Este viernes 10 de agosto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se ha reunido con la comunidad de Rey Curré en el campamento de las tierras recuperadas.
Este taller es la continuidad de otras sesiones que se han tenido y su objetivo es promover la diversificación productiva en la zona.
Esta reunión efectuada en el «Nuevo Curré» forma parte de las estrategias ADI con el fin de fortalecer la integridad del movimiento indígena en su proceso de recuperación de tierras y territorios ancestrales.
Enviado por Uriel Rojas.
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La calidad de los alimentos para animales de producción y mascotas que se producen en Costa Rica y todos aquellos que se importan es garantizada por el Centro de Investigación en Nutrición Animal (CINA-UCR) de la Universidad de Costa Rica, que funciona con fondos provenientes de la Ley N.º 6883, Control de Calidad de la Elaboración y Expendio de Alimento para Animales.
La labor de este centro tiene un impacto vital en la salud humana ya que funciona como un primer filtro para garantizar que los costarricenses consuman productos de origen animal libres de enfermedades como la salmonella o las aflatoxinas, que son un tipo de micotoxinas causantes del cáncer de hígado, las cuales podrían estar presentes en los granos que comen los cerdos o los pollos y que posteriormente consumen las personas.
Su trabajo también es de gran importancia para los productores agropecuarios pues les permite contar con información exacta de las calidades nutricionales de las materias primas y alimentos preparados que existen en el país y que ellos utilizan en las dietas de sus animales. En esta actividad la nutrición es un factor crucial para garantizar la productividad de las fincas y empresas.
El texto sustitutivo al proyecto de ley N.º 20580 Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa pondría poner en riesgo la operación de este centro que depende directamente los fondos que le otorga la ley N.º 6883 que representan más de 300.000.00 colones anuales. El texto plantea que si la deuda del Gobierno Central supera el 50% del PIB, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de recursos sanos y suficientes del Gobierno y de las entidades beneficiarias.
El CINA funciona mediante un convenio de cooperación entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la Universidad de Costa Rica (UCR) que se firmó en 1981 precisamente para el establecimiento del Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos para animales en el país.
Para financiar los mecanismos de control de alimentos para animales el artículo N° 6 de la ley N.º 6883 establece un impuesto de cero coma dos por ciento (0,2%) ad valoren por cada kilo de alimento terminado o de premezcla destinada a la nutrición animal, sean éstos importados o de fabricación nacional. Igual porcentaje se aplica a los alimentos que se venden a granel.
De los fondos recaudados por concepto del impuesto, la Universidad de Costa Rica recibe el 70% y el otro 30% es para el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El monto recaudado por ambas instituciones es destinado para gastos de operación del Laboratorio de Control de Calidad de Alimentos por parte de la Universidad y la parte correspondiente al MAG se destina para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley, según establece la ley N.º 7097 que modificó el artículo No. 22 de la ley N.º 6883.
Según detalló el director del CINA, M.Sc. Augusto Rojas Bourillón, del presupuesto que les otorga la ley se destina un 75% al pago de salarios de los profesionales y asistentes que realizan los análisis de alimentos en las secciones de Química, Bromatología y Microbiología y un 25% se invierte en reactivos y repuestos. El centro además recibe ingresos ordinarios de la UCR para el pago de salarios de los trabajadores administrativos y provenientes de la venta de servicios que se utilizan principalmente para la compra de nuevo equipamiento, según detalló Rojas.
La recaudación de los ingresos de los últimos cinco años, provenientes de la Ley 6883, se resume en el siguiente cuadro (en miles de colones):
| Recaudación de Ingresos Al 31 de diciembre del 2016 (en millones de colones) | ||||||||||||||||||||||||
Fuente: Sistema de Información de Administración Financiera-Oficina de Administración Financiera. |
El presupuesto de ingresos se formula a partir de datos históricos y de las estimaciones que realiza el Servicio Nacional de Alimentos para Animales (SENASA), entidad adscrita al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), sin embargo, la recaudación de los ingresos reales depende los volúmenes de alimento vendido, sea en el mercado local o para exportación; por lo que en todos los años el monto ingresado difiere con respecto al presupuesto aprobado.
Además de su función como laboratorio oficial de control de calidad de alimentos para animales, el CINA brinda servicios contratados a los productores agropecuarios y las empresas dedicadas a la fabricación y venta de alimentos, contribuye con la educación del personal de las plantas de alimentos para animales en buenas prácticas de manufactura e inocuidad de alimentos y realiza investigación científica en busca de nuevos métodos analíticos y alternativas para la alimentación animal.
Katzy O`neal Coto
Periodista Oficina de Divulgación e Información.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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Gadi Amit
Mensaje al gobierno para el 25 de julio:
Para hablar de este gobierno, por ahorro de tiempo, tocaré dos temas importantes.
Hace 14 años la Sala Constitucional nos dio la razón y ordenó tomar medidas para terminar con ese daño a la salud y al ambiente.
La Procuraduría General de la República que es abogado del Estado, hace un análisis legal del asunto y concluye que el MAG viola la Constitución, al dar permisos de quemas.
Y este gobierno, igual que los anteriores, favorece a los grandes empresarios azucareros, Taboga, El Viejo, CATSA y El Palmar, para que sigan quemando, como forma de bajar sus costos y aumentar sus ganancias. Nos pasan esos costos a la CCSS, la salud de los habitantes y al medio ambiente.
Y el GOBIERNO… Nada de nada.
El problema más grande de Guanacaste y de Costa Rica. Estamos subvencionando a los grandes derrochadores. A pesar de que el discurso dice que la prioridad es el consumo humano.
Cada uno de nosotros tenemos un medidor en casa y pagamos cientos de colones por metro cúbico de agua.
Los grandes gastadores de agua, tienen concesiones enormes y gastan sin límite, porque no tienen medidores. Además, pagan por el mismo metro cúbico 12 centavos de colon.
No estamos contra la producción, sino porque esta se haga usando la tecnología moderna de riego (goteo o aspersión); cosa que no hacen porque les regalamos el agua.
La propuesta del gobierno, PIAAG, es más agua para riego.
Más agua para regalar a los ricos.
¡¡Qué vergüenza!!
*Imagen con fines ilustrativos.
Enviado a SURCOS Digital por el autor.
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Para la FECON en el mes del ambiente hubiésemos querido destacar lo positivo del gobierno del cambio, pero lo cierto es que pesa más en la balanza poner en evidencia el maquillaje verde que predomina.
Toca señalar que en estos dos años de gobierno, la gestión del Ministro de Agricultura ha sido enemiga del ambiente y de los intereses del país, tanto que sería mejor llamarle “Ministro de la Agroindustria Transnacional” en el tanto que:
El MAG ha buscado desregular, aún más, el registro de agroquímicos, incluso tratando de excluir al Ministerio de Salud y MINAE. Ha sido una constante en su gestión, a pesar de la violencia contra las comunidades y la naturaleza intrínseca a estos modelos de agroindustria «siguen casados» con sus cámaras. En este lamentable matrimonio «secuestraron» la posibilidad de tener una nueva ley del agua y su recompensa es ser descalificados públicamente (Diario Extra, 4-5-2016)
Como si no fuéramos el país que más consume plaguicidas en el mundo, este ministro firmó el Decreto N° 39461 que facilita, aún más, la importación de agroquímicos y su formulación en suelo nacional para ser exportados. Este negociazo aprobado a mediados de febrero, nos podría convertir en una fábrica de venenos para exportar con todos los riesgos que esto implica, tal y como ya sucedió con el desastre de FERTICA (FECON, 4-5-16) y para rematar, en un régimen de zona franca, sin exigir mayor pago de impuestos, todo esto ¡en plena crisis fiscal!
MAG y SENARA trabajan bajo la “ilógica” que considera que el agua que llega al mar es un desperdicio (ver la Diarioextra.com, 20-7-16 y larepublica.net 10-3-2016) y parten de la obsoleta premisa del agua como recurso inagotable, mientras que hasta niños y niños en la escuela saben que es un error superado de la ciencia occidental (porque nuestros pueblos originarios sí han tenido más claro los principios del ciclo hidrológico y el cuido del agua desde hace miles de años), pero parece que nuestros jerarcas reprobarían la primaria del siglo XXI, ¿sabrán que la tierra es redonda? Así, el papel de estas instituciones, en lugar de solucionar, han propiciado conflictos socio-ambientales cuando por ejemplo han promovido y ejecutado cuestionados proyectos de riego que no cuentan con suficientes estudios ni mayor participación o fiscalización ciudadana, poniendo en riesgo la naturaleza y comunidades enteras que dependen de ella. Tal es el caso de los conflictos en Guacimal , Santa Rosa y Aranjuecito de Puntarenas. Se suman a este modelo de saqueo desenfrenado para beneficio de la agroindustria, los casos del Río Tempisque y otros ríos, «sobreconcesionados» en el tanto se ha autorizado la extracción de agua más allá del nivel del su caudal, es decir se legaliza la posibilidad de secarlos, al no partir de la realidad del caudal actual de estas cuencas, pasando por encima de los usos prioritarios como el agua para el consumo y la vida misma del río. En el Río Lagarto se ha concesionado el 120% de su caudal para riego de piña, algodón transgénico y pastos para ganadería y en el caso del Río Guacimal su concesión alcanza el 125%, ambos son fuentes directas de acueductos comunales (FECON, 25-5-16).
Pero el caso de Guacimal no queda ahí, tanto el Ministro como SENARA, han actuado bajo la lógica de la persecución y han irrespetado la autonomía universitaria.Ambas instituciones enviaron cartas y realizaron una llamada a la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica acusando al Programa Kioscos Socio Ambientales de realizar acciones “belicosas” y “parar obras» de un proyecto de riego en Guacimal de Puntarenas, que en realidad había sido suspendido por la Sala IV en dos ocasiones por ilegalidades(Semanario Universidad,14-3-16). Estos actos abonan a la criminalización de la acción socio ambiental y persecución de quienes abogan por el ambiente en nuestro país. Resulta desconcertante que, en 8 años que tiene este programa, sea la primera vez que recibe presiones de instituciones públicas, justo en esta administración de discurso progresista y con jerarcas que vienen de la academia.
Como si fuera poco, en la provincia de Guanacaste están proliferando los pozos ilegales, el desperdicio y más «sobreconcesiones» para la agroindustria. SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, para hacer el embalse Río Piedras y seguir el mismo modelo de ineficiencia y de injusticia hídrica para beneficiar a los mismos de siempre y seguir con el «mal desarrollo» que aumenta día con día la pobreza, el despojo y la expulsión de sus habitantes.
En lugar de honrar los compromisos del Gobierno de decretar la moratoria al cultivo extensivo de la piña ( PACto Ambiental en Acciones Estratégicas en Seguridad Ambiental” pág.3 y 13 y “Posición Gestión Integrada del Recurso Hídrico”) el MAG se ha convertido en su principal promotor de nuevos mercados en como China (Diarioextra.com, 20-9-14) al punto de cesar a Francisco Dall’Anese, exdirector del Servicio Fitosanitario del Estado, con tal de eliminar cualquier obstáculo al negocio de la agroindustria piñera transnacional, cuyas millonarias ganancias no se quedan en el país y se dan a expensas de 12 mil personas tomando agua con sus agrovenenos, excepciones de impuestos y morosidad millonaria con la CCSS. Mientras, los campesinos son presa de la «asistencia técnica» de las transnacionales de agrovenenos, y el ministro además de concederle a los piñeros la cabeza de Dall’Anese, les ofreció nuevos inspectores y asistencia a este sector caracterizado por hacer lo que les da la gana con las leyes, el ambiente y los derechos de las comunidades. Todo esto con el apoyo del MAG que, en lugar de hacerlos cumplir la ley, anima una “Certificación Voluntaria de Buenas Prácticas Agrícolas” que son manuales de fantasías y ¿buenas? intenciones para no hacer nada.
El incumplimiento de las promesas de campaña no acaba, en el caso de los transgénicos, el ministro del MAG ha incumplido los dos acuerdos que firmó, con su puño y letra en campaña (¿su palabra no vale?). Por un lado, ha irrespetado los acuerdos municipales de rechazo a los cultivos transgénicos en sus territorios, por ejemplo en Chomes de Puntarenas se ha seguido cultivando algodón genéticamente modificado estos dos años, a pesar de su declaratoria libre de transgénicos. De igual manera se ha incumplido la promesa de un decreto ejecutivo para etiquetar alimentos con transgénicos. Además, representantes del MINAE y del MAG (entre ellos Dall’Anese que trabajó para la empresa DowAgrosciences) votaron a favor del cultivo de algodón transgénico por parte de DowAgrosciences. ¿Será que debió abstenerse el señor Dall’Anese de votar a favor de una transnacional con la cual trabajó?¿Será que tiene su espacio asegurado en Dow?. Además, lo hizo sin corregir el reglamento que permite las autorizaciones sobre transgénicos y que fue declarado parcialmente inconstitucional, un reglamento que el mismo ministro cuestionó en el caso de maíz transgénico, eso sí cuando era funcionario universitario.
El MAG es responsable de las llamadas quemas agrícolas controladas (QAC), autorizadas principalmente para monocultivo de caña, que generan gran impacto en la salud por contaminación con dioxinas y furanos de alto potencial cancerígeno. Pero resulta que las QAC sí se pueden salir de control y provocan incendios forestales, este año 45 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego, más de 4 mil fueron en áreas silvestres protegidas y la mayoría de estos desastres han sido en cantones cañeros. El MAG en lugar de apoyar las alternativas a la quema, año con año otorga los permisos para beneficiar a los grandes ingenios azucareros. Queda en evidencia una vez más, como sigue pesando más el beneficio de los intereses comerciales de unos pocos sobre la salud pública y bienestar ambiental. Mientras el MAG provoca incendios, el MINAE con pocos recursos los trata de controlar y el sistema de salud trata de atender las enfermedades bronco-respiratorias de cientos de comunidades afectadas, en medio de la implemente y recrudecida época seca guanacasteca.
En 6 años pasamos del puesto 35 en 2011 a 130 a nivel mundial en 2016 en el índice de Salud de los Océanos, y mientras descendemos 95 puestos, el MAG por medio de INCOPESCA es responsable de burlar el principio precautorio y ponernos en vergüenza mundial por la exportación de aletas de tiburón, y como si faltara más hoy se insiste en un proyecto de pesca de camarón por arrastre que terminará con acabar, con el fondo marino y su diversidad (FECON,11-3-16). En INCOPESCA no ha habido asomo de ninguna reforma integral de esta institución, que es incapaz de hacer una buena gestión del mar, como reconoce el MAG ante sus propias limitaciones para controlar la pesca de palangre, incumpliendo el decreto 38681 y siguen alcahueteando la pesca ilegal en la Isla del Coco (FECON, 11-3-15) El ministro del MAG es el responsable político de la exportación de la aleta de tiburón, acción por la cual debería compartir el “galardón” de enemigo mundial del tiburón junto con el Presidente Solís ( FECON, 23-11-15)
Como si no hubiesen problemas fuera de las áreas protegidas, hoy el monocultivo de la palma ocupa cientos de hectáreas de humedales dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, bajo políticas de incentivo a la agroindustria de exportación, que significa el 60% de la producción nacional según la FAO (2012) lo cual ya de por sí pone en peligro nuestra soberanía alimentaria (FECON, 13-2-16).
El MAG está a favor de la privatización de las semillas. Así como quiso imponer una ley de semillas a la medida de las transnacionales(FECON,10-8-15), proyecto de 2008 hecho en función del TLC-EEUU cuya agenda de implementación favorece la privatización de las semillas(FECON,27-8-15), hoy celebra en el Informe del Presidente de la República y Ministros, (Tomo I, Pág. 19) que en la Oficina Nacional de Semillas (ONS), se otorgaron tres derechos de obtentor en el marco de la Ley de Obtenciones Vegetales, N°8631. Esta ley fue aprobada con total oposición del movimiento ecologista y miles de firmas solicitando un referendo. Otorgar Derechos de Obtentor, es privatizar las semillas.
Como no dejar de señalar la incapacidad de revertir las políticas que siguen poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentarias donde ya la mayoría de granos son importados, tal es el caso de la totalidad del maíz amarillo, que además en su mayoría es transgénico, o el caso de los frijoles importados de China. Es el colmo del sinsentido que en el país de «los labriegos sencillos» se tenga en crisis a los frijoleros que año con año ven como se llenan nuestros mercados con frijoles asiáticos más baratos y de menor calidad.
Así, los hechos señalados en este recuento nos hablan de una gestión del MAG que no ha sido cambio sino continuismo de la anterior administración, pero peor aún, con un ministerio cerrado herméticamente sin el menor interés de participación o rendición de cuentas.
Por todo lo anterior, FECON señala la gestión del Ministro del MAG como anti ambiental, sin participación ciudadana y sin cumplir sus compromisos adquiridos en campaña política.
Además, FECON apunta el franco retroceso ambiental de las decisiones gubernamentales y por su sistemática acción contra la naturaleza, lo declara enemigo del ambiente 2014 – 2016 y solicita replantear su proyecto político.
Si bien pareciera imposible detener la inercia de un modelo agroexportador que supera nuestras fronteras, que impone un comercio transnacional extractivo a un país sumamente dependiente, el MAG tiene el apoyo de todo un país ecologista si toma decisiones valientes cuya meta sea dinamizar nuestra economía protegiendo nuestra seguridad alimentaria con base en el estímulo de nuestra agricultura y comercio justo y local, y para esto no hay otra vía posible que no implique poner en valor, en todas sus dimensiones, la salud ambiental del país, la verdadera esencia de este país y si se quiere ver desde una óptica mercantilista, nuestra verdadera gallina de los huevos de oro. Quedan dos años para revertir y aprovechar esta oportunidad, talvez la única.
*Imagen con fines ilustrativos tomada del video Río Acapulco seco por proyecto de riego en Puntarenas.
Enviado a SURCOS Digital por FECON.
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Katzy O`neal Coto,
Periodista Oficina de Divulgación e Información
Investigadores de diferentes centros e institutos de la UCR aportan conocimientos y nuevas alternativas para reducir el uso de pesticidas y plaguicidas en el sector agrícola, los cuales afectan la salud humana y el ambiente.
En Costa Rica el uso de estos productos químicos para el control de plagas en los cultivos está bastante extendido. Son utilizados, tanto por los grandes productores de frutas para exportación como la piña y el banano, como entre los pequeños productores de hortalizas y tubérculos como la papa, zanahoria y cebolla, entre muchos otros.
En el Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas del Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) se estudia y determinan los residuos de más de 150 plaguicidas de distintas familias presentes en el agua, frutas, vegetales, granos, suelos y sedimentos, gracias a que cuentan con equipo de alta tecnología, capaz de detectar concentraciones muy bajas de estos productos.
En el país los plaguicidas son un mal necesario, asegura el químico Mario Masís Mora, coordinador del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas. En su opinión, el mayor problema es que persisten prácticas inadecuadas en su aplicación y en el desecho de residuos que generan contaminación ambiental al acumularse en los suelos y en los ríos.
Con el propósito de aportar una alternativa para degradar los sobrantes de plaguicidas, los investigadores del Laboratorio de Biorremediación del CICA trabajan en el establecimiento de un método completamente natural que consiste en la neutralización de aguas contaminadas con altas cargas de plaguicidas, con el fin de evitar la contaminación de espacios acuíferos, y por lo tanto, de animales y personas. Este método conocido como biobeds utiliza una mezcla rica en microorganismos que permiten descomponer los materiales tóxicos utilizados como plaguicidas.
En todos los proyectos que desarrolla el Centro de Investigación en Contaminación Ambiental (CICA) se incluyen capacitaciones orientadas a la promoción de buenas prácticas agrícolas y reducción de la contaminación, en las que participan agricultores, comunidades y organizaciones de la sociedad civil y del sector privado.
En la UCR otros centros de investigación y unidades también trabajan en el tema de los plaguicidas, aportando alternativas desde diferentes áreas del conocimiento.
En el Laboratorio de Microbiología Agrícola del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) formularon productos de base natural para el control de plagas como una alternativa a los agroquímicos. Este Laboratorio desarrolla biofertilizantes, además de una amplia gama de microorganismos que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Además, han establecido alianzas con el sector empresarial para distribuir estos productos entre los agricultores de todo el país.
En conjunto, el CICA y el Centro de Investigaciones Agronómicas desarrollaron un proyecto para contribuir al manejo y uso adecuado de los insecticidas nematicidas en la agricultura en colaboración con el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y Corbana. El proyecto busca entender las implicaciones que conlleva la pérdida de eficacia de los insecticidas nematicidas, que los vuelve incapaces de controlar las plagas de nemátodos, lo cual genera importantes pérdidas en las cosechas y empuja a los productores a aplicar mayores dosis provocando una mayor contaminación del ambiente.
En el proyecto se determinó el tipo y tamaño de las poblaciones de nemátodos presentes en fincas productoras de papa en Cartago y de banano en Limón, se analizaron los residuos de plaguicidas en los suelos y se capacitó a agricultores y personal del MAG sobre el uso y manejo adecuado de estos productos para el control de plagas.
Por otra parte, desde el Laboratorio de Ensayos Biológicos (LEBI) se promueve una red de investigación sobre la toxicidad acumulativa de plaguicidas insecticidas y otros agroquímicos que afectan la salud humana y animal. Esta iniciativa responde a la preocupación por el aumento en el número de casos de enfermedad renal crónica en el país, que podrían estar relacionados con la acumulación de plaguicidas.
Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/
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José Francisco Alfaro C. a nombre de Yarca, hace un llamado a poner atención al boletín del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en el cual se realiza una consulta pública el “Reglamento del período transitorio para la revisión y aprobación de los planes reguladores”, para así ofrecer herramientas de agilización a las municipalidades en el proceso de elaboración, revisión y aprobación de dichos planes.
Es por esto que se solicita poner atención a esta consulta pública, con el propósito de que desde las comunidades se hagan las observaciones pertinentes.
Para conocer el comunicado realizado por el Gobierno en cuanto a esta consulta, puede ingresar en el siguiente enlace:
COMUNICADO 053 CONSULTA REVISION Y APROBACIÒN PLANES REGULADORES 22Abril15-2
Información enviada SURCOS Digital por José Francisco Alfaro C.
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