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Etiqueta: mercantilización

Bioinsumos corporativos: Interés genuino o negocio interesado

Observatorio de Bienes Comunes, UCR

Aprovechamos la publicación del informa de GRAIN «Bioinsumos corporativos: El nuevo negocio tóxico de la agroindustria» para reflexionar sobre esta tendencia que está impactando los campos y la producción agrícola a nivel mundial. Nos preguntamos ¿Cuáles son las tensiones que representa esta incursión corporativa?

Para las personas campesinas, los bioinsumos representan saberes y prácticas cotidianas que han utilizada generación tras generación, al mezclar diversos productos naturales para buscar la protección y fertilización de sus cultivos y suelos. Sin embargo, desde 1990 diversas compañías han empezado a explorar estos saberes y prácticas con el fin de generar «oportunidades» de negocios para la venta, sin embargo, en este proceso tenemos acciones que van desde la privatización a través de patentes de procesos y secuencias genéticas hasta modificaciones genéticas.

Con el incremento de las afectaciones del uso de agrotóxicos y la oleada de prohibiciones de este tipo de sustancias en distintos países, ha generado un interés creciente de estas empresas por impulsar esta rama de negocios, dado que al mismo tiempo, representa una «alternativa» más rápida y barata, sin embargo, para estas mismas corporaciones, sus prácticas no desaparecen, y desarrollan mecanismos de uso similares a los agroquímicos, es decir, usos intensivos de aplicación.

El dato más significativo y que refleja el tipo de interés que sostienen estas empresas, es que estos bioinsumos corporativos se presentan como «complementos» a sus paquetes de agroquímicos, es decir, dependencia a los «cocteles» de siempre.

Les invitamos a reflexionar sobre estas tendencias «amigables» al ambiente, que siguen profundizando las estrategias de «greenwashing» corporativo.

Derechos Humanos al mejor postor: Mercantilización de la lucha LGBTI

Eduardo Muñoz
Comunicador Social y Activista de Derechos Humanos

Si hay algo es perverso es poner signo de colones a las luchas por construir una sociedad inclusiva y respetuosa de los Derechos Humanos, y para muestra un botón multicolor de la organización del Mes de la Diversidad en Costa Rica.

Mientras en las década de los ochenta y noventa el país vivió una cruenta persecución de parte de los órganos de seguridad del Estado Costarricense, que sin duda se puede calificar como tortura de Estado, en la actualidad el Mes de la Diversidad se concentra más en generar ingresos con actividades con precios absolutamente prohibitivos para la mayoría de la población costarricense.

Al igual que en otras latitudes, lo que deberían ser actos conmemorativos por las personas que mancharon con su sangre las cárceles durante las golpizas recibidas en comandancias policiacas, o por quienes durante décadas tuvieron que vivir con los consecuencias de las torturas psicológicas recibidas por agente policiales, se terminó convirtiendo en una charanga multicolor sin contenido político y vacía de reflexión. Como evidencia el concierto de una otrora reconocida cantante mexicana de los años noventa, que para presenciar sus carencias vocales habrá que pagar entre $200 y $30 para quienes con pocos recursos se tendrán que conformar con estar de pie en la gramilla del Estado Nacional. Igualmente con el resto de actividades, que al estilo de una suerte de Hollywood tico, tendrán su alfombra roja en un hotel en las inmediaciones de Belén, Heredia, y de nuevo, nada es absolutamente gratis. Como ya sucedió en otros países, la comunidad LGBTI paga tarifas mucho más elevadas que el promedio de la población en general, hasta para comprar una botella de agua habrá que destinar un cantidad importante.

De hecho, no está mal que empresas privadas hagan aportes a causas como estas, el punto en discusión es dónde está la frágil frontera entre la conmemoración y hasta dónde el dinero de patrocinadores solo tiene como objetivo el mercadeo dirigido a una población que se supone con mayor capacidad adquisitiva, sin reflexionar en los aportes que otras generaciones hicieron para poner en discusión pública que todas las personas tienen los mismos derechos, sin distingo de ningún tipo.

A excepción de la marcha del domingo 26 de junio, las actividades pagadas seguirán siendo excluyentes para muchas personas, y pensando en términos geográficos están pensadas para el Gran Área Metropolitana. En ese sentido, se debe apuntar que según el último Estado de la Nación las personas que habitan en la ruralidad se ubican en los quintiles de menores ingresos y son excluidas del desarrollo social costarricense.

Pero esa transformación que se vive dentro del movimiento LGBTI costarricense contemporáneo tampoco es ajena de otros similares. Por ejemplo, el Día Internacional de las Mujeres ha sufrido un vaciamiento histórico, y con el “apoyo” de empresas privadas se ha convertido en una fecha para la comercialización de productos del cuidado personal, moda y zapatería. Incluso el ideario político de Ernesto “Che” Guevara hace décadas terminó reducido a productos mercantilizables para las posteriores generaciones “progres”, que estampan la clásica foto del revolucionario en tasas, camisetas, libretas, cuadernos y afiches que adornan más de una oficina; todas imágenes vaciadas del contenido político y que el mercado capitalista hábilmente lo asumió como un producto más para este sector de consumidores específico.

En el fondo la cuestión es si la comunidad LGBTI se siente representada por estas actividades comerciales que año con año van borrando de nuestra historia las luchas frontales que se dieron contra el Estado, y cómo con productos de marketing se ha diluido la huella de la sangre y las dignidades humanas arrasadas por las clases políticas dirigentes hoy bañadas con discursos de una diversidad inofensiva, pero que esquiva realizar cambios sustanciales y más bien sigue firme en sus acuerdos con los sectores conservadores político-religiosos que han surgido recientemente en Costa Rica y América Latina que cuestionan los avances en materia de Derechos Humanos a luz de sus creencias religiosas.

No sería de extrañar que como fruto de esos acuerdos el Estado se de a la tarea de “revisar” el camino recorrido hacia la igualdad, mientras los liderazgos LGBTI se siguen conformando con marchas coloridas sin propuestas de transformación política de fondo.

La igualdad, la equidad y la inclusión han costado sangre, dolor, humillaciones y persecución para quienes se atrevieron a exigirla, nada ha sido gratuito ni espontáneo.

Foto Anel Kenjekeeva

Detrás del discurso decolonial se esconde la mercantilización de cuerpos indígenas

Desde el Movimiento Indígena Interuniversitario nos sentimos sumamente indignadas (os) y molestas (os) con las actitudes de cierta persona, cuyas publicaciones y posicionamientos, según ella antiracistas e indigenistas, se han vuelto virales en los últimos días. Es a partir de esta preocupación, que la compañera Yanory Rojas nos comparte el siguiente comunicado, el cual esperamos aclare un poco la realidad como en verdad es, y que logre desmentir los «argumentos» planteados por esta persona, los cuales consideramos carecen de todo tipo de fundamento.

Detrás del discurso decolonial se esconde la mercantilización de cuerpos indígenas

Yanory Rojas Morales, indígena de la comunidad de Boruca y antropóloga.

El racismo es una de las múltiples formas de opresión, manifestado de diversas maneras; claramente los cuerpos de mujeres indígenas, históricamente, han sido presa de este problema social y político. Es un problema estructural, que personas escondidas detrás de bambalinas blancas tergiversan en beneficio propio.

Entre ayer y hoy recibí capturas de pantalla donde Stephanie Chaves hace referencia a una serie de afirmaciones y posicionamientos, dejando en claro por qué el racismo y lo que pasa en Estados Unidos tras el cruel asesinato de George Floyd no es un evento reciente, ni aislado.

Como yo, hay cientos de mujeres indígenas en Costa Rica quienes tenemos un legado ancestral, el cual trasciende nuestro color de piel (dicho sea de paso, la “piel café” no existe). El llamarse indígena no se autoimpone, es el resultado de todo un bagaje cultural construido por años, transmitido de generación en generación. Es un proceso colectivo complejo. Si bien es cierto que muchas (os) hermanas (os) indígenas han crecido fuera de los territorios originarios, siempre hay un ancla firme que les remonta a sus madres, padres o abuelos (as).

Al leer las publicaciones de Stephanie Chaves solo puedo ver la burla sin mesura a los pueblos originarios, reproduciendo un discurso sumamente peligroso y violento, detrás de un “le puedo educar”. Solo esa afirmación ya establece una superioridad. Cobrar dos dólares por “educar” o autoproclamarse “especialista” no sólo a costa de mujeres indígenas, sino de mujeres afrodescendientes, es una total contradicción con lo que usted misma profesa. Es caer en apropiación cultural, y lo hace porque ciertamente es una mujer con privilegios.

Cuando usted menciona que es la única mujer feminista indígena de Costa Rica en el spotlight, ignora las verdaderas luchas de mujeres indígenas que están colocando sus cuerpos en la recuperación de tierras al sur del país, invisibiliza el ímpetu de doña Luisa Bejarano, mujer ngäbe que encabeza la lucha por la cedulación. Ofende a las hijas, nietas, sobrinas de Paulina Leiva, hablante fluida del idioma brunca, quién no cobró un solo colón para difundir su conocimiento. Lo importante para estas mujeres no es el dinero, es el bienestar colectivo, es la lucha por mantener vivas las raíces. Desde su spotlight resulta muy cómodo lucrar con las luchas de otras mujeres. Eso es racista, colonial y mercantilizar cuerpos. Eso no es feminismo.

Así, la invito cordialmente a dos cosas:

1) LEER. Los términos con los que se refiere a población racializada son sumamente despectivos y obsoletos. Ejemplos: nativas, lengua nativa, indianismo, gente negra. De paso puede aproximarse a discusiones epistemológicas de mujeres indígenas, le menciono una: el feminismo comunitario.

2) Desde este colectivo la invitamos a una conferencia virtual para discutir acerca de estas realidades de las que usted se ha apropiado, desde luego, en compañía de mujeres indígenas con años de trayectoria desde distintas trincheras.

Publicado en https://www.facebook.com/218212191590385/posts/3002862643125312/

Enviado a SURCOS por Movimiento Indígena Interuniversitario de Costa Rica -miintù-

La vivienda adecuada a partir del COVID-19

Pablo Acuña Quiel, arquitecto

Ahora que se revisa de forma consensuada la importancia de la Caja Costarricense del Seguro Social para nuestro estado social de derecho, es pertinente incluir dos antecedentes que si bien pasarán a fortalecerla, se vuelven vitales para reposicionar las posibilidades de la vivienda en la coyuntura actual.

Se trata de la Junta Nacional de Habitación (Ley No 37 del 23 de diciembre de 1940) y la Cooperativa “Casas Baratas La Familia” (Ley No 190 del 14 de agosto de 1942), las cuales representan dos ejemplos de políticas públicas adelantadas para su época.

La primera leía el contexto y reconocía a la venta y al arrendamiento como las formas de uso de las nuevas viviendas; de forma visionaria iniciaba lo más parecido a un banco de tierras en las ciudades cabeceras de provincia del valle central; el carácter no estático de la vivienda se evidenciaba al atribuirse su estudio por todos los medios; y aunque ya la antecedían muchos años de higienismo, insistía en pronunciarse vinculantemente respecto al combate del hacinamiento a una escala complementaria de la municipal; finalmente establecía que la relación entre el precio de construcción y el de venta solo se incrementaba en un 5%.

Por su parte, el mayor aporte de la Cooperativa fue la fijación del costo máximo de cada vivienda con lote (7000 colones), así como el establecimiento de una relación con el sueldo máximo de la población beneficiaria (250 colones al mes) cuya cuota o amortización debía estar en el rango del 6% y el 12% de su salario (de 15 a 30 colones), esto terminó definiendo períodos de 19 años para la cancelación total y dotó a una generación de la movilidad social que otorga vivir prácticamente en el centro de la ciudad, con el beneficio de todos los equipamientos comunales existentes; como ejemplos de esta cooperativa, la ciudad de Heredia cuenta con dos barrios: al norte del antiguo Hospital San Vicente de Paul y al oeste de la Escuela Cleto González Víquez.

¿Podemos encontrar en la actualidad una oferta de este tipo?

No, y es por eso que constituye un ejemplo valioso por retomar en un contexto donde se nos convoca a quedarnos en casa mientras muchos no tienen acceso al derecho humano a una vivienda, mediante un alquiler o la propiedad.

Como describía arriba, si las cuotas mensuales se asocian de manera semejante a un porcentaje del ingreso de un hogar, puede garantizarse la asequibilidad, la cual es uno de los siete elementos de lo que reconocemos como la Vivienda Adecuada de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas.

¿De cuánto porcentaje estamos hablando?

Según el Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, un parámetro aceptable es destinar el 30% a los gastos de vivienda, más allá de ese límite se comprometen las otras necesidades del hogar como sucede actualmente al haberse triplicado el promedio de su costo final en relación al promedio de los ingresos mensuales durante lo que llevamos del siglo XXI, esta tendencia debe revertirse con urgencia, en lugar de generar distracciones como las recientes opciones de financiamiento feriales donde se mantienen los precios elevados y se normaliza el sobre endeudamiento de los futuros propietarios.

El incremento en esta mercantilización de la vivienda se constituye en una forma violenta de expulsión de personas y en un obstáculo para el cumplimiento de las otras características de la Vivienda Adecuada: ubicación, accesibilidad, seguridad de la tenencia, habitabilidad, disponibilidad de servicios y adecuación cultural; también confirma que cuando la institucionalidad nacional se refiere al derecho a la ciudad lo hace en su versión más desteñida.

En la publicación del pasado marzo: “La vivienda se ha convertido en la defensa de primera línea contra el COVID-19″, la relatora especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada, Leilani Farha, expresó su preocupación por quienes viven en asentamientos informales, refugios de emergencia y las personas sin hogar, así como quienes están perdiendo empleos por lo que podrían atrasarse en sus hipotecas o ser desalojados.

Suscribo su opinión respecto a una serie de compromisos mínimos que deberían ejecutar los Estados ( y los gobiernos locales) para garantizar la protección de estas personas: “cesar todos los desalojos; proporcionar viviendas de emergencia con servicios para aquellos afectados por el virus y que deben aislarse; asegurar que la aplicación de medidas de contención (por ejemplo: toques de queda) no conduzca al castigo de nadie debido a su status habitacional; proporcionar igualdad de acceso a pruebas y atención médica; y proporcionar una vivienda adecuada que podría requerir la implementación de medidas extraordinarias según corresponda en un estado de emergencia, lo que incluiría el uso de unidades vacantes y abandonadas, así como alquileres disponibles de corto plazo.”

Imagen: https://www.mivah.go.cr/Documentos/precarios/Precario_Tugurio_GAM_Febrero_2005/Asentamientos_en_Precario_y_Tugurio_GAM_Febrero_2005.pdf

UCR: Mercantilización de la Educación Superior en América Latina

UCR Mercantilizacion de la Educacion Superior en America Latina

La Universidad de Costa Rica, en el marco de los 100 años de la Reforma de Córdoba y los 50 años de la Regionalización, se invita este próximo 29 de agosto a la 1:30 p.m. a la lección inaugural de la carrera de Trabajo Social: Mercantilización de la Educación Superior en América Latina, a realizarse en el Auditorio de la Sede de Occidente.

 

 

Enviado por Luis Alberto Soto.

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