Etiqueta: lucha social

ACODEHU: no a la impunidad, no a la represión contra pueblos indígenas defensores y recuperadores de sus territorios

Escrito en 26/03/2021. Publicado en Derechos.

SURCOS comparte el siguiente comunicado:

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE DE DERECHOS HUMANOS

Comunicado 25 de marzo 2021.
San José, Costa Rica

NO A LA IMPUNIDAD, NO A LA REPRESIÓN CONTRA PUEBLOS INDÍGENAS DEFENSORES Y RECUPERADORES DE SUS TERRITORIOS

Por el fortalecimiento del movimiento social en defensa de las comunidades y pueblos originarios recuperadores de sus tierras y territorios

Desde la Asociación Costarricense de Derechos Humanos (ACODEHU) manifestamos nuestra preocupación ante los hechos recientes de violencia contra el territorio recuperado Yuwi Senaglö, Cabecar, China Kichá.
Durante el día jueves 24 de marzo, 2021, mientras la comunidad Yuwi Senaglö sostenía reuniones con altos funcionarios del gobierno costarricense, tales como los viceministros de Vice-presidencia Eduardo Solano y de Seguridad Randall Otárola, bajo un supuesto diálogo, habitantes de la comunidad sufren de acoso y persecución por parte de la fuerza pública.
Después de retirarse del territorio dichas autoridades de gobierno, la fuerza pública atacó con gases lacrimógenos, uno detrás del salón comunal y el otro directamente en Yuwi Senaglö, durante la medianoche del día 24 de marzo, 2021.
Como organización de Derechos Humanos, la ACODEHU exige a la administración del señor Carlos Alvarado lo siguiente:
1. Garantizar que la fuerza pública y las autoridades pertinentes implementen verdaderos mecanismos para la protección y la seguridad de las comunidades indígenas; en lugar de aterrorizar a la niñez y a las familias con mecanismos de acoso, intimidación, persecución, represión, criminalización y judicialización contra los pueblos indígenas recuperadores de sus territorios.
2. Demostrar con acciones contundentes la voluntad política del gobierno del señor Carlos Andrés Alvarado Quesada de investigar, procesar y castigar a los responsables de las constantes violaciones de los Derechos Humanos de los pueblos indígenas. Para ello, impedir que estos actos queden impunes, porque la impunidad niega la justicia para las víctimas, incrementando el escenario de tensión y sufrimiento que atenta contra la integridad física y emocional de las víctimas de esta violencia.
3. Cumplir con normativas, Tratados y Convenios establecidos a nivel nacional e internacional frente al compromiso y responsabilidades que tiene el Estado en este tema.
4. Investigar los actos de agresión de la fuerza pública durante la noche del martes 24 de marzo de 2021, contra las personas de la comunidad la comunidad Yuwi Senaglö de China Kichá.
Aclarar el porqué del uso de los gases lacrimógenos y los abusos de autoridad, los cuales han sido recurrentes por parte de los efectivos de la Fuerza Pública contra los pueblos indígenas; y en esta ocasión los ataques de agresión fueron contra dicha comunidad, quienes se han visto en la necesidad de defenderse y proteger sus territorios recuperados como acciones amparadas a los acuerdos internacionales y suscrito por el Estado Costarricense y por los tribunales nacionales.
5. Que los Ministerios de la Presidencia y Seguridad rindan un informe a la población de China Kichá, a la sociedad en general y a los organismos de Derechos Humanos sobre los hechos violentos, las personas responsables y las autoridades involucradas en dichas acciones.
La ACODEHU se suma al conjunto de voces y organizaciones quienes reafirmamos que el Estado costarricense continúa violando de manera sistemática los Derechos Humanos del pueblo Cabecar de China Kichá.
A la vez, responsabilizamos al Estado costarricense y al gobierno actual de los actos violentos que continúan vulnerabilizando los derechos humanos de los pueblos indígenas; en especial quienes recuperan en forma pacífica sus tierras y territorios que históricamente les pertenecen.
Existe una deuda histórica frente a la violencia contra los derechos humanos y la autonomía que los pueblos originarios defienden desde hace más de cinco siglos.

ACODEHU
Ana Cecilia Jiménez Arce
Presidenta
Tatiana Otto Golobina
Secretaria

25 de marzo, 2021
www.acodehu-ddhh.org
derechos.humanos@acodehu-ddhh.org

Historias de liderazgo: documental sobre participación política de juventudes en Costa Rica

Escrito en 23/03/2021. Publicado en Derechos.

Compartimos el siguiente video producido por el Proyecto Juventudes Progresistas de la Fundación Friedrich Ebert titulado Historias de Liderazgo en Costa Rica y cuyo guion y dirección estuvo a cargo de Patricia Howell.

“En todos los conflictos sociales las juventudes han sabido estar en primera línea para defender la soberanía y los derechos humanos…

… hablamos de la lucha contra ALCOA el Combo del ICE y el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Hoy las juventudes costarricenses son parte de una evolución ideológica que se posiciona como progresismo político… y particularmente de rostro femenino, caracterizan las nuevas luchas sociales…

Este documental busca promover la conciencia de quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir…”

En el video Iris Navarrete Murillo, lidereza ALCOA, 1968 – 1970, habla sobre este contrato, el cual se pretendía hacer entre el gobierno de Costa Rica y dicha empresa, la cual estaba radicada en Pensilvania, Estados Unidos y se dedica a la explotación y producción de aluminio: “… a ellos les interesaba las tierras de Pérez Zeledón, por ser tierras muy ricas en bauxita. A mí me interesó la situación a raíz de que un amigo mío que estudiaba agronomía… me comentó el problema ambiental que iba a producir esta empresa. El Valle del El General iba a perder toda su belleza y su fertilidad a cambio de nada… No era conveniente que volviéramos a caer en la situación que se dio con las compañías bananeras y con el ferrocarril al Atlántico que se rigieron por contratos de ley… Y por otra parte la violación a la legislación costarricense era flagrante”. Es así como en el onceavo congreso universitario de la federación de estudiantes, Iris Navarrete presenta el documento explicando los alcances que tendría ese contrato y se empezó a tomar conciencia de manera colectiva del problema ante una figura jurídica que era inamovible. El 24 de abril de 1970 el Congreso aprobó ese contrato de ley, por lo que la gente se molestó bastante; la policía intervino de manera violenta y hubo muchos detenidos y gente golpeada. Finalmente, en la siguiente legislatura presentaron un proyecto para eliminar los contratos ley y así fue hecho.

Por otra parte, Eva Carazo Vargas, expresidenta de la FEUCR, activista contra el Combo del ICE, 1999 – 2000 nos habla sobre esta lucha “… desde allí (FEUCR) participamos junto con muchos otros sectores en la defensa del Instituto Costarricense de Electricidad frente a un proyecto de ley que buscaba poner los servicios de telecomunicaciones y de electricidad a funcionar bajo la lógica de mercado y no como derechos que había que garantizar a toda la población…” El Combo surgió de un proceso llamado Concertación Nacional, del que salieron tres proyectos de ley, uno de ellos modificaba la estructura institucional del ICE, otro abría las telecomunicaciones y un último la electricidad. Una vez que llegaron a la Asamblea Legislativa, ésta los unió en uno solo y así surgió el “Combo”, bajo el cual se promovía que el aparato público como tal, no funciona. El ICE, además de ser eficiente, “…representaba ese modelo universal y solidario en que los servicios se entendían como derechos y no como mercancías”. Es así como los integrantes de la FEUCR, quienes venían dándole seguimiento a este tema y se sentían responsables con la sociedad como miembros estudiantes de una universidad pública. La Asamblea Legislativa aprobó en comisión el “Combo” y es ahí cuando esa lucha se trasladó a las calles y creció la conciencia de los que implicaba este proyecto. En la lucha se involucró mucha gente, entre ellos comunidades rurales, territorios costeros y la estrategia utilizada en la lucha fue el bloqueo de carreteras en distintos y numerosos puntos del país; movilización callejera y marchas multitudinarias. En esta lucha la gente joven tuvo una participación protagónica gestada por movilizaciones masivas desde las federaciones estudiantiles de todas las universidades públicas y privadas. Finalmente, se llegó a un consenso para suspender las manifestaciones al mismo tiempo que el gobierno se comprometía a retirar de la corriente legislativa el proyecto de ley del “Combo”. “… la principal ganancia en ese momento fue detener el proceso de privatización y debilitamiento de la institución… nos habla de la posibilidad que tenemos para transformar la realidad cuando nos movilizamos intencionalmente para hacerlo”.

Por último, Andrea Alvarado Vargas, periodista, productora audiovisual, activista en la lucha contra el TLC, 2006 – 2007 nos habla al respecto: “El TLC era un Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos y tuvo tanta oposición nacional que se llevó a un referéndum, el primer referéndum en la historia de Costa Rica. Empezó a surgir un movimiento de manera muy orgánica, de personas que estudiaron ese Tratado de Libre Comercio y que empezaron a evidenciar que había tremendas desventajas en esa negociación, particularmente para Costa Rica frente a los Estados Unidos”. Una economía pequeña como la de nuestro país, negociando con una potencia mundial que posee prácticas desleales en cuanto al comercio. En ese momento muchas personas jóvenes se unieron a esta lucha social y se articularon con otros movimientos y lograron crecer en sus estrategias políticas, de divulgación, en comunicación y otros ámbitos. Los sectores que estaban a favor del TLC se encargaron de tejer una narrativa acompañada de una publicidad multimillonaria en torno al miedo al hacer creer que, si no se aprobaba el tratado, esto aumentaría el desempleo. “…Estoy convencida de que la lucha contra el TLC logró una articulación de movimientos sociales nunca vista en este país. Había un liderazgo propio en los movimientos estudiantiles con actividades propias, con agenda propia y con una visibilidad en ese momento de lucha social. …El movimiento de mujeres organizado y el movimiento feminista se vinculó desde un principio con la lucha contra el TLC. …nos dimos cuenta que a las mujeres también nos afectaba…”

Compartido con SURCOS por Marco Aguilar Badilla.

Las palabras de don Carlos Alvarado Q.

Escrito en 19/03/2021. Publicado en Derechos.

Isabel Ducca D.

Hace dos años, cuando asesinaron a Sergio Rojas Ortiz con quince disparos en su casa de habitación, el presidente de la República expresó:

“Desde el Gobierno de la República condenamos y repudiamos, en todos sus extremos, este acto de violencia contra la vida de este líder indígena. Este es un día trágico para el Pueblo Bribri, para los pueblos indígenas y para todo Costa Rica. Manifestamos nuestro dolor e indignación a los familiares y a todo el Pueblo Bribri. Hacemos un vehemente llamado a la paz y al diálogo como mecanismo para resolver conflictos.

Como acciones inmediatas, he pedido al Ministerio de Seguridad Pública dar todo el apoyo necesario al Organismo de Investigación Judicial y las autoridades judiciales, para dar con los responsables y esclarecer este hecho lo más pronto posible. También, desde ya se le está dando la protección a familiares y se reforzó la seguridad en la comunidad”^[i].

El caso sobre el homicidio estuvo a punto de cerrarse por petición de la fiscalía. Un medio de comunicación dio a conocer información “secreta”, con lo que se invalidan pruebas y testimonios. La familia lucha, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia. Mientras, los asesinos celebraron con otro homicidio el primer aniversario de la muerte de Sergio Rojas; en el año 2020, le tocó el turno a Jehry Rivera Rivera, cuya familia también trabaja, sin ningún apoyo estatal, para que se haga justicia.

La impunidad reina en todos los territorios indígenas, no solo en Salitre. Un día sí y otro también, llegan alertas de incendios, agresiones y amenazas de muerte por parte de personas no indígenas contra indígenas que decidieron recuperar lo que les pertenece por historia, ley nacional e internacional y humanidad.

El 16 de marzo, se lee en la página oficial de FRENAPI (Frente Nacional de Pueblos Indígenas):

“Preparan ataque violento contra Recuperantes en Sónbata de Cabagra

En Alto La Sabana (Sónbata), Las Brisas de Cabagra en este momento, 7 a. m. del día de hoy 16 de marzo 2021, un grupo de no indígenas, mujeres y hombres, con palos, cuchillos y aparentemente con otras armas, se encuentran en el Cruce de Bolas y Cabagra para ir a desalojar a la familia bribri, Mayorga Morales, de su Finca Recuperada.

La familia de Emiliano Morales. Morales, Clan Duriwak y Margarita Mayorga Morales, del Clan korquiwak, recuperaron esa finca que ha pertenecido ancestralmente a la familia de Margarita, y le fue reconocida esa posesión ancestral por parte del Consejo de Mayoras y Mayores Iriria Jtchö Wakpa Cabagra y el documento fue entregado el pasado 09 de marzo 2021”.[ii]

Hasta donde sabemos, posiblemente hay más, están amenazadas de muerte tres mujeres recuperadoras de tierra: Doris Ríos Ríos, Mariana Delgado Morales y Clarita Quiel Torres. Las tres habitan en diferentes territorios. ¿Qué están haciendo las instancias competentes para protegerlas? Por lo que ellas narran, cuando tienen posibilidades de dar sus testimonios, nada; no reciben ninguna protección estatal.

Por otro lado, el 14 de marzo, circuló un audio de Pablo Sibar Sibar, dirigente de FRENAPI, en el cual expone las razones de la lucha, las amenazas que recibe continuamente y la solicitud expresa a don Carlos Alvarado para que intervenga y busque no solo solución al conflicto sino, también, protección a las personas que, como él, están amenazadas. Es enfático al afirmar:

“No nos pidan que suspendamos las recuperaciones. Tengo cuarenta años de lucha. Y, en esos cuarenta años, siempre nos dijeron que tuviéramos paciencia y que el Gobierno arreglaría. Hoy, le toca a usted, señor presidente”.[iii]

Don Pablo Sibar es muy modesto al decir que son cuarenta años de lucha; en realidad, son 500 años de resistencia al despojo y al etnocidio.

Quizás, don Carlos Alvarado no recuerda sus promesas; han sido tantas; además, debe estar muy ocupado escuchando a los diseñadores de horizontes positivos que le encantan, cual sirenas mitológicas, con los paraísos fiscales donde habitan, sin conflicto, los grandes evasores. ¿Quién sabe?

[i] Jerez, M. (2019, marzo 19). (Vídeo) Carlos Alvarado: «Este es un día trágico para todo Costa Rica». AmPRENSA. https://amprensa.com/2019/03/video-carlos-alvarado-este-es-un-dia-tragico-para-todo-costa-rica/

[ii] FRENAPI. (2021, marzo 16). ACCIÓN URGENTE. ALERTA TEMPRANA. Frente Nacional de Pueblos Indígenas.

https://www.facebook.com/Frente-Nacional-de-Pueblos-Ind%C3%ADgenas-FRENAPI-Costa-Rica-306824652789688

[iii] Sibar, P. (2021, marzo 14). Pablo Sibar envía audio al presidente Alvarado ante amenazas a su vida. Surcos digital. https://surcosdigital.com/pablo-sibar-envia-audio-al-presidente-alvarado-ante-amenazas-a-su-vida/

Enviado por la autora.

Pueblos originarios de Costa Rica continúan luchando y exigiendo justicia, a dos años del asesinato de Sergio Rojas Ortiz

Escrito en 19/03/2021. Publicado en Derechos.

Jueves 18 de marzo de 2021. A pesar de que Sergio Rojas Ortiz clan Uniwak del Pueblo Bribri de Salitre era beneficiario directo y de forma individual de medidas cautelares (medidas MC321 – 12), impuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado de Costa Rica desde abril del 2015, precisamente por haber sido amenazado de muerte de manera sistemática y por haber sufrido otros atentados desde el 2012, todos relacionados con su participación en la recuperación de tierras indígenas en el cantón de Buenos Aires de Puntarenas; el 18 de marzo del 2019 fue asesinado de 15 balazos en su casa de habitación en Yery de Salitre, al sur de Costa Rica.

De su asesinato por razones políticas, debido a su participación en la lucha por la tierra y la reivindicación de los derechos de los Pueblos Originarios de todo el país, el Estado de Costa Rica es responsable por omisión, ya que no cumplió con sus obligaciones para garantizar la vida e integridad de Sergio Rojas. Este asesinato continúa impune hasta el día de hoy, los autores intelectuales y materiales no han enfrentado el sistema judicial.

Contrario a la impunidad sobre su asesinato, Rojas Ortiz estuvo siete meses en prisión preventiva (2014-2015) sin que la Fiscalía formalizara alguna acusación en su contra, o sea, estuvo privado de libertad bajo un proceso que nunca pasó de la etapa de investigación.

La condena a este cobarde acto de violencia fue unánime a nivel internacional y nacional por parte de organismos, instituciones y organizaciones de derechos humanos, sociales y de Pueblos Originarios; sin embrago en setiembre del 2020, 18 meses después del asesinato, se dio a conocer la solicitud de desestimación de la investigación por parte del Ministerio Público.

Gracias a los llamados de la ONU y la CIDH, así como de diversas organizaciones internacionales y nacionales de derechos humanos, académicos (as) y personas de los distintos Pueblos Originarios del país, y luego de una audiencia realizada el pasado 3 de diciembre, el Juzgado Penal de Buenos Aires, en fecha 14 de enero del 2021, rechaza la solicitud de desestimación del caso y resuelve que la investigación debe continuar en atención de la “debida diligencia”. El desarrollo de la investigación ha sido excesivamente lento y con irregularidades que han sido denunciadas, sin embargo la respuesta del Poder Judicial solo ha mantenido la vergonzosa impunidad.

En enero del 2020, la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica encargada de analizar el expediente #21360, emitió un informe respecto al caso (expediente Nº 21360), en el cual se interpela a las autoridades costarricenses para que, entre otras importantes acciones, redoblen esfuerzos a fin de garantizar la protección efectiva e inmediata de los derechos de los Pueblos Originarios y de las personas que integran sus comunidades, para asegurar la incorporación de la perspectiva multiétnica y pluricultural en la aplicación de la justicia y para detener la violencia y la impunidad, así como todo acto de discriminación y racismo en el país. A la vez, mediante dicho informe, la Sub-Comisión hizo un llamado vehemente a la Fiscalía General de la República para que continúe con la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz y para que aplique toda la pericia de que dispone para obtener la prueba que individualice a los responsables y le permita al Estado castigar el crimen cometido contra el líder indígena.

Pero las semillas de dignidad, justicia, autonomía y lucha que esparció Sergio Rojas con su ejemplo han brotado en todos los Pueblos Originarios del país y más allá; los procesos de recuperación de tierras – territorios en la zona sur continúan y crecen, su ejemplo se trasladó a la zona norte donde el Pueblo Maleku por medio del Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama iniciaron en junio del 2020 procesos de recuperación de su Territorio.

Debido a la inacción y omisión del Estado de Costa Rica, la mayoría de territorios de los Pueblos Originarios siguen ocupados de forma ilegal por personas no indígenas y los actos de violencia contra estos Pueblos siguen creciendo, tanto así, que el 24 de febrero de 2020 fue asesinado de 5 balazos por la espalda Jerhy Rivera Rivera del Pueblo Brörán de Térraba cuyo asesinato también se mantiene impune.

Diversos actos de violencia contra los Pueblos Originarios, como tentativas de homicidio, agresiones con armas, ataques de turbas, quema de casas y de cosechas, ataques químicos y amenazas de muerte siguen repitiendo en estos Territorios.

Según un recuento de hechos de la Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS) sólo en el 2020 se registraron 88 actos de violencia en esa zona del país; las agresiones y amenazas también afectan al Pueblo Maleku y en todos estos casos que han sido denunciados pública y judicialmente, hasta el día de hoy reina la impunidad, ningún agresor ha sido condenado por estos actos.

Solo en la Zona Sur la CLSS da cuenta que 12 personas de Pueblos Originarios han sido víctimas de amenazas agravadas (de muerte), sus nombres son: Pablo Sibas Sibas y Robert Morales Villafuerte (Térraba). Maximiliano Torres Torres y Clarita Quiel Torres (Cabagra), Efraín Fernández Zúñiga, Carlos Antonio Zúñiga, Jason Ríos Ríos, Dorios Ríos Ríos, Ariel Ríos (China Kichá) y Claudio Ortiz Rojas, Daniel Figueroa Morales, Minor Ortiz Delgado, Mariana Delgado Morales y Jose Enrique Ortiz Figueroa (Salitre). Además de amenazas contra 2 defensores de derechos humanos de la Asociación de Iniciativas Populares Ditsö, Gustavo Oreamuno Vignet y Jeffery Lopez Castro.

Las organizaciones e instituciones firmantes demandamos:

Que el Poder Judicial atienda de manera diligente, oportuna y rápida la investigación del asesinato de Sergio Rojas Ortiz, para lograr que se cumpla el principio de justicia pronta y debida.
Que el Poder Judicial cumpla con el debido seguimiento a la denuncia interpuesta ante la Inspección Judicial y la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción por parte del Lic. Óscar Retana, abogado de la familia Rojas Lázaro, para que se investiguen las irregularidades que transgreden los Principios del Debido Proceso y Confidencialidad en el proceso, y para que sancione con todo rigor a los responsables de filtrar la información del expediente 19-000178-0990-PE a la prensa.
Que el Poder Judicial brinde atención prioritaria a las denuncias por los casos de amenazas agravadas de las personas indicadas anteriormente y otras que existan y brinde un informe del avance de dichos procesos.
Que la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, llame a comparecer a la Fiscal General de la República y al Ministro de Seguridad Pública para que brinden informes su quehacer ante la sistemática violación de los derechos humanos de los Pueblos Originarios.
Que las autoridades del Estado acoger y atender todos y cada uno de los planteamientos del informe final de la Sub-Comisión de la Comisión Especial Permanente de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica que analizó el expediente #21360.
Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de realizar los desalojos administrativos necesarios y priorizados por diversos Pueblos Originarios para acabar con la ocupación ilegal de los Territorios Indígenas.
Que el Poder Ejecutivo cumpla con su obligación de garantizar la vida e integridad física y territorial de los Pueblos Originarios, haciendo efectivas las Medidas Cautelares de la CIDH y extendiendo las mismas a los Pueblos Originarios que sean necesarios.

Organizaciones firmantes:
Concejo Ditsö Iriria Ajkönuk Wakpa de Salitre.
Concejo Indígena Regional Pacífico Sur de Yimba Cajc.
Concejo de Mayores Iriria Jtechö Wakpa de Cabagra.
Recuperador@s Cabécares de Yuwi Senaglö.
Recuperador@s Cabécares de Kono Jú de China Kichá.
Recuperador@s Cabécares de Sekeirö Kaska de China Kicha.
Recuperadoras Cabécares de Sá Ka Duwé Senaglö.
Recuperadoras/es Cabécares de Kerpego.
Asociación de Desarrollo Integral Indígena de China Kichá.
Recuperador@s Brörán de Crun Shurin.
Recuperador@s Brörán de Finca San Andrés.
Organización Autónoma Gwrvechi Kare del Territorio Ngäbe de Conte Burica.
Asociación de Productores de Finca 10.
Comité de lucha por la tierra de finca Changuina.
Cootraosa.
Voces Nuestras.
Comité de Lucha por la tierra de kilómetro 37 de Golfito y Corredores.
Asociación para la defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP).
Comité de lucha por la tierra de Finca Venecia.
SOJUPANO de Palmar de Osa.
Tierra para el Campesino de Finca Puntarenas (TIPAELCA).
SERBUSUR de Finca Puntarenas.
Movimiento de recuperación de Tierras Maleku Li Uroteca Márama
Red Pluricultural de Gestores Locales del Caribe
Red Indígena de Gestores Locales del Pacífico Sur
Ditsö.
Coordinadora de Lucha Sur Sur.
Proyecto de Educación Popular y Geografía del Programa Kioscos Socioambientales.
Proyecto Conflictos Territoriales e Interétnicos CIAN-UCR
Proyecto autonomías indígenas y estructuras comunitarias de Gobiernos Propios CICDE-UNED.
Programa de Gestión local de la UNED.

¡JUSTICIA PARA SERGIO ROJAS Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS!
¡SERGIO VIVE, LA LUCHA SIGUE!

Para compartir: la realidad de los pueblos originarios (1)

Escrito en 18/03/2021. Publicado en Comunidad, Derechos.

SURCOS comparte una serie de producciones realizadas por el grupo que trabaja el tema Desarrollo pleno de los pueblos originarios, de las personas migrantes y de todas las etnias en el Foro Confluencia Solidaria. Le invitamos a compartirlo en sus redes.

Hoy presentamos el Infograma 1

Para descargar la infografía:

Infografía1-1 Descarga

Denuncia de FRENAPI: Preparan ataque violento contra Recuperantes en Sónbata de Cabagra

Escrito en 17/03/2021. Publicado en Comunidad, Derechos.

En Alto La Sabana (Sónbata), Las Brisas de Cabagra en este momento, 7 am del día de hoy 16 de marzo 2021, un grupo de no indígenas, mujeres y hombres, con palos, cuchillos y aparentemente con otras armas, se encuentran en el Cruce de Bolas y Cabagra para ir a desalojar a la familia bribri, Mayorga Morales, de su Finca Recuperada.
La familia de Emiliano Morales. Morales, Clan Duriwak y Margarita Mayorga Morales, del Clan korquiwak, recuperaron esa finca ha pertenecido ancedtralmente a la familia de Margarita, y le fue reconocida esa posesión ancestral por parte del Consejo de Mayoras y Mayores de Cabagra y el documento fue entregado el pasado 09 de marzo 2021.
Los usurpadores/as NO indígenas, están dirigidos por Jony Fernández y sus hermanas, quienes reclaman son «herederos» de la Finca que su padre Antonio Fernández, No indígena, les dejó. Son 10 Hectáreas las que tienen recuperadas con autoridad del Consejo de Mayores/as de Cabagra.
URGE la intervención de las Autoridades para que detenga esta acción violenta, ilegal y usurpadora, de no indígenas que NO tienen ningún derecho dentro del Territorio Indígena de Cabagra y menos reclamar «herencia» de la tierra usurpada por otro No indígena.
Denunciamos esta ola de violencia, que se une a las acciones de intimidación, agresiones, quema de viviendas y cultivos, amenazas e irrespeto a sitios sagrados indígenas, en distintos territorios.
La respondabilidad de lo que ocurra en Sónbata/ Cabara es del Estado /Gobierno.
El Proceso de Afirmación Territorial Autónoma (PATA) sigue y no se detiene.
A dos años del asesinato impune de Sergio la Lucha Sigue y No se detiene.
16 de marzo 2021.
FRENAPI VIVE
LA LUCHA SIGUE Y SE EXTIENDE!!
FRENTE NACIONAL DE PUEBLOS INDÍGENAS – FRENAPI
APOYA: Comité Nacional de Apoyo a la Autonomía Indígena.

El vino de la libertad

Escrito en 16/03/2021. Publicado en Aportes para el desarrollo, Comunidad.

Descargar en PDF para compartir:

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Pablo Sibar envía audio al presidente Alvarado ante amenazas a su vida

Escrito en 14/03/2021. Publicado en Comunidad, Derechos.

El coordinador del Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI) Pablo Sibar envió un audio al presidente de la República Carlos Alvarado, en el cual, expone los fundamentos de la lucha que llevan adelante por la recuperación de sus tierras y la defensa de su identidad ancestral.

Este llamado que hace el dirigente indígena al mandatario se produce luego de ser objeto de muchas amenazas a su vida, como la que compartimos en recorte, y cuya copia completa está en poder de los organismos nacionales e internacionales que velan por la integridad de las personas de pueblos indígenas.

Les invitamos a escuchar el llamado hecho por Pablo Sibar al presidente Carlos Alvarado.