El temor a contraer el virus es un miedo terrible, y en estos momentos en muchas comunidades de Costa Rica, las personas informan a las autoridades sobre la llegada de extraños por su acento.
Entiendo completamente que el orden debe existir para evitar el caos, pero hay países en que las personas se ven en la necesidad de salir hacia otros por diferentes motivos y Nicaragua no es una excepción, especialmente y entre otras cosas porque este país está sancionado y bloqueado por los Estados Unidos, las huelgas han tumbado la economía, etc. etc., no entro a los detalles políticos.
Costa Rica es un país en que el sector agrícola ha perdido importancia, sin embargo, para prestar atención a las actividades locales, se demanda de un trabajo que el costarricense no quiere realizar por varias razones, entre ellas debido a los bajos salarios y las garantías sociales.
Se estima que el sector agrícola requiere más de 40 mil trabajadores, aunado a ello, en oficios domésticos la demanda es de varios miles de empleos y el hogar, unos que también por las razones anteriormente mencionadas pocos nacionales desean desarrollar.
En cuanto al sector agrícola, el Ministerio de Trabajo solicitó alrededor de 40 mil trabajadores en el 2019, de los cuales solo 485 eran de Costa Rica, o el 1% de la fuerza laboral, se apuntó ante el Ministro de Trabajo.
La caña de azúcar, el café, el melón, los cítricos, la piña, el banano, entre otros, son algunos de los cultivos que requieren para su corta y cosecha a mano miles de personas o si no se pierden sus cultivos, lo que puede tener un impacto negativo en la economía de muchas áreas geográficas agravando más la crisis económica.
A este problema de escasez de mano de obra en la agricultura se suma la demanda de mujeres que trabajan en el hogar, ya que Costa Rica es uno de los países más caros del continente y actualmente el esposo y la esposa se ven obligados a trabajar para cubrir los gastos del hogar o sea sobrevivir.
Para trabajar las dos personas, se requiere que miles de mujeres realicen tareas domésticas, y la mayoría de ellas vemos son nicaragüenses.
Cerramos las fronteras, ¡las noticias dicen que unas 15,000 personas fueron devueltas o deportadas a Nicaragua por la policía!
Si en Costa Rica hay más de 350 mil desempleados, y se espera que en las condiciones de la crisis de salud supere los 500 mil, por el comportamiento de años anteriores se podría esperar que la población nacional tendrá poca reacción al trabajo en la agricultura y el trabajo doméstico. Y si no encontramos salidas consensuadas que preserven tanto el orden como la salud de la población nacional, podríamos encontrarnos en los próximos o meses sentados en una bomba de tiempo.
El cronograma de cosechas no se puede posponer, ¡es como decirle a una vaca que guarde la leche ya que sábado y domingo son feriados!
Y ni que decir si se normalizan las clases y, demás actividades económicas.
Esta reflexión la hago al compás de la lluvia de esta tarde con las preocupaciones de un excelente amigo que se encontraba realizando labores agrícolas en su finca de café en la altura de Grecia, y quien todos los años recibe a familias nicaragüenses para la cosecha del café.
Jenyel Contreras Guzmán, Socióloga, Investigadora y evaluadora Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO, COSTA RICA). Docente Universidad de Costa Rica (UCR) Guillermo Acuña González, escritor, sociólogo. Académico Instituto de Estudios Sociales en Población, Universidad Nacional
Repensarnos en la otredad nunca ha sido tarea fácil. Reconocer a la persona migrante como sujeto con derechos, aún en tiempos de pandemia, se vislumbra como el nuevo gran reto. En un momento de la historia en el cual es preciso reconsiderar los marcos de convivencia humana, el sujeto migrante, la persona que se moviliza, vuelve a ser portador de malas noticias, no por sí mismo, sino por los otros que lo increpan. Lo que genera su existencia no solo tiene que ver con la construcción de miedos, de desconocimientos, de rechazos sistemáticos. Se relaciona con la conformación global de estructuras de poder, la distribución de sentidos de otredad que marcan, delimitan, expulsan, excluyen. Este escenario está servido en Costa Rica.
Si existe una población doblemente vulnerabilizada en el actual contexto de emergencia sanitaria, esa es la población migrante. “A un país que no le importamos en vida tampoco parece que le importamos en la muerte”, sentencia Juan Carlos Ruíz[1], veterano y defensor de las personas migrantes en Nueva York, la ciudad de mayor afectación por coronavirus en Estados Unidos, en donde alrededor del 35% del total de personas fallecidas son de origen hispano.
Tales cifras se corresponden con los bajos ingresos, que les obliga a seguir trabajando pese a las medidas de confinamiento, el padecimiento de enfermedades crónicas subyacentes, vivir en el hacinamiento en viviendas multifamiliares, la falta de acceso al seguro médico y no buscar asistencia médica por temor a sufrir represalias como la deportación, que han continuado aún con la pandemia a cuestas. Esa misma ciudad que registra una muerte cada 2 minutos, ha sido abandonada a su suerte por los ricos que el virus no ha encontrado en sus casas, porque han salido sin rubor en aviones privados hacia sus multimillonarias residencias en Long Island a resguardarse de la letalidad y el confinamiento. Si hay un proceso que no se ha detenido ni con la pandemia, ha sido el de la reproducción global del poder, capitalista, eurocentrado, extractivo.
Entre el rigor y la dureza de tales cifras y el desdén de las élites estadounidenses, se asoma en aquel país tibiamente el fallecimiento de 5 personas de origen costarricense como producto de la pandemia. Para los efectos, representan una diáspora silenciosa y poco referenciada en las reflexiones sobre movilidades en el país, tan acostumbradas más bien a sentir resquemor y sospecha por aquellas personas que vienen de afuera, un afuera selectivo y siempre diferenciado. Un país que no discute sobre su diáspora, la niega, la invisibiliza y reproduce el mismo desinterés que las élites globales muestran por el resto de la población. Refleja para sí un orden colonial de pensamiento, una dinámica desigual de funcionamiento y de responsabilidad para con los suyos.
El Coronavirus desconoce fronteras, edad, género y estatus social, mas no las estructuras de exclusión, racialidad y desigualdad social que le han acogido, y que no permiten ignorar que no afecta a todas las personas y grupos por igual y que hemos organizado la sociedad no para la protección de quienes históricamente han sido vulnerabilizados, sino para el resguardo de los bien situados.
Nos encontramos ante un brote epidemiológico que esta vez no tuvo como epicentro el África Subsahariana ni la Latinoamérica subdesarrollada, un contagio global que no migró desde el sur global con gente en barcazas o en caravanas, un enemigo no tan invisible cuando las fronteras fueron cerradas. Una pandemia que ha dejado al descubierto el costo de no haber atendido oportunamente los problemas estructurales de sociedades acostumbradas a socializar las pérdidas y privatizar las ganancias.
Teniendo como conducta normal responsabilizar en los otros, los de afuera, los males que le aquejan, esta sociedad ya había tenido sus ensayos de construcción de discursos culpabilizantes en los extranjeros, en épocas recientes de epidemias no tan azotadoras ni devastadoras como la presente.
Hace tan solo seis años, cuando se produjo la crisis del ébola, el cuerpo sospechoso provenía de ese sur global devastado por la pobreza, el hambre y la miseria. Era un cuerpo enemigo, racializado, excluido. Teniendo como principio de conducción del virus, la movilidad de personas fue restringida, pese a la negativa de la Organización Mundial de la Salud de no limitar las movilidades humanas en aquel periodo. No tantos aviones fueron obligados a poner pie en tierra como ahora, pero las personas en contextos de movilidad fueron sacudidas por una percepción de portabilidad y enfermedad, solo por el hecho de moverse entre las fronteras internacionales.
Esa misma percepción, conviene recordarlo, se construyó como aguja hipodérmica del norte al sur, con consecuencias graves para las personas de contextos nacionales precarios, como el caso del áfrica subsahariana, de donde supuestamente provino el origen del virus. Con esta misma percepción, se incautaron los derechos de las personas en contextos de movilidad, como lo señaló en su momento Deysi Ventura: “el fantasma del extranjero que trae la enfermedad justifica medidas que restrigen las migraciones internacionales y fomenta violaciones a los derechos humanos”.[2]
Palabras previsoras de un mundo que seis años después continúa la tiranía en contra de las personas en procesos de movilidad, ahora con un claro carácter forzado alrededor del mundo. En el contexto de clausura que se experimenta, cualquier intento de movilidad a través de las fronteras trae consigo el germen de la construcción de la sospecha, el virus del estigma y el rechazo.
¡Que se vaya a morir a Nicaragua!
La narrativa antiinmigrante no ha sido heredada de los tiempos actuales de pandemia. En épocas recientes las imágenes han sido lacerantes: el horror de una niñez enjaulada y enjuicida como criminal por las cortes migratorias estadounidense, familias separadas y confinadas (ahora que el concepto de confinamiento ha supuesto novedad para quien lo experimenta en el marco de la coyuntura), la desesperación de las caravanas y corredores humanitarios centroamericanos de finales de 2018 y principios del 2019, cientos de cadáveres dispersos en el Mediterráneo, teniendo el agua como única promesa de tierra segura, las historias de drama para cientos de personas migrantes en la frontera entre Grecia y Turquía, sucedidas hace apenas unas semanas.
Nuevos muros se han construido en todo el mundo con ladrillos sólidos, alimentados por el miedo y el lenguaje de guerra. Una vez más hemos permitido que un problema estructural sea reducido a un conflicto de nacionalidad, a un sálvense quien pueda, a un nadie más cruce la frontera.
En Costa Rica los imaginarios de superioridad nacionalista son rastreables al siglo XIX. En su trabajo, Costarricense por dicha (2002, Editorial UCR), el historiador Iván Molina habla de la construcción de esta identidad nacional, blanqueada y vallecentrista.
Recientemente, no es posible obviar episodios de construcción de discurso nacionalista, salpicados de odio y rechazo al extranjero, pero no a cualquiera. Recordemos el caso del ataque y desamparo hacia Natividad Canda en 2005 y los discursos generados, la marcha xenofóbica en San José del 18 de agosto de 2018, la existencia de más de 30 páginas de redes sociales incitando al rechazo al extranjero, con cerca de 80.000 seguidores ese mismo año y el último acontecimiento, ocurrido en un lamentable domingo de resurrección lleno de discursos viscerales hacia una menor de edad, migrante y embarazada que cruzó la frontera en busca de asistencia médica al cierre de la Semana Santa.
Escudados en una protección higiénica del país, de sus fronteras, de sus familias, tales discursos traspasaron el filtro de la objetividad y se perdieron en una maraña de epítetos contra el cuerpo de esta niña, condensando en ella esa actitud anti nicaragüense que se enciende con cada coyuntura de toda naturaleza.
Este discurso no es solo xenofobia, porque también recrea otros elementos de la construcción de procesos históricos de diferenciación y desigualdad en el país. Mientras la protección de la dignidad humana continúe estando atravesada por la colonialidad del poder, se sostendrá la necropolítica, esa idea de que hay cuerpos que importan y cuerpos que pueden ser descartados. Así, la pandemia ha develado no solo los temores higienizantes al contagio, sino los miedos sociales siempre presentes en sociedades construidas al amparo de ideas hegemónicas sobre identidades y convivencias. Reiteramos: no solo se trata de xenofobias, que existen y son muchas. Son los resabios de estructuras de poder económico y social que hacen su trabajo en sociedades fracturadas en su tejido colectivo y social, como el caso costarricense.
También en el contexto internacional la crueldad no se detiene y ejemplos existen todos los días.
La consigna America first se constituye en el nuevo lema que ha permitido a la administración Trump expulsar a casi 10 mil personas migrantes desde el pasado 21 de marzo, en una nueva cruzada de odio antimigrante y racial. Este poder le ha permitido firmar un decreto para sancionar a los países que no “recojan” a sus deportados.
Por otra parte, la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México continuó en funcionamiento, tipificada bajo la categoría de actividad esencial y los trabajadores migrantes mexicanos que lo levantan, deben cruzar todos los días la frontera, ponerse bajo las órdenes de las autoridades sanitarias estadounidenses y mostrar con documentos que se dirigen a la obra fronteriza.
Mostrando el desdén colonial del norte global, hace unos días dos médicos franceses sugirieron en un programa de televisión que la vacuna contra el coronavirus podría ser probada en África. Distintos países europeos y la misma Casa Blanca hacen un llamado de solidaridad migrante para continuar con las “actividades esenciales” y recibir apoyo de profesionales extranjeros del área de la salud. Muchas actividades subterráneas y precarizadas continúan su funcionamiento en el mundo gracias a la actividad laboral de cientos de miles de personas trabajadoras migrantes. Incluido por supuesto el caso costarricense.
Detectamos y rechazamos
Un país que continuamente se reconoce en la ausencia de ejército, parece interesarle bastante poco reflexionar sobre los efectos de la utilización de lenguaje bélico para abordar situaciones de orden cotidiano. Los países de Centroamérica podrían darnos cuenta de los impactos devastadores de ello. Hace más de 30 años, el lingüista George Lakoff y el filósofo Mark Johnson explicaron el poder de las llamadas metáforas estructurales que impregnan la vida misma, no solamente en el lenguaje, sino también el pensamiento.
Pero ese discurso bélico ha estado presente en otras coyunturas recientes, como el caso desatado por la coyuntura de tensión con Nicaragua por el territorio de Isla Calero y los llamados a defender la soberanía nacional realizados en aquel momento[3].
En este marco, un imaginario de combate diario es reforzado en publicaciones de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Ministerio de Seguridad Pública y la Vicepresidencia de la Republica en sus cuentas de redes sociales: “detectamos y rechazamos extranjeros” “#FronterasSeguras” “control migratorio” “tolerancia cero”. A esto se ha unido, incidentalmente, un medio de comunicación, que haciendo gala de una extraña idea de neutralidad periodística, acompaña los sobrevuelos del Ministerio de Seguridad en zonas de frontera, mostrando la efectividad del barrido y los esfuerzos por proteger la soberanía sanitaria nacional.
Todos Idearios propios de los abordajes securiatarios de las migraciones, cuyo logro principal es el reforzamiento de las fronteras ante las amenazas externas. De ello da cuenta la política exterior estadounidense continuamente. Nos preguntamos si esta agenda institucional y mediática, no condensará finalmente otros temas como la aceleración de las reformas de empleo en el sector público o la inserción de los intereses empresariales en los actuales esquemas de gobernanza, solo por mencionar dos casos puntuales actualmente en transcurso.
Como sea, resultado de este escenario discursivo, se han producido dos reacciones de la sociedad costarricense: el impulso del humanismo y solidaridad que existe y se cuenta por decenas y por otro lado el discurso de la división, del rechazo visceral y la confrontación constante. Las personas que atizan el conflicto y la polarización, hacen un daño enorme, porque la convivencia es muy frágil y la estamos convirtiendo en una lucha de todos contra todos, con dificultad para el debate saludable, basado en argumentos y premisas de conocimiento sobre las causas y las consecuencias de las movilidades humanas en los actuales contextos.
Abundan los mensajes efervescentes, las noticias falsas, la información no verificada (como por ejemplo el video circulado de un supuesto cementerio de cuerpos nicaragüenses, que finalmente fue ubicado en Ecuador), los Dunning-Kruger de las migraciones, y los grupos supremacistas, que los hay en el país, clamando por una defensa armada y el resguardo de las fronteras. Paradójicamente, esos mismos grupos guardaron silencio cuando las grandes empresas evasoras eludieron su responsabilidad con las instituciones que se han encargado de proteger desde la salud pública en el marco de la pandemia y que han sido debilitadas durante décadas por políticas de racionalización económica y el concurso de empresas de capital extranjero y transnacional. Ahí está el detalle: al descubierto se refleja que el problema no son los extranjeros, siempre y cuando no sean pobres y provenientes del sur global.
Ya en 1947 Albert Camus nos recordaba que las peores epidemias no son biológicas, sino morales, y que es en las situaciones de crisis que sale a la luz lo peor o mejor de la sociedad. Las grandes crisis no solo apelan a la ética cívica y a la responsabilidad individual y colectiva. Sirven también para discernir lo trascendental de lo accesorio, lo esencial de lo superficial. Será nuestra tarea apostar por la solidaridad intersubjetiva, para construir sociedades más inclusivas cuando la emergencia sanitaria haya terminado.
[1] En entrevista para La Jornada, 11 de abril de 2020.
[2] Deysi Ventura, 2016. El impacto de las crisis sanitarias internacionales en los derechos de los migrantes. SUR 23 – v.13 n.23 • 61 – 75
[3] Un abordaje analítico sobre este acontecimiento puede ser consultado en el texto del académico Esteban Aguilar denominado Proyecto Calero: una historia de militarización y xenofobia. (Praxis, Revista de Filosofía, N 71. Junio-Diciembre 2013)
El ministro de Salud, Daniel Salas llama a que no se den manifestaciones de odio a propósito de la pandemia por COVID-19. Puede escucharlo en el siguiente video de un minuto:
San José, Costa Rica — El Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica cumplió 176 años de existencia el jueves 9 de abril, en una fecha que demostró que la política exterior costarricense, enfrentada a la pandemia del Covid—19 como la más difícil y dramática crisis humanitaria del siglo XXI y una de las más severas desde 1844, quedó rebasada como plataforma de iniciativas internacionales de mediano y largo plazo, más allá de sus gestiones obligadas de “carpintería” de corto alcance.
Luego de que el 6 de marzo de 2020 se confirmó el primer caso de coronavirus en Costa Rica y comenzó su transmisión a decenas y centenares de personas, en un proceso paralelo a la complicación mundial de la enfermedad, la Casa Amarilla—sede de la cancillería costarricense—empezó a exhibir la ausencia de una política visionaria al menos de carácter regional e interamericano.
En la precipitación global de los problemas provocados por un padecimiento del que China alertó en diciembre de 2019 (pero brotó en noviembre de ese año), la Casa Presidencial de Costa Rica tampoco hizo nada para que Relaciones Exteriores, como su base de proyección internacional, adoptara los correctivos necesarios y generara una o varias propuestas, serias y profundas, para posicionar a San José en un puesto de liderazgo exterior frente a una demoledora situación sanitaria.
¿Qué hicieron los jerarcas de Barrio Otoya (cancillería) sin que el de Zapote (Presidencia) instruyera y ordenara ejecutar un golpe de timón en la política exterior, como líder de un control de mando con verdadera visión de estadista y más allá de mensajes sin fondo, actos ceremoniales intrascendentes y “campañitas” mediáticas de propaganda?
Con el avance de la crisis, la cancillería se limitó a convertirse en una especie de agencia de viajes para coordinar con gobiernos del resto del mundo el traslado a Costa Rica de los costarricenses que, por una u otra razón, quedaron atrapados o retenidos en esas naciones por el impacto de la pandemia en la conectividad aérea mundial. Nadie puede oponerse a esa labor de rescate de los costarricenses y el aplauso y la felicitación son merecidos.
¿Y qué más hizo cancillería, para trascender y demostrar que su concepción política global va más allá de una recepción calurosa en la pista del aeropuerto internacional Juan Santamaría o en los corrillos migratorios y aduanales de esa que es la principal terminal aérea de este país?
La Casa Amarilla se quedó ahí y no hizo nada más. La rampa del Santamaría fue su horizonte.
Por un lado, es claro que la tarea de rescate, encomiable sin la menor duda, pudo haber sido desplegada por los “carpinteros” de la cancillería. Por el otro, la jefatura de esos valiosísimos peones debió concentrarse en los asuntos duros, fuertes, desafiantes y sensibles de la pandemia desde una perspectiva de política internacional.
¿Cuáles? Los siguientes:
Nicaragua:
Frente a la irresponsabilidad, por omisión y por comisión, del régimen gobernante en Nicaragua de negarse a adoptar los protocolos urgentes para tratar de contener la propagación del contagio, Costa Rica reaccionó—para decirlo en términos futboleros—con una delegación de jugadores novatos. El sábado 21 de marzo de 2020, los jerarcas de Relaciones Exteriores, Seguridad Pública y Salud de los dos países se reunieron en el puesto fronterizo bilateral de Peñas Blancas, para “analizar acciones contra el Covid–19”, según un recuento de la cita difundido por la Casa Amarilla.
Pero el habilidoso aparato de poder en Managua despachó a pesos pesados—los legionarios—con abundante experiencia política, encabezados por un militar: Denis Moncada, canciller, consentido de Rosario Murillo—vicepresidenta, esposa del presidente Daniel Ortega y mandamás todapoderosa—ex embajador en la Organización de Estados Americanos (OEA) y amigo íntimo de la dinastía dictatorial.
La comitiva costarricense, sin experiencia en negociaciones duras y menos en zarandeadas de este tipo con Nicaragua, llegó a la cita con la meta de acordar con Managua un cierre total—o sea, todo, no a medias—a ambos lados de la frontera.
El objetivo era imponer un cerco sanitario para bloquear, de sur a norte y de norte a sur, el paso de personas con la única excepción de costarricenses viajando de Nicaragua a Costa Rica y nicaragüenses transitado de Costa Rica a Nicaragua. (Si el gobierno de Costa Rica sale ahora a decir que nunca pidió a Nicaragua el cierre de la frontera, entonces la respuesta es clara: ¡Apague y vámonos!)
A nombre de su gobierno, el general Moncada rechazó esas y otras opciones extremas. Si la representación nicaragüense aceptaba la propuesta (cajita blanca) de Costa Rica, para Nicaragua habría sido aceptar que la situación por la pandemia es grave y admitir que, para contenerla, urgía cerrar fronteras.
“El general y su gente se comieron a los emisarios de Costa Rica, con muy pocas horas de vuelo frente a los de Nicaragua”, me dijo un experimentado diplomático costarricense que en distintos foros internacionales se batió con argumentos sólidos con Moncada para derrotar sus arremetidas en contra de los intereses nacionales.
El resultado real de la reunión del 21 de marzo en Peñas Blancas es evidente.
Nicaragua todavía no cierra ni las playas o lagos y continúa en su carnaval de aglomeraciones y demás actos masivos en sitios públicos, convencida de que la sangre de los nicaragüenses derrotará al implacable virus. Nicaragua le dijo no a la lógica—y única—propuesta costarricense de blindar el sector limítrofe común.
Los novatos nacionales, algunos con desempeño notable en el torneo nacional y pobre fuera de las cuatro fronteras de Costa Rica, retornaron a San José sin conseguir el propósito político y sanitario. La consecuencia es que, a hoy, la frontera está abierta en Nicaragua y sus más de 300 kilómetros de longitud con trillos ciegos son un pasadizo problemático para Costa Rica.
¿Qué debieron hacer Zapote y Otoya frente a la negativa de los enviados del dúo gobernante atrincherado en un búnker fortificado del Barrio El Carmen, de Managua, de cerrar frontera, con lo que exponen la salud de los más de cinco millones de costarricenses a un riesgo mayor por el ataque del Covid—19 ante una migración irregular e incesante de nicaragüenses?
Luego del encuentro de Peñas Blancas, y en defensa férrea y valiente de la salubridad de los habitantes de y en Costa Rica, Presidencia y Relaciones Exteriores debieron denunciar internacionalmente la actitud de irresponsabilidad absoluta que Ortega y Murillo ratificaron el 21 de marzo. En estos momentos, y con la sanidad de los costarricenses de por medio, tampoco interesa que a Ortega y a Murillo les guste o disguste lo que haga Costa Rica: urge actuar.
Aquel devaluado con Costa Rica “no se juega” de otro inquilino de Zapote sigue todavía más depreciado si se evalúa la reacción de las autoridades costarricenses tras las afrentas del tenebroso y demencial matrimonio Ortega—Murillo, ya despojado de sensibilidad y decidido a jamás ceder.
En forma paralela, Zapote y Otoya debieron seguir por las siguientes vías:
Convocar a una Cumbre de las Américas Virtual, al cobijo de la OEA y sin necesidad de que ningún jefe de Estado y de Gobierno del continente tenga que viajar al exterior, en el complemento de una ofensiva diplomática desde San José sustentada en dos finalidades muy claras:
1—Volver a denunciar en un foro de esa dimensión interamericana que Nicaragua pone en peligro la salud del pueblo de Costa Rica, por negarse a dictar las medidas preventivas y reactivas internas por la incursión incesante del coronavirus y por impedir que, en un país con una fragilidad sanitaria tras casi dos años de hondo conflicto político, institucional y socioeconómico, los nicaragüenses sigan migrando a suelo costarricense como potenciales portadores del virus.
2—Como país sin ejército desde 1948, con abundante autoridad moral de nación que hace más de 71 años le declaró la paz al mundo y decidió gastar sus recursos en educación y salud, exigir a los restantes 34 gobiernos de América que, en lo inmediato y frente a los efectos sanitarios y socioeconómicos de la pandemia, recorten sus presupuestos militares y refuercen con urgencia los gastos en seguridad social.
¿Cuál es el consuelo de los argentinos al saber que su ejército, con la responsabilidad de defender la soberanía y la integridad territorial de Argentina, perdió un submarino que, además del saldo mortal del incidente, le significó un costo millonario en su presupuesto?
Viendo a Europa, ¿de qué le sirvió a Italia, en la catástrofe que se hundió por el azote del fenómeno, tener aviones supersónicos que apenas sirvieron en este escenario de tragedia humana para hacer dibujitos con los colores de la bandera italiana con sus chorros en el aire?
Sí, de nada. E igual sucede, por ejemplo, con los tanques rusos en Nicaragua o con los aviones rusos en Venezuela y con la avalancha de cuantiosa ayudar militar por décadas de Estados Unidos a América Latina y El Caribe.
En este contexto, los dos siguientes datos son contundentes:
Un recuento del Instituto Internacional de Estocolmo para la Investigación de la Paz, principal centro global de monitoreo de presupuestos de defensa, reveló que América Latina y El Caribe (excepto Costa Rica) gastaron mil 485 mil 600 millones de millones de dólares de 1988 a 2018.
En contraste, la intergubernamental Conferencia Latinoamericana de Saneamiento mostró otro drama latinoamericano y caribeño: 14,3 millones de personas defecan al aire libre, 17,5 millones usan letrinas simples y solo 51,8% de sus 660 millones de habitantes tiene servicios seguros de saneamiento para eliminar excrementos.
Sin duda que el resultado de este tipo de gestiones internacionales es incierto y en especial en el contexto de la OEA. También lo es la iniciativa—valiosa y oportuna—que el Ministerio de Salud de Costa Rica lanzó en marzo pasado ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) para facilitar las condiciones de acceso a tecnologías en el combate al coronavirus.
Si los países americanos se niegan a recortar los gastos militares, pues que los organismos internacionales que hoy están recibiendo sus solicitudes de préstamos para luchar contra el Covid—19 entiendan que esas naciones están mandando un mensaje claro: los militares, sus armas y sus tropas son intocables, aunque la insalubridad y la vida de millones de personas esté bajo una amenaza con desenlace sin certidumbre.
De carambola, Costa Rica se instalará en un sitial de liderazgo y, a tres bandas, podrá tener puertas abiertas para acudir a recursos frescos y en condiciones favorables para la guerra verdadera: defender la salud de las personas que habitan en sus 51 mil kilómetros cuadrados.
Por eso, el 176 cumpleaños del Ministerio de Relaciones Exteriores de Costa Rica que se celebró el 9 de abril demostró una reiterada triple ausencia de política internacional, de visión de estadista y de compresión geopolítica en Otoya y en Zapote.
Jerarcas del gobierno de Costa Rica se movilizan en lancha para una inspección en la zona fronteriza con Nicaragua este 10 de abril. Foto: Presidencia de Costa Rica.
(*) José Meléndez es un periodista costarricense que es corresponsal del periódico El Universal, de México, para América Latina y El Caribe, y que escribe para medios de comunicación de España, Colombia y Estados Unidos.
Fronteras porosas no los detienen y profundización de problemas sociales como pobreza y desempleo los impulsarán a continuar buscando un futuro más seguro para sus familias.
La enfermedad covid-19 profundizará las condiciones de pobreza y violencia de los centroamericanos, por lo que las migraciones no se detendrán a pesar de los cierres de los puestos fronterizos oficiales, advirtió Guillermo Acuña, especialista en migraciones del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional (Idespo-UNA).
Se calcula que, anualmente, un total de 400 mil personas intentan cruzar la frontera de los Estados Unidos en busca de un futuro económico y social más seguro. La mayor parte son personas centroamericanas de países del llamado triángulo norte (El Salvador, Guatemala y Honduras).
Según Acuña las fronteras de los países centroamericanos, México y Estados Unidos son muy porosas, lo cual permite el paso de migrantes por múltiples puntos ciegos, de manera ilegal. Sin embargo, es en estos puntos donde peligra la vida de los migrantes y sus familiares, pues la seguridad se ha intensificado, tanto por la policía migratoria como por el ejército de cada país.
La investigadora del Instituto Mora, de la ciudad de México, Leticia Calderón, comentó que “México no ha adoptado, hasta este el momento, una política de apertura o flexibilidad para permitir que las personas migrantes que ya están en el país puedan circular, moverse y en algún momento guarecerse de lo que esperamos casi como un tsunami respecto al tema del coronavirus”. Calderón considera que es un momento para reflexionar sobre la política de detención migratoria al sur de México.
El 2019 estuvo marcado por la salida de varias caravanas migrantes, que partieron de Honduras o El Salvador, y a lo largo del camino recogieron migrantes del resto de los países del triángulo norte. Ante las caravanas, Guatemala, México y Estados Unidos recrudecieron la seguridad en las fronteras para impedir el paso legal de los migrantes. Según datos del Instituto Nacional de Migración de México, para el 1 de enero de 2020 habían registrado 2.410 personas en los albergues para migrantes ubicados en México; muchas de estas personas están a la espera de una cita en las cortes de migración estadounidenses para exponer sus casos y tratar de ingresar como refugiados a este país.
La enfermedad covid-19 provocó el cierre de dichas cortes estadounidenses por lo que los juicios quedaron suspendidos y las citas para migrantes congeladas hasta nuevo aviso, por lo que los migrantes deben continuar esperando en condiciones sociales y de salud muy vulnerables.
Guillermo Acuña impartirá el taller virtual Migraciones y movilidad en Costa Rica: desafíos contemporáneos, el martes 14 de abril a las 9 a.m. por la plataforma zoom.
Por Guillermo Acuña González Escritor y Sociólogo Costa Rica
Cientos de imágenes que atraviesan los territorios virtuales, muestran a la gente convencida de su encierro. Le cantan a su encierro. Le leen, leemos textos, conmovidos, sensibles, amorosos. Jugamos, planeamos, vivimos una extraña libertad entre cuatro paredes. El encierro nos ha devuelto, si, a la más originaria de las condiciones humanas: la de vernos a nosotros mismos.
Mientras nos miramos, ahí, afuera, en este preciso instante, la movilidad humana es sometida a prueba. Ante la inminencia de la pandemia global, los Estados, al decir de la colega mexicana Leticia Calderón Chelius, prefirieron una respuesta del medioevo: atrincherarse, cerrar sus puertas con picaportes, nadie entra, nadie sale. A esta hora, mientras se resuelven impuestos solidarios, despidos y acomodos para la empresariedad regional, cientos de migrantes centroamericanos continúan siendo deportados por las políticas desquiciantes y alucinantes de la administración en Estados Unidos.
Si bien para efectos de salud pública esta acción de los estados ha significado una respuesta homogénea, legitimada por los discursos de verdad sobre la actuación de prevención y mitigación del contagio, en las movilidades humanas seguimos observando procesos que comprometen los derechos humanos de las personas que se desplazan.
El cierre irrestricto de las fronteras implica, de golpe, la posibilidad de que las personas busquen cruzar por puntos ciegos, ahí donde los Estados no alcanzan a vigilarlos. Entonces, el remedio, ya lo han dicho colegas con quienes comparto espacio de intercambio a nivel latinoamericano, puede convertirse al corto plazo en una acción propulsora de más casos, más contagios, más muertes. La información proveniente de la frontera entre Colombia y Venezuela, así como la paradoja de la inversión de las trayectorias en la línea divisoria entre México y Estados Unidos (ahora son los mexicanos los que pancartas en mano exigen el cierre de fronteras ante la posibilidad de la portabilidad de casos en los cuerpos de quienes viven en territorio fronterizo del lado estadounidense) confirman lo que esta crisis humanitaria mundial ha supuesto para la comprensión del fenómeno migratorio en todas sus dimensiones. Se ha falseado, de pronto, el sistema epistemológico y conceptual con el que veníamos operando para abordar dichos procesos.
Desde el giro de la movilidad, que es un abordaje conceptual en construcción permanente, los desplazamientos humanos deberían verse como un proceso de normalidad, más cuando se cruzan las fronteras. Como los preceptos de los Estados modernos han puesto su atención en el músculo inquebrantable de las fronteras, cuando una persona las traspasa de las formas que sean, esos Estados entran en crisis, se aferran a su resguardo, se blindan, disparan a matar para que nadie entre (como se leyó en estos días en redes sociales por usuarios costarricenses que a toda costa desean que esta coyuntura termine por demostrar que la blancura y excepcionalidad ticas deben ser resguardadas de esos otros cuerpos, los cuerpos de los migrantes pobres que provienen del otro lado del río).
Mucho antes que la crisis sanitaria y humanitaria global fuera declarada, las narrativas de la gestión migratoria ya habían adelantado el lenguaje que ahora se antoja novedoso en el campo de la salud pública. Ya las movilidades centroamericanas de finales del 2018 habían sido “confinadas” en puentes, estaciones migratorias, centros de detención. Ya la distancia social había sido utilizada de forma criminal por el gobierno de Estados Unidos al separar familias enteras y darles trato de reos y delincuentes a niños y niñas centroamericanos que apenas podían balbucear su nombre. Ya antes, mucho antes que esta crisis nos dijera que hay cuerpos que si importan y cuerpos que no, muchas personas migrantes centroamericanas habían sido apedreadas cuando pasaban por comunidades de tránsito, fumigados sus cuerpos para prevenir males contagiables, golpeados y discriminados por sus identidades sexuales diferenciadas.
Estas horas, que nos toman a muchos con nuestra movilidad restringida por las indicaciones de las autoridades de la salud pública a nivel global, deberían servirnos para que el tema de las movilidades humanas, eso que los estados llaman migraciones, nos atraviesen nuestros cuerpos y nuestras percepciones. Estar con el derecho del desplazamiento comprometido es lo que cientos de personas centroamericanas han experimentado ya por décadas en su tránsito por México y en su ingreso a Estados Unidos. Pongámonos en sus pieles. Ellos han sido confinados, separados, reducidos, por las prácticas de resguardo y los enfoques de seguridad de los estados y las percepciones que los criminalizan, los encasillan, los cuestionan. Hoy el mito de la movilidad se derrumba. Hoy su cuerpo, el cuerpo del que lee estas líneas, es un cuerpo sospechoso, portador, posiblemente enfermo. Para ese cuerpo, los límites a su movilidad son una orden. Pensemos en esto y pongamos en perspectiva los desafíos para la comprensión de las movilidades humanas en la región centroamericana.
Por Guillermo Acuña González Sociólogo y escritor 16 de marzo 2020
Doña Mercedes es una mujer pequeña, que trenza su pelo blanco
hasta convertirlo en una especie de ritual milenario. Viajamos juntos en un bus
internacional. Me cuenta tantas cosas, como si se hubiera enterado de mi
interés siempre presente por las biografías relacionadas con las movilidades
humanas, sus impactos, sus consecuencias.
Hablamos de políticas de población, por ejemplo. “tuve doce hijos
y usted no sabe cómo cuesta sacarlos adelante”. De esos doce hijos, dos viven
en Costa Rica. El varón, al que visitó en estos días, vive en Jacó. “construye
casas”, me dice. De su hija mujer solo me cuenta que tuvo cuatro hijos y que no
se acuerda donde vive. Es originaria de Palacagüina, la de la canción. “Ahí
nació Cristo, el de los pobres”, me dije. Unos kilómetros antes de llegar, al
pasar por Sébaco, me comparte su recuerdo acerca de uno de sus hijos que fue
enviado por un Banco a salvar al pequeño productor, ahogado en deudas.
Me pregunto sobre si es ahora, en un contexto de precariedad
económica y social, pero no, me confirma que fue hace muchos años. En realidad
la región tiene ya muchos años de experimentar estos desequilibrios sociales e
institucionales y ahora, le toca enfrentar, desde sus especificidades, los
efectos de una realidad sanitaria global que en el reloj de la muerte ya lleva
avanzadas horas de contar víctimas. Retomamos la conversación poblacional:
“ahora la mujer no quiere tener hijos”, me resume así su pensamiento sobre esas
políticas de población no escritas, pero que la fuerza del empuje de las
reivindicaciones y los derechos de la mujer, ha transformado en realidades
latentes que se esparcen por toda la región, como reconocimientos conquistados
y en proceso de consolidación.
Prontos a llegar al lugar donde el Autobús se detendrá para que doña Mercedes baje, 50 kilómetros antes del puesto fronterizo Las Manos, entre Honduras y Nicaragua, me pregunta y le contesto: “a Honduras, a un encuentro regional de poesía y a hablar sobre la gente como su hijo, el que vive en Costa Rica”. Nos decimos adiós desde lo habitual, como si siempre hubiéramos compartido viaje, como si siempre nos hubiéramos visto. Ahora, con el pasar de los días, pienso en su menudencia, preparada para todas las inclemencias posibles, incluso las que dictan los designios de una calamidad global que empieza a expandir sus tentáculos haciéndose más fuerte, mostrando la debilidad humana, pero sobre todo la debilidad de un sistema económico que, basado en la extracción y la competencia desigual, pareciera haber iniciado un largo periodo de reseteo.
Los regímenes de movilidad son espacios en los que las fronteras
internacionales adquieren un carácter especial. Pienso en esa noción mientras
camino con mi pasaporte en las inmediaciones de una polvorienta estación migratoria
de paso entre Nicaragua y Honduras llamada Las Manos. Como en otras zonas de
paso, a ambos países los divide una aguja que es levantada insistentemente por
funcionarios migratorios en medio de una dinámica compleja, desordenada, que
interviene en eso que Stefanie Kron (2011) denomina la tensión entre los
movimientos migratorios y los intentos para “sujetarlos, conducirlos,
gobernarlos. Son regímenes migratorios en los que las fronteras adquieren un
carácter especial: son a la vez regímenes fronterizos.
Cruzar en estos días los regímenes fronterizos como Las Manos, o
Peñas Blancas entre Costa Rica y Nicaragua, es tensionar constantemente las
narrativas entre el control global, la restricción de la movilidad impuesta por
las circunstancias y lo que realmente ocurre en esos territorios de interrupción
y continuidad que se producen en las divisiones sociopolíticas
centroamericanas.
De regreso a Costa Rica, luego de comprobar que la palabra puede
abrirle orificios enormes al dolor y la desigualdad a un país como Honduras,
nos detenemos en Las Manos. Paradójicamente recuerdo a Kilapayún y su solicitud
de unir todas las manos negras y blancas para construir una muralla. Es una
mañana fría y con más polvo que de costumbre. Nos dirigen hacia una estación sanitaria
improvisada (un gran toldo y varios funcionarios protegidos de nuestros
cuerpos) adonde seremos testeados, revisados en nuestra biografía de los
últimos 14 días y orientados a dirigirnos a un centro médico si presentamos los
síntomas ya referidos en los medios de comunicación y en redes sociales.
Es una especie de sitio centinela, que la epidemiología contemporánea define como lugares de vigilancia al paso de grupos humanos para analizar su comportamiento. Ahí estoy yo y varias personas centroamericanas más. Luego mi observación sobre los espacios de porosidad, la movilidad latente, las narrativas de construcción de muros que son derribados por estas lógicas mediante las cuales las personas esquivan, responden, cruzan. Los personajes de frontera, la transacción formal e informal permanente, la urgencia por cruzar. Observo tres mujeres con sentido Nicaragua-Honduras dirigirse a hacer sus diligencias migratorias. Pienso en las desigualdades, las violencias, el acceso. Las veo marcharse entre la espesura de vehículos de gran tracción estacionados como grandes dinosaurios en medio de la nada. La vida sigue, pero ayer mismo esa frontera fue cerrada. Las manos se convirtieron en puño, hasta nuevo aviso.
En el camino de regreso, termino de leer el trabajo de Óscar Martínez sobre las movilidades humanas centroamericanas de hace diez años. Busco en redes sociales avances, novedades sobre la pandemia mientras vamos dejando atrás una apacible y rápida frontera entre Nicaragua y Costa Rica. Contrario a hace unos días, cuando fuimos encuestados por funcionarios del Gobierno de Nicaragua, el paso de regreso solo nos trajo preguntas sobre el cambio de córdobas a pesos, las ventas de comida y artesanías, en medio de un calor sofocante de las tres de la tarde.
La relación entre pandemias y movilidades humanas no es nueva. La
historia está llena de imágenes y metáforas sobre las malas noticias de las que
son portadoras las corporalidades humanas a los ojos de los otros. Pienso en
eso mientras reflexiono haberme movilizado en estos contextos. Lo volvería a
hacer sin duda, como lo hice, extremando los cuidados, los míos y los de los
otros. Así transcurrieron algunos días en Tegucigalpa, de la que regresé lleno
de poesía, pero también de imágenes sobre su realidad, su contexto de
desigualdad, sus rasgos de un estado entregado a los vicios de los poderes
fácticos, la porosidad de la frontera y esos contextos de discriminación y
racialización, al ver un inmigrante, posiblemente haitiano, ayudar a acomodar
los equipajes en el autobús luego de la inspección de rigor por parte de las
autoridades migratorias costarricenses. Sus facciones y su requerimiento en
francés para pedir campo y cumplir con su trabajo informal, me recuerdan todas
las metáforas posibles en las que los costarricenses hemos construido al otro
en los últimos años.
Busco
información actualizada. Y da la casualidad que Oscar Martínez, el de las crónicas
sobre los migrantes de hace diez años, también colabora para el diario Español
“El país”, en el que escribió el viernes 13 de marzo, estas líneas:
“en esta pandemia se recomienda no viajar, mucho menos desde países que tengan casos de coronavirus, como México o Estados Unidos. Eso sí, si usted es migrante centroamericano olvide lo que hemos dicho.Se recomienda también lavarse las manos varias veces, con detenimiento y detalle. Pero en estos países un gran porcentaje de la población no recibe agua potable. Miles de esas personas pagan el servicio, pero la falta de planificación urbana que permitió la construcción de colonias obreras encaramadas en cerros, los sistemas de tuberías viejos y dañados y el acaparamiento han llevado a que esa gente no tenga más que un pequeño hilo de agua una hora o dos por las madrugadas. Otros, nada. Si en estos países uno vive en las zonas pudientes y tiene una cisterna que chupe agua para acumular en las horas que el servicio llega, puede lavarse las manos tal como indican los manuales. Si uno vive en las comunidades y cantones centroamericanos y el agua que acarrea del pozo es a base de sudor y músculo, quizá no vaya a cumplir a rajatabla las instrucciones de la Organización Mundial de la Salud. Saludarse con el codo, dicen. Mejor aún, de lejitos, si es posible. En Honduras, por ejemplo, una de cada cinco personas vive en pobreza extrema en zonas rurales. O sea, con menos de $1.90 al día. Esa gente, muchos de ellos vendedores informales de lo que cosechan, viajará en autobús al pueblito más cercano, tomado de la barandilla más a la mano, sin alcohol-gel por ninguna parte, que cuesta unos centavos el botecito, se refundirá en algún mercado e intentará vender de puesto en puesto lo que cultivó. Esa gente dará la mano a quien deba darla para cerrar un trato y extenderá la palma para recibir monedas cuando se las ofrezcan a cambio, porque si no lo hace no será el coronavirus el que lo matará, sino el hambre. Esa misma gente, no se preocupen, no acaparará nada en ningún supermercado. El coronavirus ya llegó a esta región, plagada de calamidades. Ahora, hará lo suyo. Porque lo otro, lo de construir sociedades con un abismo profundo entre unas clases y los de abajo, ya está hecho desde hace décadas” (Oscar Martinez. “Ser pobre en una región que espera el coronavirus”. Recuperado el 16 de marzo dehttps://elpais.com/internacional/2020-03-14/ser-pobre-en-la-region-que-espera-el-coronavirus.html)
Cada país de la región ha enfrentado a su manera el desafío. Ha acudido a las narrativas del poder, de la imposición, de la construcción de comunidad bajo el lema “juntos saldremos adelante”. Pienso en Doña Mercedes, en ese migrante haitiano en la frontera, en las movilidades humanas que continúan despachando esos países. Pienso en las décadas de discurso orientado a la individualidad y la competitividad, la exclusión, la desigualdad y luego vuelvo a pensar en las fronteras, en las movilidades humanas como recurso para la sobrevivencia. Pienso en todo eso mientras abro la puerta de mi casa, a asistir como ritual, a varios días de cuido y reflexión sobre la región que somos. En cómo haremos para pensarnos como comunidad, en como abrirle a las manos, los puños y volver a estrecharlas en un régimen ya no de separación, sino de alegría y construcción colectiva.
En una conversación profunda, el rector de la Universidad de Costa Rica, doctor Henning Jensen Pennington y el docente e investigador de esa casa de enseñanza superior, doctor Carlos Sandoval García, abordan el sentido político de la migración, en un mundo marcado por ese fenómeno social y económico que adquiere muy evidentes condiciones políticas a pesar de ser consustancial a la historia de la humanidad.
SURCOS le invita a ver el video de Diálogo abierto, el programa de la rectoría de la UCR y conocer, en alrededor de 50 minutos, las veredas sociales, históricas y políticas que han construido la categoría migrante.
“Venimos huyendo de nuestro propio país porque a nuestro país sí le tenemos miedo”
La salida colectiva de miles de personas centroamericanas provenientes especialmente de Honduras y también de El Salvador a partir de octubre 2018, a menudo llamada “caravana”, ha despertado una enorme atención internacional. Ellas se desplazaron primero hacia Guatemala y posteriormente hacia México. En este mes de diciembre esperan alguna posibilidad especialmente en la ciudad de Tijuana, ciudad fronteriza de México.
Un primer elemento que tal vez valga la pena poner en discusión es la misma noción de “caravana”. Al menos en castellano, y eventualmente también en otras lenguas, caravana parece tener una acepción cotidiana que no se asocia tanto a una salida forzada, peligrosa o riesgosa.
“Éxodo”, un concepto con una amplísima historia, especialmente asociado a textos bíblicos, vendría al caso en esta situación migratoria centroamericana, pues da cuenta de la naturaleza forzada de la migración. Hoy en Centroamérica no se elige migrar; hoy en Centroamérica migrar es una obligación.
Un segundo elemento es si, efectivamente, estamos frente a la presencia de un incremento de la migración de personas hondureñas o si más bien su salida colectiva ha producido, en buena medida a través de la narrativa de los medios de comunicación, un cierto efecto de realidad que daría la sensación de que estamos frente a algo inusitado.
Los censos de los Estados Unidos permiten poner este fenómeno en perspectiva. Si se comparan los porcentajes de personas centroamericanas registradas en los censos de los años 2000 y 2010, se notará que la población centroamericana en su conjunto aumentó en un 136%: La población hondureña, en particular, se incrementó en un 191%, la guatemalteca en un 180% y la población procedente de El Salvador en un 151% (Sandoval 2015).
Lo nuevo es más la salida colectiva, no el número mismo de personas que emigran. De hecho, es muy frecuente ver en las noches a docenas de personas esperando autobuses en San Pedro Sula o en Tegucigalpa para iniciar un viaje que con ilusión y miedo les llevará a los estados de Chiapas o a Tabasco; dos de los principales puntos de ingreso al territorio mexicano.
La migración hondureña ha sido predominante a lo largo de este siglo XXI. Como apunta Ismael Moreno (2018:4): “La caravana de todos los días ha sido silenciosa, solapada, discreta, privada, invisible y hasta vergonzante. Pero con esta explosión se ha convertido en visible, pública y hasta dignificante”.
La salida colectiva podría estar motivada tanto por factores si se quiere coyunturales como también más de naturaleza estructural. El aumento del precio de los servicios de electricidad, gas y gasolina, así como de varios productos alimenticios se cuenta entre los detonantes que impulsaron esta salida colectiva. Un agente de la pastoral de la Iglesia Católica, quien labora en una comunidad empobrecida de Tegucigalpa lo resume así: “Los encargados de nuestro país han hecho desastres en estos últimos meses; más que en otros meses y años”.
Salir en grupo puede al menos disminuir el peligro de los secuestros y la extorsión. Excepto los y las costarricenses, el resto de las personas centroamericanas requiere visa para ingresar a México. Ello les obliga a ingresar y transitar por puntos no autorizados, al tiempo que les expone a múltiples vejaciones, ya sea del crimen organizado o de los mismos cuerpos policiales mexicanos. En el contexto del auge de las redes sociales, muchas personas establecen contactos y esas que pensaban salir a tomar el bus una noche para iniciar su viaje convienen que tiene más sentido hacerlo de manera colectiva.
Entre los factores si se quiere más de tipo estructural la ausencia de empleo digno es decisiva. La pobreza se calcula con un 64,3% del total de la población, y eso crea condiciones de violencia estructural muy difíciles de afrontar especialmente para las personas jóvenes, quienes son mayoría en esa mayoría silenciosa que abandona el país todas las noches.
En una investigación llevada a cabo con jóvenes residentes en comunidades populares urbanas en El Limón, Nueva Capital, Popotlán, Jorge Dimitrov y La Carpio en Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica, respectivamente, la mitad de las personas encuestadas dejarían sus países, lo cual no deja dudas acerca de las consecuencias de la exclusión. Los datos obtenidos en Popotlán en El Salvador son más angustiantes, pues un 79% desearía irse.
En términos políticos, sin duda, el golpe de Estado contribuyó a crear más fragilidad en el tejido social de la sociedad hondureña. En junio 2019 se cumplirán 10 años del golpe de Estado y en noviembre 2018 fue re-electo Juan Orlando Hernández, en una contienda electoral cargada de protestas, dudas y denuncias por fraude electoral. Hernández logró cambios constitucionales que le permitieron la reelección, irónicamente uno de los motivos del Golpe de Estado del año 2009. La reelección estuvo precedida por el desfalco estimado en 200 millones de dólares al Instituto Hondureño del Seguro Social, que provocó un movimiento social llamado “Los Indignados”, que solicitaba la destitución de Hernández (Reynolds 2018). De ahí que su reelección fue aún más cuestionada.
Un tercer conjunto de factores son sociales. La violencia criminal es enorme en Honduras. En 2016, después de Caracas, San Pedro Sula era la ciudad más violenta del mundo con 111 homicidios dolosos por 100.000 habitantes (Hansen-Nord et al. 2016). Una mañana de domingo de setiembre de 2013 en Coatzacalcos Veracruz, mientras esperaban la salida del tren, tres jóvenes hondureños, quienes no contaban con apoyo en los Estados Unidos, sentenciaron: “De por sí, si nos van a matar en Honduras, que nos maten aquí” (Sandoval, 2015:41).
La mayoría de las personas que integran esta marcha tomó las rutas más distantes de la frontera de México con los Estados Unidos. Esta decisión volvió el viaje aún más agotador y a lo mejor estuvo motivada en el deseo de evitar la ruta del Golfo de México, en donde hay una presencia manifiesta del crimen organizado y con ello la extorsión y la muerte. Si bien entre San Pedro Sula y Tamaulipas hay unos 2.700 kilómetros, la mayoría de las personas eligió llegar a Tijuana, que la separa unos 4.348 kilómetros de San Pedro Sula.
La frontera entre México y los Estados Unidos tiene una longitud de 3185 kilómetros, un tercio de la cual ya tiene muro, una iniciativa que inició como parte de la Operación Guardián, durante el gobierno de Bill Clinton (Nevins 2001). Durante los dos primeros años de su gobierno, Donald Trump no ha avanzado en la construcción del muro, pero sí ha levantado un muro simbólico que tiene efectos prácticos en el control migratorio que es igual o más importante que el mismo muro físico.
En la actualidad, las autoridades migratorias exigen a las personas que llegaron a la frontera como parte de la llamada “caravana” que en inscriban en una lista a cargo de autoridades mexicanas. Esta lista les permitiría solicitar asilo. Este procedimiento ha sido criticado por ONGs que acompañan migrantes, pues no es claro qué desenlace práctico pueda tener.
El gobierno de los Estados Unidos aprueba apenas un 10% de las solicitudes de asilo que se tramitan (Tourliere 2018). Mientras tanto, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) no parece ejercer un liderazgo descollante en esta coyuntura. Los Estados Unidos provee un 40% del presupuesto de ACNUR y es su mayor proveedor (Tourliere 2018). En estas circunstancias obligan a muchas personas a solicitar algún tipo de estancia regular en México.
A modo de cierre, habría que decir tres consideraciones particularmente importantes. Una primera es que el día 6 de noviembre hubo elecciones de medio periodo en los Estados Unidos y en nueve de los ocho distritos, de cuatro Estados, se han elegido legisladores del Partido Demócrata (Corona 2018). Es decir, pese a que Trump ha tenido la inmigración como su bandera predilecta y que antes de las elecciones envió 5.200 soldados a la frontera todo ello no se tradujo en un triunfo electoral. Alentar el odio migratorio no se tradujo en un gran caudal electoral y ello siembra esperanza acerca de cómo el odio antinmigrante puede ser subvertido políticamente.
En segundo lugar, el día 1 de diciembre 2018, fuera la toma de posesión de Antonio Manuel López Obrador, el nuevo presidente de México, quien tendrá sin duda entre sus múltiples retos, todos muy difíciles y muy complejos, el tema de la emigración centroamericana. Algunas organizaciones en México y en Centroamérica ha dicho que México debería facilitar el paso de los migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, pero sin duda la enorme presión y casi que el poder de veto que tiene el gobierno de los Estados Unidos vuelve muy difícil una decisión política de esa profundidad; pero sin duda el nuevo gobierno de México tendrá como punto el tema de la migración centroamericana entre sus largas lista de desafíos.
En la reciente cumbre sobre migración celebrada en Marrakech, Marruecos, el nuevo gobierno mexicano planteó ofrecer empleo a las 200.000 personas centroamericanas que se estima cruzan México todos los años. El gobierno de México estima en un millón el número de migrantes en México, cuya población se estima en 130 millones (Lafuente y García 2018). Ello no parece inviable si se toma en cuenta que Alemania ha recibido 4 millones con una población de 82 millones y Líbano, con una población de 6 millones de personas, alberga a al menos a un millón de refugiados.
El nuevo gobierno mexicano esperaría ofrecer empleo a miles de personas centroamericanas en la construcción en proyectos como la construcción de las vías del Tren Maya, que recorrería los estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esta iniciativa formaría parte de una especie de Plan Marshall que se negocia también con el gobierno de los Estados Unidos. Se trataría de encauzar los fondos, de unos 500 millones de dólares, que se reciben para proyectos de seguridad como la Iniciativa de Mérida o el Plan Frontera Sur, para ser destinados a proyectos de infraestructura.
Por último, pero no menos importante, más allá de las elecciones de medio periodo en Estados Unidos y el inicio del nuevo periodo presidencial y legislativo en México, el gran reto que se tiene en Centroamérica es cómo garantizar un derecho a no tener que emigrar, es decir, cómo imaginar una salida de mediano y de largo plazo a las enormes inequidades y desigualdades que se viven en la Región. Este es un enorme desafío del cual desdichadamente las clases dirigentes hoy en Centroamérica no parecen estar dispuestas a atender.
Más bien, lo que observa es una larga lista de casos de corrupción que han llevado a la cárcel a prácticamente presidentes o expresidentes en todos los países de Centroamérica, con excepción de Nicaragua, en donde el control de los poderes del Estado por parte de la familia Ortega-Murillo vuelve imposible esta posibilidad. En Guatemala, el expresidente Otto Pérez Molina guarda prisión; mientras tanto Jimmy Morales, el actual Presidente, y otros poderosos actores políticos han manifestado su rechazo hacia la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un órgano independiente de apoyo al Ministerio Público, el cual surgió como una alternativa frente a la debilidad institucional del sistema judicial. En el caso de El Salvador, el expresidente Antonio Saca fue condenado a 10 años de prisión; mientras tanto, sobre el expresidente Mauricio Funes hay orden de captura. Funes se refugió en Nicaragua.
Devis Leonel Maradiaga, exjefe del cartel Los Chachiros (Moreno 2015), basado en Honduras, el cual introdujo toneladas de cocaína a los Estados Unidos declaró en contra de Fabio Lobo, quien fue condenado a 24 años de prisión. Fabio es hermano del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), El 23 de noviembre 2018 fue también detenido Juan Antonio Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, acusado también de vínculos con el narcotráfico. Costa Rica no es tampoco la excepción, pues dos expresidentes, Rafael Angel Calderón Fournier y Miguel Rodríguez Echeverría, han ido a juicio. A la lista se agrega Ricardo Martinelli, ex presidente de Panamá, quien fue deportado en junio 2018 por el gobierno de los Estados Unidos, acusado de escuchas ilegales a rivales políticos.
Frente a los grandes retos de Centroamérica, las clases dirigentes centroamericanas exhiben crecientes manifestaciones de corrupción y abuso de poder. Cómo salir de tanta inequidad y tanto desigualdad es un sin duda, un desafío para el pensamiento y la acción progresista en América Central.
Dos personas hondureñas, entrevistadas por la BBC, mientras caminaban rumbo a México en el mes de octubre 2018, resumieron muy bien estas inequidades y desigualdades. Una de ellas manifestó: “A mi si el Presidente de los Estados Unidos no le ayuda a Honduras no me interesa porque yo no recibo ayudas de él”. La otra, por su parte, concluyó: “No le tenemos miedo a las amenazas de Trump; venimos huyendo de nuestro país porque a nuestro país sí le tenemos miedo”.
La UNESCO y El Farolito, con el apoyo de la Asociación Teatro Espressivo le invitan al conversatorio: La migración: Desafíos y aportes desde la perspectiva artística.
