamï Dí (conocido como Cabagra), Bribri de Salitre y Cabécar de China Kichá. También fue el PLN uno de los Partidos que se negó a discutir y aprobar el proyecto de Ley de Autonomía Indígena, fue durante un mandato del PLN cuando fuimos expulsados de la Asamblea Legislativa y un largo etcétera de acciones racistas por parte del PLN. 

Ni Sonia Rojas, ni el PLN podrán nunca representar y ser nuestra voz como Pueblos Originarios. Frente al nuevo (des) Gobierno, como Pueblos Organizados prometemos resistencia, lucha y organización para la recuperación de nuestras tierras-territorios y el fortalecimiento de nuestros Pueblos.

– Concejo Ditsö Iríria Ajkönúk Wakpa de Salitre. 

– Recuperadores (as) Cabécares de China Kichá.

 

Fuente del comunicado https://www.facebook.com/CoordinadoraLuchaSurSur/posts/460527805562623

Fuente de la imagen Coordinadora de Lucha Sur Sur-CLSS.

Municipalidad de Dota contrata abogado señalado por espionaje y “acoso laboral y sexual”

Por Osvaldo Durán-Castro, Sociólogo ITCR, ecologista FECON

El 4 de setiembre de 2017, 2 funcionarios de la Oficina Subregional del MINAE Los Santos, presentaron una denuncia al Tribunal Ambiental Administrativo/TAA, en la que se daba cuenta de “una trocha dentro de un bosque y a su alrededor una tala rasa de bosque”, “gran cantidad de árboles cortados…dentro de los límites de la Reserva Forestal Los Santos”. También aportaron evidencias de “una corta masiva de árboles, con un camino interno en bosque y una plantación de café con menos de un año de sembrado” y “cambio de uso del suelo”. El caso se tramita aún bajo el Expediente No. 192-17-03-TAA.

Cuando conocimos la sentencia del TAA del 31 de agosto de 2018 que falló sobre esa denuncia ordenándole a la Municipalidad de Dota desarraigar, en un plazo de 2 meses, el cafetal plantado en el bosque arrasado en Naranjo de Dota, vivimos un atisbo de optimismo y pensamos que la destrucción dentro de la Reserva Forestal Los Santos bajaría de intensidad. Pero la sentencia nunca fue acatada por el Gobierno local. El 16 de junio de 2020 fue reiterada mediante nueva resolución que le daba a la Municipalidad diez días para su cumplimiento, y el 1 de noviembre de 2021, el proceso se devolvió a la primera sentencia. Un Tribunal del Estado fue simplemente ignorado y nada pasó. En años todo desmejoró.

Hasta hoy el caso de Naranjo de Dota no se ha resuelto y más se han sumado personajes que “actúan” en otros cuentos y empeoran el panorama. El 2 de febrero 2022, la periodista Daniela Muñoz Solano del Semanario universidad publicó el reportaje “Neotrópica diseñó sistema para manejar bases de datos de activistas sociales para la Presidencia” (https://semanariouniversidad.com/pais/neotropica-diseno-sistema-para-manejar-bases-de-datos-de-activistas-sociales-para-la-presidencia/). En éste da cuenta de cómo la Fundación Neotrópica, dirigida por el abogado Bernardo Aguilar González, fue pagada para implementar un proceso que podemos calificar como un proyecto de espionaje de conflictos, actores y disidencias sociales. “En los objetivos del plan (punto 4) se explicita que “El sistema deberá contar con la posibilidad de enviar y recibir documentos de texto, imágenes, audios y videos”. Además, pide que “11. El sistema deberá permitir definir y modificar el nivel de conflicto” y “12. El sistema deberá registrar a los Actores sociales”, entre otros aspectos que permiten establecer un detallado sistema de monitoreo de personas, organizaciones e instituciones públicas”. Los detalles del entuerto represivo pueden verse en esa y otras notas relacionadas. Involucraba directamente, entre otros, al Presidente y funcionarios de Casa Presidencia, al Director de Inteligencia y Seguridad, Mariano Figueres, lo cual no sorprende en nada, y, muy, pero muy lamentable, al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo/Costa Rica, que aportó los US$10.000 que costó el sistema de datos.

Bernardo Aguilar, que firmó ese convenio en su condición de Director Ejecutivo de la Fundación Neotrópica, figura en documentos oficiales, como el acta del 28 de septiembre de 2021, como asesor de la Municipalidad de Dota. Fue contratado para atender, al menos, el proceso de las 2 sentencias del TAA que obligan a la Municipalidad a desarraigar el café plantado en el bosque primario talado, cuyo autor material fue perfectamente identificado, pero nunca sentenciado “por no comprobarse que fuera el aparente poseedor o propietario”, según consta en la Resolución No. 882-18-TAA. Gracias a eso la persona acusada se seguiría beneficiando pues los informes que recibimos indican que saca café del área donde destruyó el bosque. Aunque el TAA declaró la propiedad como “Patrimonio natural del Estado”, se han interpuesto acciones legales contra esa medida.

Buscar justicia para la naturaleza en este caso ha sido una de las luchas sociales ecologistas más importantes en los últimos años en Dota. Ese caso es una clarísima manifestación del modelo de expansión de la frontera agrícola basada en la sustitución de bosque primario por café y otros cultivos, y ante el cual la institucionalidad nacional y local ha sido permisiva, poco eficiente y hasta indiferente. En otros casos no cuenta ni con el personal ni con los recursos materiales mínimos para actuar diligentemente, como le ocurre al MINAE.

El caso para el que se presentó Bernardo Aguilar a la Municipalidad de Dota, genera un escenario bastante grotesco. Podemos imaginar que se trata de un recadero que sería parte de la élite mejor financiada del ambientalismo, que llega a vender servicios legales para defender a una Municipalidad que desde agosto de 2018 no cumplió 2 sentencias del TAA, y que ha desconocido todos los argumentos técnicos de personas y organizaciones que pugnan por el cumplimiento de la legislación ambiental del país, para detener la destrucción de ecosistemas únicos, como los de la Reserva Forestal Los Santos.

Paradójicamente, desde la misma Municipalidad se sigue repitiendo el discurso de Dota como destino turístico “verde”, “sostenible”, etc., mientras los delitos ambientales no cesan dentro de la Reserva Forestal. Precisamente para contraponer ese discurso con la realidad, junto con Julie Pietri de Radio France, en octubre de 2021 visitamos Naranjo de Dota, y buena parte de los 57 minutos y del texto del “GRAND REPORTAGE: Costa Rica, l’or vert menacé//Costa Rica, oro verde bajo amenaza” que publicó junto con Aurele Kieffer en Francia, están dedicados a los problemas que se viven en la Reserva Forestal Los Santos. Sobre la consulta a la Alcaldesa de Dota, Julie Pietri escribió: “Interrogada sobre lo que sucede cerca de aquí, elude: “Allí así, no puedo determinar si los cafetales que viste antes eran montañas o pastizales” (https://www.franceculture.fr/emissions/grand-reportage/costa-rica-l-or-vert-menace )

Sin importar el monto pagado por la Municipalidad de Dota, lo cierto es que cuando se trata de negocios, algunas personas defienden a quien sea y lo sea. En el Acta de la sesión ordinaria #074 del Concejo del Cantón de Dota, del 28 de septiembre de 2021, a las 13:00 horas, se lee “4- ) Atención de Visita por 30 minutos: 1) Al Lic. Bernardo Aguilar contratado por la Administración Municipal con el fin de llevar asuntos legales de índole ambiental y para presentarse ante este Concejo Municipal” (negrillas ODC). El acta indica (copia textual): “El Lic. Bernardo Aguilar González inicia con un saludo en general para todos y agradece la atención que se les brinda ante la solicitud de la señora alcaldesa municipal Mary Marín Navarro para que ustedes nos conocieran y poderles explicar cómo van los tramites que de parte nuestra llevamos en el Tribunal Ambiental Administrativo por la denuncia que existe del desarraigo en la zona de Naranjo de Dota conocida por todos ustedes” (pág.12).

Para comprender el menoscabo que representa la contratación de Aguilar González por parte de la Municipalidad de Dota, resumimos varios hechos:

  • el 31 de agosto de 2018 el Tribunal Ambiental Administrativo/TAA le ordenó a la Municipalidad de Dota, mediante RESOLUCIÓN NO. 882-18-TAA, “LA EJECUCIÓN DEL DESARRAIGO DE LAS PLANTAS DE CAFÉ, Y GARANTIZAR LA REGENERACIÓN DE LAS ÁREAS QUE FUERON BOSQUE, así como los ecosistemas afectados con el cambio de uso del suelo, EN UN PLAZO DE DOS MESES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA” (resaltado del original). Así consta en el EXPEDIENTE 192-17-03-TAA.
  • Casi 2 años después, dado el incumplimiento de esa primera sentencia, el 16 de junio de 2020, el TAA repitió la orden a la Municipalidad de Dota con la RESOLUCIÓN No. 1859-2020-TAA indicando que “SE INTIMA POR SEGUNDA VEZ, al Alcalde de la Municipalidad de Dota, el señor Herberth Leonardo Chacón Porras…,…que en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES…,…proceda a dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal mediante Resolución No. 882-18-TAA …” (desarraigo del café).
  • Como parte del proceso de rechazo de las sentencias, el 26 de agosto del 2021 la Municipalidad de Dota interpuso “medidas cautelares” contra éstas en el Tribunal Contencioso Administrativo (expediente número 21-005298-1027-CA), según se lee en el oficio fechado el 20 de diciembre del 2021 dirigido por la Alcaldesa Mari Marín al Movimiento Quercus. Señala que (copia textual) “con fecha diecisiete de septiembre del 2021, se interpuso el proceso de conocimiento ante el Tribunal Contencioso Administrativo, según lo establece nuestro ordenamiento jurídico, y se tramita bajo el mismo número de expediente citado”.
  • El 1 de noviembre de 2021, con la Resolución No. 1497-2021, el mismo Tribunal resolvió “declarar la nulidad” de las 2 notificaciones de 2018 y 2020 y ordenar la notificación de la primera sentencia (la del 31 de agosto de 2018) a la Municipalidad de Dota y a la Procuraduría General de la República, con lo cual se reinició el proceso.
  • Algunas de las acciones dilatorias rayaron en lo absurdo, como el “Acuerdo aprobado” por el Concejo Municipal de Dota el 20 de noviembre de 2019, mediante el cual le pide al TAA que “nos indique los pasos a seguir en cuanto al tema del desarraigo” (folio 95 , Expediente No. 192-17-03-TAA), a lo que el Tribunal respondió que se trata de “extraer la planta de raíz”. (En todo caso es evidente que la explicación no resultó comprensible para las autoridades municipales, pues el café sigue sembrado y produciendo).
  • Las sentencias del TAA fueron reiteradamente descalificadas en la Municipalidad de Dota y particularmente por el anterior alcalde y ahora por su sucesora. El 26 febrero 2021 enviamos un oficio al TAA indicando que “sigue imperando la indefensión de la naturaleza y de la población, que son las víctimas de estos delitos comprobados” y” SOLICITAMOS al Tribunal Ambiental Administrativo que eleve este caso ante el Ministerio Público para que se aplique lo que por ley corresponde”. Eso mismo se le reiteró al TAA el 15 de marzo de 2021, pero nunca respondió.
  • Desgraciadamente, por un injustificado error del mismo TAA, las notificaciones de las sentencias no fueron efectivas. Fue así que se perdieron años de lucha social, y particularmente los esfuerzos del Movimiento Quercus, que es la organización social que asumió la responsabilidad de presionar al Gobierno local para pedir el cumplimiento de las leyes aplicables a ése y otros delitos ambientales. También se perdieron años para la restauración del área destruida. Esos errores de trámite hicieron que el proceso volviera al inicio, pues el 1 de noviembre de 2021 el TAA ordenó notificar de nuevo la primera sentencia del 2018. Si observamos los plazos, sería de esperar que la Municipalidad de Dota, cumpla con la orden de desarraigo en los primeros días del mes de febrero 2022, pues en aquella se estableció “UN PLAZO DE DOS MESES A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA” (mayúsculas del original). Sin embargo, entre acciones dilatorias como incoar un proceso contencioso y el abierto desacato, la impunidad sigue imperando.

La contratación de Aguilar González por la Municipalidad de Dota enseña que el “ambientalismo” puede, y de hecho es, para muchas personas y entidades, un fabuloso negocio de muchos millones. Así como se firmó para acopiar información sobre conflictos sociales evidenciados por organizaciones de base social comunitaria en todo el país, también la Neotrópica ha contado con sumas millonarias para otros proyectos. Un ejemplo entre muchos es el “Proyecto Restauración, Conservación y Manejo Sostenible de los Manglares de Costa Rica y Benín Frente al Cambio Climático: Proyecto Manglares Costa Rica/Benín”, firmado el 17 de agosto de 2017 con el Sistema nacional de áreas de conservación, SINAC. Tenía vigencia de 6 años y el pago para “salarios a tiempo parciales de los funcionarios…, viáticos, combustible, transporte”, fue de 664.200 euros o ¢443.291.065; ¢73.881,844 colones anuales o ¢6.156.820 al mes.

Mientras esos ambientalistas de la élite danzaban en millones, otra olla estaba hirviendo. La Fundación escondía un trágico y ominoso acumulado de agresiones por parte del abogado Aguilar González que llevaron a su salida de la Neotrópica. En la “Carta de Renuncia a la Dirección Ejecutiva de la Fundación Neotrópica” que Bernardo Aguilar dirigió a la Junta Administrativa de la Fundación con fecha del 25 de enero del 2021, se indica que “Entre 2015 y 2019 se lograron desde propuestas y consultorías coordinadas por la Dirección Ejecutiva un total $1,904,652.80 (promedio anual de $380,930.56)”. En cuanto a lo administrativo-laboral, la aceptación de esa renuncia cerró la posibilidad de que fuera investigado y se abrieran procedimientos legales.

Las agresiones señaladas por trabajadore.as de la Neotrópica incluían “Gritos, malos tratos y agresiones psicológicas por un lado y comentarios con contenido sexual, propuestas explícitas y tocamientos indebidos por el otro fueron por años el pan de cada día para el personal de la Fundación Neotrópica, según una serie de denuncias presentadas por personas que trabajaron allí en la última década. Además, documentos de años previos revelan una cultura institucional de acoso laboral y sexual” (https://semanariouniversidad.com/pais/denuncias-de-anos-revelan-cultura-de-acoso-en-fundacion-neotropica/)

Sin embargo, lejos de investigar y sancionar, tan sólo un día después de conocer la renuncia de Aguilar, el 26 de enero de 2021 la Comisión investigadora emitió una resolución firmada por el Presidente, el Tesorero y la Secretaria de la Junta Administradora, indicando que «la Fundación, y esta Comisión como su órgano de investigación, carecen de potestades para sancionar al señor Bernardo Aguilar González, por cuanto su renuncia extingue la relación laboral, y con ella también fenece la potestad disciplinaria». En el punto 7 la Comisión indica que “esta Comisión se ve obligada a archivar y dar por terminado, de manera anticipada, el presente procedimiento sancionador, y así se resuelve”. Pero Aguilar González se mantuvo como empleado un mes más, durante el cual debió seguirse la investigación, lo cual no ocurrió, y más bien se le “facilitó” un escudo de protección como fue expuesto en el Semanario Universidad (https://semanariouniversidad.com/pais/neotropica-cerro-procesos-por-acoso-contra-su-director-alegando-erroneamente-fin-de-relacion-laboral/)

Para sumar quebrantos trágicos hay que señalar que la sentencia del TAA del 31 de agosto de 2018 está firmada por la Licda Ligia Umaña Ledezma como Vicepresidenta a.i. del Tribunal, y la del 16 de junio de 2020 por ella misma pero como Presidenta a.i. del Tribunal. La jueza Umaña Ledezma es la esposa del mismísimo Bernardo Aguilar González, asesor legal de la Municipalidad de Dota. Semejante alineación resulta poco menos que odiosa, aunque cualquiera podría afirmar que se trata de simples y azarosas conexiones. La resolución del 1 de noviembre 2021 registrada en los folios 147 a 159 del Expediente 192-17-03TAA, con la cual se reinició el proceso de notificaciones, fue aprobada de manera dividida pues 1 de las 3 juezas consideró que sí se había cumplido con el debido proceso en las notificaciones.

¿Acaso no sería necesario que la Municipalidad de Dota y en particular la Alcaldesa y el Concejo Municipal, le expliquen a la ciudadanía qué criterios privaron para la contratación del abogado Aguilar y cuáles han sido las diligencias realizadas y sus resultados? ¿No sería decoroso que la población conociera por qué se siguen desacatando los fallos del TAA por parte de la Municipalidad de Dota? La salida del abogado Aguilar González de la Fundación Neotrópica en condiciones motivadas por “una cultura institucional de acoso laboral y sexual”, su papel en el circuito de “espionaje” de organizaciones sociales, muchas de las cuales se podían considerar aliadas de la Neotrópica, y sus nexos familiares con la jueza del TAA, son suficientes como para escuchar aclaraciones. Resulta que las autoridades municipales “echan mano” a expertos que teóricamente protegen la naturaleza, pero en este caso para exactamente lo contrario: pareciera que procurar que los delitos ambientales queden impunes, como en el caso de la destrucción en Naranjo de Dota.