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Etiqueta: medio ambiente

Costa Rica en la COP 28: el concepto de transición ecológica

Alberto Salom Echeverría

“El Concepto de transición ecológica abarca, el conjunto de medidas y

estrategias adoptadas en la esfera política, económica y social para la

lucha contra la contaminación y el cambio climático y para la protección de

la biodiversidad y de los recursos naturales.”

Costa Rica, nuestro “pequeño-gran país” había conquistado un gran prestigio en el contexto mundial de naciones, por haber apostado a un desarrollo verde, ambientalmente sostenible en gran parte de su pequeño territorio. El sexto informe del Estado de la Nación constata con datos fehacientes que, más del 50% del territorio costarricense está cubierto de ecosistemas naturales y adicionalmente un 26% de éste lo constituyen agroecosistemas arbolados y forestales. Con escasas excepciones, todos los gobiernos anteriores al actual del presidente Chaves, han permanecido adheridos a esta determinación sin alterarla en lo medular, aunque ha habido doblez, como cuando se ha permitido a particulares incursionar en los territorios indígenas, o se ha vuelto la vista al lado para disimular la tala de árboles en parques nacionales para robar madera.

En febrero del 2020, el gobierno costarricense del presidente Carlos Alvarado Quesada, dio un paso trascendental adelante al dar a conocer el “Plan Nacional de Descarbonización para el 2050”; una estrategia orientada a demostrar como dijera el presidente Alvarado que: “El plan de descarbonización consiste en mantener el crecimiento económico en una curva ascendente y al mismo tiempo generar una curva descendente en el uso de combustibles fósiles, para dejar de contaminar.”

En su momento esta estrategia recibe el apoyo de los más amplios sectores sociales y políticos costarricenses, independientemente de las diferencias que hubiesen tenido unos y otros con el gobierno. Se trata de uno de esos vértices cruciales del alma costarricense que refleja nuestros sueños e identidad única. Es uno de esos objetivos de largo aliento que distinguen una nacionalidad, cuyos antecedentes son la declaratoria de la gratuidad de la enseñanza pública, las garantías sociales y el código del trabajo, la justicia social, la garantía de la libertad en general y de la libertad electoral en particular, la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer, la no discriminación a los derechos de las minorías y, ¡cómo no!, la abolición del ejército para consagrar la vocación de paz y la civilidad.

Fue por eso, por la apuesta a un desarrollo sostenible y sustentable, por lo que, nuestro país recibió ese año el premio “Campeones de la Tierra” del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Un reconocimiento singular que dio pábulo a los esfuerzos de Costa Rica por convertirse en un colíder, junto a Chile, de la conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP 25) que se llevó a cabo en Santiago de Chile, en diciembre del 2020.

Sin embargo, desoyendo la resonancia planetaria del decantado consenso nacional alrededor de la sostenibilidad eco ambiental, del estilo de desarrollo sustentable que se estableció a lo largo de décadas de esfuerzos previsores, el actual gobierno del señor Chaves Robles y su equipo de trabajo, se separaron abruptamente de esta tradición, al optar por la pretensión de recorrer el pedregoso y desprestigiado camino de la exploración y explotación del petróleo y del gas natural. No solo quiebra una tradición, de acometer esa ruta, también rompe con las enormes posibilidades que poseemos como nación de desplegar un desarrollo sostenible y sustentable para alcanzar la carbono neutralidad en el 2050, tal como se estableció en el mencionado Plan Nacional de Descarbonización al 2050. Un aporte de ejemplo valeroso de una pequeña nación como la nuestra, ante las tribulaciones que padecemos como humanidad por el calentamiento global y el cambio climático.

¿Podemos prescindir de las energías fósiles en este momento? Está claro que se trata de una transición ecológica, por lo consiguiente no podemos desprendernos por completo de estas energías contaminantes súbitamente. Pero la estrategia en la transición debe implicar el objetivo de potenciar las energías limpias -como en gran parte lo había venido haciendo Costa Rica- y al mismo tiempo disminuir nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Si no es ese el objetivo cardinal de esta época de transición, entonces no quiere decir nada. Se trata de continuar moviéndonos hacia una nueva política económica y social, así como una nueva cultura con la vista puesta en un desarrollo limpio, verde, sostenible y sustentable que, también ha demostrado ser rentable.

La nueva política en la transición conducente a la descarbonización debe implicar como se señala en el Plan de Descarbonización, una reforma ambiental para crear nuevas instituciones modernas, digitales y flexibles para gestionar la transformación en el estilo del desarrollo. Ha de implicar una reforma al sistema de transporte público reitero, basado en energías limpias; el plan también dejó establecido el propósito de crear mecanismos eficientes para la recolección, separación, reutilización y eliminación de residuos; deberá producirse un incremento de la cobertura forestal a un 60%; en la política fiscal se estableció la meta de aumentar los impuestos a aquellas actividades económicas que continúen utilizando combustibles fósiles y también a aquellas otras que produzcan contaminación ambiental. Antes de la COP 25, de diciembre 2020, Costa Rica propuso al cónclave mundial tres prioridades: “ciudades y movilidad sostenibles, soluciones basadas en la naturaleza, y economía azul.”

¿Cuánto de estos propósitos y metas loables que se habían formulado se han programado por parte del gobierno actual? Todo indica que fueron echadas por la borda, cuando revisamos la actuación silenciosa de los representantes del actual gobierno en la reciente COP 28 de Dubái. Tampoco se promovió la participación de Organizaciones No Gubernamentales, como lo venía haciendo Costa Rica en las anteriores conferencias dedicadas a buscar acuerdos estratégicos para combatir el cambio climático. Y luego, se produce el gazapo conducente al descrédito de nuestro país, en que se incurrió tras haber anunciado la intención de encaminarse a la exploración y explotación del petróleo y del gas. Todo indica que el gobierno actual acometerá un camino errático, que asombró al mundo, ya que, entre otras cosas, se abstuvo de firmar la declaración de los países agrupados bajo las siglas de BOGA, (Beyond OIL & GAS Alliance, por sus siglas en inglés), una alianza de la que formaba parte nuestro país, encaminada a abandonar progresivamente la explotación de los hidrocarburos, del petróleo y gas; algo exactamente opuesto a las nefastas pretensiones señaladas por el Gobierno de Chaves más recientemente.

A este gobierno, o desgobierno lo llamo yo, carente de planes, excepto este desafortunado, sin políticas claras para la transición ecológica, le restan unos dos años y medio; un largo trayecto todavía, que amerita una seria atención por parte de los sectores democráticos que tengan la mira puesta en el progreso y en el desarrollo sostenible y sustentable con la ecología, con la Naturaleza en su conjunto y con la vida. Se impone una gran alianza para impedir un daño a nuestro país como el que se produciría si se le permite actuar en la dirección indicada por Chaves y sus acólitos. No podemos mantener una actitud pasiva o expectante. El futuro para una economía limpia, de colores verdes y azules, está en las manos de los amplios sectores sociales y políticos que se identifiquen con este vértice que significa el desarrollo ambientalmente sostenible y sustentable.

Compartido con SURCOS por el autor.

Resistencia contra torres de radiación propuesta por activista y con respaldo científico

Un grupo liderado por la presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, respaldada por el Centro de Investigación en Vivienda y Construcción (CIVCO) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), se encuentra inmerso en una batalla contra la imposición de torres de radiación. Esta lucha no solo abraza la defensa de la salud pública sino también la preservación del equilibrio ecológico. La activista, insta a la acción colectiva para proteger espacios naturales y hacer frente a las amenazas planteadas por estructuras que ponen en peligro la salud y el entorno.

El trasfondo de la activista se cimenta en cursos internacionales en biología y ecología, así como en un postgrado en el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cuba. Estos estudios la sumergieron en la complejidad de la radiación no ionizante, microondas, radiofrecuencia y magnetismo, estableciendo una base científica robusta para abordar los riesgos asociados con las torres de radiación. 

La contienda se centra en la resistencia a la instalación de torres de radiación en zonas protegidas y parques públicos, especialmente cerca de la Quebrada La Cangreja. La comunidad destaca la importancia del Artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575, que ha sido objeto de encendidos debates ante la propuesta del Artículo 33 Bis presentada por el Ministro del MINAE, Tattenbach. 

Se critica enérgicamente la postura legal que coloca a los tratados de libre comercio por encima de los convenios internacionales de derechos humanos y salud. Señala luchas recientes contra la minería en Panamá y el caso de Crucitas en Costa Rica como ejemplos de la necesidad de reevaluar las prioridades legales. 

La preocupación se intensifica ante la instalación de torres con tecnología G5, respaldada por un caso exitoso en Estados Unidos. Se proponen acciones concretas, como llevar el caso a instancias como el SINAC-MINAE y la Fiscalía Ambiental, además de abogar por una audiencia en la Asamblea Legislativa.

Esto se encuentra respaldado por instituciones académicas y defensores ambientales, se destaca en la protección del entorno y la salud pública. Su resistencia no solo resalta la necesidad urgente de cuestionar la instalación de infraestructuras con posibles consecuencias dañinas, sino que también podría sentar un precedente inspirador para futuras discusiones y políticas en torno a la protección ambiental y la salud comunitaria. La lucha continúa, pero la esperanza se alza en el horizonte de posibilidades para una causa que trasciende los límites de la comunidad.

La información anterior fue compartida con SURCOS por Carmen Rojas, Maria Elena Fournier y Nicolas Boeglin.

Imagen tomada de National Geographic.

Foro: Lecciones de la lucha social contra la minería en Panamá – reseña

En el marco de un foro promovido por la Alianza por una Vida Digna en Costa Rica, y transmitido a través de las páginas del diario SURCOS, se escucharon importantes aportes de las personas que participaron.

En el panel se encontraban Jesús Alemancia, sociólogo, investigador social y educador popular; Merï Ngäbe, representante de la lucha autónoma Ngäbe de Horconcitos; Richard Morales, economista político y docente; y Damaris Sánchez, activista ambiental y coordinadora de la Red Nacional de Defensa del Agua de Panamá.

El papel de moderador fue desempeñado por el doctor José María Gutiérrez. La relevante actividad tuvo lugar el 14 de diciembre de 2023. Se abordaron temas de gran importancia en el ámbito social y ambiental, así como enseñanzas de la lucha social.

Enlaces de Facebook y YouTube para ver el foro completo:

Facebook: https://fb.watch/oXkqVvDYs7/
Youtube:

Las universidades públicas ante al cambio climático

MBA Lic. Bach. Luis G Martínez Sandoval
Académico Universitario Titular
Carreras Comercio Exterior, Administración Aduanera
Sede Central UTN www.utn.ac.cr
Especialista en Relaciones Económicas y Políticas Internacionales,
MBA Administrador de Empresas énfasis Mercados Globales y Negocios Internacionales.
Ex Funcionario Banco Mundial IFC – Ecuador- y, América Latina,
Escritor, Científico Social

luis.martinez.sandoval@gmail.com

Luis G. Martínez Sandoval.

La Tierra es nuestro hogar y el daño a la Madre Tierra es irreversible. Los límites del crecimiento (Meadows:1972) han sido superados y hemos talado el árbol de la ciencia del bien y del mal.  El Huerto del Edén creado por Dios para que el ser humano lo “labrara y lo guardase” (Génesis: 2:15) no solo está devastado y destruido sino también hemos eliminado los querubines (Génesis: 3:24) que con sus espadas encendidas guardaban el árbol de la vida.

Hoy, a veintitres años del Siglo XXI y la Tierra con más de 8 mil millones de seres humanos guiados por la sociedad capitalista hiperconsumista global como las sociedades de economia planificada que depredan sin límites los seres vivos de los reinos biológicos, la academia e investigación científica debe dar las respuestas a los problemas desde los centros de educación superior universitaria pública.

Las Universidades Públicas ante el cambio climático tienen la responsabilidad de asumir el liderazgo para crear seres humanos diferentes, que le hagan frente al calentamiento global inducido por: los seres humanos cuyos impactos (IPCC: 2023) son generalizados y severos con emisiones globales que alcanzarán su punto máximo antes de 2025 en las trayectorias alineadas a 1.5 °C y que son producto de la quema de combustibles como el carbón, petróleo y gas. La detonación de más de 2.500 bombas nucleares o dispositivos con carga atómica desde 1945 a nuestros días encabezados por EUA, ex URSS y Francia. La deforestación de selvas y bosques, el excesivo uso de fertilizantes, los residuos y  la ganadería.

Este cataclísmo guiado por ese “atlas del sufrimiento humano y una acusación incriminatoria del fallido liderazgo climático” obliga a  las universidades públicas a cumplir con la Carta de la Tierra y sus pilares: Respeto y Cuidado de Vida, Integridad Ecológica, Justicia Social y Económica, Democracia, No violencia y Paz para cuidar la Pachamama, o Madre Tierra. Están llamadas a liderar, guiadas por sus principios de la conservación, mejoramiento del medio ambiente y el fomento del desarrollo sostenible.

Desde la academia, la extensión, la acción social, la investigación, el movimiento estudiantil y el Consejo Universitario deben contribuir en la búsqueda de soluciones concretas y de corto plazo a los desafíos del cambio climático. Esa es su razón de ser en el Siglo XXI dado, que tienen el deber de desarrollar programas especiales para construir sociedades guiadas por la responsabildad social ambiental y la economía circular. Asimismo, deben estimular la indagación y la construcción de nuevos conocimientos y el impulso del modelo de desarrollo socio económico autosostenible.

En este momento crítico de la humanidad, las universidades públicas tienen el compromiso de hacer suyo el gran mensaje del Jefe indio Seattle, de la tribu Suwamish (1854) y la Carta de la Tierra (lanzada formalmente el 29 de junio de 2000) y sus pilares, para no solo ayudar a enfrentar el cambio climático sino la gran soledad espiritual que permea al ser humano, desde que perdió su misión de labrar y guardar el Huerto del Edén y proteger el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida.

La pesadilla petrolera

Freddy Pacheco León

De 1920 a 1975 se perforaron 18 pozos profundos en la zona sur de Limón: 17 terrestres y uno marítimo.

En 14 pozos se obtuvieron muestras de petróleo y gas metano, que no nos dicen nada de las cantidades y calidades, que se podrían explotar comercialmente. La inversión en los procesos de exploración, son tan cuantiosas, que para el Estado costarricense sería imposible embarcarse en un proceso semejante, por lo que habría que dar concesiones a los foráneos interesados.

Ellos, de acuerdo con nuestra deficiente ley de Hidrocarburos, se llevarían hasta el 85% del valor del petróleo extraído, en caso de que éste fuere explotable. Mientras tanto, otras de las amenazas que son vitales para Costa Rica, son las ambientales. Factor innegable, fundamentalmente por el valor intrínseco de la biodiversidad y el paisaje, y porque el principal atractivo turístico de nuestro país es el todavía limpio contexto ambiental.

Lo que no puede desdeñarse, es que, al ser el turismo la principal fuente de divisas extranjeras y de empleo, no tiene sentido invertir en una actividad, como la petrolera, que eventualmente pudiere a afectar sensiblemente, el desarrollo turístico.

¡Es tan malo el «negocio», que cuesta entender cómo todavía hay costarricenses promoviendo algo tan nefasto para el país!

Día Mundial Sin Vehículos

José Luis Pacheco Murillo

Hoy se debería celebrar un día importante para todo el mundo, pero como muchas otras cosas importantes en algunos de los países pasa inadvertido.

El 22 de septiembre se celebra el Día Mundial Sin Vehículos, una efeméride que pretende promover una conciencia ecológica en los ciudadanos del mundo, contribuyendo al cuidado de la salud de las personas y del medio ambiente.

El uso del carro nos facilita la vida al poder trasladarnos con comodidad de un sitio a otro, pero el incremento de la cantidad de vehículos circulando en las grandes ciudades aumenta significativamente su huella de carbono, ocasionando daños irreparables a la capa de ozono.

En el Día Mundial Sin Vehículos se anima a las personas a dejar el vehículo aparcado y usar vías de transporte alternativas, solo por un día, para generar conciencia medioambiental. Y quién sabe, puede que alguien reconozca que ir caminando, en bici o en transporte público le genera muchos más beneficios que inconvenientes.

Debe quedar claro que son carros y motocicletas los vehículos que deben parquearse por un día.

Todos los otros medios de transportes alternativos son saludables, caminar, patinetes, correr, escúter y por ello nos ayudan a mantener buenas condiciones de salud.

Tomemos conciencia de lo importante que es disminuir la utilización de los vehículos unos y de caminar más o de usar más la bicicleta.

Dios quiera que hagamos lo posible por extender lo que podamos hacer este día en la celebración del Día Mundial Sin Vehículos, a muchos días más en el año.

«Este sentir es por lo nuestro». Comunidad La Gamba

“Este sentir es por lo nuestro. Y lo nuestro es tangible: son nuestros recursos naturales, son nuestros bosques, son nuestros mares, son nuestras ballenas” -Marcos Villegas Castro.

Como parte de la temporada de Tertulias 2023: «Sol Lucet Omnibus», el viernes 25 de agosto se transmitió la décima Novena Tertulia: «Importancia de los Servicios y Actividades no Esenciales (SANE) en el Parque Nacional Piedras Blancas para la comunidad de la Gamba de Golfito», en vivo desde Golfito.

La tertulia fue llevada por:

  • Ronald Moya Díaz – Presidente Asociación Desarrollo Integral La Gamba, Golfito.
  • Gilberto Cerdas Franco – Guía Turístico y Miembro Comité Turismo La Gamba, Golfito.
  • Marcos Villegas Castro – Secretario Asociación Desarrollo Integral La Gamba, Golfito.

Como anfitrión participó: 

  • Régulo Solís Argumedo – Jefe de la Sede Dr. Celedonio Ramírez R. de la UNED de Guápiles.

En primer lugar, antes de comenzar la tertulia, se presentó un audiovisual corto donde Maritza Sánchez Porras, vecina de la Comunidad de la Gamba, comenta que desde hace 3 meses, la comunidad fue preparándose para el tercer festival ambiental, el cual celebran cada año. Asimismo, en este Festival Ambiental participan diversas comunidades con talleres sobre cómo cuidar el medio ambiente, y con la oferta de sus productos.

De regreso a la tertulia, Régulo comenta que la comunidad de La Gamba se encuentra adyacente al Parque Nacional Piedras Blancas, quien ha manifestado interés en participar de los beneficios sociales y económicos que genera un Parque Nacional. En ese sentido, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación tiene figuras que permiten la participación de la comunidad en la gestión de las distintas áreas de vida silvestre.   

Como forma de introducción al proceso que ha llevado a cabo la comunidad para lograr establecer la concesión para gestionar los servicios y actividades no esenciales, Marcos Villegas aborda el contexto histórico. En este sentido, menciona que desde el año 1994, surgió un movimiento ambiental que estuvo siempre respaldado por las asociaciones de desarrollo, denominado “Movimiento socioambiental para el desarrollo”. 

Durante esa época, expresa Marcos, dieron luchas importantes contra una compañía forestal canadiense que iba a instalarse en el Golfo Dulce para construir un astillero de árboles de melina. La comunidad logró detenerla gracias a una iniciativa civil. Posteriormente, el flagelo de la deforestación, en 1997, con grandes compañías nacionales que buscaban despoblar totalmente la Península de Osa y también, a través de los comités de vigilancia de los recursos naturales, las comunidades dieron la lucha y lograron minimizar esos daños.

Asimismo, participaron en mitigar las medidas en contra de la fauna. Las comunidades como grupos organizados, se dieron la tarea de gestar un desarrollo autóctono. Desde ese momento, vislumbraron la posibilidad, con la creación del Parque Nacional Piedras Blancas, de crear una figura de manejo compartido, una cogestión del área silvestre protegida que estaba creándose para que las comunidades participaran de sus labores; inclusive de protección.

De este modo, las comunidades realizaron visitas a otros lugares donde se desarrollaban experiencias similares, para visualizar e implementar algo similar. Sin embargo, hoy en día, Marcos señala que las comunidades no lo han podido lograr, y siguen viendo los parques nacionales muy lejos de constituir un desarrollo para ellas. Por ello, la meta de la Asociación de Desarrollo Integral La Gamba es hacer esto realidad: que estos sean gestores activos de la sociedad civil en el manejo de un área silvestre, la cual es patrimonio de toda la humanidad. 

Antes del 2020, año que comenzó la denominada figura de los servicios no esenciales, la comunidad ya había comenzado a celebrar el festival ambiental con el fin de concientizar a la población así como invitar a los personeros del área de conservación para que les ayudara en dicha gestión. Los festivales ambientales continuarán siendo organizados, según señala Ronald, hasta que la figura de servicios no esenciales y el manejo compartido sea una realidad para la comunidad La Gamba.

Bajo la misma línea, según Ronald Moya, Marino Ballena se constituyó como Parque Nacional y con los servicios compartidos con el MINAE gracias a una ley vigente con la cual, la comunidad La Gamba podría luchar por acceder a obtener los servicios no esenciales. De igual forma, Gilberto añade que las personas que tienen microempresas y proyectos se verían muy beneficiadas, a través del desarrollo del turismo en la zona.  

A modo de ejemplo de experiencias similares en el eco-manejo comunitario, Régulo menciona al Refugio de vida silvestre Gandoca Manzanillo y el Parque Nacional Cahuita, las cuales tienen años de ser gestionadas por las personas de la comunidad de forma exitosa, pero desconocida para personas externas. 

Según Régulo, uno de los mitos que lograron desmentir al visitar dichas áreas protegidas es la creencia de que, si las comunidades vecinas llegan a ser gestoras, las áreas van a sufrir un deterioro.

Al contrario, lo que encontraron en Manzanillo y en Cahuita fueron zonas altamente protegidas y debidamente gestionadas con un mantenimiento de primer orden las cuales generan empleo e invierten en la comunidad. Además, el aporte voluntario al ingresar, debidamente registrado, es un presupuesto que permite cuidar de las zonas. Conocer experiencias como estas es importante porque son las evidencias que se tienen en pro del ambiente.  

Ahora bien, en cuanto a la posición que tiene el Sistema Nacional de Áreas de Conservación respecto a las gestiones hechas por la comunidad La Gamba, Marcos comenta que no existe una gestión con las comunidades para que estas puedan agilizar el proceso y poder acceder a los servicios no esenciales. Aún existe el mito entre las instituciones de que las comunidades tienen mentalidad de “banana república”, a quienes no se les considera como gestores de su propio desarrollo. Esa también es una lucha que las comunidades están dando. 

Otro reto presente es el interés por la privatización del Parque y la compra de tierras por parte de empresas grandes, lo cual erradicaría a la comunidad. 

Tal y como Marcos señala, a pesar de los constantes intentos de entes externos por apropiarse de los recursos, existe una gran conciencia entre las personas vecinas de que los recursos naturales son de todos, y que hay que defenderlos. Y que si bien es importante abrirse hacia cosas nuevas, hay que hacerlo con mucho cuidado.

En este sentido, Rolando hace un llamado a las universidad públicas para que apoyen  a las comunidades en estas luchas.

Para poder avanzar, señala Marcos, es necesario sacudir la inutilidad institucional, no solo del SINAC sino también del gobierno municipal, el cual debe tomar en cuenta que los recursos naturales son la base de todo cantón, así como establecer políticas que fomenten la participación de las organizaciones y la población en este tipo de temas.

Por su parte, la comunidad La Gamba ha hecho su parte, al organizar campamentos juveniles en el parque, jornadas de protección con los guardaparques, limpiar los senderos, visitar y proteger el Pez Aguja y al avistamiento de ballenas y tortugas. 

Tal y como señala Gilberto, la lucha por los servicios no esenciales no es solo para la comunidad La Gamba, sino para todo el pueblo de Golfito y de sus alrededores, para que traiga desarrollo y sensibilización a las nuevas generaciones y que participen activamente de su gestión. Pueden ver detalles en los espacios virtuales de la UNED:

YouTube: https://www.youtube.com/c/unedguapiles16/live

Facebook: https://www.facebook.com/unedguapiles/live 

 

Imagen ilustrativa.

Estudio de la Universidad Nacional revela que el 90% del total de plaguicidas que usa Costa Rica son altamente peligrosos

El Instituto de Investigaciones en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional publicó un informe técnico en dónde demuestran que Costa Rica es un alto consumidor de plaguicidas considerados altamente peligrosos: las sustancias usadas en la agricultura convencional más aplicadas en los campos costarricenses, como mancozeb, glifosato, 2,4-D, clorotalonil, diazinon, clorotalonil, paraquat, diuron, etoprofos, clorpirifos, oxamil, entre otras, se consideran de alta peligrosidad.

Los criterios para identificar los Plaguicidas Altamente Peligrosos (PAPs) son: alta toxicidad aguda, efectos tóxicos a largo plazo (crónicos) para el ser humano, alteración endocrina, peligro ambiental, riesgos para los servicios ecosistémicos (por ejemplo, toxicidad para las abejas) y aquellos que son causa de una alta incidencia de efectos adversos graves o irreversibles. Algunos de estos criterios se encuentran como regulaciones internacionales manifestadas en los convenios de Estocolmo, de Rotterdam y el Protocolo de Montreal.

El Dr Fernando Ramírez, autor de este estudio, demostró que de los 10 plaguicidas más usados en el país, 8 son PAPS, y el 90% del total de plaguicidas que usa Costa Rica cumplen con las características para considerarlos PAPs. Con base en la evidencia científica reconocida por organismos internacionales y nacionales especializados en el tema, sobre la peligrosisdad que presentan ciertos plaguicidas, se hace necesario un cambio en la legislación existente para aplicar los criterios de precaución e incorporar criterios de exclusión que permitan cancelar y no autorizar más registros de plaguicidas considerados PAPs, buscando el bien común de protección y respeto de los derechos humanos a la salud y el medio ambiente.

Ramírez destacó que: “el uso de los PAPs, por las características que poseen, representa un grave riesgo a la salud humana y al medio ambiente, y vulnera un conjunto de derechos humanos, como son el derecho a la vida, al disfrute del más alto nivel posible de salud, a la protección de los niños, de los trabajadores y al derecho constitucional de tener un medio ambiente sano y equilibrado, y a una alimentación adecuada, entre otros. Esto lo han reconocido los relatores especiales de derechos humanos de las Naciones Unidas en el tema de sustancias químicas y desechos peligrosos”.

Explotación de gas ¿Otra vez?

Observatorio de Bienes Comunes

Una vez más, el gobierno de turno vuelve a esgrimir la propuesta de explotación de gas en Costa Rica, para muestra dos noticias:

El presidente Chaves propone levantar inventario de gas natural para debatir sobre su explotación – El Finaciero.

Según Chaves, las reservas de gas natural de Costa Rica se valoraron hace 40 años en $400.000 millones. El Paiscr

Ante este escenario, vale la pena reflexionar el por qué la clase política y económica de Costa Rica, vuelven una y otra vez a esta misma «oportunidad», ya la UCCAEP había pronunciado a inicios del 2023 argumentos similares

UCCAEP propone al Gobierno legalizar exploración de petróleo y gas natural en Costa Rica mediante decreto. – Semanario Universidad

Abundan las interpretaciones, sin embargo a partir de la publicación de la organización ecologista Bloque Verde «Ambientalistas opuestos a la extracción de gas, piden al gobierno buscar potenciar energía solar y eólica«, queremos invitarles a repensar las implicaciones que tienen este tipo de propuestas en nuestro País, desde elementos tan básicos como no tener capacidad instalada en la institucionalidad, cómo que muchos de los datos que se manejan no tienen ninguna fiabilidad.

¿Por qué en un contexto de crisis ecológica surgen una y otra vez estas propuestas extractivistas? Les invitamos a reflexionar sobre las implicaciones que tienen estas actividades en nuestros territorios, pero también a problematizar porque a la clase política y económica les sigue resultando atractivo sacar estos proyectos a la discusión pública.

Nuestra historia, ha demostrado que estas actividades extractivistas en ecosistemas tropicales son altamente dañinas, y la mayoría de sus consecuencias son irreversibles. Sumado a esto, en un mundo que habla de la transición ecológica, ¿por qué nos aferramos a tecnologías que nos impiden profundizar los cambios en las formas de producción y consumo?

Les compartimos esta infografía con algunas pistas para el debate y la reflexión sobre la exploración de gas natural.

Crucitas ya no aguanta más posposiciones: en la ciencia y la técnica están las repuestas

Pronunciamiento del Colegio de Geólogos de Costa Rica

Costa Rica se ha demorado muchos años para decidir cuál será la solución más sostenible para resolver la grave crisis que produce la minería ilegal de oro en Las Crucitas de Cutris, situación que amenaza con perpetuarse, pero que tampoco es ajena a otras regiones del país.

El Colegio de Geólogos de Costa Rica reitera a la opinión pública su profunda preocupación por los actuales acontecimientos en la comunidad de Las Crucitas y que, nuevamente, ocupan el interés y amplias publicaciones de los medios de comunicación colectiva.

Para la opinión pública es claro que la extracción ilegal de oro está causando graves daños al medio ambiente, a la salud pública, la seguridad social y a la soberanía de las comunidades adyacentes donde se encuentran los yacimientos minerales. Dichos problemas se reflejan directamente en el cambio del uso de suelo, cambio en el paisaje, inadecuado uso de agentes químicos que siguen contaminando los ríos y acuíferos existentes.

Hoy en día, aunque el caso Crucitas mantiene la atención de los medios de comunicación colectiva, lo real es que esta extracción ilegal se realiza en otros cantones, tales como, Abangares, Montes de Oro, Cañas, Tilarán, Orotina, San Mateo, Atenas y Osa, entre otros, todo producto de la falta de políticas claras e integrales para que el país atienda este desafío como un todo.

Como lo demuestra la evidencia científica, el uso del mercurio está dañando, de manera inmediata a los coligalleros que tienen contacto directo con el químico a través de la piel, la absorción por vías respiratorias y su ingesta por el consumo de las aguas contaminadas de la zona.

Estos trabajadores también están expuestos a los riegos propios de una actividad minera que, de la forma como la vemos, fue prohibida en el mundo entero desde hace muchos años atrás. Son mujeres y hombres que no tienen las condiciones mínimas de higiene, salud y seguridad. Todos ellos, laboran en condiciones que lesionan sus derechos fundamentales y las garantías sociales que el gobierno debe promover en todo el territorio nacional y en cualquier actividad productiva que se lleve a cabo. Adicionalmente, se ponen en peligro las relaciones sociales con la población de Las Crucitas, por cuanto hay un grupo de individuos que han aprovechado la extracción ilegal para cometer delitos que afectan la seguridad y la tranquilidad de los pobladores.

Mientras hubo intervención policial en la finca Vivoyet, al menos las personas que hacen extracción ilegal se mantuvieron fuera de dicha finca. A estas alturas, resulta obvio, que los constantes recorridos de la Fuerza Pública, solamente han mitigado parcialmente los efectos indeseables de la minería ilegal. Es urgente el establecimiento de políticas mineras apegadas a la ciencia, la técnica y a la industria que son ampliamente conocidas en el mundo, pero que, por razones estrictamente políticas no han sido posibles en Costa Rica. Así como nadie duda del consejo de un experto cardiólogo cuando del corazón se trata, tampoco deberían despreciar el conocimiento geológico, única ciencia que comprende, integralmente este tema.

Cada día que transcurre sin control por parte del Estado, se producen efectos acumulativos, concatenados y sinérgicos en el ambiente y en la sociedad, por lo que se hace necesario resolver esta situación en el corto plazo, utilizando soluciones sostenibles, proactivas y eficaces, adaptadas al uso de los recursos propios del subsuelo.

El Colegio de Geólogos de Costa Rica reitera su posición en la necesidad de explotar los yacimientos minerales de forma sostenible, con tecnología de punta, en cumplimiento con la ley, y de forma amigable con el medio ambiente.

Finalmente, nuestro colegio, está deseoso de compartir propuestas técnico-legales viables para el país y el medio ambiente.

Reiteramos nuestra total disposición para asesorar a los poderes del Estado en implementar políticas públicas y estrategias de desarrollo para optimizar el aprovechamiento del recurso existente, todo con miras a definir una ruta que logre el beneficio de las comunidades cercanas adyacentes y del país en general.

MBA Geo. Arnoldo Rudín
Presidente
Colegio de Geólogos de Costa Rica