Carta pública de la Asociación Jubilados en Acción al Dr. Rodrigo Chaves Robles
Presidente de la República
Estimado Señor Presidente:
Nos dirigimos a usted respetuosamente, como organización formal de jubilados del régimen transitorio de reparto del Magisterio Nacional (RTR), debidamente inscrita en el Registro Nacional, para solicitarle, la aplicación del ajuste a las pensiones por costo de vida que no hemos recibido desde hace tres años.
Somos, en este régimen de pensionados, 44 mil jubilados, adultos mayores quienes hemos visto socavados y violentados nuestros justos derechos por el Estado Costarricense.
Como es ampliamente conocido el 98.95% de los jubilados en este Régimen tienen pensiones que oscilan entre 100.000 colones y 4 millones de colones mensuales nominales; de los cuales, 35.000 jubilados tienen un monto menor a 1,5 millones de colones nominales. Sin embargo, esos montos nominales tienen cargas impositivas que se acercan al 50%, las que corresponden al impuesto de renta, una cuota básica, una segunda cuota solidaria (que puede llegar al 75% en las más altas), la cuota a la CCSS de salud y maternidad, la póliza de vida obligatoria, más una cuota del 5/1000 para la administración del régimen de JUPEMA.
Como puede verse en este resumen de la documentación que hemos hecho públicas desde hace meses atrás, nada menos que el 98.95% de los jubilados del RTR está dentro de los parámetros generalmente aceptados como UNA PENSIÓN JUSTA, para la que contribuimos durante toda nuestra vida profesional (que en muchos casos fue de 35 años o más). Muy distinto a lo que falsamente insisten los medios de comunicación y que ha influenciado erróneamente a la opinión pública.
Además, a este sector de jubilados, se les ha esquilmado las cuotas de su jubilación, desde el origen del Régimen, monto que hoy equivaldrían a más de CINCO BILLONES DE COLONES (11,5% respecto al Producto Interno Bruto) si el Estado hubiera creado el Fondo que nos correspondía y para el cual cotizamos, en un inicio, en 1958, con un 5% de los salarios docentes, más tarde con porcentajes crecientes y de hasta un 16% a partir de 1992. Ahora a pesar de haber sido víctimas de un desfalco, hemos tenido que soportar por DOS años, desde el mes de julio del 2020, el congelamiento de las pensiones.
Está ampliamente demostrado que la inflación durante ese periodo es de un 10%, de acuerdo al Índice de Precios del INEC. Con solo observar el incremento en el precio de los combustibles, el tipo de cambio y todo lo que eso conlleva, son suficientes ejemplos para demostrar el empobrecimiento real de la mayor parte de quienes pertenecemos al Régimen Transitorio de Reparto del Magisterio Nacional.
EN VISTA DE LO ANTERIOR, RESPETUOSA PERO VEHEMENTEMENTE SOLICITAMOS A USTED:
Se aplique de FORMA INMEDIATA lo estipulado en el Título IV, Capítulo II, Artículo 13, inciso “a”, de la Ley 9635 (conocida como ley de ajuste fiscal), que, si bien establece la prohibición del ajuste a las pensiones, explícitamente estipula en forma clara y contundente: “EXCEPTO EN LO QUE CORRESPONDE A COSTO DE VIDA”.
Lo anterior, pone en evidencia una violación más a nuestros derechos, que estamos seguros usted no querrá seguir cohonestando en su Presidencia y conforme a su estilo de gobierno, dará las instrucciones pertinentes a quien corresponde, para que ese incremento que está AUTORIZADO POR LEY, se aplique sin dilaciones.
Atentamente,
M.Sc. Yamilette Jenkins A.
Presidenta
Asociación Jubilados en Acción
Cédula Jurídica 3-002-794-493