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Etiqueta: mantos acuíferos

Proyecto de ley atenta contra zona de protección creada en 1888

José Francisco Alfaro. CONCEVERDE

Se encuentra en la Comisión de Ambiente el Proyecto de Ley 23.895 denominado: Ley de Reforma del Artículo 1 del Decreto Ley no. 65 del 30 de julio de 1888, y la Creación de la Zona de Protección de los Mantos Acuíferos Barva, Colima1, Colima y Acuíferos Inferiores”.

Este proyecto, presentado por el diputado Horacio Alvarado, es un reciclado de un proyecto presentado en la anterior legislatura por su hermano, el exdiputado William Alvarado.

El objetivo del proyecto no favorece el recurso hídrico de los habitantes de la zona del norte de Heredia y en general de los habitantes del Valle Central. Se pretende entregar más de 1000 hectáreas a poseedores ilegítimos de terrenos que hoy son PATRIMONIO NATURAL DEL ESTADO. Estos terrenos adquirieron esta categoría al declararse inalienables desde el 30 de julio de 1888 por medio de la Ley 65.

Hoy en día, gracias a la Ley 65, los terrenos de la zona inalienable tienen una protección absoluta, donde no debería permitirse que particulares posean esos terrenos, ni lleven a cabo actividad alguna. Esto es fundamental para salvaguardar el agua de los acuíferos del Valle Central, de los cuales dependen más del 60% de los habitantes de esta zona para suplirse de agua, acuíferos que se recarga en las montañas heredianas.

Además de la importante que reviste la zona inalienable para los acuíferos del Valle Central, en esta zona se originan las microcuencas de los ríos Ciruelas, Segundo, Bermúdez, Tibás y Pará. Estos ríos son fuentes vitales de agua superficial para miles de habitantes, especialmente de las partes altas de los cantones heredianos.

La protección absoluta y el carácter demanial que tienen esos terrenos ha sido ratificada por la Sala Constitucional en varios votos, ordenando por tanto al MINAE, que recupere los terrenos de la zona inalienable que están en manos de particulares (Resolución 2008-12109 y 2023-017109)

Es importante destacar que la zona inalienable no necesita una nueva declaración como zona de protección de los mantos acuíferos, ya que ya la tiene de manera absoluta o total. Esto es gracias a la visión de nuestros antepasados del siglo XIX, quienes otorgaron la categoría de inalienabilidad en 1888 para proteger el agua de los habitantes del Valle Central.

Sería deseable que la iniciativa del diputado Horacio Alvarado tuviera como objetivo influir en el Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) y las municipalidades para que respeten la Ley 65 y cumplan con las decisiones de la Sala Constitucional mencionadas anteriormente. Esto garantizaría la protección del recurso hídrico tanto para los habitantes actuales como para las generaciones futuras. Sin embargo, en lugar de eso, el diputado busca reducir la protección legal existente. Si su proyecto se aprueba, se permitirían actividades en buena parte de la zona inalienable, y el MINAE, institución que ha quedado debiendo en cuanto a proteger el ambiente, sería el encargado de determinar qué actividades se permitirían. Esto representa una violación al principio de progresividad y regresividad en materia ambiental. Es crucial mantener la integridad de estos terrenos, que han sido declarados inalienables desde 1888, para preservar el recurso hídrico vital para el Valle Central.

Además, el proyecto de Alvarado carece de un estudio técnico que analice y determine la posibilidad de reducir la protección de la zona inalienable. Esto viola el principio de objetivación de la tutela ambiental, como lo señalaron tanto la Procuraduría General de la República como la Contraloría cuando se presentó el proyecto en la pasada legislatura.

Planes reguladores son vitales para el desarrollo sostenible de las ciudades

COMUNICADO PÚBLICO
Plan de Ordenamiento Territorial Pérez Zeledón

La Asociación Montaña Verde ve con expectativa el esfuerzo que se realiza para establecer el Plan de Ordenamiento Territorial, Plan Regulador, agradecemos los esfuerzos que la institucionalidad hace al respecto, la intención es rescatable, sin embargo, también declaramos una preocupación importante en cuanto a la preponderancia que se le debe dar a los temas ambientales y ecológicos en la elaboración de este Plan de Ordenamiento. 

¿Dónde se deben construir las edificaciones comerciales o residenciales para que no afecten el recurso hídrico y mantos acuíferos? ¿hacía donde deben ir las prioridades en cuanto a la agricultura en el cantón, más monocultivos contaminantes o agroecología? ¿Existen o se están priorizando protección a las cuencas tan importantes que se encuentran en el territorio de nuestro cantón? Se incluyen planes de arborización en la ciudad de San Isidro, rescate de espacios verdes, mejora de paisajes naturales y forestales en la ciudad, ¿transformación hacía rutas peatonales en la ciudad en lugar de más contaminación vehicular? ¿Se está contemplando la protección de las montañas que rodean nuestro cantón, evitando las construcciones inmobiliarias que están causando movimientos de tierra y afectación de ríos y cuencas?  estas son algunas de las aristas más importantes a las que debe dar respuesta un plan regulador y que vendrían a impulsar el progreso del cantón.

En un Plan Regulador siempre se incluye la participación ciudadana, que se da tanto durante el diagnóstico como en la fase de propuestas; se escucha a la comunidad, se hace un proceso participativo y se conversa con la gente sobre lo que se encuentra en el diagnóstico, el tamaño mínimo o máximo de un lote que se tiene permitido debido a que está o no en una zona de protección boscosa o de acuíferos. El plan regulador viene a definir cuáles usos están permitidos en una determinada zona.

Uno de los ejes más importante de un plan regulador es el ambiental, que va asociado con el desarrollo sostenible (social, económico y ambiental) y que viene a fortalecer la gestión en esta temática. Un plan regulador, es la herramienta fundamental para generar medidas que promuevan el uso sostenible de los recursos naturales de un territorio.

Esta variable es de suma importancia pues está dirigida a complementar la legislación nacional en temas como la gestión sostenible del recurso hídrico de un cantón, la protección de las zonas de recarga acuífera, la conservación de las zonas boscosas que están fuera de los parques nacionales o áreas protegidas, así como la zona de protección de los causes y los corredores biológicos; todo esto se debe incluir dentro de un Plan Regulador para poder salvaguardarlo. Hay que sumar el apartado del cambio climático, que se desarrolla dentro de las posibilidades legales de un plan regulador, y los servicios ecosistémicos, que consideran el uso de las soluciones basadas en la naturaleza.

Los siguientes son los distintos aspectos relativos al tema ambiental que se deberían contemplar en el Plan de Ordenamiento Territorial de Pérez Zeledón:  Densidad exigida y ocupación territorial propuesta, Estudio de zonificación ambiental, evaluación de la factibilidad vial, agua potable y alcantarillado, aguas llovidas, áreas verdes, ordenanza propuesta, entre otras.

Ante estos elementos mencionados hacemos las siguientes peticiones:

Al Concejo Municipal y a la Alcaldía:

a- Que las organizaciones ambientalistas, actores sociales, ecologistas y académicos sean tomados en cuenta con sus criterios especializados en la elaboración de este Plan de Ordenamiento Territorial.

b- Que se establezca en la agenda relacionada al Plan de Ordenamiento Territorial un espacio para escuchar a quienes trabajan básicamente en temas ambientales y ecológicos.

c- Que se documente como insumo al Plan de Ordenamiento Territorial todos los aportes que se realicen con respecto a temas ambientales.

Hacemos un llamado especial a todas las organizaciones comunales, ADIs, ASADAS, Organizaciones de producción agrícola, cooperativas, Instituciones Académicas y en general todo ciudadano de nuestra región que cuente con aportes sobre temas ambientales que vengan a enriquecer el Plan Territorial.

Hacemos un llamado a estar vigilantes para que este Plan de Ordenamiento Territorial no termine siendo o convirtiéndose en afectación para el ambiente y menos que permita el crecimiento de actividades que afecten la protección ambiental.

Desde Montaña Verde participaremos activamente en las diversas actividades que se convoquen y estaremos atentos a que los resultados sean los que requerimos para seguir protegiendo la riqueza natural de nuestra región.

Acuíferos costeros: ¿Qué son? ¿Qué les amenaza?

Le compartimos la siguiente infografía sobre acuíferos costeros, para problematizar los desafíos del contexto que están enfrentando nuestras costas. Su alta vulnerabilidad está unida a una mayor presión por el acceso al agua en las zonas costeras, especialmente aquella promovida por las actividades inmobiliarias que están llevando al límite nuestros acuíferos, pero también exponiéndoles a la salinización o contaminación con aguas residuales.

Esto nos exige repensar su situación actual y buscar alternativas para su gestión que tengan como eje transversal la garantía de acceso al agua para el uso familiar y comunitario.

El Pacífico Norte se encuentra en una encrucijada ante la presión por el agua: predomina el clima seco y posee pocas fuentes de agua.

Una de las fuentes de este recurso son los acuíferos costeros, sin embargo, cada día aumenta más la presión por las actividades turísticas, agroindustriales e inmobiliarias ¿Sabemos qué son? y ¿Qué les afecta? 

  • ¿De dónde proviene el agua? 

Los acuíferos costeros reciben el agua de las zonas altas de las montañas, pero también de los ríos y una manera que podemos notar su existencia es a través de los manantiales. 

  • ¿Qué condiciones tienen? 

Los mantos acuíferos son formaciones geológicas compuestas de arenas y gravas permeables (esta condición es la que permite la circulación y almacenamiento de agua). En el caso de los acuíferos costeros, su permeabilidad es mucho mayor, es decir, más vulnerable a la salinización o la contaminación por aguas residuales. 

  • ¿A que están expuestos? 

En las últimas décadas han estado expuestos a una sobreexplotación y agotamiento por el desarrollo de diversas actividades turísticas, inmobiliarias, agroindustriales, ganaderas, entre otras, disminuyendo su disponibilidad, sumado al mal manejo que se evidencia en la falta de sistemas de tratamiento de aguas residuales o la ausencia de alcantarillado sanitario.

  • ¿Cuáles son los principales conflictos que están presentes?  

Los conflictos por el agua en el Pacífico Norte han estado marcados por escenarios de agotamiento de las fuentes de agua debido a la sobreexplotación y la contaminación, pero también el cambio en la gestión del agua, con el fin de garantizar la inversión que prioriza el uso del agua para las iniciativas turísticas, las inmobiliarias y la agroindustria, vulnerabilizando el uso comunitario. 

  • ¿Qué preguntas genera esto? 

Podemos preguntarnos ¿Quiénes en nuestra comunidad se están beneficiando o perjudicando de este modelo? ¿Qué aspectos están presentes en nuestro territorio? ¿Tenemos organizaciones que defienden el agua para todas y todos?

Esta infografía se hizo a partir de la consulta a:

Arellano, F. Vargas, A. (2001) Casos de contaminación por intrusión salina en acuíferos costeros de la Península de Nicoya (Costa Rica) en Revista de Geológica de América Central 25 pp 77-84.
Cañada, E. (2019). Conflictos por el Agua en Guanacaste, Costa Rica: Respuestas al desarrollo turístico. En Anuario de Estudios Centroamericanos. Universidad de Costa Rica. 45. pp 323-344

 

Este material es una producción del Observatorio de Bienes Comunes, Kioscos Socioambientales y el Centro de Investigación y Estudios Políticos. Compartido con SURCOS por Luis Sanabria Zaniboni.

Ambiente y 100 días: organizaciones envían carta al Presidente

En su primer discurso presidencial, usted prometió: “Protección y balance con el ambiente”. Sin embargo, en estos primeros 100 Días, su gobierno de “unidad nacional” no honra las promesas de campaña electoral ni su discurso inaugural, pero sí perpetúa el accionar de las anteriores administraciones, respondiendo a los intereses supremos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y sus socios.

Su gobierno continúa promoviendo el Proyecto Mesoamérica (PM), extensión del Plan Puebla Panamá, con claros mandatos internacionales, para asegurar el mayor flujo de bienes y servicios del país hacia el Norte, por medio del saqueo y la privatización de nuestros recursos naturales y vida, que obligan al endeudamiento para financiar la infraestructura de proyectos privados al servicio del gran capital, como ocurre con el Proyecto PAACUME en Guanacaste y el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis en el Sur, contribuyendo aún más con el creciente Déficit Fiscal.

En el marco del PM su gobierno sigue impulsando la modernización de la infraestructura de los principales Puertos en el Caribe y Pacífico costarricenses para privatizarlos posteriormente sin importar el desempleo. Se amplían y construyen nuevas carreteras y aeropuertos como el de Osa, pese a la fragilidad de su entorno ambiental. Se acelera la desregulación del SETENA y el debilitamiento del SENARA para favorecer la entrega del agua a manos llenas para regar jardines, campos de golf y hasta vender el agua embotellada, ignorando el impacto real del Cambio Climático en Guanacaste, una de las provincias más empobrecidas y la más seca del país.

Los jerarcas del MINAE, de la Dirección de Aguas, y el AyA siguen sin poner límites al uso y abuso del agua por las grandes empresas de monocultivos como la caña de azúcar, el arroz, el melón, la sandía y la piña, sin importarles que las empresas devuelvan el agua contaminada a los ríos, quebradas, nacientes y pozos que utilizan las comunidades humanas y silvestres.

A los 100 Días, su administración destaca negativamente para el ambiente por las siguientes razones:

  1. SAQUEO DEL AGUA DE LAS AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS MEDIANTE LA “NORMA DEL DEBATE ARREGLADO” EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA: su gobierno de “unidad nacional” con Rodolfo Piza, utiliza tácticas y estrategias de convencimiento con los diputados y diputadas de todas las fracciones, a espaldas de las comunidades empobrecidas y vulnerables, mediante la “norma del Debate Arreglado”, para entregar el agua de las Áreas Silvestres Protegidas, mediante proyectos promovidos por el Banco Mundial y la Global Water Parneship (GWP), como el 20.465 que modifica los límites de la Reserva Biológica Barbudal en Guanacaste y el No. 20.447 para extraer el agua de los Parques Nacionales, pese al desperdicio enorme debido a la mala administración del AyA originando conflictos en comunidades como Nimboyores y Sardinal en Guanacaste; Guacimal, Orocú, Malinche y Costa de Pájaros en Puntarenas y Tacares de Grecia y Atenas en Alajuela, entre otros.
  2. SAQUEO DE LA BIODIVERSIDAD Y TIERRAS MEDIANTE LA TITULACIÓN DE LA MILLA FRONTERIZA, DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS, DE LOS CORREDORES BIOLÓGICOS, DE LAS RESERVAS FORESTALES, ENTRE OTROS: iniciativas que cuentan con apoyo abierto del Ministro MINAE Carlos Manuel Rodríguez Echandi, incorporado por su gobierno para asegurar el cumplimiento de “mandatos ambientales” inconclusos de gobiernos anteriores del Partido Unidad Social Cristiana. Se sigue utilizando a los pobres como justificantes para favorecer a las empresas inmobiliarias, constructoras, turísticas, etc. como ocurre desde hace 20 años en el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo en el Caribe costarricense y con la tramitación actual del Proyecto No. 20.407 que pretende “regular” el Patrimonio Natural y Forestal, fomentando la expansión y crecimiento urbano sobre áreas de protección y recarga acuífera, ignorando los objetivos de conservación, uso y manejo sostenible, generando pérdida de la biodiversidad e interrupción de los Corredores Biológicos, considerados garantes para disminuir los impactos del Cambio Climático y que trunca la aspiración de Carbono Neutralidad de su gestión gubernamental.
  3. AUMENTA LA DESPROTECCIÓN DE LOS MANTOS ACUÍFEROS: su “gobierno de unidad nacional” parece olvidar que el agua subterránea o de los acuíferos representan entre 70 y 100% del agua para el consumo humano en distintas partes del país y en vez de aumentar la protección de la misma, implementando la Matriz Genérica de Protección de Acuíferos, se pretende dejarla sin efecto, favoreciendo la expansión urbana sobre mantos acuíferos y zonas de protección, sin tomar en cuenta la disminución acelerada de caudales, la contaminación de aguas superficiales y los impactos reales del Cambio Climático ya presentes en el país. En la Zona Norte de Heredia, continúan permitiéndose actividades humanas pese a su condición de inalienabilidad, específicamente para la protección del recurso hídrico de los habitantes del Valle Central, siendo por tanto patrimonio natural del Estado, con clara violación a la Ley No. 65 del año 1888 y al Voto de la Sala Constitucional Nº 2008-12109. Resulta inadmisible que en su gobierno continúe el establecimiento de enjambres de gasolineras sobre el Acuífero BarrancaEl Roble en Puntarenas, expuesto también a la contaminación fecal por colapso de la obsoleta Planta de Tratamiento del AyA, contribuyendo aún más con el deterioro del ya ultrajado Humedal Laguna Bonilla, último reducto de vida silvestre y único humedal urbano de agua dulce en el cantón Central de Puntarenas.
  4. NO SE APRUEBA LA MORATORIA AL MONOCULTIVO DE LA PIÑA: ..continúa la expansión del cultivo de la piña, en detrimento de los bosques naturales y cultivados con incentivos fiscales, invadiendo las zonas de amortiguamiento de importantes áreas silvestres protegidas, como es el Parque Internacional de La Amistad, Patrimonio Natural Mundial de las UNESCO y contaminando el agua de ríos, quebradas, nacientes y pozos que quedan inhabilitados para el consumo humano, con altos costos ambientales y económicos que pagamos todos, como ocurre en las comunidades de El Cairo, La Francia, Milano y Luisiana en Siquirres y Veracruz, La Trinidad, Quebrada Grande, San Marcos y San Luis de Pital en la Región Huetar Norte, entre otras.
  5. SE MANTIENEN LAS INCONGRUENCIAS EN LA EXPLOTACIÓN MINERA METÁLICA Y NO METÁLICA: pese a las recomendaciones dictadas por la Contraloría General de la República aún no se reforma el Decreto Ejecutivo No. 29300 – MINAE, ni se depura ni actualiza el Catastro Nacional Minero, tampoco se ejercen controles sobre las cantidades de materiales que se extraen, procesan y venden de las distintas concesiones, pese a que algunos de esos materiales se emplean en la construcción de carreteras por las que se cobran sumas millonarias sin haber cancelado los impuestos. Persiste la concentración de concesiones no metálicas en las cuencas medias y bajas de los ríos Barranca, Lagarto y Guacimal en Puntarenas y Tempisque, Abangares y Ahogados en Guanacaste, entre otros, afectando el suministro de agua para consumo humano; o exponiendo la roca madre como sucede en los ríos General en la Región Brunca y Toro Amarillo en el Caribe. La minería artesanal del oro, al igual que en Crucitas, se practica ilegalmente en Abangares y Miramar, afectando zonas ambientalmente frágiles, contaminando cursos de agua superficiales que desembocan en el Golfo de Nicoya, como sucede con la Quebrada Gongolona en Abangares y las Quebradas Zamora y El Padre en Miramar. Sorprende que después de 11 años de la caída estrepitosa de la mina de oro a cielo abierto en Miramar, aún no se exige el Cierre Técnico de la misma, ni “opera de oficio” la cancelación de la concesión pese a los incumplimientos de la misma, como reconoció el Ministro del MINAE, Carlos Manuel Rodríguez Echandi, en la Universidad de Costa Rica a los 8 días de haber asumido funciones en la actual administración.
  6. AUSENCIA DE DIRECTRICES PARA EL ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS QUE CONTIENEN INGREDIENTES DE ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGM) O TRANSGÉNICOS: la ausencia de directrices sobre el etiquetado de los productos OGM resulta en la protección de su gobierno a los intereses de las corporaciones, en detrimento de los derechos individuales de los residentes locales que ven limitados sus derechos humanos de acceso a la información y libre elección bien informados, para saber qué se consume.
  7. SIN ACCIONES PARA LA REDUCCIÓN DEL USO Y ABUSO DE AGROQUÍMICOS: las empresas y personas siguen utilizando sin controles agroquímicos, incluso prohibidos por otros gobiernos, porque no existe una política de Estado para reducir efectivamente la cantidad de agroquímicos utilizados en las actividades agrícolas; por lo que en la práctica seguimos siendo el país consumidor más voraz de plaguicidas químicos en la agricultura, mientras continuamos muriendo de cáncer gástrico, sin advertir siquiera una ruta incipiente de que su co-gobierno con Piza traten de fomentar la agricultura orgánica.
  8. NINGUNA PROPUESTA DE SOLUCIÓN A LAS DISPUTAS POR LOS TERRITORIOS INDÍGENAS: persiste el olvido sistemático del Estado en relación al conflicto por la tierra e intereses contrapuestos, propiciando el irrespeto a la soberanía y autonomía de las comunidades indígenas, que generan enfrentamientos violentos entre los pobladores indígenas y no indígenas, bloqueos, quemas de ranchos habitados, persecución y amenazas a la integridad física y emocional de los indígenas. Se mantiene la amenaza constante de expulsión de indígenas de sus territorios por empresas nacionales y extranjeras, avaladas por el Estado para explotar sus recursos naturales, como ocurre con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquis y 16 represas hidroeléctricas en Talamanca que destruirían los ríos Telire, Coen, Lari, Urén y el ecosistema del Parque Internacional La Amistad, entre otros.
  9. MORDAZAS Y RESTRICCIONES A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LOS COMITÉS DE VIGILANCIA DE LOS RECURSOS NATURALES (COVIRENAS): los funcionarios del Área de Conservación La Amistad Caribe del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-ACLAC) bloquean y fuerzan trámites engorrosos para limitar las acciones y participación de personas decentes y antiguos miembros de los COVIRENAS, violándose la Declaración de Río Sobre Ambiente y Desarrollo, la Declaración Universal de Derechos Humanos, contradiciendo los Principios de fundación del Partido Acción Ciudadana e ignorando el incalculable valor de la participación ciudadana para contribuir con la protección de algunas regiones para la Humanidad, catalogadas como Reservas de la Biosfera, Sitios de Patrimonio Mundial Natural y Humedales RAMSAR que se protegen en ACLAC.

Por todas estas agresiones, violaciones e inacciones sobre el medio ambiente, su gobierno “nacional” y del “bicentenario” requiere un cambio de rumbo y dirigencia en instituciones como el MINAE, la Dirección de Aguas y el AyA, cuyos jerarcas siguen demostrando irrespeto y falta de compromiso con la protección del ambiente y la biodiversidad. Exigimos no se permitan talas ni otra actividad humana en zonas ambientalmente frágiles, especialmente donde se atente contra el recurso hídrico de los habitantes del Valle Central y otras regiones del país.

Suscriben,

Asociación Conservacionista Yiski

CEUS del Golfo de Nicoya

Comité Ambiental de Miramar

Conceverde

Ni una sola mina

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de ecosistemasdecostarica.blogspot.com

Enviado por María Elena Fournier.

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