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Etiqueta: MEP

JUPEMA denuncia que gobierno no incluyó en presupuesto recursos suficientes para Régimen de Capitalización Colectiva del Magisterio

Escrito en . Publicado en Trabajo.

MEP contempló recursos insuficientes en el presupuesto 2024 y 2025 para el pago de las cuotas patronales y estatales al fondo del RCC. JUPEMA, en su compromiso con la transparencia y la defensa de los derechos de sus afiliados, alerta e informa:

-⁠Según los cálculos realizados por el Departamento Financiero de JUPEMA, el MEP enfrenta un hueco financiero de ₡41.674 millones, en el proyecto de presupuesto presentado a la Asamblea Legislativa para el ejercicio económico 2025, esto para cubrir los montos correspondientes a las cuotas patronales y estatales del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), tanto de montos adeudados de años anteriores, como de lo correspondiente al 2025, afectando a más de 112 mil trabajadores de la educación, quienes no verán en su estado de cotización el registro de estas cuotas mientras que el MEP esté en mora.

-⁠El MEP incumplió el acuerdo negociado en marzo de 2024, para el pago de deudas del año 2023, ya que canceló 10 mil millones de colones con recursos de este año, por lo que estos recursos deberían haberse reintegrado al presupuesto 2024 o sumado al presupuesto 2025, no concretando ninguna acción, lo que significa que cada día la deuda irá en aumento.

-⁠La Ministra de Educación no responde a las solicitudes de audiencia para abordar este. y otros temas de interés para JUPEMA en beneficio de nuestra afiliación.

-⁠JUPEMA realizó una denuncia pública ante los medios de comunicación de esta situación y solicita a los Diputados exigir al MEP y al Ministerio de Hacienda una solución inmediata para garantizar la seguridad social de los trabajadores de la educación.

JUPEMA vela por los intereses de sus afiliados y exige responsabilidad en el pago de los recursos adeudados.

Desnutrición educativa y presupuesto

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo, Derechos, Educación.

Carta Abierta
Movimiento Mauro Fernández Acuña

Con suma preocupación por la desnutrición de nuestro sistema educativo, nos dirigimos a la ciudadanía comprometida con el bienestar de las generaciones que nos sucederán.

La desnutrición se produce cuando al organismo le faltan nutrientes o cuando no los puede asimilar. A nuestro organismo educativo le suceden ambas, le faltan nutrientes y los que le quedan tiene dificultades para asimilarlos. De este mal, viene padeciendo desde hace unos 10 años, pero a falta de “atención primaria”, ya se encuentra en el umbral de tercer grado, el más avanzado de la desnutrición. ¿Cómo lo sabemos? Porque los síntomas se exacerban y son muy evidentes debido a la falta de los nutrientes esenciales en la salud educativa: pérdida de masa corporal debido a la falta de cobertura; déficit curricular y precarización de la infraestructura.

Pero es que además sufre de mareos pedagógicos e inadecuada asimilación de recursos tecnológicos. La oxigenación que cotidianamente venía recibiendo del personal docente sufre cortes constantes.

Todos estos síntomas han resultado en que, el índice de desarrollo humano de Costa Rica en 2024 haya bajado 8 posiciones en relación con la década de los años 90, ubicándonos ahora en el puesto 64.

Estamos a la puerta de una muerte educativa por inanición; una muerte anunciada. Por eso es que hacemos un llamado para que, de manera urgente, se le asigne una fuerte dosis presupuestaria al organismo educativo del país.

Aunque algunos piensan que la educación está nutrida presupuestariamente, vamos a evidenciar que no es así. El plan presupuesto para el 2025, tiene una visión reduccionista y fiscalista cuyo único objetivo es cumplir con los límites presupuestarios impuestos del Ministerio de Hacienda, y es evidente que se mantienen las reducciones a los programas de equidad.

En términos reales, las reducciones presupuestarias son alarmantes, en claro incumplimiento al mandato constitucional de otorgar al menos 8% del PIB a educación, llegando a un mínimo histórico en los últimos 20 años. Y si nos comparamos con otros países, la situación no se ve bien. Veamos a continuación.

Presupuesto 2025

Según el análisis presupuestario del consultor Ricardo Vindas, publicado recientemente por el Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes (COLYPRO), la inversión pública en educación enfrenta una evidente tendencia a la baja, teniendo como referencia que el máximo histórico fue de ₵2.670.018 millones en el 2020 y para el 2025 será de ₵2.580.414 millones.

En ese contexto, vemos como seis de las ocho subpartidas de remuneraciones vienen sufriendo rebajos desde el 2023: sueldos para cargos fijos, dedicación exclusiva, seguro de salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), aporte patronal a las Operadoras de Pensiones Complementarias (OPC), aporte patronal al Fondo de Capitalización Laboral (FCL) y a la Junta de Pensiones de Magisterio Nacional (JUPEMA). Las únicas subpartidas que reflejan un aumento son las de suplencias y aguinaldos, pero éstas corresponden a falsos aumentos que buscan llenar el “hueco presupuestario del 2024”, por inadecuadas estimaciones, lo cual impidió el pago de ambos rubros en el mes de agosto.

El presupuesto también presenta un déficit para la ejecución en recursos tecnológicos en todas las líneas presupuestarias vinculadas con la política de informática educativa. Además, para agosto del 2024 sólo se había ejecutado el 21% del presupuesto, muy por debajo de lo ejecutado con la Fundación Omar Dengo.

Las Juntas de Educación y Administración tienen un papel importantísimo en la administración y el mantenimiento de la infraestructura educativa. Requieren además de los presupuesto necesarios para cumplir con su tarea, un gran apoyo de manera que puedan adquirir los conocimientos más recientes en temas de la gestión de recursos. Y en ese rubro vemos con preocupación como a dichas Juntas se les recortan aproximadamente ₵555 millones para el próximo ejercicio fiscal.

Realmente inaceptable es la condición en las que se dejan a los Comedores Escolares que se ven reducidos en su capacidad de compra: aunque se observa un leve aumento para el 2025, y que según el MEP, es el monto más alto presupuestado en los últimos 13 años, cuando se suprime el efecto de la inflación, se reduce la capacidad de compra en un 12% con respecto a los montos presupuestados pre-pandemia (2018 y 2019). Es una obligación indiscutible dotar de una alimentación balanceada y nutritiva a los niños y niñas que asisten a los Comedores Escolares; además de que sabemos que, para muchos de ellos, provenientes de hogares en pobreza y pobreza extrema, los alimentos que reciben en los Comedores Escolares son su único alimento al día. Dejar de alimentar, literalmente, a los niños y niñas del país, es inadmisible.

De acuerdo con el análisis de Vindas, publicado por COLYPRO, se pasó de un máximo histórico de 7.4 % del PIB, a un mínimo histórico de 4,92% en cuestión de 4 años, y el más bajo en décadas. Esta situación no es solo un claro incumplimiento sistemático de la Constitución Política, sino un irrespeto a la dignidad e integridad de la sociedad costarricense.

Inversión en educación y por estudiante: una comparación

Si nos comparamos con América Latina. Un estudio de McKinsey & Company llamado “¿Cómo pueden mejorar los sistemas escolares el aprendizaje a escala?” (2024), establece cinco categorías de desempeño educativo alrededor del mundo: excelente, bueno, justo, pobre y muy pobre. Según el estudio, ningún país de América Latina alcanza la categoría de buen o excelente desempeño educativo. Costa Rica, con una inversión anual de $6000 dólares por estudiante, se coloca en la categoría de desempeño justo (mediocre), muy cerca de la categoría de pobreza educativa.

Si nos comparamos con los países de la OECD, donde si hay países con desempeños altos, el panorama se recrudece. Según el informe Education at a Glance 2023, entre 2020 y 2021, de los países de la OECD, Costa Rica reporta la mayor caída de gasto por estudiante (-8,3%). Mientras que en países como Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Eslovenia, España y Turquía, el gasto por estudiante aumentó, desde la educación primaria hasta la terciaria.

Este mismo informe señala que el costo medio por estudiante en la educación secundaria académica en Costa Rica es de $5.000 anuales y para quienes asisten a educación técnica llega a los $5.700. En primaria, secundaria académica y técnica, el país invierte menos de la mitad de lo que destinan en promedio los países de la OCDE. Nos ubicamos entre los tres últimos lugares en cuanto a la inversión por alumno.

El argumento de la baja natalidad

Frente a tales graves síntomas de desnutrición educativa, el argumento dado por el MEP para recortar el gasto es la baja natalidad (índice demográfico), y con ello el cierre de centros educativos, rurales la mayoría. Primero, el argumento de la baja en la natalidad (indicador demográfico) es totalmente insuficiente para justificar el recorte presupuestario, puesto que otros indicadores están tan mal atendidos, que el argumento de baja en la natalidad no los compensa mientras los centros y la calidad educativos sigue, en general, absolutamente comprometida. Es una falacia sugerir que la reducción del presupuesto responde a la baja demográfica.

Segundo, estudiantes no son solo los que podrían haber nacido, estudiantes son los que no asisten a las aulas y se les invisibiliza y excluye: los que dejaron de ir, los que nunca fueron, los que no pueden ir (población carcelaria) los menores de 4 años. Estas poblaciones no son consideradas en los montos presupuestarios.

Entonces, utilizar el indicador demográfico de baja natalidad como único criterio para disminuir la inversión educativa, eso es perpetuar, malintencionadamente, la baja calidad de la educación y más que eso, llevarla a la desnutrición extrema, así arrastrará a la población a vivir con un mínimo educativo y para muchos implicará una muerte educativa por inanición.

Costa Rica, merece mejores decisiones para seguir siendo una república democrática donde la educación es el derecho supremo para el desarrollo y el bienestar.

Silvia Chacón Ramírez
Eleonora Badilla Saxe
Karla Salguero Moya
Yalile Chan Jiménez
(Movimiento Mauro Fernández Acuña)

El sueño de volar de miles de niños, niñas y adolescentes está en peligro, no le corte las alas a la educación. ¡Déjenlos volar!

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

APSE ha lanzado un emotivo video que expone las graves deficiencias de la educación pública en Costa Rica. A través de la historia de Lucy, una niña que sueña con volar, el video destaca cómo los estudiantes enfrentan obstáculos que van más allá de su propio esfuerzo, revelando un sistema educativo que no les ofrece el apoyo necesario. La producción hace un llamado a proteger los sueños de los jóvenes, enfatizando la importancia del acceso a una educación de calidad.

El video también presenta datos preocupantes sobre la situación actual del sistema educativo, mostrando problemas de infraestructura, condiciones económicas precarias para los estudiantes y la pérdida de ayudas vitales. Estas cifras reflejan un panorama alarmante que afecta tanto a estudiantes como a docentes, limitando las oportunidades de aprendizaje y desarrollo.

APSE llama a una reflexión sobre la importancia de invertir en la educación y garantizar que los sueños de los jóvenes no se vean truncados por la falta de recursos. Te invitamos a ver el video adjunto para conocer más sobre este importante tema.

Movimiento Mauro Fernández Acuña pide que se sienten responsabilidades por dineros desperdiciados mientras presupuesto para la educación cae

Escrito en . Publicado en Derechos.

Carta abierta a la ciudadanía

Movimiento Mauro Fernández Acuña

Estimables conciudadanos y conciudadanas:

Nos vemos en la obligación de solicitar que se sienten responsabilidades por los dineros públicos desperdiciados, presupuesto para la educación mientras el presupuesto dedicado a la educación cae estrepitosamente. Los equipos tecnológicos adquiridos por el país esperan su obsolescencia en bodegas y cajas sin abrir, en tanto el Ministerio de Educación Pública intenta gastar miles de millones, en otra tecnología digital para dar sustento económico al Programa Nacional de Formación Tecnológica PNFT, aprobado por el Consejo Superior de Educación CSE en octubre de 2023.

El 18 de setiembre se realizó por parte del Ministerio de Educación Pública, una audiencia pre-cartel para la contratación de proveedores para el Programa Nacional de Formación Tecnológica PNFT, en el siguiente contexto:

  • El MEP cuenta con 86,812 mil computadoras y tabletas electrónicas que se compraron en el 2021, a través del programa FONATEL, para estudiantes de escasos recursos, por un monto de $58.3 millones. Las mismas no han sido completamente entregadas y muchas están en bodegas o en sus respectivas cajas en las instituciones educativas.
  • Se canceló intempestivamente y sin el criterio técnico de los expertos en el MEP, el programa de robótica del MEP para sustituirlo por simulaciones y videojuegos mediante un mecanismos cuestionado según se muestra en medios nacionales.
  • Se rompe de manera abrupta en el 2023, el convenio de más de 30 años con la Fundación Omar Dengo FOD, sin una propuesta de transición ni negociación entre las partes para aprovechar el aprendizaje y las oportunidades de mejora.
  • El Consejo Superior de Educación aprueba en octubre de 2023 el Programa Nacional de Formación Tecnológica PNFT. La visión del PNFT considera la tecnología digital como una asignatura que sería evaluada como todas las demás, dejando de lado el uso de tecnologías digitales como herramienta para el desarrollo de la creatividad y el pensamiento lógico y computacional.
  • El MEP cuenta con 215 mil artículos, valorados en 12.485 millones de colones de los cuales 50.193 son activos completamente nuevos, en las bodegas la empresa Mudanzas Mundiales. que pasaron al MEP al romperse el convenio con la FOD y actualmente se encuentra en un contencioso administrativo.
  • El MEP alega en 2024, falta de docentes de informática y otros problemas en los trámites administrativos para compra pública por lo que traslada 8.500 millones de colones destinados a compra de tecnología digital hacia infraestructura, afectando a la población estudiantil en el acceso a las tecnologías.
  • El cierre por parte del Consejo Superior de Educación de los siguientes programas: Programa Nacional de Innovación Educativa (PNIE), Programa Nacional de Tecnologías Móviles (PNTM), Colegios de Innovación Educativa, bilingües y con el uso de tecnología de punta, TEcno Aprender
  • El MEP argumenta que la “política” de no entrega de equipos es para “no fomentar la adicción a la tecnología” (este argumento no ha sido desmentido), según denuncia planteada por la diputada Johana Obando y publicada en varios medios de comunicación.

De acuerdo con el cartel que se estaría publicando para dotar de recursos al PNFT la visión de este programa alinea la educación a la visión del país de una economía centrada en manufactura y servicios de alta tecnología, respondiendo a la estrategia para la empleabilidad y talento humano, la tecnología digital y competencias para la vida.

Esta visión economicista, parece que solamente se puede lograr con “carritos y maletas móviles”, (que ya se venían usando) por lo que la capacidad instalada en el país y los equipos embodegados y guardados en cajas, ¿quedarían allí aguardando para ser desechados?

Se busca un proveedor único de tecnología que, aunque pueda ser práctico, impediría la incorporación de nuevas posibilidades a medida que la tecnología cambia, se estaría sujeto a lo que ofrece el proveedor, que solamente vende tecnologías y no desarrolla soluciones de educación. Y, esta tecnología que denominan como “kits de robótica”, no son las mejores para el aprendizaje de la robótica y la programación, siendo que existen algunas de menor costo y con mayor capacidad para la promoción del aprendizaje. Y, como el MEP actualmente no cuenta con las condiciones para la capacitación docente, el mantenimiento del equipo tecnológico y las condiciones de infraestructura masiva, cómo se espera que se implementen estos programas y bajo que orientaciones se realizarán la capacitación de docentes y el mantenimiento de los equipos.

Mientras tanto, los miles de niños, jóvenes y adultos estudiantes de la educación pública están siendo desprovistos de su derecho a una educación de calidad, lo que significa, que sea pertinente para el mundo incierto del Siglo XXI, que incluye, pero sin duda trasciende la realidad del mercado.

Denunciamos entonces, la bancarrota de una propuesta formativa informática que dote a la niñez y la juventud, del desarrollo de habilidades y conocimientos que les permitan recrearse y aportar de manera creativa a la sociedad (no solo manufactura). No hay una propuesta integral que aborde la inequidad, en este caso del programa de formación tecnológica, mientras no se resuelva también los problemas de infraestructura, el faltante de docentes, la capacitación docente.

Es hora de poner un alto a estas contradicciones, a este desperdicio, y retomar el rumbo de una educación alineada con los Fines establecidos en la Ley Fundamental de Educación y en las más recientes investigaciones internacionales y nacionales que apuntan a una formación integral y creativa para enfrentar la incertidumbre del mundo que se avecina.

Es hora de sentar las responsabilidades por las decisiones de la Gobernanza del sistema, ocurrentes y sin fundamento que nos están llevando a esta situación de emergencia.

Apelamos a la ciudadanía costarricense para que se unan a denunciar estas situaciones de manera que no haya impunidad. Nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos estudiantes requieren contar con las herramientas digitales para conocer y recrear su entorno.

Suscribimos,

Badilla Saxe, Eleonora
Chacón Ramírez, Silvia
Chan Jiménez, Yalile
Salguero Moya, Karla
(Movimiento Mauro Fernández Acuña)

Más de 20 escuelas y colegios que son patrimonio histórico requieren reparaciones

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Defensoría, urge encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones

La Defensoría de los Habitantes realizó una investigación donde constató que, el Ministerio de Educación Pública (MEP), cuenta con 60 inmuebles declarados patrimonio arquitectónico, de los cuales 54 son utilizados como centros educativos, y según el Ministerio de Salud 24 tienen órdenes sanitarias pendientes de cumplimiento y en estado crítico.

Cabe aclarar que, de estos 24 centros educativos, tres inmuebles no están siendo utilizados para uso escolar: Escuela Ascensión Esquivel Ibarra en Liberia, la Escuela Justo Antonio Facio de La Guardia (Casa de la Cultura de Siquirres) y la parte antigua de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell.

Para esta Defensoría, el Estado costarricense debe ser garante de los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes a la educación y la salud, por lo que el lugar en donde reciben sus estudios debe cumplir con los requisitos físico-sanitarios mínimos para su bienestar y que puedan contar con un espacio apto para desarrollar sus capacidades, así como la protección y conservación de nuestro patrimonio histórico y arquitectónico, parte importante de la cultura del costarricense.

La Defensoría de los Habitantes considera que el funcionamiento de varios centros educativos que son propiedad del MEP y que presentan problemas físico-sanitarios y órdenes sanitarias giradas por diferentes aspectos, como daños en estructuras o problemas con el sistema eléctrico, atentan contra los derechos de la niñez y la adolescencia, así como los derechos a la salud de los docentes y demás cuerpo administrativo de las escuelas.

Si bien es cierto, estos inmuebles tienen un gran valor patrimonial que debe ser conservado de acuerdo con la normativa nacional e internacional, es necesario priorizar el bienestar humano de quienes los utilizan. Por lo tanto, es esencial tomar medidas para mantener en buen estado las estructuras de estos centros educativos y garantizar un mantenimiento adecuado para preservar la seguridad y el bienestar de todas las personas.

Acciones pendientes

Según la Dirección de Infraestructura Educativa (DIE) del MEP, no se cuenta con un cronograma u hoja de ruta en la cual se establezca el tiempo para la intervención de los centros educativos con declaratoria y tampoco generan planes de inversión para estos inmuebles declarados; estos planes se trabajan año con año ya que no se cuenta con presupuesto fijo.

De acuerdo con el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural (CICPC) del Ministerio de Cultura y Juventud, se ha atendido los problemas en inmuebles declarados que ha considerado prioritarios, debido a la dinámica operativa de la DIE y los limitantes en los recursos de ese Centro y que se le ha dado asesoría técnica para dar solución a problemas específicos de ciertos centros educativos como la Escuela Cecilio Lindo en Juan Viñas, la Escuela de Santa Cruz de Turrialba, la Escuela el Carmen en Puntarenas. Además, indicó que se restauró parte de la Escuela León Cortés Castro en San Marcos de Tarrazú y, asimismo, se brinda acompañamiento a la DIE en obras realizadas en el Colegio Dr. Castro Madriz, así como a la Escuela Centeno Güell en Goicoechea y, actualmente, asesora a una empresa consultora que resultó adjudicataria en el diseño de mejoras de la Escuela Tomás Guardia en Limón.

Pero esta Defensoría considera de gran relevancia que, se coordine interinstitucionalmente entre la DIE, el CICPC y el Ministerio de Salud para elaborar un plan de trabajo, con su debido cronograma, en el cual de determine el estado de conservación de los inmuebles y el seguimiento a las acciones tendientes al cumplimiento de las órdenes sanitarias pendientes, con el fin de encontrar una solución definitiva al mantenimiento, conservación y protección de estas edificaciones. Se debe levantar un inventario de las obras que requiere cada centro educativo y determinar el presupuesto aproximado requerido para su protección adecuada. Asimismo, se recomienda a las instituciones continuar protegiendo el patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica, tanto declarado como el que no ha sido declarado, ya que muchas edificaciones se encuentran en peligro de ser destruidas, priorizando la protección integral de las personas menores de edad y su interés superior.

Centros educativos con declaratoria de patrimonio con orden sanitaria pendiente

Inmueble

Provincia

Uso

Escuela de Hacienda Vieja de Orotina

Alajuela

Escuela

Escuela de Pedroso de Pérez Zeledón

San José

Escuela

Escuela Cecilio Lindo Morales (Juan Viñas)

Cartago

Escuela

Escuela Dr. Carlos Luis Valverde Vega (San Isidro de El Guarco)

Cartago

Escuela

Escuela Jenaro Bonilla (Turrialba)

Cartago

Escuela

Escuela Andrés Briceño

Guanacaste

Escuela

Escuela Ascensión Esquivel Ibarra (Liberia)

Guanacaste

Escuela

Escuela de Bolsón (Santa Cruz)

Guanacaste

Escuela

Escuela José María Calderón Mayorga

Guanacaste

Escuela

Escuela Luis Léipold Herbert

Guanacaste

Escuela

Escuela José Carlos Umaña (Central de Atenas) 

Alajuela

Escuela

Edificio antiguo de la Escuela Manuel del Pilar

Heredia

Escuela

Escuela Joaquín Lizano Gutiérrez

Heredia

Escuela

Escuela José Martí

Heredia

Escuela

Liceo de Heredia

Heredia

Colegio

Escuela Justo Antonio Facio de la Guardia (Casa de la Cultura de Siquirres)

Limón

Escuela

Escuela Tomás Guardia (Limón)

Limón

Escuela

Escuela Dr. Ferraz

San José

Escuela

Escuela Mauro Fernández

San José

Escuela

Escuela Pilar Jiménez

San José

Escuela

Escuela República de Argentina, Barrio México

San José

Escuela

Escuela República de Chile

San José

Escuela

Liceo José María Castro Madriz

San José

Colegio

Parte antigua de la Escuela de Enseñanza Especial Fernando Centeno Güell

San José

Escuela

 

SEC: Gobierno de Rodrigo Chaves no da prioridad a la educación pública

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación, Salud.

En un comunicado del SEC se señalan puntos claves que evidencian la posición de la administración Chaves Robles contraria a dar la posición de prioridad para la educación pública como factor de desarrollo. SURCOS le ofrece los elementos centrales de lo expuesto por el SEC:

Reducción presupuestaria: Se menciona que, en 2023, 2024 y 2025, el presupuesto para la educación pública ha sufrido reducciones, a diferencia de años anteriores donde la inversión en educación era más estable.

Las prioridades deben ser la educación y salud. Se argumenta que la educación y la salud pública deben ser prioridades innegociables en el presupuesto nacional. El gobierno actual, según los críticos, no ha asignado adecuadamente los recursos necesarios para estas áreas vitales.

La capacidad de Gobernar. Se cuestiona la capacidad del gobierno para asignar recursos públicos de manera efectiva y estratégica. Se alega que la administración actual, incluyendo al ministro Acosta, el presidente Chaves, y la ministra de educación no ha demostrado la habilidad para gestionar adecuadamente el financiamiento para la educación.

Respeto al presupuesto para la educación pública: Se hace una comparación con el año 2020, cuando Costa Rica destinó el 7.32% del Producto Interno Bruto (PIB) a la educación sin necesidad de medidas extraordinarias como la liberación de presos para financiar la educación según lo mencionó el ministro de Hacienda Noghi Acosta.

Reducción progresiva. Se menciona que el presupuesto para la educación ha sido reducido de manera progresiva: 5.37% en 2023, 5.21% en 2024 y 4.83% en 2025.

Se critica a la ministra de Educación, Katharina Müller, por no defender el presupuesto de manera firme y efectiva. Se argumenta que ella ha permitido que el presupuesto para la educación se reduzca sin protestar o luchar para que se mantenga.

Müller es descrita como la primera ministra de educación que ha permitido la reducción del presupuesto educativo sin tomar medidas significativas para evitarlo.

La reducción del presupuesto se asocia con la posibilidad de que miles de jóvenes sean expulsados del sistema educativo, lo que podría llevar a mayores problemas sociales como la falta de oportunidades laborales, el aumento del narcotráfico y el crimen organizado.

Se propone que, en lugar de reducir el presupuesto para la educación, se debería priorizar el financiamiento a esta área sobre el servicio de la deuda pública, reduciendo así las partidas asignadas al pago de intereses y capital de la deuda.

Se exige la renuncia del ministro de Hacienda Noghi Acosta y de la ministra de Educación Katharina Müller. Se argumenta que ambos han demostrado incapacidad y desinterés en la educación, lo que es visto como una violación a la ley y una injusticia deliberada.

Se sugiere que sus acciones deberían ser calificadas y sancionadas por los Tribunales de Justicia, subrayando que no hay espacio para la ignorancia deliberada en la gestión pública.

Educación y sociedad

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Se les invita a todas las personas a ver el programa “Alternativas» donde se trabaja el tema de “Educación y sociedad” y se abordan temas importantes de la educación costarricense. Se discute sobre temas que afectan a gran escala el desarrollo educativo y social de las personas con base al debilitamiento educativo que se ha estado viviendo desde los últimos años. La nota está a cargo de Mariangel Zuñiga, María Clareth Calderón Monge, Mario Valverde y Pedro Vengas.

Se hace mención a la problemática que actualmente se está viviendo con el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y las trabas que el gobierno ejerce sobre estos fondos. Para este año, se ha estado negociando por elevar el porcentaje que el estado brinda para la educación, sin embargo, este se ha venido abajo desde los últimos años. Se han hecho  4 negociaciones sin éxito y por primera vez, se hará una quinta intervención en asamblea legislativa. Cabe mencionar que el gobierno no permitió el ingreso de la prensa a estas negociaciones, provocando un descontento ya que se está negando el derecho a la comunicación.

El rezago después de la pandemia ha sido parte de esta discusión, ya que se hace mención sobre cómo los estudiantes salen de los colegios públicos cada vez con una educación más atrasada en comparación a los años anteriores. Esto genera inquietud por parte de las personas académicas ya que va a tener un fuerte impacto en el ámbito laboral en los próximos años.

El gobierno ha hecho recortes en todas las áreas educativas, provocando el debilitamiento del Ministerio de Educación Pública (MEP). Esto se ve reflejado en las instalaciones alrededor del país donde se imparten clases, la falta de infraestructura y recursos crea rezagos para los estudiantes, además de la falta de ayuda financiera. Todas estas problemáticas desmotivan a los estudiantes provocando una deserción cada vez mayor.

En el siguiente enlace podrán encontrar toda la videoconferencia completa con más detalles y tener un panorama más amplio de lo que sucede actualmente con la educación en Costa Rica: https://www.facebook.com/share/v/StPQSzsUFFDsW9MW/?mibextid=qi2Omg. 

Santa Bárbara trabaja en propiciar entornos seguros para las personas menores de edad

Escrito en . Publicado en Comunidad, Derechos.

Con esta iniciativa se busca mejorar la coordinación institucional para crear entornos informativos, preventivos y protectores, especialmente en situaciones de negligencia y abandono. Además, se enfoca en la prevención de situaciones de abuso sexual y drogadicción en parques y centros recreativos, que garanticen un ambiente seguro para los menores.

Más de 1400 niños, niñas y adolescentes, junto con la opinión de líderes de la comunidad, fueron los pilares para la construcción de la Política Local para las Personas Menores de Edad del cantón de Santa Bárbara de Heredia para el periodo 2024-2029, -la cual fue presentada el pasado 6 de agosto ante cerca de 400 docentes de instituciones públicas-, y cuyo objetivo es garantizar el derecho pleno de las personas menores de edad (PME) en un entorno justo y equitativo que promueva su bienestar y desarrollo integral.

Esta política fue elaborada por el equipo de académicos de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE-UNA), conformado por Kattia Rojas Acevedo, Graciela, Herrera y Stiven Gómez, con la coordinación del académico Ronald Rivera, con la colaboración de diversas entidades, incluyendo la Oficina Social y Familia de la Municipalidad de Santa Bárbara y la Oficina Local del Patronato Nacional de la Infancia (PANI). También se realizaron encuestas en centros educativos públicos con la participación del Ministerio de Educación Pública (MEP).

En noviembre de 2023, la UNA aplicó dos encuestas dirigidas a niños y niñas de centros educativos públicos y a estudiantes de colegio. De acuerdo con la académica Graciela Herrera, cerca del 50% de las personas encuestadas consideran que no se les toma en cuenta en la toma de decisiones. Además, cerca de un 9% percibió insultos por su procedencia o nacionalidad.

El diagnóstico también señala que la gran mayoría de PME conviven con familias reconstituidas, ya que el 91% dice vivir con la madre, pero solo el 66% con el padre. En menor medida, solo el 58% vive o convive con sus hermanos y hermanas.

Falta apoyo

La investigadora también mencionó problemas como el consumo de drogas, la violencia y la falta de acceso a servicios de salud y educación como algunos de los retos que deben abordarse con políticas que fortalezcan las capacidades de los padres y madres, y promuevan la educación sobre los derechos y deberes familiares.

En cuanto a la obligación de las familias de velar por el derecho a la educación, solamente el 65% de las personas menores de edad reciben ayuda en el cumplimiento de los deberes escolares, y el 13% de los niños y niñas dice que su familia ni siquiera conoce su horario de clases, mientras que un 12% no se siente apoyado por su entorno familiar.

El 74.6% de los adolescentes encuestados en el cantón de Santa Bárbara afirmaron haber vivido situaciones de abandono por parte de sus padres o cuidadores, y un 85.5% considera que en su comunidad las PME están expuestas al consumo de sustancias adictivas y perjudiciales para la salud, mientras que un 70% percibe problemas vinculados con la delincuencia.

En cuanto a la violencia sexual, cita Herrera, había 10 PME embarazadas, y el 65% de las personas consultadas no saben que existen programas de atención para adolescentes embarazadas. Según la percepción de los adolescentes, la comunidad, los parques, las instalaciones deportivas y la familia representan los entornos con mayor riesgo de sufrir abuso sexual, especialmente cuando se consideran otros factores como la delincuencia y el consumo de sustancias ilícitas. “Esto refuerza la idea de que los entornos comunitarios en el cantón de Santa Bárbara son los lugares donde los derechos se ven más vulnerados, según lo percibido por las personas participantes de la encuesta”.

Red de trabajo

En la política se definieron siete ejes de intervención: Institucionalidad democrática; Vida en familia y comunidad; Protección especial; Salud; Educación; Cultura, juego, deporte, recreación y actividad física; y Medio ambiente.

“Con respecto al eje de Educación, se pretende promover el acceso, la incorporación, la permanencia, la pertinencia, el desarrollo, el aprendizaje, el avance, el logro, la inclusión, la participación y la calidad de la educación de las personas menores de edad matriculadas en los centros educativos del cantón mediante acciones que potencien su desarrollo integral”, dice la propuesta.

Además, se establece que la Municipalidad, junto con el PANI, liderará el proceso de análisis, seguimiento y evaluación del cumplimiento de la política por medio de la articulación institucional a través del Subsistema Local de Protección de la Niñez y la Adolescencia, el cual se pretende establecer en el primer año de implementación de la política.

“Una municipalidad no es solamente infraestructura, calles, aguas o aceras. Este es un insumo muy importante, porque marca nuestra línea de acción para los próximos cinco años”, dijo Víctor Hidalgo Solís, alcalde de Santa Bárbara.

Para Alejandra Gutiérrez Vargas, directora regional de Educación de Heredia, esta es una oportunidad para crecer, aprender y actualizarse. “Estos niños y jóvenes necesitan más de nosotros, necesitan ser escuchados. Tenemos el compromiso de renovarnos porque el futuro de la educación está en nuestras manos”.

En la actividad, los directores y directoras de los distintos centros educativos, por medio de su firma en un banner, se comprometieron apoyar las acciones impulsadas por la Municipalidad , para cumplir con los lineamientos de la política cantonal.

Gracias a la colaboración del Centro de Investigación, Docencia y Extensión Artística (CIDEA-UNA), este encuentro culminó con un concierto a cargo del Coro Universitario de la UNA, fundado en 1981, el coro está conformado por estudiantes de las distintas carreras de la Escuela de Música. En la actualidad lo dirige el académico Josué Ramírez Palmer, con el apoyo del también docente Franklin Aguilar Montero en el piano.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

UCR insta a trabajar de manera colectiva para solucionar los problemas nacionales en educación

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La UCR reiteró su compromiso con el fortalecimiento del sistema educativo del país y el apoyo a todas las personas que han luchado, luchan y lucharán por una enseñanza de calidad y accesible para toda Costa Rica. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Laura Rodríguez, OCI)

Alejandra Amador Salazar, Periodista

Mediante un pronunciamiento aprobado la mañana de este martes, el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) insta a las autoridades gubernamentales a trabajar de manera conjunta con todos los sectores involucrados en el ámbito educativo de forma que se puedan abordar los problemas nacionales, con una visión integral y participativa, gestada desde el dialogo horizontal y respetuoso entre las partes.

Como institución Benemérita de la Cultura y la Educación costarricense esta casa de estudios superiores está sumamente preocupada por la grave crisis que se presenta en los diversos ciclos del sistema educativo público de nuestro país, producto de rezagos históricos, los efectos del denominado “apagón educativo” y la pandemia, lo cual se manifiesta en las debilidades de gestión, disminución del financiamiento, el deterioro en la infraestructura, bajos niveles de conocimiento y los resultados educativos en diversas pruebas nacionales.

La UCR reconoce que la educación pública ha sido uno de los pilares fundamentales de nuestro Estado Social de Derecho y favorece tanto la movilización social de todos los sectores en especial los más vulnerables, así como el logro de las aspiraciones de desarrollo del país.

Sin embargo, en este momento se muestra inquieta por la ausencia de un documento técnico que marque la ruta para abordar la crisis educativa que afrontamos; y por los cuestionamientos a la gestión de la Ministra de Educación Pública, Anna Katharina Müller, entre ellos el voto de censura que aprobó la Asamblea Legislativa el pasado 17 de julio.

En ese sentido, el Consejo Universitario destacó la enorme responsabilidad que recae sobre los hombros de la persona a cargo del Ministerio de Educación Pública, quien debe velar por el cumplimiento de la Constitución Política de la República de Costa Rica y la Ley Fundamental de Educación, garantes del derecho a una enseñanza pública de calidad, inclusiva y accesible para todas las personas estudiantes.

Para el Órgano Colegiado, es vital promover el diálogo y que la Ministra escuche a las partes para alcanzar un acuerdo nacional sobre el desarrollo del sistema educativo, que logre superar los problemas históricos evidenciados.

Autonomía del Movimiento Estudiantil

De igual manera, el Consejo Universitario reafirmó la importancia de garantizar la autonomía del Movimiento Estudiantil como un principio inviolable que debe ser protegido, y respetar su derecho a la libertad de expresión mediante un diálogo abierto y constructivo.

Asimismo, reconoce que en la historia costarricense los diversos movimientos estudiantiles han sido agentes que contribuyen a la sensibilización frente a los problemas nacionales, promueven el cambio social, el fortalecimiento del sistema democrático y son un pilar fundamental en la defensa de la educación superior pública.

De esta manera, el Órgano Colegiado respeta la voz del movimiento estudiantil, la cual debe enmarcarse dentro de las reglas del respeto mutuo, la escucha atenta y la argumentación rigurosa propia del estudiantado universitario.

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