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El proyecto de ley «para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente» (expediente 23.588): algunas observaciones

Escrito en 30/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

En la Gaceta Oficial de Costa Rica del 30 de marzo del 2023, se publicó el Proyecto de Ley 23.588 (véase enlace, en pp.2-7): se denomina «Ley para el reconocimiento y protección de las personas defensoras de derechos humanos y defensoras del medio ambiente».

La lectura pormenorizada de este texto denota algunas carencias y omisiones graves que evidencian la premura con la cual fue redactado.

Ello no debe considerarse como un hecho aislado: como ya viene siendo costumbre con la Asamblea Legislativa en estos últimos tiempos, algunos proyectos de ley parecieran ser formulados de una forma tan precipitada, que se elaboran sin mayores consultas con entidades abocadas al ámbito que se pretende regular.

Una consulta previa que ¿se hizo o … no se hizo?

La lógica indica que antes de elaborar un proyecto de ley, cual sea el ámbito de este último, existe una fase previa de consultas.

Al parecer o no se hizo, o bien, se hizo con un grupo tan reducido de entidades abocadas a esta temática y de profesionales conocedores de esta temática, que muy pocos saben quiénes son. Dada la amplia y compleja problemática a la que se pretende dar respuesta con el proyecto de ley 23.588, plantea interrogantes muy válidas el hecho que:

1) – no se haya hecho ninguna consulta, o bien;

2) – que haya sido a un grupo muy pequeño de entidades y personas, o bien;

3) – que fue tal la premura para presentarlo, que se obviaron lo que consideramos las etapas básicas que requiere todo proyecto de ley de previo a su formulación.

Esta consulta a la que referimos hubiera sin lugar a duda permitido imprimir a esta propuesta un enfoque mucho más integral y abarcar los muy diversos aspectos de la problemática que se pretende resolver mediante una nueva legislación: desde la academia y desde la sociedad civil, desde las múltiples publicaciones, informes existentes, los insumos aportados hubieran sido de gran ayuda.

De algunos aspectos de forma algo básicos

Desde su mismo título, se evidencia que los autores del proyecto de ley 23.588 ignoran varias cosas que, en lo personal, consideramos bastante básicas y que a continuación detallaremos.

Desde 1995, la legislación costarricense no usa el término de “medio ambiente” usado en otras latitudes, sino el de “ambiente”, como la misma LOA (y no LOMA) por las siglas de: Ley Orgánica del Ambiente (véase texto completo). Si el planeta es uno, si la Tierra es una, no hay razón para usar el término de “medio” al referirse al ambiente, que utilizan (por ejemplo) nuestros colegas en España. Sorprende que los autores costarricenses de este proyecto de ley ignoren los términos usados en Costa Rica para referirse al “ambiente” en la misma normativa nacional. El mismo artículo de la Constitución Política desde 1994 contempla un artículo que no emplea el término de «medio ambiente» sino que se lee de la siguiente manera:” Artículo 50. Toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado”.

Desde el 2018, un tratado regional que buscar proteger a quienes defienden el ambiente (usando el término “ambiente “o “ambientales” y no “medio ambiente” o medioambientales” …) consagra una expresión muy precisa que engloba a defensores de los derechos humanos y defensores del ambiente. Se trata de la expresión “defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”, tal como la encontramos plasmada en el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú (véase texto completo). Dicho sea de paso, resulta notoria la total omisión a toda referencia al Acuerdo de Escazú por parte de los autores costarricenses de este proyecto de ley. Esta omisión confirma (para algunos de nosotros) la sospecha que tenemos: muchos en Costa Rica, desde la misma Asamblea Legislativa (pero también desde el Poder Ejecutivo y desde otros espacios), opinan sobre el Acuerdo de Escazú – usualmente en contra – sin tan siquiera habérselo leído.

Cabe precisar que la propuesta original de incorporar en el futuro Acuerdo de Escazú una disposición específica sobre las personas que defienden el ambiente se debió a una propuesta conjunta de Chile, Costa Rica, Panamá, Paraguay y Perú (véase texto): hacer mención de ello en un proyecto de ley como el 23.588 permitiría honrar esta valiosa iniciativa que Costa Rica logró plasmar con los demás Estados.

De manera a conocer mejor la problemática que enfrentan los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, referimos al informe del Primer Foro realizado en noviembre del 2022 en Quito, Ecuador, bajo los auspicios de la CEPAL (véase texto).

Dada la falta de conocimiento en la materia, es muy probable que los autores de este proyecto de ley ignoran también que el Acuerdo de Escazú cuenta con una “Guía de Implementación”, presentada formalmente en abril del 2022 por la CEPAL (disponible aquí).

La protección de los defensores del ambiente es una materia sumamente compleja y álgida, y requiere una serie de acciones del Estado para ser eficaz. Desde ya, se recomienda que los autores del proyecto de ley 23.588 se lean lo que establece dicha Guía de cara a la implementación del Artículo 9 sobre defensores del ambiente (pp.145-52): en efecto, al compararse lo que encontramos en las pp.145-152 con la parte dispositiva del proyecto de ley 23.588, quedan en evidencia los graves vacíos y omisiones que contiene este proyecto de ley.

De algunos aspectos sustantivos inexistentes en el proyecto de ley

En el caso del proyecto de ley 23.588, nada aparece sobre las acciones penales por presunta difamación – acompañadas de acciones civiles resarcitorias con montos millonarios – que una y otra vez terminan desestimadas o archivadas por parte de los tribunales penales costarricenses. Una reforma al código penal permitiría que no puedan ser usadas con tanta facilidad. Estas acciones penales se presentan con una clara intención velada: la de infundir temor a una persona en Costa Rica, a su entorno más cercano, y la de perjudicar su labor de defensa y de denuncia durante los años que dura el procedimiento ante el sistema judicial costarricense (Nota 1): la doctrina anglosajona se refiere a este tipo de demandas como «SLAPP actions» por sus siglas: «Strategic Legal Actions Against Public Participaction» (Nota 2). En Costa Rica, lo que algunos denominamos el «affaire Crucitas» dio pie para la presentación de cinco demandas de este tipo (Nota 3).

Muy relacionado a la omisión anteriormente detectada, nada tampoco aparece en este proyecto de ley 23.588 sobre las garantías a la libertad de expresión que se extienden a los defensores ambientales y a todo defensor de derechos humanos en su labor: al respecto, en una sentencia del 2022 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre las acciones penales sufridas por un reconocido ambientalista chileno, se lee (en su párrafo 100) algo que debió inspirar a los autores de este proyecto de ley 23.588:

“la Corte considera que el respeto y garantía de la libertad de expresión en asuntos ambientales es un elemento esencial para asegurar la participación de la ciudadanía en los procesos relativos a dichos asuntos y, con ella, el fortalecimiento del sistema democrático a través de la vigencia del principio de democracia ambiental».

Por cierto, la expresión “participación ciudadana en materia ambiental”, que existe en un sinnúmero de regulaciones en Costa Rica y de sentencias de la Sala Constitucional (véase por ejemplo esta sentencia del 2012, y los desarrollos que en ella se lee en el párrafo V titulado «Sobre la participación ciudadana en los asuntos ambientales «), constituye una sólida base para asentar la necesaria protección de quienes defienden el ambiente. Desde 1995, la misma Ley Orgánica del Ambiente (véase texto) en su artículo 6 establece que:

«Artículo 6.- Participación de los habitantes. El Estado y las municipalidades, fomentarán la participación activa y organizada de los habitantes de la República, en la toma de decisiones y acciones tendientes a proteger y mejorar el ambiente«.

La misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ha precisado el alcance de este verdadero derecho en su opinión consultiva OC-23 del 2017, dada a conocer en el 2018 (véase texto, en particular párrafos 226-232). Pese a su importancia, la expresión “participación ciudadana en materia ambiental” no encuentra mayor referencia en este proyecto de ley. Esta omisión nos parece bastante notoria, por lo que nos permitimos desde ya plantear la siguiente pregunta: ¿tendrán algún tipo de problema con la participación ciudadana en materia ambiental los autores del proyecto de ley 23.588?

Nada tampoco aparece en el proyecto de ley 23.588 sobre la imperiosa necesidad de dotar al Estado costarricense de un cuerpo de investigadores altamente especializado para investigar debidamente hechos en los que se atenta contra la vida de personas que denuncian o defienden derechos humanos en Costa Rica. La indignante impunidad que rodea una larga serie de asesinatos o de amenazas contra personas que defienden el ambiente en Costa Rica, evidencia que el aparato estatal no sabe (o… ¿no quiere saber?) cómo se investigan este tipo de hechos.

En este proyecto de ley tampoco aparece alguna disposición sobre la necesidad de tipificar penalmente la incitación al odio en contra de los ambientalistas: al respecto, un reciente caso contra ambientalistas del Caribe Sur costarricense (véase nota de SurcosDigital ) no ha dado lugar a ninguna amonestación por parte del Directorio de la Asamblea Legislativa en contra del diputado que los calificó de “terroristas” durante una audiencia celebrada en la misma Asamblea Legislativa.

De manera que los autores de esta propuesta de ley, al parecer poco familiarizados con la problemática, conozcan un poco mejor el abanico de «técnicas» para amedrentar a un colectivo de personas que claman por sus derechos, y que va desde amenazas e intimidaciones de todo tipo, a intentos de estigmatización y de campañas de desprestigio, pasando por acciones penales por presunta difamación y por incitación al odio que diversos sectores lanzan contra quienes defienden derechos humanos en distintas partes del mundo, los referimos a este informe de la ONG Amnistía Internacional y a este otro informe de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) sobre los derechos de las personas que defienden el ambiente. Leyéndolos con un poco de detenimiento, estamos seguros de que se percatarán que la Defensoría de los Habitantes no es la entidad estatal más indicada en Costa Rica para proteger eficazmente a los defensores de derechos humanos, tal como lo pretende de forma errónea este proyecto de ley.

El informe remitido sobre el asesinato de Berta Cáceres en el 2016 en Honduras (véase texto completo del informe GAIPE del 2017) evidencia la necesidad de contar con investigadores sumamente experimentados para lograr dilucidar casos como el de la muerte de esta reconocida lideresa lenca opuesta al proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, y para desenmascarar la estrategia (fallida) de encubrimiento intentada en un primer momento por las autoridades judiciales hondureñas para maquillar las verdaderas razones detrás de su asesinato.

La mecánica seguida probablemente seguida para llegar a este proyecto de ley

La fundamentación del proyecto de ley 23.588 denota un profundo desconocimiento de la materia objeto de este proyecto de ley. Es presentado de una manera bastante original al no referirse en ningún momento a principios del derecho ambiental vigente en Costa Rica y a las mismas regulaciones existentes desde 1995.

Intentaremos por lo tanto dar una explicación que permita entender cómo es que se pudo llegar a esta propuesta de ley con semejante formulación y redacción.

Al parecer, ante muy poco tiempo para elaborarlo, se usó un modelo de texto del 2016 sugerido en un fascículo de una reunión internacional auspiciada por Naciones Unidas (“Ley Modelo para el Reconocimiento y la Protección de las personas defensoras de Derechos Humanos” – véase texto completo y que se cita en la página 1 ) y luego se extendió su alcance de manera precipitada a las personas “defensoras del medio ambiente”, con los correspondientes añadidos que encontramos en los artículos 1 a 21 de la parte dispositiva así como en los artículos 22 (reforma a la Ley que crea la Defensoría de los Habitantes) y 23 (reforma al Código Penal).

A diferencia de lo que propone de manera bastante restrictiva el Artículo 3 en cuanto a definiciones, remitimos a lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre la definición de las personas que se dedican a la defensa ambiental:

“»71. La definición de la categoría de defensoras o defensores de derechos humanos es amplia y flexible debido a la propia naturaleza de esta actividad. Por ello, cualquier persona que realice una actividad de promoción y defensa de algún derecho humano, y se autodenomine como tal o tenga reconocimiento social de su defensa, deberá ser considerada como persona defensora. En esta categoría se incluyen, por supuesto, los defensores ambientales, también llamados defensores de derechos humanos ambientales o defensores de derechos humanos en asuntos ambientales» (véase texto completo de la sentencia de la Corte IDH, caso Baraona Bray c. Chile, sentencia del 24/11/2022).

La simple lectura del precitado Artículo 9 del Acuerdo de Escazú (véase enlace a su texto) hubiera de igual manera ayudado notoriamente a los autores de este proyecto de ley a usar los términos modernos con los que se define a una persona defensora de derechos humanos en asuntos ambientales.

De algunas omisiones notables sobre asesinatos de ambientalistas ocurridos en Costa Rica

Dicho sea de paso, encontramos en la fundamentación de este proyecto de ley una cita al caso de Jeanette Kawas Fernández contra Honduras, ambientalista hondureña asesinada en febrero de 1995 en Honduras, y cuyo asesinato dio pie para una importante sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en abril del 2009 (véase texto completo). Se omite toda referencia al hecho que en diciembre de 1994 y en febrero del 1995 aparecieron los cuerpos sin vida de cuatro ambientalistas costarricenses en misma la capital costarricense: tres en una casa incendiada en Moravia y el cuerpo del cuarto integrante en un parque de la Uruca. El denominado “caso AECO” nunca dio pie a ninguna sanción. En 1999 la Procuraduría General de la República (PGR) consideró – de una manera que nos parece sumamente cuestionable y cuestionada- que:

“1.- De acuerdo con las autopsias realizadas y las investigaciones por muerte de los señores Oscar Fallas Baldí, María del Mar Cordero Fernández y Jaime Bustamante Montaño, la muerte de éstos se debió un incendio accidental.

2.- De acuerdo con la autopsia e investigación de la muerte de David Maradiaga Cruz, su muerte se debió a causas naturales” (véase texto completo del dictamen de la PGR – conclusiones -).

A casi 30 años de ocurridos estos hechos, el Estado costarricense no ha querido llevar a cabo una investigación sobre estas cuatro muertes que permita identificar y sancionar a los autores de estos cuatro asesinatos, con muy probablemente dos tipos de autores: los ejecutantes y los autores intelectuales, siendo los primeros comanditados por sectores económicos afectados por la labor de denuncia de estos ambientalistas.

Cada mes de diciembre, algunos universitarios y activistas buscan mantener vivo el recuerdo de estas cuatro muertes que oficialmente el Estado costarricense considera, para tres de ellas, “accidental” y la cuarta como “natural”: véase por ejemplo este artículo de nuestro colega Mauricio Álvarez y la publicación presentada en diciembre del 2020 sobre la larga lista de personas que, además de los cuatro ambientalistas precitados, han perdido la vida en Costa Rica en defensa del ambiente y que se titula: “Una memoria que se transforma en lucha: 30 años de criminalización del movimiento ecologista en Costa Rica” . Dicho sea de paso, ninguna mención se hace a esta valiosa recopilación presentada en el 2020, la cual podría ser de gran utilidad a la hora de pensar en elaborar una normativa eficaz para para proteger a quienes defienden el ambiente en Costa Rica.

No incluir ninguna referencia al doloroso caso AECO resulta ser una omisión que se añade a la omisión de otro caso, mucho más reciente: en efecto, no encontramos ninguna mención en el proyecto de ley 23.588 al asesinato ocurrido el 31 de mayo del 2013 en Playa Moín de Jairo Mora Sandoval, que estremeció a toda la sociedad costarricense y a la opinión pública internacional. La investigación realizada por las autoridades fue tan deficiente que un tribunal optó en el 2015 por absolver a los sospechosos (véase nota de prensa), causando la profunda indignación de varias ONG (véase carta colectiva). En este 31 de mayo, se conmemoran los 10 años de este vil asesinato: las preguntas que planteamos al conmemorarse los 5 años de su muerte persisten en el tiempo sin mayores respuestas.

Foto extraída de artículo de prensa del Tico Times del 2016, titulado «New trial in killing of Costa Rica conservationist Jairo Mora to start Jan. 25»

La omisión de toda referencia al caso de Jairo Mora confirma nuevamente el desconocimiento por parte de los autores del proyecto de ley 23.588 con relación a lo que han vivido en Costa Rica los defensores del ambiente. En particular, sorprende el hecho que no se mencione ninguna de las recomendaciones hechas en su informe por el mismo Relator Especial de Naciones Unidas sobre Ambiente y Derechos Humanos a raíz de su visita a Costa Rica (puntos 54 -57 sobre el caso de Jairo Mora Sandoval y las recomendaciones más generales hechas a Costa Rica en los puntos 67-68). Dado el hecho que el contenido de este valioso informe está disponible desde muchos años para todos los que se interesan por la protección de los defensores del ambiente en Costa Rica, nos permitimos reproducir lo que se lee en el informe A/HRC/25/53Add.1 (el cual fue presentado en Naciones Unidas en el 2014) en su punto 67, y que podría útilmente inspirar a los autores del proyecto de ley 23.588:

“En quinto lugar, en lo que concierne al riesgo de hostigamiento y violencia contra los defensores de los derechos humanos que trabajan en la esfera del medio ambiente, el Experto independiente recomienda a Costa Rica que intensifique aún más sus esfuerzos no solo por responder a las amenazas y los actos de violencia, sino también por prevenir las situaciones que dan lugar a esos problemas. El Experto sugiere a Costa Rica que estudie seriamente la posibilidad de establecer una comisión o un órgano equivalente, con representantes de un amplio abanico de interesados, que tenga el mandato de examinar la historia y la situación actual de los defensores de los derechos humanos que se ocupan de cuestiones ambientales en Costa Rica y de formular recomendaciones sobre la manera más adecuada de mejorar su protección».

Desde el 2014, esta recomendación (así como muchas otras) no ha encontrado eco en el aparato estatal costarricense. Dadas las omisiones de todo tipo que van en aumento conforme se lee este proyecto de ley, nos permitimos plantear las siguientes preguntas: ¿será que ignoran los autores de este proyecto de ley que en el año 2014, se presentó en Naciones Unidas un informe sobre la visita realizada por el Experto Independiente sobre Derechos Humanos y Ambiente? Si es así ¿será que desconocen las diversas conclusiones y recomendaciones formuladas a Costa Rica desde el 2014? Si este fuera el caso, no estamos ante un proyecto de ley que busque realmente proteger a alguien en particular en Costa Rica, sino ante algo que se asemeja a una simple maniobra de otra índole.

Es de notar que pese a estos llamativos vacíos, se citan como únicos casos en Costa Rica registrados, los asesinatos de dos líderes indígenas, Sergio Rojas y Jerhy Rivera, ocurridos en Salitre en marzo del 2019 y en febrero del 2020: al respecto, cabe precisar que la grave problemática que enfrentan los pueblos indígenas en Costa Rica al verse despojados de sus derechos sobre sus propios territorios es mucho más compleja y ameritaría una legislación particular de cara a la protección de sus líderes comunitarios en sus territorios (así como fuera de ellos). Por cierto, en su informe del 2022 que tuvimos la oportunidad de comentar, el Relator Especial, a raíz de su visita a Costa Rica, sugirió al Estado costarricense presentar formalmente una disculpa pública a las comunidades indígenas: una recomendación que útilmente podría materializar la Asamblea Legislativa a través de un pronunciamiento – y que a la fecha no se ha hecho.

A la sugerencia anterior quisiéramos añadir otra: recomendamos que al reiniciarse (algún día) la propuesta de ley sobre autonomía de los territorios indígenas por parte de la Asamblea Legislativa (archivada sin voto en agosto el 2020, dando lugar a una actuación bastante vergonzosa de la misma Asamblea Legislativa denominada desde entonces por las comunidades indígenas “la arrastrada”), se incorporen debidamente medidas legales para proteger a líderes indígenas que defienden los derechos de sus comunidades y prevenir actos de intimidación en su contra. Tuvimos la oportunidad en el 2020, al conmemorarse los 10 años de aquella triste noche, de analizar la deuda histórica que acumula Costa Rica con los derechos de las poblaciones indígenas. Un reciente y muy completo artículo publicado en el 2021 en España titulado «La historia detrás de la muerte de Sergio Rojas» (véase enlace) detalla la complejidad de la situación de violencia que viven a diario los indígenas costarricenses en la región de Salitre: a la fecha, el Estado costarricense no ha sancionado a nadie por el asesinato de este reconocido líder indígena, acaecido en marzo del 2019.

Conclusión

Una fundamentación de un proyecto de ley tan pobre, careciendo de tantos elementos básicos, permite afirmar que resulta absolutamente falaz sostener, como se lee, que este proyecto de ley “busca constituirse como un instrumento del ordenamiento jurídico costarricense para proteger y reconocer los derechos fundamentales de las personas defensoras de los derechos humanos y defensoras del medio ambiente, con base en los estándares dictados por la normativa, declaraciones y jurisprudencia internacional en la materia”.

Adicionalmente, unas omisiones tan desconcertantes y unos vacíos tan sorprendentes con relación a los avances que se han dado desde que se adoptó el Acuerdo de Escazú en marzo del 2018, solo pueden dar pie a una parte dispositiva que mantenga estas características, por lo que desde ya se sugiere modestamente a los autores de esta propuesta lo siguiente:

– 1) que actualicen sus conocimientos en la materia;

– 2) que pidan asesoría de colectivos de derechos humanos y de ambientalistas costarricenses que conocen de las limitaciones del ordenamiento jurídico y de personas que han sufrido intimidaciones, amenazas, intentos de desprestigio, etc… en los últimos 30 años, y;

– 3) que busquen, desde el sector académico o desde algún otro sector, la manera de pedir la asesoría a los diversos expertos y juristas con los que cuenta Costa Rica en esta precisa materia.

Todo ello en aras de garantizarse que se elaborará una verdadera propuesta de normativa, protectora de los derechos de quienes defienden el ambiente en Costa Rica y esta vez sí, “con base en los estándares dictados por la normativa, declaraciones y jurisprudencia internacional en la materia”.

Como un pequeño detalle que puede explicar el origen de tan súbito interés en esta compleja temática, concluiremos con la siguiente idea: dado que el Acuerdo de Escazú fue formalmente archivado por la Asamblea Legislativa el 1ero de febrero del 2023 y que este proyecto de ley fue puesto a circular en la corriente legislativa el 27 de febrero del 2023 según se desprende de su ficha técnica, el proyecto de Ley 23.588 puede entenderse como un intento (algo burdo) de remediar ante la opinión pública nacional e internacional lo tristemente irremediable.

Esta sencilla relación de fechas permite entender mucho mejor la premura con la que se ha elaborado este proyecto de ley 23.588.

– – Notas – –

Nota 1: En el caso del acueducto Coco-Sardinal en Guanacaste, fueron siete las personas objeto de acciones penales de este tipo en el 2008. En el caso de la planta cementera ubicada en el centro de San Rafael de Alajuela, fueron varios los demandados en el período 2010-2011. Sabemos de varias personas que denunciaron la expansión piñera en Siquirres en el período 2007-2011 y que también fueron objeto de demandas penales acompañadas de acciones civiles resarcitorias con montos millonarios. En el caso del denominado proyecto minero ubicado en la localidad de Las Crucitas, fueron cinco las personas demandadas en el 2011 por la empresa canadiense Infinito Gold, de las cuales dos diputados.

Nota 2: Estas acciones penales buscan ante todo presionar e intimidar a líderes ecologistas, campesinos, indígenas o bien de otros colectivos sociales que alzan la voz ante los atropellos de los que son víctimas por parte de empresas y de corporaciones. Su objetivo es claramente de carácter intimidatorio y en la doctrina anglosajona se denominan «SLAPP actions» (Strategic Legal Actions Against Public Participation). Este valioso informe titulado “Silencing Human Rights and Environmental Defenders: The overuse of Strategic Lawsuits against Public Participation (SLAPP) by Corporations” analiza el impacto de estas acciones penales, mientras que en este enlace se encontrará un informe publicado en el 2022 que recoge parte de la práctica en América Latina, titulado «SLAPPS in Latin America”.

Nota 3: Se trata de demandas penales interpuestas por la empresa minera Infinito Gold contra dos diputados (véase nota de Panamaamérica del 2011), así como contra un líder comunal y dos profesores universitarios. Con relación a estas últimas tres demandas, en el 2012 los demandados publicaron un artículo titulado “Audiencias con el Infinito: ausencias…” en La Nación (véase artículo en la edición del 3/07/2012 y reeditado en Kioscos Ambientales) sobre extrañas patologías recurrentes de los abogados de la empresa tendientes a aplazar, en tres causas penales distintas, las audiencias ante el juez programadas para resolver estas tres demandas (que fueron finalmente desestimadas). El programa Era Verde del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica (UCR) dedicó dos interesantes emisiones sobre la suerte de estas cinco demandas por presunta difamación interpuestas por Infinito Gold (véase video1 y video2), incluyendo entrevistas a las personas acusadas por la empresa minera canadiense.

Los retos del presente para el progreso humano

Escrito en 05/05/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

“Si vamos a sentar los cimientos para un futuro seguro,

entonces los siglos de degradación ambiental deben detenerse y revertirse.

Esta es una prioridad económicamente racional y alcanzable.”

Dr. Tony Juniper.

Introducción.

Hay un libro muy didáctico, cuya lectura recomiendo; se llama “Como estamos acabando con el Planeta.” Fue escrito por el autor Tony Juniper en el año 2021 y traducido al español en el 2022. Juniper es un especialista británico en asuntos del medio ambiente. También se ha desempeñado como director ejecutivo de la organización “Amigos de la Tierra” en Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte. Me he apoyado en su escrito, precisamente por su orden expositivo y la cantidad de datos actualizados que presenta, en torno a cuestiones relacionadas con el desarrollo socioeconómico y las implicaciones medioambientales que el progreso ha traído consigo.

No obstante, estamos en el medio de un dilema que siempre está presente cuando se aborda la temática del progreso de la humanidad en la época industrial. No cabe la menor duda que la industrialización en todo el mundo, especialmente la que prendió desde mediados del siglo XIX, redundó en un gran adelanto en muchos aspectos de la vida para sectores importantes de la población, en particular en el mundo occidental desarrollado, aunque, es justo decirlo, no solo en él. Las ingentes luchas de los trabajadores se convirtieron en un factor clave para que ello fuera posible y, como veremos, la investigación científica y tecnológica fue decisiva en campos como el de la salud, la ingeniería, la producción, entre otros. Empero, el mismo tipo de desarrollo, sobre todo desde el siglo veinte, como lo ha expresado Juniper ha acarreado que la atmósfera de la Tierra tenga ahora mayor concentración de gases de efecto invernadero que en cualquier otro momento desde hace por lo menos 800.000 años. La ciencia conoce con precisión que la fuente principal de estos gases, que ponen en grave riesgo la vida, está constituida por el uso de energía basada en los combustibles fósiles y que ellos son la causa decisiva y eficiente del cambio climático que padecemos. (Cfr. Juniper, Tony. “Cómo Estamos Acabando con el Planeta.” (2022) Primera edición en español. Emiratos Árabes Unidos.) Pero, además el desarrollo generado en el capitalismo avanzado ha resultado más que en ningún otro sistema, un modelo altamente concentrador de la riqueza y, por lo tanto, desigual por naturaleza. Esto último hace que, hasta los efectos más perniciosos del calentamiento, recaigan con particular severidad sobre las poblaciones más vulnerables en todo el orbe y, estén poniendo en grave riesgo la vida en el Planeta. He ahí el dilema al que estamos enfrentados.

Principales logros del desarrollo industrial que hemos conocido.

El desarrollo industrial se caracterizó por la invención de nuevas máquinas no conocidas en la agricultura, que permitieron intensificar la producción empleando sustancialmente menos manos de obra. Es decir, la industria implicó un gran desplazamiento de mano de obra y, por lo tanto, derivó en un enorme desempleo. Tanto es así, que en un inicio los movimientos laborales se dieron a la tarea de destruir las nuevas máquinas, suponiendo que ellas eran las causantes de su desocupación.

Aun así, la enorme inventiva humana, apoyada en el conocimiento, fue haciendo aparecer la máquina de vapor mediante la que hace su aparición la locomotora y los barcos movidos a vapor, también llamados con menos frecuencia “piróscafos”. Un poco más tarde se inventa el telégrafo, en 1886; por su parte, Carl Benz patenta el primer vehículo motorizado y, por fin en 1903, en una estructura de madera, abeto, fresno y alas de tela de muselina se construyó el primer aeroplano impulsado por un primitivo motor. Otra de las singulares invenciones de esta época industrial fue la radio, patentada por vez primera por el italiano Guillermo Marconi en 1897, es decir, ya en los albores del siglo XX. Todos los vehículos de locomoción mediante el motor dieron origen a la primera revolución de las comunicaciones, la cual indujo un primer cambio radical en el modo de vida de las personas y entre las naciones, agilizando el comercio; asimismo, el telégrafo y la radio dinamizaron concurrentemente las comunicaciones por medio de ondas electromagnéticas que se difunden en un espectro muy amplio de frecuencias.

En la segunda mitad de la centuria pasada, la ciencia nos llevó a innovaciones tecnológicas todavía más sofisticadas y trascendentales, como fueron la robótica, la informática y otros descubrimientos hechos posibles por la nanociencia. Se trata esta vez, de una revolución científica y tecnológica sin precedentes que ha impactado casi todos los campos del quehacer humano, pero de manera particular, una vez más el de las comunicaciones, permitiendo que amplias capas de la población mundial accedieran a una mejor calidad de vida. La nanociencia es la que estudia fenómenos fisicoquímicos a escala microscópica permitiendo, mediante la nanotecnología la manipulación de la materia a escala atómica y subatómica que ha revolucionado principalmente las ciencias de la salud, disponiendo de herramientas moleculares.

La industria hizo que cambiara vertiginosamente la organización del trabajo, ya que su base radica en la transformación de la materia prima en nuevos productos y, estos a su vez, se convirtieron en insumos para dar origen a otros productos más elaborados, hasta la obtención del bien final. Cada nueva fase del proceso productivo le va suministrando, merced al trabajo humano acumulado en ella un valor agregado, es decir riqueza multiplicada. No puedo dejar de mencionar otro extraordinario salto que se produjo por medio del descubrimiento de la electricidad. Data de tiempos remotos, desde que los griegos descubrieron la electricidad estática. Pero, fue Benjamín Franklin desde 1752, quien había descubierto que la energía de las tormentas y las así llamadas botellas de Leyden (o botellas de vidrio para recibir cargas eléctricas) eran exactamente lo mismo. De este modo se instaura la ciencia de la electricidad. El descubrimiento de la luz eléctrica en cambio, en medio de un controvertido debate, se le atribuye mayoritariamente a Thomas Alba Edison, tras conseguir que una bombilla brillara por 48 horas seguidas. Poco tiempo después la luz eléctrica iluminaba las ciudades.

No puedo abandonar este recuento, sin mencionar el portentoso descubrimiento de la primera vacuna efectiva en la historia, como fue la vacuna contra la viruela que menciona Juniper en su libro ya citado en este ensayo. El científico que la descubrió fue el médico Edward Jenner entre 1796-98. El descubrimiento permitió combatir hasta erradicar la viruela que, se había convertido en una verdadera epidemia en casi todos los continentes, causando la muerte de millones de vidas humanas. Luego, de acuerdo con muchos criterios, en pleno siglo XX, el Dr. Alexander Fleming descubre, pero, de una manera casual en 1928, la penicilina, que es el primer antibiótico que ha permitido a la humanidad hacer frente a las infecciones de origen bacteriano. Sin embargo, independientemente del hallazgo casual del Dr. Fleming y sin el menor propósito de demeritarlo, el uso medicinal de la penicilina fue posible gracias a los trabajos de investigación del científico costarricense, Dr. Clodomiro Picado Twight. Por medio de este antibiótico se calcula que se han salvado al menos 200 millones de vidas humanas en el mundo. Es por eso y por otros meritorios trabajos del Dr. Clodomiro Picado que Costa Rica le otorgó el benemeritazgo.

Asimismo, gracias al científico Metchnikov, considerado por muchos el padre de la inmunología, fue posible conocer el principio de la autoinmunidad en el cuerpo humano. Vendrían luego otros descubrimientos en el campo de la salud como fueron, la vacuna contra la difteria, el tétanos y la tos ferina; las vacunas contra la hepatitis A y B; la vacuna contra el VPH; la antigripal y la vacuna anti meningocócica; y una de las más relevantes de nuestra época, la vacuna contra la COVID-19.

Lo cierto es que hoy, la población mundial tiene mejor salud que nunca, más niños en todo el mundo tienen acceso a la educación; el analfabetismo ha cedido y se reduce todavía más. Con todo y las penurias que pasan algunos, cada vez más personas pueden consumir agua potable, la gente disfruta de más y mejores condiciones de vivienda y de carreteras, el comercio ha crecido y esto permite un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, especialmente en los países de mayor desarrollo. Gracias a la internet, hoy muchas regiones y ciudades del mundo han podido integrarse al comercio y los servicios, sin importar su ubicación. Por todo ello, en una buena parte de los países, la pobreza se ha reducido, permitiendo que la gente viva mejor. Probablemente me quede corto en la mención de los beneficios que se han alcanzado debido al progreso humano. Pero…

PERO, los problemas con los que lidiamos constituyen un duro valladar para avanzar.

No obstante, lo expresado en el breve recuento realizado, los problemas y retos que debemos enfrentar no solo son enormes, sino que muchos de ellos se han creado o reproducido como consecuencia del estilo de desarrollo consumista, depredador, regresivo, sobre todo merced al neoliberalismo que prevalece en muchos países del mundo; se trata en suma de un estilo de desarrollo contaminador del ambiente, concentrador y espoliador de la desigualdad social.

Lo que nos ocurre es paradójico: nunca habíamos crecido tanto económicamente, pero a causa del tipo de crecimiento incoado, nos estamos empezando a devorar a nosotros mismos. Mucha gente ha salido de la pobreza y de la pobreza extrema, pero un mal mayor nos acecha, una creciente desigualdad social se convierte en una carlanca, sí en efecto un collar de estrangulamiento que ralentiza ahora el progreso de los más postergados. El comercio fluye y es hoy más intenso que nunca, pero la mayor parte se produce entre los países ricos y los beneficios de este al interior de los países más desarrollados, son acaparados por las capas más ricas y opulentas de las sociedades. Dice con razón el Dr. Juniper que: “El comercio en los 48 países menos desarrollados, según la ONU, está obstaculizado por falta de infraestructura. Por eso a menudo en ellos se comercia con bienes y servicios de bajo valor.” (Ibidem) Todo el comercio producido por la totalidad de los países menos desarrollados llega apenas a $236.000 millones; mientras tanto, unas pocas naciones que son las más desarrollados, producen la astronómica suma de $23,6 billones, en tanto que el resto del mundo junto alcanza la suma de $23,3 billones. Solo un país, los EE. UU que es el mayor comerciante mundial, refiere el Dr. Tony Juniper, que este produce un valor comercial de $3,9 billones; o sea, más que los 48 países menos desarrollados.

Las comunicaciones han favorecido el diálogo entre naciones, pero hoy el poder político y económico se ha tornado unipolar y una sola potencia, Los Estados Unidos, ostenta el mayor poderío militar y lo usa como un látigo para castigar al que se opone a sus designios; interviene militarmente en muchas partes provocando muerte y destrucción por doquier, como recientemente en Afganistán e Iraq donde acorraló y extorsionó a los países que convirtió en sus víctimas.

Es verídico que la Revolución Industrial aceleró los procesos de urbanización, pero hoy, a causa de lo anterior la migración fluye masivamente hacia las urbes más desarrolladas, presionando la sostenibilidad de las ciudades. Dice el escritor y activista ambiental, social y político George Monbiot, citado a su vez por Juniper que: “En muchas ciudades la presión en las infraestructuras (viviendas, agua, alcantarillado, transporte, electricidad) y en la calidad de vida […] se hace insoportable.” (Ibid.)

Quizás, lo más grave para la humanidad, de todo lo corrido, por las secuelas que está acarreando es que el desarrollo basado en la Revolución Industrial se ha sustentado y continúa por ese camino, en la producción en grandes cantidades de energías fósiles (básicamente carbón, petróleo y gas natural), para generar electricidad pero, como lo dijera sabiamente el arzobispo Desmond Tutu, recientemente fallecido “No podemos seguir alimentando la adicción a los combustibles fósiles como si no existiera el mañana, porque entonces no habrá mañana.” (Ibid). Sencillamente, no podemos continuar por esa ruta intentando sostener el estilo más consumista que se ha desarrollado. Ya no nos es posible seguir haciéndolo.

Finalmente, termino este ensayo citando una vez más al Dr. Juniper, para ahorrarme palabras porque lo expresado por él, lo suscribo a pie juntillas: “La quema de combustibles fósiles y los incendios forestales son factores importantes que no solo impulsan el cambio climático, sino que también generan contaminación en el aire, la cual mata a millones de personas cada año. Además, el agotamiento de los recursos también provoca numerosas tensiones económicas y sociales. Las reservas de pesca fluvial y marítima sufren más presión que nunca. El daño al suelo es un problema mundial, de la misma manera que lo es la deforestación y la disminución de la diversidad de las especies. La degradación de los ecosistemas significa que puede avecinarse una extinción de animales y plantas. Esto podría suponer muy pronto la mayor pérdida de especies desde el exterminio de los dinosaurios hace 65 millones de años. Todos estos cambios ambientales tendrán un impacto cada vez mayor en el crecimiento económico, y amenazan con revertir los logros sociales.” (Ibid. PP. 11 y 12). En su lugar, debemos aferrarnos a un desarrollo sostenible y sustentable con la Naturaleza y con la vida.

Ambiente y ecosistemas ausente en primer informe de Rodrigo Chaves

Escrito en 04/05/2023. Publicado en Madre Tierra.

Comunicado
2 de mayo 2023

La administración Chaves Robles ha dejado claro que los temas ambientales no son su prioridad o mejor dicho, ha dejado claro que es prioridad para Rodrigo Chaves desmejorar la condición ambiental del país priorizando el modelo extractivo y contaminante, enlistamos algunos de las principales retrocesos ambientales del gobierno:

Revivir la Pesca de Arrastrecon supuestos estudios que en realidad reactiva una industria que no tiene ningún criterio técnico.
Sepultar Acuerdo de Escazúy deja en vulnerabilidad a defensores ambientales.
Sigue desobedeciendo el fallo de la Sala IVque le obliga a limpiar el mercurio en Crucitas y remediar ambientalmente la zona afectada por la minería ilegal.
NuevoReglamento de Setena a medida del sector inmobiliario, constructor y los agronegocios.
Desregular para promover más agrovenenossin prohibir los más tóxicos y contaminantes de fuente de agua como el caso del clorotalonil.
Ha empeorado el riesgo alimentario Ha impulsado las importaciones de arroz en menoscabo de producción nacional.
Caída en el Índice de Desempeño Ambiental del puesto 3 en 2011 al puesto 68 en el 2022, este “ranking” elaborado por las universidades norteamericanas de Yale y Columbia.
Vuelve a obligar al ICE a comprarle energía a generadores privados de energía, aunque no sea necesaria para el Sistema Nacional de Energía.
Recortes a SINAC y MINAE. Genera una gran concentración de poder en la figura de ministro de funciones que legalmente les corresponde a los cuerpos colegiados. Hacer reformas mediante directrices ministeriales “dejando pintado en la pared” a Conagebio, Fonafifo y a Oficina de Cambio Climático.
Revivir el aeropuerto en Zona Osa, amenazado áreas arqueológicas importantes y el Humedal Térraba-Sierpe.
La “Mesa técnica interinstitucional para pueblos indígenas” promueve más violencia de las instituciones y de los usurpadores contra los pueblos indígenas
Darle vitrina y no rechazar de plano la propuesta de UCCAEP de promover la extracción petrolera.
Legalización extracción de agua depozos ilegales y desvios de ríos sin permiso. Además presiona desde la administración central por aumentar la tercerización institucional del AYA con un enfoque privatizador del servicio y del agua.
El MINAE a caído en manos de un libertario con ideas privatizadoras, desreguladoras y retrógradas, que tiene en el oscurantismo no solo el ministerio, si no que amenaza diariamente la agenda y el liderazgo que alguna vez tuvo el país. Franz Tattenbach nunca rinde cuentas y el Minae es muy esquivo al escrutinio público.
La Agenda Legislativa pactada por las diferentes fracciones, incluida el oficialismo, tiene un abanico de proyectos destinados a desmejorar, erosionar y eliminar la mayoría de las fortalezas en materia ambiental y social que al país le ha costado más de medio siglo construir.

Emergencia climática: solicitud de opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) adoptada

Escrito en 30/03/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

El pasado 29 de marzo, la Asamblea General de Naciones Unidas adoptó una resolución en la que solicita formalmente a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) pronunciarse sobre las obligaciones de los Estados de cara a los efectos del cambio climático, mediante una opinión consultiva.

La adopción de esta resolución fue saludada por el Secretario General de Naciones Unidas (véase discurso) así como por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (véase comunicado de prensa) y por un sinumero de Estados y de entidades de la sociedad civil.

La solicitud de opinión consultiva en breve

Esta iniciativa fue llevada en un primer momento por un Estado insular del Pacífico, Vanuatu, y ello desde varios años: esta nota del 2019 así lo evidencia; en este enlace se puede conocer más de esta larga contienda.

En julio del 2022, los Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados insulares del Pacífico reunidos en el «Pacific Islands Forum» habían reiterado su firme apoyo a esta iniciativa (véase comunicado oficial).

Liderando Vanuatu el grupo de Estados insulares del Pacífico más afectados por el cambio climático, y articulando hábilmente sus esfuerzos diplomáticos con la sociedad civil y con otros Estados en el seno de Naciones Unidas, el texto de esta resolución logró ser adoptada sin voto, mediante la técnica del consenso.

Es de notar que en el 2011 y 2012, el Presidente de otro Estado insular del Pacífico, Palau, ya había externado esta misma posibilidad de acudir a la justicia internacional en su visita a la sede de Naciones Unidas (véase noticia del 2011 así como comunicado de prensa de Naciones Unidas de febrero del 2012). Por razones que sería de sumo interés conocer, Palau desistió de esta propuesta.

El proyecto de resolución A/77/L.28 adoptado el 29 de marzo del 2023 (véase enlace a versiones oficiales) se titula «Request for an advisory opinion of the International Court of Justice on the obligations of States in respect of climate change«.

Las dos preguntas a las que deberá responder el juez internacional de La Haya se leen de la siguiente manera:

«Teniendo especialmente en cuenta la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Acuerdo de París, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el deber de diligencia debida, los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el principio de prevención de daños significativos al medio ambiente y el deber de proteger y preservar el medio marino:

a) ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los Estados en virtud del derecho internacional de garantizar la protección del sistema climático y otros elementos del medio ambiente frente a las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero en favor de los Estados y de las generaciones presentes y futuras?;

b) ¿Cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan de esas obligaciones para los Estados que, por sus actos y omisiones, hayan causado daños significativos al sistema climático y a otros elementos del medio ambiente, con respecto a:

i) Los Estados, incluidos, en particular, los pequeños Estados insulares en desarrollo, que, debido a sus circunstancias geográficas y a su nivel de desarrollo, se ven perjudicados o especialmente afectados por los efectos adversos del cambio climático o son particularmente vulnerables a ellos;

ii) Los pueblos y las personas de las generaciones presentes y futuras afectados por los efectos adversos del cambio climático?«

Una resolución adoptada por consenso

A diferencia de un texto adoptado mediante una votación (en la que quedan expuestos los opositores al mismo), un texto adoptado mediante la técnica del consenso (ausencia constatada de objección) constituye en sí un logro diplomático. Al tratarse de la Asamblea General de Naciones Unidas, envía una señal de importancia al resto de la comunidad internacional y de paso, refuerza el papel desempeñado por los promotores de esta iniciativa. Este resultado implica que se haya revisado la formulación del texto una y otra vez, en aras de lograr que ningun Estado pueda objetar el contenido del texto a la hora de ser sometido por la Presidencia de la Asamblea General al conocimiento de sus 193 integrantes.

Al respecto, hay que saludar la gran destreza de los aparatos diplomáticos de los promotores de esta iniciativa (y la de sus aliados) para acordar una formulación en las preguntas, pese a las objecciones que pudieron haber externado algunos de los Estados responsables de la mayor emisión de gases con efecto invernadero: a pesar de las reservas que pudieron tener estos últimos Estados, ninguno se aventuró a solicitar un voto nominal este 29 de marzo, por lo que esta resolución se adoptó por consenso en la Asamblea General.

El delegado de Estados Unidos en la «explicación del voto» que nunca se materializó como tal, a penas adoptada la resolución, consideró oportuno indicar su oposición a ciertas referencias hechas en el preámbulo y a señalar, entre otros puntos (véase enlace oficial), que:

«We have considered this carefully, recognizing the priority that Vanuatu and other Small Island Developing States have placed on seeking an advisory opinion from the International Court of Justice with the aim of advancing progress towards climate goals. However, we have serious concerns that this process could complicate our collective efforts and will not bring us closer to achieving these shared goals. We believe that launching a judicial process – especially given the broad scope of the questions – will likely accentuate disagreements and not be conducive to advancing ongoing diplomatic and negotiations processes. In light of these concerns, the United States disagrees that this initiative is the best approach for achieving our shared goals, and takes this opportunity to reaffirm our view that diplomatic efforts are the best means by which to address the climate crisis«.

Como indicado previamente, ni Estados Unidos ni ningún otro Estado solicitó un voto a la hora de examinar este proyecto de resolución. La posición del delegado de Estados Unidos puede ser contrastada con la expresada por la Unión Europea (UE) (véase enlace) o bien con la posición de la delegada de Alemania (véase enlace) o bien la del delegado de Noruega (véase enlace).

En realidad, el texto adoptado este 29 de marzo del 2023 es similar a uno hecho público a finales de noviembre del 2022: en efecto, luego de largas jornadas y consultas, un grupo de Estados reunidos por Vanuatu en octubre del 2022 (el denominado «Core Group» al que refirió Vanuatu en su discurso ante la Asamblea General) elaboró el texto de la futura resolución. Este grupo reunió a los 18 siguientes Estados, de muy diversas latitudes y continentes: Alemania, Angola, Antigua y Barbuda, Bangladesh, Costa Rica, Liechtenstein, Marruecos, Micronesia, Mozambique, Nueva Zelanda, Portugal, Rumanía, Samoa, Sierra Leone, Singapur, Uganda, Vanuatu y Vietnam (véase nota del CIEL). Por parte del hemisferio americano, únicamente Antigua y Barbuda y Costa Rica lo integraron.

En las próximas semanas, esta solicitud de opinión consultiva será trasladada a la CIJ para su respectivo examen por parte de los 15 jueces de La Haya.

Hace unos meses, la misma Asamblea General solicitó también una opinión consultiva al juez de La Haya sobre otro tema en el que fue imposible lograr un consenso entre sus 193 integrantes: los efectos legales de la prolongada ocupación y colonización por parte de Israel en Palestina. Ante la falta de acuerdo, se debió proceder a una votación: tuvimos la oportunidad de analizar los resultados del voto realizado el 30 de diciembre del 2022 y en particular la posición adoptada por los Estados de América Latina (véase nuestra breve nota al respecto titulada «América Latina ante solicitud de opinión consultiva a justicia internacional sobre la situación en Palestina, breves apuntes sobre insólito voto en contra de Costa Rica«, publicada en LaRevistacr, edición del 1/02/2023).

Una solicitud similar hecha al Tribunal Internacional sobre Derecho del Mar

En diciembre del 2022, el Tribunal Internacional sobre el Derecho del Mar (ITLOS, por sus siglas en inglés) recibió una solicitud de opinión consultiva por parte de Estados insulares preocupados por la elevación del nivel del mar y por la contaminación existente en el mar, así como por otras alteraciones del medio marino que los impacta. Estos Estados insulares fueron liderados por Antigua y Barbuda y Tuvalu.

La pregunta hecha lo es en relación a las disposiciones de la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 (véase texto de la solicitud) y se lee como sigue:

«What are the specific obligations of State Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea (the «UNCLOS»), including under Part XJI:

(a) to prevent, reduce and control pollution of the marine environment in relation to the deleterious effects that result or are likely to result from climate change, including through ocean warm ing and sea level rise, and ocean acidification, which are caused by anthropogenic greenhouse gas emissions into the atmosphere?

(b) to protect and preserve the marine environment in relation to climate change impacts, including ocean warming and sea level rise, and ocean acidification?«

Como bien se sabe, la Convención sobre Derecho del Mar de 1982 constituye a la fecha el único instrumento normativo de carácter universal existente en el ámbito marino (véase estado oficial de firmas y ratificaciones), con 168 Estados Parte.

Un esfuerzo similar observado a nivel interamericano

A nivel interamericano, la emergencia climática también ha originado una reciente solicitud de opinión consultiva: en efecto, en enero del 2023, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que fue solicitada conjuntamente por Chile y Colombia con relación a las obligaciones que tienen los Estados en materia de derechos humanos de cara a la emergencia climática y a las medidas de carácter urgente que deberían de tomar (véase texto completo de la solicitud de opinión consultiva). Se trata de seis preguntas a las que la Corte deberá de responder. Es de notar que dos de ellas (la B y la E) refieren de manera expresa a las disposiciones del Acuerdo de Escazú: tuvimos la ocasión de analizar las dos recientes ratificaciones (Belice y Granada) registradas en el mes de marzo del 2023 así como el notable uso del Acuerdo de Escazú hecho por el juez interamericano en una de sus últimas sentencias (véase nuestra nota al respecto titulada «Acuerdo de Escazú: a propósito de dos nuevas ratificaciones (Granada y Belice) y de su uso reciente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos) publicada en DIPúblico (Argentina), edición del 28/03/2023).

A modo de conclusión

No es usual observar a tres jurisdicciones internacionales distintas ser solicitadas sobre asuntos similares de manera casi simultánea en materia consultiva. Como bien se sabe, la función consultiva permite a una jurisdicción internacional dar a conocer su interpretación sobre cuestiones legales objeto de disenso y/o desacuerdos. La interpretación que hace de los alcances de una normativa internacional aplicable goza de una autoridad que ningun Estado o grupo de Estados u organización internacional puede discutirle.

Este súbito interés en solicitar a una jurisdicción precisar el alcance de las obligaciones internacionales de los Estados en materia de cambio climático proviene probablemente de la tímida respuesta de la comunidad internacional durante la última COP-27 celebrada en noviembre del 2022 en Egipto: se logró finalmente acordar, ante las legítimas demandas de compensación por daños y pérdidas que ocasiona a numerosos Estados el cambio climático, la creación de un órgano (véase enlace). Es de señalar que el 29 de marzo del 2023 concluían precisamente los trabajos del denominado «Comité de Transición» en su primera reunión celebrada Luxor (véase enlace oficial), creado durante la COP-27 para examinar el tema de daños y pérdidas.

Aunado a ello, la situación climática y la extrema vulnerabilidad de algunas poblaciones al cambio climático también explican estas tres iniciativas ante jurisdicciones internacionales, dos a nivel universal y una a nivel interamericano.

Este panorama resulta también del hecho que, a la fecha, la comunidad internacional no ha logrado aún acordar medidas para revertir sustancialmente el aumento paulatino de la temperatura, pese a disponer de datos científicos con los que se cuenta desde hace más de 25 años sobre los efectos dramáticos que ocasiona el cambio climático: véase al respecto el último informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas del 2023 (más conocido por sus siglas en inglés IPCC).

Estas solicitudes a tres distintas jurisdicciones internacionales constituyen como tal un desafío para estas, y desde ya generan mucha expectativa en diversos círculos. Ello en razón de que se ha podido observar el uso creciente que se hace de decisiones de jurisdicciones internacionales ante los tribunales nacionales.

No está de más indicar que, a nivel del derecho interno esta vez, la justicia climática es también objeto de numerosas acciones legales debido a un sinnúmero de actividades autorizadas por los mismos Estados y que a veces, contradicen sus compromisos internacionales para luchar contra el cambio climático. Podemos citar el ejemplo, entre muchos otros, de la justicia de los Países Bajos que en el 2019 en el caso Urgenda (véase enlace y comentario de la sentencia publicado en Bélgica) condenó al Estado por no mantener el ritmo de reducción de emisiones de gases que se había comprometido a reducir. Igual ocurrió en Alemania con su juez constitucional en el 2021 (véase enlace y comentario de la sentencia publicado en una revista especializada en España). Más llamativo al tratarse del Estado que hospedó en diciembre del 2015 las negociaciones de un acuerdo internacional que lleva el nombre de su capital, el juez administrativo galo condenó a Francia por su inacción climática en octubre del 2021 (véase nota y decisión del Tribunal Administratif). Más recientemente, otra decisión del Conseil d´Etat condenó al Estado francés por no atender debidamente sus compromisos en torno esta vez a la calidad del aire (véase decisión de octubre del 2022).

En el caso de América Latina, son muy diversas y variadas las acciones legales realizadas por distintos colectivos sociales ante las jurisdicciones nacionales: en este enlace se registran algunas de las acciones llevadas ante los tribunales nacionales por organizaciones sociales, que, sin duda alguna, esperan ansiosas que la justicia internacional refuerze, en un futuro cercano, sus argumentos ante la falta de voluntad para lograr una verdadera justicia climática.

Imagen ilustrativa.

Atención a las áreas protegidas

Escrito en 15/03/2023. Publicado en Madre Tierra.

(Imagen de Superintendencia del Medio Ambiente, Chile)

Puerto Montt, Chile – Cristina Bianchi

Las áreas protegidas por el Estado chileno en el sur del país, destinadas a la conservación, sufren la presión industrial de la actividad de las salmoneras.

Estas industrias, con sus enormes inversiones han generado riqueza e impulsado el desarrollo, creando fuentes de trabajo, innovando tecnológicamente y últimamente buscando establecer condiciones de paridad de género en su personal.

Así lo demuestra el Encuentro de Mujeres en Tecnología e Innovación, iniciativa organizada por el Centro de Emprendimiento e Innovación COWO y Duoc UC, junto al apoyo de Corfo y la Municipalidad de Puerto Montt, realizado con ocasión del 8 de marzo.

Sin embargo, las organizaciones sociales y medioambientales exigen mayor regulación y una ley que retire las concesiones acuícolas de las áreas protegidas.

«La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha enfatizado que, en áreas marinas protegidas, las actividades de impacto, como la salmonicultura, son incompatibles con los objetivos de conservación para los que se creó el área y no debieran existir en su interior”, dice Maximiliano Bello, asesor ejecutivo de Políticas Públicas del Océano de la organización Mission Blue.

«De alrededor de 1.500 concesiones salmoneras, 415 están otorgadas al interior de áreas protegidas, aunque no todas estén operativas”, señala Juan Carlos Viveros, de la organización Defendamos Chiloé.

Esteban Ramírez, gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón de Chile (Intesal), ente técnico de la asociación gremial Salmón Chile, que reúne al 60% de la producción nacional con diez productores de salmón y representa a más de 50 empresas proveedoras, indica que de las 400 concesiones ubicadas en reservas, la mayoría están en el área de la Reserva para el Ciprés de las Guaitecas, región de Aysén.

En su opinión, «el objeto de conservación no presenta incompatibilidades con la salmonicultura. Esta reserva fue creada en la década de 1940, cuando quedó de manera ambigua la regulación del área marítima”. Ramírez señala que la superposición entre áreas protegidas y de acuicultura se dio porque estas últimas se establecieron en los años ´80, cuando no existían parques nacionales ni reservas marinas en zonas con concesiones acuícolas. Al declarar las reservas, «no incorporaban cuerpos de agua o su objeto de protección no presentaba incompatibilidad alguna”, observa el representante de Intesal.

Se trata de una polémica en curso, que está teniendo repercusiones. Las medidas reguladoras buscan favorecer la protección del medio ambiente, pero también intentan proteger el entusiasmo de las empresas inversoras. Compatibilizar desarrollo con preservación ambiental, el impulso de las empresas por invertir y crear fuentes de trabajo, la necesaria protección y conservación de los recursos pesqueros y marinos, son todos temas que capturan la atención ya que según cómo se resuelvan irán perfilando el futuro del sector.

Fuente: https://www.pressenza.com/

Educación, democracia y seguridad

Escrito en 14/02/2023. Publicado en Derechos.

En un video de Prisma Latinoamérica, se nos explica cómo el terror y la indignación en la población por la creciente violencia sufrida en las ciudades no se resuelve con mayor presencia policial. Esta problemática debe su origen a la falta de oportunidades y la exclusión para amplios sectores de la población.

Además, la democracia no se limita al proceso electoral, esta va, necesariamente, de la mano con la reducción de la pobreza, sistemas educativos actualizados y de calidad, conservación y regeneración del medio ambiente, entre otras condiciones.

Puede ver el vídeo completo en el siguiente enlace: https://vm.tiktok.com/ZMYrrs6oN/

Guerras y contaminación

Escrito en 10/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Alberto Salom Echeverría

“El coste ecológico de la guerra es inmenso, pero mientras el conflicto armado siga siendo una opción viable la naturaleza seguirá pagando el precio.”

Maximilian M. Mönch, 2013

“En 2001, la Asamblea General de ONU declaró el Día Internacional para la Prevención de la Explotación del Medio Ambiente en la Guerra y los Conflictos Armados el 6 de noviembre de cada año. Una fecha para reconocer y concienciar acerca de cómo los conflictos armados, las guerras y la militarización, han sido y continúan siendo algunos de los factores de destrucción ambiental más significativos.”

Los conflictos armados y la contaminación del Planeta.

Muchos fueron los conflictos armados en el siglo XIX, pero ninguno tuvo el efecto devastador de la primera y la segunda guerras mundiales del siglo XX.

El gran historiador británico Arnold Toynbee (n.1889 m.1975) describió de manera sucinta, pero certera, las características del mundo en materia económica y social, en la primera mitad del siglo XX, dijo: “…fue un período tan catastrófico y terrible como ninguna nación había conocido hasta el momento. Fue catastrófico y terrible porque, junto al enorme aumento de la riqueza, hubo un gigantesco aumento de la pobreza; y la producción a gran escala, resultado de la libre competencia, condujo rápidamente a la alienación de las clases y a la degradación de un gran número de productores.” (Cfr. Citado en: Castilla, Adolfo “La pobreza en la primera mitad del siglo XX”. Economiayfuturo.es. Diciembre 2018).

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Globalmente fueron dos las causas principales que impidieron que la explosión del desarrollo industrial y tecnológico de fines del siglo XIX, se trocara en un bienestar generalizado: por un lado, el dogmatismo de la filosofía del “libre comercio” que espoleó una gran desigualdad entre naciones ricas y pobres y al interior de los países con desarrollo capitalista, favoreció la concentración de la riqueza, tanto en los países ricos como en los pobres que comúnmente conocemos como “subdesarrollados”. La “Gran depresión” iniciada en Los Estados Unidos en 1929, fue el signo que, como “ave de mal agüero”, anticipó la crisis económica mundial que se avecinaba. Combinado con lo anterior, crecieron las rivalidades entre las élites capitalistas de las principales potencias de la época. El enfrentamiento se produjo por la repartición de los recursos naturales principalmente del África y del resto de las colonias, así como por alcanzar la hegemonía en Europa. Básicamente fue debido a ello que, los círculos dominantes en el “viejo continente” no lograron evitar los enfrentamientos violentos de las dos guerras mundiales; por eso mismo, ambas estallaron originalmente y sin remedio en el continente europeo, con un intervalo de apenas 25 años entre una y otra. Por otra parte, hay que tener presente que Los Estados Unidos bajo el mandato del presidente Woodrow Wilson, pretendieron primero la neutralidad, sin embargo, en abril de 1917 entraron al conflicto del lado de las potencias aliadas, terminando de imprimirle a la primera guerra esa impronta, o carácter mundial que tuvo.

En un principio parecía que el conflicto de la primera guerra sería restringido y corto, pero se extendió por doquier hasta 1918. Su saldo fue el siguiente: treinta millones de muertos, sumando a los civiles y militares, merced a una desgastante guerra de trincheras, estacionada principalmente a lo largo de la frontera franco-alemana. Un informe certificado de la primera guerra señala las tres principales secuelas ambientales que se produjeron: 1-deformación de los territorios donde se desencadenaron batallas, como fue el caso de la colina de Mort-Homme en Francia, la cual perdió más de siete metros de altura; 2-una gran cantidad de bosques en el escenario de la guerra quedaron completamente destruidos, erosionado el suelo hasta el extremo de que los terrenos no pudieron ser habilitados para los cultivos durante mucho tiempo; 3-como se lanzó una enorme cantidad de municiones al mar, durante la guerra, cada bando intentando evitar que las municiones pudieran ser capturadas por el enemigo, la vida marina se puso en peligro, debido al componente químico explosivo del armamento, llamado “trinitrotolueno”.(Cfr. https://superscienceme.wordpress.com/2015/11/06/guerra-medioambiente/…)

Además, en 1916 hizo su aparición el primer tanque de guerra de factura británica. Fue conocido como el Mark I; se trataba de un vehículo sobre orugas, cuya presencia le dio un vuelco al estancamiento de la guerra de trincheras. La información que he consultado revela que se recurrió a ellos para combatir a muerte. Su presentación fue en “la batalla de Somme” reputada como la más larga y sangrienta de esta guerra. Se prolongó por cuatro meses y medio y dejó como saldo más de un millón de muertos en ambos bandos. La peor batalla –reza la información- en la historia de Gran Bretaña. Es mucho decir, el Mark I (como se denomina a ese tanque de guerra), no obstante, mostró debilidades, ya que algunos vehículos quedaron atascados en el campo de batalla por fallas mecánicas. Pero al mismo tiempo infundió temor en las tropas alemanas y produjo gran devastación de los campos, por ser tan pesado y majar el suelo destruyendo cualquier cultivo a su paso. (Cfr. https://www.clarin.com>internacional.)

La segunda Guerra mundial (1939-1945) fue una escalada destructiva con respecto a la primera. El número de muertos duplicó los reportados en la primera guerra mundial, números conservadores calculan que unos 55 millones de seres humanos perdieron la vida, entre campos de concentración, muertos en los campos de batalla, y la población civil que se vio afectada, principalmente tras los bombardeos, cuyo poder destructivo aumentó muchas veces respecto de la primera guerra. Algunas estimaciones que se han hecho más recientemente, mencionan la cifra de hasta 80 millones de personas que habrían perdido su vida. (Cfr. https://historia.nationalgeographic.com.es/)

En este caso, además, la contaminación fue inmensamente mayor, la tala de árboles, los incendios forestales que afectaron decisivamente la biodiversidad en todo el escenario de la guerra, que ahora se extendió a los mares ocasionando grave daño a los hábitats marinos, en una medida apenas algo menor a lo que fue la pérdida de la vida de especies de flora y fauna en la tierra. En definitiva, las armas de un poder incontrastable, como nunca se había dado, arrojaron gases tóxicos y partículas al aire y filtraron materiales pesados tanto en el agua como en el suelo. Todavía no hemos mencionado el efecto destructivo y contaminante de las bombas nucleares que fueron hechas estallar en Japón, en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, a lo cual nos referimos en el ensayo anterior. (Cfr. https://www.eldiario.es>opinion.)

Es bueno que recordemos aquí, la “locura nazi” que procuraba fortalecer la “raza maestra”, desatando los campos de concentración y el “holocausto”, provocando la persecución, el confinamiento y la muerte de millones de judíos. Muchos pensábamos que aquella locura racista había mermado sustancialmente, creíamos que había pasado ya a un segundo plano; pero, acontecimientos recientes en el mundo nos recuerdan que el racismo está aún vivo, presente en muchas culturas y convertido de nuevo en grave peligro por los recursos con que cuenta para accionar políticamente. ¿Será en Estados Unidos o en Brasil que se ha refugiado? ¿Será acaso en la guerra ruso-ucraniana? ¿Dónde será que pernocta el racismo y la xenofobia con sus garras finas al acecho?

Las bombas nucleares que hemos mencionado destruyeron gran parte de las ciudades, mostrando su incontrastable poder devastador hasta entonces. Solo allí perdieron la vida inmediatamente, cerca de doscientas mil personas. Adicionalmente, hubo infertilidad en la tierra, la cual durante mucho tiempo se tornó desértica; el agua de ríos, de mantos acuíferos, y del bosque se impregnaron de partículas radiactivas afectando la vida de decenas de especies acuíferas de flora y fauna. Por añadidura acota Luis Enrique Aguilar Díaz: “El caos y el descontento fue total. El paisaje calcinado adquirió un tono gris uniforme, como si el color se hubiera extinguido, el pasto se volvió rojo grisáceo, el 92% de las edificaciones sólidas de Hiroshima fue arrasado…Los árboles fueron arrancados de raíz y quemados por el calor…En los cinco años posteriores murieron 70 mil personas más.” En Nagasaki (parafraseo en lo que sigue), donde residían 270.000 personas murieron 80.000 tras el estallido nuclear, y miles en los siguientes años. (Cfr. Aguilar Díaz, Luis E. “Afectaciones ambientales por la bomba nuclear en Hiroshima.” 2023 Prezi Inc. Condiciones y Política de privacidad.)

Después de las dos guerras mundiales, el siglo XX fue testigo en el período de la guerra fría de muchas guerras “restringidas” o “limitadas” (al final no lo fueron tanto). Estas guerras acarrearon también gran contaminación, como fue el caso de la guerra de Viet Nam, la cual formó parte del programa de guerra química en la operación “Ranch Hand”; en ella los militares estadounidenses echaron mano de lo que se denomina como “Agente Naranja”. Un herbicida y a la vez defoliante, cuyos componentes químicos, son extraordinariamente tóxicos. Veamos la fórmula química de este agente, que un especialista en química nos explicó su alta toxicidad: 50% de dos herbicidas del grupo fenoxi: el 2.4-D (ácido 2,4-diclorodifenoxiacético) y el 2,4, 5-T (ácido 2,4, 5-triclorofenoxiacético). El objetivo de la fuerza aérea de los Estados Unidos era defoliar los vastos bosques de Viet Nam, para descubrir los escondites y las rutas de suministros del enemigo. Se ha calculado que las muertes en Viet Nam a causa del “Agente Naranja” ascendieron a tres millones de personas, más medio millón de niños que nacieron con malformaciones. Este agente fue descubierto por un fisiólogo y biólogo vegetal estadounidense, Arthur Galston (n.1920 m.2008). (Cfr. https://www.ecologistasenacción.org…)

Además, las guerras acaecidas en la segunda mitad del siglo XX y en el XXI, aparte de la de Vietnam, han sido muchas; algunas de las más connotadas fueron la de Afganistán, las que se produjeron en América Central, en el Golfo Pérsico y la de Yugoslavia que adquirió un carácter desgarrador, porque conllevó a la desintegración de ese país y la intervención de la OTAN en el conflicto. Todas pusieron en evidencia que “…la guerra moderna implica una devastación del medio ambiente a gran escala”, tal como destaca la publicación técnica ‘Daphnia’ en un artículo dedicado al impacto ambiental del militarismo. (Cfr. “Los Efectos de la Guerra en el medio ambiente.” https://superscienceme.wordpress.com/2015/11/06/…)

En el presente siglo, contrario a lo vaticinado por algunos estudiosos del fenómeno de la guerra, aunque parecía que iban a mermar los conflictos interestatales a gran escala, el siglo nos inaugura con la invasión de una coalición liderada por Los Estados Unidos contra Irak, el 20 de marzo del 2003. El volumen de fuego desplegado por los estadounidenses en aquel escenario fue altísimo; sin que, no obstante, con la derrota del régimen de Sadam Hussein, se hubiesen resuelto los conflictos en aquel país. Por el contrario, la salida de Estados Unidos de Irak, dejó un gran vació de poder, lo que vino a recrudecer los conflictos ideológicos, interétnicos, religiosos y hasta tribales.

En el año 2001, Los Estados Unidos habían invadido Afganistán, pretextando que este país ocultaba a los terroristas responsables de los atentados perpetrados contra las torres gemelas en New York, el pentágono y otros objetivos. Aunque la verdadera razón conocida había sido desmantelar a Al Qaeda, quitándole una base segura de operaciones y principalmente se buscaba sacar a los talibanes del poder. Este objetivo se cumplió inicialmente, pero, los Talibanes retornaron al poder tras una insurgencia, en el año 2021. Lejos de un apaciguamiento de los enemigos de los Estados Unidos, el conflicto se mantuvo encendido en todos esos años. Por parte de los Estados Unidos, no se hizo esperar el bombardeo generalizado llevado a cabo principalmente por la Fuerza Aérea. De nuevo, la guerra desplegada con armas modernas contribuyó a espolear el calentamiento global con las explosiones de bombas de gran alcance. No faltaron las llamadas “bombas de racimo”, ni tampoco los poderosos cazabombarderos F/A-18 Hornet, así como bombas de gran radio de acción como son los BLU-82, según lo que hemos consultado.

Va a ser un año que estalló la guerra ruso-ucraniana. Entre otras cosas esta nueva conflagración reanudó el “viejo” conflicto de la guerra fría entre los Estados Unidos y Rusia (anteriormente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas). La base ideológica de Rusia ya no es la misma, pero algunos de los protagonistas de la guerra actual, fueron parte del staff político-militar de la antigua URSS, como es el caso de Putin. Insisto, Vladimir Putin, otrora jefe de la KGB, ya no ostenta el socialismo como motivación de su accionar político militar. Pero deja la sensación en occidente de que tras la caída del “socialismo real”, la base política anterior ha quedado intacta. No es así. La guerra ha escalado a proporciones muy peligrosas. Detrás de Ucrania actúan los Estados Unidos y la OTAN y existe más de una razón para pensar que en poco tiempo, el enfrentamiento militar, de continuar la escalada podría darse directamente entre Rusia y sus aliados por un lado (pudiendo verse involucrada China), frente a los Estados Unidos y la OTAN por el otro. Ya el arsenal militar desplegado por unos y otros, ha sido copioso como para pensar que los gases efecto invernadero de CO2 que enferman al planeta están haciendo lo suyo.

Sorprende ver la cantidad de millones de dólares y euros proporcionados por Biden y los demás dirigentes de la OTAN a Ucrania, y los millones de Rublos gastados por Rusia en ese conflicto. Mientras tanto, los países pobres más afectados por el calentamiento del planeta siguen a la espera de un apoyo financiero que les permita acometer la tarea del desarrollo y defenderse de la devastación derivada de los gases efecto invernadero, de las torrenciales lluvias, huracanes y tornados, incendios desatados y bosques devastados. ¡Cuánta falta haría hoy un apoyo financiero cuantioso de unos y otros a Turquía y Siria, ante los terremotos que los acaban de azotar!!! Las prioridades de las potencias indudablemente son otras.

Compartido con SURCOS por el autor.

Microcápsula sobre racismo ambiental

Escrito en 05/02/2023. Publicado en Derechos, Madre Tierra.

El proyecto de Trabajo Comunal Universitario TC-765 Semillero Estudiantil para la Acción contra el Racismo, de la mano con el Observatorio para la Acción contra el Racismo, explican que el racismo ambiental es una discriminación estructurada dentro de las políticas ambientales hacia ciertos grupos sociales, pero también tiene un efecto interseccional impactando en las cuestiones de género e identidad sexual, por mencionar algunas.

Esta microcápsula fue elaborada con el material presentado en el programa de radio Saber Vivir 870 AM UCR 2022. Puede ver el vídeo con la información completa en el siguiente enlace: https://www.instagram.com/reel/CnxsxFsr1RM/?igshid=NDdhMjNiZDg=

Créditos de las comentaristas del programa de radio Saber Vivir 870 AM: «Conversando sobre el racismo ambiental»:

Pamela Cunnigham, afrofemninista fundadora de Costa Rica Afro.
Valeria Montoya, del programa Kioscos ambientales de la UCR.

Créditos del video, estudiantes del TCU:

María Fernanda Hidalgo Quirós
Miriana Lucía Guerrero Dinarte
Abigail Zepeda Castillo
Luis Alejandro Fernández Bonilla
Ignacio Ampiee Mata

Día Mundial de los Humedales… pero no se aprobó Acuerdo de Escazú

Escrito en 03/02/2023. Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

José Luis Pacheco Murillo

A pesar de ser un día destinado a la protección de uno de los elementos fundamentales del medio ambiente como son los humedales, con mucha tristeza, molestia, coraje, indignación, vergüenza e impotencia Costa Rica ha dejado pasar una oportunidad única e importante para ser congruente con su imagen de país verde y decidió el congreso dejar vencer el plazo para la para la aprobación del expediente legislativo N° 21.245, “Aprobación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe ⎼ conocido como Acuerdo de Escazú”.

Este acuerdo tenía como propósito Proteger a las personas que defienden el ambiente y prevenir los conflictos ambientales garantizando que las personas involucradas en actividades que pueden afectar el ambiente participen en éstas desde el principio. Es el primer instrumento internacional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente de nuestra región. Su proceso de negociación contó con el auspicio de la Comisión Económica para América Latina de las Naciones Unidas (CEPAL), el liderazgo de las delegaciones de Chile y Costa Rica, así como con la participación activa de la sociedad civil.

Es vergonzoso que Costa Rica, país en el que se firmó el acuerdo para hacer realidad este avanzado proyecto se negara a firmarlo porque tuvo una votación unánime en el primer debate, que luego la Sala Constitucional anuló y obligó a iniciar el proceso el cual debía de cumplirse dentro del plazo de cuatro años y simple y sencillamente dejaron que ese plazo venciera. Una incongruencia total.

País verde que niega la participación ciudadana en materia de ambiente. País verde que impide que se abran opciones para un desarrollo de la legislación ambiental y la protección que requiere para ser más amigables con el ambiente.

No hubo voluntad política y posiblemente si hubo intereses económicos y personas interesadas para que esto no se diera.

Con 11 votos a favor y 41 en contra, enterraron el “Acuerdo de Escazú”. En contra representantes de Nueva República y de la Unidad Social Cristiana junto al Liberal Progresista y Liberación Nacional allanaron el camino para evitar que Costa Rica participe de un acuerdo ambiental que fue, incluso, elaborado en Costa Rica y aprobado ya por grandes economías, como la de Chile, Argentina, Panamá y otras.

Lo peor de todo es que se archivó sin que se diera un solo debate en torno a su conveniencia o no. Simplemente dejaron pasar el tiempo y ya. Cientos de organizaciones ambientales trataron de que se les escuchara y que por lo menos se abriera un debate mediante la aprobación de la ampliación del plazo, pero no fueron escuchadas.

Muy lamentable y es urgente buscar los mecanismos de derecho internacional para tratar de revivir este acuerdo y pueda ser ratificado por Costa Rica.

Cumbre por la paz: propuestas ciudadanas ante desafíos binacionales

Escrito en 31/01/2023. Publicado en Derechos.

La Cumbre por la Paz son discusiones ciudadanas desde un enfoque binacional que buscan la construcción de una ruta alternativa de base local y comunitaria entre México y Estados Unidos. El resultado será compartido en febrero en la Cumbre Binacional en reuniones con representantes de los gobiernos de los dos países, con la expectativa de que sean incorporadas en el diseño de acciones bilaterales conjuntas

Por ReverdeSer Colectivo

Los días 9, 10 y 11 de enero, Ciudad de México fue sede de la X Cumbre de Líderes de América del Norte, durante la cual el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a sus homónimos de Canadá y Estados Unidos. La visita se realizó con el objetivo de construir acuerdos significativos para la región en materia de integración y desarrollo económico, migración y movilidad, seguridad, salud, cambio climático, medio ambiente e inclusión racial.

La última vez que se discutieron estos temas de manera trilateral fue en noviembre de 2021, desde entonces el contexto político, económico y social global ha sido impactado por la guerra en Europa y la crisis económica, energética y humanitaria que esta conlleva, en este tiempo también los rezagos de la pandemia por covid-19 se mantienen vigentes.

Asimismo, en América Latina y otras partes del mundo se experimentan flujos de migración y desplazamiento forzado sin precedentes. México, al ser un país de origen, tránsito y destino de la migración hacia Estados Unidos y Canadá, vive de manera directa los impactos en los cambios de la política migratoria en estos países.

Es significativo que previo a la reunión, el mandatario estadounidense presentará un nuevo plan fronterizo para el beneficio de hasta 30 mil personas con origen en Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, que serán retenidas en territorio mexicano. Por su parte, en México se realizó la captura de Ovidio Guzmán en el estado de Sinaloa, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, identificado como presunto líder del cártel de Sinaloa y el supuesto principal responsable del flujo de fentanilo en la región.

En declaraciones públicas, el presidente Joe Biden mencionó que uno de los primeros puntos de su reunión fue “mantener América del Norte como la región económica más próspera y fuerte del mundo”; planteó el reto de la enorme ola migratoria, y la relevancia de continuar la cooperación internacional para detener y combatir el tráfico ilícito de drogas:

“En los últimos seis meses nuestras patrullas conjuntas [sic.] en México han resultado en el arresto de más de siete mil contrabandistas de personas. Hemos incautado más de 20 mil libras del mortal fentanilo en la frontera, y hoy hablamos de cómo los tres podemos seguir profundizando y fortaleciendo nuestro esfuerzo compartido para frenar el tráfico del fentanilo, incluyendo ir en pos de los químicos precursores usados para sintetizar esta droga. Vamos en pos de los laboratorios y de los lugares donde se almacenan las drogas”.

Al cierre del encuentro, este espacio de diálogo de alto nivel dejó fuera de la agenda temas fundamentales como lo son las responsabilidades en materia energética derivadas del T-MEC (Tratado Comercial de México, Estados Unidos y Canadá), la situación de las personas periodistas en México y la crisis en materia de derechos, entre otros. Sin embargo, ha motivado de manera paralela una serie de discusiones ciudadanas desde un enfoque binacional, que buscan la construcción de una ruta alternativa de base local y comunitaria, llamada Cumbre por la Paz.

Esta iniciativa es convocada y organizada por más de cuarenta organizaciones sociales e integrantes de diversas comunidades y movimientos sociales en México y Estados Unidos, con el objetivo de cultivar y catalizar un movimiento transfronterizo de sociedad civil y sectores progresistas que revise la situación actual de violencia y proponga soluciones a la creciente desigualdad y a la crisis de derechos humanos que afectan a la región.

Frente a este diálogo de alto nivel, se entregó una carta a los mandatarios y se llevaron a cabo diversos encuentros en preparación para la Cumbre Binacional por la Paz, que se realizará el próximo 23 de febrero. En ellos participaron amplios sectores sociales que no suelen tener una participación activa en la agenda de las relaciones internacionales; tradicionalmente centrada en actores gubernamentales y élites económicas. Además de lograr un intercambio de perspectivas y propuestas para problematizar las implicaciones de la construcción de paz desde la mirada de la ciudadanía organizada.

Foros preparativos hacia la Cumbre 2023

Los foros o reuniones preparativas hacia la Cumbre se realizaron en ciudades nodales de México y Estados Unidos entre septiembre de 2022 y enero de 2023. Estos espacios detonaron una serie de encuentros, diálogos e intercambios encaminados a la construcción de diagnósticos con propuestas de solución. Las reflexiones se orientaron a identificar expresiones de violencias en ambos territorios; reconocer el papel de los gobiernos en su transformación, y articular un movimiento entre contrapesos políticos desde la base social. En estos espacios se congregaron activistas, víctimas, grupos sociales, comunidades, instituciones y organizaciones civiles.

En representación de víctimas y pueblos afectados por la violencia que atraviesa la región, en el circuito de diálogos participaron: Jordan Giger, Odilia Romero, Melissa Iakowi:he’ne’ Oakes, Luis Jonathan Hernández, Cristina Bautista Salvador y Grisel Bello Cuecuecha. Estas personas han fungido como la vocería oficial de la Cumbre, elegidas por su amplia trayectoria de lucha y movilización social, para transmitir las demandas colectivas ante la crisis migratoria, la degradación del medio ambiente, la violencia armada, el abuso policial, la impunidad y otras formas de opresión en contra de los pueblos originarios, indígenas, personas afrodescendientes, racializadas, migrantes y defensoras del territorio.

“Una lucha: desde las calles del Bronx a las montañas de Guerrero”

El primer diálogo ocurrió el 24 de septiembre de 2022 en la “Casa de los Pueblos”, ubicada en el Bronx, New York, un barrio conocido por la recepción de comunidades inmigrantes de origen latino desde el siglo pasado. En este encuentro se discutió la creciente división entre grupos latinoamericanos y afrodescendientes; los enfrentamientos con armas de fuego entre estos grupos; la marginación y criminalización de las juventudes racializadas; la necesidad de reconciliación y solidaridad entre pueblos; la violencia lingüística por parte de las instituciones; el machismo hacia las mujeres en espacios organizativos; la reorganización de los pueblos y las luchas compartidas; así como la urgencia de procesos de verdad en el acceso a la justicia de crímenes cometidos por autoridades Estatales.

“Uniendo nuestras voces: derechos humanos sin fronteras”

Los siguientes diálogos se realizaron en formato híbrido entre el 24 y el 29 de octubre de 2022 en San Francisco y Los Ángeles en California. La discusión se centró en los efectos del capitalismo y la división que provoca entre los pueblos. Asimismo, se profundizó con mayor detalle en la relación que existe entre la violencia armada y el tráfico ilícito de drogas; especialmente debido a la presencia del crimen organizado y su complicidad con ambos gobiernos. Cristina Bautista, vocera de la Cumbre y madre de Benjamín Ascencio Bautista, normalista desaparecido en 2014, explicó las convergencias entre estas problemáticas y la opacidad en el caso Ayotzinapa. El ex titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa de la FGR, Omar Gómez Trejo, agregó que hay evidencia del nexo entre estos grupos y el ejército mexicano. Para él “no puede haber justicia sin la mano de las víctimas”.

Diálogos cruzados: experiencias en México

Los foros preparativos hacia la Cumbre llegaron a nuestro país a finales de noviembre del año pasado. Las ciudades que albergaron estos encuentros fueron: Tepoztlán, Tijuana y Ciudad de México. Estos diálogos se coordinaron de forma autónoma y descentralizada por medio de un Comité organizador compuesto por diversas organizaciones. Los temas a reflexionar, metodologías y dinámicas de participación fueron preparadas en una lógica colectiva y cooperativa. En los foros se compartió un mensaje de la vocería oficial, se cruzaron miradas entre diversos actores sociales y se posicionaron temas prioritarios en la agenda de derechos humanos para generar insumos que den pie a un programa binacional.

“Tejiendo resistencias, construyendo la paz”

El primer diálogo de este lado de la frontera se realizó el 28 de noviembre de 2022 en Casa Tecmilco, localizada en Tepoztlán, Morelos. La fecha del encuentro coincidió con el inicio de la VII Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que se realizó del 27 de noviembre al 9 de diciembre, también en el estado de Morelos. En este espacio participaron frentes de lucha y resistencia locales y de estados colindantes: Guerrero, Puebla y Tlaxcala. La conversación se organizó en círculos de palabra donde se expusieron los efectos de la violencia. Los temas tratados fueron: la defensa del agua y territorio, la militarización, la desaparición forzada, el desplazamiento interno, la impunidad, la trata de personas, el extractivismo, el colonialismo, las injusticias y las desigualdades. Durante el cierre, representantes de víctimas y colectivos de desaparición forzada exigieron la presentación con vida de sus seres queridos.

“Por la paz sin fronteras”

El segundo espacio de diálogo se celebró el 2 de diciembre en Espacio Migrante, ubicado en Tijuana, Baja California. En este encuentro la discusión se enfocó en la violencia y los retos que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos, las y los periodistas, las comunidades de migrantes, indígenas y de la diversidad sexual. Las problemáticas se englobaron en la discriminación, el odio racial, el abuso policial, la injusticia lingüística, los derechos laborales, la criminalización y la censura de la prensa por parte de autoridades y del crimen organizado. Al término de la jornada, se realizó una misa en el muro fronterizo donde comunidades de fe y familiares de víctimas de violaciones a derechos humanos enviaron un mensaje de esperanza y justicia por las más de cien mil personas desaparecidas en México, cuyos registros oficiales datan desde 1964.

“Retos para la construcción de paz”

El último foro preparatorio sucedió el 19 de enero del año en curso en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. El diálogo fue coordinado desde la Red #PazSinArmas y se dividió en tres momentos. En la mesa de apertura se dio una lectura general de la trayectoria de la Cumbre y de la situación que vive nuestro país. Las mesas se organizaron en cuatro ejes temáticos y atendieron temas relacionados con la violencia armada: militarización, política de drogas, movilidad humana y defensa de derechos humanos. Los diálogos se basaron en preguntas detonadoras y se enmarcaron en temporalidades para facilitar las participaciones. Los efectos de la militarización, las violaciones a derechos humanos y los crímenes de Estado cometidos en nombre de la mal llamada “guerra contra las drogas” fueron algunas de las problemáticas con mayor resonancia. Finalmente, se abrió una plenaria donde se expusieron y votaron las propuestas de solución.

Hacia una articulación y agenda binacional

La Cumbre por la Paz es una iniciativa de movimiento transfronterizo que tiene por objeto fortalecer la lucha social en el cual la presencialidad y las nuevas tecnologías fueron decisivas para permitir un diálogo interseccional, el cruce de miradas, así como la compartición de historias de vida y de resistencia binacional.

En las ciudades y comunidades consultadas se ubicaron problemáticas análogas ligadas a sistemas de opresión y dinámicas de violencias que van más allá de los territorios y que deben ser incluidas en una agenda política transnacional centrada en la paz. Estas expresiones responden en buena parte a las secuelas del neoliberalismo, economías volátiles, gobiernos débiles, y conflictos y guerras locales, para las que la construcción de alternativas de base local resultan fundamentales.

En ese sentido, cabe resaltar que el producto de estas experiencias compiladas y las propuestas generadas, serán compartidas como insumos finales en la Cumbre Binacional a realizarse el próximo mes, con la intención de socializarlas en reuniones puntuales con representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos, con la expectativa de que sean incorporadas en el diseño de acciones bilaterales conjuntas por parte de ambos Estados.

Publicado en https://piedepagina.mx y compartido con SURCOS.

Etiqueta: medio ambiente

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

Alberto Salom Echeverría

Comunicado2 de mayo 2023

Nicolas Boeglin, Profesor de Derecho Internacional Público, Facultad de Derecho, Universidad de Costa Rica (UCR). Contacto: nboeglin@gmail.com

Alberto Salom Echeverría

“El coste ecológico de la guerra es inmenso, pero mientras el conflicto armado siga siendo una opción viable la naturaleza seguirá pagando el precio.”

Maximilian M. Mönch, 2013

José Luis Pacheco Murillo

Por ReverdeSer Colectivo

Foros preparativos hacia la Cumbre 2023

“Una lucha: desde las calles del Bronx a las montañas de Guerrero”

“Uniendo nuestras voces: derechos humanos sin fronteras”

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2 de mayo 2023