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Etiqueta: MAG

La presencia del sector agropecuario en el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2030: metas e inversión limitada frente a un sector en crisis

German Masís

El martes reciente el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, presentó el Plan nacional de Desarrollo e Inversión pública 2027-2030, denominado Braulio Carrillo, que según el documento “se erige como la hoja de ruta estratégica mediante la cual el mandato democrático otorgado a la Administración Fernández Delgado se traduce en 8 Metas Nacionales, 50 Metas Sectoriales y más de 240 metas de Intervenciones Públicas” (Plan Nacional de Desarrollo, 2026, p.16)

Una revisión del apartado del Plan Nacional dedicado al Sector Agropecuario y una valoración de los alcances de los objetivos y metas en términos del desarrollo de este sector, permite determinar lo siguiente:

En el Plan se han incluido 3 Metas sectoriales, es decir el 6% de las metas sectoriales totales, 15 Metas de inversión pública, que representan también un 6 % de las metas de inversión totales y no hay metas sectoriales desagregadas regionalmente.

La Inversión total en la ejecución de las metas y objetivos en el sector agropecuario asciende a 670 786 043 734,91, alrededor de un 11,5% de la inversión total en el plan de Desarrollo.

Las metas sectoriales son:

Incrementar la oferta productiva agropecuaria dirigida hacia los mercados internacionales para la exportación agrícola, pecuaria y la industria agroalimentaria.

La meta es aumentar el Monto de exportaciones agropecuarias en dólares en 597,198,548 entre el 2027 y el 2030.

Incrementar la productividad del Sector Agropecuario y la generación del empleo, mediante el apoyo institucional a través de la innovación y desarrollo de capacidades.

La meta es aumentar la Productividad laboral anual en colones en 2,088,742 en el período

Promover la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero en las fincas agropecuarias aplicando el modelo NAMA para mejorar el desempeño productivo y ambiental del sector agropecuario.

La meta es captar y mitigar 9,976 Toneladas más de CO2 entre 2027 y 2030.

Por su parte las metas de inversión pública en el sector están ligadas a varios ejes y programas tales como:

En Abastecimiento Institucional, cuyo objetivo es:

Fortalecer las capacidades productivas, comerciales y de gestión de los Productores Primarios Base (PPB) del Programa de Abastecimiento Institucional (PAI), a fin de incrementar su nivel de impacto y participación en los encadenamientos de abastecimiento institucional.

Indicador

La Inversión en este eje será de: 402,933.000.000 financiado con Recursos ordinarios del CNP.

En Investigación y Transferencia de Tecnología Agropecuaria, el objetivo es:

Generar conocimiento científico y tecnológico para contribuir a la competitividad, funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas productivos agropecuarios.

La Inversión será de ₡710 494 699,00 financiado con Recursos ordinarios del MAG-INTA

En Producción Sostenible el objetivo es:

Desarrollar modelos de producción sostenibles en fincas ganaderas y agrícolas mediante la implementación de prácticas y tecnologías adaptadas a cada sistema productivo con el fin de mejorar la eficiencia productiva, reducir el impacto ambiental y resiliencia frente al cambio climático

La Inversión es: ₡233 600 000,00, financiada con Recursos ordinarios MAG-Extensión agropecuaria.

En el Programa Nacional de Control de Calidad de Semillas, el objetivo es:

Fortalecer la producción de semilla para asegurar la disponibilidad de semilla de calidad, mediante el incremento de variedades y del volumen producido.

La inversión será de 1,167,944,787 financiada con Recursos ordinarios MAG y la Oficina nac de Semillas.

En el Programas de Buenas Prácticas Agrícolas, el objetivo es:

Verificar los residuos de plaguicidas en vegetales frescos de producción nacional y productos de importación y exportación para proteger el ambiente y la salud humana con alimentos inocuos.

La inversión es de ₡2 381 438 320,00 000 financiada con recursos ordinarios MAG-Sistema Fitosanitario del Estado.

En el Impulso a la Estrategia de agricultura de precisión en los territorios rurales, el objetivo es:

Impulsar la ejecución de proyectos de agricultura de precisión para la reducción de uso de químicos, plaguicidas y aumento de la producción con uso de tecnología control del recurso hídrico y fertilizantes.

La inversión es de: ₡767 000 000,00, financiada con Recursos del INDER.

En el Sistema de Abastecimiento de Agua para la Cuenca Media del río Tempisque y Comunidades Costeras, el objetivo es:

Impulsar el desarrollo socioeconómico en la región Chorotega a través del incremento en la disponibilidad hídrica en la margen derecha del río Tempisque,

La inversión en este eje es ₡260 641 547 940,00, financiada con Recursos del SENARA préstamo BCIE

En Servicios eficaces y eficientes asociados a la sanidad vegetal y salud animal, es:

Ampliar la cobertura del sistema nacional de vigilancia de resistencia antimicrobiana en sistemas productivos agropecuarios autorizados, para la protección de la salud pública, la sanidad animal y la inocuidad alimentaria.

La Inversión en este eje es: ₡98 157 484,00 financiada con Recursos ordinarios MAG-SENASA

En el Desarrollo de la Maricultura sostenible en Costa Rica, el objetivo es:

Impulsar el desarrollo sostenible de la maricultura en Costa Rica, fomentando la producción de recursos marinos.

La Inversión es: ₡127 000 000,00, financiada con Recursos INCOPESCA-Cooperación Española

En el Programa de inserción de grupos de mujeres y jóvenes de la zona rural, al sector agro productivo, el objetivo es:

Generar emprendimientos productivos para mujeres y jóvenes de la zona rural agrupadas en clubes 4S, con el propósito de lograr su inserción efectiva en el sector agroproductivo o en actividades alternativas.

La Inversión es: ₡320 000 000,00, financiada con Recursos ordinarios MAG CONAC 4-s

Como se puede observar se trata de un conjunto de metas, que se centra sobre todo en el tema de Productividad y Sostenibilidad, con componentes de producción sostenible, de semillas de calidad, de buenas prácticas agrícolas, el manejo agroquímicos, la sanidad animal y un componente nuevo de agricultura de precisión, que es tal vez el único componente de modernización agrícola.

Se introducen componentes adicionales como el de acceso al agua en Guanacaste, que es retomado del proyecto del agua que había sido financiado hace varios años y que ha avanzado poco en su ejecución, el del programa de Abastecimiento institucional en el área de comercialización y el componente de apoyo a la incorporación de jóvenes y mujeres en la agricultura, un tema novedoso a futuro. Sobre el financiamiento de las acciones y metas incluidas en el Plan es claro que provienen en su mayoría de los fondos ordinarios del MAG, algo del INDER y del CNP y no hay ninguna asignación adicional de recursos ni financieros, ni tampoco técnicos.

La revisión efectuada permite, detectar la ausencia de metas en temas claves para la recuperación y fortalecimiento del sector, como el tema del desarrollo agroindustrial y agregación de valor, el de alternativas de comercialización, el del financiamiento agropecuario, el de los seguros agrícolas, el de capacitación técnica y el de la seguridad alimentaria, demasiadas carencias frente a un sector con serios problemas estructurales y abandonado por la institucionalidad pública desde hace varias décadas

Pese a lo mencionado las metas y objetivos incorporados, pretenden enfrentar los desafíos que el mismo plan señala y cuyas dimensiones son el resultado del rezago del sector agropecuario durante de varias décadas. Ellos son:

Fortalecimiento de la productividad, competitividad y generación de valor agregado

Reducción de la vulnerabilidad del Sector Agropecuario frente al cambio climático

Disminución de las disparidades territoriales y sociales, mediante la generación de empleo de calidad, la inclusión productiva

Fortalecimiento de las oportunidades para mujeres y personas jóvenes en el medio rural.

Enormes desafíos, para los limitados alcances de las metas y recursos del Plan.

El Plan a su vez, aporta un diagnóstico sectorial, que menciona algunas las debilidades tanto a nivel macro como micro del sector, resultado de una transformación que sitúa al agro, como una actividad secundaria que ha visto reducirse dramáticamente su papel en la economía, en la generación de empleo y en la producción de alimentos.

Señala “en términos macroeconómicos, que la participación relativa del sector en el PIB nacional se redujo de 4,0% a 3,6%, aunque el sector mantiene una balanza comercial superavitaria y una participación relevante en la generación de divisas.

A nivel microeconómico, indica que la población ocupada disminuyó en 8,2%, pasando de 217 104 a 199 248 personas (INEC), lo que refleja procesos de ajuste productivo, migración hacia otros sectores y cambios en la composición de la fuerza laboral.

En el ámbito socioeconómico, si bien los indicadores de pobreza han mejorado a nivel nacional, existen diferencias entre zonas urbanas y rurales. En 2025, la pobreza rural (19,3%) y la pobreza extrema (5,5%) superan las registradas en zonas urbanas (13,6% y3,1%, respectivamente), lo que evidencia condiciones de mayor vulnerabilidad en los territorios rurales.

Además, afirma que persisten situaciones estructurales que requieren atención estratégica como la participación de las mujeres en el empleo agropecuario continúa siendo limitada (alrededor del 13,6%) y se mantienen diferencias en los niveles de ingreso por sexo. Asimismo, se evidencia una disminución en la participación de población joven, lo que plantea desafíos importantes en términos de relevo generacional y sostenibilidad futura del sector.

Asimismo, el sector enfrenta una alta vulnerabilidad frente al cambio climático, lo que incide en la estabilidad de la producción y en los ingresos de las personas productoras. En este contexto, resulta necesario avanzar hacia sistemas productivos más resilientes, sostenibles y eficientes en el uso de recursos”. (Plan Nacional de Desarrollo, 2026, p.104)

No obstante, pese a las debilidades y vulnerabilidades apuntadas, el diagnóstico pretende brindar un panorama optimista al mencionar que, “el sector evidencia una evolución positiva en un contexto desafiante y que el agro mantiene una base productiva sólida, que enfrenta el reto de acelerar su crecimiento relativo mediante mayor valor agregado, innovación y diversificación productiva”.

Así mismo, el diagnóstico presenta como válidos argumentos alejados de la realidad de la mayoría de los productores de diferentes actividades productivas, como la afirmación de que “las condiciones de costos de producción muestran una mejora significativa, por la disminución entre 2022 y 2025, en los precios de insumos como fertilizantes, agroquímicos y alimentos concentrados, destacando la caída del 57,5% en el precio de la urea, disminución que contribuye a mejorar la rentabilidad de las unidades productivas, aunque el sector continúa expuesto a la volatilidad de los mercados”, argumento a la postre erróneo y desactualizado, y que marca una condición diametralmente opuesta en la actualidad.

Tampoco acierta el diagnóstico, con respecto a la evolución del agro como actividad económica, al establecer que entre 2022 y 2025, el Producto Interno Bruto Agropecuario creció aproximadamente 4,5%, lo que confirma una recuperación sostenida de la actividad productiva. Este crecimiento se acompaña de un incremento del 13,6% en el Índice Mensual de Actividad Agropecuaria (IMAGRO), reflejando una expansión general de la producción, particularmente, en actividades pecuarias y de apoyo” (Idem, PND,pag103), crecimiento que en los últimos dos años ha sido negativo del -2%, mientras que el IMAGRO ha fluctuado constantemente con crecimientos negativos en varios meses, que ha hecho pensar en una recesión del sector.

Por el contrario, la realidad de la producción agroalimentaria nacional, es mucho más compleja y angustiante para muchos agricultores, como han reconocido productores y autoridades en diferentes regiones, el sector agrícola de Costa Rica enfrenta una de las crisis más graves de la última década, factores climáticos extremos, el avance de plagas y enfermedades, así como el aumento de los costos de producción(y de las importaciones), han puesto en riesgo la estabilidad de familias dedicadas a la agricultura y la ganadería, a lo que se suma que el fenómeno del Niño ha impactado de forma desigual diferentes zonas productivas(Infobae,14-6-2026.)

Frente a esa realidad del sector, el Plan Nacional de Desarrollo ofrece una propuesta limitada e insuficiente en sus metas, acciones y recursos y poco comprometida con el mejoramiento de las condiciones productivas, tecnológicas, comerciales, financieras y de los medios de vida que requieren los agricultores, sus familias y el medio rural.

Área de la producción orgánica se reduce en 16% durante lo que va de la administración Chaves-Robles

Comunicado de la Federación Ecologista:

Mandatos ministeriales de Víctor Carvajal Porras hacen desplomarse producción orgánica.

Según los datos publicados hoy 26 de febrero de 2025 por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) el área dedicada a la producción orgánica certificada se redujo un 8,6% en tan sólo un año. Pasando de 10359.65 en el año de 2024 a 9.466.84 hectáreas para al 2025.

Hay que recordar que en setiembre del 2024 el Movimiento Costarricense de Agricultura Orgánica (MAOCO) denunció que se había desmantelado el Departamento de Agricultura por decisión del ministro Víctor Carvajal Porras.

Sumado a eso Carvajal también había decidido desarticular la Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica “al margen de la legalidad, contraviniendo los principios más básicos de la administración pública y la participación social en materia de política alimentaria”, denunció el MAOCO en ese momento.

Cabe señalar que en el 2022 cuando la administración Chaves-Robles inició el Departamento de Agricultura Orgánica tenía cuatro funcionarios. A la fecha, la extinta dependencia sigue sin ser sustituida por ninguna otra estructura u oficina articuladora. Dejando en el vacío institucional todo un sector dedicad a la producción libre de pesticidas.

Cabe resaltar que la Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica (Ley n°8591) en su artículo 8 señala que: “corresponde al MAG realizar las labores de promoción, desarrollo, fomento, administración y control de la actividad agropecuaria orgánica.” disposición legal que el señor Carvajal Porras parece desobedecer al mirar las estadísticas desplomarse.

Los números son más dramáticos cuando comparamos el área sembrada como orgánica certificada en el 2022 con los datos del 2025. En lo que va de la administración Chaves-Robles se han perdido 1.800 hectáreas de producción orgánica, un 16% menos que en el año 2022.

Fecon, 26 de febrero 2026.

MAG reclasifica drones como equipos de fumigación terrestre: ¿avance tecnológico o flexibilización regulatoria?

Observatorio de Bienes Comunes

¿El MAG moderniza la agricultura o abre la puerta a más agroquímicos desde el aire?

Un nuevo decreto reclasifica los drones como “equipos terrestres”, reduciendo controles y ampliando el uso de plaguicidas justo donde las comunidades ya viven rodeadas de fumigación. La tecnología avanza… pero los riesgos también.

¿Qué implica realmente este cambio?

¿Quién asume los impactos en los territorios?

¿Qué nos enseña el caso reciente de Entre Ríos, Argentina?

Leé el análisis completo del Observatorio de Bienes Comunes UCR aquí:

https://bienescomunes.fcs.ucr.ac.cr/mag-reclasifica-drones-como-equipos-de-fumigacion-terrestre-avance-tecnologico-o-flexibilizacion-regulatoria/

Comunidades y organizaciones exigen medidas ante intoxicación por agrovenenos en escuela de San Isidro de Heredia

El Colectivo Agroecológico Zurquí (CAZ) y diversas organizaciones y personas de la sociedad civil manifestaron su profunda preocupación por la reciente intoxicación de 17 estudiantes de la Escuela Santa Cecilia de San Isidro de Heredia, ocurrida el pasado 24 de septiembre, tras la aplicación de un herbicida en una tomatera ubicada detrás del centro educativo.

En un comunicado urgente, el CAZ expresó su solidaridad con la comunidad afectada y calificó la situación como “indignante e inaceptable”. La agrupación hizo un llamado a apoyar la producción agroecológica basada en prácticas sustentables y libres de agrovenenos, al tiempo que exigió la declaratoria de San Isidro y otros cantones heredianos como zonas libres de agroquímicos en áreas públicas, ecológicas o de riesgo para la salud humana.

“La salud de nuestra niñez no se negocia. ¡Exigimos una infancia libre de venenos!”, enfatizó el Colectivo en su pronunciamiento.

Por su parte, en el pronunciamiento público conjunto, suscrito el 26 de septiembre de 2025, las organizaciones firmantes denunciaron que este hecho revela una problemática estructural: el uso indiscriminado e irresponsable de agroquímicos altamente tóxicos en zonas residenciales, escolares y comunitarias, sin la debida supervisión ni fiscalización estatal.

El documento exige una investigación inmediata y transparente por parte del Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación Pública (MEP) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para esclarecer los hechos, determinar responsabilidades y aplicar sanciones ejemplares. Asimismo, plantea la necesidad de establecer zonas de resguardo alrededor de centros educativos y áreas de recarga acuífera donde se prohíba la fumigación con agroquímicos peligrosos, además de fortalecer la educación ambiental y la promoción de la agricultura orgánica y agroecológica.

Las organizaciones subrayan que “la vida, la salud y el ambiente deben estar por encima de cualquier interés económico” y llaman a los medios de comunicación, instituciones públicas y comunidades a actuar con urgencia ante una situación que, señalan, no es un hecho aislado sino reflejo de un modelo productivo que requiere transformación profunda.

Entre las firmas que respaldan el pronunciamiento se encuentran:

  • Colectivo Agroecológico Zurquí
  • Organización Regenerativa Matzu Insigne
  • Centro Agrícola Cantonal de Santa Bárbara
  • Finca Agroecológica La Amelia
  • Huerto del Colibrí
  • Red de Agroecología de Costa Rica
  • Finca Agroecológica La Plántula
  • Grupo de Vecinos Preocupados por los Agroquímicos de San Isidro
  • Puentes Comunes

Ambos comunicados concluyen con un mensaje común: la defensa de la salud, la niñez y el ambiente frente al uso de sustancias químicas que amenazan la vida y la integridad de las comunidades rurales.

Paperos costarricenses reportan pérdidas de hasta 15 000 millones por cambios en las normativas de importación

Por José Alejandro Sánchez Rodríguez | Con la voz experta de Dr. Arturo Brenes Angulo

El sector papero costarricense ha sido víctima de una serie de acontecimientos que, desde distintos frentes, han incrementado su ya maltrecha economía a lo largo de los últimos meses.

El pasado lunes 24 de marzo, tres representantes del sector papero nacional dieron declaraciones ante la Comisión de Cartago de la Asamblea Legislativa, denunciando pérdidas de hasta ¢15.000 millones a causa de políticas nacionales relativas al sector agrícola que —según indican— benefician al producto importado, el cual ha generado ganancias de hasta ¢4.500 millones a costa del producto nacional.

Los comparecientes hicieron referencia al decreto ejecutivo Nº 43853-MAG-MEIC-COMEX, aprobado en 2023, el cual facilita la importación de la llamada “papa industrial”, la cual es utilizada para la producción de alimentos procesados, como papas fritas o tostadas.

Debido al desabasto de papa en los meses recientes, que se debió en parte a la falta de estímulo en la producción por los bajos precios del tubérculo durante finales del 2023 e inicios del 2024 y la extensa temporada de lluvias de finales del 2024,  el Ministerio de Agricultura levantó también la restricción para el ingreso de papa para consumo fresco, con el objeto de mantener la oferta al consumidor. 

Sin embargo, esta medida tiene dos grandes inconvenientes: por una parte, la papa importada compite deslealmente con el producto nacional y segundo, esta importación representa una puerta más, abierta al ingreso de nuevas plagas o enfermedades para el cultivo de la papa, que podrían aún no estar presentes en nuestro país.

El Dr. Arturo Brenes Angulo, investigador del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) explica que el sector se vería seriamente afectado por el bajo precio con el que ingresaría la papa importada.

Por consecuencia, según lo establecido en decreto, la papa importada pasaría de tener un arancel para la nación más favorecida equivalente a un 45% de Derechos Arancelarios a la Importación (DAI) a un impuesto 14% de DAI (sin tomar en cuenta, en ambos escenarios, el impuesto del 1% por Valor Aduanero Mercancías Importadas). 

Debido además a que los precios de la mayoría de las hortalizas nacionales son regulados por intermediarios, estos ofrecerían menos por un tubérculo nacional que es producido sin las subvenciones con que cuenta el sector papero en Estados Unidos, afectando aún más los pobres ingresos de nuestros productores, que cada vez tienen el panorama más difícil debido a los altos costos de las semillas e insumos para la agricultura.

De acuerdo a Brenes, las papas que usualmente se importan son tratadas previamente, en las bodegas donde se almacenan, con productos que evitan su brotación y se mantienen a bajas temperaturas para conservar su calidad. Cuando son exportadas, se mantiene la cadena de frío dentro de los contenedores en los cuales se envían. Al llegar a nuestros puertos, usualmente se rompe la cadena de frío, lo que provoca que la papa se brote y se deshidrate, afectando incluso su sabor.  

El Dr. Brenes puntualizó que existe la posibilidad de que las papas importadas puedan venir infectadas con la enfermedad conocida como Zebra chip, provocada por la bacteria Candidatus Liberibacter solanacearum. Esta enfermedad se ha extendido en varios países de América Latina y aún no existe evidencia de que se encuentre en el país, por lo que debe evitarse su llegada. 

Hasta ahora, se ha logrado evitar la entrada de muchas enfermedades del cultivo gracias a las medidas fitosanitarias vigentes. Es necesario recordar que la N° 7664, la Ley de Protección Fitosanitaria, resalta en el Artículo 45 la importancia de que el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) “asegure” que las medidas fitosanitarias se basen en una evaluación adecuada de los riesgos existentes para la vida y la salud de las personas o la protección de los vegetales”. Sin embargo, esta misma ley facilita que los requisitos sean establecidos a través de decretos ejecutivos, lo que permite que se generen cambios en las normativas de importación.

Discusión en plenario

El pasado 21 de abril la diputada liberacionista Paulina Ramírez Portuguez usó su intervención de control político en el plenario para hacer referencia al levantamiento de las restricciones fitosanitarias para la importación de papa y cebolla.

Ramírez denunció que las consecuencias favorecen de forma desleal a cierto grupo de importadores, los sugeridos por el Gobierno y el Banco Central, afectaciones a los productores nacionales y la falta de beneficios reales para los consumidores. La congresista también  hizo referencia a las enfermedades que podrían traer estas importaciones y a la competencia que supondría con la papa de mesa producida en el país. 

Puede escuchar la intervención completa en el siguiente enlace: 

Pronunciamiento de la Corporación Hortícola Nacional

Dentro de este mismo marco, la Corporación Hortícola Nacional se pronunció en contra de las acciones del SFE, aludiendo al peligro que sufre el productor nacional desde  frentes como la competencia desleal, las enfermedades que traerán los productos y las consecuencias que vendrían con las importaciones ilegales. La organización, se manifestó siempre a favor de la defensa de los productores nacionales. 

También aprovecharon para resaltar la importancia de que el SFE vele por la seguridad de los productos, proponiendo que la institución revise las lavanderías en Cartago y Zarcero, presuntos puntos de comercio ilegal en Costa Rica

MAG obstaculizará la agricultura orgánica con nuevo reglamento

  • Movimiento de Agricultura Orgánica se opone a reforma.

  • La nueva normativa golpeará a pueblos indígenas y pequeños productores orgánicos.

Comunicado

El Ministerio de Agricultura y Ganadería impulsa un reglamento cuestionado por el impacto negativo que tendrá en los pequeños y pequeñas agricultoras, pero sobre todo en territorios indígenas.

Con esta propuesta de Reglamento, el cierre del Departamento de Agricultura Orgánica, y el cierre de la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica, una vez más el gobierno muestra que su interés en la agricultura orgánica es solo de palabras, no de hechos.

El pasado 10 de octubre, se publicó en la página de Consulta Pública del MAG, el nuevo “Reglamento Técnico” el cual modificaría el decreto ejecutivo n°29782 conocido como “Reglamento de Agricultura Orgánica” y el “Reglamento a la Ley N° 8591 Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica”, decreto N°35242. Ambos documentos regulan actualmente el quehacer de la producción orgánica en el país, definen como se maneja la finca día a día. Pero la actual administración pretende volver más engorroso su cumplimiento, desincentivando así esta importante actividad.

Una preocupación central es la falta de consulta a los pueblos indígenas quienes serán los mayores afectados de este reglamento. El cambio en la normativa podría afectar mucho la producción orgánica en territorios indígenas por solicitar el registro individual de la tierra en el registro Nacional, lo cual es imposible en las zonas indígenas con esquemas de propiedad colectiva resguardada por la Ley Indígena. La certificación orgánica es un requisito para que los productos indígenas puedan ser exportados a Europa y Estados Unidos y para la venta a nivel nacional.

Según la Asociación de Agricultores Orgánicos de Talamanca (UCANEHÜ), “actualmente, en Talamanca existen más de 1500 productores de banano orgánico certificados, quienes nos veríamos afectados por cambios en este reglamento. Las ventas quincenales de banano orgánico son un ingreso importante que sostiene a muchas familias, y que reconoce nuestra forma tradicional de producir alimentos”.

Un cambio fundamental es que, a todos los operadores, se les pide un análisis de residuos ocasionalmente, pero con la reforma los Grupo de Producción Orgánica (GPO) se le estarán exigiendo todos los años a pagar análisis de residuos para un 2% de sus productores. Esto haría que productores orgánico-indígenas tengan que invertir grandes sumas de dinero en análisis que haría inviable la producción orgánica. Para MAOCO, el control no es el problema, el problema es el costo de esos análisis para micro y pequeños productores, especialmente indígenas.

Para el Movimiento de Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO), el control en temas de integridad orgánica es importante, pero el endurecimiento de las normas de producción orgánica en temas que no afectan la integridad o calidad del producto es contraproducente, y provocaría un desincentivo más a la actividad, haciendo que muchas de estas iniciativas desaparezcan, sobre todo la pequeña y mediana escala.

Para la presidenta de Asociación Orgánica Guanacasteca, Irene Burgués la propuesta del gobierno “imposibilita la certificación a la mayoría pequeños productores orgánicos al pedirles nuevos requisitos, que se sabe que no pueden cumplir por la naturaleza del productor. Lo peor de todo, es que estos nuevos requisitos nada tienen que ver con garantizar la naturaleza orgánica del producto, e imposibilitan el crecimiento de la agricultura orgánica, que es parte de la solución a la crisis de contaminación de nuestras aguas.”

Información compartida con SURCOS por Henry Picado.

Agua contaminada para Guanacaste

Gadi Amit
Confraternidad Guanacasteca

Acabo de oír la presentación del ministro de Agricultura Víctor Carvajal y unos subordinados, el 28 de octubre en la comisión de Guanacaste, sobre proyecto de Agua contaminada para guanacaste.

El MAG y SENARA trabajan para hacer un embalse en rio Piedras para tener más agua para riego. Este proyecto es inviable económicamente, así lo indican todos los estudios de factibilidad. La ministra Laura Fernández señaló que todo el capital del préstamo para las obras y los intereses serían asumidos por el Gobierno, es decir el Estado, es decir por cada uno de los habitantes del país.

Tratan de justificar la enorme inversión, diciendo que llevarán agua potable a toda la provincia. Pero el agua que traen está contaminada.

Y en Guanacaste, está el acuífero del rio Tempisque, que puede abastecer miles de m3 de agua de los acuíferos subterráneos, de buena calidad y distribuida en los diversos cantones, Liberia, Carrillo, Santa Cruz, Nicoya.

Hoy esas aguas se usan en riego. Pero son del Estado y se le pueden pasar al AyA sin costo o gastos.

No hace falta agua, no hace falta potabilización, no hace falta transporte, no hace falta PAACUME – SENARA – MAG.

AyA no quiere el agua contaminada para guanacaste.

El presidente Chaves y su equipo, SI quieren venderle eso a los guanacastecos.

¿Usted qué opina?

La crónica de una muerte anunciada que algunos nos resistimos a aceptar

Carlos Soto

Unos 44 años atrás por iniciativa de productores conscientes de la contaminación de los pesticidas para ellos, sus familias y el ambiente, además de los altos costos de los insumos de síntesis química; la cooperación internacional y algunas ONG nacionales, nos dimos a la tarea de promover la agricultura orgánica en el país.

Al 2023, el MAG reportó poco más de 10.000 ha. bajo producción orgánica en el país, en contraste con las 348.000 ha. de cultivos convencionales; es decir un 2,9% del total de superficie bajo cultivo.

No obstante, cabe aclarar que el área orgánica está dedicada principalmente a productos de exportación (café, banano, piña, azúcar, entre otros), reduciendo aún más el área destinada para el mercado nacional, propósito principal de los pequeños productores del país, y sobre cuyo esfuerzo y sacrificio de nuevo, se montaron y aprovecharon las grandes empresas exportadoras, que nunca participaron, aportando tiempo y/o dinero, en las negociaciones con el gobierno, para crear la ley del 2007, iniciativa de productores, con el apoyo de la cooperación internacional, las ONG y diputados de la Asamblea Legislativa del momento, de la cual hoy usufructúan.

Así las cosas, queda claro el manifiesto desinterés en la promoción de la agricultura orgánica de los diferentes gobiernos, que al parecer tiene su remate final con el de turno.

Esta afirmación, tiene su evidencia en que 35 años después de la aprobación de la ley de agricultura orgánica, el MAG no había creado aún el «Departamento de Fomento a la Producción Orgánica» (DFPAO), responsable de su implementación; lo que claramente confirma el desinterés de los gobiernos por hacer cumplir la ley y de los diputados por su fiscalización.

Sobre el desmeritamiento histórico que ha sufrido la agricultura orgánica en el país, tenemos algunos señalamientos:

– Ser una actividad productiva inducida inicialmente por pequeños productores, y no por grandes productores o el gobierno.

– Falta de control político de la sociedad civil, productores (por falta de recursos que les otorgue capacidad) y diputados, para el cumplimento de la ley.

– El haber observado la agricultura orgánica como una agricultura donde se sustituyen insumos convencionales por orgánicos, y el productor controla (es el centro) de todo el proceso productivo; y no como una agricultura ecológica, donde el productor más bien es parte del proceso productivo.

– El enfrentamiento de los pequeños productores orgánicos en desigualdad de condiciones, con un sistema político – económico dominante de la economía nacional, que privilegia la importación, elaboración y utilización de agroquímicos, así como el monocultivo de productos convencionales y la exportación.

– La generación de un círculo vicioso limitada oferta – limitado consumo – limitada oferta, que obstaculiza el crecimiento y desarrollo de los mercados nacionales.

– La comercialización en el mercado nacional de productos orgánicos con un mayor costo que los convencionales, sobre la premisa de algunos productores de sus altos costos de producción, en contraposición de quienes los adversan, señalando más bien sus bajos costos.

– La visión negativa que en los últimos tiempos han tomado para los consumidores los productos orgánicos (acceso a ellos), en el mercado nacional, quiénes por su limitada oferta y altos precios, los consideran productos «gourmet».

– Nuestra educación, cultura y promoción alimentaria, dependiente de la producción, dieta y estilo de vida importada de otros países, dominada por comidas rápidas de baja calidad y limitada diversificación.

– Altos costos de certificación de tercera parte para el mercado nacional; y falta de promoción, apoyo e implementación del Estado, de la certificación participativa para este mercado.

– Falta de información y educación al consumidor nacional sobre la importancia y beneficios de la producción orgánica.

– Salida del país de la cooperación internacional, aliado económico de la gestión de la agricultura orgánica nacional.

– Existencia de una escuela de agricultura orgánica (CNEAO) para pequeños productores del INA en la Chinchilla de Cartago, con 28 años de creación, graduando cientos de estudiantes de todo el país, de los cuáles se desconoce la aplicación de los conocimientos adquiridos en su experiencia productiva.

– La confusión generada en los consumidores, a los que el mercado nacional les ofrece una oferta distorsionada de productos orgánicos, bajo calificativos como: producidos de manera natural, sostenible, en equilibrio con el ambiente, sin agroquímicos, como productos eco y/o ecológicos, etc.

Probablemente existan más señalamientos de los aquí anotados, que han limitado el desarrollo de la agricultura orgánica en el país; no obstante, éstos nos llevan a plantear que quizá parte de la solución para que la agricultura orgánica no se quede sin apoyo Estatal, implicará un movimiento social de productores, organizaciones de la sociedad civil y otros actores vinculados e interesados en la actividad, que busquen y establezcan alianzas y sinergias con entidades de defensa de los intereses de los ciudadanos y diputados de la Asamblea Legislativa, interesados, proclives o sensibles al tema, tal que sean ellos los que se encarguen no solo de llamar a cuentas al gobierno, sino también de salvaguardar el contenido de la ley y su ejecución, dejando para el futuro los mecanismos de control viables, factibles y sostenibles, para garantizar que la ley nunca más vuelva a estar en peligro de ser manipulada, de quedar sin efecto, o de desaparecer.

Imagen: https://agroecologa.org

Gobierno de Chaves desmantela Departamento de Producción Orgánica en el MAG

  • El MAG ha llevado a cabo la desintegración del Departamento de Producción Orgánica sin criterio técnico, sin consulta pública y desobedeciendo la normativa nacional.

  • Desde inicios de septiembre de 2024, no hay una persona encargada de la inspección, el apoyo, la asesoría o el seguimiento a las personas productoras orgánicas.

MAOCO. El Ministerio de Agricultura y Ganadería, sin importar el color político del gobierno de turno, siempre ha otorgado un lugar marginal a la agricultura orgánica. No se recuerda, en tiempos recientes, una administración que haya apostado por la aplicación real de la Ley 8591 (Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica), pero el gobierno de Rodrigo Chaves ha radicalizado esta inacción. El ministro Víctor Carvajal Porras ha acelerado el cierre de los pocos espacios dedicados a la producción orgánica. En lo que va del año, Carvajal ha cerrado tanto la Comisión Nacional de la Actividad Agropecuaria Orgánica como el Departamento de Producción Orgánica.

Bajo el supuesto de un proceso de “reestructuración” institucional, se han eliminado los espacios de apoyo técnico a las personas productoras orgánicas y la participación política de las organizaciones dentro del Ministerio. Todo esto ha ocurrido al margen de la legalidad, contraviniendo los principios más básicos de la administración pública y la participación social en materia de política alimentaria.

En mayo de 2022, al inicio de este gobierno, el Departamento de Producción Orgánica contaba con cuatro personas, quienes han sido reubicadas en otras labores, tanto dentro como fuera del Ministerio de Agricultura y Ganadería.

El Movimiento por la Agricultura Orgánica Costarricense (MAOCO) denuncia que, a septiembre de 2024, no hay un solo funcionario encargado de velar por el cumplimiento de las inspecciones en fincas orgánicas, dar seguimiento a los procesos de transición, o apoyar a las asociaciones de productores orgánicos y a los Grupos de Personas Productoras Orgánicas (GPO). En síntesis, no hay nadie trabajando en la promoción de la agricultura orgánica, desobedeciendo el artículo 10 de la ley, que indica que por medio de una oficina especializada el MAG destinará los recursos humanos y materiales necesarios para cumplir los fines de la ley.

Desde MAOCO consideramos que el ministro Carvajal ha abandonado sus funciones, tal y como lo establece la Ley 8591 (Ley de Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica). Las órdenes ministeriales dispusieron la reubicación de las personas encargadas de las funciones de apoyo al sector orgánico, así como de la inspección y el cumplimiento del artículo 8 del Decreto N.º 35242-MAG-H-MEIC, “Reglamento para el Desarrollo, Promoción y Fomento de la Actividad Agropecuaria Orgánica.

El desmantelamiento del Departamento de Producción Orgánica, la salida del personal a cargo, y la reestructuración que está ocurriendo dentro del MAG se están llevando a cabo sin ningún sustento técnico, legal ni participación de organizaciones, agencias certificadoras o personas productoras afectadas.

Desde MAOCO, además, denunciamos que, al parecer, las altas esferas del MAG están trabajando en una nueva versión del Decreto 29782, «Reglamento de Agricultura Orgánica», sin compartir ni invitar al sector orgánico a participar.

Imagen: https://agroecologa.org

Ministerio de Agricultura y Ganadería se opone a derogar el actual reglamento de Aviación Agrícola

Por José Daniel Gamboa Araya

El día de ayer, desde la Asociación para el Desarrollo de la Ecología, se emitió un comunicado dirigido a la Licda. Natalia Díaz Quintanilla, Ministra y Presidenta del Consejo Nacional Ambiental (CNA), solicitando asistencia técnica para la elaboración de un nuevo Reglamento para las Actividades de Aviación Agrícola. Esta petición se basa en la preocupación por el bienestar de los costarricenses y la necesidad de actualizar las regulaciones ambientales en este ámbito.

El comunicado, respaldado por el oficio DM-MAG-1113-2021 emitido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en noviembre de 2021, apela a la conciencia e integridad de las autoridades competentes para garantizar la protección del medio ambiente y la salud de la población. Se solicita la colaboración de representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Costa Rica o de un organismo internacional similar para asesorar en la elaboración de un nuevo reglamento que se ajuste a estándares internacionales y regulaciones ambientales más avanzadas.

El comunicado resalta la importancia de establecer adecuadas «Zonas de amortiguación» para la fumigación aérea, así como la necesidad de protocolos escritos y normas preventivas para proteger a los trabajadores agrícolas y a la población en general de la exposición a productos químicos tóxicos.

Sin embargo, el MAG ha manifestado su oposición a la derogación del actual Reglamento para las actividades de la Aviación Agrícola, plasmado en el Decreto Ejecutivo Nº 31520-MS-MAG-MINAE-MOPT-MGPSP, argumentando que dicha norma cumple con su objetivo y que no se han presentado criterios técnicos que demuestren que ha quedado obsoleto.

La discusión sobre este tema continúa abierta, y se espera que las autoridades competentes consideren todas las perspectivas y evidencias disponibles para tomar decisiones que beneficien a la sociedad y al medio ambiente.

Imagen ilustrativa.