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Etiqueta: militarización

Llamado urgente por la Paz a los presidentes y presidentas del continente

Delegaciones de nueve países, movimientos sociales y organizaciones reunidas en el II Encuentro Regional en Medellín, Colombia, exigen a los gobiernos de América Latina y el Caribe romper alianzas con la OTAN, frenar la militarización y defender la soberanía de una región declarada Zona de Paz.

Carta a los presidentes y presidentas de Nuestra América

Señores y señoras, presidentes y presidentas de los Estados de América Latina y el Caribe:

Reciban un saludo en nombre de las delegaciones académicas, organizaciones sociales, movimientos comunitarios, guardias territoriales, defensores y defensoras de derechos humanos, colectivos de comunicación, movimientos sociales cooperativos, artísticos, culturales, instituciones educativas y liderazgos populares de más de ocho países que participamos en el II Encuentro Regional “Geopolítica y Militarización en Nuestra América”, celebrado en Medellín, Colombia.

Nos dirigimos a ustedes con sentido de responsabilidad histórica y con convicción democrática, conscientes de que las decisiones tomadas por los gobiernos impactan directamente la vida, la paz y la autonomía de los pueblos.

I. Nuestra América, Zona de Paz: coherencia entre la palabra y la acción

Desde el año 2014, la CELAC declaró a América Latina y el Caribe como “Zona de Paz”, compromiso que fue ampliamente acogido por nuestros gobiernos y respaldado por los pueblos del continente.

Sin embargo, en los últimos años observamos con profunda preocupación una creciente tendencia de algunos gobiernos latinoamericanos a vincularse con bloques militares globales y regionales, como la OTAN, así como a adoptar enfoques de seguridad que reproducen lógicas de confrontación, disuasión bélica y subordinación geopolítica frente a potencias con intereses globales.

En este sentido, rechazamos de manera categórica las reiteradas violaciones al derecho internacional, a los acuerdos multilaterales, a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos que el Gobierno de los Estados Unidos ha venido cometiendo mediante políticas sustentadas en el engaño, la injerencia y la agresión contra nuestras naciones. Tales acciones, además, implican un despilfarro de recursos públicos que podrían destinarse a atender las profundas necesidades sociales del propio pueblo estadounidense, que enfrenta crecientes niveles de pobreza y precarización.

Estas alianzas contradicen:

Los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

Los compromisos multilaterales de nuestra región frente a la paz, la soberanía y la cooperación solidaria.

La tradición latinoamericana de resolver conflictos mediante el diálogo diplomático, la integración regional y el multilateralismo respetuoso.

Por ello, desde este Encuentro Regional solicitamos a sus gobiernos una revisión profunda y urgente de estos procesos y el abandono de Tratados que vulneran la soberanía continental y de los pueblos.

II. Militarización y alianzas bélicas: riesgos para la soberanía y la vida

La incorporación —explícita o indirecta— de países latinoamericanos a alianzas militares como la OTAN u otras estructuras de guerra tiene implicaciones serias:

Erosiona la soberanía regional, colocando decisiones de seguridad bajo doctrinas ajenas a nuestras realidades.

Desplaza recursos esenciales que deberían dirigirse a educación, salud, transición ecológica y bienestar social.

Profundiza la militarización interna, reforzando doctrinas del “enemigo interno” que han causado históricas violaciones de derechos humanos.

Nos involucra en conflictos geopolíticos globales que no responden a los intereses de nuestros pueblos.

Debilita la integración y la tan necesaria unidad latinoamericana, al fragmentar posicionamientos conjuntos y generar dependencias estratégicas.

Desconoce las recomendaciones de las diferentes Comisiones de la Verdad de nuestro continente, un aprendizaje histórico que no podemos desestimar.

Nuestra América no debe convertirse en escenario, ni plataforma de confrontación entre potencias. Nuestro compromiso debe ser, preservar la paz, proteger la vida y fortalecer la justicia social.

III. Solicitud formal a los gobiernos de la región

En coherencia con las discusiones, análisis y consensos alcanzados en este Encuentro, solicitamos:

  1. Reconsiderar, frenar o revertir los acuerdos de cooperación militar o de alineamiento estratégico con la OTAN y otros bloques de guerra global y regional.

  2. Abstenerse de establecer nuevas alianzas bélicas, misiones de entrenamiento o protocolos de interoperabilidad con potencias globales.

  3. Reafirmar explícitamente, en foros internacionales y en políticas nacionales, el compromiso de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

  4. Priorizar un enfoque de seguridad centrado en la vida, la democracia, los derechos humanos, el desarrollo social y el cuidado de la Madre Tierra.

  5. Promover una agenda regional de desmilitarización y fortalecimiento del diálogo político entre Estados.

  6. Alternativas para una seguridad latinoamericana basada en la vida

Reconocemos que la región enfrenta desafíos reales: extractivismos violentos, criminalidad corporativa transnacional, dinámicas de desestabilización, disputas territoriales alimentados por intereses extranjeros y aplicación de nuevas tecnologías de vigilancia en contra de los pueblos, entre otras.

Pero ninguna de estas amenazas justifica la subordinación militar a potencias o bloques de poder.

Los pueblos de Nuestra América demandan una seguridad que:

Proteja las comunidades, no que las controle.

Defienda los territorios, no que los militarice.

Cuide la vida, no que prepare la guerra.

Fortalezca la integración regional, no que la fracture.

Este es el camino sensato, justo y coherente con nuestra historia.

IV. A los gobiernos de Nuestra América: un llamado firme

En nombre de quienes resisten en los territorios, guardias indígenas, campesinas y cimarronas; organizaciones barriales; defensores ambientales; comunidades rurales y urbanas); sindicatos y organizaciones de trabajadoras y trabajadores, movimientos populares, hacemos un llamado:

No permitir que Nuestra América vuelva a ser patio militar de ninguna potencia.

No comprometer la soberanía del continente en alianzas de guerra que no representan a nuestros pueblos como la OTAN.

Sean coherentes con la palabra empeñada, América Latina y el Caribe son, y deben seguir siendo, Zona de Paz.

Confiamos en su responsabilidad histórica y en su obligación con la vida digna de nuestros pueblos.

Firman,

Participantes del II Encuentro Regional

Geopolítica y Militarización en Nuestra América”

(Canadá, EEUU, México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Brasil, Canadá)

Medellín, Colombia — 28 de noviembre de 2025

https://www.colombiainforma.info/encuentro-sobre-geopolitica-y-militarizacion-en-nuestra-america/

Organizaciones canadienses llaman al gobierno de Canadá a actuar ante ataques ilegales de EE. UU. en América Latina y el Caribe

Dos importantes redes de la sociedad civil canadiense —el Grupo de Orientación de Políticas para las Américas (GOPA) y la Coalición Common Frontiers— remitieron una carta oficial a tres altas autoridades del Gobierno de Canadá:

  • Anita Anand, ministra de Asuntos Exteriores

  • Maninder Sidhu, ministro de Comercio Internacional

  • David J. McGuinty, ministro de Defensa Nacional

La comunicación, fechada 13 de noviembre de 2025, expresa una grave alarma ante lo que describen como una escalada de ataques aéreos ilegales y letales realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles en Venezuela, Trinidad y Tobago, Colombia, República Dominicana y México.

Señalan ejecuciones extrajudiciales y violaciones al derecho internacional

Las organizaciones destacan que, entre septiembre y principios de noviembre de 2025, se han documentado al menos 19 bombardeos, con decenas de víctimas civiles. Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y otros expertos coinciden en que estos hechos constituyen ejecuciones extrajudiciales y contravienen normas esenciales del derecho internacional.

Además, subrayan su preocupación por la ampliación de facultades del Gobierno de EE. UU. para el uso de fuerza letal contra supuestos “narcoterroristas”, sin pruebas ni controles, lo cual incrementa el riesgo de abusos y de un trato militarizado de la región.

¿Puede Canadá estar siendo cómplice?

El comunicado cuestiona el rol canadiense en la Operación CARIBBE, mediante la cual buques y aeronaves de Canadá suministran información de vigilancia a EE. UU. para sus operaciones marítimas. Argumentan que, dada la conducta actual del Gobierno estadounidense, esta colaboración podría implicar complicidad involuntaria en acciones ilegales.

Asimismo, advierten que tecnología militar canadiense pudo haber sido utilizada en al menos dos ataques recientes, según investigaciones de Project Ploughshares. Se señala también una laguna normativa que permite transferir equipo militar a EE. UU. sin los controles de exportación requeridos por el Tratado sobre el Comercio de Armas.

La región se pronuncia: la paz está en riesgo

El documento recoge reacciones de jefas y jefes de Estado de México, Brasil y Colombia, quienes han manifestado públicamente su rechazo a la posibilidad de una intervención militar estadounidense directa en la región. También recuerdan la vigencia de la declaración de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, adoptada por CELAC en 2014.

Las solicitudes concretas

GOPA y Common Frontiers piden al Gobierno de Canadá:

  1. Condenar públicamente los ataques ilegales de EE. UU. y exigir su cese inmediato.

  2. Promover la paz y la seguridad regional, apoyando esfuerzos internacionales que presionen por respeto a la soberanía y al estado de derecho.

  3. Suspender la participación de Canadá en la Operación CARIBBE, para evitar riesgo de complicidad en ejecuciones extrajudiciales.

  4. Cerrar lagunas regulatorias que permiten exportar armas a EE. UU. sin controles de derechos humanos, en cumplimiento del Tratado sobre el Comercio de Armas.

La carta concluye expresando disposición a dialogar directamente con las autoridades canadienses.

Descargue el documento original

El texto íntegro del pronunciamiento, con todas sus fuentes y referencias, puede descargarse aquí:
https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2025/11/Organizaciones-canadienses-llamada-a-accion.pdf

Director Ejecutivo de Amnistía Internacional Chile: “Un país que no hace su trabajo frente a las violaciones de derechos humanos está condenado a repetirlas”

Por Félix Madariaga Leiva
Periodista

A más de cinco años del estallido social y en un escenario global marcado por guerras, retrocesos democráticos y tensiones geopolíticas, la discusión sobre el rol de la justicia internacional es urgente. La Corte Penal Internacional (CPI), los cuestionamientos al sistema multilateral, la militarización de territorios y la deuda del Estado chileno con las víctimas son temas que han adquirido una relevancia crítica.

Para profundizar en ellos, conversamos con Rodrigo Bustos Bottai, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, abogado y reconocido especialista en derechos humanos, fue jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), asesor de organismos internacionales, académico y ha liderado investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos tanto en Chile como en América Latina. Su trayectoria lo posiciona como una de las voces más autorizadas para analizar la situación regional.

Desde Amnistía Internacional ¿cómo evalúan el rol de la Corte Penal Internacional frente a las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en distintos países, incluido Chile tras el estallido social?

RB: La CPI, que se adoptó por el Tratado de Roma de 1998, ha significado un avance importante en nuestra historia, porque concebir que hay crímenes contra la humanidad —de lesa humanidad— para los cuales existe un tribunal internacional, significa que ya no solo es importante la jurisdicción de los países, sino que también existe un tribunal internacional. En Chile costó que se aceptara el Tratado y que Chile pasara a ser parte; hubo varios cuestionamientos en su momento, pero finalmente se logró.

Esta Corte ha logrado condenas importantes en varios casos en los últimos 20 años; sin embargo, estamos en un momento difícil. Planteaste varias situaciones: lo que ocurre en Ucrania, el genocidio en Gaza, y hay otras donde probablemente hay muchas dificultades para que los tribunales internacionales hagan bien su trabajo. Estamos en un momento de mayor cuestionamiento y fragilidad al sistema internacional que se creó post Segunda Guerra Mundial. Hay falta de financiamiento de Estados Unidos, pero también múltiples cuestionamientos a la organización de Naciones Unidas por parte de muchos de los países que entregan recursos a este organismo multilateral, y ha habido muchos ataques a la Corte Internacional, especialmente por el trabajo realizado por el genocidio en Gaza.

Si bien, a nuestro juicio, debiera avanzar más rápidamente la investigación —particularmente en relación al genocidio en Gaza—, creemos que, en este contexto, lejos de debilitar a los organismos multilaterales, es valorable que la Corte Penal Internacional haya dictado órdenes de arresto en contra de Benjamín Netanyahu y otros ministros de Israel, y que la Corte Internacional de Justicia también haya declarado que la ocupación que lleva hace décadas el Estado de Israel es ilegal y tiene que terminar. Los tribunales internacionales están haciendo su trabajo, no obstante, haya mucha resistencia de varios Estados y, sobre todo, de algunas potencias mundiales.

En el caso de Chile, durante el estallido social, diría que el caso no ha llegado todavía del todo a la CPI porque los tribunales chilenos se encuentran investigando más de 1.000 causas, y además, hay una causa por la responsabilidad de los altos mandos y otra por crímenes de lesa humanidad que todavía están vigentes. Los tribunales internacionales entran a juzgar subsidiariamente cuando los internos, los nacionales, no han hecho su trabajo, y en este caso todavía esas investigaciones están en curso.

Estados Unidos no ha ratificado el Estatuto de Roma, pero suele intervenir en América Latina en nombre de los derechos humanos. ¿Cómo se entiende esa contradicción y qué efectos tiene en la credibilidad de la justicia internacional?

RB: Estados Unidos no solo no ha suscrito el Tratado de Roma que establece la CPI; sino que también la administración Trump estableció sanciones contra funcionarios de la Corte. Estados Unidos tiene un historial donde hay muchos tratados de Naciones Unidas que no ha suscrito y de los que no es parte.

Si bien la administración Trump ha sido especialmente cuestionadora del sistema internacional, esto es parte de la trayectoria histórica de ese Estado: no ser parte de muchos tratados de derechos humanos y no comprometerse con el sistema multilateral, cuando los derechos humanos requieren compromiso de todos los países. Después, efectivamente, tiene este discurso de intervenir en otros países —a veces militarmente— para “defender” los derechos humanos. Pero sin lugar a dudas es un doble estándar enorme, porque es un Estado que, en general, no ha protegido los derechos humanos y ha sido renuente a ser parte del sistema internacional en la materia.

El Reino Unido ha retomado los ejercicios militares en las Islas Malvinas, mientras en Chile se mantiene la militarización en la Araucanía. ¿Qué lectura hace Amnistía sobre el uso del poder militar en contextos sociales o territoriales?

RB: Es muy preocupante y grave la forma en que ha avanzado la militarización en Chile y en otros países. Has hablado de estos ejercicios por parte de Inglaterra, pero más allá de eso, en México llevamos muchos años con una militarización muy importante. Acabamos de ver un operativo donde intervinieron militares en Río de Janeiro, donde murieron más de 100 personas, en un operativo – se supone – por razones de seguridad.

En ese contexto, desde Amnistía siempre hemos sido claros: la militarización no puede ser la solución para temas de seguridad. Finalmente, siempre acarrea restricciones de libertad y no se pueden abordar los problemas de seguridad de fondo, lo que muchas veces implica, además, desvirtuar las funciones de las Fuerzas Armadas, relegando a las policías a no poder cumplir su rol como corresponde en una sociedad democrática con Estado de derecho.

Es preocupante que Chile lleve tantos años con un estado de excepción que, por definición, es transitorio, es excepcional. En cambio, desde el inicio de este gobierno tenemos un estado de excepción permanente en la denominada zona macro-sur, o en las regiones donde está presente mayoritariamente el pueblo mapuche. Eso es absolutamente contrario a los estándares internacionales: los estados de excepción deben ser transitorios. Lo más preocupante es que no se visualiza un cambio en esa política a corto plazo.

EI: A más de cinco años del estallido social, muchas víctimas siguen esperando justicia. ¿Existe una impunidad estructural en Chile frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por agentes del Estado?

RB: Después de la dictadura cívico-militar y la impunidad que vivimos durante décadas, en cuanto a las atrocidades que se cometieron por parte del régimen de Pinochet —y el rol que tuvo el Poder Judicial, en algunos casos mirando hacia el lado y en otros derechamente siendo cómplice—, lo que se esperaba para 2019 y 2020, con la crisis de derechos humanos más importante desde el retorno a la democracia, era que el Estado de Chile, la Fiscalía y los tribunales hicieran su trabajo de acuerdo con las obligaciones que tiene el Estado.

Sin embargo, las investigaciones tuvieron muchas demoras y deficiencias; los tribunales también tuvieron problemas, sobre todo al tipificar adecuadamente el delito de tortura. Ha habido una impunidad bastante generalizada, si bien hay más de 70 sentencias condenatorias. Por otra parte, no ha habido una política pública de reparación integral para las víctimas del estallido, ni garantías de no repetición, que son claves y estructurales. Por ejemplo, la reforma a Carabineros, planteada por Amnistía Internacional y otros organismos internacionales —y que estaba en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric— no se ha concretado.

Por lo tanto, cuando revisamos nuestra historia, todas las deudas que quedan desde la dictadura, y todas las deudas pendientes respecto del estallido social, es complejo mirar al futuro y pensar que no vamos a tener de nuevo una crisis de derechos humanos. Un país que no hace la pega cuando se violan los derechos humanos es un país mucho más propenso a repetir el mismo patrón de acciones y violaciones.

Casos como el de Julia Chuñil reflejan la falta de reparación integral. ¿Qué medidas urgentes debería adoptar el Estado para garantizar verdad, justicia y reparación efectiva a las víctimas?

RB: Insisto, el Estado ha logrado varios avances en materia de derechos humanos en los últimos 20 años, pero sigue teniendo deudas cuando se trata de agentes del Estado. Por otra parte, si bien este gobierno dio un paso importante al firmar, aprobar y ratificar el Acuerdo de Escazú —que implica protección para defensores y defensoras de derechos humanos—, falta trabajo por hacer, porque no se ha aprobado la ley que se discute en el Congreso para la protección de estas personas.

Somos el continente donde más peligros enfrentan los defensores y defensoras de derechos humanos, en países como Colombia, México y Brasil. En ese contexto, lo que sucede con Julia Chuñil —que lleva más de un año desaparecida, con una investigación de Fiscalía que ha tenido dificultades y no ha logrado esclarecer su paradero ni las circunstancias de su desaparición— es sin lugar a dudas preocupante.

Aunque no estamos en la misma situación que otros países en cuanto al nivel de ataques y muertes, sí ha habido amenazas y agresiones. Por eso, es importante que el Estado adopte medidas legislativas y judiciales para resguardar a las personas defensoras de derechos humanos.

Estamos en periodo de las elecciones presidenciales. Un candidato afirmó que indultaría a criminales de lesa humanidad y a carabineros condenados por violaciones de derechos humanos. ¿Cuál es la postura de Amnistía frente a estas declaraciones?

RB: Nuestra posición es que es inaceptable que Johannes Kaiser haya señalado que liberaría a criminales de lesa humanidad como Krasnoff Marchenko y otros, que cometieron las peores atrocidades en la historia de Chile. Con ese tipo de afirmaciones se genera revictimización de las víctimas y sus familiares. Está absolutamente alejado del marco de derechos humanos del cual Chile es parte y, además, parece un retroceso a tiempos oscuros, cuando se hablaba de supuestos detenidos desaparecidos y se justificaban las violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura.

Johannes Kaiser no solo ha planteado la liberación de quienes cometieron estas atrocidades, sino que también ha mentido derechamente sobre los supuestos restos que estarían en el Servicio Médico Legal, tal como decía Manuel Contreras, director de la DINA, uno de los militares más sanguinarios de América Latina. Kaiser está tomando la posta para mantener esa mentira, esa fake news sobre dónde estarían los restos de las personas detenidas desaparecidas.

Son afirmaciones graves e inaceptables. Desde Amnistía Internacional haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que ningún gobierno avance en medidas de este tipo.

Respecto del estallido social, también es inaceptable que Kaiser se haya subido al escenario junto a quien está imputado por dejar ciego a Gustavo Gatica, y diga que los va a liberar a todos. Yo le pregunto a Kaiser si también liberaría, por ejemplo, a los carabineros condenados por violencia sexual. Hay al menos cuatro sentencias por violencia sexual durante el estallido social, casos investigados por Fiscalía y resueltos por tribunales chilenos. Personas en comisarías, sin resguardo alguno, fueron víctimas de desnudamiento y violencia sexual.

¿Eso también es parte de lo que quiere Johannes Kaiser? ¿Ese es el tipo de sociedad que queremos construir, donde sea posible cualquier tipo de vejación y que esas vejaciones queden en la impunidad? Desde Amnistía Internacional decimos que no, y que nos vamos a oponer ahora y siempre a cualquier tipo de medida de ese tipo.

La conversación con Rodrigo Bustos deja en evidencia que Chile y la región atraviesan un momento crítico: crisis de legitimidad internacional, militarización creciente, impunidad persistente y discursos que buscan reinstalar viejos negacionismos. Frente a ello, Amnistía Internacional sostiene una posición clara: sin verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, la democracia se debilita y deja espacio para que esas violaciones se puedan repetir.

La defensa de los derechos humanos no es un tema del pasado, sino una tarea urgente en un país que aún no sana sus heridas.

Declaración de la Alianza Global CONVIDA20 ante la COP30

Por una política global al servicio de la vida; la justicia climática; la paz; la pluriculturalidad originaria y afro; la equidad de género; el derecho a migrar y ser protegido y una tecnología al servicio de los pueblos

Resumen

Hoy, más que nunca, nos debatimos entre dos polos: el de la vida y el de la muerte. Quienes creemos en el derecho a existir denunciamos que ese derecho está siendo violado por los poderosos de cada país, que destruyen la casa común, militarizan el planeta y mercantilizan la tecnología.

Nos resistimos al negacionismo climático, al extractivismo voraz, a la violencia patriarcal y al uso de la Inteligencia Artificial (IA) como herramienta de control, guerra y exclusión.

Desde nuestras siete comisiones de CONVIDA20:

Tecnología de la información / Techo, Tierra, Trabajo y Trascendencia / Paz, No Violencia y Anti-militarización / Pueblos Originarios y Afrodescendientes / Equidad de Género / Crisis Climática / Crisis Migratoria, elevamos esta declaración ante la COP30 en Belém Do Pará, Brasil.

Lo hacemos desde los pueblos de América Latina y el Caribe, desde las comunidades campesinas, rivereñas, indígenas, afrodescendientes, urbanas y populares, desde las espiritualidades vivas que resisten y sueñan.

Esta declaración también recoge el eco de la peregrinación continental de la copresidenta de SICSAL-Mons. Oscar Arnulfo Romero e integrante de nuestra coordinación, Emilie Teresa Smith, quien, desde Vancouver, Canadá, ha recorrido el continente escuchando, conviviendo y recogiendo testimonios de mujeres y hombres defensoras y defensores de los territorios, que enfrentan múltiples violencias, especialmente la institucional, el saqueo de los bienes comunes y la destrucción ambiental con coraje, poesía y organización. Su caminar ha sido un acto de escucha radical, de acompañamiento espiritual y de denuncia profética.

La Inteligencia Artificial, la guerra, el extractivismo, la migración forzada y la crisis climática no son fenómenos aislados: son expresiones de un mismo modelo que pone el lucro, la codicia, por encima de la vida. Frente a ese modelo, proponemos otro horizonte: una humanidad reconciliada con la tierra, con el trabajo digno, con la hospitalidad y la justicia.

No venimos a pedir permiso. Venimos a anunciar que otro mundo está en marcha.

Que los pueblos que migran, las mujeres que cuidan, las juventudes que sueñan y los pueblos originarios y afrodescendientes que resisten ya están construyendo alternativas.

La Alianza Global CONVIDA20 reafirma su compromiso indeclinable con la defensa de la vida en todas sus formas, con la justicia climática, la dignidad de las personas migrantes y refugiadas, las mayorías empobrecidas, la equidad de género, la paz y la espiritualidad encarnada en los pueblos.

Reafirmamos que no habrá justicia ambiental sin justicia social, ni justicia social sin acogida y reconocimiento del otro y la otra. Nos convocamos a seguir tejiendo redes de solidaridad continental, a cuidar los territorios y los cuerpos amenazados, a acompañar a quienes migran por hambre, guerra o sequía, y a construir, desde la ternura de los pueblos y la resistencia, un futuro donde ninguna persona sea descartada ni expulsada de la casa común. Nuestra esperanza es activa, nuestra fe se hace acción y nuestro horizonte es la vida plena para todos los pueblos y todas las criaturas de la tierra.

Vemos, juzgamos y actuamos

Porque no estamos ante una simple coyuntura técnica ni una crisis pasajera.

Estamos frente a una encrucijada histórica que interpela nuestra conciencia, nuestra espiritualidad y nuestra acción política.

Este método —nacido en la juventud obrera católica de Bélgica y asumido por las luchas populares, la teología de la liberación, la pedagogía crítica y los movimientos sociales latinoamericanos— nos permite mirar la realidad con ojos abiertos, corazón sensible y voluntad transformadora.

Ver es dejarse afectar por lo que ocurre: reconocer las heridas del planeta, los rostros de los excluidos, los mecanismos de poder que destruyen la vida.

Juzgar es discernir desde una ética de la vida, confrontando los hechos con los principios de justicia, dignidad, solidaridad y cuidado.

Actuar es comprometerse, construir alternativas y transformar estructuras.

Vemos que:

La crisis climática no solo destruye ecosistemas: también expulsa pueblos enteros de sus territorios, provocando que millones de personas abandonen sus hogares por sequías, inundaciones o aumento del nivel del mar. Se prevé que en 2050 sean más de 250 millones las personas refugiadas climáticas que se verán forzadas a dejar sus hogares por los efectos del calentamiento global: sequías prolongadas, desertificación, pérdida de cultivos, tormentas extremas, saqueo y expoliación de tierras cultivables.

Aunque el término “refugiado” sugiere protección internacional, no existe aún reconocimiento legal bajo la Convención de Ginebra de 1951. Por eso, quienes huyen del colapso ambiental son personas invisibilizadas, criminalizadas o reducidas a cifras, sin protección jurídica ni humanitaria efectiva.

En Europa y en las fronteras de Estados Unidos, la llegada de personas afectadas por crisis ambientales crece cada día más. Proceden de África, de Oriente Medio, de Asia meridional y de América Latina, y el Caribe donde los impactos del cambio climático agravan la pobreza, los conflictos y la inseguridad alimentaria.

El Mediterráneo se ha convertido en una fosa común, y los muros, centros de detención y políticas xenófobas son el rostro más cruel de una civilización que ha perdido su humanidad.

Las guerras, además, contaminan el aire, la tierra y el agua, obligando a poblaciones enteras a migrar incluso después de los conflictos. La migración forzada es hoy el rostro humano del colapso climático y la expresión más extrema de la injusticia ambiental global.

La militarización global representa entre el 5 y el 6% de las emisiones de carbono. Los países que fabrican y exportan armas concentran el 82% del gasto militar mundial y el 67,1% de las emisiones de CO₂. La guerra contamina, deforesta, desplaza y destruye ecosistemas.

Los países del sur global arrastran deudas externas impuestas por organismos financieros internacionales que condicionan sus economías y limitan su desarrollo. Mientras destinan enormes recursos al pago de intereses, millones de personas carecen de salud, educación, tierra, trabajo y techo digno.

La transición energética, basada en el litio y otros minerales raros, está afectando directamente a comunidades que habitan los territorios. En Ecuador, el pueblo Kichwa ha sufrido represión, invasión de tierras y asesinatos por resistir al extractivismo. En México, Guatemala, Colombia y Honduras, mujeres defensoras enfrentan amenazas constantes por proteger el agua, los bosques y la biodiversidad.

Las mujeres —especialmente indígenas, afrodescendientes y campesinas— enfrentan violencias múltiples: patriarcales, extractivistas, racistas. Son ellas quienes sostienen la vida, defienden los territorios, custodian las semillas, y, sin embargo, siguen siendo invisibilizadas, criminalizadas y asesinadas. Su trabajo cotidiano, muchas veces invisible, es esencial para el sostenimiento de la vida y la resistencia comunitaria.

La lucha feminista en este contexto debe ser transversal a la COP30, mirando la realidad desde la desigualdad estructural que viven las mujeres. Esta mirada no es un añadido: es una clave para desmontar las violencias y construir justicia ambiental, social y tecnológica.

La IA ha dejado de ser una promesa futurista para convertirse en una fuerza que transforma radicalmente la economía, la política, la naturaleza y la guerra. Su uso masivo genera impactos ecológicos alarmantes: consumo energético desmedido, uso intensivo de agua y minerales críticos, expansión de la huella ecológica de las grandes empresas tecnológicas y atenta contra el pensamiento crítico y la construcción de conocimiento.

Juzgamos que:

La crisis climática es también una crisis ética y espiritual: sin sentido, sin comunidad y sin trascendencia, no hay futuro sostenible. La espiritualidad es el alma de la ecología integral.

Del mismo modo, la crisis migratoria es un espejo moral del mundo. Negar el reconocimiento a las personas desplazadas por causas ambientales es perpetuar un modelo de muerte. Reconocerlas y protegerlas es un deber moral y político. La indiferencia de los estados y las corporaciones, ante el sufrimiento de millones de personas migrantes y refugiadas climáticas constituye una violación estructural de los derechos humanos.

Denunciamos las políticas racistas, xenófobas, aporofóbicas y patriarcales del Norte Global, que levantan muros mientras destruyen ecosistemas ajenos. Denunciamos también la corrupción de muchos gobiernos del Sur, que anteponen el lucro al bienestar de sus pueblos, permitiendo el saqueo extractivista de sus tierras.

Como han afirmado los Papas Francisco y León XIV los cuatro verbos que deben guiar toda política migratoria: acoger, proteger, promover e integrar. Estos principios son también una brújula para la justicia climática.

Acoger a las personas desplazadas es reconocer la interdependencia de la vida; protegerlas es garantizar sus derechos; promoverlas es acompañar su desarrollo humano integral; integrarlas es crear sociedades interculturales y solidarias.

La migración no es un problema: es una consecuencia de las injusticias globales y una oportunidad para reconfigurar el pacto humano desde la fraternidad universal.

Los pueblos originarios y afrodescendientes no son víctimas pasivas: son portadores de soluciones vivas, saberes milenarios y alternativas concretas. Ante cualquier proyecto gubernamental que tenga que ver con la madre naturaleza la consulta a los pueblos es prioritaria y obligatoria.

Las deudas externas y ecológicas son injustas y contrarias al bien común. Las deudas, muchas veces ilegítimas o heredadas de dictaduras, perpetúan la dependencia y el control de los poderosos sobre los pueblos. No se puede exigir a las naciones pobres pagar con el hambre de su gente lo que fue impuesto bajo mecanismos de dominación económica.ç

La IA no es neutral: su desarrollo está guiado por intereses corporativos y militares.

La militarización no garantiza seguridad: la verdadera seguridad es humana y comunitaria: Implica salud, educación, vivienda, trabajo digno y paz.

Actuamos así:

  • Reclamamos una transición ecológica justa, que respete los territorios y los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y migrantes.

  • Nos sumamos a las acciones por la suscripción del protocolo de no proliferación de combustibles fósiles; también a la exigencia de canje de deuda por acción climática; presión por el aumento del fondo de los países ricos, que sea justo, equitativo y ético, para la mitigación de las pérdidas y daños causados por la crisis climática. De igual manera, cualquier acción de transición energética, ecológica, integral y justa, respetando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo que requiere inclusión de garantías a los derechos humanos en las acciones que surjan de la COP30 de Belem do Pará, en Brasil.

  • Apoyamos la exigencia de auditorías éticas y transparentes de las deudas, promovemos sus condonaciones cuando sean ilegítimas y trabajamos por un nuevo orden financiero internacional basado en la justicia, la solidaridad y la soberanía de los pueblos. Sólo así las economías podrán liberarse de las cadenas que impiden su desarrollo humano integral.

  • Exigimos la reconstrucción ética de las políticas migratorias globales, con base en el respeto a la dignidad humana y en la responsabilidad compartida ante el cambio climático. Así mismo, promovemos la adopción de marcos jurídicos internacionales que reconozcan el status de “refugiado climático”.

  • Exigimos que ningún ser humano sea considerado ilegal y que se garantice el acceso universal a educación, salud y seguridad social para todas las personas migrantes. También denunciamos la criminalización de quienes acompañan o defienden los derechos de las personas migrantes, los crímenes de los defensores ambientales y exigimos justicia por los asesinatos, desapariciones y estigmatizaciones.

  • Apoyamos las redes de solidaridad que, en Europa, América, África, Asia-Pacífico practican los principios de acoger, proteger, promover e integrar, resistiendo a la ultraderecha.

  • Reclamamos presupuestos públicos para el cuidado comunitario de bosques, ríos, semillas y saberes; para la acogida de personas desplazadas y para políticas de integración que fortalezcan la convivencia intercultural.

  • Reconocemos y celebramos las identidades, las diversidades sociales y étnicas porque en su expresión se refleja la dignidad y la riqueza de lo humano.

  • Denunciamos el patriarcado digital que se disfraza de modernidad mientras reproduce las viejas jerarquías del poder: algoritmos que invisibilizan a las mujeres, redes que premian la violencia simbólica y plataformas que lucran con la exposición del cuerpo femenino. Detrás de cada “like” o comentario misógino hay un sistema que perpetúa la desigualdad en el espacio virtual.

  • Proponemos como alternativa construir una cultura digital feminista, donde la tecnología sea herramienta de emancipación y no de control. Un internet diverso, ético y comunitario, que promueva la voz de quienes fueron silenciadas, y que use la inteligencia colectiva para tejer redes de cuidado, educación y justicia.

  • Exigimos protección integral para las defensoras de la vida —mujeres indígenas, afrodescendientes, campesinas y migrantes— que enfrentan amenazas y violencia.

  • Apoyamos la regulación y el control democrático de la IA al servicio del bien común y exigimos políticas públicas de alfabetización tecno-política y rechazamos el uso de la IA con fines geopolíticos y militares, de vigilancia o manipulación.

  • Apoyamos la Campaña Global contra el Gasto Militar, y nos pronunciamos contra las bases militares de EE. UU. y la OTAN en nuestro continente que han ocupado, invadido, y dominado nuestros territorios ricos en bienes naturales y biodiversidad. Igualmente, nos hemos pronunciado contra el entrenamiento y ejercicios militares orientados a prepararse para la guerra y que se realizan cada año generando, al mismo tiempo, contaminación y daño ambiental.

Escuchen el clamor de la tierra.

Escuchen el clamor de los pueblos desplazados.

Escuchen el clamor de las mujeres migrantes que defienden sus cuerpos y territorios.

Porque la vida no se negocia.

Porque la justicia no se posterga.

Porque la paz no se militariza.

Porque la tierra no se vende.

Porque el futuro se construye hoy.

Alianza global CONVIDA20 está integrada por organizaciones y personas de América Latina, El Caribe, Canadá, Estados Unidos, Europa y Asía Pacífico

Anexos

DECLARACION DE LA ALIANZA GLOBAL CONVIDA20 ANTE LA COP30 2025.pdf
DECLARAÇÃO DA ALIANÇA GLOBAL CONVIDA20 DIANTE DA COP30 2025.pdf
DÉCLARATION DE L’ALLIANCE MONDIALE CONVIDA20 DEVANT LA COP30 2025.pdf
https://sicsal.net/convida20/es/node/95

Rechazamos las maniobras militares británicas en las Islas Malvinas

Comunicado

El Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile expresa su más enérgico rechazo a las maniobras militares llevadas a cabo recientemente por Reino Unido en las Islas Malvinas, las que incluyeron pruebas del sistema de defensa antiaérea Sky Sabre. Estas acciones constituyen una provocación y una abierta violación de las resoluciones de Naciones Unidas que llaman a ambas partes, Argentina y Reino Unido, a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación del archipiélago.

Este despliegue constituye una nueva expresión de la ocupación militar británica en las Islas Malvinas, una situación que continúa siendo objeto del legítimo reclamo diplomático de la República Argentina. Lejos de avanzar hacia una solución pacífica, el Reino Unido persiste en reforzar su infraestructura bélica en el archipiélago, lo que contraviene abiertamente las resoluciones de las Naciones Unidas y el espíritu del diálogo y la diplomacia.

Expresamos nuestra plena solidaridad con el pueblo de Argentina en su justo y legítimo reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

La presencia militar británica en las Islas Malvinas, a más de cuarenta años de la guerra de 1982, revela la persistencia de una política colonial, en completa contradicción con los principios del derecho internacional y de la autodeterminación de los pueblos. Estas maniobras se enmarcan en la estrategia global de la OTAN, alianza militar encabezada por Estados Unidos y Reino Unido, que busca proyectar su poder hacia el Atlántico Sur. Nuestra América Latina como El Caribe, deben ser Zona de Paz como lo proclamó la CELAC el 2014.

Rechazamos categóricamente esta política de intimidación y advertimos que la creciente presencia militar de la OTAN en el hemisferio sur —ya sea mediante bases, acuerdos o ejercicios conjuntos— constituye una amenaza directa a la paz regional y a la soberanía de nuestros pueblos.

Desde Chile, hacemos un llamado a los gobiernos de América Latina a repudiar públicamente estas acciones y a fortalecer los espacios de coordinación política y defensa común frente a las pretensiones imperialistas que buscan convertir nuestro continente en un escenario de disputa geopolítica.

Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile

Imagen: Fotografía usada en el transporte público.

Chile y la OTAN: ¿Estamos más cerca de involucrarnos en un conflicto internacional?

Por Félix Madariaga
Periodista

Como suele ocurrir en los informativos de televisión y radio, primero nos inundan con noticias sobre delincuencia e inseguridad, luego con deportes, y al final, muy al final y entre temas varios, se cuelan algunas informaciones que apenas alcanzan unos segundos de pantalla. Se mencionan casi de pasada, como si bastara titularlas para cumplir con la transparencia informativa. Pero detrás de esas notas breves, a menudo, se esconden decisiones trascendentales que afectan el rumbo del país.

Eso pasó con la noticia de que Chile suscribió un nuevo convenio con Alemania, que nos acerca aún más a la OTAN, sí, esto fue el 29 de julio

Lo primero que uno se pregunta es si la mayoría de los chilenos sabe realmente lo que es la OTAN, o si están al tanto de que esa alianza militar está involucrada directamente en una guerra, apoyando abiertamente a Ucrania.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte, creada en 1949, nació con el argumento de detener la expansión de la URSS. Hoy, más de siete décadas después, su enemigo declarado es la Federación Rusa. En ese contexto, cualquier acercamiento o colaboración con la OTAN no es un acto neutro: significa posicionarse en un mapa geopolítico que está en plena confrontación.

Durante el gobierno de Ricardo Lagos, en el año 2000, Chile firmó su primer acuerdo con la OTAN, que lo situó en el Nivel 1, un nivel inferior, que permitía el intercambio básico de datos militares. Lo que hoy se está firmando es distinto: Chile avanza al Nivel 2, lo que implica compatibilidad técnica, logística y doctrinaria con los estándares de la alianza, además de complicidad. En palabras simples, significa que el país adapta parte de su estructura militar a los parámetros de la OTAN.

El nuevo acuerdo fue firmado por la ministra de Defensa Adriana Delpiano y la embajadora de Alemania en Chile, Susanne Fries-Gaier. Según información encontrada en la página web del Ministerio de Defensa, el objetivo es facilitar el intercambio de material militar. Pero, ¿qué tipo de armamento puede ofrecer Chile a la OTAN? ¿de qué manera nos beneficia integrarnos a una red militar liderada por potencias que hoy están directamente involucradas en conflictos armados?

Y no es un detalle menor que sea precisamente Alemania quien aparece como interlocutor. Un país que, tras la Segunda Guerra Mundial, fue desmilitarizado y obligado a mantener límites estrictos en su desarrollo bélico, producto de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el nazismo. Hoy, sin embargo, Alemania busca reposicionarse como potencia militar dentro de Europa, impulsada por el conflicto en Ucrania y su estrecha relación con Washington.

Frente a estos hechos, se solicitó más información oficial al Ministerio de Defensa de Chile, a través de su Oficina de Partes el pasado 3 de octubre. Además, contactamos por WhatsApp y correo electrónico a la ministra Delpiano, sin obtener respuesta. Del mismo modo, enviamos una consulta a la Embajada de Alemania en Chile, que tampoco respondió. Este silencio institucional no solo nos llama la atención: aumenta la desconfianza y el malestar ante decisiones que se toman sin rendición de cuentas al país.

No se trata de tecnicismos militares. Se trata de política exterior, de soberanía y de la posición que Chile adopta en sus relaciones bilaterales y multilaterales.
¿Queremos que Chile se acerque a alianzas militares que promueven guerras y bloqueos económicos? ¿Queremos condicionar nuestras relaciones comerciales y diplomáticas con países que no son del agrado de la OTAN?

Chile ha tenido históricamente una vocación de neutralidad activa, de diálogo y de respeto al derecho internacional. Esa tradición, que nos dio reconocimiento en tiempos difíciles, hoy parece ser reemplazada por una política exterior complaciente con los intereses de las potencias occidentales.

Debemos mantener independencia y prudencia. Este tipo de convenios no fortalecen nuestra defensa, sino que nos subordinan a intereses ajenos. Si de verdad se trata solo de un acuerdo “logístico”, ¿por qué tanto hermetismo? ¿Por qué la falta de transparencia?

Más temprano que tarde, firmar este tipo de compromisos puede implicar comprometer algo más que la logística: puede comprometer la soberanía.

Ministra de Defensa, Señora Adriana Delpiano, el país merece una respuesta clara.
¿Cuál es el verdadero objetivo de este convenio con Alemania?
¿Es este el camino que Chile quiere seguir?

Fuentes:

https://www.infodefensa.com/texto-diario/mostrar/5381758/chile-firma-acuerdo-alemania-facilitara-acceso-catalogo-equipamiento-material-otan

https://www.defensa.cl/indexc3d9.html?p=6108

https://www.defensa.com/chile/chile-alemania-sellan-acuerdo-tecnico-militar-para-fortalecer

https://ucvradio.cl/news/nivel-2-en-la-otan-chile-asciende-en-sistema-de-catalogacion-para-intercambio-militar/

El Imperio exige sangre

Rafael A. Ugalde Q.
Periodista, abogado y notario por la UCR.

Más de 64 mil muertos en Gaza, mucho antes de promover su “plan” de paz para “blanquear” sus crímenes, es lo que importa. Si hubo niños, mujeres y ancianos aterrados bajo los escombros producidos por sus bombas de media y tonelada y media, es mejor. Los muertos no hablarán.

Pero sí, quienes necesitan esta clase de productos informativo tienen “in sitio” y a todo color la demostración de soberbia y espanto en directo sobre la perfección de sus explosivos en cuanto a su funcionamiento destructivo.

Mensaje encriptado, algo así como decir, todos ustedes están propensos a pasar por la misma experiencia sí se salen de la fila, porque ese será el mundo y el futuro que impondremos.

Por otra parte, esta industria de sangre y muerte tiene opciones para ampliar el número de compradores en todos los rincones del orbe controlado por el imperio, mientras todos los gobiernos titiriteros, bajo la órbita de aquel arbitrario, están advertidos sobre la suerte que correrán si enarbolan la bandera de la paz y obedecen a sus pueblos.

Un informe divulgado el pasado 7 de octubre por la agencia de noticias española Efe da cuenta como Estados Unidos destinó más de 21.700 millones de dólares en ayuda militar para la guerra en Medio Oriente. Y esto no parece parar.

Citando como fuente a la Universidad de Brown, indica que este monto destinado a la guerra es todo un “récord” alcanzado, tanto por la anterior gestión de Joe Biden como la actual de Donald Trump.

A los montos anteriores deben sumarse 9.650 millones de dólares para acciones encubiertas y otras no tan encubiertas contra el pueblo de Yemen y otros 12.070 millones más de apoyo a bandas pro estadounidenses en otras naciones de la región.

¿A cuáles gobiernos genuflexos de la zona importa que el imperio siga asesinando y robando en todos los continentes? Sin contar los periodistas asesinados en el Líbano, Siria, Yemen o Irán, solo en Gaza el Emperador debe haberse sentido vivo y rejuvenecido: en solo dos años de conflicto ha matado más “mensajeros” que las dos guerras de Vietnam, Corea, Afganistán y los Balcanes juntas.

No he visto que un gobierno de esos que sufren por sus rodillas chimadas en nuestro continente divulgara una línea sobre estos crímenes contra quienes se ganaban la vida con esta noble profesión. Menos, me temo, lo harán organizaciones que se dicen independientes, cuando gritan a todo pulmón por la “libertad de prensa”, los grandes diarios, los monopolios televisivos, colegios de periodistas, reporteros sin fronteras y, mucho menos, la SIP.

Situación similar a los comunicadores sufren los médicos y personal sanitario, sin que ello sirva de consuelo o excusa a los padres, esposas, hijos u otros familiares que perdieron a un médico, enfermera o asistente, en dicho conflicto. Se estima que más de 146 galenos de distintas nacionalidades perdieron la vida en el cumplimiento de sus deberes, en dos años de beligerancia.

Quien niegue que el imperio exige sangre para sentirse vivo y aparentar “buena salud”, es igualmente bipolar o sus genes entraron en un proceso degenerativo imparable. Ahora resulta que el declive de la sociedad imperial se debe al llamado “Cartel” de los Soles y a un presidente colombiano (Gustavo Petro),” aliado -óigase bien – con el narcotráfico de su país”, a pesar de que durante más de 10 años Estados Unidos llenó de bases militares a Colombia, con la excusa de la guerra contra el tráfico de drogas.

Sin embargo, la leyenda urbana de los Carteles de los soles va tomando cuerpo, a fin de conseguir el consenso de los “intelectos referentes” de nuestra región y de los “gobiernos democráticos” continentales, pues la buena reserva de sangre venezolana y colombiana se necesita, tras estar agotada desde hace años las existencias dejadas en 1989, cuando la rimbómbate “Operación causa justa” sirvió para invadir y seguir saqueando a Panamá.

Manuel Antonio Noriega llegó a gobernar a Panamá gracias a su intachable paso por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante casi 15 años, pero cuando creyó que de verdad mandaba, terminó como un peligroso narcotraficante. Así paga el diablo, cargándose a sus serviles.

Noriega, fiel a los manuales de la CIA y a la Administración de control antidrogas (DEA), había aprendido de memoria dos viejas premisas acuñadas durante la “guerra fría” y practicadas por su “jefes” en la vieja escuela las “Américas” del Comando Sur, en cuanto a dar violentos golpes de Estado, reprimir y desaparecer gente: Anticomunismo, como sinónimo de democracia al servicio de los ricos, desarticulando cualquier intento de organización del pueblo.

De esta manera, muchos de los graduados de esta academia gobernaron un sin número de nuestros países, bajo la modalidad de “democracias ejemplares “en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Bolivia etc., según Washington, aunque lo practicado al interior de esas naciones eran sangrientas dictaduras contra nuestros pueblos.

Una “institucionalidad democrática” enviada desde la Casa Blanca y defendida con fiereza por nuestras oligarquías, con prohibición expresa de apartarse del pensamiento oficial, y menos pedir cuenta a estas élites [sobre qué hacían con el dinero producido por el trabajo de millones de los campesinos, los obreros, los empleados públicos, los vendedores ambulantes etc.

Represión en Chile tras el golpe de Estado del presidente constitucional de Salvador Allende (F. BBC News Mundo)

De aquella academia, quienes no pasaban por la metamorfosis de humano a gorila consolidado, salían entonces capacitados por si había una oportunidad. Eran duchos, en todo caso, para combatir la contrainsurgencia, expertos en tiro y explosivos, navegación, lectura de planos, detección de discursos reformistas. Además, eran conocedores y practicantes acreditados en técnicas de defensa personal, “extracción” de hechos verídicos sin dejar indicios (tortura física), maltrato psicológico, infiltración de partidos políticos peligrosos para la sociedad, intromisión de agrupaciones campesinas, sindicatos, universidades, entre otras especialidades.

Y Noriega cumplió a pie juntillas con este currículo: desapareció oficiales, eliminó líderes estudiantiles, infiltró sindicatos que él llamaba “rojos”, se alió con el movimiento sindical reformista, mientras sus patronos no dejaban de animarlo para que siguiera por esa línea, pues sabían que cumplida la tarea lo desecharían como ocurría en estos casos; por eso resultó imposible la defensa de la soberanía panameña a la hora llegada.

El exmandatario estadounidense de entonces, George H. W. Bush, pudo así encerrar a Noriega en una cárcel de máxima seguridad para que su cipayo no hablara ni con su sombra. Respiró aliviado: la principal fuente de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos estaba entre barrotes y la juventud norteamericana salvo de esa desgracia, según él.

Seguramente este optimismo de Bush, en torno a que había salvado a la juventud estadounidense, quedó tan perfectamente grabado en el subconsciente de aquellos que entonces eran adolescentes, para sin mayor empacho y asombrosa naturalidad ahora, en puestos de mando, defiendan la creencia que con cárceles de máxima seguridad, levantamiento de garantías constitucionales en barriadas del populacho, allanamientos a toda hora o generalizando el llamado “derecho de autor” para que todos “sean culpables hasta que demuestren lo contrario”, ya estamos libres del negocio de las drogas y sus industrias “colaterales” como el sicariato, el secuestro, el cobro de peajes, los préstamos “gota a gota”, la lotería clandestina, entre otros.

Por informaciones de la prensa local y extranjera sabemos que en estas barriadas del populacho, constituidas por enormes contingentes de obreros y obreras, empleados públicos, vendedores ambulantes, desempleados, estudiantes expulsados del sistema educativo etc., ninguno de esos grupos aparecen enredados con grandes exportaciones de frutas, tubérculos y drogas; ni algunos de ellos aparecen vestidos de saco y corbata hablando en la Asamblea Legislativa con presuntos narcotraficantes, ni los han ligado con bancos bajo sospechas por el negocio del lavado de dinero.

Así, el enfoque estadounidense de la lucha contra el “narcotráfico y el terrorismo”, seguido obedientemente por nuestro país, tiene un alto componente clasista, nos guste o no, más allá de sus causas sociales, históricas y económicas dentro de un verdadero problema, y a raíz del cual, se matiza con una nueva forma de colonialismo, racismo, militarismo y otros elementos propios del moderno fascismo y el nazismo.

El llamado “Tren de Aragua” y los llamados “criminales” llegados desde Suramérica, por ejemplo, sirvieron a Trump para militarizar varios Estados, haciendo creer a la sociedad estadounidense – la gran prensa norteamericana “domesticada” ya desde aquella invasión a Irak, esta vez no dijo esta boca es mía – que así terminaría, a su juicio, con todos los “criminales” extranjeros. ¡Limpieza étnica, se llama eso, según el manual del nazismo y el sionismo!

Pero de esta manera Trump y los acólitos en nuestro país defenderían luego, cada uno en su respectivo idioma, a su modo y según el puesto alcanzado dentro de la esfera estatal, la versión actualizada de la ya famosa leyenda urbana del “cartel de los soles”, mientras el consumo y la demanda de este tipo de drogas no merma en Estados Unidos ni en Europa. Las mafias internas, en tanto, hacen su agosto con la distribución de toda clase de estos estupefacientes ilegales, el lavado de dinero ayudando a mantener a flote la economía de muchos estados norteamericanos y europeos, la violencia armada como un floreciente oficio, como si se tratara ya de la cotidianidad que va desde Miami, Florida, hasta Alaska.

Para que tengamos una remota idea del problema, los datos de acceso público demuestran como los estadounidenses de 12 años o más, 47,7 millones de ellos, eran consumidores de drogas ilegales en 2023. El 16,8% de los estadounidenses de 12 años o más consumieron drogas en el último mes, registrándose un aumento del 1,9% año tras año. (Ver: https://www.google.com/search?q=que+porcentaje+de+cocaina+consumen+los+estadounidense+anual.&sca_esv=d029728c4f6818).

Paralelo a la actividad de la droga en Estados Unidos, tenemos la industria de las armas de fuego, que no solo emplea a millones de norteamericanos, sino genera a estos mercaderes más de 90 000 millones de dólares anuales, de los cuales Texas aporta 6 500 millones y Tennessee 3 400 millones en 2024, según datos de National Shooting Sports Foundation, 2025.

¡Yankis fuera ya! Así, Trump sostiene que va ganando la guerra contra el “narcotráfico y el terrorismo” en las aguas del Caribe y ahora se apresta a atacar por tierra a Venezuela, tras tomar como base de operaciones la isla de Trinidad y Tobago, bajo la promesa de Mario Rubio y María Corina, que los isleños tendrán gratis todo el petróleo necesario, una vez sacados del “gobierno a los chavistas” y “terminada para siempre la dictadura de Maduro”.

Por sí había alguna duda entre la gente de “izquierda”, pusilánimes y algún otro burócrata, a la espera que se produzca la invasión para llamarnos a ser solidarios, sí creen estar a salvo a mediano y largo plazo se equivocan, porque la agresión contra el pueblo de Venezuela forma parte de un proyecto más amplio y ambicioso que incluye luego a Nicaragua y Cuba, según los términos semánticos dejados escapar por Rubio, que obedece a sus patronos de Miami, y María Corina, indiscutible representante de las más rancias y decrépitas oligarquías de la zona.

En el último “operativo” contra “un barco” del Tren de Aragua, dijo Trump, terminamos con los seis terroristas. No hubo sobrevivientes, añadió. Para lograr el éxito de este “operativo” anunciado por el gobernante estadunidense utilizaron los más modernos radares geolocalizadores, movilizaron un barco de la Marina dotado de toda clase de cañones y un misil muy parecido a los que utilizarán contra puntos estratégicos para la economía venezolana. Solamente- a manera de aclaración – que el tal barco resultó ser un bote con motor fuera de borda,

Según las autoridades antidrogas venezolanas y colombianas que combaten conjuntamente las bandas fronterizas de narcotraficante y minería clandestina, el 80 % de la droga suramericana que se comercia en Estados Unidos, gracias a una filial en Miami que tiene la llamada “Junta del Narcotráfico”,      se moviliza por el Pacífico y no por el Atlántico.

Durante una conferencia de presa, el presidente Gustavo Petro, dijo que luego de 10 años de lucha contra el narcotráfico en Colombia había fracasado y urgía otro enfoque distinto, realista y más humano a las fumigaciones masivas sobre la hoja de coca, el envenenamiento del suelo y el despojo de las tierras a los campesinos. El gobernante ha señalado que en Ecuador está la otra “filial” de la Junta del narcotráfico, cuya sede central, está en Qatar, dijo.

“Barco” destruido por un misilazo por estar cargado de drogas en el Atlántico caribeño, según dijo Trump en conferencia de prensa, convocada exclusivamente para divulgar tan importante noticia. (F. BBC News Mundo).

En todo caso, sea por el Atlántico o por el Pacífico, estos grupos identificados por Trump como narcotraficantes, no utilizan “barcos” ni fragatas como quiere hacernos creer el mandatario estadounidense, sino que navegan en botes rápidos acondicionados con motores fuera de borda.

En el primer “operativo” con misiles sobre el Pacifico sobrevivieron dos supuestos narcos que pretendían envenenar a nuestra gente, según Trump, pero resultaron ser pescadores, según narró uno de los dos sobrevivientes.

Como si no hubiera en los últimos 100 años de excusas para ingresar sus tropas en la nación que ellos quieran, al menos 20 sangrientas invasiones militares de Estados Unidos contra nuestros pacíficos pueblos de Nuestra América parecen insuficientes, pues ahora como ayer, nos traen la coartada del narcotráfico y el terrorismo, como en el pasado, lo hicieron con el cuento de la libertad y la democracia.

¿Habrá alguien con un mínimo de honestidad, en pleno inicio del siglo de la Inteligencia Artificial, la industria de los datos etc., que crea en la” libertad” y la “democracia” con que nos quieren atorar, cuando quien nos obliga a seguirlo ha sido incapaz de dar casa digna, a pesar de los desplantes de su industria de la guerra, a aproximadamente 771,480 personas sin hogar, hasta enero de 2024, mientras la gente padece de desnutrición y literalmente muere de hambre, botan sin el más mínimo remordimiento entre el 30% y el 40% de los alimentos que se producen, lo que equivale a aproximadamente 60 millones de toneladas (54.9 millones de kilos) de comida al año. Esta cifra incluye alimentos de hogares, supermercados y restaurantes, donde la principal fuente de desperdicio son los hogares privados, según un estudio de ReFED. ¿?

Siempre que un imperio siente que va en declive, se necesita recordar, de paso, a esos tibios que desde hacen años perdieron las calles, ya no les creen los campesinos, ni los obreros, ni las amas de casa, ni los estudiantes, porque sus reformas y promesas, resultaron un engaño, exige sangre de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes. Es cuestión de revisar, con ayuda de la Inteligencia Artificial la caída, de los cuatro grandes imperios del pasado

De esta manera, con la excusa de capturar los “sediciosos” de Pancho Villa en 1917 – en 2025 el gobierno de Claudia Sheinbaum fue amenazado con enviarle militares para “extraer” a jefe narcotraficantes – la llamada Expedición Punitiva asesinó a más de 150 mexicanos y dejaron 115 heridos, según distintas fuentes consultadas,

En la presente centuria, por ejemplo, el Imperio no ha escatimado gente y recursos contra Cuba Socialista. Le estorba que desde 1959 el pueblo cubano levantara la frente y rechazase para siempre a quienes doblan la cerviz como modo de vida,

Trataron de matar – perdí la cuenta- al comandante Fidel Castro no sé ya cuántas veces, reclutaron mujeres para envenenarlo, financiaron franco tiradores, cometieron actos de terrorismo contra aviones cargados de civiles, pusieron bombas en hoteles, usaron la guerra bacteriológica contra la agricultura de la isla e invadieron el país caribeño en 1961, dejando una estela de destrucción y al menos 157 muertos. Todo un manual para seguir de “democracia” y “libertad” al que Al Capone jamás agregaría ni quitaría una coma.

Un total, en cambio, irrespeto completo por la vida humana y el Derecho Internacional que se mantiene y se refleja en el criminal bloqueo financiero y comercial impuesto a Cuba por Estados Unidos durante 63 año, pero que es, en el fondo, además, una guerra sostenida declarada contra todo asomo de socialismo en América Latina y el Caribe. El dirigente popular, estudiantil, político, académico o profesional, que no lo entienda así, no está en nada

En este sentido, el analista local y dirigente del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamilet López, Oscar Barrantes, consideró que sin bloqueo “Cuba sería una potencia plena en desarrollo en todos los ámbitos económicos, materiales, científicos, tecnológicos, de iniciativas de convivencia con la madre tierra, de bienestar social, espirituales y culturales”.

Precisó que esta integrante de las Antillas Mayores ya es una potencia en desarrollo humano, derechos universales, es solidaria con todos los pueblos del mundo, pese a la maldita guerra del bloqueo.

Llamó a los costarricenses a ayudar a “tumbar” el bloqueo y a poner un alto a la guerra multidimensional contra Cuba y los proyectos soberanos de las naciones libres.

En esta misma línea de acción contra el bloqueo y respeto a la autodeterminación de Cuba, el IX Encuentro Continental de Solidaridad, celebrado recientemente en México llamó a redoblar esfuerzos y organizarse para acabar con esta agresión comercial y financiera, así como para excluir a la isla de una lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. En serio: ¡el cinismo de la Casa Blanca no tiene límite!

Para quienes no tienen dimensión alguna sobre qué significa para un país latinoamericano una guerra estadounidense en forma de bloqueo comercial y financiero, este representa, según datos oficiales, una afectación aproximada de más de 629 millones 675 mil dólares mensuales, equivalente a más de 20 millones701mildólares diarios, y 862 mil 568 dólares en daños por cada hora de bloqueo.

Tomando en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, este cerco comercial y financiero ha provocado perjuicios cuantificables por 2 billones 103 mil 897 millones de dólares.

Por eso, en 33 ocasiones anteriores, la mayoría de las naciones integrantes de la Organización de Naciones Unidas, condenaron el bloqueo como acto contrario al Derecho Internacional y los Derechos Humanos. El 29 de octubre de este año las naciones del orbe en Asamblea General conocerán de nuevo sobre esta agresión contra el pueblo cubano.

Desde esta perspectiva, la intervención militar contra Venezuela, (ningún país de la región está a salvo de los Marines y los aviones F-16) se inscribe dentro de los esfuerzos desesperados del Imperio por salvar el control de su patio trasero, frente a un mundo multilateral que surge ante sus barbas con nuevas formas de convivencia y abierto a los pueblos y gobiernos que buscan independencia, más libertad y justicia social.

Sin embargo, es un hecho ineludible que el Emperador sigue sin saciar su sed de sangre inocente. No le bastó la de los yemeníes, iranies, palestinos, iraquíes ni libanés. Siente la boca seca, pero es también la primera vez que los pueblos latinoamericanos y caribeños, junto a los trabajadores estadounidenses, tenemos la oportunidad de dar un salto cualitativo contra yugos viejos.

¡No se equivoquen el Caribe es el Caribe!

Red SEPA manifiesta solidaridad con el pueblo ecuatoriano y rechaza la represión y militarización

La Red Social para la Educación Pública en América (Red SEPA), alianza continental de organizaciones sociales y magisteriales que luchan por la educación, manifestó su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y su rechazo a las acciones represivas y a la militarización impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa.

En un comunicado fechado el 15 de octubre de 2025 desde Vancouver, Canadá, la Red expresó su preocupación ante la represión ejercida contra las personas y comunidades que se han movilizado en todo el país frente al aumento de los precios de productos básicos, los despidos laborales y la crisis del sector educativo y social en Ecuador.

Apoyo a comunidades, docentes y estudiantes

El texto rechaza la violencia estatal, la detención de decenas de personas de distintos sectores y provincias y la persecución de luchadores sociales, docentes, estudiantes e integrantes de comunidades indígenas.

Asimismo, la Red SEPA manifestó su solidaridad con las comunidades de Imbabura y con el gremio magisterial ecuatoriano, en particular con Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

“Sus voces son nuestras voces, y abrazamos a la distancia la lucha que hoy impulsan por la vida, la defensa del territorio, del trabajo, la salud y la educación. Porque somos una América, nos mantendremos atentas y atentos a los llamados de solidaridad internacional que convoquen”, señala el comunicado.

El documento está firmado por Steve Stewart, secretario técnico de la Red SEPA, quien reafirma el compromiso de la organización con los principios de justicia social, democracia y defensa del derecho a la educación pública en todo el continente.

Segunda Estación de Espresso Americano: Paraguay, Corazón de Sudamérica

El programa “Espresso Americano”, iniciativa llevada a cabo por Fernando Bermúdez y Roberto Bermúdez, analistas de Chile y Costa Rica, tiene como objetivo analizar la geopolítica y la coyuntura de los países latinoamericanos desde una perspectiva crítica. En esta ocasión regresa con su Segunda Estación: “Paraguay, corazón de Sudamérica», un recorrido para comprender el peso histórico y las disputas actuales que atraviesan este país ubicado en el centro del Cono Sur.

Paraguay arrastra heridas profundas como la Guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, cuando Brasil, Uruguay y Argentina cometieron saqueos y asesinatos masivos. Además, vivió la dictadura más larga de la región (1954-1989) y fue un centro operativo del Plan Cóndor, coordinando secuestros y desapariciones de militantes de izquierda.

Este territorio de 400 mil km² donde sus 6.4 millones de habitantes aún hablan guaraní (su lengua indígena), tiene la particularidad de que no tiene salida al mar, pero posee la Hidrovía Paraguay-Paraná, una ruta fluvial de 3.400 km de ríos que conecta a Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay con el Atlántico, siendo la vía más importante del Mercosur.

Esta hidrovía ha sido objeto de intereses extranjeros, similar al Canal de Panamá. Desde 2005 hay una base militar estadounidense en el Chaco, y en 2023 se autorizó la presencia de ‘ingenieros militares estadounidenses’ en el río, acuerdo firmado también por Argentina en 2024.

En lo económico, Israel es el cuarto comprador de carne paraguaya y también importa concentrados cítricos, soja y yerba mate con sello ‘Kosher’. Esto se refleja en el traslado de la embajada paraguaya a Jerusalén, la clasificación del ejército iraní como ‘organización terrorista’ y el apoyo del presidente Peña a la campaña genocida en Gaza.

Paraguay está entre los seis mayores productores de soja, y el monocultivo junto a la ganadería han degradado el Chaco, la segunda selva más grande del Cono Sur, perdiendo más de 9 millones de hectáreas entre 1950 y 2020. La concentración de tierras es extrema: el 2% de la población controla el 85% de las tierras.

Frente a las protestas campesinas y bajo la excusa del narcotráfico, el Estado creó en 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), responsable en 2020 del asesinato de las primas argentinas María y Lilian Villalba, de 11 años, y la desaparición forzada de Carmen Oviedo Villalba, Lichita, de 14 años.

La resistencia de las mujeres latinoamericanas impulsa la exigencia por justicia y aparición con vida de los 43 en Ayotzinapa, de Julia Chuñil en Wallmapu y de Lichita en Paraguay, alzando un grito común: ¡ERAN NIÑAS!

Segundo capítulo completo aquí: Espresso Americano: Paraguay

¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves no descansa en su afán de golpear a los diputados y a la Asamblea Legislativa como uno de los poderes independientes de la República.

Evidencia su interés desesperado de controlar la Presidencia de la Asamblea Legislativa, imponiendo un presidente, o luchando, como lo está hizo, para que los diputados libremente no designaran, el pasado primero de mayo, a Rodrigo Arias Sánchez, quien era el principal candidato para presidir el Poder Legislativo en su cuarta legislatura, 2025-2026.

Rodrigo Arias Sánchez es un diputado como lo son los restantes 56 diputados que integran ese Poder. Rodrigo Arias había presidido la Asamblea Legislativa de manera consecutiva desde el 2022 hasta el 30 de abril pasado, en las tres legislaturas correspondientes a su trabajo. Las valoraciones políticas e institucionales internas que permitieron nombrarlo, en las tres Legislaturas anteriores, por parte de los diputados, seguían siendo válidas.

Lo que había cambiado radicalmente era la relación del Poder Ejecutivo, representado por su presidente Rodrigo Chaves, con los diputados y especialmente con el presidente legislativo, para quien no ha escatimado insultos, ofensas, groserías, agresiones verbales de todo tipo que pueda usar en su contra, tanto en lo personal, como en lo político.

También, el presidente Chaves se ha lanzado, de igual manera, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más levemente contra la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Del mismo modo, ataca constantemente al fiscal general de la República y a la Contralora General de la República.

Nunca, en la historia institucional y política, en las relaciones públicas y privadas, de los presidentes de los Supremos Poderes de la República, había sucedido algo parecido.

El ataque del presidente penetró a las fracciones parlamentarias. Antes de la sesión del 1 de mayo. En algunas de ellas el presidente había “chineado” a diputados que se lograron alinear con él, provocando en esos partidos divisiones respecto a votar favorablemente por Rodrigo Arias y a impulsar, otras candidaturas, estimulando, como lo intentó, las corrientes feministas parlamentarias, para lo cual había halagado posibles candidatas y a algunos candidatos que se veían, y así les hacía creer, como en el espejo de la Cenicienta, como las más perfectas y bellas personas candidatas para presidir el alto solio del Poder Legislativo.

El resultado de sus esfuerzos conspirativos contra Rodrigo Arias no le dio resultado, pero no ha dejado de atacarlo soezmente, como está acostumbrado a referirse a las personas que quiere “golpear” en su imagen pública o institucional.

Evidente es que las figuras presidenciales de los Supremos Poderes de la República siguen siendo el blanco de su atención. El de la Corte Suprema de Justicia y los altos funcionarios del Ministerio Público, los de la Fiscalía General de la República y del Organismo de Investigación Judicial también son parte de sus ataques, difamaciones, ofensas y desconfianzas públicas, que alrededor de ellos quiere sembrar diariamente, porque son las instancias que tendrán que ver, lo quiera o no, en tramitar y llegar a conocer las acusaciones que se le han hecho para que se le investigue en gran cantidad de causas que están en trámite judicial en su contra. Probablemente, su juego consiste en cuestionarlos de tal manera, que después, o en algún momento, pueda impugnarlos en esos trámites judiciales aduciendo que son personas que podrían tener prejuicios contra él por los ataques que él les hace.

También, parte de su objetivo es sembrar en la ciudadanía falsas ideas e imágenes respecto a las instancias judiciales en cuanto a los procesos judiciales, que son parte de sus ataques contra estas instituciones, y sus principales funcionarios, a quienes hace responsables de los ataques acusatorios que les cuestiona sobre sus trabajos personales y profesionales como institucionales.

Respecto al Organismo de Investigación Judicial lo ha terminado presentando en sus últimos ataques como un grupo militar incapaz de enfrentarse a los 17.000 funcionarios de la Fuerza Pública, a los cuerpos policiales, que trata de presentarlos como su policía “privada”. Al Respecto ha señalado claramente que toda la fuerza policial del Organismo de Investigación Judicial no podría enfrentar a la Fuerza Pública, que él maneja porque la relación es de un policía del OIJ a cinco efectivos de la Fuerza Pública. Claramente está analizando llevar el país a esa posibilidad de enfrentamiento. Pero, no contento con esta imagen y percepción, ha convocado a la llamada Reserva Nacional, con más de 3000 personas, según se ha dicho, para que le respondan más como un grupo paramilitar, “más privado” y “personal” que la Fuerza Pública, de la cual no tiene plena confianza. Su grupo de asalto al estilo de las policías nazis, ya lo constituyó con la Unidad Especial de Intervención, que es más selecto, que solo a él, al presidente, le reporta, por medio del viceministro de seguridad, y no tanto por el ministro.

El negocio del tráfico de armas en el país, con la tolerancia de la Seguridad Pública con que se hace, es parte de este juego macabro que se impulsa, en las instancias gubernativas para tratar de crear un clima de inseguridad nacional, que le permita al presidente tratar de invocar un estado de emergencia nacional, que le permita a la vez suspender algunas garantías individuales, si no pudiera establecer un estado de excepción plenamente convocado como los hace Bukele en El Salvador.

El peligro del supuesto golpe de estado, que ha dicho, casi responsabilizando de él al Tribunal Supremo de Elecciones, se le ha diluido por la aceptación en el trámite de inscripción que han tenido tres de sus partidos jaguares, con los que intenta asaltar electoralmente el control de la Asamblea Legislativa, constantemente invocando, llamando y clamando para que los electores le den, a esos partidos, por lo menos 38 o más diputados. Solo así podría igualar el autoritarismo institucional bukeliano mandando en el país, desde la Asamblea Legislativa y no desde el Poder Ejecutivo, para impulsar las transformaciones institucionales que permitan gobernar sin controles públicos. ¿Soñará esquizofrénicamente el presidente de gobernar el país desde la Asamblea Legislativa, como alguna vez lo dijo, que estaría en la oficina del presidente legislativo?

En este ambiente, al margen de la Fuerza Pública, se está convocando, organizando, y facilitando las instalaciones policial-militares del Murciélago, como se dice en corrillos, para prácticas militares de grupos privados de la Reserva Nacional que el gobierno que está impulsando a su alrededor. ¿Los oficiales de la Fuerza Pública, que fueron a entrenarse a Taiwán, en cursos militares de rápida instrucción, tienen que ver con esto? ¿Cuál es el vínculo militar del ministro de Seguridad con las fuerzas militares de Taiwán? ¿Hay asesores militares taiwaneses en la Fuerza Pública? Igualmente, se debe saber si hay militares oficiales extranjeros en la preparación de la Fuerza Pública nacional.

Sobre los oficiales que fueron a entrenarse militarmente a un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas, y no reconocemos en ese campo, debe rendirse cuentas a la Asamblea Legislativa, por lo menos, para saber la naturaleza de los cursos que llevaron y su importancia para la seguridad nacional.

Las prácticas que cada día se evidencian de maltrato policial hacia detenidos, también debe ser objeto de investigación legislativa, de saber quién entrena y bajo qué conceptos a la Fuerza Pública, sobre todo si se envía oficiales a academias militares en el extranjero que enseñan a torturar, golpear detenidos y ciudadanos en general, como vemos actuar a las policías estadounidenses, estos días en las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos.

Hace pocos días se informó de la muerte de un detenido por agresiones físicas que había recibido de sus custodios penitenciarios.

¿Se está preparando a la Guardia Civil en este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos, y de la integridad física de los detenidos?

Peor aún, con la divulgación y conocimiento por la prensa de estas prácticas, a la que se suman los retenes en carretera que se están montando de vez en cuando, para solicitar documentación automotriz y personal, ¿se está tratando de advertir o asustar a la población sobre cómo podría actuar la Fuerza Pública y los cuerpos policiales y paramilitares que se organizan, con amparo del gobierno, ante una situación de “emergencia” que llegare a convocar el presidente? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Su paranoia, su perturbación mental alrededor de la inestabilidad gubernativa que él mismo provoca ante los ciudadanos, por su temor de dejar el gobierno en pocos meses, cuando quisiera permanecer en él indefinidamente, de estar insinuando que no se le permite gobernar, que solo por la fuerza se pueden hacer cambios para mejorar la administración pública y la institucionalidad nacional, que para ello “necesita” 38 o 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa, que no confía en las instancias políticas existentes, que él no controla, por lo que se siente “atacado” por todos los flancos, cuando él es el que agrede aprovechando todos los medios gubernativos que puede usar, desde sus montados espectáculos los miércoles.

Esto es lo que a todos debe preocuparnos por el bien de nuestra Democracia Nacional.