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Etiqueta: MEP

Manifestación contra pruebas estandarizadas este jueves 27

Escrito en . Publicado en Educación.

Comunicado

Desde la comunidad estudiantil de colegios académicos, técnicos, diurnos y nocturnos de todo el país nos pronunciamos con preocupación sobre la crisis que atraviesa nuestro sistema educativo, expresamos públicamente nuestras inquietudes sobre la implementación de la nueva Prueba Nacional Estandarizada, la cual fue anunciada el 2 de febrero del 2023 mediante un decreto ejecutivo que modificó el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para crear esta prueba.

Estas pruebas son una evidencia más de la crisis que atraviesa nuestro actual sistema educativo ante las reducciones presupuestarias que se realizaron desde el actual gobierno y ante la falta de una “ruta” por parte de la Ministra de Educación Anna Katharina Müller Castro, quien es incapaz de mostrar acciones concretas que atiendan la realidad que atravesamos las personas estudiantes del país. El sistema educativo actual profundiza cada vez más las brechas de la desigualdad, nos encontramos recibiendo clases en centros educativos precarios, por lo que estas pruebas reproducen este sistema desigual, precarizador y discriminatorio.

Este jueves 27 estamos convocando a una manifestación que tendrá lugar en diferentes puntos del país, nuestros motivos para movilizarnos son:

1. Cambios abruptos en la metodología de aplicación: en un lapso de menos de seis meses hemos experimentado un cambio en la metodología de aplicación de las pruebas. La planificación inicial sugiere una única prueba que abarcara todas las materias básicas, pero recientemente se anunció que se realizará una prueba individual de cada materia. Esto demuestra la falta de claridad por parte del Ministerio de Educación sobre la aplicación de las pruebas.

2. Información insuficiente y poco clara: no ha existido información precisa, clara y completa tanto para nosotras las personas estudiantes como para el personal docente, sobre la aplicación de las pruebas y los cambios realizados; esto ha generado vacíos para la preparación de las pruebas en los diferentes planes de estudio.

3. No se consideran casos especiales: las pruebas y la falta de una metodología clara no involucra estudiantes con situaciones particulares y especiales, lo cual les ha afectado su rendimiento académico y su acceso a la educación superior.

4. Retraso en la entrega de los resultados individuales: en abril realizamos un simulacro de las pruebas y, hasta la fecha actual no se ha generado ningún resultado sobre las mismas, esto impide tener un resultado claro sobre las pruebas, identificar las áreas de mejora y preparación para las pruebas oficiales.

5. Implementación sin criterio profesional ni fundamento: estas pruebas carecen de fundamentos técnicos, pedagógicos y académicos, se han llevado a cabo sin proporcionar herramientas constructivas para el proceso educativo, sobre este punto se han manifestado la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica y Sindicatos de Educación como el SEC.

6. Centros Educativos sin recursos: existen centros educativos en los que la falta de recursos debido a los recortes al presupuesto del MEP, es un impedimento para estas pruebas ya que no hay material tecnológico suficiente para cubrir a la cantidad de estudiantes como tampoco capacidad para imprimir los exámenes, siendo el presupuesto del 2023 un 5,4% alejándose cada vez más del 8% constitucional. Esto se agrava con la última modificación del segundo presupuesto extraordinario en el que se trasladaron 1300 millones de educación a seguridad.

7. Consideramos que estas pruebas dejarán por fuera a gran cantidad de la población de poder acceder a la educación superior estatal, ya que generan desigualdades, ejercen presiones académicas, presentan sesgos culturales y lingüísticos, y limitan el enfoque educativo. Es fundamental que el sistema educativo busque alternativas más inclusivas y equitativas que respeten la diversidad de los estudiantes y promuevan un desarrollo integral de sus habilidades y conocimientos.

Por las razones expuestas este jueves 27 nos manifestaremos de manera pacífica en San José de la Fuente de Hispanidad hacia la Asamblea Legislativa; en Heredia saldremos de la Universidad Nacional hacia la Regional de Heredia y el viernes 28 en Guápiles.

Información compartida con SURCOS por Allison Quintanilla Hernández.

Imagen: Semanario Universidad.

Los resultados de las pruebas estandarizadas reportados por el MEP carecen de utilidad diagnóstica y educativa

Escrito en . Publicado en Educación.

Pronunciamiento

La Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, y el Colectivo Mujeres por Costa Rica, comunican:

Que la información oficial suministrada públicamente por el Ministerio de Educación Pública (MEP), sobre los resultados de las Pruebas Nacionales Estandarizadas (PNE) para estudiantes de primaria y de secundaria, donde se clasifica a las personas estudiantes en tres niveles, llamados Básico, Intermedio y Avanzado, habiéndose evaluado cada asignatura con un máximo de ocho ítems de selección única, y sin ninguna explicación sobre la metodología utilizada, imposibilita cualquier intento de generar, en forma válida, interpretaciones útiles y confiables para diagnosticar el logro educativo, por parte del estudiantado. A todas luces, lo que puede evaluarse con un número tan escaso de ítems, es solo un fragmento muy reducido del conjunto de aprendizajes meta establecidos en los programas de estudio vigentes.

Tampoco se ha explicado la justificación para los nombres, tan contundentes, dados a estos niveles de desempeño, pues la denominación de básico, intermedio o avanzado en una disciplina de estudio particular, no debe ser arbitraria y debe basarse en un sólido marco de referencia. Asimismo, la analogía, pueril y simplista, brindada por las autoridades del MEP para explicar su significado por medio de los tres colores de un semáforo, solo contribuye a reforzar su ausencia de utilidad educativa y rigurosidad científica.

Aunado a lo anterior, el reportar únicamente los resultados agregados a nivel del centro educativo y no por estudiante, impide que las personas docentes, y el mismo estudiantado, puedan valorar y atender de manera individual el desempeño estudiantil, con el propósito de mejorar sus aprendizajes.

Más aún, la escasa cantidad de ítems de selección única utilizados para evaluar cada asignatura, muy probablemente está provocando que una parte relevante de los resultados estén afectados por el mero azar, al existir, para cada pregunta, una probabilidad de respuesta correcta de un tercio, cuando se elige una de las tres opciones al azar, es decir adivinando.

Así las cosas, los resultados reportados pueden conducir a conclusiones equivocadas, dejando a la imaginación de cada persona lectora su posible significado. A partir de esta situación es posible prever la generación de consecuencias negativas para el proceso educativo estudiantil y en la toma de decisiones de política educativa.

Debe recordarse, además, que estas pruebas tampoco contaron previamente con una tabla de especificaciones, que incluyera los contenidos y los procesos a evaluar, así como la ponderación o puntuación para cada ítem, ejercicio o pregunta.

En comunicados anteriores nuestros equipos ya habían alertado sobre las deficiencias técnicas de estos exámenes y lo presentado hasta ahora confirma nuestras valoraciones iniciales.

En esas comunicaciones previas, también indicamos que las descripciones sustantivas de desempeño, generadas con la necesaria rigurosidad técnico-científica, son uno de los elementos esenciales con que debe contar una prueba estandarizada educativa.

Así, la prueba estandarizada educativa debe proveer, además de la nota numérica, una descripción cualitativa, válida y confiable, de lo que representan esos puntajes numéricos en términos del desempeño estudiantil, es decir, contestar a la pregunta, ¿qué puede o no hacer la persona examinada de acuerdo con el puntaje obtenido? Evidentemente tales descripciones son relevantes para la toma de decisiones sobre las personas examinadas y para las autoridades responsables de la política educativa.

Especialmente si se trata de fines diagnósticos, tal como era el alegado propósito de estas pruebas, se requiere que la prueba contenga un número suficiente de ítems o preguntas para representar adecuadamente los niveles de desempeño que se pretenden interpretar, máxime si se trata de contenidos curriculares que abarcan ciclos lectivos completos.

Además, es importante que, para el análisis de los resultados se empleen modelos de medición que permitan generar esas descripciones de manera confiable y científicamente defendible, como por ejemplo el modelo de Rasch.

Para ilustrar, en el caso de las pruebas PISA para el área de Alfabetización Científica, se definen seis niveles de desempeño que claramente describen las competencias específicas requeridas para ubicar allí a una persona examinada. Por ejemplo, se indica que las personas en el nivel 4 “trabajan con eficacia en situaciones y problemas que pueden involucrar fenómenos explícitos requeridos para hacer deducciones sobre el papel de la ciencia o la tecnología. Seleccionan e integran explicaciones de diferentes disciplinas de ciencia o tecnología, y vinculan estas explicaciones directamente con los aspectos de la vida cotidiana. Las personas estudiantes en este nivel reflexionan sobre sus acciones y comunican sus decisiones utilizando el conocimiento y la evidencia científica[1].”

Entonces, según se infiere de la información que se ha hecho pública, es preocupante que de los escasos recursos destinados a la educación se haya gastado una cantidad considerable en la construcción y aplicación de pruebas que no brindan evidencia de utilidad sustantiva para la toma de decisiones y la mejora de los aprendizajes del estudiantado, y que más bien pueden conducir a conclusiones equivocadas sobre estos. De igual manera, lamentamos todo el tiempo y esfuerzo empleados en la aplicación de estas pruebas, con tantas deficiencias técnicas, cuando se pudieron dedicar a los procesos de enseñanza y aprendizaje, canalizando recursos para elaborar planes, debidamente fundamentados, que orienten la recuperación educativa.

En este contexto, algunos de los principales cuestionamientos que el MEP y el Consejo Superior de Educación están obligados a responder ante la sociedad costarricense son:

1- ¿Qué evidencia de validez puede proveer para justificar una evaluación diagnóstica de cada estudiante, con únicamente entre 6 y 8 ítems de selección única por asignatura, y cubriendo los aprendizajes correspondientes a ciclos lectivos completos?

2- ¿Qué metodología se siguió para la creación de los tres niveles de desempeño que se reportan y cuál es su validez técnico-científica?

3- ¿Qué justificación técnico-científica fundamenta la decisión de nombrar esos tres niveles de desempeño como Básico, Intermedio y Avanzado?

4- ¿Qué evidencia existe sobre el grado de validez de contenido de estas pruebas?, es decir ¿en qué medida cubren apropiadamente los aprendizajes establecidos en los programas de estudio, los cuales están diseñados según habilidades?

5- ¿Cuál es la justificación para definir únicamente tres niveles de desempeño cuando la mayoría de las pruebas estandarizadas educativas a nivel internacional utilizan al menos cinco niveles, con el propósito de arrojar información más precisa?

6- ¿Qué uso y qué utilidad se espera que den los centros educativos y las personas docentes a los resultados reportados de las pruebas?

7- ¿De qué forma el MEP y el Consejo Superior de Educación utilizarán los resultados reportados de las pruebas para realimentar las políticas educativas que contribuyan al mejoramiento de nuestro sistema educativo?

8- Estas pruebas solo evaluaron, en cada estudiante, fragmentos muy reducidos de todos los aprendizajes propuestos en los programas de estudio. ¿De qué forma se va a obtener información, válida y confiable, sobre el logro de esos otros aprendizajes, que son la gran mayoría, y no están representados en estos exámenes? Dichos aprendizajes no solo incluyen dimensiones cognitivas sino también actitudinales.

9- ¿Qué criterios se utilizaron para justificar que se excluyeran de la realización de estas pruebas a personas estudiantes en condición de discapacidad y a personas migrantes?

Hacemos un llamado a la opinión pública, especialmente a docentes, estudiantes, padres y madres de familia, para que, asumiendo su legítimo derecho a una educación de calidad, exijan al MEP y al Consejo Superior de Educación, evaluaciones educativas estandarizadas con rigurosidad científica y equidad, que permitan mejorar los aprendizajes del estudiantado de manera integral, y que no perjudiquen sus posibilidades de promoción en la educación regular, considerando las grandes desigualdades en sus oportunidades de aprender.

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez. Doctora en Educación, máster académica en Evaluación Educativa

María Julieta Solórzano Salas. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa

Eiliana Montero Rojas. Doctora en Evaluación Educativa

Diana Arce Flores. Doctora en Ciencias de la Educación, máster en Evaluación Educativa, administrativa-docente

Sandra Zúñiga Arrieta. Máster en Evaluación Educativa, educadora

Allen Quesada Pacheco. Doctor en Currículo e Instrucción, M.Sc. en Tecnología Educativa, Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras (ELM)

Katalina Perera Hernández. Docente e investigadora, doctora en Educación con énfasis en Mediación Pedagógica

M.Sc. María del Rocío Ramírez González. Analista curricular

MTE. Juan Carlos Mora Hernández. Máster en Tecnología Educativa (ITESM), educador pensionado

Dra. Vanessa Smith Castro. Psicóloga, Instituto de Investigaciones Psicológicas, Escuela de Psicología, Universidad de Costa Rica

María Paula Villarreal Galera. Máster en Evaluación Educativa

Yency Calderón Badilla. Profesora, máster académica en Evaluación Educativa

Luis Miguel Rojas Torres. Doctor en Educación, máster en Estadística, Escuela de Matemática e Instituto de Investigaciones Psicológicas, Universidad de Costa Rica

Laura Jiménez Umaña. Máster en Evaluación Educativa, investigadora y evaluadora

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Susan Francis Salazar

Dra. Alicia E. Vargas Porras

Dra. Yamileth González García

Dra. Yolanda Rojas Rodríguez

Dra. Lupita Chaves Salas

Dra. Tania E. Moreira Mora

M.Ed. Melania Monge Rodríguez

Lic. Josefina Pujol Mesalles

Dra. Virginia Ramírez Cascante

Lic. Vera Sancho Mora

M.Sc. Karla Salguero Moya

Dra. Eiliana Montero Rojas

San José, 24 de julio de 2023.

[1] Tomado de “El programa PISA de la OCDE: Qué es y para qué sirve.” https://www.oecd.org/pisa/39730818.pdf

Rinden homenaje a ex director regional Grande del Térraba por su gran aporte a la educación

Escrito en . Publicado en Sin categoría.

Uriel Rojas

Este viernes 23 de junio de 2023, se llevó a cabo un destacado homenaje a quien fuese el director de la Dirección Regional de Educación de Grande del Térraba del Ministerio de Educación Pública, durante el periodo 2018 – 2020.

Dicha actividad se realizó en las instalaciones de Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), sede San José de Costa Rica, en el contexto de la asamblea de la Filial Regional 1-12 D-R ANDE.

Este importante homenaje estuvo dedicado al MSc José Domingo Lázaro Maroto, quien por más de 32 años dedicó su vida al servicio de la educación costarricense.

A este póstumo homenaje acudió su esposa, María Victoria Lázaro Ortiz quien fue testigo de las muestras de aprecio que tuvieron sus ex compañeros para el señor Lázaro Maroto, recibiendo dos significativos presentes tanto de la Filial 1-12 ANDE como la Fiscalía General ANDE.

La dedicatoria contó con la presencia de muchos excompañeros que durante su vida laboral compartieron momentos inolvidables.

Posterior a su trabajo como docente, Lázaro ascendió luego a Asistente de Asesoría y Supervisor de los Circuitos 04 de Pérez Zeledón y 09 de Grande de Térraba.

Además de su docencia y trabajar como director de la Regional Educativa Grande del Térraba, don José Domingo fue un gran líder comunal, electo presidente de la Asociación de Desarrollo Indígena de Rey Curré en diciembre de 2022 y presidente del Consejo Local de Educación Indígena del Territorio Indígena de Rey Curré en marzo de 2022.

No obstante, falleció el 02 de noviembre de 2022, dejando un enorme legado a las actuales y futuras generaciones.

Este sentido homenaje es un tributo a su gran trayectoria como persona ejemplar en su paso por este mundo. Gracias José Domingo.

Burda maniobra gubernamental en contra del Liceo de Costa Rica

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Dr. Freddy Pacheco León
Liceísta
frepaleon@gmail.com
14.6.23

Extralimitación de la Junta Administrativa del Liceo

Alegan que «bajo presión» (?), la señora Yesenia Mathiew se apresuró a firmar un «Convenio de Cooperación» como presidenta de la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica, con los ministros Amador, del MOPT, Müller, de Educación y Martínez, de Vivienda, mediante el cual pretenden despojar al Liceo, de una valiosa manzana que hoy arrienda el Ministerio de Luis Amador. Terreno situado al sur del colegio, que, junto a las otras dos manzanas de la Benemérita Institución, le fueron transferidas en propiedad al Liceo, por voluntad expresa de la Asamblea Legislativa y del Presidente Don Daniel Oduber, mediante la Ley N° 5570 del 30 de agosto de 1974.

Con ese convenio irregular e insustentable jurídicamente, la Junta del Liceo, cual si no se conocieran las normas legales generales y específicas que han de respetar, se extralimitó y tomó acuerdos para los cuales no tiene derecho que los sustente. Mediante actos intolerables, diríamos que innobles, una junta, que como todas las existentes en escuelas y colegios, no son más que “organismos auxiliares de la Administración Pública” que han de coordinar con el Director (en este caso del Liceo), el desarrollo de programas y proyectos de su Plan Anual de Trabajo, tiene la limitada función de “administrar los recursos públicos que les son transferidos” para el funcionamiento de la Institución. Por su parte, al señor Director del Liceo, como “administrador general” del mismo, le corresponde coordinar con la Junta, la formulación de los planes anuales de trabajo, en que se precisan y priorizan las necesidades del Liceo y sus estudiantes, por lo que la Junta no debe salirse de su función exclusiva de auxiliar.

Recordemos que las juntas son nombradas por los concejos municipales de los cantones respectivos, quienes tienen el deber de verificar, el cumplimiento de todos los requisitos (aunque no siempre lo hacen) de los ciudadanos propuestos en ternas enviadas por el Ministerio de Educación Pública. Cientos de costarricenses, conocen de qué se tratan, pues en algunos años, muchos como padres de familia, se han interesado por el bienestar de las escuelas y colegios públicos en que estudian sus hijos, en asuntos como el funcionamiento de comedores, sodas, transporte, higiene, mejoramiento de aulas, administración de gimnasios, mantenimiento de piscinas (como en el Liceo), subsidios a estudiantes, etcétera, contando siempre con la participación activa y necesaria, del Director del centro educativo, quien funge legalmente, reiteramos, como “administrador general”, con deberes y obligaciones que un grupo de vecinos, jamás podría sustituir, pero quien también, tiene limitaciones lógicas en su actuar como administrador académico.

Atolillo con el dedo

Resulta que, por una manzana de terreno, que como vimos, pertenece al Liceo, hoy ocupada por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, por la que paga C.192 millones de colones por un alquiler anual, la administración Chaves Robles, ha hecho algo insólito. Si los asesores jurídicos de tres ministerios se hubiesen detenido, siquiera un instante, a conocer el reglamento emitido por decreto ejecutivo, donde se establecen los alcances y limitaciones en que puede actuar la Junta Administrativa del Liceo, no habrían puesto a ésta, a cumplir una función que, ¡aún la Asamblea Legislativa no podría ejecutar! Ya que, si no se cumplieran estrictos requisitos, no sería tan sencillo, derogar la Ley Oduber de 1974, y mucho menos, transferir unos 10 mil metros cuadrados del Liceo, para ser usados por el Poder Ejecutivo, como parte de la construcción de un proyecto que pareciere estar, hay que reconocerlo, “en la cola de un venado”.

Tal abuso de poder cometido por la Junta del Liceo, con la complicidad de los ministros del MEP, el MOPT y Vivienda, no solo es muy probablemente sancionable en el ámbito judicial, sino que deja un sinsabor muy amargo, por sus consecuencias y por la pérdida de confianza en las personas que los ciudadanos esperamos actúen, según lo que han jurado cumplir “por Dios y la Patria”, a la hora de aceptar sus puestos.

Pero si en el “Convenio de Cooperación Interinstitucional”, firmado apresuradamente el pasado 9 de junio del presente año, participan dos partes, la Junta del Liceo y los ministros de Gobierno, podríamos esperar que a cambio de la casi donación de una parte del Liceo que aprueba, indebidamente, la Junta Administrativa, algo habría de dar la parte gubernamental a cambio. ¡Veamos!

Empecemos por el ministro Luis Amador. Él se compromete a pagar hasta diciembre los C.16 millones de colones mensuales, por el arriendo contratado. Y anuncia, que, a partir de enero del 2023, ya suspenderá esos pagos para siempre. ¡Ese es su compromiso! O sea, el MOPT no da nada, pero sí gana en demasía. ¡Y, aún así, la presidenta de la Junta firmó el convenio!

Si pasamos a la ministra Jessica Martínez, de Vivienda, silenciosa participante, vemos que se compromete a coordinar y liderar, a los cuatro representados, para que sea efectiva la transferencia de la cuadra en mención. ¡Tremendo aporte!, pensaron los que firmaron…

Y finalmente, doña Katharina Müller Castro, ministra de Educación, diríamos que fue la que contribuyó con el atolillo ofrecido a la Junta del Liceo. Con una engañosa, pero cuidadosa redacción, se compromete a colaborar, según sus posibilidades, para “la efectiva disposición de dicho inmueble”. Para ello, se compromete a cubrir “el pago de servicios básicos y limpieza, mantenimiento menor y/o mayor, programa de apoyos a los estudiantes como comedores y transporte estudiantil, entre otros” (sic), eso sí, aclara, “sujeto al presupuesto anual”. Pero hay más “aportes”. Dice que “Las mejoras que se deban realizar a la piscina y el gimnasio, así como la pintura”, serán determinados por el Ministerio después de firmar el convenio, para proceder a ver cuánto se necesita, y ver, agregamos, cómo está el presupuesto del despacho ministerial.

Es claro pues, que la Junta del Liceo no obtuvo nada, a cambio de transferir tan valiosa propiedad, basados erróneamente en un decreto ejecutivo que, hasta un estudiante de secundaria conoce, tiene rango inferior a la ley Oduber. Pero todavía hay más: ¿Cuál sería el destino de ese gran terreno?

Pues, amigos, siguen las sorpresas. Aunque se dice que será para el proyecto de la llamada “Ciudad Gobierno”, el asunto tiene sus aristas. En el mal redactado, además, convenio de cooperación (que debería llamarse de cesión) leemos que “LA JUNTA se compromete a otorgar el uso de la finca” de tal manera que el Ministerio de Educación “podrá disponer del terreno en el más amplio de los sentidos que la normativa vigente lo permita”, lo cual incluye el desarrollo de la “Ciudad Gobierno”. Como el diablo está en los detalles, hay que vislumbrar los alcances de ese párrafo.

Sobre “Ciudad Gobierno”, vemos que el proyecto todavía no tiene fecha de inicio ni un cronograma realista, por lo cual, no se tiene idea de cuántos años pasarán antes de que, el traspaso gratis de los 10 mil metros cuadrados del Liceo tenga la justificación que ahora se argumenta. Lo único concreto, vaya paradoja, es que el contrato de arrendamiento que obliga al MOPT a cancelar una suma mensual, se extingue en seis meses. Si esa no fuere la maniobra en contra del Liceo de Costa Rica, al menos podrían haber propuesto, como acto de buena fe, que la suma equivalente a la comprometida por el ministro Amador, hubiese sido asumida por la ministra Müller, aunque, aclaramos, ello no salvaría el tal convenio de la ilegalidad que lo caracteriza.

Asimismo, también se ha sugerido, que el Gobierno, para su “ciudad”, mejor hubiera propuesto un proyecto de ley, mediante el cual quizá se habría autorizado la ejecución de un proceso de expropiación, que eventualmente condujera hacia la determinación de un “justi precio”, según la normativa vigente, para que la Junta del Liceo propiciara, digamos, la creación de un fideicomiso, por ejemplo, con el Banco de Costa Rica, para la administración de los dineros que eventualmente se recibieren. Con los intereses de una cuidadosa inversión, la Benemérita Institución, sus estudiantes, y la Patria, verían cómo el Liceo, fundado en 1887, retomaría la senda brillante que tanto prestigio y beneficios, le dieron a la sociedad costarricense, y que ahora por falta de recursos financieros, tiene dificultad de cumplir.

Pero, en fin, como las acciones atropelladas siempre van acompañadas de errores de bulto, la inevitable nulidad del convenio “del atolillo con el dedo”, permitirá ejecutar las correcciones necesarias. La añeja idea de la “Ciudad Gobierno”, atractiva para quizá la mayoría de los costarricenses, no merece un manejo preliminar tan incompetente. Como parte de un proceso de planificación formal, requiere de los mejores profesionales que lo dirijan, lo coordinen, lo orienten. Algo que no parece esté cumpliendo bien la ministra de Vivienda, asignada para ello, quien, desde su función, era su deber haber advertido a sus compañeros ministros, y a la Junta del Liceo, que estaban siguiendo un camino equivocado.

Una razón instrumental perversa

Escrito en . Publicado en Análisis, Aportes para el desarrollo.

Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)

A esta hora, en este escenario y con la clase de actores que tenemos en juego, ningún espacio está vacío, ningún discurso es neutral, no hay nada que no quede sujetado a la dinámica del poder y sus estrategias.

En un contexto de ataques gubernamentales groseros al arte, la cultura y la educación, mediadas por la ética del recorte y la inanición como lev motiv, un nuevo capítulo en una disputa ideológica y (esta vez y por una vez más) política, se ciñe sobre los cimientos del Conservatorio de Castella, institución Benemérita de la Patria y que este año 2023 cumple 70 años de creación.

La disputa no es solo semántica ni retórica. Es política, ética, de sentido. Representa dos modelos de sociedad, dos tesis, dos idearios. No son solo modelos figurativos y organizativos, no es solamente una Junta administrativa versus una fundación: es una matriz histórica de comprensión del funcionamiento de las dinámicas sociales y culturales.

Una tesis defiende los principios, el origen público de la institución y por consiguiente su naturaleza, enfoque y perspectiva incluyente. La otra argumentación se ampara en la dimensión privada, el valor de un bien como el arte en su escala absolutamente monetaria, la mercantilización de la estética como objetivo.

Una tensión no resuelta entre ambas tesis continúa hoy, ahora, del plano discursivo al jurídico, del institucional al político. En medio de la disputa que lleva ya varios años, sobresale el ideario cuya visión defiende la posesión de los bienes patrimoniales del colegio como idea fuerza. Para esta visión, hasta el escudo pareciera adquirir valor de cambio, restándole su significado simbólico como icono representativo de la expresión del arte universal.

En su propuesta analítica acerca de la razón instrumental Max Horkheimer lo define como aquel razonamiento lógico utilizado para obtener un beneficio propio y particular. En este caso se adivina la perversión de la propuesta; una razón instrumental maniquea.

Los argumentos esgrimidos sobre el resguardo de un legado histórico, sus bienes y su significado amparado en la supuesta idea de un bien común deben ser falseados. Cualquier tesis acerca de la naturaleza privada del Conservatorio de Castella debe cuestionarse. Así lo indicó un histórico fallo de la sala constitucional en 2001. A ese fallo debemos remitirnos.

Cada vez que la tesis economicista argumenta su propiedad sobre los bienes patrimoniales y aun sustantivos de la institución debemos hacernos y hacerle algunos cuestionamientos:

¿Quién garantiza que tras la supuesta protección privada de los bienes patrimoniales del Conservatorio Castella, no se esconde una figura de voracidad empresarial dispuesta a disolver la esencia del legado del maestro Arnoldo Herrera González? ¿Quién o quiénes, con qué capital y donde se originó el mismo, están tras esta propuesta? ¿Existe articulación orgánica entre esta entidad de naturaleza privada y algunos mandos con injerencia en ministerios del actual gobierno? ¿Cuáles son sus intenciones?

No es menor que esta disputa se desarrolle justamente en un momento histórico donde la hipótesis sobre el valor subsidiario del arte y la cultura ha ganado espacio y legitimación en la opinión pública.

Muchas veces sobre este tema me he preguntado si quedarme al margen mientras otros se zanjan en la lucha por la defensa de los principios públicos y horizontales que fueron la declaración de principios con los que se creó el Castella. Ahora no me lo pregunto: acciono y aporto como sociólogo, comunicador, artista, docente surgido de las entrañas de esta emblemática institución costarricense. Esta institución me dio lo que soy: le debo por ejemplo el Premio Nacional en Literatura en la rama de ensayo sobre las movilidades humanas en 2019. Desde este lugar de reconocimiento hablo.

Los argumentos están expuestos. Al Teatro Arnoldo Herrera González hay que devolverle su garbo, su color original, su significado. No hay que pasarle candado ni mucho menos pensarlo en un futuro como meca del mercado más ambicioso y descarnado. Si eso ocurriera, habríamos enterrado el legado impulsado por el benefactor Millet de Castella y el maestro Herrera.

Una vez en el colegio en sus instalaciones históricas en Barreal de Heredia, Don Arnoldo detuvo a mis padres para sugerirles que me compraran libros, ya que el pensaba que yo me dedicaría a la escritura. Tenía yo 7 años. Esta impronta previsora que todavía nos alcanza es la que hay que defender con pasión y razonamiento. Restarle a esa perversa razón instrumental economicista y minimalista el poder que se ha otorgado a sí misma.

Ponerla en su lugar.

¡Defendamos el Castella!

Escrito en . Publicado en Cultura.

De nuevo la integridad del Conservatorio de Castella está en peligro. El Benemérito Conservatorio de Castella es público, siempre lo ha sido, fue fundado público y mi padre, el fundador, Arnoldo Herrera, siempre tuvo claro que la única posibilidad de existencia de la institución es que fuera público.

La planilla de educadores siempre ha sido pagada por el Estado, el teatro en La Sabana fue construido con fondos públicos (hasta placa de la administración Orlich tiene) y la finca en Barreal de Heredia se adquirió con bonos del Estado.

De nuevo hay intereses privados y privatizadores que quieren vender la propiedad del teatro en La Sabana a una corporación. Eso no puede permitirse. Las autoridades del MEP estarían cometiendo un grave error si abren la puerta a esos intereses.

En los 70 años de existencia del Castella, y en los 100 años de nacimiento de don Arnoldo, la comunidad Castella y el país debemos defender la condición pública de esta benemérita institución y su integridad.

Por favor colaboren enviando a sus contactos. Mauricio Herrera Ulloa.

El uso engañoso de la evaluación para justificar el cierre del PRONIE (MEP-FOD)

Escrito en . Publicado en Educación.

El Colectivo Mujeres por Costa Rica, y la Comisión Inter-institucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizados de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense, manifiestan su profunda preocupación y rechazo ante el cese del convenio con la Fundación Omar Dengo (FOD) y el Programa Nacional de Informática Educativa del Ministerio de Educación (PRONIE-MEP), a la vez hacen un llamado de atención sobre las razones esgrimidas para ello.

El acuerdo, tomado por el Consejo Superior de Educación, y anunciado por la Sra. Ministra Katharina Müller en una conferencia de prensa, deja sin efecto del Programa Nacional de Informática Educativa (PRONIE), sin que se hayan propuesto medidas alternativas para continuar propiciando el alfabetismo computacional de nuestro estudiantado, causándole así un perjuicio en contra de sus intereses educativos, sobre todo considerando la importancia fundamental de las competencias en informática educativa para el desarrollo  de las personas en las sociedades actuales.

Las consecuencias nefastas de estas decisiones han sido ampliamente expresadas por diferentes grupos, y nuestro colectivo desea sumar una preocupación más, la del uso engañoso y malintencionado que hace el MEP, en la persona de su ministra, de los resultados de una evaluación, para justificar el cese del PRONIE.  Esta decisión, ha dicho la ministra, estuvo sustentada en los resultados negativos de evaluaciones realizadas por parte de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales) y la Contraloría General de la República. Sin embargo, ambas entidades han aclarado públicamente que reconocen los logros del PRONIE y recomiendan medidas para su mejor desarrollo.  Es más, en la evaluación ejecutada por FLACSO, las personas estudiantes realizaron pruebas sobre los aprendizajes esperados, y con estos datos se generó evidencia, por medio de modelos estadísticos, para afirmar que, a más años de exposición a la temática de informática educativa, mejor es el desempeño en habilidades de resolución de problemas, y en comunicación de resultados. Aunque el anterior es uno de los hallazgos más relevantes de la evaluación, habiéndose documentado de manera rigurosa esos impactos positivos en los aprendizajes (cosa que es infrecuente en nuestro país), la ministra, en su justificación para el cierre del programa, solo se refiere a datos tangenciales, secundarios, de la evaluación, tales como el grado de conocimiento del PRONIE que expresan otros docentes del centro educativo. De ahí nuestra valoración en cuanto a una interpretación sesgada, malintencionada y engañosa, de los resultados de una evaluación.

A partir de los impactos positivos hallados por la evaluación de FLACSO, la conclusión es clara en cuanto a que es incorrecto eliminar de un plumazo un programa donde existe evidencia de efectividad, y fue precisamente esa evaluación la que permitió identificar los avances y también los asuntos por atender, sobre todo a nivel de gestión y administración del programa, aspecto que es fundamental para su mejora continua.

Siguiendo los mismos principios evaluativos, nos preocupa el abrupto cese del PRONIE, ante la ausencia de una propuesta alternativa concreta, operacionalizada, validada y aprobada debidamente para brindar esa valiosa formación en que han participado miles de estudiantes, y cuyos aprendizajes favorecerán su desarrollo a lo largo de sus vidas. Ciertamente cualquier propuesta alternativa debería haber mostrado previamente evidencia científica de su efectividad, por medio de la realización de estudios piloto, por ejemplo.

En respeto a nuestra tradición costarricense de más de 150 años de educación gratuita, obligatoria y costeada por el Estado, y en respeto a la evaluación educativa como disciplina científica, que utilizada adecuadamente nos permite corregir y mejorar, esperamos, entonces, por un lado, una respuesta clara, contundente y seria por parte de las autoridades gubernamentales sobre la atención que brindarán a nuestro estudiantado para salvaguardar su derecho constitucional a una educación de calidad, en el área de la informática educativa. A la vez, solicitamos a las autoridades del MEP mayor compromiso y transparencia para utilizar de manera válida los resultados de evaluaciones, que, como en este caso, se realizaron con la necesaria fundamentación a nivel científico y ético, y cuyos fines no son punitivos, sino de mejoramiento.

Por el Colectivo Mujeres por Costa Rica:

Dra. Alicia E. Vargas Porras

Dra. Eiliana Montero Rojas

Dra. Susan Francis Salazar

Dra. Yamileth González García

Dra. Yolanda Rojas Rodríguez

Dra. Lupita Chaves Salas

Lic. Josefina Pujol Mesalles

Lic. Vera Sancho Mora

M.Sc. Karla Salguero Moya

Dra. Virginia Ramírez Cascante

Por la Comisión Interinstitucional de Estándares de Calidad para Pruebas Estandarizadas de Alto Impacto en el Contexto Académico y Profesional Costarricense:

Graciela Ordóñez Gutiérrez
Máster Académica en Evaluación Educativa
Doctora en Educación
Docente universitaria

María Julieta Solórzano Salas
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa
Docente universitaria

Eiliana Montero Rojas
Doctora en Evaluación Educativa

Diana Arce Flores
Doctora en Ciencias de la Educación
Máster en Evaluación Educativa
Administrativa-docente

Catalina Espinoza Sáenz
Máster en Evaluación Educativa
Educadora

Sandra Zúñiga Arrieta
Máster en Evaluación Educativa
Educadora

Dr. Allen Quesada Pacheco
Doctor en Currículo e Instrucción y M.A. en Tecnología Educativa
Programa de Evaluación en Lenguas Extranjeras, ELM

M.Sc. María del Rocío Ramírez González
Analista Curricular

MTE. Juan Carlos Mora Hernández.
Máster en Tecnología Educativa (ITESM)
Educador Pensionado

Dra. Vanessa Smith Castro
Psicóloga
Instituto de Investigaciones Psicológicas
Escuela de Psicología
Universidad de Costa Rica

María Paula Villarreal Galera
Máster en Evaluación Educativa

Yency Calderón Badilla
Docente universitaria
Máster en Evaluación Educativa

San José, 18 de mayo 2023.

Correos

Colectivo Mujeres por Costa Rica: mujeresporcr@gmail.com -Comisión Interinstitucional: GRACIELA.ORDONEZ@ucr.ac.cr
(Coordinadora)

La FOD, el MEP y el futuro de las TIC

Escrito en . Publicado en Análisis, Educación.

Deyanira Sequeira

El informe 2023 de EDUCASE[1] nos permite enfocarnos con mejor claridad frente al enfrentamiento que se ha dado entre el MEP FOD. No son tiempos para desgastarnos en discusiones pasadas sobre el derecho que tenía el PLN de privatizar los servicios educativos en el país (al menos uno de los más relevantes: las TIC, tecnologías de información y comunicación), o de cómo administrar los recursos acumulados en los últimos 37 años por la FOD.

La discusión debe ser un enfoque conjunto con miras al futuro y el papel de las TIC en la educación costarricense. No hemos escuchado ninguna mención, dentro de la discusión aludida, al papel de la inteligencia artificial (IA) que ha cambiado ya la forma de enseñar y aprender. No sólo, como indica el estudio, en el campo de la educación universitaria, sino en todos los niveles. No vemos surgir grupos de educadores, o sus sindicatos, inquietos por las implicaciones que la IA tendrá, no sólo en los métodos de enseñanza, sino y mucho más preocupante, en la posibilidad de que muchos empleos desaparezcan, y en el impacto que la IA tendrá en los estudiantes, en su bienestar, en sus vidas.

Por eso el informe que comentamos es importante, y deberían de leerlo doña Pilar y los personeros del MEP. También es un recordatorio para la FOD, tan enfocada en enseñar programación, cuando ya la IA hace innecesaria esa tarea. Enseñar a pensar críticamente puede hacerse usando otras estrategias, sobre las cuales hemos escrito en otro sitio*.

Analizar los temas que los panelistas de EDUCASE han indicado como urgentes y relevantes: “la suplantación de la actividad humana con poderosas nuevas capacidades tecnológicas y la necesidad de más humanidad en el centro de todo lo que hacemos”.

Tendencias : los panelistas de EDUCASE identificaron cinco tendencias en los ámbitos económico, social, ambiental, político y tecnológico. A) Social, en donde se enfatiza la demanda de los estudiantes por un aprendizaje flexible, el aprendizaje equitativo e inclusivo, y los cambios rotundos en los sistemas de evaluación, inclinándose por los microcredenciales. B)Tecnológico, en donde se enfatiza en la IA como corriente preponderante en el futuro, la enseñanza híbrida, y las tecnologías que permiten que todos puedan crear contenidos digitales. C) Económico: la brecha por falta de recursos, y la presión para que las escuelas hagan más con menos recursos, y la “demanda de aprendizaje permanente en el lugar de trabajo”. D) Ambiental: no hemos escuchado mucho sobre cómo el cambio climático está afectando la enseñanza y nuestras vidas. Algunos programas aislados en las escuelas han empezado a introducir los ODS dentro del currículo, pero debería de generalizarse la política. ¿Qué papel debe jugar la tecnología para impulsar estos cambios? E) Político: se estudian los fenómenos de la desinformación y la posverdad, impulsados, muchas veces por los gobiernos, cómo crece el nacionalismo en el mundo, y cómo los partidos políticos no se interesan por estudiar estos asuntos álgidos para la democracia, sino que se dedican a charlas insustanciales de búsqueda de poder. Aunque el estudio se centra en los EUA, su alcance es universal.

Los panelistas de Horizon analizan cuáles serán las tecnologías claves y las prácticas potenciales y la IA e IA generativa aparecen en primer lugar. Otro desarrollo es que las modalidades de aprendizaje se complementan, así como la modalidad de aprendizaje híbrido, y los cambios en los sistemas de evaluación, surgiendo las microcredenciales como alternativa. También hay una preocupación por acercar a los estudiantes a comunidades en que se sientan acogidos. Los impactos que tendrán las prácticas futuras se aplican no solo a universitarios sino a todos los niveles: “equidad e inclusión, resultados del aprendizaje, riesgos, alumno e instructor receptividad, costo, nueva capacitación requerida por parte de estudiantes e instructores, y el impacto potencial en la institucionalidad, metas estratégicas”.

Escenarios: de igual forma se hace un análisis de escenarios futuros, que pueden aplicarse también a otros niveles de enseñanza, como las enseñanzas que nos dejó la pandemia: modalidades de enseñanza en línea y uso intensivo de las TIC. En otros países, se empezó inmediatamente a incorporar las TIC al currículo, y se dejó atrás la prácta de crear laboratorios especializados en informática. Las TIC permean todo el sistema, desde la parte administrativa, la de enseñanza y evaluación. Frente a la enorme brecha digital y carencia de recursos, se abren posibilidades: en vez de dotar de una tableta a cada estudiante, dotarlo de un celular. Es un mínimo con el que se puede empezar. Aprendizaje personalizado e interinstitucional, grandes redes como las formadas en España, en Uruguay, o en México.

Que hacer? La FOD y el MEP, junto con los sindicatos deberían plantearse qué hacer hoy para enfrentar este futuro? ¿Qué planes pueden presentar a la Asamblea Legislativa? Este informe de Horizon es una excelente guía pues toma en considración la educación de adultos, la investigación, la docencia, estrategias para zonas desfavorecidas, equidad, accesibildad, espacios de aprendizaje que involucren a las municipalidades y bibliotecas públicas, todos los recursos posibles. Mucho en lo que se puede colaborar como adultos interesados en la educación de este país.

[1] Informe EDUCAUSE Horizon 2023
Edición de enseñanza y aprendizaje

*https://wakelet.com/@sdeyanira_xu8k4

Especialistas de la UNA presentan propuestas frente a Ruta de la Educación

Escrito en . Publicado en Derechos, Educación.

Tras analizar la Ruta de la Educación 2022-2026 y coincidir en que el documento—presentado en formato Power Point por el Ministerio de Educación Pública (MEP)—tiene serias carencias, especialistas de la Universidad Nacional (UNA) plantearon propuestas que responden a las necesidades educativas del contexto actual, durante el panel “Ruta de la educación: Retos y propuestas”, realizado el pasado 24 de abril en modalidad virtual.

“Las universidades públicas somos instituciones clave para la investigación y análisis de la realidad educativa del país y también en la generación de propuestas que puedan enriquecer esta Ruta de la Educación, así como las políticas educativas”, afirmó Dora Hernández, moderadora y coordinadora de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia, entidad encargada de la organización del panel, junto al Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia (INEINA).

“Hay ideas (en la Ruta de la Educación) que suenan preciosas, por ejemplo que al 2026 estaría todo escolarizado, el bilingüismo, la tecnología… Pero sabemos que eso no es verdad. Obviamente este tipo de propuestas se hacen en mejora de la educación, de la sociedad, del país, pero ¿han visitado las escuelas, las aulas? ¿se considera todo el contexto?”, cuestionó Vivian Patiño, académica de la División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) de la UNA y docente de preescolar del MEP.

En esa misma línea, Norman Solórzano, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y director del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO), calificó la propuesta del MEP como “un conjunto de buenas aspiraciones”, que está muy lejos de contener los elementos para ser considerado una verdadera política de educación.

Entre esas aspiraciones, Solórzano destacó “calidad educativa con equidad”, la cual—dijo—no puede asegurarse haciendo abstracción de las condiciones reales de vida de las personas que participan en los procesos educativos. Añadió que el documento carece de acciones concretas para lograr la disminución de las desigualdades que empiezan a ser intolerables y constituyen el principal obstáculo para lograr esa educación.

Pablo Chaverri, académico del INEINA coincide en que la Ruta de la Educación presenta objetivos demasiado generales, sin desagregación ni articulación con acciones. “Hablamos de un documento sin contenidos detallados, ni estructura ni organización, lo cual nos hace preguntarnos cómo se va llevar a cabo y cómo se le va a dar seguimiento”, subrayó.

Inmersión en las aulas

Frente a un documento “muy limitado” y tomando en cuenta las necesidades educativas del país, los especialistas de la UNA plantearon propuestas concretas para responder a los desafíos en esta materia.

Desde su doble rol como pedagoga y como docente del MEP, Vivian Patiño propone una inmersión en el aula de las personas en el MEP encargadas de dictar estos planteamientos. “Ellos tienen que acercarse a la realidad, notar los diferentes contextos, tener una visión más cercana de lo que está sucediendo en las aulas, desde la infraestructura, hasta la parte de la calidad profesional”, enfatizó.

También se refirió a la importancia del trabajo en equipo. “Una triada entre la familia, la comunidad y la escuela es fundamental para que logremos avanzar todos en la misma sintonía”.

Asimismo, destacó la calidad docente como un elemento esencial. “Todo va enlazado, pero sobre todo tener muy bien focalizado qué es lo que queremos alcanzar”, insistió.

¿A qué apuntamos?

El académico del INEINA, Pablo Chaverri, considera indispensable privilegiar metas de aprendizaje y desarrollo. “Necesitamos saber a qué apuntamos y es el aprendizaje y el desarrollo. Necesitamos monitorear el progreso para tomar medidas en función del desarrollo”, destacó.

En el tema de infraestructura, Chaverri propone realizar un diagnóstico-plan detallado de necesidades y acciones. “Si no tenemos ese detalle, no podemos hacer promesas de cuánto tiempo se va a durar en cada caso; hay diferencias muy importantes entre centros educativos, que deben tomarse en cuenta”.

En lo referente a equidad, el especialista del INEINA estima que es preciso partir de que hay diferentes puntos de salida y condiciones diferentes, con el fin de llevar una educación que sea sensible a las diversas necesidades y capacidades.

Para Chaverri, no puede haber un sistema educativo de calidad sin docentes de calidad, por lo cual considera necesario que el país cuente con acreditación obligatoria de calidad de la formación inicial, prueba de conocimientos y habilidades, así como articular la contratación e incentivos con el aprendizaje del estudiantado.

En evaluación, el académico afirma que es preciso avanzar hacia un sistema centrado en los aprendizajes y la retroalimentación, que sirva como insumo para la formulación de un plan de mejoramiento del aprendizaje.

Norman Solórzano, académico de la Facultad de Ciencias Sociales y director del IDESPO, plantea recuperar el sentido de la Ley Fundamental de Educación, que habla de que el sistema educativo debe buscar el desenvolvimiento de capacidades humanas, personales y sociales con los valores de convivencia y solidaridad, equidad y paz.

Además, considera que se debe desplegar un proceso de educación comunitaria que permita a las comunidades un involucramiento proactivo e informado para asumir corresponsabilidades tanto en la gestión de los centros como en el curriculum.

También propone la revisión de los procesos formativos universitarios del cuerpo docente.

Por último, el director del IDESPO propone impulsar un diálogo abierto, público y sincero con sectores productivos, culturales, sociales, organizaciones y gobiernos locales, entre otros, en un marco mayor de una visión de desarrollo, con el fin de contemplar de forma articulada e integrada, las necesidades, oportunidades y aportes que puede hacer la educación.

Para Ana María Hernández, académica de la carrera de Pedagogía con énfasis en Educación Preescolar y Primera Infancia—quien tuvo a su cargo las conclusiones del evento académico, los planteamientos de los expositores coinciden con el informe de la Unesco 2021, que indica que la transformación profunda de la educación es tarea de todos, de la comunidad educativa y la sociedad, donde los padres de familia juegan un papel muy importante.

“Esa visión de transformación educativa desde una visión de cooperación, de colaboración, una visión solidaria, no verticalista, no cortoplacista, necesitamos que realmente se hable de una política educativa que trascienda los gobiernos, que sea con una visión de Estado”, subrayó.

Se refirió además al impacto del desempeño de los docentes en la calidad de la educación. Al respecto, citó una investigación que muestra que los estudiantes asignados a docentes con alto desempeño lograran avances tres veces más rápidos que alumnos con docentes de bajo desempeño. “Es decir, que la calidad de la educación tiene su techo en la calidad del profesorado”, señaló Hernández.

“Como universidades públicas, hemos estado y siempre estamos abiertos y dispuestos a involucrarnos con las autoridades del Ministerio de Educación Pública que tengan estas tareas porque tenemos muchísimo que aportar a esa transformación que requiere la educación y uno de los aspectos más importantes en los que estamos comprometidos es justamente la formación de un pedagogo de calidad con una formación integral”, enfatizó la especialista del CIDE.

Oficina de Comunicación
Universidad Nacional, Costa Rica

 

Imagen ilustrativa, UCR.

Convenio entre el MEP y AMCHAM

Escrito en . Publicado en Educación.

El Ministerio de Educación Pública decidió finalizar el convenio de cooperación con la Fundación Omar Dengo, y en su lugar, crear uno nuevo con la Asociación Cámara Costarricense – Norteamericana de Comercio (AMCHAM).

El nuevo acuerdo está firmado por la ministra Anna Katharina Muller Castro y la presidenta de AMCHAM Silvia Patricia Castro Montero.

El documento del convenio fue compartido con SURCOS por el doctor Óscar Aguilar Bulgarelli. Puede descargarse en el siguiente enlace:

CONVENIO-MEP-AMCHAMDescarga