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Etiqueta: MEP

Mesa de Diálogo Social y Productivo exige destitución de ministra de Educación, Anna Katharina Müller y rechaza declaraciones

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Anna Katharina Müller realizadas en el Congreso Futuro de la Educación convocado por ULACIT, expresa su profunda preocupación por el caos que se vive en el sector educación solicitando con urgencia la destitución de la jerarca.

Por otra parte, rechaza categóricamente las declaraciones de la ministra de Educación, Müller Castro, cuando cuestionó el criterio técnico sobre el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública y cuestiona que la máxima jerarca de la educación no defienda la inversión garantizada por el Articulo 78 de la Constitución Política, a pesar, de que la educación pública es un pilar fundamental de nuestra sociedad y debe ser defendida y fortalecida por la representante del sector, en lugar de justificar los recortes hechos como fueron los ¢1.300 millones trasladados a otra cartera.

El proyecto de Ley Presupuesto 23.912 Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio económico 2024 refleja una disminución del presupuesto del MEP con respecto al Producto Interno Producto, el cual se establece en 5,22% a diferencia del 5,46% presupuestado para este año. Por lo anterior hacemos un llamado urgente a tomar medidas concretas para revertir esta situación y garantizar un futuro más promisorio para el acceso a un derecho humano como lo es la educación.

Los datos del presupuesto para el año próximo confirman la tendencia a disminuir el financiamiento de la educación superior pública y se plantea una amenaza significativa para las funciones esenciales de las universidades públicas por lo que es imperativo se revierta y se proteja la calidad y accesibilidad de la educación superior.

El incumplimiento de acuerdos nacionales y la falta de compromiso con las aspiraciones de Costa Rica en educación son inaceptables. Exigimos un compromiso renovado con los acuerdos nacionales y la cooperación entre todos los actores educativos.

La alarmante estadística que revela que solo 4 de 10 estudiantes logra ingresar a la universidad es motivo de preocupación y debe abordarse de manera urgente, esto según el último informe del Estado de la Educación 2023, presentado el pasado 31 de agosto por el Programa Estado de la Nación en Cosa Rica.

Asimismo, los resultados presentados en el IX Informe del Estado de la Educación 2023 en Costa Rica, revelan conclusiones alarmantes en materia de educación pública, como la falta de habilidades básicas de lectura y escritura en estudiantes de tercer grado y la insuficiencia de respuestas institucionales para abordar la crisis educativa.

Por tanto, las organizaciones sociales y productivas hacen un llamado imperante a la construcción de un Pacto por la Educación Pública, así como se demandó el pasado 20 de junio en la gran movilización nacional en defensa de la educación pública.

Que esta ruta, involucre a todos los sectores y actores vinculados a la educación, incluyendo al Consejo Nacional de Rectores (CONARE) mediante las universidades públicas, federaciones estudiantiles, colectivos y estudiantes diversos en secundaria, Colegios Profesionales, organizaciones del Magisterio Nacional, pero sobre todo personas y organizaciones de sociedad civil como las organizaciones comunales, padres y madres de familia, como también los sectores productivos con perspectiva de justicia social, para diseñar conjuntamente un futuro educativo sólido y equitativo para Costa Rica.

La Mesa Nacional de Diálogo Social y Productivo se compromete a seguir trabajando la iniciativa del Pacto Nacional por la Educación Pública de Costa Rica y a defender los derechos educativos de todas las personas. Reiteramos nuestro compromiso con la defensa del presupuesto del 8% del PIB para la educación pública, ya que consideramos que es un pilar esencial para el desarrollo de nuestra sociedad en materia de derechos humanos y garantías sociales, a su vez el futuro de nuestras generaciones.

Los problemas en la educación del país son acumulados, pero…

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Vladimir de la Cruz

El Informe del Estado de la Educación 2023 ha puesto de manifiesto graves problemas en el proceso educativo nacional. No es la primera vez que se aborda el descuido que se viene haciendo en educación desde gobiernos anteriores.

Los problemas acumulados, no son causados solo por este Gobierno de Rodrigo Chaves, pero están haciendo crisis, en estos momentos, cuando por disposiciones del actual gobierno pueden no solo acelerarse, profundizarse, intensificarse y convertirse en problemas altamente explosivos e indeseables para la salud democrática nacional.

Solo el recorte de los ¢33.000 millones de colones al Presupuesto del Ministerio de Educación Pública, la eliminación de los subsidios para becas, para el trasporte escolar y para los comedores escolares, muestra la punta del iceberg de lo que pasa con la educación pública, y lo que afecta a miles de familias y más, a miles de estudiantes.

El no cumplimiento del 8% para el Presupuesto Nacional, como se ha empeñado este Gobierno, con el Ministerio de Educación, como con el presupuesto de las Universidades públicas, es una violación de la Constitución Política, que debería ser perseguida, ante los tribunales e instancias judiciales, acusando directamente a los funcionarios que se empeñan en no cumplir los mandatos constitucionales y legales. Unos por no cumplimiento de esos mandatos, otro por distraer esos dineros para otros fines, que debieron haberse atendido por otras vías y otras fuentes que los generaran, habida cuenta de que siendo mandatos constitucionales deberían haberse previsto sus cumplimientos y contenidos presupuestarios, sobre todo porque se les han eliminado a esos sectores para dárselos a otros, como Seguridad Pública.

En el siglo XIX y el siglo XX costarricense la tendencia fue disminuir el dinero del Ejército, cuando existía, para fortalecer educación y otros rubros nacionales. La abolición del ejército en 1949 en mucho se justificó por la inoperancia del Ejército, su invalidez para el régimen democrático, la existencia de una legislación internacional y de Tratados que contribuían a proteger la soberanía, la independencia y la libertad del pueblo costarricense frente a amenazas que pudieran poner en peligro al país y su sistema democrático. En paralelo se fue fortaleciendo un régimen democrático, basado en la educación, en la salud, en una gran cantidad de instituciones sociales, que dieron pie a la constitución del Estado Social y Democrático de Derecho que hemos construido y edificado en todos estos años.

Lamentablemente, desde el desarrollo de los Planes de Ajuste Estructural, y las políticas públicas que se han seguido, este Estado Social se ha venido debilitando y desquebrajando. Con los últimos tres gobiernos y el actual esta tendencia se ha acentuado. La calidad de vida alcanzada ya no interesa. La pauperización o empobrecimiento de las amplias masas de trabajadores y de la población, estratégicamente es la meta a conseguir, especialmente por el actual Gobierno. La pobreza como política de un gobierno neoliberal, es también un negocio público, y privado, que lo saben explotar; que contribuye a que algunos cuantos se enriquezcan con su propia existencia. Las políticas laborales que se acaban de aprobar en primer debate parlamentario son la puerta que se ha abierto en esta dirección, fortalecido esto con el debilitamiento total de la educación pública.

Los actuales gobernantes, sus acólitos políticos; sus defensores y acompañantes económicos, se están frotando las manos del dineral que van a recibir, por los negocios asociados, y en cadena, que generan estas políticas distractoras de los dineros públicos en educación. El cierre técnico de la Fundación Omar Dengo que criminalmente se ha hecho, al proceso educativo y al apoyo que se daba al Ministerio de Educación Pública, es parte de este entramado contra el Estado Social de Derecho, y contra la población estudiantil del país, y sus familias, que están sufriendo la imposibilidad de oportunidades y posibilidades de ascensos sociales que la educación brindaba a los hogares y familias nacionales.

Los 120.000 estudiantes que la pandemia sacó del proceso educativo no han sido recuperados; los casi 1000 establecimientos de educación pública que a principios de año se señaló que carecían de condiciones sanitarias y se amenazó concerrarlos, con la desatención que ello llevaría de estudiantes; la amenaza de que se necesitan más de ¢60.000 millones de colones para mantenimiento de centros educativos, en la filosofía que se ha venido siguiendo, de que el dinero destinado a educación son gastos que pueden reducirse, sin entender que los dineros destinados a educación deben considerarse inversión por los beneficios que producen; los casi 115.000 estudiantes que han quedado sin apoyos económicos, por falta de becas; los miles que ya no pueden ir a escuelas y colegios formarán parte obligada, en el mejor de los casos, de la población laboral informal, que pujará por contratarse en las jornadas de 12 horas, de establecerse con apoyo de la Sala Constitucional, por emplearse al salario más bajo posible que les ofrezcan en las nuevas relaciones laborales esclavistas que se están estableciendo en el país, para asegurar tal vez la mínima comida diaria.

En el peor de los casos, serán parte de la mano de obra de los negocios ilícitos de drogas al menudeo, en escuelas, centros educativos y concentraciones masivas y recreativas sociales; en las calles, formando parte de pandillas del narco, y de otras formas de delincuencia organizada de este tipo, que tienen apoyo en sectores de gobierno y de ciertos grupos que, en estas actividades, se amparan regularmente a los gobiernos de turno, y a las mismas autoridades policiales encargadas de su persecución. En esta situación se pegarán al círculo del negocio y del movimiento de drogas que se hace en el país.

A propósito, ¿cuánta droga se incauta en el país? ¿Cuánta se quema en Costa Rica? ¿Por qué ya no se usan los hornos nacionales en los que se quemaba la droga incautada? Tampoco oficialmente se lleva al extranjero para quemarla. ¿Por qué la droga incautada se lleva en aviones especiales desde Costa Rica, se dice, a los Estados Unidos, para supuestamente quemarla? ¿Venden esa droga a los Estados Unidos? ¿Si la venden, cuál es su valor y cuanto entra a las arcas públicas y no solo a billeteras que podrían estar ligadas a esa exportación?

La experiencia de los organismos como la DEA, la CIA y otros de la seguridad, y del aparato militar, de los Estados Unidos, han participado en operaciones donde mueven las drogas para fines económico comerciales, para financiar actividades que a ellos, en sus conceptos geopolíticos, les interesa apoyar, pagando con drogas para sus respectivas ventas en un peligroso y tenebroso movimiento de drogas.

Para estos negocios, en el nivel popular, se necesita mano de obra barata, desempleada, que ya se está produciendo y que institucionalmente, con medidas como las que se están impulsando y tomando, en el sector educativo, se va a producir o generar.

Los problemas en la educación son acumulados en el país. Hay que atender los urgentemente con un buen pacto nacional donde participen las autoridades nacionales, los partidos políticos, las organizaciones sociales; especialmente, los sindicatos del sector educativo con mayor razón y compromiso.

La educación era en la Historia Nacional un apostolado; era una misión sagrada confiada a los educadores.

Los educadores eran estos apósteles, los escogidos para inculcar la sabiduría, las fuentes del conocimiento; los encargados de inspirar en la niñez y la juventud, los horizontes de luz intelectual y profesional para forjar la mejor Patria posible.

¿Dónde están los educadores y sus sindicatos ante esta problemática y ante esta tarea nacional de rescate y de defensa de la educación pública?

No se puede permitir que a la educación pública, como sistema y como estructura institucional, la siguen debilitando, acabando y empobreciendo.

Los padres y madres, las familias, con hijos en el sistema escolar deben también interesarse en este problema. Es su futuro, el de sus hijos y el sus propias familias el que se está poniendo a prueba con esta guerra que ha establecido este gobierno contra la educación pública, con las medidas y recortes al presupuesto nacional y con el incumplimiento de la Constitución Política.

 

Compartido con SURCOS por el autor.

Estudiantes de secundaria presentan acción administrativa ante Consejo Superior de Educación

Escrito en . Publicado en Educación.

  • Falta de rigor técnico de las pruebas estandarizadas son principal motivo para presentar la solicitud al CSE.
  • Denuncian el uso de fuerza policial y manipulación jerárquica del gobierno para amedrentar a las personas estudiantes de secundaria en avanzar en la defensa de la educación pública y la solicitud de que se suspendan por el año 2023 las pruebas estandarizadas.
  • Estudiantes hacen llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno.

El jueves 10 de agosto 2023, en el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) del Colegio de Abogados y Abogadas, una delegación importante de estudiantes de secundaria de todo el país, demandan una terrible improvisación con las pruebas estandarizadas presentadas por el MEP, pues las mismas no han sido validadas con el rigor técnico necesario antes de ser aplicadas, y además, no cuentan con la aprobación previa del Consejo Superior de Educación como consta desde que se aprobó su aplicación.

Las personas estudiantes de secundaria mediante una acción administrativa presentada ante el Consejo Superior de Educación el miércoles 09 de agosto, solicitaron la suspensión de las pruebas nacionales estandarizadas hasta tanto los instrumentos de medición y la técnica de evaluación sean sustentados científicamente y validados mediante un pilotaje.

Entre las razones más importantes que justifican la solicitud de suspensión se encuentra:

  • Sobre el derecho a la educación, a un servicio educativo regular y a una evaluación objetiva. El derecho de las personas estudiantes a que se les brinde un servicio educativo de calidad, con sujeción a los principios propios del servicio público que son: continuidad, igualdad, eficiencia, adaptabilidad, gratuidad y universalidad. (Artículos números 1 y 4 de la Ley Fundamental de Educación, 77 y 78 de la Constitución Política, 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 13 del Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, 26 del Pacto internacional de derechos civiles y políticos, 28 y 29 de la Convención de los derechos del niño; y artículo 13 del Protocolo adicional a la Convención Americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos, sociales, y culturales [Protocolo de San Salvador], entre otras disposiciones de derecho interno y de la convencionalidad internacional de los derechos humanos).
  • La prueba nacional estandarizada realizada en el primer semestre y prevista originalmente para repetirse en el segundo semestre y la técnica de evaluación utilizada no está sustentada científicamente, ni validada por un peritaje confiable. Según oficio sin número, fechado 7 de febrero 2023, suscrito por 11 asesores y asesoras nacionales del Departamento de Evaluación Académica y Certificación de la Dirección de Gestión y Evaluación de la Calidad del MEP. El oficio N° DVM-AC-DDCDTCED- 030-2023, del 16 de febrero del2023, que contiene el criterio técnico sobre el proceso de macro evaluación 2023, de las asesorías nacionales del Departamento de Tercer Ciclo y Educación Diversificada de la Dirección de Desarrollo Curricular del MEP. Y Oficio N° CNR-PEN-033-2022 del 22 de febrero del 2023, por medio del cual el Estado de la Educación emplaza al Consejo Superior de Educación y le solicita la información técnica que justifica la nueva macro evaluación.
  • El resultado de la prueba nacional estandarizada aplicada en el primer semestre, carece de validez académica y de utilidad para la mejora educativa.
  • Las modificaciones introducidas en el instrumento y en las técnicas de valoración, rompen la continuidad del proceso de evaluación y constituyen una prueba totalmente nueva y diferente a la aplicada en el primer semestre.
  • Existen errores de planificación y de ejecución en la implementación de la prueba que no se han resuelto.
  • En dichas pruebas, no se respetan los derechos de personas estudiantes con necesidades especiales y personas migrantes, ni las diferencias de oportunidad por la falta de acceso a la conectividad. Por ejemplo; ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?
  • La aplicación de la prueba nacional estandarizada con valor sumativo y efecto en la promoción académica, tendrá efecto discriminatorio y mayor exclusión educativa. Si se mantienen afectará a miles de personas estudiantes, quienes después de reprobar una prueba de esta trascendencia, difícilmente vuelvan a incorporarse al sistema educativo.
  • Estudiantes reconocen la importancia de las pruebas estandarizadas bien diseñadas, científicamente sustentadas y debidamente validadas como herramienta para la mejora continua del sistema educativo nacional.

No obstante, las y los estudiantes en Costa Rica mantiene las medidas de presión y protesta hasta que sean eliminadas las pruebas estandarizadas, insisten en que no cederán ante el uso de la fuerza y la intimidación del gobierno, como así se demostró el día de 07 de agosto, con incidentes violencia y represión policial a estudiantes manifestantes a las afueras de Casa Presidencial.

Así se expone en el documento de descargo el día 08 de agosto por la Confederación Nacional de Estudiantes de Secundaria, quienes denuncian violencia policial, manipulación, desinformación y presión para firmar acuerdo con gobierno. Se cita textualmente parte del descargo circulado en redes sociales y medios de comunicación.

‘’Después de dos horas en que las autoridades nos negaron todas nuestras peticiones, nos presentaron un documento con 8 acuerdos para que los firmáramos. Dado el cansancio y la presión en que nos encontrábamos, aceptamos firmarlo para evidenciar la falta de seriedad de los viceministros al comprometerse a modificar los componentes de la prueba estandarizada para que “cada pregunta tenga menor valor y mayor posibilidad de aceptar y aprobar…” Queda así evidenciado lo que hemos dicho durante todo el año: que en el diseño de esas pruebas no hay ningún rigor técnico y que no son fiables porque no responden a ningún modelo de evaluación reconocido, sino a las improvisaciones de autoridades políticas que no conocen de la materia educativa y que con total irresponsabilidad se comprometen a modificarlas, asumiendo las competencias que son propias del Consejo Superior de Educación’’.

Finalmente hacen un gran llamado a toda la comunidad estudiantil, comunidades del país, docente y administrativo del MEP a unirse en la lucha y mantener las medidas de presión ante el gobierno, no solo para la suspensión de las pruebas que atentan con los derechos educativos de las personas, también a defender el sistema público de educación frente a una gran crisis educativa expresada en necesidades de infraestructura, calidad educativa, transporte y alimentación, así como que se puedan garantizar el 8% para la educación por mandato constitucional.

El Movimiento Estudiantil de Secundaria y la dignidad nacional

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Isabel Ducca D.

Según el recuento actualizado el día de ayer, con la renuncia del viceministro de Justicia y Paz, las bajas de esta administración ya suman la cifra de 50 personas. Algunas han renunciado, otras las han obligado a irse por no asumir el papel de sirvientes frente al gran “dios” del ejecutivo o frente a alguna de sus prepotentes y mediocres compañías como la del Ministerio de Educación.

Una de las reivindicaciones fundamentales del MEDSE es la declaración del estado de emergencia para la educación primaria y secundaria. El estado de emergencia se ha ido consolidando desde hace décadas. Sin embargo, ahora el barco hace aguas, ya no hay por donde tapar los agujeros por donde estalla la crisis. Anna Katharina Müller se ha destacado con méritos, dignos de esta administración, por su insolvencia como pedagoga, su irrespeto a los derechos humanos y su afán desmedido de lucro. Veamos unas pequeñas muestras de sus destacadas actuaciones en contra de la educación pública:

  • Afirmó en marzo que “un joven con buena autoestima no se deja afectar por el bullying”. Un verdadero atentado contra la Ley Fundamental de Educación, contra los derechos humanos y una ignorancia supina acerca de la psicología educativa.
  • El 2 de febrero “presentó” una Ruta de la Educación, que estaba en borrador” y después de nueve meses de trabajo. Para las personas especialistas no había tal ruta, pues “ni siquiera puede considerarse como un “plan”, pues no se puede evaluar por indicadores, plazos, asignación de recursos y otros”.
  • En abril, estalló el escándalo de la ruptura del MEP con la fundación Omar Dengo. La prensa destacó: “Diputados denuncian que MEP rompe con FOD para darle negocio a prima de la ministra de Educación”.
  • Ha sido cuestionada por su relación con una red de familiares vinculados con empresas privadas universitarias. Particularmente, con Silvia Castro, rectora de ULACIT, quien, desde el 2015, había planteado que un porcentaje del FEES fuera destinado a las universidades privadas.

Este es el pequeño botón que muestra la prensa. ¡Imaginemos la magnitud del caos y de los intereses en juego!

Esta muchachada de secundaria que ha tomado las calles, nos está dando una lección de dignidad. ¡Admiro su valentía! Nos están señalando un camino por donde recobrar las esperanzas.

Invito a leer sus comunicados en su página de Facebook. Por razones de espacio, me limito a transcribir algunas consignas:

  • “¡Si querían resultados, nos hubieran preparado!”
  • “¡Luchar por mis derechos, no es vagancia!”
  • “¡No estamos en contra de la educación, estamos en contra de un sistema que nos limita y reduce a números!”
  • “La lucha de pocos, vale por el futuro de todos”.
  • “Conocimiento es poder. Resistencia es deber”.

Para finalizar:

“Un docente para 40 alumnos.

Un médico para 300 pacientes.

Y 40 escoltas para un corrupto”.

 1.Ver: Especialistas UNA piden renuncia de ministra del MEP por declaraciones sobre bullying. https://www.unacomunica.una.ac.cr/index.php/marzo-2023/4500-especialistas-una-piden-renuncia-de-ministra-del-mep-por-declaraciones-sobre-bullying

2.Ver: Ruta de la Educación continúa en “borrador” a casi un mes de su presentación. https://semanariouniversidad.com/pais/ruta-de-la-educacion-continua-en-borrador-a-casi-un-mes-de-su-presentacion/

3.Ver: DIPUTADOS DENUNCIAN QUE MEP ROMPE CON FOD PARA DARLE NEGOCIO A PRIMA DE LA MINISTRA DE EDUCACIÓN. https://www.culturacr.net/diputados-denuncian-que-mep-rompe-con-fod-para-darle-negocio-a-prima-de-la-ministra-de-educacion/

4.Ver: U privadas tras FEES. https://www.pressreader.com/

Ministra de Educación rechaza recusación contra sí misma para tomar parte en negociaciones del FEES. https://semanariouniversidad.com/universitarias/ministra-de-educacion-rechaza-recusacion-contra-si-misma-para-tomar-parte-en-negociaciones-del-fees/

Descargo estudiantes de secundaria ante la información que circula sobre acuerdo con Gobierno de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Kenia García Cortés cédula 119050585, Juan Miranda Barrantes 119570388 y Yeiner Sánchez Brizuela cédula 119290762, estudiantes de secundaria de San José, ante la información que circula sobre un acuerdo que suscribimos con los funcionarios de Casa Presidencial (Jorge Rodríguez Bogles Viceministro de la Presidencia y Charlyn Sánchez del Despacho del señor Presidente), los Viceministros de Planificación (Leonardo Sánchez Hernández) y académico (Melvin Chaves Duarte) del MEP y Álvaro Medrano de Gestión y Evaluación del MEP, hacemos la siguiente aclaración obligada:

  1. Acudimos a Casa Presidencial a manifestarnos y protestar con estudiantes de secundaria de varios colegios de San José y otras provincias, contra la decisión del MEP de aplicar pruebas estandarizadas con valor sumativo e incidencia en la promoción académica en este segundo semestre del año, sin que las mismas sean técnicamente fiables. También por la situación precaria en que se encuentra la infraestructura educativa en todo el país y por la falta de presupuesto para financiar becas, comedores escolares y transporte estudiantil. Nos manifestamos también para demandar una educación de calidad que garantice una vida mejor para niños, niñas y adolescentes.
  2. Inicialmente no se nos permitió ingresar, ni siquiera a entregar un documento con las demandas y los criterios técnicos que respaldan nuestra solicitud de suspensión de las pruebas en cuestión, pero en determinado momento, cuando la manifestación de estudiantes ya se estaba disolviendo, luego también de haber sufrido una serie de incidentes de represión policial hacia estudiantes, salió el señor Presidente y después de un intercambio de palabras poco asertivo, pidió que los liderazgos ingresáramos a reunirnos con los Viceministros. Es muy importante resaltar, que no nos permitieron ingresar con ninguna persona acompañante, figura legal o asesoría experta en el tema.
  3. Aceptamos conversar para reiterar la posición del movimiento estudiantil de secundaria, pero advertimos que no teníamos una designación formal para tomar acuerdos en nombre del Movimiento Estudiantil de Secundaria, lo cual fue del conocimiento de las personas funcionarias institucionales desde el inicio de laconversación.
  4. Pese a lo anterior y después de dos horas en que las autoridades nos negaron todas nuestras peticiones, nos presentaron un documento con 8 acuerdos para que los firmáramos. Dado el cansancio y la presión en que nos encontrábamos, aceptamos firmarlo para evidenciar la falta de seriedad de los viceministros al comprometerse a modificar los componentes de la prueba estandarizada para que “cada pregunta tenga menor valor y mayor posibilidad de aceptar y aprobar…” Queda así evidenciado lo que hemos dicho durante todo el año: que en el diseño de esas pruebas no hay ningún rigor técnico y que no son fiables porque no responden a ningún modelo de evaluación reconocido, sino a las improvisaciones de autoridades políticas que no conocen de la materia educativa y que con total irresponsabilidad se comprometen a modificarlas, asumiendo las competencias que son propias del Consejo Superior de Educación.
  5. Por lo anterior, aclaramos que no hemos claudicado en los propósitos que nos mueven a manifestarnos y que son las mismas demandas de miles de estudiantes de todo el país; seguiremos en la lucha, porque el documento firmado el día de hoy por autoridades que no tienen competencia en el diseño y aprobación de políticas educativas, carece de todo valor legal y no puede detener la lucha del Movimiento Estudiantil de Secundaria con todas sus demandas en su amplitud.
  6. Resaltamos nuestra preocupación, porque el sistema educativo se encuentra en una situación que se ha agravado debido a la incorporación de un equipo humano sin experiencia pedagógica y sin un conocimiento adecuado de la institución y la realidad nacional que el MEP debe atender. Asimismo, la falta de consulta a las personas expertas del propio Ministerio y de las Universidades Públicas ha dejado de lado valiosos aportes de información y criterios científicos que históricamente han sido fundamentales en el campo educativo. Es preocupante que, por primera vez en décadas, las autoridades de educación no defienden el presupuesto de la educación pública y acceden a disminuirlo para ser utilizado en otros ministerios fuera del MEP. Esto muestra un claro cambio en el paradigma nacional, donde las autoridades abordan los problemas sociales de desigualdad, violencia y drogas mediante la represión policial en lugar de la inclusión educativa.
  7. Por todas estas razones, el Movimiento Estudiantil de Secundaria se ha unido para llevar a cabo una serie de protestas y luchas en defensa de la educación pública y en oposición a la Prueba Nacional Estandarizada impuesta por el Ministerio de Educación Pública (MEP) en el 2023. Nuestro objetivo es defender el derecho a una educación de calidad para toda la población estudiantil del del país y promover un sistema educativo más inclusivo y equitativo en todos sus niveles, a través de un presupuesto digno, garantizando el mandato constitucional del 8% para educación pública en Costa Rica.

Respuesta estudiantil ante la ministra de Educación

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

El día jueves 27 de julio de 2023, el Movimiento Estudiantil de Secundaria (MEDSE) además de otras representaciones estudiantiles, brindaron una conferencia de prensa a raíz de la manifestación realizada por estudiantes de secundaria en contra de la Prueba Nacional Estandarizada.

En esta conferencia, los y las estudiantes alegan la desinformación que les rodea tanto a estudiantes como docentes, deviene directamente del Ministerio de Educación Pública, al no hablar con claridad sobre estas pruebas y demás procesos que conlleva. Además, denuncian cómo los centros educativos se encuentran en situaciones precarias a nivel de infraestructura, atentando contra la salud pública del estudiantado. Mencionan cómo se les exige un rendimiento académico elevado, mientras el Ministerio de Educación Pública no cumple con los lineamientos básicos de salubridad.

Señalan de igual manera, la contradicción que existe al excluir a los y las docentes de la toma de decisiones relacionadas con aspectos sobre la educación que imparten, mientras que esos puestos lo ocupan personas que no se encuentran inmersas en los colegios y escuelas públicas.

Muestran su descontento y oposición a las Pruebas Estandarizadas, debido a la poca información con la que cuentan, además de que ésta pretende ser un filtro que les excluye de la Educación Superior, al incidir directamente en la nota para entrar a las Universidades Públicas. Es por esto que exigen la anulación de estas pruebas, que se replanteen los métodos de evaluación, de manera que estas respondan a los contextos propios de la población estudiantil y que permita así una educación accesible, de calidad y digna. Además de que se respete el presupuesto del 8% del Producto Interno Bruto (PIB) destinado a la educación pública, que corresponde a una obligación constitucional del Ministerio de Educación Pública.

Manifestación contra pruebas estandarizadas este jueves 27

Escrito en . Publicado en Educación.

Comunicado

Desde la comunidad estudiantil de colegios académicos, técnicos, diurnos y nocturnos de todo el país nos pronunciamos con preocupación sobre la crisis que atraviesa nuestro sistema educativo, expresamos públicamente nuestras inquietudes sobre la implementación de la nueva Prueba Nacional Estandarizada, la cual fue anunciada el 2 de febrero del 2023 mediante un decreto ejecutivo que modificó el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para crear esta prueba.

Estas pruebas son una evidencia más de la crisis que atraviesa nuestro actual sistema educativo ante las reducciones presupuestarias que se realizaron desde el actual gobierno y ante la falta de una “ruta” por parte de la Ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro, quien es incapaz de mostrar acciones concretas que atiendan la realidad que atravesamos las personas estudiantes del país. El sistema educativo actual profundiza cada vez más las brechas de la desigualdad, nos encontramos recibiendo clases en centros educativos precarios, por lo que estas pruebas reproducen este sistema desigual, precarizador y discriminatorio.

Este jueves 27 estamos convocando a una manifestación que tendrá lugar en diferentes puntos del país, nuestros motivos para movilizarnos son:

1. Cambios abruptos en la metodología de aplicación: en un lapso de menos de seis meses hemos experimentado un cambio en la metodología de aplicación de las pruebas. La planificación inicial sugiere una única prueba que abarcara todas las materias básicas, pero recientemente se anunció que se realizará una prueba individual de cada materia. Esto demuestra la falta de claridad por parte del Ministerio de Educación sobre la aplicación de las pruebas.

2. Información insuficiente y poco clara: no ha existido información precisa, clara y completa tanto para nosotras las personas estudiantes como para el personal docente, sobre la aplicación de las pruebas y los cambios realizados; esto ha generado vacíos para la preparación de las pruebas en los diferentes planes de estudio.

3. No se consideran casos especiales: las pruebas y la falta de una metodología clara no involucra estudiantes con situaciones particulares y especiales, lo cual les ha afectado su rendimiento académico y su acceso a la educación superior.

4. Retraso en la entrega de los resultados individuales: en abril realizamos un simulacro de las pruebas y, hasta la fecha actual no se ha generado ningún resultado sobre las mismas, esto impide tener un resultado claro sobre las pruebas, identificar las áreas de mejora y preparación para las pruebas oficiales.

5. Implementación sin criterio profesional ni fundamento: estas pruebas carecen de fundamentos técnicos, pedagógicos y académicos, se han llevado a cabo sin proporcionar herramientas constructivas para el proceso educativo, sobre este punto se han manifestado la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y Sindicatos de Educación como el SEC.

6. Centros Educativos sin recursos: existen centros educativos en los que la falta de recursos debido a los recortes al presupuesto del MEP, es un impedimento para estas pruebas ya que no hay material tecnológico suficiente para cubrir a la cantidad de estudiantes como tampoco capacidad para imprimir los exámenes, siendo el presupuesto del 2023 un 5,4% alejándose cada vez más del 8% constitucional. Esto se agrava con la última modificación del segundo presupuesto extraordinario en el que se trasladaron 1300 millones de educación a seguridad.

7. Consideramos que estas pruebas dejarán por fuera a gran cantidad de la población de poder acceder a la educación superior estatal, ya que generan desigualdades, ejercen presiones académicas, presentan sesgos culturales y lingüísticos, y limitan el enfoque educativo. Es fundamental que el sistema educativo busque alternativas más inclusivas y equitativas que respeten la diversidad de los estudiantes y promuevan un desarrollo integral de sus habilidades y conocimientos.

Por las razones expuestas este jueves 27 nos manifestaremos de manera pacífica en San José de la Fuente de Hispanidad hacia la Asamblea Legislativa; en Heredia saldremos de la Universidad Nacional hacia la Regional de Heredia y el viernes 28 en Guápiles.

Información compartida con SURCOS por Allison Quintanilla Hernández.

Imagen: Semanario Universidad.

Los resultados de las pruebas estandarizadas reportados por el MEP carecen de utilidad diagnóstica y educativa

Escrito en . Publicado en Educación.

Pronunciamiento

La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, y el Colectivo Mujeres por Costa Rica, comunican:

Que la información oficial suministrada públicamente por el Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre los resultados de las Pruebas Nacionales Estandarizadas (PNE) para estudiantes de primaria y de secundaria, donde se clasifica a las personas estudiantes en tres niveles, llamados Básico, Intermedio y Avanzado, habiéndose evaluado cada asignatura con un máximo de ocho ítems de selección única, y sin ninguna explicación sobre la metodología utilizada, imposibilita cualquier intento de generar, en forma válida, interpretaciones útiles y confiables para diagnosticar el logro educativo, por parte del estudiantado. A todas luces, lo que puede evaluarse con un número tan escaso de ítems, es solo un fragmento muy reducido del conjunto de aprendizajes meta establecidos en los programas de estudio vigentes.

Tampoco se ha explicado la justificación para los nombres, tan contundentes, dados a estos niveles de desempeño, pues la denominación de básico, intermedio o avanzado en una disciplina de estudio particular, no debe ser arbitraria y debe basarse en un sólido marco de referencia. Asimismo, la analogía, pueril y simplista, brindada por las autoridades del MEP para explicar su significado por medio de los tres colores de un semáforo, solo contribuye a reforzar su ausencia de utilidad educativa y rigurosidad científica.

Aunado a lo anterior, el reportar únicamente los resultados agregados a nivel del centro educativo y no por estudiante, impide que las personas docentes, y el mismo estudiantado, puedan valorar y atender de manera individual el desempeño estudiantil, con el propósito de mejorar sus aprendizajes.

Más aún, la escasa cantidad de ítems de selección única utilizados para evaluar cada asignatura, muy probablemente está provocando que una parte relevante de los resultados estén afectados por el mero azar, al existir, para cada pregunta, una probabilidad de respuesta correcta de un tercio, cuando se elige una de las tres opciones al azar, es decir adivinando.

Así las cosas, los resultados reportados pueden conducir a conclusiones equivocadas, dejando a la imaginación de cada persona lectora su posible significado. A partir de esta situación es posible prever la generación de consecuencias negativas para el proceso educativo estudiantil y en la toma de decisiones de política educativa.

Debe recordarse, además, que estas pruebas tampoco contaron previamente con una tabla de especificaciones, que incluyera los contenidos y los procesos a evaluar, así como la ponderación o puntuación para cada ítem, ejercicio o pregunta.

En comunicados anteriores nuestros equipos ya habían alertado sobre las deficiencias técnicas de estos exámenes y lo presentado hasta ahora confirma nuestras valoraciones iniciales.

En esas comunicaciones previas, también indicamos que las descripciones sustantivas de desempeño, generadas con la necesaria rigurosidad técnico-científica, son uno de los elementos esenciales con que debe contar una prueba estandarizada educativa.

Así, la prueba estandarizada educativa debe proveer, además de la nota numérica, una descripción cualitativa, válida y confiable, de lo que representan esos puntajes numéricos en términos del desempeño estudiantil, es decir, contestar a la pregunta, ¿qué puede o no hacer la persona examinada de acuerdo con el puntaje obtenido? Evidentemente tales descripciones son relevantes para la toma de decisiones sobre las personas examinadas y para las autoridades responsables de la política educativa.

Especialmente si se trata de fines diagnósticos, tal como era el alegado propósito de estas pruebas, se requiere que la prueba contenga un número suficiente de ítems o preguntas para representar adecuadamente los niveles de desempeño que se pretenden interpretar, máxime si se trata de contenidos curriculares que abarcan ciclos lectivos completos.

Además, es importante que, para el análisis de los resultados se empleen modelos de medición que permitan generar esas descripciones de manera confiable y científicamente defendible, como por ejemplo el modelo de Rasch.

Para ilustrar, en el caso de las pruebas PISA para el área de Alfabetización Científica, se definen seis niveles de desempeño que claramente describen las competencias específicas requeridas para ubicar allí a una persona examinada. Por ejemplo, se indica que las personas en el nivel 4 “trabajan con eficacia en situaciones y problemas que pueden involucrar fenómenos explícitos requeridos para hacer deducciones sobre el papel de la ciencia o la tecnología. Seleccionan e integran explicaciones de diferentes disciplinas de ciencia o tecnología, y vinculan estas explicaciones directamente con los aspectos de la vida cotidiana. Las personas estudiantes en este nivel reflexionan sobre sus acciones y comunican sus decisiones utilizando el conocimiento y la evidencia científica[1].”

Entonces, según se infiere de la información que se ha hecho pública, es preocupante que de los escasos recursos destinados a la educación se haya gastado una cantidad considerable en la construcción y aplicación de pruebas que no brindan evidencia de utilidad sustantiva para la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes del estudiantado, y que más bien pueden conducir a conclusiones equivocadas sobre estos. De igual manera, lamentamos todo el tiempo y esfuerzo empleados en la aplicación de estas pruebas, con tantas deficiencias técnicas, cuando se pudieron dedicar a los procesos de enseñanza y aprendizaje, canalizando recursos para elaborar planes, debidamente fundamentados, que orienten la recuperación educativa.

En este contexto, algunos de los principales cuestionamientos que el MEP y el Consejo Superior de Educación están obligados a responder ante la sociedad costarricense son:

1- ¿Qué evidencia de validez puede proveer para justificar una evaluación diagnóstica de cada estudiante, con únicamente entre 6 y 8 ítems de selección única por asignatura, y cubriendo los aprendizajes correspondientes a ciclos lectivos completos?

2- ¿Qué metodología se siguió para la creación de los tres niveles de desempeño que se reportan y cuál es su validez técnico-científica?

3- ¿Qué justificación técnico-científica fundamenta la decisión de nombrar esos tres niveles de desempeño como Básico, Intermedio y Avanzado?

4- ¿Qué evidencia existe sobre el grado de validez de contenido de estas pruebas?, es decir ¿en qué medida cubren apropiadamente los aprendizajes establecidos en los programas de estudio, los cuales están diseñados según habilidades?

5- ¿Cuál es la justificación para definir únicamente tres niveles de desempeño cuando la mayoría de las pruebas estandarizadas educativas a nivel internacional utilizan al menos cinco niveles, con el propósito de arrojar información más precisa?

6- ¿Qué uso y qué utilidad se espera que den los centros educativos y las personas docentes a los resultados reportados de las pruebas?

7- ¿De qué forma el MEP y el Consejo Superior de Educación utilizarán los resultados reportados de las pruebas para realimentar las políticas educativas que contribuyan al mejoramiento de nuestro sistema educativo?

8- Estas pruebas solo evaluaron, en cada estudiante, fragmentos muy reducidos de todos los aprendizajes propuestos en los programas de estudio. ¿De qué forma se va a obtener información, válida y confiable, sobre el logro de esos otros aprendizajes, que son la gran mayoría, y no están representados en estos exámenes? Dichos aprendizajes no solo incluyen dimensiones cognitivas sino también actitudinales.

9- ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?

Hacemos un llamado a la opinión pública, especialmente a docentes, estudiantes, padres y madres de familia, para que, asumiendo su legítimo derecho a una educación de calidad, exijan al MEP y al Consejo Superior de Educación, evaluaciones educativas estandarizadas con rigurosidad científica y equidad, que permitan mejorar los aprendizajes del estudiantado de manera integral, y que no perjudiquen sus posibilidades de promoción en la educación regular, considerando las grandes desigualdades en sus oportunidades de aprender.

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez. Doctora en Educación, máster académica en Evaluación Educativa

María Julieta Solórzano Salas. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa

Eiliana Montero Rojas. Doctora en Evaluación Educativa

Diana Arce Flores. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa, administrativa-docente

Sandra Zúñiga Arrieta. Máster en Evaluación Educativa, educadora

Allen Quesada Pacheco. Doctor en Currículo e Instrucción, M.Sc. en Tecnología Educativa, Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras (ELM)

Katalina Perera Hernández. Docente e investigadora, doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica

M.Sc. María del Rocío Ramírez González. Analista curricular

MTE. Juan Carlos Mora Hernández. Máster en Tecnología Educativa (ITESM), educador pensionado

Dra. Vanessa Smith Castro. Psicóloga, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica

María Paula Villarreal Galera. Máster en Evaluación Educativa

Yency Calderón Badilla. Profesora, máster académica en Evaluación Educativa

Luis Miguel Rojas Torres. Doctor en Educación, máster en Estadística, Escuela de Matemática e Instituto de Investigaciones Psicológicas, Universidad de Costa Rica

Laura Jiménez Umaña. Máster en Evaluación Educativa, investigadora y evaluadora

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Susan Francis Salazar

Dra. Alicia E. Vargas Porras

Dra. Yamileth González García

Dra. Yolanda Rojas Rodríguez

Dra. Lupita Chaves Salas

Dra. Tania E. Moreira Mora

M.Ed. Melania Monge Rodríguez

Lic. Josefina Pujol Mesalles

Dra. Virginia Ramírez Cascante

Lic. Vera Sancho Mora

M.Sc. Karla Salguero Moya

Dra. Eiliana Montero Rojas

San José, 24 de julio de 2023.

[1] Tomado de “El programa PISA de la OCDE: Qué es y para qué sirve.” https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf

Rinden homenaje a ex director regional Grande del Térraba por su gran aporte a la educación

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Uriel Rojas

Este viernes 23 de junio de 2023, se llevó a cabo un destacado homenaje a quien fuese el director de la Dirección Regional de Educación de Grande del Térraba del Ministerio de Educación Pública, durante el periodo 2018 – 2020.

Dicha actividad se realizó en las instalaciones de Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), sede San José de Costa Rica, en el contexto de la asamblea de la Filial Regional 1-12 D-R ANDE.

Este importante homenaje estuvo dedicado al MSc José Domingo Lázaro Maroto, quien por más de 32 años dedicó su vida al servicio de la educación costarricense.

A este póstumo homenaje acudió su esposa, María Victoria Lázaro Ortiz quien fue testigo de las muestras de aprecio que tuvieron sus ex compañeros para el señor Lázaro Maroto, recibiendo dos significativos presentes tanto de la Filial 1-12 ANDE como la Fiscalía General ANDE.

La dedicatoria contó con la presencia de muchos excompañeros que durante su vida laboral compartieron momentos inolvidables.

Posterior a su trabajo como docente, Lázaro ascendió luego a Asistente de Asesoría y Supervisor de los Circuitos 04 de Pérez Zeledón y 09 de Grande de Térraba.

Además de su docencia y trabajar como director de la Regional Educativa Grande del Térraba, don José Domingo fue un gran líder comunal, electo presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré en diciembre de 2022 y presidente del Consejo Local de Educación Indígena del Territorio Indígena de Rey Curré en marzo de 2022.

No obstante, falleció el 02 de noviembre de 2022, dejando un enorme legado a las actuales y futuras generaciones.

Este sentido homenaje es un tributo a su gran trayectoria como persona ejemplar en su paso por este mundo. Gracias José Domingo.

Burda maniobra gubernamental en contra del Liceo de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Freddy Pacheco León
Liceísta
frepaleon@gmail.com
14.6.23

Extralimitación de la Junta Administrativa del Liceo

Alegan que «bajo presión» (?), la señora Yesenia Mathiew se apresuró a firmar un «Convenio de Cooperación» como presidenta de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, con los ministros Amador, del MOPT, Müller, de Educación y Martínez, de Vivienda, mediante el cual pretenden despojar al Liceo, de una valiosa manzana que hoy arrienda el Ministerio de Luis Amador. Terreno situado al sur del colegio, que, junto a las otras dos manzanas de la Benemérita Institución, le fueron transferidas en propiedad al Liceo, por voluntad expresa de la Asamblea Legislativa y del Presidente Don Daniel Oduber, mediante la Ley N° 5570 del 30 de agosto de 1974.

Con ese convenio irregular e insustentable jurídicamente, la Junta del Liceo, cual si no se conocieran las normas legales generales y específicas que han de respetar, se extralimitó y tomó acuerdos para los cuales no tiene derecho que los sustente. Mediante actos intolerables, diríamos que innobles, una junta, que como todas las existentes en escuelas y colegios, no son más que “organismos auxiliares de la Administración Pública” que han de coordinar con el Director (en este caso del Liceo), el desarrollo de programas y proyectos de su Plan Anual de Trabajo, tiene la limitada función de “administrar los recursos públicos que les son transferidos” para el funcionamiento de la Institución. Por su parte, al señor Director del Liceo, como “administrador general” del mismo, le corresponde coordinar con la Junta, la formulación de los planes anuales de trabajo, en que se precisan y priorizan las necesidades del Liceo y sus estudiantes, por lo que la Junta no debe salirse de su función exclusiva de auxiliar.

Recordemos que las juntas son nombradas por los concejos municipales de los cantones respectivos, quienes tienen el deber de verificar, el cumplimiento de todos los requisitos (aunque no siempre lo hacen) de los ciudadanos propuestos en ternas enviadas por el Ministerio de Educación Pública. Cientos de costarricenses, conocen de qué se tratan, pues en algunos años, muchos como padres de familia, se han interesado por el bienestar de las escuelas y colegios públicos en que estudian sus hijos, en asuntos como el funcionamiento de comedores, sodas, transporte, higiene, mejoramiento de aulas, administración de gimnasios, mantenimiento de piscinas (como en el Liceo), subsidios a estudiantes, etcétera, contando siempre con la participación activa y necesaria, del Director del centro educativo, quien funge legalmente, reiteramos, como “administrador general”, con deberes y obligaciones que un grupo de vecinos, jamás podría sustituir, pero quien también, tiene limitaciones lógicas en su actuar como administrador académico.

Atolillo con el dedo

Resulta que, por una manzana de terreno, que como vimos, pertenece al Liceo, hoy ocupada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por la que paga C.192 millones de colones por un alquiler anual, la administración Chaves Robles, ha hecho algo insólito. Si los asesores jurídicos de tres ministerios se hubiesen detenido, siquiera un instante, a conocer el reglamento emitido por decreto ejecutivo, donde se establecen los alcances y limitaciones en que puede actuar la Junta Administrativa del Liceo, no habrían puesto a ésta, a cumplir una función que, ¡aún la Asamblea Legislativa no podría ejecutar! Ya que, si no se cumplieran estrictos requisitos, no sería tan sencillo, derogar la Ley Oduber de 1974, y mucho menos, transferir unos 10 mil metros cuadrados del Liceo, para ser usados por el Poder Ejecutivo, como parte de la construcción de un proyecto que pareciere estar, hay que reconocerlo, “en la cola de un venado”.

Tal abuso de poder cometido por la Junta del Liceo, con la complicidad de los ministros del MEP, el MOPT y Vivienda, no solo es muy probablemente sancionable en el ámbito judicial, sino que deja un sinsabor muy amargo, por sus consecuencias y por la pérdida de confianza en las personas que los ciudadanos esperamos actúen, según lo que han jurado cumplir “por Dios y la Patria”, a la hora de aceptar sus puestos.

Pero si en el “Convenio de Cooperación Interinstitucional”, firmado apresuradamente el pasado 9 de junio del presente año, participan dos partes, la Junta del Liceo y los ministros de Gobierno, podríamos esperar que a cambio de la casi donación de una parte del Liceo que aprueba, indebidamente, la Junta Administrativa, algo habría de dar la parte gubernamental a cambio. ¡Veamos!

Empecemos por el ministro Luis Amador. Él se compromete a pagar hasta diciembre los C.16 millones de colones mensuales, por el arriendo contratado. Y anuncia, que, a partir de enero del 2023, ya suspenderá esos pagos para siempre. ¡Ese es su compromiso! O sea, el MOPT no da nada, pero sí gana en demasía. ¡Y, aún así, la presidenta de la Junta firmó el convenio!

Si pasamos a la ministra Jessica Martínez, de Vivienda, silenciosa participante, vemos que se compromete a coordinar y liderar, a los cuatro representados, para que sea efectiva la transferencia de la cuadra en mención. ¡Tremendo aporte!, pensaron los que firmaron…

Y finalmente, doña Katharina Müller Castro, ministra de Educación, diríamos que fue la que contribuyó con el atolillo ofrecido a la Junta del Liceo. Con una engañosa, pero cuidadosa redacción, se compromete a colaborar, según sus posibilidades, para “la efectiva disposición de dicho inmueble”. Para ello, se compromete a cubrir “el pago de servicios básicos y limpieza, mantenimiento menor y/o mayor, programa de apoyos a los estudiantes como comedores y transporte estudiantil, entre otros” (sic), eso sí, aclara, “sujeto al presupuesto anual”. Pero hay más “aportes”. Dice que “Las mejoras que se deban realizar a la piscina y el gimnasio, así como la pintura”, serán determinados por el Ministerio después de firmar el convenio, para proceder a ver cuánto se necesita, y ver, agregamos, cómo está el presupuesto del despacho ministerial.

Es claro pues, que la Junta del Liceo no obtuvo nada, a cambio de transferir tan valiosa propiedad, basados erróneamente en un decreto ejecutivo que, hasta un estudiante de secundaria conoce, tiene rango inferior a la ley Oduber. Pero todavía hay más: ¿Cuál sería el destino de ese gran terreno?

Pues, amigos, siguen las sorpresas. Aunque se dice que será para el proyecto de la llamada “Ciudad Gobierno”, el asunto tiene sus aristas. En el mal redactado, además, convenio de cooperación (que debería llamarse de cesión) leemos que “LA JUNTA se compromete a otorgar el uso de la finca” de tal manera que el Ministerio de Educación “podrá disponer del terreno en el más amplio de los sentidos que la normativa vigente lo permita”, lo cual incluye el desarrollo de la “Ciudad Gobierno”. Como el diablo está en los detalles, hay que vislumbrar los alcances de ese párrafo.

Sobre “Ciudad Gobierno”, vemos que el proyecto todavía no tiene fecha de inicio ni un cronograma realista, por lo cual, no se tiene idea de cuántos años pasarán antes de que, el traspaso gratis de los 10 mil metros cuadrados del Liceo tenga la justificación que ahora se argumenta. Lo único concreto, vaya paradoja, es que el contrato de arrendamiento que obliga al MOPT a cancelar una suma mensual, se extingue en seis meses. Si esa no fuere la maniobra en contra del Liceo de Costa Rica, al menos podrían haber propuesto, como acto de buena fe, que la suma equivalente a la comprometida por el ministro Amador, hubiese sido asumida por la ministra Müller, aunque, aclaramos, ello no salvaría el tal convenio de la ilegalidad que lo caracteriza.

Asimismo, también se ha sugerido, que el Gobierno, para su “ciudad”, mejor hubiera propuesto un proyecto de ley, mediante el cual quizá se habría autorizado la ejecución de un proceso de expropiación, que eventualmente condujera hacia la determinación de un “justi precio”, según la normativa vigente, para que la Junta del Liceo propiciara, digamos, la creación de un fideicomiso, por ejemplo, con el Banco de Costa Rica, para la administración de los dineros que eventualmente se recibieren. Con los intereses de una cuidadosa inversión, la Benemérita Institución, sus estudiantes, y la Patria, verían cómo el Liceo, fundado en 1887, retomaría la senda brillante que tanto prestigio y beneficios, le dieron a la sociedad costarricense, y que ahora por falta de recursos financieros, tiene dificultad de cumplir.

Pero, en fin, como las acciones atropelladas siempre van acompañadas de errores de bulto, la inevitable nulidad del convenio “del atolillo con el dedo”, permitirá ejecutar las correcciones necesarias. La añeja idea de la “Ciudad Gobierno”, atractiva para quizá la mayoría de los costarricenses, no merece un manejo preliminar tan incompetente. Como parte de un proceso de planificación formal, requiere de los mejores profesionales que lo dirijan, lo coordinen, lo orienten. Algo que no parece esté cumpliendo bien la ministra de Vivienda, asignada para ello, quien, desde su función, era su deber haber advertido a sus compañeros ministros, y a la Junta del Liceo, que estaban siguiendo un camino equivocado.