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Etiqueta: Marta Esquivel

ANEP sugiere preguntas que la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa podría hacer a la presidenta ejecutiva de la CCSS

Por José Daniel Gamboa Araya

La Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP) ha generado un documento que recoge diversas perspectivas sobre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), incluyendo el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y declaraciones de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel. Sin embargo, el foco principal se centra en las sugerencias de preguntas cruciales que ANEP propone para la segunda comparecencia de Esquivel ante la Comisión Legislativa de Ingreso y Gasto Público.

Entre las preguntas planteadas se destaca la necesidad de explicar por qué la CCSS no proporcionó a la OIT el conjunto completo de datos solicitados, y si hubo alguna solicitud para que la OIT no presentara el informe. ANEP también cuestiona si hubo presiones para tomar medidas disciplinarias contra los funcionarios que prepararon la nota técnica, y si Esquivel desconoce el trabajo técnico para resolver los problemas de la CCSS.

Además, ANEP interpela sobre la autoridad técnica y política con la que Esquivel desacredita el informe de la OIT y si estas acciones fueron aprobadas por la Junta Directiva. La asociación plantea la discrepancia entre la versión de la CCSS y las recomendaciones de la OIT sobre las deficiencias actuariales, y busca conocer las medidas que la CCSS está tomando para enmendar estas deficiencias. ANEP concluye con preguntas que resaltan la disparidad de atención médica entre géneros y cuestiona la motivación detrás de descalificar el informe de la OIT en medio de acusaciones de maquillaje de datos por parte de la Contraloría. Estas preguntas buscan arrojar luz sobre la situación y fomentar la rendición de cuentas en el sector de la seguridad social en Costa Rica.

SURCOS comparte el documento completo enviado a nuestra redacción.

Movimiento Sindical Unido aclara a la ciudadanía ante las declaraciones de la presidenta ejecutiva de la CCSS

En el marco de la reciente comparecencia de Marta Esquivel ante los señores y señoras diputadas de la Comisión de Ingreso y Gasto Público, de la Asamblea Legislativa, el Movimiento Sindical Unido (MSU) considera necesario esclarecer diversos aspectos a partir de sus declaraciones sobre el Informe Técnico de la OIT respecto de los estudios de la Dirección Actuarial de la Caja del 2021.

Es notorio que la Sra. Esquivel, al expresar “Gracias a Dios que la OIT hizo el informe”, porque les hizo ver que había un error de cálculo en sus propios informes, omitió mencionar las carencias técnicas identificadas por la OIT, que la Caja sigue sin atender, persistiendo en una gestión nefasta, antitécnica y antidemocrática de tan importante institución nacional.

Por ello, hay una serie de denuncias y procesos judiciales en curso contra las actuaciones incorrectas de la Presidencia de la Caja, incluyendo haber manipulado datos y maquillado informes internos para engañar al país sobre su realidad financiera.

“Resulta llamativo que, mientras ahora muestra una afectada gratitud por la evaluación externa, el Gobierno intentó previamente obstaculizar la divulgación del informe, incluso recurriendo a injerencias y presiones indebidas sobre esta agencia de Naciones Unidas, llegando al punto de exigir sanciones improcedentes para los expertos funcionarios de OIT que elaboraron los informes técnicos, como lo informó públicamente, alardeando, la Presidenta Ejecutiva de la Caja”, comentó Luis Chavarría, coordinador del Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (BUSSCO).

Por su parte, Fanny Sequeira, secretaria general de la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN) indicó que “cabe recordar que la OIT realizó dicho estudio a solicitud expresa del Movimiento Sindical Unido, ante la falta de transparencia y rigor técnico de los informes de la actual Dirección actuarial de la Caja. Las presuntas manipulaciones de datos e informes internos, y las inconsistencias técnicas señaladas por la OIT, respaldadas por el MSU, subrayan la necesidad de abordar los graves problemas estructurales de gestión”.

La deriva gubernamental y desaciertos de la Presidencia Ejecutiva constituyen un riesgo para la población y amenaza con un deterioro institucional significativo. Las listas de espera prolongadas y la dilación en obras urgentes de infraestructura sanitaria, exponen la falta de gobernanza y la ineficacia técnica, política y social de la presidenta ejecutiva.

En consecuencia, el Movimiento Sindical Unido demanda:

  1. La renuncia inmediata de la Sra. Marta Esquivel a su puesto, y la devolución de los salarios pagados en exceso.
  2. La reinstalación del Dr. Álvaro Ramos como reconocimiento a su capacidad y competencias probadas.
  3. Una disculpa formal a la OIT y el levantamiento de vetos a los funcionarios vinculados con el estudio publicado, además de aprovechar constructivamente sus informes técnicos para la mejor gestión actuarial institucional.
  4. Retomar un modelo de gestión y gobernanza en la Caja acorde con su autonomía constitucional, sin injerencias, interferencias, ni influencias políticas.
  5. Que la CCSS, en acuerdo tripartito, solicite a la OIT hacer un estudio actuarial integral de la Caja, que permita superar las especulaciones y subjetividades personales y nos permita un enfoque objetivo y científico, que garantice decisiones técnicas, no de oscuros intereses bancarios o políticos.

El MSU reitera su compromiso con la defensa de los derechos laborales, la transparencia y la mejora continua de las instituciones públicas, en beneficio de la salud, la justicia y el bienestar de toda la ciudadanía.

Transparencia en salud: Sala Constitucional insta a la CCSS a cumplir con solicitudes de UNDECA

En una serie de resoluciones recientes, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado su orden a la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para que brinde la información solicitada por UNDECA, la Unión de Empleados de la Caja y la Seguridad Social. El recurso de amparo, presentado por Deivis Rafael Ovares Morales y Natalia Solís Rojas, aborda preocupaciones sobre la tercerización de servicios, gastos institucionales, planes de contingencia y certificación de criterios técnicos.

En la más reciente resolución, la Sala declaró parcialmente con lugar el recurso, señalando que algunas solicitudes aún no han sido atendidas. Se otorga a la CCSS un plazo de cinco días para cumplir con las solicitudes pendientes. Esta decisión refuerza la importancia de la transparencia y respuesta oportuna a las inquietudes planteadas por UNDECA.

En otra resolución fechada el 16 de enero de 2024, se destaca una acción presentada por Natalia Solís Rojas, acusando desobediencia por parte de la presidenta ejecutiva de la CCSS a una orden anterior de la Sala. La Sala otorga tres días a la presidenta ejecutiva para abordar y presentar pruebas sobre las omisiones alegadas. Se advierte que, en caso de comprobarse la desobediencia, podrían tomarse medidas legales adicionales.

En relación con la inejecución de la sentencia anterior, fechada el 15 de diciembre de 2023, se informa que la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, ha respondido alegando que se brindó respuesta a UNDECA mediante un oficio fechado el 4 de diciembre de 2023. Sin embargo, la Sala no constata fehacientemente que la presidenta ejecutiva haya proporcionado una respuesta a los puntos específicos mencionados en la gestión de inejecución. Se reitera la orden de la Sala para su cumplimiento inmediato.

En el cuarto documento, se presenta un recurso de amparo inicial presentado contra la presidenta ejecutiva de la CCSS por presunta violación al derecho de petición y pronta respuesta. Los recurrentes, Deivis Ovares Morales y Natalia Solis Rojas, solicitan dejar sin efecto acuerdos de la Junta Directiva relacionados con la tercerización hasta contar con respaldos administrativos y legales. Además, exigen la acreditación de que la contratación de servicios externos no implica un mayor gasto institucional y que se justifique técnicamente la necesidad de tercerización.

Además se aborda una comunicación adicional de UNDECA dirigida a la Sala Constitucional. Los representantes sindicales expresan sus preocupaciones sobre la tercerización de servicios en la CCSS y critican disposiciones que podrían afectar la retención de personal médico especializado. Solicitan la certificación de la Junta Directiva de la CCSS de que la aplicación de las disposiciones no incumple con la Ley Constitutiva ni con la nueva Ley de Contratación Pública.

Marta Esquivel se vio obligada a confirmar la veracidad de la Nota Técnica de OIT

  • Estudios actuariales están plagados de errores y maquillajes

La Nota Técnica que emitió la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las irregularidades de los estudios actuariales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fue contundente, y luego de recurrir a muchos mecanismos e intentos de desacreditarla, la presidenta ejecutiva, Marta Esquivel se vio obligada a confirmar su veracidad ante el país en la comisión legislativa de Control, Ingreso y Gasto Público.

Es incuestionable la validez de la Nota Técnica, realizada por la Unidad de Finanzas Públicas, Actuaría y Estadísticas del Departamento de Protección Social de la OIT con sede en Ginebra, Suiza, la cual emitió una rigurosa “Opinión técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja, agosto 2023”.

“Es vergonzoso que Marta Esquivel ahora hasta le agradece a Dios por este estudio, cuando hizo hasta lo imposible por demostrar que la Nota Técnica no servía y presionó a la OIT para que retiraran el análisis”, detalló Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Debemos recordar que la OIT evidenció que los estudios actuariales de la Dirección Actuarial y Económica presentan:

  • Un aumento explosivo, inexplicable e inconsistente del gasto proyectado al 2036, el cual es 5,2 veces el gasto del 2022, estimaciones muy alejadas, que no reflejarían los superávits de operación recurrentes y la acumulación de reservas observados en los últimos años.
  • Cambios drásticos en las proyecciones actuariales en períodos de tiempo extremadamente cortos: dos proyecciones actuariales consecutivas con 7 días de diferencia, con sobreestimaciones de los gastos y una duplicación del costo de los proyectos de inversión, componentes del gasto proyectado en dirección contraria y atípica del Seguro de Salud.
  • Duplicidad de gastos proyectados de costos de los servicios, gastos de inversión y de operación de los proyectos y programas de inversión.
  • Persistentes sobreestimaciones de las proyecciones actuariales en comparación con los gastos totales finalmente ejecutados.
  • Con estos “estudios” presentados por la directora Actuarial, Carolina González, y la directora de Planificación, Susan Peraza, dos unidades subordinadas directamente a la presidenta ejecutiva Marta Esquivel, dejaron de construir obras fundamentales, como el Hospital de Cartago, por fuertes intereses privatizadores.

“Estamos hablando de que se alteraron los informes actuariales, lo que podría configurar un delito, mientras Esquivel y el gobierno lo descalificaron desde un principio, a sabiendas de que la nota técnica de la OIT era correcta y técnicamente validada por expertos de índole internacional, altamente calificados en materia de seguridad social”, añadió Chavarría.

UNDECA, exige el cese inmediato de la persecución a funcionarios de la Caja Costarricense de Seguro Social y de los expertos de la OIT que elaboraron la nota técnica y demanda a la Auditoría Interna que realice una investigación a las personas responsables de estos actos.

A la opinión pública: Pronunciamiento por parte del Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos (CFIA) sobre el nuevo Hospital de Cartago

El Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), se permite recordar que, desde hace 50 años, el país cuenta con un Código Sísmico, que está al nivel de los Códigos más avanzados del mundo en materia sismo-resistente. Dicho Código tiene en su fundamento en la Ley N° 6119″Ley para el Establecimiento de un Código Antisísmico en Obras Civiles», en donde el legislador estableció que «Todas las construcciones y obras civiles, que se realicen en el territorio nacional, deberán cumplir con normas mínimas de diseño y construcción antisísmicas». En consecuencia, es claro que estamos en presencia de normas públicas de acatamiento obligatorio, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 11 y 129 de nuestra Constitución Política.

Dicho Código a lo largo del tiempo ha estado en una revisión permanente (el original de 1974 y cuatro posteriores actualizaciones: 1986. 2002, 2010 y 2014), lo que ha generado una cultura en la ingeniería estructural del país, que brinda una respuesta adecuada de las estructuras construidas ante la gran cantidad de sismos de importancia ocurridos, incluso, muy superior a la respuesta de estructuras de muchos otros países del orbe, pues nuestro código en todo momento busca proteger las vidas humanas, la integridad física de las personas, la reducción de los daños materiales y las pérdidas económicas, minimizar el impacto social y económico, y salvaguardar las inversiones de la infraestructura construida.

Adicionalmente, el país tiene un gran nivel en sus profesionales en geotecnia, geología, hidrología y otras especialidades, que trabajan de manera conjunta en el desarrollo de infraestructura de importancia, bajo el concepto de que las amenazas antrópicas se resuelven con diseño y medidas correctivas.

En atención a lo anterior, no son de recibo las declaraciones de la señora Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Lic. Marta Esquivel Rodríguez, en el sentido de que la decisión de la contratación del Hospital de Cartago «debe esperar a expertos en fallas sísmicas de California» (sic), por cuanto es claro que existen los criterios técnicos debidamente fundamentados, desarrollados por profesionales competentes, realizados con base en el Código Sísmico mencionado y en el Código de Cimentaciones, así como por geólogos especialistas, que han determinado, desde el punto de vista técnico, la procedencia de seguir adelante con el proyecto diseñado por la CCSS.

En consecuencia, se estima cualquier decisión de no continuar adelante con el proyecto será una decisión exclusivamente política, pero no basada en las reglas de la ciencia y de la técnica, ni en los principios elementales constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, así como de probidad en el uso y administración de los recursos públicos. En ese sentido, resaltamos que Costa Rica debe sentirse orgullosa de sus gremios profesionales, y estimamos que no debe de cuestionarse de ninguna manera la competencia profesional y excelencia de estos, con el único afán de justificar decisiones de orden político.

El CFIA, como en otras oportunidades, destaca su total disposición para dar opinión y asesorar a los Poderes del Estado e instituciones públicas, en materia de la competencia de los diferentes colegios que integran el Colegio Federado, en caso de que así se nos solicite, para lo cual resaltamos que siempre actuaremos en apego a la objetividad, a las reglas de la ciencia y de la técnica, así como del principio de legalidad, en aras de orientar la gestión a la satisfacción del interés público.

Finalmente, a manera de reflexión, se recuerda que el Estado tiene la obligación de prestar los servicios necesarios para preservar la salud y la vida de las personas. En consecuencia, se insta a las autoridades de la CCSS a evitar dilaciones innecesarias, y buscar una solución pronta para que los habitantes de la provincia de Cartago puedan contar con un Hospital que garantice la prestación de servicios de manera óptima y eficaz, en función del mejoramiento de la calidad de vida de nuestra sociedad.

Por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

Una muestra clara

Martín Rodríguez Espinoza

Una muestra clara de la «junta directiva» ESPÚRIA que había montado Rodrigo Chaves y Marta Esquivel en la CCSS.

Jorge Porras, disque «representante» del sector solidarista en la ILEGÍTIMA junta directiva de la CCSS montada por Rodrigo Chaves y Marta Esquivel, VIOLANDO la Constitución Política y las Leyes, violando la democracia y la legitima representación de los sectores sociales, ahora es nombrado nuevamente.

Jorge Porras, al igual que María Isabel Camareno, como TODOS LOS DEMÁS de la ilegal y espuria junta directiva de Rodrigo Chaves, era en realidad un representante más del gobierno. Hoy queda demostrado.

Por eso el ataque, la persecución y el «JUICIO POLITICO» contra la representante del Sector Sindical en la Junta Directiva de la CCSS, Martha Elena Rodríguez González, que, junto a otros 3 miembros (Cooperativo, Solidarista y de Gobierno) que la Sala Constitucional OBLIGÓ al gobierno a reinstalar.

Hoy, la persecución se centra contra Martha Rodríguez, por su férrea defensa de la CCSS y los derechos legítimos de la clase trabajadora y el pueblo a servicios públicos de salud, eficientes y de alta calidad.

Sí, el gobierno de Chaves, con la complicidad de Marta Esquivel, lo que busca es tener en la junta directiva de la CCSS a «amigos» que NO se opongan a los intereses para quebrarla, privatizarla, entregarla a manos privadas de los que financiaron la campaña electoral y los intereses financieros internacionales.

La Ruta de la privatización de Marta Esquivel – Inmoral lucrar con la salud de la población

Comunicado

Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la CCSS, está frenéticamente impulsando una RUTA DE PRIVATIZACIÓN de los servicios de salud, y ahora, en un improvisado plan denominado “la ruta de la salud”, ordenó a la administración salir a buscar en el mercado proveedores de servicios privados.

En el oficio DTBS-APBS-0989-2023, fechado  23 de octubre de 2023, la Gestora Desarrollo de Proveedores de la CCSS, le consultó a diversos proveedores de servicios privados, la disponibilidad que tienen para ofrecer servicios médicos de baja complejidad, con una proyección de compra, hasta por 8 meses.

Entre los servicios que oferta la CCSS están los siguientes: cirugías de hernias, vesícula, artroscopia, túnel carpal, ecocardiograma, ultrasonidos, reporte de TAC.

A los prestadores privados, se les otorgó un plazo, hasta el próximo lunes el 30 de octubre de 2023, para presentar las ofertas.

La presidenta ejecutiva, valiéndose de este mecanismo de contratación, que jamás vendría a solucionar la crisis de las listas de espera, por contrario, maliciosamente pretende privatizar los servicios de salud.

UNDECA deplora este ardid privatizador, cuyo objetivo es favorecer los grandes consorcios privados médicos, que estaría obteniendo ganancias millonarias a costa de la salud de la población.

La Caja tiene los recursos y la capacidad instalada para resolver oportunamente, estos procedimientos y en general las listas de espera.

Nos oponemos rotundamente a esta estrategia privatizadora, que ha fracasado en otros países de Latinoamérica, debilitando la institucionalidad pública y menoscabando los recursos financieros.

Las finanzas de la Caja y las truculencias de Chaves y Esquivel

Luis Paulino Vargas Solís

El informe de la OIT sobre las finanzas de la Caja (“Opinión técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social”), confirma conclusiones a las que yo había arribado por mi cuenta, incluyendo cuestiones que publiqué en esta página de Facebook.

1) Rodrigo Chaves y Marta Esquivel han sustentado públicamente una posición basada en un informe actuarial sumamente defectuoso e incoherente, cuyas conclusiones, totalmente fantasiosas e injustificadas, son síntoma de una de dos cosas, o quizá de ambas combinadas: a) negligencia e impericia por parte de quienes lo elaboraron; b) manipulación deliberada de los datos.

2) La directora actuarial, responsable de semejante esperpento, debería ser separada de su cargo y sancionada. En vez de eso -y como parte de la corrupta red de cuido de Chaves y Esquivel- ha sido graciosamente premiada.

3) No es cierto que los estados financieros de la Caja no sean confiables. Esa es otra información falaz que Chaves y Esquivel han reiterado. Toda la evidencia disponible, proveniente de auditorías independientes, ratifican que esos estados financieros “…presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la posición financiera del Seguro de Salud” (página 16).

4) Desde el punto de vista financiero, el seguro de salud no solo es solvente, sino que, a lo largo de los años, acumula notables superávits. Estos se deben básicamente a una razón: la posposición de inversiones en equipo e infraestructura hospitalaria y de atención a las personas usuarias. En los últimos años, también incide el frenazo a las remuneraciones derivado de la legislación impulsada por Carlos Alvarado (lo cual es seguramente uno de los factores que incide en la fuga de especialistas).

5) O sea: alguien en el pasado tomó la decisión política de ahorrar mediante la contención de la inversión, lo cual repercute en el deterioro actual de los servicios.

6) Siendo lo anterior terrible, es absolutamente criminal agarrarse de datos falsos y manipulados para frenar proyectos de inversión urgentes, tal cual Chaves y Esquivel lo han hecho.

7) En resumen: se nos ha venido mintiendo, reiterada y sistemáticamente ¿Qué hay detrás de toda esa oscura truculencia?

 

Compartido con SURCOS por el autor y publicado en su espacio de Facebook.

Concentración de funciones de Gerencia General de la CCSS apuntan a favorecer grupo de interés

Juan Carlos Durán Castro
Dirigente Sindical SIFUPCR

16 marzo 2023

De resultar veraz el acuerdo de la Junta Directiva de la CCSS en el sentido de que ese órgano asuma las funciones de la Gerencia General vacante, consideramos que la institución ha sido introducida en una lógica de corte autoritario, que contiene un camino de concentrar el poder instrumentalizando ese riesgo estructural con un grupo afín en lo ideológico y en lo personal (grupo de amigos y amigas), y desde ahí, imponer las ideas y destruir la institución.

En esa lógica altamente destructiva y con un discurso sinceramente bastante falso, pero que sobredimensionado irresponsablemente por ciertos «medios informativos» calan en la gente y generan un golpe reputacional enorme, la técnica de miente, miente, que algo queda.gr

Estos argumentos resultan en principio técnicamente inconsistentes y posiblemente maquillados, lo cual nos coloca ante la fuerte hipótesis de que sus resultados fueron impuestos a los mandos intermedios, pues de lo contrario sin duda serían destituidos o destituidas.

Hasta ahora parece que van al menos unos 4 o 6 informes actuariales (o sus «actualizaciones») presentados a la junta directiva y parece que todos disímiles y con fechas distintas en relación con el momento crítico en lo financiero, lo cual ya coloca dudas relevantes.

¿Habrase visto tal imposición ideológica y tanta falta de rigurosidad técnica?

¿Cuánto daño están dispuestos a hacerle a la Caja los actuales miembros de junta directiva en lo que les resta de nombramiento?

¿Qué riesgos a demandas penales y civiles están dispuestos a correr por quedarle bien a Don Rodrigo Chaves Robles y a su acólita Marta Eugenia Esquivel?

¿Por qué ninguna autoridad judicial le pone coto a tanta barbaridad por parte del Ejecutivo?

Hacemos un llamado respetuoso a las comunidades que se quedarán sin su Ebais, sin su hospital, sin su equipo de diagnóstico, sin su derecho a mayor accesibilidad local para su salud a organizarse y movilizarse.

La Caja no está quebrada, don Rodrigo Chaves y doña Marta Esquivel no dicen la verdad.

Y sus triquiñuelas financieras serán desmontadas y la verdad saldrá a la luz, y sin duda, vendrán escenarios legales muy complicados para quienes en su ceguera se han prestado a destruir una institución insigne de las garantías sociales, cuya esencia es altamente cristiana, humana y social, y talvez, sean esos componentes los que realmente son un obstáculo para el lucro mercantil en salud y pensiones.

Que las trabajadoras sean exclusivas y excluyentes de la Ley de Empleo Público

Dentro del marco del 8M, el sector de trabajadores de la CCSS emitió un video para enviarle un mensaje al presidente Rodrigo Chaves y en especial, a la presidenta ejecutiva de la Caja, Marta Esquivel. 

Dicho comunicado señala que la mayor parte de personas trabajadoras de la Caja son mujeres y que, además, son cabezas de hogar. Por tanto, el sector de trabajadores le exige a la presidenta ejecutiva que excluya a las trabajadoras en la aplicación de la Ley de Empleo Público, una ley regresiva de los Derechos Humanos; así como lo hizo el Poder Judicial, 35 municipalidades, el Tribunal Supremo de Elecciones y otras instituciones. 

“Doña Marta, dé una señal de que realmente usted cree en la gente de la Caja y sáquennos de la Ley de Empleo Público”.