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Etiqueta: MAG

ASES hace precisiones ante boletín de prensa del MAG

Escrito en . Publicado en Trabajo.

Comunicado de la Asociación de Empleados del Senara (ASES)

La Asociación de Empleados del Senara (ASES) quiere aclarar a toda la comunidad nacional que ante el comunicado de prensa del MAG con fecha del 20 de septiembre 2023, existe previo al mismo, el documento denominado ADVERTENCIA RELACIONADA CON POSIBLE TRASLADO A INSTALACIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA (MAG). (SENARA-AI-200-2023) el cual menciona lo siguiente:

La responsabilidad de la Auditoría Interna respecto a esta advertencia consiste en brindar observaciones para prevenir lo que legal, administrativa y técnicamente corresponde sobre el asunto advertido, a fin de evitar posibles consecuencias negativas en la gestión asociada y realizar labor de seguimiento respecto a lo actuado; sin perjuicio de que, según corresponda, como resultado del seguimiento este órgano emita informes de control interno, de responsabilidades (Relaciones de Hechos), u otros pertinentes.

El 10/02/2023 en Sesión Ordinaria 03-2023, el actual Gerente comenta a la Junta Directiva que a través del Consejo Técnico se había tomado la decisión de sacar al SENARA del edificio actual, que es un edificio que está en desuso, quizás más del 50% y que, con el teletrabajo totalmente implementado, se podría disminuir el concepto de alquiler de edificio con todos los servicios asociados: limpieza, seguridad, agua potable, electricidad, etcétera y estar en un edificio más pequeño. Comenta que está en proceso la creación del informe técnico que eventualmente va a llegar a la Junta Directiva, sobre todas las alternativas para el desplazamiento y buscar la mejor opción para desplazar al Senara a un edificio que no cueste tanto y destinar los recursos a otras cosas.

En Sesión Ordinaria 04-2023 del 24/02/2023 : El gerente en ejercicio comenta que se están haciendo evaluaciones y valoraciones porque si bien es cierto puede haber en el MAG instalaciones, no necesariamente conlleva que se tengan todas las condiciones para hacer la movilización que podría ser temporal y que posiblemente la solución sea una construcción porque hay edificios que ya tienen una capacidad instalada y hay organizaciones que están ahí, y si sucede alguna situación ellos van a ocupar los espacios porque son espacios muy limitados y que por tanto se está evaluando edificaciones que tiene el MAG y otras instituciones del Estado. De nuevo se observa que el tema se maneja desde la óptica de varias alternativas. Nótese que a esta fecha se refiere a otro lugar y no necesariamente al MAG y se manifiesta por parte de uno de los directivos la necesidad de establecer una posición colegiada al respecto.

En la Sesión ordinaria 07-2023 el Sr. Ministro del MAG y presidente de la Junta Directiva ha estado viendo la posibilidad de irse al MAG ya que con las reestructuraciones y el teletrabajo hay demasiado espacio disponible en el MAG. La idea de llevarse ahora a SENARA es ahorrarse en el tema de alquileres y en otros tales como internet, seguridad, limpieza, médico de empresa, estos últimos porque serían costos que asume el MAG. Indica que la idea es conseguir cotizaciones de diferentes opciones para movilizarse en alquiler y obtener un comparativo. Reconoce que tal vez no fue lo suficientemente transparente con lo que se iba a hacer. Nótese que aún a esta altura se mantiene el posible análisis de alternativas de alquiler versus traslado al MAG.

Con SENARA-DAF-0100-2023 del 12/05/2023, se consulta a Gerencia de quién provino la instrucción para cancelar la reunión que se tenía programada para el 12/05/2023 para el Proyecto Ciudad Gobierno, ya que salió un correo de la asistente de gerencia solicitando la cancelación de dicha reunión debido a reunión celebrada con la Directora del Despacho y Director Administrativo del MAG y representante del proyecto Ciudad Gobierno, donde se aclaró la movilización del Senara a las instalaciones del MAG a partir de junio 2023, lo que evidencia que se tomó una decisión respecto al traslado del Senara y que hubo una interferencia del MAG en la decisión de excluir al Senara del Proyecto Ciudad Gobierno, lo cual estaba fuera de sus competencias.

Se observa que existe para el 2023 una decisión gerencial de gestión orientada al traslado al MAG sin considerar las otras opciones, aún y cuando a nivel de Junta Directiva indica que es una opción más en análisis e ignorando incluso la valoración del Consejo Técnico que observa como mejor alternativa el contar con un edificio propio, instruyendo no participar en reunión del Proyecto Ciudad Gobierno que era otra de las alternativas e ignorando el criterio experto que señala una serie de inconvenientes del traslado al MAG.

En ese sentido se advierte que no se ha localizado un documento formal que respalde el acto administrativo gerencial debidamente justificado, motivado, con un fin claro y comunicado (Ley General de la Administración Pública, capítulo III), de seleccionar la opción de traslado al MAG como la mejor opción para disminuir el pago de alquileres, dejando de lado las demás alternativas y especificando los costos asociados a traslado, remodelaciones, rediseños de redes, sistemas eléctricos, telefonía, y otros que no se pueden ni se deben ignorar, por cuanto hay un tema presupuestario y de liquidez de fondo. Además, hay derechos de terceros que se verán afectados, lo cual también podría generar pagos de resarcimiento. Ignorar estas situaciones podrían estar atentando contra el principio de gestión financiera dispuesto en el inciso b) del artículo 5 de la Ley 8131 y que señala que los recursos financieros del sector público deben orientarse a los intereses generales de la sociedad, atendiendo principios de economía, eficacia y eficiencia, con sometimiento pleno a la ley.

De la información recabada por la Auditoría Interna, se desprende que esta decisión se ha manejado entre la Gerencia del Senara y representantes del MAG, sin que existiera una posición colegiada del máximo jerarca institucional: Junta Directiva, posición que un directivo manifestó como necesaria en Sesión Ordinaria 06-2023 y sobre lo cual previamente el gerente en ejercicio indicó que respecto a las opciones de traslado se iban a tomar decisiones de alto nivel (Sesión Ordinaria 11-2022 del 04/11/2022). Del contenido del Acta ordinaria # 11-2023 se desprende, según lo manifestado por el Sr. Ministro de Agricultura, que esta es una opción que se maneja entre él y el Gerente del Senara, bajo el criterio de que el MAG “concede presupuesto al Senara para que ejecute” e incluso manifestando que ellos van a llevar a Junta Directiva un presupuesto extraordinario para tomar dinero de alquiler para el pago de remodelaciones, acciones ambas que escapan a la competencia del Ministro en su rol de ministro, ya que aunque presida por ley la Junta Directiva, las decisiones deben ser tomadas por el órgano colegiado donde sus miembros se encuentran en una relación de igualdad recíproca u horizontal con derecho de voz y voto y ser reflejadas en el acuerdo respectivo.

No se debe perder de vista que, según lo dispuesto en el artículo primero de la Ley de Creación del SENARA, No.6877 de 18 de julio de 1983 y sus reformas, y numeral segundo de su Reglamento General, Decreto Ejecutivo No.16277 del 24 de abril de 1985, es una institución autónoma del Estado, que cuenta con personalidad jurídica propia e independencia administrativa. Esto significa que el Poder Ejecutivo (del cual el MAG forma parte), ejerce una tutela administrativa de dirigir o controlar mediante directrices de carácter general, sin que sea válido dictar órdenes o instrucciones relativas a la forma en que el Senara debe ejercer sus funciones o administrar su patrimonio. En ese sentido el MAG no está frente a un órgano desconcentrado que actúa como órgano del ministerio, sino frente a un ente con autonomía propia dirigido por una Junta Directiva. Resulta inconstitucional una posible actuación del Ministro de agricultura como director de la gestión del Senara, ente autónomo por ley.

Por tanto, aún y cuando existe criterio de la Dirección Jurídica institucional de que desde la perspectiva meramente jurídica no constituye un requisito legal que el traslado deba ser autorizado por la Junta Directiva ni que se requiera un acuerdo previo para que la administración actúe y que además la Junta Directiva ha sido informada por lo que ha tenido oportunidad de debatir y tomar acuerdos y que el traslado no plantea una afectación legal ni administrativa que altere la independencia administrativa del Senara (SENARA-DJ-060-2023), la presunta actuación unipersonal del Ministro en conjunto con la Gerencia para disponer el traslado al MAG, que se ha presentado a Junta Directiva con una opción en análisis pero que a lo interno se ha manejado como una decisión, incluso para la formulación del presupuesto 2024, denota una posible afectación en la gobernanza institucional y por tanto una posible alteración en la práctica, a la independencia administrativa institucional, actuación que de comprobarse implica un debilitamiento del sistema de control interno en cuanto al desempeño eficaz y eficiente de las actividades relacionadas con el gobierno corporativo, por cuanto se está privando a la Junta Directiva de ejercer una supervisión activa, independiente e informada, relegándolos a asumir una actitud pasiva y sin toma de decisiones sobre el tema. En ese sentido hay una exposición a riesgo de incurrir en causal de responsabilidad administrativa por debilitamiento al sistema de control interno (Ley 8422. Artículo 38.d).

Ahora bien, la Comisión conformada emitió informes de avance (elemento de control) a la Gerencia con los siguientes oficios:➢ SENARA-DAF-0102-2023 del 16/05/2023: se analizó cada requerimiento solicitado por Senara versus lo que ofrece el MAG, plasmando en una matriz los requerimientos de las unidades según necesidades de SENARA de forma detallada, se realiza nuevo levantamiento de espacios físicos según oficio SENARA-GG-0208-2023. Se adjunta información de la Minuta del 11/05/2023 donde destacan como puntos de atención:

  • Requerimientos técnicos de dimensiones de espacios y bodegas asignadas.
    • Condiciones sobre el traslado del archivo institucional, Unidad de Gestión Informática y Bodega de Proveeduría ubicados junto con las áreas relacionadas en el edificio del MAG, debe coordinarse la verificación correspondiente de las áreas involucradas ya que debe cumplirse con temas de control y técnicos.
    • Ubicación personal de transportes y parqueo asignado para los vehículos institucionales no se encuentra techado.
    • No se incluye espacios para sala de Junta Directiva, reuniones y capacitaciones.
    • Respecto al archivo institucional se recibe MAG-DAF-025-2023 que refiere a espacio suficiente para contar con un Archivo Institucional del MAG y SENARA en el PIMA (Barrial de Heredia).

Observación de Archivo Institucional: El depósito de documentos en un lugar externo no es lo más conveniente, sobre todo por cuestiones de préstamo, documentos, o de inmediatez. Hay que tener claro que se debe tener un área administrativa para el archivo donde para recibir la atención de público, siempre y cuando sea parte de la institución. Otra opción es incluso alquilar bodegas, cerca del MAG para resguardar el archivo, pero esto implicaría muchos riesgos que se deben valorar previamente. Hay consulta a Unidad Servicios Técnicos Archivísticos Dirección General Archivo Nacional, como ente rector en materia archivística a nivel nacional, legal o normativa asociada que establezca la obligatoriedad de contar con el depósito del Archivo Central Institucional en el mismo lugar donde se ubicará la institución, así como, las consideraciones necesarias para garantizar una adecuada custodia del acervo documental institucional tanto en sus instalaciones finales como al momento del traslado.
• Parqueo para funcionarios: MAG indica que una vez apartado el espacio necesario para los vehículos oficiales del MAG y SENARA se harán los estudios correspondientes para determinar la capacidad disponible de espacio para empleados. Senara señala los riesgos asociados al traslado con equipo institucional alquilado y posible costo ante robo.

Se concluye entonces que:

No es recomendable un traslado en este momento considerando que podría exponer a la institución a los siguientes riesgos:

  • Debilitamiento del sistema de control interno entre otros en temas de seguridad de activos, seguridad informática, seguridad documental, control de operaciones, salud ocupacional y ambiental. Riesgo de cumplimiento asociado al posible incumplimiento de normativa interna y externa en temas de Ministerio de Salud, Ambiental, Bomberos, control interno, seguridad documental, calidad de gestión en temas informáticos y protección del patrimonio público. Riesgos de operación relacionado con debilitamiento de gestiones operativas que se encuentran normadas internamente para garantizar seguridad del actuar institucional con la definición de controles y procedimientos que se verían afectados ante un eventual traslado. Riesgos de eficiencia asociados a la limitante de no poder aplicar una gestión adecuada y oportuna de procedimientos y controles actuales que se aplican, siendo que se verían afectados. Riesgos de dirección asociado a una toma de decisiones incorrecta por parte de los superiores jerárquicos que expondrán el actuar institucional en temas de rendición de cuentas y transparencia si deciden realizar un traslado sin cumplirse con requerimientos mínimos. Riesgos de autonomía institucional. Riesgos de pérdidas de información

La figura jurídica que se ha establecido por parte de la Administración Activa para respaldar el uso de instalaciones del MAG es un convenio interinstitucional para el préstamo a título precario de instalaciones, amparado en decreto ejecutivo No. 42473-MAG, denominado: “Reglamento para el préstamo de uso en precario de los bienes inmuebles del Ministerio de Agricultura y Ganadería y sus Órganos Adscritos” publicado en La Gaceta 215 del 27/08/2020.

Como puede observarse del reglamento de cita, efectivamente la figura jurídica utilizada parece responder al criterio de inmediatez que ha manifestado la Gerencia para desocupar las actuales instalaciones, pero es también una solución que podría ser temporal, debido a que en cualquier momento el MAG puede disponer de las instalaciones dadas en préstamo precario, lo que hace más relevante que la opción de Ciudad Gobierno no se cierre para el Senara (Artículo 154 de la Ley General de la Administración Pública: los permisos de uso del dominio público, y los demás actos que reconozcan a un administrado un derecho expresa y válidamente a título precario, podrán ser revocados por razones de oportunidad o conveniencia sin responsabilidad para la administración). De otra forma, existe un riesgo a futuro de que el Senara se quede sin instalaciones para ejecutar sus funciones.

RESPECTO A OTROS ELEMENTOS A CONSIDERARNo se ha encontrado en la documentación analizada:

  • Medidas para la salvaguarda y protección de activos durante el proceso de traslado y en la ubicación propuesta, particularmente de activos que deberán ser mantenidos en bodega y de los vehículos institucionales. Según SENARA-DAF-SA-121-2023 y SENARA-DAF-SA-123-2023 no se cuenta con espacios físicos para bodegas para almacenar activos en tránsito o activos en mal estado o para desecho ni para el almacenamiento de bienes y suministros. En ese sentido, se recuerda que de conformidad con el artículo 110 de la Ley 8131, un hecho generador de responsabilidad administrativa es la omisión, el retardo, la negligencia o la imprudencia en la preservación y salvaguarda de los bienes o derechos del patrimonio público o la adopción de acciones dolosas contra su protección, independientemente de que se haya consumado un daño o lesión.
  • Medidas para atender los requerimientos de tecnologías de información: asignación de área para Unidad de Gestión Informática, espacio para los 7 servidores de la red LAN del Senara, red de cableado estructurado UTP Categoría 6 con un ancho de banda a 10 gigabits con hasta 250 MHz en voz y datos, certificada. Hilos de fibra óptica con velocidad de 200 MHz y dos redes WiFi para para funcionarios y otra para invitados, bajo los requerimientos de seguridad promovidos por el Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), la Normativa COBIT 5, ITIL3 e ISO 2230. Acceso de seguridad biométrica al Centro de datos y Comunicaciones. Sistema de ventilación y enfriamiento en el Centro de Datos y Comunicaciones. Ubicación de RACK para dispositivos tecnológicos: switches, routers, cableado estructurado, fibra óptica, dispositivos de almacenaje externo y conectores de fluido eléctrico planificación de la distribución de espacio físico para centro de copiado, cableado de datos entubado interno (dentro de pared) y cableado eléctrico entubado, físicamente separado y cableado en tiros (línea de cable sin cortes) que interconectan las estaciones de trabajo con los equipos switch, router y equipos de respaldo externos (NAS) en forma directa.. Así mismo, tomas de datos, telefonía IP y fluido eléctrico etiquetadas (toma-rack) y debidamente polarizadas. Sistema centralizado de soporte eléctrico. Wifi institucional con una topología de red tipo “maya” que interconecta los Access Point Cisco-Meraki y los canales configurados en estos equipos, posibilitando que la señal WiFi sea recibida en toda la planta física con la misma intensidad sin importar su localización.
  • Según SENARA-GG-UGI-044-2023 las condiciones actuales en el MAG respecto a instalaciones estructurales y configuración en logística de sistemas y aplicaciones no son adecuadas para sustentar el eficiente y eficaz funcionamiento de la plataforma informática y de telecomunicaciones ya operativa en SENARA. Este criterio experto evidencia que de no tomarse previsiones en este campo existe un riesgo de funcionamiento óptimo de la institución y un retroceso en todos los avances que se han tenido en este campo y que el costo del ajuste puede ser significativo. Al respecto debe tomarse en cuenta que un deber básico del titular es velar por el adecuado desarrollo de la actividad del ente (Ley de control interno, artículo 12.a) lo que implica que se debe realizar una valoración de riesgos en este campo y decidir las acciones para administrarlos (Ley de control interno, artículo 14)

De lo expuesto en páginas precedentes, se observa que el posible traslado al MAG expone al nivel gerencial a los siguientes riesgos de conformidad con la estructura de riesgos del Senara:➢ Riesgo interno/Financiero/Presupuestario.
➢ Riesgo interno/Financiero/Control de activos.
➢ Riesgo interno/Información y comunicación/Administrativa-gestión.
➢ Riesgo interno/ Información y comunicación/Comunicación.
➢ Riesgo interno/Dirección/Liderazgo.
➢ Riesgo interno/ Dirección/Cumplimiento normativo.
➢ Riesgo interno/Estratégico/Alineación o vinculación con la planificación institucional.
➢ Riesgo interno/ Estratégico/Planificación insuficiente.
➢ Riesgo interno/ Estratégico/Imagen.
➢ Riesgo interno/ Estratégico/Niveles de coordinación entre unidades.
➢ Riesgo interno/Recurso humano/Motivación.
➢ Riesgo interno/ Recurso humano/Clima organizacional.
➢ Riesgo interno/Recurso humano/Integridad, ética y valores.
➢ Riesgo interno/Procesos-operaciones/Diseño.
➢ Riesgo interno/Procesos-operaciones/Eficiencia.
➢ Riesgo interno/Procesos-operaciones/Eficacia.
➢ Riesgo interno/ Procesos-operaciones/Ejecución y nivel de cumplimiento en el desarrollo de procesos y actividades.
➢ Riesgo interno/Infraestructura, equipos y materiales/Pérdida total o parcial de activos institucionales.
➢ Riesgo interno/Sistemas y tecnologías de información/Acceso de información.
➢ Riesgo interno/Sistemas y tecnologías de información/Disponibilidad de información.
➢ Riesgo interno/ Sistemas y tecnologías de información/Infraestructura tecnológica.
➢ Riesgo interno/ Sistemas y tecnologías de información/Seguridad de la información y de la infraestructura tecnológica.

A estos se suman los riesgos de gobernanza y el riesgo de incurrir en causal de responsabilidad administrativa, civil y/o penal.

  • Texto anterior tomado de oficio SENARA-AI-200-2023

Asociación de Empleados del SENARA (ASES)

Gestión institucional de los plaguicidas en el país a la deriva sentencia la Contraloría

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra, Salud.

Comunicado de Bloque Verde

  • MAG no podría seguir emitiendo decretos unitariamente sino coordinadamente

Como hemos estado viendo en los últimos días: cargamentos contaminados de melones devueltos de Europa, reportajes internacionales, la contaminación el agua de Cartago y Río Cuarto, Escuelas y la niñez fumigadas en la Zona Norte, productos agrícolas con restos de venenos que superan el límite permitido en las ferias del agricultor y uno de los agroquímicos más mortíferos de las abejas sin ninguna prohibición, son evidencias de la falta de planes para el control y fiscalización del uso de plaguicidas para actuar de forma preventiva y no reactiva, como evidencia un reciente informe de la Contraloría General de la República.

Según el informe N.º DFOE-SOS-IAD-00002-2023 los ministerios no coordinan de oficio esas labores y solo reaccionan a desastres ambientales, es decir con todos los eventos de emergencia que se intensifican año con año y no hay planes para prevenir contaminación con plaguicidas.

La contraloría también recuerda que Costa Rica es uno de los países con mayor consumo de plaguicidas según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Otro aspecto importante que deja ver el informe es la división que hay entre el bloque de ministerios de Salud, Ambiente y el MAG, pues si bien los primeros sugieren prohibiciones el MAG veta, atrasa y cuestiona todas las sugerencias del ambiente y la Salud, como ha sido evidente en el caso de fipronil que no ha sido prohibido su uso agrícola como determinaron informes técnicos que la Sala constitucional mandó a pedir. El MAG amparado en que el uso agrícola es su competencia de dedica no hacer nada y justificarlo de manera muy detallada. Esto también se evidencia, una vez más, en un reciente informe emitido por los equipos técnicos del Ministerio de Salud, el MINAE y AYA, donde recomiendan la prohibición del clorotalonil, pero el MAG continúa guardando silencio, con tal de seguir manteniendo el peligroso plaguicida en el mercado y en el agua de la tubería en Cartago.

La contraloría asegura que la coordinación institucional: “Es importante recalcar que mediante el control se pueden detectarse causales de cancelación del registro de plaguicidas y sacar de circulación aquellos que, por ejemplo, aún utilizados bajo las recomendaciones de uso, representan un riesgo inaceptable para la salud, el ambiente y agricultura; son ineficaces para todos los usos aprobados por el SFE; o bien cuando por razones de afectación a la salud o al ambiente, se encuentran prohibidos en el ochenta por ciento de países de la OCDE o el producto registrado por la modalidad de homologación es cancelado o desautorizado por la autoridad reguladora del país miembro OCDE” ( pg. 18).

Esto último sería un paso muy importante porque el interés comercial de los vendedores de venenos y transnacionales es inscribir usando el registro europeo, pero cuando se habla de prohibir moléculas usando el mismo criterio y para lo cual hay normativa vigente ha sido hasta ahora imposible de aplicar. Es decir, lo que es bueno para el ganso debe ser para la gansa, pero sabemos que somos el basurero de productos prohibidos en Europa porque tiene un gran margen de ganancia para los que lucran a costa del ambiente y la salud pública.

La disposición final del informe ordena a las personas jerarcas de MINSA, MINAE y MAG “Definir, oficializar, divulgar e implementar de forma conjunta, la política que seguirá el país en cuanto a la gestión de los plaguicidas y los patrones de uso en Costa Rica en el corto mediano y largo plazo, que direccione el actuar de las instituciones competentes en la materia hacia un propósito común y de forma coordinada. Dicha política deberá incorporar objetivos, metas, actividades, roles, responsabilidades y seguimiento, con el fin de proteger el ambiente, la salud humana y la seguridad alimentaria”.

Informe completo en:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2023/SIGYD_D/SIGYD_D_2023007921.pdf

La labor del Ministerio de Agricultura y Ganadería: un panorama incierto y poco alentador para el sector y los productores agropecuarios

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

Con motivo de la celebración del día del Agricultor en la comunidad de Zarcero, el Ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, en presencia del Presidente de la República y de algunos agricultores de la zona, expuso las actividades que ésta Administración está impulsando en el sector agropecuario, las que en lugar de generar buenas expectativas hacia el mejoramiento del sector, provocan cierta incertidumbre sobre la labor del Ministerio y sobre las expectativas de apoyo a la pequeña producción familiar.

El joven Ministro, para el que su función no será más que un trabajo que el Gobierno le ha encomendado y en el que no importa mucho el conocimiento que tenga del sector y los desafíos que plantea una actividad esencial para más de 200 mil productores que se debaten entre la sobrevivencia y la necesidad de mejorar las condiciones productivas, se enfrenta a una realidad agrícola afectada por las políticas que desde hace casi 4 décadas desmantelaron el apoyo estatal a la producción agroalimentaria, concebida como una actividad marginal dentro del modelo de desarrollo orientado a la producción de servicios y a la exportación.

Con las manifestaciones del Ministro, parece continuar el desmantelamiento y la desprotección de la producción agroalimentaria, que en los países desarrollados es una actividad estratégica y que es protegida con ayudas y subsidios por tratarse de la alimentación de la población, información que las Autoridades del sector deben conocer.

Entre los desvíos de su visión sobre la actividad agropecuaria y sobre los productores agrícolas, el Ministro, menciona que “queremos que el agricultor sea un empresario agrícola”, sin importar la actividad a que se dedica, la zona donde se ubica y los recursos de que dispone, desconociendo la diversidad de las actividades, el tipo de unidad de producción, el lugar donde se encuentra y la heterogeneidad de los productores; entonces todos deben ser empresarios agrícolas olvidando la poca asistencia que reciben del Estado.

Ya el Ministro había, mostrado su particular perspectiva sobre los productores agrícolas, cuando señaló con motivo de los decretos de la Ruta del arroz, que “para éstos solo hay una opción viable, recibir un subsidio mientras se fortalecen como sector y se hagan más competitivos, o cambiarse a otro cultivo, es un tema de decisión de cada quién, ya tienen las reglas claras”, dijo. (ElObservador,com,27-32023)

En el marco de esa estrecha visión, sobre la actividad y los productores, el Ministro expuso entre las acciones institucionales que está ejecutando el MAG, para mejorar sus procesos productivos, se efectúa “una reestructuración de personal en la institución, con el fin de ahorrar presupuesto y dirigirlo hacia procesos más eficientes, rápidos, y económicos, y a la vez brindar apoyo a los agricultores”.

No mencionó el Jerarca, sobre que bases y con fundamento en que evaluación de la labor de las áreas de trabajo y el escaso personal existente se realiza la reestructuración, luego de la movilidad laboral del gobierno de Figueres Olsen y de la salida progresiva del personal por jubilación que se ha dado en los últimos años, lo que ha reducido considerablemente el recurso técnico disponible y que no ha podido ser sustituido por el congelamiento de plazas en los sucesivos gobiernos.

Sin obviar la evidente contradicción, entre ahorrar presupuesto, lograr procesos más eficientes con escaso personal técnico y brindar apoyo a los productores, por lo que cabría preguntarse si es posible esa mezcla de propósitos.

Entre las principales acciones institucionales que se están ejecutando, el Ministro señaló que “estamos en la restructuración de tecnologías de información para reestructurar la información y llegar a lo digital, dentro de esa trasformación digital estamos haciendo algo para tener expedientes digitales, entonces cuando un técnico visita a un productor generará una calificación del producto”, (Según éste), todas estas reestructuraciones nos permiten reducir retrocesos y personal de sedes administrativas para ubicarlo en fincas”.

Ese es el gran desarrollo tecnológico que el MAG está impulsando, ligado a las tecnologías de información, es decir digitalizar todos los procesos y tener expedientes digitales, para presuntamente liberar personal técnico para la labor de asistencia técnica en las fincas, nuevamente cabe preguntarse será eso suficiente para mejorar la asesoría técnica a los productores.

Agrega el Ministro, “tenemos una dirección clara, ayudarle a los agricultores, queremos organizaciones más sencillas, más llanas y más tecnológicas”, si esa es la prioridad de la gestión actual, dónde quedan las necesidades de los productores y el mejoramiento de las tecnologías de producción para el desarrollo de los sistemas productivos más sostenibles?

Sin embargo, las acciones mencionadas aún no son las más preocupantes, lo más inquietante y fuera de lugar, es su visión sobre la extensión y la investigación agrícola, cuando afirma que “no hay asistencia técnica, la asistencia técnica se basa en el cuidado del animal, en investigación es muy curioso, tenemos una estación experimental los Diamantes, que mide 700 hectáreas, no hay ni un solo veterinario, es una finca modelo para lo que no hay que hacer”. (ElMundo.cr,17-5-2023)

Debido a que no hay asistencia técnica o que ésta es inadecuada y a que las entidades de investigación no hacen lo que debieran, “lo que estamos haciendo es reacomodar el personal”, simplemente eso, nuevamente no se sabe bajo que lineamientos se está realizando ese reacomodo.

Como si no fuera suficiente, lo más grave es la concepción de la extensión agrícola, que ha sido reducida a la capacitación y que ésta debe ser impartida por el INA, para lo que “el año pasado firmamos una directriz para generar una sinergia con el INA, que tiene presupuesto para capacitaciones, la idea es que el INA brinde un espacio para capacitar a los agricultores; queremos que el agricultor sea un empresario agrícola, para eso tiene que tener un curso de administración, de tecnología, esa es la capacitación que el INA nos va ayudar a hacer”.

No sólo el Ministro parece desconocer el verdadero papel y la importancia de la extensión, en el intercambio y transferencia tecnológica agricultor-técnico en el mejoramiento de sus sistemas de producción, si no que además desconoce que hace varios años se había impulsado una propuesta para promover las nuevas competencias de la extensión rural frente al recambio generacional en el MAG, que significaba una transformación de la extensión frente a las nuevas demandas del productor rural y del cambio climático.

En esa línea de los argumentos ligeros sobre la actividad agropecuaria y los productores que se dedican a ésta, según el Ministro “los agricultores hacen esfuerzos en sacar muchos productos al mercado, que son sumamente contaminantes y que además no tienen registros, son productos que han estado sin control y sin estudios de nada y están en el mercado”(ElMundo.cr,17-5-2023), grave afirmación que cuestiona la calidad de los productos que los agricultores comercializan en los mercados y desconoce el esfuerzo que los agricultores han hecho a través de los años para ofrecer a los consumidores alimentos sanos e inocuos.

En su presentación del día del agricultor, el jerarca terminó exponiendo que “el panorama inicial es complicado, de abandono y de falta de políticas públicas claras y dirigidas en pro del sector agropecuario»(pero que) ahora tenemos una visión clara del sector agropecuario que queremos: un sector competitivo, eficiente y sostenible. Aún falta muchísimo camino, pero vamos a buen paso; porque lo que prometimos, lo cumplimos”. (MAG.com,noticias,15-5-2023)

Resulta difícil comprender si efectivamente las nuevas Autoridades del MAG tienen una visión clara del sector agropecuario, pero la participación del Ministro, lejos de contribuir a la comprensión de las orientaciones del Ministerio en este período, deja una gran incertidumbre sobre los objetivos sectoriales de la actual Administración y sobre la pertinencia de las acciones que están ejecutando.

A diferencia del inicio de otros Gobiernos, en los que se esperaba dimensionar si la labor que proponían realmente favorecería la producción agropecuaria nacional y en especial a la pequeña y mediana producción agroalimentaria para el mercado interno, en esta oportunidad en las políticas y la acción institucional mencionadas, se vislumbran serias amenazas hacia un mayor debilitamiento de la institucionalidad y el deterioro del apoyo y la asistencia al sector tradicionalmente abandonado de la actividad agropecuaria: la producción familiar de alimentos.

 

Imagen ilustrativa.

Bloque Verde se pronuncia ante resolución del Tribunal Contencioso Administrativo sobre el agroquímico Fipronil

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

Ante resolución del Tribunal Contencioso Administrativo:
Ni el gobierno de Rodrigo Chaves ha emitido un decreto para proteger abejas, ni tampoco el Fipronil está (o estaba) prohibido para uso agrícola en Costa Rica

En el Decreto Ejecutivo 43767 “se prohíbe solamente el uso profesional e industrial del plaguicida fipronil. Sin embargo, el uso más difundido de este plaguicida, y el que está causando severas afectaciones ambientales, es el uso agrícola y veterinario” Señaló el Dr. Elidier Vargas, agrónomo ex funcionario – pensionado de DIGECA y consultor del Pnud para el estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”.

El uso industrial y profesional está relacionado con la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas, eso es solamente lo que cubre el decreto impugnado en el Tribunal Contencioso por una compañía privada que impugnó el decreto.

El uso agrícola no se ha cambiado, mucho menos prohibido con el decreto en mención, por cuanto el grueso del uso del fipronil siempre ha estado permitido ya que queda en evidencia en el informe DAJ-MINAE-0354-2021 que fue el MAG quien se opuso a sacarlo del mercado y está pendiente de elaborar su propio decreto ejecutivo pues considera que el uso agrícola y veterinario es solamente su competencia.

“Mientras eso no suceda, las abejas y otros insectos polinizadores, incluso otros organismos silvestres seguirán viéndose afectados, según describe el MINAE en los informes que ha entregado a la Sala IV”, aseguró el especialista.

En el informe del MINAE número: DAJ-MINAE-0354-2021, se lee lo siguiente: “En este informe se realizó una evaluación de riesgo para las abejas, debido a la preocupación por los eventos de mortalidad de estos organismos evidenciada durante el año 2020. Esta evaluación consideró la dosis más baja y la más alta autorizada en cultivos agrícolas y se concluyó que el riesgo es inaceptable para estos organismos según los usos autorizados. Así mismo, los datos ecotoxicológicos de fipronil generan preocupación hacia otros organismos del ecosistema por cuanto se considera altamente tóxico para aves, peces, invertebrados acuáticos y muy altamente tóxico para algas. Además, es moderadamente persistente en suelo y en sistemas de agua/sedimento, y cuando se degrada producen otros metabolitos que sí son persistentes.”

Esos son los riesgos del uso del fipronil en las condiciones que actualmente se utiliza en la agricultura de Costa Rica, según indica el MINAE y siguen vigentes ante el uso del fipronil en campos agrícolas.

Por lo tanto, esta medida cautelar solicitada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es de poco impacto para la protección o desprotección ambiental de las abejas. Queda claro que el principal responsable de la muerte masiva de abejas es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta tanto el MAG no asuma su responsabilidad sobre ese tema seguirán muriendo polinizadores.

El pasado 20 de mayo se celebraba el Día Mundial de las Abejas, decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas y oficializado en 2020 por la Asamblea Legislativa una ley que declaran la apicultura de ‘interés público’ y crean el Día Nacional de las Abejas. En el marco de ese día Bloqueverde solicito “la prohibición de agrotóxicos fipronil y los neonicotinoides que han causado intoxicaciones masivas y la muerte de millones de abejas, daños irreversibles a la biodiversidad y contaminación de ecosistemas”.

DAJ-MINAE-0354-2021-Informe-MINAE-Exp-21-016578-0007-CO-anotDescarga

La Política para el Sector Agropecuario 2023-2032: propuestas insuficientes y escasas soluciones

Escrito en . Publicado en Análisis.

German Masís Morales

Este jueves 25 de enero, se presentó la política pública para el sector agropecuario, en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la participación del Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente de la República y representantes de instituciones y organizaciones del Sector agropecuario.

En la presentación e introducción se incluyen las características de la actividad agropecuaria, en el estado de situación del sector, la evolución y comportamiento del mismo y en la estrategia, los desafíos, ejes y acciones a ejecutar para los próximos 10 años. (MAG,2023,32 p.)

Menciona en la presentación, que “el sector agropecuario costarricense atraviesa una situación crítica, por lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional que, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería; permita rescatar al sector productivo nacional”, en completa alusión a la realidad.

Agrega “durante muchos años, el Ministerio y las instituciones del Sector han reducido su presencia en el campo, por lo que la asistencia técnica, la investigación y el traslado de conocimiento se han visto reducidos, ocasionando afectaciones importantes en quienes se beneficiaban de dichos servicios, las personas productoras”, enorme verdad, el desmantelamiento de la institucionalidad ocurrido desde la década de los 80 y 90, ha tenido efectos negativos para los agricultores, que los distintos gobiernos han hecho muy poco por revertirlos.

Establece el Gobierno, que “con la presente Política, esperamos materializar una serie de acciones concretas, orientadas a la reactivación de un sector económico, que más que importante es indispensable para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más puestos de trabajo, calificados y no calificados, (orientadas) a recuperar el atractivo económico de invertir en el Sector Agropecuario nacional”, esta parece ser la gran aspiración de la propuesta.

Afirma que “estamos iniciando un cambio radical y asignando más recurso humano para potenciar las áreas de mayor impacto para las personas productoras. Acompañando las acciones antes mencionadas, debemos impulsar aquellos cultivos que a su vez podamos procesar en el país, exportar o vender localmente ya transformados; buscando el beneficio de las zonas rurales, mediante encadenamientos y agregando valor para generar riqueza”, perdiendo de vista la tradicional división de la actividad, en una actividad exportadora y otra para el mercado interno, que disponen de condiciones y recursos muy desiguales.

La pretensión del Gobierno es que “con esta política, se busca que las instituciones que forman parte del Sector Agropecuario respondan a las necesidades actuales del sector productivo, y repercutan en un sector más productivo, competitivo y sostenible, que cada día genere más y mejores retornos tanto económicos como sociales”, viejos propósitos que igual se quedaron en el discurso en anteriores Gobiernos.

Por su parte, en una práctica que ha sido común en todos los Gobiernos, se deja a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (SEPSA, la elaboración del Plan Sectorial para operativizar la política, la definición de las acciones concretas, plazos y los indicadores de seguimiento, labor por lo general sin la participación de los productores y sus organizaciones.

En la argumentación sobre la importancia y la situación de la actividad agropecuaria, se reconoce la gran relevancia económica y social del Sector agropecuario; en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), en las exportaciones y en su contribución al empleo, pero muy poco en cuanto a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población rural y en la producción de alimentos, que revela una de las grandes carencias de la política, su compromiso con la reducción de la pobreza rural y con la seguridad alimentaria y nutricional del país.

“Según datos del Banco Central de Costa Rica, la participación de la agricultura ampliada en el PIB fue de un 9,6% en el año 2021, de este porcentaje el 4,5% corresponde al sector primario y un 5,1% a la agroindustria. Con respecto al valor agregado agropecuario, el 69% corresponde a actividades agrícolas, un 21% a la actividad pecuaria y el restante 10% se compone de actividades de apoyo (6%), silvicultura y extracción de maderas (3%) y, pesca y acuicultura (1%)”, datos que invisibilizan la evolución descendente de la actividad agrícola en la economía, el aporte diferenciado de las actividades de exportación con respecto a la producción alimentaria para el mercado interno y el reducido papel de la pesca en la actividad en su conjunto.

“En cuanto al comercio internacional, el sector agropecuario es superavitario; con datos del año 2021 se registró exportaciones por USD 5.610,9 millones de dólares e importaciones de USD 3.156,9 millones, lo que significa una balanza comercial de USD 2.454 millones. El 39,1% del total exportado está vinculado con el sector agropecuario, e incluye productos agrícolas (21,3%), de la industria alimentaria (14,0%), el pecuario y pesca (2,7%) y otros de cobertura agropecuaria (1,1%)”. Los datos del comercio agropecuario, por su parte destacan el predominio de la agroexportación, el sector más dinámico y el principal motor de la actividad y el que a la postre resulta ser el prioritario en la política pública hacia el Sector.

La generación de empleo del sector agropecuario continúa siendo el indicador de mayor significado, pero soslayado cuando se trata de reconocer la importancia que sigue teniendo la actividad desde el punto de vista social, ya que” ocupa el segundo lugar a nivel sectorial como generador de empleos con unas 238.227 personas ocupadas, lo que representa un 11,7% de la población total ocupada. De este grupo de personas, un 87,7% corresponde a población masculina y un 12,3% a población femenina”.

No obstante, es inevitable mencionarlo “el Índice Mensual de Actividad Económica del sector agropecuario (IMAGRO) muestra variaciones interanuales negativas en el año 2020 y una desaceleración a partir del mes de abril del 2021, llegando a valores negativos desde el mes de febrero del 2022”, es decir la actividad agropecuaria, viene teniendo un crecimiento negativo desde hace más de dos años.

Lo anterior, (revela la introducción) “muestra la urgencia de reactivar el sector primario, pues es innegable que su desenvolvimiento impacta el desarrollo socioeconómico del país, en especial la periferia costarricense”, es decir el deterioro de la actividad agropecuaria impacta sobre todo las regiones periféricas del país, una realidad incuestionable.

Diversos elementos de la introducción de la política muestran algunas de las características del sector, que lo hace particular, diverso y heterogéneo y que por ello debiera demandar una política diferenciada y no una generalista.

Entre esos aspectos está “la coexistencia de micro, pequeño, medianos – donde un importante número de unidades productivas se enmarcan en lo que se ha denominado Agricultura Familiar (AF)- así como grandes productores, orientados hacia los mercados internacionales.  Este Sector presenta importantes asimetrías entre productores agroexportadores y productores para mercado local. Esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y con una importante concentración de mercado”, en consecuencia, la heterogeneidad y diversidad de actores con condiciones y recursos diferenciados es una característica que define el sector.

Otra característica que también lo define, es la dualidad y diferenciación interna del sector, donde la política manifiesta que “de los beneficios de este modelo de apertura comercial, el sistema económico generó una dualidad productiva, por un lado un sector productivo dinámico y vinculado a cadenas globales de valor, y por otra parte, una estructura productiva dedicada al mercado interno con poco encadenamiento y dispersión de las instituciones llamadas a su fomento, asimismo, los programas de apoyo se han visto reducidos producto de la contracción del gasto para controlar el déficit fiscal”, otra enorme realidad, que pone en evidencia dos motores de la actividad agropecuaria, uno dinámico y estimulado y el otro apagado y desestimulado.

La tercera característica refiere a la pobreza, que “las zonas rurales enfrentan índices mayores. Por ejemplo, en el 2021 el Índice de pobreza ascendió al 26,3% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas fue de 21,8%, y la pobreza extrema se estimó en 5,5% para zonas urbanas y 8,3% para zonas rurales.   La desigualdad en los ingresos de la población total, medida por el Coeficiente Gini en la última década, presenta valores que oscilan entre 0,524 y 0,515.

Por otro lado, en el Sector Agropecuario las personas con actividad independiente tienen valores del coeficiente más altos (fluctúa entre 0,575 y 0,618 para los años 2015 a 2019) que para las personas asalariadas (entre 0,414 a 0,447)1.   (Además), en el tema de inclusión, las mujeres productoras presentan menores oportunidades que los hombres en cuanto a empleo formal, acceso a activos, asistencia técnica, financiamiento, entre otras condiciones. Asimismo, tienen un limitado acceso a tierras para la producción, lo que reduce aún más sus posibilidades de salir de la pobreza.”

El documento de política presentado identifica los principales desafíos y retos que enfrenta la actividad y Sector y propone ejes estratégicos, con sus respectivas líneas y acciones para los próximos 10 años

Entre los principales desafíos del sector se plantean:

-Respuesta institucional eficiente a las necesidades de la persona productora.

-Aumento de la competitividad y productividad.

-Producción sostenible y adaptación del cambio climático

-Tecnificación agroproductiva.

-Estímulo a una comercialización eficiente.

-Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales

En los desafíos, pese a la validez y reiteración de algunos de ellos en varios Gobiernos como, la respuesta a las necesidades de los productores, la producción sostenible y la adaptación del cambio climático y el aumento de la productividad y competitividad, la retórica, debe estar acompañada de los mecanismos para hacer efectiva una acción institucional que garantice la forma en que se enfrentarán dichos desafíos.

Mientras que los demás desafíos, como la tecnificación productiva, el estímulo a una comercialización eficiente y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, son tibios señalamientos que carecen de profundidad y que debieran plantearse como verdaderas transformaciones tecnológicas y comerciales de la actividad y de los medios de vida en las zonas rurales.

Están ausentes grandes desafíos de la actividad agropecuaria, como la seguridad y la soberanía alimentaria de la población y el fortalecimiento institucional y presupuestario del sector agropecuario, esenciales en el futuro de un aparato institucional débil y deficitario, que no protege la producción alimentaria del país.

La política agropecuaria 2023-2032, incluye y está estructurada mediante 4 ejes de acción, llamados a ser los pilares y el soporte de la acción institucional del sector agropecuario para los próximos 10 años, sin embargo, es conveniente valorar los posibles alcances a la luz de planteamientos que en el pasado han tratado de articular una política más integral y consistente.

El primer eje es la Modernización de las instituciones del sector agropecuario, que se propone mejorar la gobernanza y reforzar la coordinación institucional, no obstante este cometido ha estado sujeto tanto a una reforma del sector, que redefina las competencias de las diferentes instituciones, como la posibilidad de disponer de mayores recursos financieros y humanos en el sector, no es posible que el Ministerio de Agricultura disponga menos de 1% del presupuesto nacional y que algunas instituciones sean deficitarias en su funcionamiento, como el CNP y que la articulación institucional entre el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural(que realiza el INDER) sea un constante reto institucional no resuelto.

El segundo eje, el fomento de la competitividad, dirigida a generar información de interés para los productores, es una pujante realidad para la empresas agroexportadoras, pero una quimera para la producción para el mercado interno, porque las condiciones diferenciadas de ambas, provoca que las primeras mantenga y eleven su competitividad, mientras que la segunda, dependiente de una institucionalidad debilitada y de una asistencia intermitente presenta niveles de competitividad persistentemente bajos.  En este ámbito sería fundamental, crear un sistema de información más eficiente para los agricultores y un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores.

El tercer eje, la productividad y sostenibilidad, que busca la implementación de un modelo de asistencia técnica que maximice los beneficios de los diversos sistemas productivos, similar al caso de la competitividad es un tema diferenciado, ya que incorpora constantes avances tecnológicos en la empresa agroexportadora y presenta serias limitaciones en el desarrollo tecnológico de la producción interna muy ligado a las posibilidades de asesoría y asistencia de las instituciones del sector.

Con el propósito de mejorar la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias para el mercado interno, en el pasado un grupo de expertos en políticas agrícolas había recomendado establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias.

El cuarto eje, valor agregado y comercialización, que pretende promover la agregación de valor para lograr una oferta diferenciada de productos y generar nuevas oportunidades de acceso a los mercados, requiere establecer con claridad los mecanismos que implementará para lograrlo y en ese sentido, igualmente la propuesta de política agrícola alternativa había recomendado el impulso de un programa de fomento de la agroindustria, y el valor agregado y de productos de calidad con identidad territorial en apoyo a microempresas, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional(PAI).(Grupo de Políticas agrícolas,2014)

De acuerdo con lo anterior, la política agropecuaria 2023-2032, no sólo carece de mecanismos de ejecución concretos y apropiados a los ejes de acción que propone, si no que no parece ofrecer soluciones adecuadas a los grandes problemas de la actividad agropecuaria, especialmente la dirigida al mercado interno.  

En definitiva, las propuestas de la política son insuficientes tanto en sus contenidos frente a una realidad agropecuaria y pesquera, que demanda grandes transformaciones para alcanzar una agricultura y una pesca, más sostenible, equitativa e incluyente, como en sus pretensiones de cobertura para un plazo de 10 años.

Renuncia viceministro del MAG

Escrito en . Publicado en Derechos, Sin categoría.

Édgar Mata Ramírez, a cargo del viceministerio técnico de Agricultura y Ganadería renunció a su cargo.

En una carta dirigida este 8 de setiembre a la ministra Laura Bonilla Coto expresa: «En estos cuatro meses de trabajo este servidor no logró entender su forma de ‘gerenciar’ el sector agropecuario ni de apoyar a las personas productoras razón de ser de este ministerio».

En la nota Édgar Mata Ramírez agrega: «El respeto, la responsabilidad y la confianza son valores que deben primar en un equipo de trabajo y cuando estos no existen, se hace necesario separar los caminos… «.

Compartimos la carta que fue remitida a la redacción de SURCOS.

DVM-EMR-021-2022-Laura-Bonilla-CotoDescarga

Protestan contra la Ley de Semillas y los agrotóxicos y son galardonados por la Medalla al Mérito Agrícola 2022

Escrito en . Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El sábado 28 de mayo no fue un día cualquiera para el colectivo Mojojoy quien recibió la medalla al mérito agrícola 2022 de las manos de la Ministra de Agricultura Laura Bonilla y del presidente de la República Rodrigo Chaves. 

Durante el acto de premiación se pudo observar al colectivo Mojojoy que en sus camisetas portaban mensajes que decían: “no a la ley de semillas”, “no más agrotóxicos”, “no más monocultivos”, “justicia para China Kicha”, “tierra para el campesino”.

Mojojoy Agri-Cultura es un proyecto que lleva a cabo la recuperación de suelos, la dignificación del saber campesino, la producción de hortalizas sin venenos, el diálogo entre sistemas productivos agrícolas y la necesidad de plantas nativas para la conservación, la democratización del conocimiento, el impulso a una pedagogía para y con la tierra,  la necesidad para el sostenimiento de esto, de la lucha contra la agroindustria tanto en lo productivo cómo en las ideas. 

Según los participantes la protesta se hizo cómo una forma de visibilizar el abandono a la pequeña o pequeño productor agrícola, en denuncia a la mentira que de existe un apoyo real a proyectos de una u otra manera apuntan a una relación más armónica con el ecosistema. Además, desearon visibilizar la lucha por un modelo agrícola alternativo con la lucha de los pueblos indígenas que alrededor del mundo son los defensores de otro tipo de agricultura junto al campesinado y visibilizar que el Estado responde a los intereses de los grandes capitales agrícolas. 

Según el Colectivo Mojojoy, fue una forma de levantar la voz ya que dentro el discurso hegemónico de la agroindustria no existe cabida para este tipo de prácticas y aportar en la lucha por otro modelo de producción distinto al que hoy destruye bosques, es causante de epidemias, desaparece el saber campesino, provoca la desaparición de especies y ha puesto al borde del precipicio a la humanidad entera, declaró el Colectivo Mojojoy, ganador al mérito agrícola 2022 otorgado por el MAG.

 

Compartido con SURCOS por Bloque Verde.

La Inversión en Desarrollo Rural, uno de los escasos aciertos de este período

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

German Masís

A mediados del mes de noviembre, como parte de la presentación de las inversiones que las instituciones del Sector agropecuario han realizado en los territorios rurales, el Presidente Ejecutivo del INDER informó que entre el año 2018 y el 30 de setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29 Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en total se han beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales en todo el país.

Según el Presidente Ejecutivo, las inversiones del INDER incluyen apertura y mejoramiento de caminos, alcantarillado, construcción de puentes, obras de drenaje, sistemas de riego, acueductos rurales, electrificación, infraestructura para almacenamiento y agroindustria, entre muchas otras iniciativas que se articulan con otras entidades, con el fin de que la población y productores rurales cuenten con las condiciones necesarias para mejorar el desarrollo de los territorios rurales, quien agregó que solo para el año 2020, el Instituto aumentó sus inversiones en un 60% con respecto al 2019.(ElPais.cr,12-11-2021).

Entre la inversión efectuada por el INDER en las diferentes regiones, se encuentra la que los habitantes rurales de la Región Brunca han recibido en este año 2021, por un total de ₡2 042 millones en proyectos, inversiones que incluyen un total de 214 proyectos en temas como infraestructura, fomento a la producción y seguridad alimentaria e iniciativas desarrolladas con otras instituciones u organizaciones.

Como parte de esa inversión en infraestructura social y productiva, se menciona una inversión total cercana a los ₡280 millones, de la que se benefician 2.640 pequeños y medianos productores de frijol (1.203 de la región Brunca y 1.437 en la región Huetar Norte), con una estructura vital y relevante, para el acondicionamiento de bodegas para el almacenamiento de frijol en condiciones ambientales controladas, en Pérez Zeledón y Guatuso, cuyo objetivo principal es fortalecer la producción de frijol en los territorios rurales del país, proporcionando instalaciones óptimas de almacenaje, que garanticen productos seguros, competitivos para asegurar la sostenibilidad y el bienestar de los productores y de la reactivación económica en esos territorios. (INDER,26-11-2021).

Igualmente, el INDER ha invertido, en la construcción de 14 módulos especializados para la producción de miel, así como la entrega de insumos y herramientas especializadas, a la Asociación de Mujeres Meliponicultoras de Pérez Zeledón, con el fin de mejorar el manejo de las abejas y aumentar la producción de este producto.

En esta iniciativa invirtió más de ₡124,6 millones, para el beneficio de 15 familias que integran la Asociación, en un proyecto que beneficiará a productoras de comunidades como Pejibaye, Las Mesas, San Ramón Norte, San Antonio, Arco Iris, Las Esperanzas, Veracruz, Santo Domingo, entre otras.

En el mismo sentido, el INDER realizó la entrega de equipos agrícolas y equipos para elaboración de quesos a productores del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. La inversión total fue cerca de ₡6 millones en picadoras de pasto y máquinas ordeñadoras, lo que contribuirá al aumento de las ventas y mejorar la calidad de sus productos.

Los beneficiarios son 7 productores de las comunidades La Tigra, La Palmera, La Gloria de Aguas Zarcas y los asentamientos El Futuro, El Sahíno en Pital de San Carlos y La Españolita y Sevilla XXI de Río Cuarto.

En otra de las iniciativas de inversión, el INDER ha apoyado a Coopehorquetas en el territorio de Sarapiquí, con inversiones cercanas a los ₡149 millones, mediante la que se construyeron las instalaciones de la planta con una inversión de ₡75.8 millones de inversión en la infraestructura, además ha recibido ₡52,1 millones en equipos e insumos para mejorar la producción y se les ha entregado créditos hasta por ₡20 millones.

La organización está conformada por 40 asociados más otros 10 productores independientes. Actualmente, en la planta se procesan cerca de 10 mil palmitos por día que se comercializa con la empresa Nova International Company Foods dada la alianza entre ambas, además la cooperativa es una de las proveedoras del programa de abastecimiento institucional del CNP. (Inder,17-11-21).

Otro de los proyectos que ha contado con la inversión del INDER es la infraestructura del microbeneficio para el procesamiento y comercialización del café, a cargo de las mujeres afiliadas a la Asociación Ideas Productivas Femeninas La Legua de Aserrí. proyecto que consiste en la instalación de un micro beneficio para procesar y comercializar el café hasta el producto final.

En estas obras, el INDER invirtió ₡130 millones, el MAG ₡20 millones y la organización otros ₡30 millones, las beneficiadas directas son las 14 mujeres asociadas a la organización y sus familias, además de otros productores que puedan procesar su producto en el lugar. (INDER,23-11-2021).

Po su parte, el INDER ha contribuido también en la conectividad a internet de las comunidades rurales, ya que recientemente se llevó a cabo la entrega de ₡456 millones por parte de esta institución para el proyecto interterritorial que garantizará acceso al servicio de internet para unas 11.300 personas, quienes habitan y trabajan en cuatro territorios rurales de la Región Central del país.

Esta Iniciativa es impulsada por Coopesantos R.L. y el INDER y la inversión total es de ₡1.139 millones, de los cuales Coopesantos R.L. aportará ₡683 millones y el INDER ₡456 millones. Los territorios rurales beneficiados son Los Santos; Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión; Acosta-Desamparados-Aserrí; y Puriscal-Mora-Santa Ana-Alajuelita-Escazú.

A este proyecto se une el que llevan a cabo el INDER y la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, COOPELESCA R.L., para la colocación de 50 kilómetros de fibra óptica en cinco comunidades de la Zona Norte, para el beneficio de cerca de 5.200 habitantes de La Victoria, La Españolita, Ramón Brenes y Los Lagos en Río Cuarto, y la Unión de Monterrey en San Carlos. La inversión es de ₡529,5 millones, de los cuales el Inder aporta ₡370,7 millones y COOPELESCA ₡158,8 millones. (INDER,23-11-2021).

La información de la inversión de recursos del INDER, es complementaria a la brindada a inicios de este año, en cuanto a que la institución trasladaría a los productores rurales cerca ₡5.000 millones, para el beneficio directo de más de 3.532 familias como parte del programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria.

Entre el 2019 y el 2020 la institución invirtió en este programa ₡4.400 millones, monto que aumenta de manera significativa para este año con la finalidad de fortalecer la reactivación de pequeños emprendedores pecuarios, agrícolas, pescadores y emprendedores de los territorios rurales, con equipos, herramientas e insumos.

Igualmente 6.300 mujeres recibieron apoyo del INDER para el impulso de proyectos agrícolas, pecuarios, de pesca, salud, cuidados personales, medicina natural y costura, así como actividades relacionadas con valor agregado de la producción, aporte que se brinda entendiendo el aporte de las mujeres emprendedoras rurales a las economías rurales.

Del total de 6.300 mujeres beneficiadas, 4.850 fueron apoyadas con iniciativas del programa “Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria”, adicionalmente, otras 1.464 mujeres recibieron créditos blandos para ampliar sus ideas de negocios, a través de los programas de “Crédito Rural”, parte de la Estrategia Motor Rural 2020.

El expresidente Ejecutivo del INDER había afirmado en ese momento que, “esta inversión nos permite impactar positivamente en las economías de muchas familias rurales y mejorar su calidad de vida. Apoyar la productividad agropecuaria nacional es una responsabilidad que hemos asumido y que fortaleceremos durante este 2021 con el objetivo de apoyar la reactivación desde los territorios rurales”. (ElPaís.cr,1-4-2021).

La inversión productiva y el apoyo a los emprendimientos rurales es un esfuerzo que se ubica en el camino de la reactivación económica que el país requiere en este período post pandemia, especialmente en las áreas rurales, en las que los indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad suelen ser más altos.

También recientemente se presentó el Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT).

como un instrumento que busca darle mayores herramientas a las instituciones públicas del país para evidenciar las brechas existentes entre las zonas rurales y las urbanas en las diferentes dimensiones de su desarrollo y con ello poder generar estrategias territorializadas para la reducción de las inequidades.

Con el IDRT se posibilita medir a nivel distrital las brechas del desarrollo existentes en cada uno de los 29 territorios y entre los territorios rurales y con ello, orientar la inversión pública, no solo del INDER sino del conjunto de actores del Estado costarricense. Dicho índice se constituye en una herramienta que, permita dar seguimiento y evaluación al proceso de desarrollo rural y generar las estrategias de articulación y coordinación de los actores públicos con alianzas privadas, para una efectiva gestión e inversión que potencie el desarrollo y disminuya las brechas existentes.

Los indicadores que componen cada uno de los ejes estratégicos se enfocan en la medición del bienestar y la cobertura de la oferta pública que inciden en los hogares, evidenciando las desigualdades territoriales de las zonas rurales del país. (INDER,24-11-2021).

La inversión en el desarrollo de las comunidades rurales y el seguimiento de los indicadores de desarrollo rural por parte del INDER, podría ser uno de los eventuales logros en el balance final de la actual Administración, que los actores sociales debieran tratar de evaluar.

 

Imagen ilustrativa tomada de la página de la UCR.

Planificación estratégica orientada a resultados

Escrito en . Publicado en Derechos.

En el marco del cumplimiento de su tercera misión, la Escuela de Planificación y Promoción Social EPPS-UNA dictará en coordinación con el MAG, un curso de planificación orientada a resultados, para 35 personas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica-MAG ubicadas en las diferentes regiones del país.

El propósito del curso es que las personas participantes interioricen el concepto de planificación estratégica orientada a resultados y su implementación en la gestión institucional, con el propósito de priorizar las acciones que generen mayor valor público.

El master Ángel Ortega Ortega, Director de la EPPS-UNA, indicó que la capacitación tiene como objetivo aportar a los participantes los conocimientos, métodos y técnicas de la planificación orientada a resultados para su aplicación en la planificación de corto, mediano y largo plazo en el contexto de la evolución institucional.

La formación que se desarrollará a lo largo 24 horas de trabajo (3 sesiones de 8 horas), está dirigida a personas profesionales y técnicas que se encuentren laborando y que participan, lo hayan hecho o lo piensan hacer, en procesos de planificación dentro del MAG y que y que brindan asesoría a los tomadores de decisiones o bien aplican la planificación.

El Dr. Juan Carlos Mora Montero, Director del Programa de Maestría de EPPS-UNA e instructor del curso (Planificación estratégica orientada a resultados), comentó que la metodología que se desarrollará en las sesiones durante las mañanas (teoría y habilidades) y por las tardes (aplicación práctica), utilizará el método aprender-haciendo a partir del estudio de caso; según sea el interés de la institución. Los estudios de caso serán generados a partir de las necesidades específicas de los participantes y las entregas teóricas crearán las condiciones para el desarrollo efectivo de los casos.

Cabe mencionar que para la integración de ideas de manera virtual se aplicará la técnica de “prospective workshops” con el propósito de lograr la mayor integración posible de los participantes; asimismo, se aplicarán herramientas virtuales para ir valorando la apropiación de los conceptos clave, vídeos y presentaciones power point.

Los participantes del curso trabajarán en temas relacionados con los procesos de planificación, prospección, seguimiento y evaluación y poseer habilidades para el pensamiento disruptivo como motor de la innovación y la excelencia: “Es deseable que los asistentes al curso-taller sean personas con apertura al cambio y a la aplicación de nuevas fórmulas para resolver los problemas cotidianos) agregó Mora.

El curso se llevará a cabo bajo la modalidad de la presencialidad remota e inicia el 15 de julio de 2021; y es parte de la contribución de la EPPS y de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA al cumplimiento de su tercera misión.

14 de julio de 2021

 

Colaboración: Msc. Efraín Cavallini Acuña -Académico-EPPS-UNA

Compartido con SURCOS por Efrain Cavallini Acuña

Investigación sobre los efectos del plaguicida etropofós

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Jorge Hernaldo Jiménez Bustamante

El Estado como garante de la Salud Pública y vigilante de que la actividad humana hacia el Ecosistema debe atender los perjuicios del plaguicida etropofós.

Interrogamos a las autoridades sobre las medidas tomadas después de conocerse las conclusiones del Estudio realizado por la UCR.

Se ha escrito mucho y se tenido acceso a información sobre el excesivo uso de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes en Costa Rica, que ya por mucho tiempo han sido la preocupación de quienes estudian los factores de riesgo creados por esas prácticas inconvenientes para el ambiente y por ende para la salud.

Hace poco tiempo, en setiembre de 2020 se dio a conocer un estudio realizado por los científicos de la Universidad de Costa Rica sobre las consecuencias ambientales del uso de un insecticida, por cierto de frecuente utilización, en las plantaciones de banano. Se dice que su utilización podría estar cambiando el cerebro de los peces en ríos cercanos a las plantaciones y volviéndolos más vulnerables a los depredadores naturales de esas especies.

En las conclusiones de la investigación realizada publicadas en la revista Scientific Reports se mostró que en ciertas dosis, este químico afecta el sistema nervioso de los peces, los cuales se vuelven más vulnerables porque ya no podrían huir con la misma agilidad cuando son atacados por sus depredadores.

La investigación se llevo a cabo en una especie nativa de Costa Rica conocida como sardinita de río la cual es abundante en las vertientes del Caribe y del Pacífico.

El plaguicida estudiado se llama etropofós, nombre genérico, y que en altas dosis es capaz de aniquilar a los peces en las cercanías de las plantaciones. Pero en una pequeña dosis puede causar una disminución de hasta un 51% en la hormona colinesterasa en la sardinita y bajos niveles de esa hormona están relacionados con contracción muscular, parálisis y fallas respiratorias en peces.

La autora principal de la investigación fue la científica Natalia Sandoval de la Universidad de Costa Rica. El investigador de Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional aseguró que esto podría tener importantes impactos a nivel de ecosistema al escapar el plaguicida hacia los causes de los ríos cercanos a las plantaciones, afectando la población de peces.

En la noticia publicada por el periódico La Nación el viernes 13 de setiembre se afirma que el insecticida etoprofós es muy utilizado en nuestro país particularmente en las plantaciones de banano, a pesar de tener una alta toxicidad ya bien conocida. Y que la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encontró que su exposición en cabras y gallinas les generó aminoácidos radioactivos en hígado y riñones.

Dejar pasar esta información y no hacer nada es la peor actuación que podemos mostrar como país que resguarda el ecosistema y la salud de nuestra población y de nuestro ambiente, que incluye naturalmente a todas las especies vivas que en él habitan.

Nos gustaría preguntar a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a las del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, qué piensan hacer al respecto.

Este ultimo ministerio tiene como misión emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la promoción del uso de las fuentes de energía renovables para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los planes y programas ministeriales y en el Plan Nacional de Desarrollo en el país.

Particularmente me gustaría saber si la actual titular de ese Ministerio la Dra Andrea Meza Murillo ha leído la publicación del Estudio de Investigación y ha dado instrucciones a sus subalternos para enfrentar esta grave contradicción entre ambiente y producción; y si ha coordinado con el Ministro de Agricultura la acción que deberá tomarse para solucionar esta de forma radical.

Abril de 2021.

 

Foto: UCR.