Un grupo liderado por la presidenta de la Asociación Conservacionista Yiski, respaldada por el Centro de Investigación en Vivienda y Construcción (CIVCO) del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), se encuentra inmerso en una batalla contra la imposición de torres de radiación. Esta lucha no solo abraza la defensa de la salud pública sino también la preservación del equilibrio ecológico. La activista, insta a la acción colectiva para proteger espacios naturales y hacer frente a las amenazas planteadas por estructuras que ponen en peligro la salud y el entorno.

El trasfondo de la activista se cimenta en cursos internacionales en biología y ecología, así como en un postgrado en el Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Cuba. Estos estudios la sumergieron en la complejidad de la radiación no ionizante, microondas, radiofrecuencia y magnetismo, estableciendo una base científica robusta para abordar los riesgos asociados con las torres de radiación. 

La contienda se centra en la resistencia a la instalación de torres de radiación en zonas protegidas y parques públicos, especialmente cerca de la Quebrada La Cangreja. La comunidad destaca la importancia del Artículo 33 de la Ley Forestal No. 7575, que ha sido objeto de encendidos debates ante la propuesta del Artículo 33 Bis presentada por el Ministro del MINAE, Tattenbach. 

Se critica enérgicamente la postura legal que coloca a los tratados de libre comercio por encima de los convenios internacionales de derechos humanos y salud. Señala luchas recientes contra la minería en Panamá y el caso de Crucitas en Costa Rica como ejemplos de la necesidad de reevaluar las prioridades legales. 

La preocupación se intensifica ante la instalación de torres con tecnología G5, respaldada por un caso exitoso en Estados Unidos. Se proponen acciones concretas, como llevar el caso a instancias como el SINAC-MINAE y la Fiscalía Ambiental, además de abogar por una audiencia en la Asamblea Legislativa.

Esto se encuentra respaldado por instituciones académicas y defensores ambientales, se destaca en la protección del entorno y la salud pública. Su resistencia no solo resalta la necesidad urgente de cuestionar la instalación de infraestructuras con posibles consecuencias dañinas, sino que también podría sentar un precedente inspirador para futuras discusiones y políticas en torno a la protección ambiental y la salud comunitaria. La lucha continúa, pero la esperanza se alza en el horizonte de posibilidades para una causa que trasciende los límites de la comunidad.

La información anterior fue compartida con SURCOS por Carmen Rojas, Maria Elena Fournier y Nicolas Boeglin.

Imagen tomada de National Geographic.