Ante resolución del Tribunal Contencioso Administrativo: Ni el gobierno de Rodrigo Chaves ha emitido un decreto para proteger abejas, ni tampoco el Fipronil está (o estaba) prohibido para uso agrícola en Costa Rica
En el Decreto Ejecutivo 43767 “se prohíbe solamente el uso profesional e industrial del plaguicida fipronil. Sin embargo, el uso más difundido de este plaguicida, y el que está causando severas afectaciones ambientales, es el uso agrícola y veterinario” Señaló el Dr. Elidier Vargas, agrónomo ex funcionario – pensionado de DIGECA y consultor del Pnud para el estudio “Uso aparente de plaguicidas en la agricultura de Costa Rica”.
El uso industrial y profesional está relacionado con la aplicación que realizan empresas de este producto en instalaciones físicas, recintos cerrados, edificios o casas, eso es solamente lo que cubre el decreto impugnado en el Tribunal Contencioso por una compañía privada que impugnó el decreto.
El uso agrícola no se ha cambiado, mucho menos prohibido con el decreto en mención, por cuanto el grueso del uso del fipronil siempre ha estado permitido ya que queda en evidencia en el informe DAJ-MINAE-0354-2021 que fue el MAG quien se opuso a sacarlo del mercado y está pendiente de elaborar su propio decreto ejecutivo pues considera que el uso agrícola y veterinario es solamente su competencia.
“Mientras eso no suceda, las abejas y otros insectos polinizadores, incluso otros organismos silvestres seguirán viéndose afectados, según describe el MINAE en los informes que ha entregado a la Sala IV”, aseguró el especialista.
Esos son los riesgos del uso del fipronil en las condiciones que actualmente se utiliza en la agricultura de Costa Rica, según indica el MINAE y siguen vigentes ante el uso del fipronil en campos agrícolas.
Por lo tanto, esta medida cautelar solicitada ante el Tribunal Contencioso Administrativo, es de poco impacto para la protección o desprotección ambiental de las abejas. Queda claro que el principal responsable de la muerte masiva de abejas es el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hasta tanto el MAG no asuma su responsabilidad sobre ese tema seguirán muriendo polinizadores.
Este jueves 25 de enero, se presentó la política pública para el sector agropecuario, en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), con la participación del Ministro de Agricultura y Ganadería, el Presidente de la República y representantes de instituciones y organizaciones del Sector agropecuario.
En la presentación e introducción se incluyen las características de la actividad agropecuaria, en el estado de situación del sector, la evolución y comportamiento del mismo y en la estrategia, los desafíos, ejes y acciones a ejecutar para los próximos 10 años. (MAG,2023,32 p.)
Menciona en la presentación, que “el sector agropecuario costarricense atraviesa una situación crítica, por lo que requiere de un esfuerzo interinstitucional que, bajo la rectoría del Ministerio de Agricultura y Ganadería; permita rescatar al sector productivo nacional”, en completa alusión a la realidad.
Agrega “durante muchos años, el Ministerio y las instituciones del Sector han reducido su presencia en el campo, por lo que la asistencia técnica, la investigación y el traslado de conocimiento se han visto reducidos, ocasionando afectaciones importantes en quienes se beneficiaban de dichos servicios, las personas productoras”, enorme verdad, el desmantelamiento de la institucionalidad ocurrido desde la década de los 80 y 90, ha tenido efectos negativos para los agricultores, que los distintos gobiernos han hecho muy poco por revertirlos.
Establece el Gobierno, que “con la presente Política, esperamos materializar una serie de acciones concretas, orientadas a la reactivación de un sector económico, que más que importante es indispensable para el desarrollo rural, haciendo uso de herramientas tecnológicas y generando más puestos de trabajo, calificados y no calificados, (orientadas) a recuperar el atractivo económico de invertir en el Sector Agropecuario nacional”, esta parece ser la gran aspiración de la propuesta.
Afirma que “estamos iniciando un cambio radical y asignando más recurso humano para potenciar las áreas de mayor impacto para las personas productoras. Acompañando las acciones antes mencionadas, debemos impulsar aquellos cultivos que a su vez podamos procesar en el país, exportar o vender localmente ya transformados; buscando el beneficio de las zonas rurales, mediante encadenamientos y agregando valor para generar riqueza”, perdiendo de vista la tradicional división de la actividad, en una actividad exportadora y otra para el mercado interno, que disponen de condiciones y recursos muy desiguales.
La pretensión del Gobierno es que “con esta política, se busca que las instituciones que forman parte del Sector Agropecuario respondan a las necesidades actuales del sector productivo, y repercutan en un sector más productivo, competitivo y sostenible, que cada día genere más y mejores retornos tanto económicos como sociales”, viejos propósitos que igual se quedaron en el discurso en anteriores Gobiernos.
Por su parte, en una práctica que ha sido común en todos los Gobiernos, se deja a la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial (SEPSA, la elaboración del Plan Sectorial para operativizar la política, la definición de las acciones concretas, plazos y los indicadores de seguimiento, labor por lo general sin la participación de los productores y sus organizaciones.
En la argumentación sobre la importancia y la situación de la actividad agropecuaria, se reconoce la gran relevancia económica y social del Sector agropecuario; en su participación en el Producto Interno Bruto (PIB), en las exportaciones y en su contribución al empleo, pero muy poco en cuanto a la mejora de las condiciones socioeconómicas de la población rural y en la producción de alimentos, que revela una de las grandes carencias de la política, su compromiso con la reducción de la pobreza rural y con la seguridad alimentaria y nutricional del país.
“Según datos del Banco Central de Costa Rica, la participación de la agricultura ampliada en el PIB fue de un 9,6% en el año 2021, de este porcentaje el 4,5% corresponde al sector primario y un 5,1% a la agroindustria. Con respecto al valor agregado agropecuario, el 69% corresponde a actividades agrícolas, un 21% a la actividad pecuaria y el restante 10% se compone de actividades de apoyo (6%), silvicultura y extracción de maderas (3%) y, pesca y acuicultura (1%)”, datos que invisibilizan la evolución descendente de la actividad agrícola en la economía, el aporte diferenciado de las actividades de exportación con respecto a la producción alimentaria para el mercado interno y el reducido papel de la pesca en la actividad en su conjunto.
“En cuanto al comercio internacional, el sector agropecuario es superavitario; con datos del año 2021 se registró exportaciones por USD 5.610,9 millones de dólares e importaciones de USD 3.156,9 millones, lo que significa una balanza comercial de USD 2.454 millones. El 39,1% del total exportado está vinculado con el sector agropecuario, e incluye productos agrícolas (21,3%), de la industria alimentaria (14,0%), el pecuario y pesca (2,7%) y otros de cobertura agropecuaria (1,1%)”. Los datos del comercio agropecuario, por su parte destacan el predominio de la agroexportación, el sector más dinámico y el principal motor de la actividad y el que a la postre resulta ser el prioritario en la política pública hacia el Sector.
La generación de empleo del sector agropecuario continúa siendo el indicador de mayor significado, pero soslayado cuando se trata de reconocer la importancia que sigue teniendo la actividad desde el punto de vista social, ya que” ocupa el segundo lugar a nivel sectorial como generador de empleos con unas 238.227 personas ocupadas, lo que representa un 11,7% de la población total ocupada. De este grupo de personas, un 87,7% corresponde a población masculina y un 12,3% a población femenina”.
No obstante, es inevitable mencionarlo “el Índice Mensual de Actividad Económica del sector agropecuario (IMAGRO) muestra variaciones interanuales negativas en el año 2020 y una desaceleración a partir del mes de abril del 2021, llegando a valores negativos desde el mes de febrero del 2022”, es decir la actividad agropecuaria, viene teniendo un crecimiento negativo desde hace más de dos años.
Lo anterior, (revela la introducción) “muestra la urgencia de reactivar el sector primario, pues es innegable que su desenvolvimiento impacta el desarrollo socioeconómico del país, en especial la periferia costarricense”, es decir el deterioro de la actividad agropecuaria impacta sobre todo las regiones periféricas del país, una realidad incuestionable.
Diversos elementos de la introducción de la política muestran algunas de las características del sector, que lo hace particular, diverso y heterogéneo y que por ello debiera demandar una política diferenciada y no una generalista.
Entre esos aspectos está “la coexistencia de micro, pequeño, medianos – donde un importante número de unidades productivas se enmarcan en lo que se ha denominado Agricultura Familiar (AF)- así como grandes productores, orientados hacia los mercados internacionales. Este Sector presenta importantes asimetrías entre productores agroexportadores y productores para mercado local. Esto sumado a insumos agrícolas que no responden a las nuevas tecnologías y con una importante concentración de mercado”, en consecuencia, la heterogeneidad y diversidad de actores con condiciones y recursos diferenciados es una característica que define el sector.
Otra característica que también lo define, es la dualidad y diferenciación interna del sector, donde la política manifiesta que “de los beneficios de este modelo de apertura comercial, el sistema económico generó una dualidad productiva, por un lado un sector productivo dinámico y vinculado a cadenas globales de valor, y por otra parte, una estructura productiva dedicada al mercado interno con poco encadenamiento y dispersión de las instituciones llamadas a su fomento, asimismo, los programas de apoyo se han visto reducidos producto de la contracción del gasto para controlar el déficit fiscal”, otra enorme realidad, que pone en evidencia dos motores de la actividad agropecuaria, uno dinámico y estimulado y el otro apagado y desestimulado.
La tercera característica refiere a la pobreza, que “las zonas rurales enfrentan índices mayores. Por ejemplo, en el 2021 el Índice de pobreza ascendió al 26,3% en las zonas rurales, mientras que en las zonas urbanas fue de 21,8%, y la pobreza extrema se estimó en 5,5% para zonas urbanas y 8,3% para zonas rurales. La desigualdad en los ingresos de la población total, medida por el Coeficiente Gini en la última década, presenta valores que oscilan entre 0,524 y 0,515.
Por otro lado, en el Sector Agropecuario las personas con actividad independiente tienen valores del coeficiente más altos (fluctúa entre 0,575 y 0,618 para los años 2015 a 2019) que para las personas asalariadas (entre 0,414 a 0,447)1. (Además), en el tema de inclusión, las mujeres productoras presentan menores oportunidades que los hombres en cuanto a empleo formal, acceso a activos, asistencia técnica, financiamiento, entre otras condiciones. Asimismo, tienen un limitado acceso a tierras para la producción, lo que reduce aún más sus posibilidades de salir de la pobreza.”
El documento de política presentado identifica los principales desafíos y retos que enfrenta la actividad y Sector y propone ejes estratégicos, con sus respectivas líneas y acciones para los próximos 10 años
Entre los principales desafíos del sector se plantean:
-Respuesta institucional eficiente a las necesidades de la persona productora.
-Aumento de la competitividad y productividad.
-Producción sostenible y adaptación del cambio climático
-Tecnificación agroproductiva.
-Estímulo a una comercialización eficiente.
-Incidir en el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales
En los desafíos, pese a la validez y reiteración de algunos de ellos en varios Gobiernos como, la respuesta a las necesidades de los productores, la producción sostenible y la adaptación del cambio climático y el aumento de la productividad y competitividad, la retórica, debe estar acompañada de los mecanismos para hacer efectiva una acción institucional que garantice la forma en que se enfrentarán dichos desafíos.
Mientras que los demás desafíos, como la tecnificación productiva, el estímulo a una comercialización eficiente y el mejoramiento de la calidad de vida en las zonas rurales, son tibios señalamientos que carecen de profundidad y que debieran plantearse como verdaderas transformaciones tecnológicas y comerciales de la actividad y de los medios de vida en las zonas rurales.
Están ausentes grandes desafíos de la actividad agropecuaria, como la seguridad y la soberanía alimentaria de la población y el fortalecimiento institucional y presupuestario del sector agropecuario, esenciales en el futuro de un aparato institucional débil y deficitario, que no protege la producción alimentaria del país.
La política agropecuaria 2023-2032, incluye y está estructurada mediante 4 ejes de acción, llamados a ser los pilares y el soporte de la acción institucional del sector agropecuario para los próximos 10 años, sin embargo, es conveniente valorar los posibles alcances a la luz de planteamientos que en el pasado han tratado de articular una política más integral y consistente.
El primer eje es la Modernización de las instituciones del sector agropecuario, que se propone mejorar la gobernanza y reforzar la coordinación institucional, no obstante este cometido ha estado sujeto tanto a una reforma del sector, que redefina las competencias de las diferentes instituciones, como la posibilidad de disponer de mayores recursos financieros y humanos en el sector, no es posible que el Ministerio de Agricultura disponga menos de 1% del presupuesto nacional y que algunas instituciones sean deficitarias en su funcionamiento, como el CNP y que la articulación institucional entre el desarrollo agropecuario y el desarrollo rural(que realiza el INDER) sea un constante reto institucional no resuelto.
El segundo eje, el fomento de la competitividad, dirigida a generar información de interés para los productores, es una pujante realidad para la empresas agroexportadoras, pero una quimera para la producción para el mercado interno, porque las condiciones diferenciadas de ambas, provoca que las primeras mantenga y eleven su competitividad, mientras que la segunda, dependiente de una institucionalidad debilitada y de una asistencia intermitente presenta niveles de competitividad persistentemente bajos. En este ámbito sería fundamental, crear un sistema de información más eficiente para los agricultores y un fondo de crédito agropecuario para los pequeños productores.
El tercer eje, la productividad y sostenibilidad, que busca la implementación de un modelo de asistencia técnica que maximice los beneficios de los diversos sistemas productivos, similar al caso de la competitividad es un tema diferenciado, ya que incorpora constantes avances tecnológicos en la empresa agroexportadora y presenta serias limitaciones en el desarrollo tecnológico de la producción interna muy ligado a las posibilidades de asesoría y asistencia de las instituciones del sector.
Con el propósito de mejorar la productividad y sostenibilidad de las actividades agropecuarias para el mercado interno, en el pasado un grupo de expertos en políticas agrícolas había recomendado establecer centros de innovación y difusión de tecnologías sostenibles para el pequeño agricultor, redefinir el INTA como una entidad de investigación en tecnologías sostenibles, promover un programa de formación y difusión de tecnologías para la adaptación al cambio climático de las actividades agropecuarias.
El cuarto eje, valor agregado y comercialización, que pretende promover la agregación de valor para lograr una oferta diferenciada de productos y generar nuevas oportunidades de acceso a los mercados, requiere establecer con claridad los mecanismos que implementará para lograrlo y en ese sentido, igualmente la propuesta de política agrícola alternativa había recomendado el impulso de un programa de fomento de la agroindustria, y el valor agregado y de productos de calidad con identidad territorial en apoyo a microempresas, mejorar el sistema de comercialización de productos agrícolas, que incluía la reestructuración del PIMA-CENADA, la modernización de las ferias del agricultor y el fortalecimiento del programa de abastecimiento Institucional(PAI).(Grupo de Políticas agrícolas,2014)
De acuerdo con lo anterior, la política agropecuaria 2023-2032, no sólo carece de mecanismos de ejecución concretos y apropiados a los ejes de acción que propone, si no que no parece ofrecer soluciones adecuadas a los grandes problemas de la actividad agropecuaria, especialmente la dirigida al mercado interno.
En definitiva, las propuestas de la política son insuficientes tanto en sus contenidos frente a una realidad agropecuaria y pesquera, que demanda grandes transformaciones para alcanzar una agricultura y una pesca, más sostenible, equitativa e incluyente, como en sus pretensiones de cobertura para un plazo de 10 años.
Édgar Mata Ramírez, a cargo del viceministerio técnico de Agricultura y Ganadería renunció a su cargo.
En una carta dirigida este 8 de setiembre a la ministra Laura Bonilla Coto expresa: «En estos cuatro meses de trabajo este servidor no logró entender su forma de ‘gerenciar’ el sector agropecuario ni de apoyar a las personas productoras razón de ser de este ministerio».
En la nota Édgar Mata Ramírez agrega: «El respeto, la responsabilidad y la confianza son valores que deben primar en un equipo de trabajo y cuando estos no existen, se hace necesario separar los caminos… «.
Compartimos la carta que fue remitida a la redacción de SURCOS.
El sábado 28 de mayo no fue un día cualquiera para el colectivo Mojojoy quien recibió la medalla al mérito agrícola 2022 de las manos de la Ministra de Agricultura Laura Bonilla y del presidente de la República Rodrigo Chaves.
Durante el acto de premiación se pudo observar al colectivo Mojojoy que en sus camisetas portaban mensajes que decían: “no a la ley de semillas”, “no más agrotóxicos”, “no más monocultivos”, “justicia para China Kicha”, “tierra para el campesino”.
Mojojoy Agri-Cultura es un proyecto que lleva a cabo la recuperación de suelos, la dignificación del saber campesino, la producción de hortalizas sin venenos, el diálogo entre sistemas productivos agrícolas y la necesidad de plantas nativas para la conservación, la democratización del conocimiento, el impulso a una pedagogía para y con la tierra, la necesidad para el sostenimiento de esto, de la lucha contra la agroindustria tanto en lo productivo cómo en las ideas.
Según los participantes la protesta se hizo cómo una forma de visibilizar el abandono a la pequeña o pequeño productor agrícola, en denuncia a la mentira que de existe un apoyo real a proyectos de una u otra manera apuntan a una relación más armónica con el ecosistema. Además, desearon visibilizar la lucha por un modelo agrícola alternativo con la lucha de los pueblos indígenas que alrededor del mundo son los defensores de otro tipo de agricultura junto al campesinado y visibilizar que el Estado responde a los intereses de los grandes capitales agrícolas.
Según el Colectivo Mojojoy, fue una forma de levantar la voz ya que dentro el discurso hegemónico de la agroindustria no existe cabida para este tipo de prácticas y aportar en la lucha por otro modelo de producción distinto al que hoy destruye bosques, es causante de epidemias, desaparece el saber campesino, provoca la desaparición de especies y ha puesto al borde del precipicio a la humanidad entera, declaró el Colectivo Mojojoy, ganador al mérito agrícola 2022 otorgado por el MAG.
A mediados del mes de noviembre, como parte de la presentación de las inversiones que las instituciones del Sector agropecuario han realizado en los territorios rurales, el Presidente Ejecutivo del INDER informó que entre el año 2018 y el 30 de setiembre del 2021 las inversiones totales de la institución en los 29 Territorios Rurales sumaron ₡56.450 millones y que en total se han beneficiado con esos recursos cerca de 283.916 familias rurales en todo el país.
Según el Presidente Ejecutivo, las inversiones del INDER incluyen apertura y mejoramiento de caminos, alcantarillado, construcción de puentes, obras de drenaje, sistemas de riego, acueductos rurales, electrificación, infraestructura para almacenamiento y agroindustria, entre muchas otras iniciativas que se articulan con otras entidades, con el fin de que la población y productores rurales cuenten con las condiciones necesarias para mejorar el desarrollo de los territorios rurales, quien agregó que solo para el año 2020, el Instituto aumentó sus inversiones en un 60% con respecto al 2019.(ElPais.cr,12-11-2021).
Entre la inversión efectuada por el INDER en las diferentes regiones, se encuentra la que los habitantes rurales de la Región Brunca han recibido en este año 2021, por un total de ₡2 042 millones en proyectos, inversiones que incluyen un total de 214 proyectos en temas como infraestructura, fomento a la producción y seguridad alimentaria e iniciativas desarrolladas con otras instituciones u organizaciones.
Como parte de esa inversión en infraestructura social y productiva, se menciona una inversión total cercana a los ₡280 millones, de la que se benefician 2.640 pequeños y medianos productores de frijol (1.203 de la región Brunca y 1.437 en la región Huetar Norte), con una estructura vital y relevante, para el acondicionamiento de bodegas para el almacenamiento de frijol en condiciones ambientales controladas, en Pérez Zeledón y Guatuso, cuyo objetivo principal es fortalecer la producción de frijol en los territorios rurales del país, proporcionando instalaciones óptimas de almacenaje, que garanticen productos seguros, competitivos para asegurar la sostenibilidad y el bienestar de los productores y de la reactivación económica en esos territorios. (INDER,26-11-2021).
Igualmente, el INDER ha invertido, en la construcción de 14 módulos especializados para la producción de miel, así como la entrega de insumos y herramientas especializadas, a la Asociación de Mujeres Meliponicultoras de Pérez Zeledón, con el fin de mejorar el manejo de las abejas y aumentar la producción de este producto.
En esta iniciativa invirtió más de ₡124,6 millones, para el beneficio de 15 familias que integran la Asociación, en un proyecto que beneficiará a productoras de comunidades como Pejibaye, Las Mesas, San Ramón Norte, San Antonio, Arco Iris, Las Esperanzas, Veracruz, Santo Domingo, entre otras.
En el mismo sentido, el INDER realizó la entrega de equipos agrícolas y equipos para elaboración de quesos a productores del Territorio San Carlos-Peñas Blancas-Río Cuarto. La inversión total fue cerca de ₡6 millones en picadoras de pasto y máquinas ordeñadoras, lo que contribuirá al aumento de las ventas y mejorar la calidad de sus productos.
Los beneficiarios son 7 productores de las comunidades La Tigra, La Palmera, La Gloria de Aguas Zarcas y los asentamientos El Futuro, El Sahíno en Pital de San Carlos y La Españolita y Sevilla XXI de Río Cuarto.
En otra de las iniciativas de inversión, el INDER ha apoyado a Coopehorquetas en el territorio de Sarapiquí, con inversiones cercanas a los ₡149 millones, mediante la que se construyeron las instalaciones de la planta con una inversión de ₡75.8 millones de inversión en la infraestructura, además ha recibido ₡52,1 millones en equipos e insumos para mejorar la producción y se les ha entregado créditos hasta por ₡20 millones.
La organización está conformada por 40 asociados más otros 10 productores independientes. Actualmente, en la planta se procesan cerca de 10 mil palmitos por día que se comercializa con la empresa Nova International Company Foods dada la alianza entre ambas, además la cooperativa es una de las proveedoras del programa de abastecimiento institucional del CNP. (Inder,17-11-21).
Otro de los proyectos que ha contado con la inversión del INDER es la infraestructura del microbeneficio para el procesamiento y comercialización del café, a cargo de las mujeres afiliadas a la Asociación Ideas Productivas Femeninas La Legua de Aserrí. proyecto que consiste en la instalación de un micro beneficio para procesar y comercializar el café hasta el producto final.
En estas obras, el INDER invirtió ₡130 millones, el MAG ₡20 millones y la organización otros ₡30 millones, las beneficiadas directas son las 14 mujeres asociadas a la organización y sus familias, además de otros productores que puedan procesar su producto en el lugar. (INDER,23-11-2021).
Po su parte, el INDER ha contribuido también en la conectividad a internet de las comunidades rurales, ya que recientemente se llevó a cabo la entrega de ₡456 millones por parte de esta institución para el proyecto interterritorial que garantizará acceso al servicio de internet para unas 11.300 personas, quienes habitan y trabajan en cuatro territorios rurales de la Región Central del país.
Esta Iniciativa es impulsada por Coopesantos R.L. y el INDER y la inversión total es de ₡1.139 millones, de los cuales Coopesantos R.L. aportará ₡683 millones y el INDER ₡456 millones. Los territorios rurales beneficiados son Los Santos; Cartago-Oreamuno-El Guarco-La Unión; Acosta-Desamparados-Aserrí; y Puriscal-Mora-Santa Ana-Alajuelita-Escazú.
A este proyecto se une el que llevan a cabo el INDER y la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos, COOPELESCA R.L., para la colocación de 50 kilómetros de fibra óptica en cinco comunidades de la Zona Norte, para el beneficio de cerca de 5.200 habitantes de La Victoria, La Españolita, Ramón Brenes y Los Lagos en Río Cuarto, y la Unión de Monterrey en San Carlos. La inversión es de ₡529,5 millones, de los cuales el Inder aporta ₡370,7 millones y COOPELESCA ₡158,8 millones. (INDER,23-11-2021).
La información de la inversión de recursos del INDER, es complementaria a la brindada a inicios de este año, en cuanto a que la institución trasladaría a los productores rurales cerca ₡5.000 millones, para el beneficio directo de más de 3.532 familias como parte del programa Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria.
Entre el 2019 y el 2020 la institución invirtió en este programa ₡4.400 millones, monto que aumenta de manera significativa para este año con la finalidad de fortalecer la reactivación de pequeños emprendedores pecuarios, agrícolas, pescadores y emprendedores de los territorios rurales, con equipos, herramientas e insumos.
Igualmente 6.300 mujeres recibieron apoyo del INDER para el impulso de proyectos agrícolas, pecuarios, de pesca, salud, cuidados personales, medicina natural y costura, así como actividades relacionadas con valor agregado de la producción, aporte que se brinda entendiendo el aporte de las mujeres emprendedoras rurales a las economías rurales.
Del total de 6.300 mujeres beneficiadas, 4.850 fueron apoyadas con iniciativas del programa “Fomento a la Producción y Seguridad Alimentaria”, adicionalmente, otras 1.464 mujeres recibieron créditos blandos para ampliar sus ideas de negocios, a través de los programas de “Crédito Rural”, parte de la Estrategia Motor Rural 2020.
El expresidente Ejecutivo del INDER había afirmado en ese momento que, “esta inversión nos permite impactar positivamente en las economías de muchas familias rurales y mejorar su calidad de vida. Apoyar la productividad agropecuaria nacional es una responsabilidad que hemos asumido y que fortaleceremos durante este 2021 con el objetivo de apoyar la reactivación desde los territorios rurales”. (ElPaís.cr,1-4-2021).
La inversión productiva y el apoyo a los emprendimientos rurales es un esfuerzo que se ubica en el camino de la reactivación económica que el país requiere en este período post pandemia, especialmente en las áreas rurales, en las que los indicadores de pobreza, desempleo y desigualdad suelen ser más altos.
También recientemente se presentó el Índice de Desarrollo Rural Territorial (IDRT).
como un instrumento que busca darle mayores herramientas a las instituciones públicas del país para evidenciar las brechas existentes entre las zonas rurales y las urbanas en las diferentes dimensiones de su desarrollo y con ello poder generar estrategias territorializadas para la reducción de las inequidades.
Con el IDRT se posibilita medir a nivel distrital las brechas del desarrollo existentes en cada uno de los 29 territorios y entre los territorios rurales y con ello, orientar la inversión pública, no solo del INDER sino del conjunto de actores del Estado costarricense. Dicho índice se constituye en una herramienta que, permita dar seguimiento y evaluación al proceso de desarrollo rural y generar las estrategias de articulación y coordinación de los actores públicos con alianzas privadas, para una efectiva gestión e inversión que potencie el desarrollo y disminuya las brechas existentes.
Los indicadores que componen cada uno de los ejes estratégicos se enfocan en la medición del bienestar y la cobertura de la oferta pública que inciden en los hogares, evidenciando las desigualdades territoriales de las zonas rurales del país. (INDER,24-11-2021).
La inversión en el desarrollo de las comunidades rurales y el seguimiento de los indicadores de desarrollo rural por parte del INDER, podría ser uno de los eventuales logros en el balance final de la actual Administración, que los actores sociales debieran tratar de evaluar.
En el marco del cumplimiento de su tercera misión, la Escuela de Planificación y Promoción Social EPPS-UNA dictará en coordinación con el MAG, un curso de planificación orientada a resultados, para 35 personas del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica-MAG ubicadas en las diferentes regiones del país.
El propósito del curso es que las personas participantes interioricen el concepto de planificación estratégica orientada a resultados y su implementación en la gestión institucional, con el propósito de priorizar las acciones que generen mayor valor público.
El master Ángel Ortega Ortega, Director de la EPPS-UNA, indicó que la capacitación tiene como objetivo aportar a los participantes los conocimientos, métodos y técnicas de la planificación orientada a resultados para su aplicación en la planificación de corto, mediano y largo plazo en el contexto de la evolución institucional.
La formación que se desarrollará a lo largo 24 horas de trabajo (3 sesiones de 8 horas), está dirigida a personas profesionales y técnicas que se encuentren laborando y que participan, lo hayan hecho o lo piensan hacer, en procesos de planificación dentro del MAG y que y que brindan asesoría a los tomadores de decisiones o bien aplican la planificación.
El Dr. Juan Carlos Mora Montero, Director del Programa de Maestría de EPPS-UNA e instructor del curso (Planificación estratégica orientada a resultados), comentó que la metodología que se desarrollará en las sesiones durante las mañanas (teoría y habilidades) y por las tardes (aplicación práctica), utilizará el método aprender-haciendo a partir del estudio de caso; según sea el interés de la institución. Los estudios de caso serán generados a partir de las necesidades específicas de los participantes y las entregas teóricas crearán las condiciones para el desarrollo efectivo de los casos.
Cabe mencionar que para la integración de ideas de manera virtual se aplicará la técnica de “prospective workshops” con el propósito de lograr la mayor integración posible de los participantes; asimismo, se aplicarán herramientas virtuales para ir valorando la apropiación de los conceptos clave, vídeos y presentaciones power point.
Los participantes del curso trabajarán en temas relacionados con los procesos deplanificación, prospección, seguimiento y evaluación y poseer habilidades para el pensamiento disruptivo como motor de la innovación y la excelencia: “Es deseable que los asistentes al curso-taller sean personas con apertura al cambio y a la aplicación de nuevas fórmulas para resolver los problemas cotidianos) agregó Mora.
El curso se llevará a cabo bajo la modalidad de la presencialidad remota e inicia el 15 de julio de 2021; y es parte de la contribución de la EPPS y de la Universidad Nacional de Costa Rica-UNA al cumplimiento de su tercera misión.
El Estado como garante de la Salud Pública y vigilante de que la actividad humana hacia el Ecosistema debe atender los perjuicios del plaguicida etropofós.
Interrogamos a las autoridades sobre las medidas tomadas después de conocerse las conclusiones del Estudio realizado por la UCR.
Se ha escrito mucho y se tenido acceso a información sobre el excesivo uso de plaguicidas, insecticidas y fertilizantes en Costa Rica, que ya por mucho tiempo han sido la preocupación de quienes estudian los factores de riesgo creados por esas prácticas inconvenientes para el ambiente y por ende para la salud.
Hace poco tiempo, en setiembre de 2020 se dio a conocer un estudio realizado por los científicos de la Universidad de Costa Rica sobre las consecuencias ambientales del uso de un insecticida, por cierto de frecuente utilización, en las plantaciones de banano. Se dice que su utilización podría estar cambiando el cerebro de los peces en ríos cercanos a las plantaciones y volviéndolos más vulnerables a los depredadores naturales de esas especies.
En las conclusiones de la investigación realizada publicadas en la revista Scientific Reports se mostró que en ciertas dosis, este químico afecta el sistema nervioso de los peces, los cuales se vuelven más vulnerables porque ya no podrían huir con la misma agilidad cuando son atacados por sus depredadores.
La investigación se llevo a cabo en una especie nativa de Costa Rica conocida como sardinita de río la cual es abundante en las vertientes del Caribe y del Pacífico.
El plaguicida estudiado se llama etropofós, nombre genérico, y que en altas dosis es capaz de aniquilar a los peces en las cercanías de las plantaciones. Pero en una pequeña dosis puede causar una disminución de hasta un 51% en la hormona colinesterasa en la sardinita y bajos niveles de esa hormona están relacionados con contracción muscular, parálisis y fallas respiratorias en peces.
La autora principal de la investigación fue la científica Natalia Sandoval de la Universidad de Costa Rica. El investigador de Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional aseguró que esto podría tener importantes impactos a nivel de ecosistema al escapar el plaguicida hacia los causes de los ríos cercanos a las plantaciones, afectando la población de peces.
En la noticia publicada por el periódico La Nación el viernes 13 de setiembre se afirma que el insecticida etoprofós es muy utilizado en nuestro país particularmente en las plantaciones de banano, a pesar de tener una alta toxicidad ya bien conocida. Y que la Oficina de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) encontró que su exposición en cabras y gallinas les generó aminoácidos radioactivos en hígado y riñones.
Dejar pasar esta información y no hacer nada es la peor actuación que podemos mostrar como país que resguarda el ecosistema y la salud de nuestra población y de nuestro ambiente, que incluye naturalmente a todas las especies vivas que en él habitan.
Nos gustaría preguntar a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y a las del Ministerio de Ambiente y Energía MINAE, qué piensan hacer al respecto.
Este ultimo ministerio tiene como misión emitir políticas ambientales en materia de protección ambiental, manejo y uso sostenible de los recursos naturales y de la promoción del uso de las fuentes de energía renovables para lograr el cumplimiento de los objetivos y metas propuestas en los planes y programas ministeriales y en el Plan Nacional de Desarrollo en el país.
Particularmente me gustaría saber si la actual titular de ese Ministerio la Dra Andrea Meza Murillo ha leído la publicación del Estudio de Investigación y ha dado instrucciones a sus subalternos para enfrentar esta grave contradicción entre ambiente y producción; y si ha coordinado con el Ministro de Agricultura la acción que deberá tomarse para solucionar esta de forma radical.
Espacio permitió la búsqueda de soluciones innovadoras a las problemáticas cotidianas de diversas comunidades del país
A partir del uso de aplicaciones móviles gratuitas que no requieren internet y de la programación de diversos componentes electrónicos, las participantes crearon prototipos de proyectos para dar soluciones tecnológicas a problemas cotidianos de su trabajo en el campo. Foto: Anel Kenjekeeva.
Verónica Poveda sabe que el robo de las cosechas es un problema real para los agricultores, Sofía Redondo ha visto como las malas prácticas de riego afectan los cultivos y Yeimy Solís está convencida de que la distribución del agua debe ser más equitativa entre quienes trabajan la tierra.
Las tres jóvenes son agricultoras oriundas de distintas localidades de Cartago y participaron en la segunda edición del Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales, donde compartieron las problemáticas de sus comunidades en la producción agrícola y buscaron soluciones para atenderlas.
La docente de la Escuela de Geografía de la Universidad de Costa Rica (UCR), María José Molina es la creadora de esta iniciativa, que surgió en el 2019 con la intención de capacitar a mujeres de diversas localidades rurales del país en el uso de las tecnologías geoespaciales.
Las tecnologías geoespaciales combinan el uso de componentes electrónicos con el conocimiento geográfico para crear herramientas que mediante la recolección de datos permiten ejercer una mejor toma de decisiones en campos como el ordenamiento territorial o el uso del recurso hídrico.
Según Molina, se trata de un campo novedoso pero además, poco abordado por mujeres y fue por estas razones que surgió su interés en colocar este tipo de herramientas a disposición de jóvenes vinculadas a la producción agrícola en diversas localidades del país.
Las hermanas, Fabiola y Verónica Poveda crearon un sensor de movimiento que podría alertar a los finqueros sobre el ingreso de personas a sus tierras y de esta forma, reducir el robo de las cosechas. Foto: Anel Kenjekeeva.
“El objetivo final de este esfuerzo es llevar el conocimiento a la ciudadanía de una manera sencilla y que permite a chicas sin conocimiento técnico apropiarse de la tecnología y generar datos para favorecer a sus comunidades. Pero además, conforme lo hacen se sienten capaces y transmiten esa confianza a otras mujeres”, enfatizó la docente.
El espacio tuvo lugar del 24 al 28 de febrero en las instalaciones del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), donde Molina y estudiantes avanzadas de la carrera de Geografía intercambiaron conocimiento con las 20 participantes, mujeres entre 18 y 35 años con diversos niveles académicos.
El especialista en proyectos del IICA, Jonathan Castro, quien también acompañó el desarrollo de la actividad, reconoció el valor de la “fórmula” de trabajo propuesta por la Escuela de Geografía como un camino disruptivo para llevar a la eficiencia del agua y la mejora de la agricultura.
“Este espacio permitió a las participantes conocer y perder el temor a hacer las cosas. Las he visto armar y desarmar circuitos electrónicos, poner tuberías, romper cajas y hacer soldadura con estaño por primera vez en su vida, las veo apropiadas de toda la parte electrónica y digital” enfatizó el experto.
A partir del uso de aplicaciones móviles gratuitas que no requieren internet como my maps o kobo toolbox y de la programación de diversos componentes electrónicos de bajo costo, las participantes crearon prototipos de proyectos que intentar dar soluciones tecnológicas a problemáticas cotidianas en el trabajo del campo.
Sofía Redondo y Grettel Garita crearon un sensor para medir la humedad que presentan las tierras que ayudaría a los agricultores a determinar la cantidad de agua y los momentos de riegos que requiere cada cosecha. Foto: Anel Kenjekeeva.
Tecnología al servicio de las comunidades
El encuentro dio lugar a la creación de 10 iniciativas por parte de las propias participantes, quienes además, ahora deberán compartir con los agricultores de sus comunidades a fin de valorar las posibilidades de implementarlas en sus dinámicas cotidianas de producción.
Verónica trabajó junto a su hermana Fabiola Poveda en la creación de un sensor de movimiento que podría alertar a los finqueros sobre el ingreso de personas a sus tierras y así reducir el robo de las cosechas y mermar la afectación económica que este fenómeno genera a las familias productoras.
Sofía y Grettel Garita crearon un sensor para medir la humedad que presentan las tierras y de esta forma, determinar la cantidad de agua y los momentos de riegos que requiere cada cosecha. Esta herramienta ayudaría a los agricultores a evitar la propagación de placas, la pérdida de productos y el desperdicio del agua.
Por su parte, Jeimy y María Eugenia Aguilar diseñaron un sistema que a partir de sensores podría monitorear la distribución del agua que se realiza en su comunidad y de esta forma, facilitaría la toma de decisiones para lograr una asignación equitativa del recurso hídrico que muchas veces escasea.
A estas iniciativas se suman las propuestas de otras participantes que abordan campos tan diversos como el monitoreo del consumo de pasturas en las fincas e incluso, permiten dar seguimiento a los procesos de transporte y comercialización de productos que se envían desde las comunidades.
Jeimy Solís y María Eugenia Aguilar diseñaron un sistema para monitorear la distribución del agua que se realiza en su comunidad. Foto: Anel Kenjekeeva.
El director de la Escuela de Geografía, Pascal Girot reconoció el valor de la cocreación entre la academia y las comunidades a partir del uso de tecnologías, pues considera que este intercambio de conocimiento abre importantes oportunidades para la innovación.
“La transferencia de tecnologías geoespaciales es un medio y un fin, en este caso para darle a las mujeres que trabajan en zonas rurales herramientas para mejorar su productividad, su capacidad de comerciar los productos y adaptarse al cambio climático” afirmó el académico.
La estudiante Eimy Murcia Valverde, fue parte de las universitarias que orientó el proceso de creación delos prototipos por parte de las participantes y se mostró muy satisfecha con la experiencia de trabajo, que describió como un espacio de crecimiento y de aprendizaje mutuo.
“Esta no es la típica forma en que trabaja la academia, nos salimos de la caja y aquí no hay un lado que tenga todas las respuesta o esté en lo correcto, sino que nos nutrimos de las realidades de todas y democratizamos el conocimiento” descató la universitaria.
La segunda edición del Rally Femenino de Tecnologías Geoespaciales fue organizado por la UCR, el IICA y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), instancias que ahora darán seguimiento y apoyo técnico para la implementación de las iniciativas en las diversas comunidades.
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