Justicia para la dignidad: del no puedo respirar… al déjennos pasar
Por Memo Acuña (Sociólogo y escritor costarricense)
Las imágenes se repiten una y otra vez. En el mundo de la espectacularidad y el testimonio inmediato es prioritario primero atestiguar y luego alzar la voz para denunciar. Al menos así hemos sido programados.
En el caso de George Floyd, su asesinato a manos del ex agente de policía de Minneapolis, Derek Chauvin fue viralizado y visto por millones de personas en el planeta a través de las redes sociales.
La voz quebrada de Floyd implorando su falta de aire, en una paradoja moderna al encontrarnos en medio de una crisis sanitaria global que ataca las vías respiratorias, no deja de simbolizar los millones de personas en todo el planeta oprimidas por un sistema económico y político avasallante e inhumano.
El fallecimiento de Floyd levantó movimientos de protesta que alcanzaron connotaciones globales internacionales. Bajo el lema “Las vidas de las personas negras importan” millones de personas mostraron su indignación y el enojo alcanzó otras esferas más allá de las civiles.
Las industrias culturales del deporte y del entretenimiento del norte global, por ejemplo, amplificaron las manifestaciones que en todo Estados Unidos ocurrieron, sin importar el llamado a quedarse en casa en medio de la pandemia que aún no acaba. Todavía hoy, ligas de fútbol importantes como la inglesa reproducen el acto simbólico de arrodillarse antes de los juegos, como símbolo para recordar que la violencia racial permanece como lastre colonial en todo el planeta.
Resulta comprensible esa no escucha del llamado al cuido en la salud, cuando el racismo como sistema ha quebrado las bases de la convivencia social en prácticamente todos los países del mundo. Su desarrollo es consustancial al sistema capitalista y de dominación imperante y cuando estalla la ira, asume formas masivas como las que vimos durante los movimientos de protesta el año anterior.
Chauvin ha sido declarado culpable de tres cargos: asesinato en segundo grado (la pena consiste en hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado (cuya condena máxima es de 25 años) y homicidio en segundo grado (hasta 10 años de privación de libertad) (BBC News). Un juez determinará pronto el alcance de su condena. Sin embargo, esta acción penal no restituirá la vida de Floyd ni acabará con el sistema racista alrededor del mundo.
Hace unas cuantas semanas, en una acción de fuerza y brutalidad policial también atestiguada por el ojo de un teléfono celular, Victoria Salazar, migrante salvadoreña con visa humanitaria, fue asesinada por cuatro agentes de la ciudad de Tulum (Quintana Roo), en México.
Pese a que la acción desencadenó una ola de protestas en aquel país, El Salvador y otras ciudades y que fue comparada con la muerte de George Floyd, la amplificación de esta tragedia no ha tenido el mismo efecto ni comunicacional ni simbólico.
Las explicaciones pueden ser muchas. Pero quizá la que pareciera tener mayor peso es la que considera que los migrantes no le importan al sistema global y en consecuencia las industrias que administran las migraciones desechan a partir de un aparataje securitario de exterminio, esas otras corporalidades.
Así como el racismo se adhiere en la piel, el odio contra las personas migrantes percute las acciones de administración migratoria, las percepciones sociales y su rechazo. Hemos dicho en otras reflexiones que la pandemia activó los miedos contra esas corporalidades extranjeras como la de Victoria y por eso el ensañamiento físico y simbólico.
Esperemos que la acción de la justicia que ya tuvo su respuesta para los familiares de George Floyd, lo haga también en el caso de la mujer salvadoreña cruelmente asesinada. También es permitido tener este tipo de esperanzas.
