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Etiqueta: Magisterio Nacional

Carta pública de Jubilados en Acción al Presidente de la República

Carta pública de la Asociación Jubilados en Acción al Dr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República

Estimado Señor Presidente:

Nos dirigimos a usted respetuosamente, como organización formal de jubilados del régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional (RTR), debidamente inscrita en el Registro Nacional, para solicitarle, la aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace tres años.

Somos, en este régimen de pensionados, 44 mil jubilados, adultos mayores quienes hemos visto socavados y violentados nuestros justos derechos por el Estado Costarricense.

Como es ampliamente conocido el 98.95% de los jubilados en este Régimen tienen pensiones que oscilan entre 100.000 colones y 4 millones de colones mensuales nominales; de los cuales, 35.000 jubilados tienen un monto menor a 1,5 millones de colones nominales. Sin embargo, esos montos nominales tienen cargas impositivas que se acercan al 50%, las que corresponden al impuesto de renta, una cuota básica, una segunda cuota solidaria (que puede llegar al 75% en las más altas), la cuota a la CCSS de salud y maternidad, la póliza de vida obligatoria, más una cuota del 5/1000 para la administración del régimen de JUPEMA.

Como puede verse en este resumen de la documentación que hemos hecho públicas desde hace meses atrás, nada menos que el 98.95% de los jubilados del RTR está dentro de los parámetros generalmente aceptados como UNA PENSIÓN JUSTA, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más). Muy distinto a lo que falsamente insisten los medios de comunicación y que ha influenciado erróneamente a la opinión pública.

Además, a este sector de jubilados, se les ha esquilmado las cuotas de su jubilación, desde el origen del Régimen, monto que hoy equivaldrían a más de CINCO BILLONES DE COLONES (11,5% respecto al Producto Interno Bruto) si el Estado hubiera creado el Fondo que nos correspondía y para el cual cotizamos, en un inicio, en 1958, con un 5% de los salarios docentes, más tarde con porcentajes crecientes y de hasta un 16% a partir de 1992. Ahora a pesar de haber sido víctimas de un desfalco, hemos tenido que soportar por DOS años, desde el mes de julio del 2020, el congelamiento de las pensiones.

Está ampliamente demostrado que la inflación durante ese periodo es de un 10%, de acuerdo al Índice de Precios del INEC. Con solo observar el incremento en el precio de los combustibles, el tipo de cambio y todo lo que eso conlleva, son suficientes ejemplos para demostrar el empobrecimiento real de la mayor parte de quienes pertenecemos al Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.

EN VISTA DE LO ANTERIOR, RESPETUOSA PERO VEHEMENTEMENTE SOLICITAMOS A USTED:

Se aplique de FORMA INMEDIATA lo estipulado en el Título IV, Capítulo II, Artículo 13, inciso “a”, de la Ley 9635 (conocida como ley de ajuste fiscal), que, si bien establece la prohibición del ajuste a las pensiones, explícitamente estipula en forma clara y contundente: “EXCEPTO EN LO QUE CORRESPONDE A COSTO DE VIDA”.

Lo anterior, pone en evidencia una violación más a nuestros derechos, que estamos seguros usted no querrá seguir cohonestando en su Presidencia y conforme a su estilo de gobierno, dará las instrucciones pertinentes a quien corresponde, para que ese incremento que está AUTORIZADO POR LEY, se aplique sin dilaciones.

Atentamente,
M.Sc. Yamilette Jenkins A.
Presidenta
Asociación Jubilados en Acción
Cédula Jurídica 3-002-794-493

Comunicado a la opinión pública costarricense y al Magisterio Nacional sobre el interés en los fondos de pensiones del Magisterio

ACOJUPEMA es una asociación conformada por personas cotizantes de los distintos fondos de pensiones, nuestra misión e interés central es fiscalizar los fondos para los que hemos cotizado durante toda nuestra vida.

Tanto la opinión pública, como el Magisterio en particular, deben tomar en cuenta que se trata de ¢19,7 billones, equivalente a la mitad del PIB, razón por la cual nuestros fondos han sido y continúan siendo objeto de interés del capital financiero y por ende de especulación.

En relación con la existencia del proyecto de ley 22,760 Ley de idoneidad y Experiencia en la Gestión de Fondos y Operadoras de Pensiones, recalcamos que su interés central, por parte de la SUPEN es tomar control total sobre estos fondos, que pertenecen al Magisterio Nacional.

Así las cosas, solicitamos conocer el Expediente: CGR-CE-2020000055 de la Contraloría General de la República, cuyo contenido mantiene archivos encriptados, en relación con el proceso que les siguió a la señora Rocío Aguilar y el ministro de Hacienda Helio Fallas, sobre el mal llamado “hueco fiscal”.

El enlace para acceder a dicha información es: https://cgrweb.cgr.go.cr/apex/f?p=700:10:12962057700739

Y, el número del expediente es: 2019002299 (este número es la clave de acceso).

El alegato de que se encuentran encriptados por protección de datos sensibles es inadmisible, dado que tales datos pueden ser tachados, tal y como se acostumbra en estos casos. El papel de la señora Aguilar, impulsando proyectos que ponen en riesgo los fondos que hemos cotizado durante toda nuestra vida para tener una pensión digna, nos faculta para hacer pública esta solicitud.

Exigimos transparencia, tanto a la Contraloría, como a la Asamblea Legislativa y al Gobierno de la República para que el citado expediente, sea abierto al público EN SU TOTALIDAD. Tomen en cuenta que esta petitoria la hacemos en nombre de las personas cotizantes de los regímenes de JUPEMA.

Nota de la redacción de SURCOS: En relación con este tema, compartimos el documento enviado por ACOJUPEMA a la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa, en este escrito se exponen las objeciones que se hacen al proyecto 22,760. Posteriormente, encontrará el proyecto que se tramita en la Asamblea Legislativa.

Asamblea de cotizantes del Magisterio Nacional

El Movimiento Magisterial por una Pensión Digna está organizando la conformación de la Asamblea de Cotizantes del Magisterio Nacional.

La finalidad de la misma es fiscalizar la administración de los Fondos de Pensión principalmente por la aprobación de la ley 10078 aprobada en el 2021, la cual modifica la ley 7531 y pone en alto riesgo los fondos de pensión del Régimen de Capitalización Colectiva. Así mismo, tendrá como función organizar y convocar la Rendición de Cuentas de JUPEMA ante dicha asamblea y la participación de la misma en la toma de decisiones.

El Movimiento Magisterial por una Pensión Digna le invita a una asamblea de cotizantes del Magisterio Nacional, cuya finalidad es fiscalizar la Administración de los Fondos de Pensión, convocar a rendición de cuentas a la Junta Directiva de JUPEMA, y participar en la toma de decisiones en las inversiones de los fondos de pensión.

Compartimos el enlace para inscribirse a la asamblea:

Para inscribirse haga clic aquí

 

Compartido con SURCOS por el Movimiento Magisterial por una Pensión Digna.

Exigimos al MEP respeto a la población estudiantil y al magisterio nacional

13 de noviembre, 2021.
San José, Costa Rica

Para:
Despacho de ministra y viceministra
y Auditoría de Servicios del MEP
Defensoría de los Habitantes
Cc. UNICEF-CIDH

El día viernes 12 de noviembre las personas estudiantes de quinto grado de la Educación General Básica de Costa Rica fueron expuestas por primera vez a la última prueba de las evaluaciones denominadas FARO, en las asignaturas de español, ciencias y matemática. La última prueba se hace llamar Factores Asociados y pretende evaluar las condiciones en las cuáles viven y estudian dicha población estudiantil. Sin embargo, a criterio de personal docente y administrativo, madres y padres de familia esta última prueba excedió por mucho los límites físicos, psicológicos y emocionales de aproximadamente 70000 niñas y niños con edades entre 10 y 11 años.

Se afirma lo anterior, dado que dicha prueba dio inicio a las 9 am y estaba programada para ser realizada en un lapso de 3 horas, sin poder hacer recesos y con la instrucción de que era obligatorio completar la totalidad. Además, debían permanecer en el aula con el cubrebocas durante todo este lapso y solamente podían salir a tomar agua o al servicio sanitario; incluso, un porcentaje significativo la desarrollaron en aulas que no cuentan con las condiciones idóneas bio-sanitarias. Cabe mencionar que, en las pruebas anteriores de asignaturas básicas, a las 3 horas tenía que ser retirada por la persona docente, sin excepción alguna.

Reafirmamos que el Ministerio de Educación Pública (MEP) ha atropellado los derechos de las niñas y de los niños al someterles a cuestionarios de FARO exhaustivos que, aunque han sido diseñados para 3 horas, exceden dicho lapso entre 1 y 2 horas más, debido a su complejidad y extensión desmedida, incoherente totalmente con las condiciones y necesidades de la población infantil. También, nos preocupa que la vivencia en los centros educativos se da en un clima de tensión e incertidumbre ya que todas las personas involucradas fueron expuestas a un requerimiento más allá de los lineamientos y protocolos que el MEP ha establecido durante la pandemia.

Esta evaluación denominada Factores Asociados se divide en 4 folletos: 1. Tronco común (36 ítems y debían completar 190 respuestas) con el fin de evaluar el trabajo docente en pandemia, uso de la tecnología, conexión a clases en Teams, además de un censo socioeconómico con cuestionamientos sobre su familia y calidad de vida; 2. Español (26 ítems y 183 respuestas); 3. Matemática (16 ítems con 106 respuestas); 4. Ciencias (15 ítems con 142 respuestas). Los folletos de materias específicas refieren al desempeño del docente de cada materia.

Consideramos inconcebible que desde el propio MEP se diseñen herramientas que contienen preguntas hasta con 30 posibles respuestas; situación que condiciona al personal docente a leer una por una a fin de disminuir el cansancio y la tensión estudiantil en tanto tenían que dar 621 respuestas al contar algunos ítems con opción de respuestas múltiples.

Este cuestionario paradójicamente se presentan con la supuesta intención de identificar factores sociales y educativos que podrían afectar el desempeño y resultados estudiantiles en las pruebas FARO; no obstante, ante su extensión y alto grado de complejidad, el personal docente y familiares de las personas menores de edad confirman que muchas tuvieron serias complicaciones por agotamiento, estrés y ansiedad: vómitos, temblores en las manos, taquicardia, frustración, angustia y cansancio extremo. A lo anterior se suma que era la última prueba consecutiva de cuatro, donde el malestar y la angustia de las familias aumentaba al ver que sus niñas y niños no salían del centro educativo a la hora programada (12 mediodía).

Una directora manifiesta al Semanario Universidad que esta situación es de “injusticia” pues en el centro educativo que administra las y los menores de edad salieron cerca de la 1 p.m., negándoles el MEP el derecho a descanso o recesos. Las personas estudiantes afirman tener dolor de manos ya que rellenar cada círculo en la hoja de respuesta debe hacerse con firmeza para que quede constancia de la misma.

Instamos a la articulación de los diferentes sectores interdisciplinarios y comunidades educativas para indagar sobre las motivaciones estructurales de donde se derivan las pruebas FARO y su conexión con iniciativas similares en otros países de la región, en un escenario de constantes atropellos a las comunidades educativas, incluyendo al magisterio nacional, agudizados a raíz de la pandemia COVID19.

Es lamentable que, pese al impacto inhumano en la población estudiantil, la viceministra de educación plantea que supuestamente “A nivel internacional, este tipo de factores se analizan precisamente para explicar cómo es que los estudiantes alcanzan ciertas calificaciones”, y reitera que los cuestionarios se seguirán aplicando (próxima programación para décimo año el 8 y el 13 de diciembre del año en curso) siendo indiferente ante la situación antes expuesta.

La población estudiantil que será expuesta a este tipo de cuestionarios es de 170000 estudiantes de quinto y décimo año en total según datos del Semanario Universidad. Dichas pruebas tienen un costo monetario para el MEP de 2560 millones de colones. Es importante recalcar que durante los dos últimos años 2020 y 2021 las fechas y los niveles educativos asignados inicialmente han sufrieron cambios, provocando a nivel estudiantil un clima de incertidumbre y ansiedad; en especial, en quinto y sexto grado, y décimo y undécimo año. Así, estas pruebas constituyen en sí mismas un factor determinante durante la pandemia que incrementa la ansiedad, estrés y depresión estudiantil.

Es preocupante el manejo de la información que el MEP ha mantenido en torno a las pruebas FARO, además de inestable, ambiguo y confuso en cuanto a la precisión de lineamientos administrativos y de las habilidades a evaluar y de los contenidos en que las personas estudiantes necesitan prepararse más.

Respaldamos el proceder de directoras, directores y docentes conscientes y sensibles a la niñez quienes, como garantes de la seguridad integral de las personas estudiantes, sintieron la necesidad ética de tomar decisiones protegiendo la integridad física y emocional del estudiantado ante un proceso claramente inhumano, insensible y antipedagógico. De igual manera, madres y padres de familia se sumaron a la actitud respetuosa y humana de muchos centros educativos agradeciendo su identificación con el alumnado ante la crisis y agotamiento extremo que ocasionó esta directriz impuesta desde las autoridades educativas.

Afirmamos que independientemente de que los cuestionarios tengan o no un carácter evaluativo, causaron en la comunidad estudiantil un conjunto de efectos que reflejan una clara violación a los Derechos Humanos de las y los niños por parte de las autoridades del MEP.

Exigimos al Ministerio de Educación Pública de Costa Rica:
NO MÁS ATROPELLOS A LA DIGNIDAD E INTEGRIDAD
DE LAS NIÑAS Y DE LOS NIÑOS ESTUDIANTES Y MAGISTERIO NACIONAL
Comunidades educativas de Costa Rica

Firmas responsables:
Ana Lorena Dávila Cubero

Trabajadora social
María Trejos Montero
Maestra jubilada

comunidadeseducativascr@gmail.com

Material didáctico para conmemorar el Bicentenario

La serie bajo el nombre: “Aprendemos felices», es un material didáctico dirigido a conmemorar la celebración del Bicentenario en Costa Rica.

Desde el Magisterio Nacional se crea este material para que, con consciencia y entusiasmo, reinventarse y transformarse desde el currículo real sobre la celebración. 

En el archivo adjunto podrá encontrar Rompecabezas, Banderas y mapa de Centroamérica. El juego contiene 7 rompecabezas con las 6 banderas nacionales de la región centroamericana.

 

Información compartida con SURCOS por María Trejos Montero.

7 de agosto 1995, ni perdono ni olvido

Por Movimiento Magisterial por una Pensión Digna

Fue un 7 de agosto negro para la historia del Magisterio Nacional.

Así es, esa ley 7531 con todo el atropello a nuestro derecho a una Pensión Digna, es el resultado de la imposición a un porcentaje menor (60%) y al aumento de la edad (33 años), como producto del saqueo de los fondos existentes en aquella época. Desde ahí se estableció que el 30% se destinará a invertir en títulos estatales. Ahora pretenden la apertura de los fondos pero sin garantías, ni seguridad de recuperación de los fondos. Están entregando en bandeja de plata nuestro dinero al sector privado y esto no es nada menos que la privatización del Régimen de Pensiones. Y lo están haciendo en nuestras narices.

 

Compartido con SURCOS por Marjorie Hernández.

Pensiones de la C.C.S.S. y del Magisterio Nacional

El pasado miércoles 02 de junio del 2021 la seccional de jubilados del SINDEU UCR llevo a cabo un conversatorio, en el cual se desarrolló el tema: Pensiones de la C.C.S.S. y del Magisterio Nacional

Se contó con la participación de:

  • Antonieta Fernández, Frente Nacional Seguridad Nacional (FRENASS).
  • Yamilette Jenkins, Asociación Jubilados en Acción.
  • Ana Cecilia Jiménez, Presidenta ACODEHU.
  • Israel Pacheco, Vicepresidente JUPEMA.
  • José Antonio Segura, Director Pensiones JUPEMA.
  • Jorge Coronado, Representante BUSSCO y Asesor LATTINDAD.

Especialistas invitados/as:

  • Hazel Vargas.
  • Guiselle Bolaños.
  • Rosemary Gómez.
  • Miguel Hernández.
  • Trino Barrantes.

Realidades alternas, poder mediático, y pensiones magisteriales

Dr. Jorge D. García, Ph.D.

Inventando realidades

En los últimos años, se ha usado el término “realidad alterna” para denotar el recurso de políticos y medios de “comunicación” al sesgo, la descontextualización, a las verdades a medias, y a falsedades flagrantes, para crear una realidad ajena a la verdadera, la de hecho, la verificable, con el fin de promover su visión e imponer sus ideologías a audiencias desinformadas y manipulables. Destaca al efecto el ex presidente norteamericano Trump, cuyo éxito fenomenal al inventar una realidad (promovida también por algunas cadenas noticiosas), en la que no perdió las elecciones presidenciales en noviembre pasado, se traduce en decenas de millones de ciudadanos que se la creen a pie juntillas.

Nuestra sociedad no ha escapado a los efectos nefastos de la manipulación de la información con fines ideológicos y políticos. El estimado Dr. Oscar Aguilar Bulgarelli, historiador y ex diputado, ha documentado tales efectos en su libro “Costa Rica: Dictadura mediática o tiranía en democracia?”, en el cual, de manera detallada y contundente, expone los orígenes, mecanismos y consecuencias de dicha manipulación. Transcribimos de la Introducción a su libro:

“Los grandes intereses se han convertido en los manipuladores mediáticos. Los medios, a su vez, han perdido su verdadera independencia, pues son simples instrumentos de quienes controlan el poder económico del país, y con ello se convierten, también, en el verdadero poder político… Tal vez no nos hemos dado cuenta…que ya no se percibe la nueva realidad que se nos ha impuesto.”

Los grandes medios que constituyen el poder mediático en nuestro país han mantenido, desde hace décadas, una ofensiva feroz y a mansalva en contra de los pensionados y jubilados del Magisterio Nacional, ofensiva que ha recrudecido a niveles paroxísticos a partir del año 2014, de la mano con iniciativas legislativas y del Ejecutivo, y con apoyo multipartidista, para socavar los derechos jubilatorios del Magisterio. Para ello, no repara en inventar realidades, que no solo son fabricadas a propósito de sus fines, sino que, construidas a base de elementos marcadamente difamatorios, han creado en la población inquina y animadversión en contra de los jubilados del Magisterio.

Las realidades alternas mediáticas vs. las realidades verdaderas

Señalamos a continuación algunas de las “realidades alternas” creadas mediante la repetición incesante de sesgos, ausencia de contexto, medias verdades y falsedades, por parte de los medios de “comunicación” respecto de las jubilaciones y pensiones del Magisterio, y las contrastamos con las realidades de hecho, las verdaderas, verificables y documentables.

Realidad alterna mediática: los regímenes especiales como el Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional (RTR) son inequitativos porque conceden beneficios superiores a los del régimen de IVM de la CCSS. Su misma existencia es cuestionable porque la Constitución Política establece un régimen universal administrado por la CCSS.

Realidad de hecho: El antecedente legislativo del régimen de pensiones magisterial data de 1886 con la Ley General de Educación Común. Aunque los docentes fueron adscritos al régimen de IVM- CCSS en 1943, el régimen magisterial se reinstauró mediante ley 2248 del 7/9/1958 y pasó el tamiz constitucional en el año 1992 (Voto de Sala Constitucional 846-92 en el cual se expresa que el constituyente pretendió un mínimo de protección con el IVM-CCSS, por lo que no hay razón para cuestionar la pluralidad de regímenes jubilatorios). La pretendida inequidad por disparidad de beneficios se explica porque la cotización en el régimen magisterial fue, desde 1958, muy superior a la del IVM-CCSS. El hecho es que el IVM-CCSS tiene previsto aumentar la cotización del trabajador a 4.5% ¡en el año 2029! En contraste, desde 1958 los docentes empezaron a cotizar un 5%, y el día de hoy lo hacen entre 8.75% y 16%. Es de lógica elemental que a mayor contribución deben corresponder mayores beneficios, cosa que el poder mediático se resiste a admitir. Antes bien, ha mantenido que, aunque las cotizaciones en el RTR hayan sido muy superiores, los montos jubilatorios deben bajarse al nivel de los del IVM-CCSS.

Realidad alterna mediática: No se justifican pensiones “de lujo” como las que se encuentran en los regímenes especiales, particularmente dentro del magisterial, porque deben pagarse mediante el presupuesto nacional, con dinero que es de todos, ya que siempre fueron deficitarios, o quebraron. Si bien el término “pensión de lujo” es impreciso, deben considerarse como tales todas las que se conceden mediante los regímenes especiales, porque las cotizaciones individuales nunca podrían cubrir pensiones tan altas, algunas de hasta 14 millones.

Realidad de hecho: Más que falta de objetividad, es falta de ética y de decencia que el poder mediático oculte a la opinión pública que el Estado Costarricense desvió las cotizaciones magisteriales desde 1958 a gasto ordinario, llevándose también las cuotas que le correspondían como patrono y como Estado. Por eso las jubilaciones y pensiones del RTR, que comprenden la mayoría de las erogaciones por regímenes especiales, han de cargarse al presupuesto nacional, ya que el Estado tuvo que hacer frente a su irresponsabilidad por la no conformación del fondo de pensiones asumiendo esos pagos mediante la ley 7531, de 1995. Entiéndase: el mismo Estado dispuso ese pago, con garantía incluida en el artículo 115 de dicha ley (aunque hay que apuntar que, como garantía, dicho artículo no ha valido ni la tinta con que se escribió).

Y para coronar la desinformación, aun cuando el poder mediático reconoció hace poco que el término “pensión de lujo” es impreciso, ¿cómo “arregla” la situación? pues etiquetando a todas las jubilaciones de los regímenes especiales como “de lujo”, usando el falaz argumento de que no se cotizó lo suficiente. Oculta también que el RTR fue diseñado como régimen solidario, no de cuentas individuales. Con ello valida el engaño y manipula a la opinión pública. El mentís más rotundo a ese engaño mediático de cotizaciones insuficientes en los regímenes especiales lo da el otro subrégimen del Magisterio, el de Capitalización Colectiva (RCC). Este es también un régimen solidario, que no corre por cuenta del presupuesto nacional (en razón de la misma ley 7531 que fracturó al régimen magisterial en dos y dejó al RCC a cargo de JUPEMA), que cuenta en la actualidad con poco más de 100 000 adscritos, y en razón de las altas cotizaciones y los rendimientos por capitalización, ya sobrepasó los 3 BILLONES (millones de millones) de reserva, superando con mucho las reservas del IVM-CCSS. El dato que hemos brindado varias veces en entregas previas es que la estimación actuarial para el RTR, si se hubiera conformado su fondo previsional y no se hubiera efectuado la partición del régimen magisterial en 1995, es de 5 BILLONES al 2012. Esa es la magnitud de lo que el Estado le birló al Magisterio. Y en lugar de hablar de reparaciones, como a derecho correspondería, la “troika” constituida por ejecutivo, legislativo y gran prensa, han emprendido una cruzada que lleva más de 30 años, para minar los derechos jubilatorios del magisterio usando como estandarte la apelación difamatoria de “pensionados de lujo”. O sea, las pavas tirándole a las escopetas, el estafador cobrándole a los estafados.

Y el colmo de la manipulación: la repetición constante del estribillo “algunas pensiones son de 13 o 14 millones”, cual mantra para agitar y mantener el odio en contra de los jubilados. Sin embargo, la realidad es que las contadas jubilaciones del RTR que alcanzan esos montos, usualmente por sucesiones a herederos, estuvieron sujetas desde 1995 a deducciones totales que llegaron, según el caso, hasta 69% del monto bruto. Y eso es lo que los medios de “comunicación” no tienen la honradez de aclarar. Pareciera que carecen de la fibra moral para hacerlo.

Pero en una gestión legislativa francamente cantinflesca, esa deducción se modificó a la baja (mediante ley 9796 vigente en el laño 2020), pero de manera tal que se aumentó la deducción total a las jubilaciones medias y bajas, al tiempo que se atenuó el efecto, o se concedieron montos adicionales, en algunos casos millonarios, a las jubilaciones más elevadas. Y eso que la legislatura actual ha recibido elogios por su “productividad”: para muestra un botón.

¿Por qué inventar realidades?

Solo podemos hipotetizar acerca de los motivos por los cuales los grandes medios, aliados al poder económico y político de este país, se han ensañado en contra del Magisterio y del empleo público en general y las universidades públicas): ¿ideología? ¿inquina contra los servidores públicos? ¿avanzar en la contrarrevolución neoliberal que persigue no dejar piedra sobre piedra de los pilares de la Segunda República que surgió luego de la guerra civil de 1948? ¿O tendrá algo que ver, como se hizo público hace meses, el que una empresa de “comunicación” haya obtenido sumas multimillonarias por la compra de sus títulos valores, con dineros provenientes de los fondos de pensiones? Siendo ese el caso, resulta obvio que el conflicto de interés resultante no podría ser resuelto más que por información transparente y objetiva al respecto. Lamentablemente, esos valores parecen estar más ausentes que nunca del discurso mediático en el país.

 

Imagen ilustrativa.

Enviado por el autor.

UNT: denunciamos la persecución sindical en Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

SURCOS comparte información enviada por la Unión Nacional de Trabajadores (UNT):

Hoy lunes 25 de enero, la UNT ha reinstalado al compañero Brence Villalobos Zúñiga, Dirigente de la Seccional UNT-JUPEMA, quien fue despedido hace 2 años, de forma arbitraria y anti sindical.

La Sala Segunda, con fundamento en el Voto 5000 de la Sala Constitucional, que garantiza la protección del fuero sindical para  los representantes de los trabajadores, ordenó la reinstalación de nuestro compañero, con el pago de todos los salarios dejados de percibir estos 2 años.

La UNT reafirma su compromiso para velar porque se respeten los derechos laborales y la estabilidad de todas las personas trabajadoras de la Junta de Pensiones del Magisterio Nacional.

SEC: El pueblo quiere explicaciones, porque la educación está en crisis

SURCOS comparte pronunciamiento enviado por el Sindicato de Educadores Costarricenses (SEC):

El SEC denuncia que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo violentan la Constitución Política, al no cumplir con lo que establece su Artículo 78, el cual señala que debe presupuestarse el 8% del PIB anual para la educación estatal.

Esta situación se presenta por ese afán de querer endeudar más al país con el Fondo Monetario Internacional, sumado al congelamiento de plazas en el Magisterio Nacional, que ronda las 1000 vacantes, para docentes y administrativos los cuales no podrán ser sustituidos, dejando un enorme vacío.

No comprendemos cómo se inicia un curso lectivo de esta manera y más cuando se hace en medio de la pandemia por el Covid-19, acompañado de problemas de infraestructura, logísticos y carencia de presupuesto para las Juntas de Educación y Juntas Administrativas, lo que empeorará más, por el congelamiento del 80% de las plazas por jubilaciones y pensiones en el Magisterio Nacional.

Exigimos al Poder Ejecutivo, a las diputadas y diputados que nos indiquen cómo vamos a lograr una educación de calidad con un faltante superior a 1000 trabajadoras y trabajadores de la educación.

SEC junto al pueblo