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Etiqueta: MIDEPLAN

ANEP denuncia opacidad e imposición en proceso de reorganización del AyA

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en un comunicado titulado “Reestructuración oscura e improvisada en el AyA” publicado el 29 de julio de 2025, reaccionó con firmeza a la publicación del 28 de julio realizada por el presidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, sobre la supuesta aprobación de una “reorganización institucional” en dicha institución

ANEP cuestionó este anuncio, al considerar que el proceso ha sido impulsado de manera opaca, sin participación de las personas trabajadoras ni de las organizaciones sindicales.

Según la organización sindical, el contenido completo del documento de reorganización no ha sido divulgado, lo que constituye una violación al principio de publicidad de la información pública (art. 30 de la Constitución Política), así como al deber de participación establecido en la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno. La ANEP advierte que tampoco se han presentado estudios técnicos, financieros ni jurídicos que respalden la propuesta.

Para ANEP, lo que se presenta como un proceso de modernización en realidad representa una imposición unilateral que carece de legitimidad interna, evaluación objetiva y respaldo técnico validado. La organización denuncia que se abre la puerta a la tercerización de áreas sensibles, lo que pondría en riesgo la calidad del servicio público, encarecería los servicios básicos y afectaría la estabilidad laboral de quienes laboran en el AyA.

Ivone Mata, vicepresidenta seccional de ANEP-AyA, expresó en un audio difundido por la organización que la reestructuración ha sido manejada en total secretismo, sin participación ni respaldo técnico conocido, y que el documento no ha sido socializado. Alertó además sobre una posible intención de tercerización, lo que afectaría seriamente tanto la institucionalidad como los derechos laborales.

Por su parte, Edwin Marín Bonilla, presidente seccional de ANEP-AyA, recalcó que la oposición sindical no es por ocurrencia, sino producto de un análisis informado. Esta reorganización se ha manejado a espaldas de las personas trabajadoras y de la opinión pública. No se conocen los estudios que supuestamente la justifican. No se ha tomado en cuenta ni el sindicato legítimo ni ninguna otra organización dentro del proceso.

ANEP exigió de forma pública:

  1. Acceso inmediato al documento completo de reorganización institucional y sus anexos.
  2. Suspensión del proceso hasta que se garantice un espacio formal y vinculante de participación sindical.
  3. Responsabilidad directa al presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, a la gerente general Alejandra Mora Segura y a la Junta Directiva por los posibles efectos negativos de esta imposición.
  4. Intervención de la Contraloría General de la República, la Defensoría de los Habitantes y el MIDEPLAN, instando a que ejerzan sus funciones de fiscalización ante posibles incumplimientos legales.

Fuente imagen: ANEP

Los distritos y su nivel de desarrollo social, ¿adónde estamos en el mapa del desarrollo?

Los de mayor desarrollo en la GAM y los del menor desarrollo en las regiones periféricas

German Masís

Es posible que alguna vez nos hayamos preguntado cuál es el nivel desarrollo socioeconómico del distrito donde vivimos o del distrito donde nacimos o crecimos, pero la realidad del desarrollo de todos los distritos se revela en el Índice de Desarrollo Social de MIDEPLAN, con datos al 2023, el cual nos permite ubicar el nivel de desarrollo de cada distrito del país, de acuerdo con 6 dimensiones de análisis: la Económica, la Salud, la Educativa, la de Seguridad y la de Participación Electoral.

Esta calificación por dimensiones de los distritos, a su vez conduce a ubicarlos en quintiles de desarrollo, en donde el V indica una situación social muy buena, el IV una situación buena, el III una situación regular, el II una situación mala y el I una situación social muy mala.

De esta manera, se configura un mapa de los 483 distritos, en el que es posible conocer por provincia, cantón o región, en cuál quintil se encuentran las diferentes distritos, y cuál es su nivel desarrollo, dividiendo el país en 5 estratos o al menos en 3, los distritos que tienen una muy buena o buena situación social, los que tienen una situación apenas regular y las que tienen una situación mala o muy mala.

En consecuencia, podemos señalar los distritos que pertenecen al quintil V, de una situación muy buena, que como veremos se concentra casi exclusivamente en los distritos de los cantones de las 4 provincias que conforman la GAM, así los distritos de los cantones de Santa Ana, Escazú, Goicoechea, Desamparados, Coronado, Curridabat, Moravia, Tibás y algunos de San José Centro, en la provincia de san José; los de Atenas, Palmares y algunos de Poás en Alajuela, el Cantón Central y La Unión en Cartago, Santo Domingo, San Rafael, Belén, San Joaquín, Barva, San Isidro y Heredia Centro. Esos son los distritos de mayor desarrollo social, desagregado en las mayores puntuaciones en Economía, Salud, Educación, Seguridad y Participación electoral de los cantones y provincias del país, siendo Heredia la provincia y sus cantones, los que tienen la mayor cantidad de distritos en el quintil V, de situación social muy buena. En total suman 94 distritos del quintil V, un 19% del total

En el quintil IV, de situación social buena, se encuentran la mayoría de los distritos de Desamparados, del cantón Central de San José, algunos de Goicoechea, Alajuelita y Puriscal en la provincia de San José, la mayoría de los del cantón central de Alajuela, de San Ramón, Grecia, Zarcero, Valverde Vega y algunos de naranjo en la provincia de Alajuela, la mayoría de los del cantón central de Cartago, de la Unión, de Alvarado y algunos de paraíso, en la provincia de Cartago, la mayoría de santa Bárbara y dos de Barva en la provincia de Heredia, la mayoría de los de Liberia, de Santa Cruz y algunos de Carrillo en la provincia de Guanacaste, algunos de Pococí en Limón, de San Carlos y de Pérez Zeledón.

En total son 96 distritos, un 19.8%, con una situación social buena, tanto de cantones de las provincias de la GAM, como incluyendo de cantones de guanacaste, como uno de Limón y las ciudades de San Carlos y Pérez Zeledón, fuera de la GAM, siendo que los cantones centrales de Alajuela, de Cartago, Desamparados, San Ramón, Grecia, Zarcero, Sarchí, Pacayas, Liberia y Santa Cruz de Guanacaste, son los cantones en los que se concentran los distritos del quintil IV.

Tratando de determinar el conjunto de distritos que se ubican en los quintiles V y IV, es decir los de una situación muy buena y buena, podemos establecer que son 190 distritos o el 39% de los distritos del país, ubicados sobre todo en los cantones de la GAM y algunos de Guanacaste y algunas ciudades intermedias periféricas los que tienen esta condición en el país, ostentando el mayor desarrollo económico, el mayor nivel de salud, de educación, de seguridad y de participación electoral. Esta es la Costa Rica desarrollada, próspera y de mejor calidad de vida.

En el quintil III de una condición social regular, se encuentran varios distritos de Aserrí, Mora, algunos de Desamparados, Puriscal, Alajuelita y del cantón central de San José, varios del cantón Central de Alajuela, de San Ramón, de Naranjo, de San Carlos y algunos de Poás, Zarcero, San mateo y Orotina, de la provincia de Alajuela, varios de Paraíso, de Oreamuno, de Jiménez, de la provincia de Cartago, la mayoría del cantón central de Puntarenas, varios de Nicoya, de Carrillo, de Cañas y Hojancha de Guanacaste, más Limón y Jiménez de Pococí en Limón. Son en total 97 distritos del quintil III, ubicados sobre todo en varios cantones de San José, Alajuela, Cartago, Guanacaste y Puntarenas, con una situación social regular. Es la Costa Rica de un desarrollo parcial e incompleto, que alcanza puntajes medios en una o dos de las dimensiones, ya sea en salud y educación, pero en las demás tienen un nivel desarrollo bajo, tanto a nivel económico, de seguridad y en participación electoral.

En cuanto al quintil II, de una baja situación social, en éste se encuentra la mayoría de los cantones de León Cortés, de Pérez Zeledón, de Turrialba, de San Carlos y del cantón central de Puntarenas y varios de San Ramón, de Esparza, de Quepos y de Corredores de Puntarenas, de Tilarán, Bagaces, Nandayure y Hojancha de Guanacaste, así como de Pococí, Siquirres y Guácimo en Limón. En total suman 98 distritos del quintil II, generalmente ubicados en las provincias periféricas de Puntarenas, Guanacaste y Limón, junto a varios de los cantones de León Cortés, Turrialba y San Ramón.

Finalmente, en el quintil I, de muy mala situación social, se ubican la mayoría de los distritos de Upala, Guatuso, Los Chiles y Río Cuarto de Alajuela, la Cruz de Guanacaste, Sarapiquí de Heredia, Buenos Aires, Osa y Coto Brus de Puntarenas, Matina, Talamanca y Siquirres de Limón, y algunos de León Cortés, Tarrazú, Dota, Acosta y Turrubares de San José, Turrialba, el cantón central de Puntarenas y Golfito, Cañas y Abangares de Guanacaste.

Son 98 distritos, un 20% del total, predominantemente de las regiones periféricas y de las zonas aledañas a San José, como los Santos y la Central Sur de cantones, que en su conjunto conforman distritos costeros, fronterizos y rurales. Los distritos de los quintiles I y II, de una condición mala y muy mala, suman 196 y representan el 40.5% de la totalidad de distritos del país, en donde las calificaciones de las dimensiones son en general bajas, expresadas en bajos niveles de desarrollo económico, de salud, educación y seguridad ciudadana, mientras que en ellos la participación electoral suele ser la más baja del país.

Estos dos segmentos, representan la Costa Rica, poco desarrollada, con grandes limitaciones, ubicada en las costas y las fronteras y abandonada por la acción estatal, asociada a los mayores niveles de pobreza, de desigualdad y desarrollo humano de las regiones y del país como lo hemos mencionado en artículos anteriores.

¿Ahora son tres Costa Ricas, la de situación social alta, media y la más baja, a cuál perteneces?

UNDECA denuncia conflicto por perfil de puestos en la Caja

Comunicado de UNDECA

San José, Costa Rica – 25 de junio de 2025

Los trabajadores y trabajadoras de quirófanos del Hospital Calderón Guardia, junto con el Sindicato UNDECA, se encuentran en estado de máxima alerta ante las reformas estructurales impuestas por MIDEPLAN a la CCSS con la Ley de Empleo Público sobre los perfiles de puestos de exclusivos, excluyente y concurrentes, que buscan fusionar puestos, precarizar el empleo y los salarios, mientras debilita los servicios de salud pública.

UNDECA advierte que estas medidas afectarán gravemente la calidad de servicios que brinda la Caja, poniendo en riesgo la salud y la vida de las personas. Luis Chavarría Vega, secretario general de UNDECA, declaró:

«Todo esto es producto de una violenta Ley de Empleo Público, impulsada por el sector empresarial, los gobiernos neoliberales anteriores y continuada por Rodrigo Chaves Robles. Su objetivo es desmantelar la CCSS, recargar de trabajo a los funcionarios y abrir el gran negocio de la privatización.»

Asistentes de Quirófanos y más puestos en la mira

Entre los primeros afectados están los Asistentes de Quirófanos, cuyo perfil está siendo eliminado. Sin embargo, todos los puestos están en peligro, ya que la estrategia es recortar personal y deteriorar la atención, para justificar la privatización.

Huelga en defensa de la CCSS

Ante la gravedad de la situación, los trabajadores del Calderón Guardia están dispuestos a ir a una movilización, y han recibido el respaldo de otros centros nacionales. UNDECA y las bases sindicales llaman a estar alertas para frenar este ataque contra la CCSS.

Llamado urgente a la población

UNDECA hace un llamado a:

  • Los asegurados, para que exijan salud pública de calidad.

  • Las organizaciones sociales, a unirse en la defensa de la CCSS.

¡No a la privatización de la salud!
¡La CCSS no se vende, se defiende!

Foto: Personal del Hospital Calderón Guardia esperan a las autoridades del hospital y de la CCSS para dialogar sobre el conflicto de perfiles de puestos.

Una nueva regionalización del país: un proceso que debe ser bien direccionado y muy participativo

German Masís

La semana anterior el Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) dio a conocer la firma del contrato para generar el “Estudio de regionalización que responda a los retos actuales que enfrenta Costa Rica en materia de planificación, gestión del desarrollo regional y ordenamiento territorial”.

Según la información “Su propósito es construir una propuesta técnica renovada para delimitar regiones, subregiones, cantones y distritos, que sirva como herramienta operativa del Sistema Nacional de Planificación.

La labor estará a cargo de la empresa GeoAdaptive que laborará en alianza técnica y estratégica con la Fundación de la Universidad de Costa Rica para la Investigación (FUNDEVI).

De acuerdo con la ministra de Planificación, “Una regionalización moderna y basada en evidencia permitirá cerrar brechas históricas y asegurar un desarrollo más justo y equilibrado para todas las regiones del país”.

La justificación del estudio se origina en que, la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

El estudio permitirá fortalecer la coordinación entre instituciones en todos los niveles —nacional, regional y local—, facilitando una planificación más eficaz, evaluaciones más precisas y una participación ciudadana más activa. Además, brindará herramientas para caracterizar adecuadamente cada región, haciendo posible una intervención pública más contextualizada y pertinente”, agrega MIDEPLAN.

Aduce que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, “para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes”.

Se indica además que el estudio de regionalización, está muy relacionada con la Ley de Desarrollo Regional de Costa Rica, aprobada en el 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática.(El observador.com,18-5-25)

El año anterior con motivo del anuncio del estudio de regionalización habíamos mencionado en un artículo denominado Los cambios en la regionalización del país; hacia un remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial sostenible, que la validez de esta iniciativa de MIDEPLAN, debe considerar algunos aspectos importantes:

1.Debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico, histórico, sociodemográfico, cultural y económico-productivo, sean las que definan la afinidad, interrelación y conformación geo-sociohistórica de los territorios regionales.

2. Es imperativo introducir un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo estas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental.

3.Los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de MIDEPLAN trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

4.Dado que varios análisis del desarrollo nacional han expuesto reiteradamente que el desarrollo regional del país es un desarrollo desigual e inequitativo, resultado de la concentración de los recursos, la inversión y de la actividad económica, es fundamental que el análisis de la nueva propuesta territorial tenga como objetivo estratégico revertir las desigualdades regionales y avanzar hacia una organización territorial más equitativa y sostenible.

5. De ahí que es fundamental proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Área Metropolitana (GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus ciudades más desarrolladas y las zonas rurales.

6.Por lo anterior se requiere sustentar la reorganización territorial en una caracterización profunda de los recursos naturales, humanos, institucionales, infraestructurales de los territorios de las distintas zonas geográficas, así como en los indicadores productivos, de desarrollo social, de desarrollo humano, de desarrollo rural y de competitividad existentes para los cantones y regiones, que permita establecer las particularidades, articulaciones y niveles de desarrollo de las distintas áreas geográficas.

7.El abordaje de este nuevo ordenamiento territorial debe suponer una perspectiva de desarrollo auto-centrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados intervengan y definan las acciones necesarias para el replanteamiento de las regiones y sus territorios.

8.En consecuencia, la ejecución del estudio de regionalización y la propuesta de reordenamiento territorial, debe implicar una consulta amplia a los actores territoriales y las comunidades, tanto en la elaboración de los diagnósticos-caracterizaciones regionales, como en la discusión de las propuestas de reorganización territorial resultantes.

9.La conformación de las nuevos espacios territoriales, debe obedecer a características históricas, físicas, culturales y de dinámica productiva, que permita lograr mayor cohesión e interacción de la población en los territorios, una mejor distribución y gestión de los recursos y una mayor representación política.

10.De esta manera, los nuevos espacios territoriales, deben redefinir la cobertura de las provincias actuales, la pertenencia apropiada de algunos cantones y la conformación de nuevas regiones más homogéneas y congruentes, que darán lugar a una regionalización más precisa y ajustada a las condiciones del siglo XXI

Comunicado Unión Sindical de la CCSS

Desde la Unión Sindical de la CCSS, hacemos de conocimiento público nuestra posición de reproche del inmoral nombramiento de la señora Marta Esquivel Rodríguez como máxima jerarca de MIDEPLAN y exigimos la devolución de las sumas pagadas demás cuando ocupó el cargo de presidenta ejecutiva de la CCSS.

La Unión Sindical CCSS califica de indignante, inmoral y reprochable el nombramiento de la señora Marta Esquivel como ministra del Ministerio de Planificación. No solamente por la búsqueda de concederle una inmunidad ante graves cuestionamientos que son objeto de investigación por parte del Ministerio Público, sino por la forma tan desvergonzada en la que se le vuelve a conceder un jugoso salarios de ministra mientras enfrenta un proceso por presuntos hechos de corrupción en los que está directamente vinculada.

Recordemos que la señora Esquivel, fue encausada y un juez de la república consideró elementos suficientes para imponerle medidas cautelares por lo cual en este momentos y es investigada por el Ministerio Público por el sonado “Caso Barrenador”, donde fue suspendida como presidenta ejecutiva de la CCSS desde el 10 de octubre de 2024; ante el escándalo de corrupción por la adjudicación de 10 áreas de salud a unas cuantas cooperativas con un sobre precio de 12.400 millones de colones al año.

Es clara la intención del Poder Ejecutivo liderado por el Presidente Rodrigo Chaves de proteger a una de sus más cercanas colaboradoras, evidenciándose una descarada red de cuido “o de impunidad” nombrándola en un puesto que reviste de inmunidad, generando una evidente obstrucción a la justicia en las investigaciones abiertas por la Fiscalía, ninguneando y burlándose de manera clara y desafiante al Ministerio Público (y a la justicia costarricense) ante la investigación abierta en su contra, habilitándola en un nuevo puesto público como Ministra de la República, privilegiándola “como Tica con corona” con inmunidad a pesar de pese los cuestionamientos por corrupción y tráfico de influencias.;

La señora Esquivel deja una estela de saboteo, distorsiones administrativas tendientes al entrabamiento de los procesos institucionales, entorpecimiento del proyecto para la construcción del Hospital de Cartago, suspensión injustificada de los casi 500 proyecto de infraestructura contenidos en el portafolio de inversiones de la CCSS en complicidad con los usurpadores de la Junta Directiva sin dejar de lado omitir mención de su evidente incompetencia para liderar como titular del MIDEPLAN al no contar con la idoneidad debido a la falta de formación profesional en ciencias económicas, tal y como lo manifestó de manera contundente la Fiscalía del Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica.

Esta Unión Sindical también exige a las autoridades de la CCSS, materializar de una vez el cobro de las sumas pagadas de más como presidenta ejecutiva de la Institución a la señora Esquivel Rodríguez que judicializó el tema con tal de no devolver el dinero a los asegurados. A ella se le pagaron más de 270 millones de colones entre setiembre 2022 hasta la fecha. Es imperativo que la institución haga valer la normativa institucional y la legislación nacional en la materia ejecutando dicho reembolso, incluso elevándolo a cobro judicial y así reintegrar esos fondos a la institución.

En la USCCSS hacemos un llamado a todo el pueblo costarricense honesto digno y trabajador a repudiar la red de cuido y privilegios de las personas cercanas al presidente Rodrigo Chaves.

San José 22 de enero de 2025

Defensoría pide cuentas a seis instituciones del Estado por atrasos salariales en el MEP

Situación salarial podría ser más grave

Debido a las repercusiones que hay desde el punto de vista de derechos laborales del funcionariado, la no eficiencia administrativa, la afectación de las finanzas públicas y los problemas para la elaboración y ejecución presupuestaria, los procesos y sentencias judiciales, la Defensoría de los Habitantes debió pedir cuentas a seis instituciones del Estado porque la situación en los atrasos salariales de las personas funcionarias del Ministerio de Educación Pública (MEP), podría ser más grave de lo que inicialmente se pudo determinar.

Para la Defensoría, esta situación afecta la trascendental labor que cumplen las personas trabajadoras del MEP como responsables del sistema público de educación de la niñez, adolescencia y juventud costarricense.

Es por eso que, es de suma importancia tener información de los ministerios de Hacienda, Trabajo y Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), de la Procuraduría General de la República, de la Contraloría General de la República y del mismo MEP, para realizar una investigación estructural, de manera que se logre tener una visión integral de dicha problemática.

La Defensoría ha venido atendiendo un número considerable de denuncias de personas funcionarias del MEP sobre la inadecuada gestión y excesiva tardanza, por parte de la Dirección de Gestión de Talento Humano de este ministerio, en el reconocimiento y pago de diferentes incentivos salariales a los que tienen derecho (carrera profesional, anualidades, excedentes y otros), tanto de períodos fiscales vencidos como del actual.

A esas denuncias se unen otras, reiteradas año con año sin que se visualice alguna solución, sobre las múltiples omisiones, por parte del MEP, en cuanto al pago de distintos rubros que son parte del salario de su personal; omisiones reiteradas como, por ejemplo, salarios incompletos por el no reconocimiento de lecciones ya impartidas, recargos no reconocidos o rebajos injustificados; amén del aumento por costo de vida no reconocido y el no pago de prestaciones, entre otros.

En detalle

Al ministro de Hacienda, Nogui Acosta, se le envió cinco consultas sobre las partidas concretas en presupuestos ordinarios y modificaciones presupuestarias o presupuestos extraordinarios aprobados al MEP para cubrir el pago de períodos fiscales vencidos, indexaciones, multas, intereses y demás rubros originados en resoluciones administrativas y sentencias judiciales de los reclamos administrativos sobre el MEP. Sobre las cifras pagadas de más, por errores de la Administración originados en cálculos erróneos y el monto, esto dentro del periodo comprendido entre el 01 de enero del 2010 y el 30 de junio de 2024. También se le consultó el porcentaje, dentro del presupuesto para educación, que ha representado esas partidas presupuestarias, entre otros aspectos.

Al ministro de Trabajo, Andrés Romero, se le solicitó las propuestas planteadas al MEP y las acciones adoptadas. También debe informar sobre los espacios de diálogo dispuestos por ese ministerio o acercamientos que se haya tenido con el personal del MEP afectado o con sus organizaciones gremiales, para su análisis y propuestas de abordaje integral y efectivo y las acciones que se ejecutarán en el corto plazo, para incidir en la atención y solución de esta problemática que, evidentemente, afecta los derechos laborales del funcionariado.

A Mideplan, se le envió cuatro solicitudes; las acciones adoptadas para contribuir en la construcción de rutas de acción que conduzcan a la identificación y superación de las causas estructurales que la generan, un análisis, desde el punto de vista de la planificación y gestión del talento humano para mejorar la administración del MEP en cuanto a su capacidad de respuesta frente a los reclamos que se le plantean por los conceptos indicados.

A la Procuraduría General de la República, se le solicitó un informe sobre la cantidad de procesos judiciales interpuestos por el personal del MEP, el tipo de proceso, montos cobrados al Estado como consecuencia del pago de las costas, daños y perjuicios e intereses declarados en las sentencias judiciales, la cantidad total de profesionales asignados para la atención de dichos procesos y las acciones entabladas o que ejecutará la Procuraduría ante el MEP, en resguardo del erario público afectado por el cumplimiento de tales sentencias judiciales.

A la Contraloría General de la República, se le solicitó información sobre el seguimiento realizado a informes elaborados sobre ejecución presupuestaria y si hay o no nuevas investigaciones relacionadas con la problemática denunciada.

Y al MEP, la Defensoría le solicitó información muy detallada sobre diez puntos, entre los que destaca, detalles específicos sobre los reclamos administrativos planteados por las personas, los reclamos en vía judicial, los reclamos interpuestos por concepto de aumento por costo de vida, sobre el pago de prestaciones, detalle de los sistemas informáticos que están en funcionamiento para atender reclamos y especificaciones sobre el presupuesto institucional y un análisis realizado sobre la problemática que investiga la Defensoría de los Habitantes de cara a la búsqueda de soluciones en el corto plazo.

Oficina de Comunicación Institucional
Defensoría de los Habitantes

Defensoría: Sector agro requiere de un gran impulso para su desarrollo – CNP acoge recomendación

La Defensoría de los Habitantes, emitió un informe final con recomendaciones al presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción (CNP), en el cual expresaba la preocupación, debido a que, durante los últimos 10 años, denuncias reiteradas sobre procesos de reestructuración en esa institución, que no sólo no concluían, sino que no se ajustaban a los lineamientos establecidos por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN).

Producto de la intervención, la Presidencia Ejecutiva del CNP, acogió las recomendaciones de la Defensoría y remitió un cronograma de actividades, con el compromiso de desarrollar dicho proceso, conforme los lineamientos y asesoría del MIDEPLAN. Además, acepta, como lo señala la Defensoría desde el 2012, la participación del sindicato más representativo de la institución, con el fin de garantizar los principios de participación y transparencia.

Este tema toma relevancia a partir de lo que señala el Plan Sectorial de la Política Pública para el Sector Agropecuario Costarricense 2023-2032 I Quinquenio (2023-2027), el cual a partir del eje de Modernización de las instituciones del sector agropecuario, establece la modernización institucional del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), del Servicio Fitosanitario del Estado (SFE),  del Servicio Nacional de Aguas Subterránea, Riego y Avenamiento (SENARA), Consejo Nacional de Producción (CNP), del servicio de extensión agropecuaria, del Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA).

En un momento histórico en el que el Sector del Agro requiere de un verdadero impuso para su desarrollo, la Defensoría de los Habitantes insta a las autoridades a procurar alcanzar un modelo óptimo de organización y prestación del servicio, en concordancia con el interés público que debe inspirar toda actuación de la Administración Pública, en el marco de los lineamientos emitidos por el Ministerio de Planificación Institucional y política económica.

Para la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank Lambert, en el ámbito del sector agrícola, es vital fortalecer la institucionalidad y alinear las políticas públicas al cumplimiento de los desafíos que nos presentan los ODS y la protección de los derechos humanos en el actual contexto social, económico y político, por lo que no es de recibo, señala la jerarca, es que dichos procesos se alarguen por años injustificadamente, lo que genera rezagos muy difíciles de abatir.

La Defensoría de los Habitantes, viene planteando en el marco de sus investigaciones, que la vertiginosa transformación del sector productivo a nivel mundial ya no solo requiere de un modelo de adaptación y actualización por parte de la administración pública, dado su papel clave en el buen funcionamiento de la economía, sino que debe desarrollar las condiciones que le permitan prever y anticiparse a dichos cambios.

Cambios en la regionalización por un verdadero desarrollo territorial

Los cambios en la regionalización del país; hacia un reordenamiento o remozamiento del esquema de regionalización o en procura de un verdadero desarrollo territorial equitativo y sostenible.

German Masís Morales

Recientemente hemos conocido la información de que Costa Rica redibujará el mapa de sus regiones, luego de 49 años sin cambios. Se argumenta que el mapa político del país basado en provincias con criterios un tanto desfasados, había sido modificado hace casi medio siglo cuando se emprendió el criterio de las regiones de planificación.

Esa modificación ocurrida en 1975, con la ley de Planificación Nacional, generó un nuevo mapa del país, pero ahora marcado por elementos socioeconómicos con la intención de dar un mejor abordaje de las políticas públicas, con un enfoque más local. Fue así como nacieron las regiones: Central, Chorotega, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Pacífico Central y Brunca

Se afirma que luego de casi medio siglo los criterios que se usaron para esa repartición han cambiado y tocará hacer un remozamiento del esquema de regionalización de Costa Rica. La labor de replanteamiento de las regiones estará a cargo del Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN).

Para evidenciar la incoherencia que existe entre lugares de diferentes provincias del país, las autoridades de MIDEPLAN brindaron algunos ejemplos, como que San Vito de Coto Brus tiene poco en común con las Islas del Golfo de Nicoya, pero ambos pertenecen a la provincia de Puntarenas. Lo mismo ocurre entre la zona de residenciales de La Guácima con los pueblos de Los Chiles que limitan con Nicaragua, tienen poco en común, pero ambos son de Alajuela. Otro ejemplo surge al comparar las áreas más rurales de la Zona de Los Santos con la alta densidad de población de Tibás, nada en común, pero ambos están en San José. (ElObservador.com,29-4-2024)

En una situación similar, se presenta con las diferencias de las áreas urbanas de Heredia, como Belén; San Joaquín y Santo Domingo y las diferencias con las condiciones del cantón de Sarapiquí, aunque ambas pertenecen a la provincia de Heredia.

También existen diferencias importantes entre cantones ubicados en una región y pertenecientes a diferentes provincias, como el caso de Pérez Zeledón que pertenece a San José y los demás cantones de la región Brunca a la provincia de Puntarenas, donde muchas veces sus habitantes han dicho “yo me siento de todo lado menos de San José, o me siento de todo lado menos de la Zona Sur,” explorar esas dinámicas y construir un documento de esquema de regionalización que permita adecuar y actualizar esas nuevas dinámicas que hay en nuestro país que son muy distintas a las de 1975, son los propósitos de MIDEPLAN.

Lo mismo ocurre, como el caso de San Carlos y sus diferencias con los demás cantones de la región Huetar Norte, de Upala, Guatuso y los Chiles o la ubicación del cantón de Río Cuarto en la región Norte, todos pertenecientes a la provincia de Alajuela.

Disparidades regionales, se pueden constatar en la misma región Central, con la coexistencia de cantones de alto desarrollo como Escazú y Santa Ana y su proximidad con cantones rurales y de bajo desarrollo como Mora, Puriscal, Acosta y Turrubares, pertenecientes a lo que se conoce como la región Central Sur.

El Ministerio de Planificación, ha confirmado que la división política del país no va acorde a las verdaderas realidades que enfrentan diferentes lugares, lo que genera la necesidad de focalizar esfuerzos según las necesidades más locales.

Entre los parámetros a revisar estarían las condiciones sociales, las áreas de conservación, las áreas fronterizas, las áreas costeras o los territorios indígenas.

No obstante, la validez de esta iniciativa de MIDEPLAN, en pleno siglo XXI para ajustar o adecuar la conformación de las regiones del país, ésta debe trascender el enfoque de regiones administrativas hacia el enfoque de desarrollo territorial, donde las características de los territorios desde el punto de vista geográfico, histórico, demográfico y socioeconómico sean las que definan la afinidad, interrelación y conformación geosociohistórica de los territorios regionales.

Junto a la incorporación de las características multidimensionales de los territorios, es imperativo proponer una nueva organización territorial dirigida a superar las brechas regionales existentes entre la Gran Área Metropolitana(GAM) y las regiones periféricas rurales, costeras y fronterizas y los desequilibrios al interior de las mismas regiones periféricas, entre sus zonas centrales y ciudades más desarrolladas(como Liberia, San Carlos y Pérez Zeledón) y las zonas rurales y costeras circundantes.

Hemos sostenido en este espacio, que en Costa Rica se ha configurado un desarrollo regional desigual que evidencia que la actividad económica y los frutos del desarrollo económico no se han distribuido equitativamente entre las regiones, situación que no puede postergarse por más tiempo.

Se ha insistido en que la distribución de las actividades económicas y su concentración responden a un modelo de desarrollo que se ha reproducido por más de 5 décadas en las 4 provincias centrales, limitando la integración de las regiones periféricas y prácticamente excluyéndolas del desarrollo nacional.

Así mismo, varios análisis del desarrollo nacional, han expuesto reiteradamente que este desarrollo desigual e inequitativo es insostenible, el Informe del Estado de la Nación 2020 señala que la red productiva nacional es altamente dependiente de la región Central-GAM y del sector comercio y transporte y que urge atender la desconexión entre ésta y las regiones fuera de aquella región, (así como) fortalecer las interacciones para fomentar la actividad económica en ambos casos.(InformeEstadodelaNación,2020,p.29).

Por su parte, el estudio de actualización de la Matriz Insumo-Producto (MIP) de Costa Rica realizado por Banco Central de Costa Rica en el 2021, había señalado que, en nuestro país, la producción se especializa por zonas geográficas, así los cantones se diferencian en el valor agregado que aportan según las actividades económicas predominantes dentro de sus límites.

De acuerdo a ese estudio se observaron diferencias marcadas en la estructura productiva dentro y fuera de la GAM, la primera más concentrada en servicios y manufactura, mientras la segunda en agricultura y turismo, mientras el comercio es predominante en casi todo el país.

La actividad de manufactura está concentrada en los cantones de la GAM, donde Alajuela, San José, Heredia, Cartago son las principales áreas, junto a cantones como Desamparados, Goicoechea, Grecia y la Unión. De las regiones periféricas sólo Puntarenas y San Carlos tienen alguna importancia en esta actividad.

Mientras que las actividades como la agricultura, producción de energía y suministro de aguas y minería se desarrollan primordialmente fuera del Gran Área Metropolitana (GAM).

Específicamente, la agricultura está dominada por San Carlos, Pococí, Matina, Limón, Siquirres, Sarapiquí, Guácimo, con cerca de un 45 % de la producción nacional, todos ellos cantones de las regiones Periféricas y en su mayoría dedicada a los monocultivos del banano, la piña y la ganadería;

Por su parte, el Índice de Competitividad Nacional (ICN, mostró que un total de 48 cantones (59% del total), incluidos todos los ubicados en las provincias costeras (con excepción de Esparza), apenas tienen condiciones que se calificaron como emergentes, limitadas o deficientes del todo.

La medición de ICN evidencia una marcada distinción entre cantones centrales y periféricos del país. “Sigue un patrón de adentro hacia afuera”, al igual que la mayoría de los indicadores de progreso o desarrollo social de Costa Rica, según detalla el informe. (Nación.com,11-11-2021)

Las barreras en materias como el acceso a la tecnología y la educación, así como el deficiente desarrollo en la infraestructura que enfrentan los cantones más alejados de la región central, asfixian sus niveles de competitividad en comparación con los territorios ubicados en el interior.

Diversos índices de desarrollo cantonal han permitido constatar las desigualdades y desequilibrios socioeconómicos existentes, así el Índice de Desarrollo Humano Cantonal 2021 reveló como los cantones costeros, fronterizos y rurales que pertenecen principalmente a las provincias de Limón, Puntarenas, Guanacaste y Alajuela son los que muestran los peores indicadores de desarrollo humano

Así en lo que respeta al Índice de Desarrollo Humano por Desigualdad, los 10 cantones con los indicadores más bajos son Matina, Talamanca, Buenos Aires, León Cortés, La Cruz, Los Chiles, Tarrazú, Hojancha y Dota, de los cuales 3 son costeros, 3 son fronterizos y 4 son rurales.

La presencia de los cantones costeros, fronterizos y rurales, también se confirma en el Índice de Pobreza Multidimensional, en donde los cantones con el índice más alto de pobreza son Los Chiles, Talamanca, Upala, La Cruz, Coto Brus, Buenos Aires, Guatuso, Turrialba, Sarapiquí y Osa, de los cuales 5 son fronterizos, 2 costeros y 3 rurales.

Se incluyen entre los 25 con el índice más alto de IPM, Matina, Golfito, Siquirres, Limón, San Carlos, Corredores, Bagaces, León Cortés, Aguirre, Dota, Pococí, Puntarenas, Nicoya, Nandayure y Parrita, de los que 10 son costeros, 7 fronterizos y 8 rurales. (SurcosDigital.com,2022)

Igualmente, algunos intelectuales han reafirmado la existencia de dos Costa Ricas ya que sigue vigente, “una especie de geografía del desarrollo que parte el país en dos zonas: el centro con mayor desarrollo productivo y una mayor urbanización, frente a la periferia (ubicada en las costas y las zonas fronterizas) que no logra disponer del dinamismo adecuado para generar el empleo y los ingresos suficientes que permitan eliminar la pobreza. (Esquivel, F.,2021, p.222).

De acuerdo con lo anterior, los cambios en la regionalización del país no se deben reducir a un reordenamiento geográfico o a la redefinición de las regiones para que se fortalezca la presencia de las instituciones en cada región y al decir de MIDEPLAN trabajar mejor las políticas públicas y descentralizar los presupuestos para dar los financiamientos más adecuados.

Ya existen acciones favorables a lograr el replanteamiento de la mencionada regionalización, tales como la aprobación de la Ley de Desarrollo Regional del 2021, que tiene como finalidad impulsar el desarrollo regional en Costa Rica, para la mejora de las condiciones y la calidad de vida de toda la población, respetando las particularidades culturales, sociales, económicas, ambientales y el aprovechamiento de las sinergias y potencialidades propias de cada región, en un contexto de participación democrática. Asimismo, reducir progresivamente los desequilibrios regionales mediante el diseño y la implementación de políticas públicas diferenciadas e incluyentes.

Así mismo como la ley para ampliar la operación de las zonas francas en algunas zonas fuera de la GAM, impulsada en los últimos años y que ha dado lugar a la creación de estos centros industriales y de servicios, en lugares como Grecia, Orotina y Esparza.

Estas iniciativas, aducen que se pueden mejorar las condiciones de crecimiento, competitividad e innovación en las diversas regiones del país, para garantizar el cierre de brechas estructurales que afectan negativamente la calidad de vida y el arraigo de sus habitantes.

Sin embargo, su mayor carencia es la ausencia de un enfoque de desarrollo territorial, que defina las dinámicas territoriales que se pretende generar en cada región y cómo éstas están en función de que los espacios regionales se conviertan en escenarios de crecimiento económico, inclusión social y sustentabilidad ambiental. (Berdegué,J.et al,Rimisp,2015).

La realidad de brechas y desigualdades territoriales demanda una perspectiva de desarrollo autocentrado en las características territoriales, con un carácter endógeno y participativo que permita que los distintos actores sociales, económicos, públicos o privados definan las acciones necesarias para conducir los cambios estructurales que necesita un territorio concreto.

Es imperativo la generación de opciones productivas, empleos de calidad, infraestructura y servicios en territorios periféricos, los cuales han estado concentrados en los centros urbanizados e industrializados donde se aglomera el empleo formal y la institucionalidad gubernamental.

Ante el escenario de desigualdades regionales, el rezago y marginación social, MIDEPLAN debe avanzar a la definición de una estrategia de desarrollo territorial centrada en los recursos y potencialidades de los territorios y regiones periféricas.

Dicha estrategia supone una nueva ruta para la transformación económica y territorial costarricense basada en la necesidad de dinamizar las actividades productivas y capitalizar las oportunidades inherentes al territorio.

El abordaje de las desigualdades territoriales y el impulso de políticas para revertirlas debe tener como objetivo primario avanzar hacia un desarrollo territorial más sostenible, equitativo e incluyente, como una verdadera política de Estado o un proyecto país de transformación territorial.

Imagen UCR.

Índice de Desarrollo Social 2023 – MIDEPLAN

El Índice de Desarrollo Social (IDS) es una medida que evalúa el bienestar y progreso de una sociedad en diversos aspectos, como la salud, la educación, lo económico, la seguridad y participación electoral. El IDS es importante por varias razones:

  • Medición del progreso social: El IDS proporciona una evaluación integral del desarrollo social en Costa Rica, lo que permite a los responsables políticos y a la sociedad en general comprender mejor el estado actual y las tendencias del bienestar social en el país.
  • Guía para políticas públicas: Con base en el IDS, se pueden identificar áreas de mejora y diseñar políticas públicas más efectivas y focalizadas para abordar los problemas sociales prioritarios, como la pobreza, la desigualdad, la salud pública y la educación.
  • Atracción de inversión y turismo: Un alto nivel de desarrollo social puede ser atractivo para inversores y turistas, ya que indica un entorno favorable para la calidad de vida y el bienestar general de la población. Esto puede impulsar el crecimiento económico sostenible y la prosperidad a largo plazo.
  • Bienestar de la población: El IDS no sólo se trata de números y estadísticas, sino que también refleja la calidad de vida de las personas. Un alto IDS implica mejores condiciones de vida, acceso a servicios básicos, oportunidades de educación y empleo, y una sociedad más inclusiva y equitativa en general.

En este reporte se presentan los resultados del cálculo del IDS 2023, donde se exploran los cambios del 2023 en comparación con el 2017, cuando se realizó el estudio anterior. 

Tomando en cuenta los indicadores que se utilizan para el cálculo del IDS, se llegaron a las siguientes conclusiones para los distritos:

  • Distritos clasificados igual: 308 (63,8%) repiten quintil.
  • Distritos suben de quintil:   92 (19,0%) mejoran la condición de quintil.
  • Distritos bajan de quintil: 83 (17,2%) desmejoran la condición de quintil.

También para el caso de los distritos se calcularon las áreas con mayot y menor desarrollo relativo, y se obtuvieron las siguientes conclusiones:

  • Mayor Desarrollo Relativo (123 distritos): Cerca del 70% de los distritos se ubican en las provincias de San José y Heredia. 
  • Nivel Medio (182): Cerca del 75% de los distritos se encuentran en las provincias de Alajuela, San José y Cartago.
  • Nivel Bajo (127): Encabezada por los distritos de Guanacaste, seguidas por Puntarenas y San José, en donde se ubican la mayor cantidad de distritos.
  • Nivel Muy Bajo (58): Liderada por la provincia de Limón, seguida por Puntarenas y Alajuela.

Para el caso de los cantones se obtuvieron las siguientes conclusiones generales:

  • Heredia con alto nivel de desarrollo social. 
  • Guanacaste, Puntarenas y Limón  con brechas de desarrollo. 
  • Alajuela heterogénea. 
  • Correlaciones positivas al desarrollo.
  • Condiciones socioeconómicas no varían. 
  • Heterogeneidad en el desarrollo cantonal. Necesidad de considerar PEN en futuros planes regionales.
  • Persistencia de desigualdades regionales. 

El reporte lo puede ver a detalle en el siguiente PDF.

Persecución política a directores afecta gobernanza de la CCSS

Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.

El 7 de diciembre de 2022 el Consejo de Gobierno abrió un único procedimiento disciplinario, con fundamento en denuncia verbal y falsa de la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, CCSS, Marta Esquivel, un “Caballo de Troya” para suspender 5 directivos de la CCSS, que rechazaban la injerencia política y el desmantelamiento de la CCSS.

Somos víctimas de un juicio político, por pagar lo adeudado a los trabajadores de la Caja, considerando solo los criterios de MIDEPLAN, los informes técnicos, jurídicos, económicos, y no atender una Valuación actuarial con serias deficiencias e inconsistencias, por ejemplo, un irrazonable e inexplicable aumento de 5 veces el gasto proyectado.

Las alteraciones son señaladas por la Nota Técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Estudio Monitoreo de Evolución Presupuestaria de la CCSS de la Contraloría General de la República (CGR) 2016-2023 DFOE-BIS-MTR-00003-2023 del 31 de agosto de 2023 y el Informe de Resultados de la asistencia Técnica del Banco Mundial conocido en la sesión del 23 de setiembre de 2023 (Sesión Nº9368).

Se dejaron de construir hospitales como el de Cartago, Golfito y Limón, áreas de salud y EBAIS, pese a lo dicho por la OIT, acerca del impacto marginal en el gasto total, de esas obras tan necesarias para fortalecer la atención y resolver las filas y las listas de espera.

Lo que buscan es la “destitución”, para no pagar la deuda del gobierno por ₡3.2 billones, no devolverle 1.7 billones para la construcción de obras, insumos y equipos, y desviar la atención de la improvisación y la incapacidad de la Presidenta Ejecutiva para dirigir a la Caja.

Solicitamos que se detenga la persecución política, sin precedentes, se archiven los 5 procedimientos, con la finalidad de impulsar los proyectos detenidos y cumplir con el mandato de las organizaciones que representamos.

San José, 16 de octubre de 2023

Martha Rodríguez González y José Luis Loría Chaves.