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Etiqueta: militarización

El Imperio exige sangre

Rafael A. Ugalde Q.
Periodista, abogado y notario por la UCR.

Más de 64 mil muertos en Gaza, mucho antes de promover su “plan” de paz para “blanquear” sus crímenes, es lo que importa. Si hubo niños, mujeres y ancianos aterrados bajo los escombros producidos por sus bombas de media y tonelada y media, es mejor. Los muertos no hablarán.

Pero sí, quienes necesitan esta clase de productos informativo tienen “in sitio” y a todo color la demostración de soberbia y espanto en directo sobre la perfección de sus explosivos en cuanto a su funcionamiento destructivo.

Mensaje encriptado, algo así como decir, todos ustedes están propensos a pasar por la misma experiencia sí se salen de la fila, porque ese será el mundo y el futuro que impondremos.

Por otra parte, esta industria de sangre y muerte tiene opciones para ampliar el número de compradores en todos los rincones del orbe controlado por el imperio, mientras todos los gobiernos titiriteros, bajo la órbita de aquel arbitrario, están advertidos sobre la suerte que correrán si enarbolan la bandera de la paz y obedecen a sus pueblos.

Un informe divulgado el pasado 7 de octubre por la agencia de noticias española Efe da cuenta como Estados Unidos destinó más de 21.700 millones de dólares en ayuda militar para la guerra en Medio Oriente. Y esto no parece parar.

Citando como fuente a la Universidad de Brown, indica que este monto destinado a la guerra es todo un “récord” alcanzado, tanto por la anterior gestión de Joe Biden como la actual de Donald Trump.

A los montos anteriores deben sumarse 9.650 millones de dólares para acciones encubiertas y otras no tan encubiertas contra el pueblo de Yemen y otros 12.070 millones más de apoyo a bandas pro estadounidenses en otras naciones de la región.

¿A cuáles gobiernos genuflexos de la zona importa que el imperio siga asesinando y robando en todos los continentes? Sin contar los periodistas asesinados en el Líbano, Siria, Yemen o Irán, solo en Gaza el Emperador debe haberse sentido vivo y rejuvenecido: en solo dos años de conflicto ha matado más “mensajeros” que las dos guerras de Vietnam, Corea, Afganistán y los Balcanes juntas.

No he visto que un gobierno de esos que sufren por sus rodillas chimadas en nuestro continente divulgara una línea sobre estos crímenes contra quienes se ganaban la vida con esta noble profesión. Menos, me temo, lo harán organizaciones que se dicen independientes, cuando gritan a todo pulmón por la “libertad de prensa”, los grandes diarios, los monopolios televisivos, colegios de periodistas, reporteros sin fronteras y, mucho menos, la SIP.

Situación similar a los comunicadores sufren los médicos y personal sanitario, sin que ello sirva de consuelo o excusa a los padres, esposas, hijos u otros familiares que perdieron a un médico, enfermera o asistente, en dicho conflicto. Se estima que más de 146 galenos de distintas nacionalidades perdieron la vida en el cumplimiento de sus deberes, en dos años de beligerancia.

Quien niegue que el imperio exige sangre para sentirse vivo y aparentar “buena salud”, es igualmente bipolar o sus genes entraron en un proceso degenerativo imparable. Ahora resulta que el declive de la sociedad imperial se debe al llamado “Cartel” de los Soles y a un presidente colombiano (Gustavo Petro),” aliado -óigase bien – con el narcotráfico de su país”, a pesar de que durante más de 10 años Estados Unidos llenó de bases militares a Colombia, con la excusa de la guerra contra el tráfico de drogas.

Sin embargo, la leyenda urbana de los Carteles de los soles va tomando cuerpo, a fin de conseguir el consenso de los “intelectos referentes” de nuestra región y de los “gobiernos democráticos” continentales, pues la buena reserva de sangre venezolana y colombiana se necesita, tras estar agotada desde hace años las existencias dejadas en 1989, cuando la rimbómbate “Operación causa justa” sirvió para invadir y seguir saqueando a Panamá.

Manuel Antonio Noriega llegó a gobernar a Panamá gracias a su intachable paso por la Agencia Central de Inteligencia (CIA) durante casi 15 años, pero cuando creyó que de verdad mandaba, terminó como un peligroso narcotraficante. Así paga el diablo, cargándose a sus serviles.

Noriega, fiel a los manuales de la CIA y a la Administración de control antidrogas (DEA), había aprendido de memoria dos viejas premisas acuñadas durante la “guerra fría” y practicadas por su “jefes” en la vieja escuela las “Américas” del Comando Sur, en cuanto a dar violentos golpes de Estado, reprimir y desaparecer gente: Anticomunismo, como sinónimo de democracia al servicio de los ricos, desarticulando cualquier intento de organización del pueblo.

De esta manera, muchos de los graduados de esta academia gobernaron un sin número de nuestros países, bajo la modalidad de “democracias ejemplares “en Nicaragua, Guatemala, Honduras, El Salvador, Bolivia etc., según Washington, aunque lo practicado al interior de esas naciones eran sangrientas dictaduras contra nuestros pueblos.

Una “institucionalidad democrática” enviada desde la Casa Blanca y defendida con fiereza por nuestras oligarquías, con prohibición expresa de apartarse del pensamiento oficial, y menos pedir cuenta a estas élites [sobre qué hacían con el dinero producido por el trabajo de millones de los campesinos, los obreros, los empleados públicos, los vendedores ambulantes etc.

Represión en Chile tras el golpe de Estado del presidente constitucional de Salvador Allende (F. BBC News Mundo)

De aquella academia, quienes no pasaban por la metamorfosis de humano a gorila consolidado, salían entonces capacitados por si había una oportunidad. Eran duchos, en todo caso, para combatir la contrainsurgencia, expertos en tiro y explosivos, navegación, lectura de planos, detección de discursos reformistas. Además, eran conocedores y practicantes acreditados en técnicas de defensa personal, “extracción” de hechos verídicos sin dejar indicios (tortura física), maltrato psicológico, infiltración de partidos políticos peligrosos para la sociedad, intromisión de agrupaciones campesinas, sindicatos, universidades, entre otras especialidades.

Y Noriega cumplió a pie juntillas con este currículo: desapareció oficiales, eliminó líderes estudiantiles, infiltró sindicatos que él llamaba “rojos”, se alió con el movimiento sindical reformista, mientras sus patronos no dejaban de animarlo para que siguiera por esa línea, pues sabían que cumplida la tarea lo desecharían como ocurría en estos casos; por eso resultó imposible la defensa de la soberanía panameña a la hora llegada.

El exmandatario estadounidense de entonces, George H. W. Bush, pudo así encerrar a Noriega en una cárcel de máxima seguridad para que su cipayo no hablara ni con su sombra. Respiró aliviado: la principal fuente de tráfico de drogas hacia los Estados Unidos estaba entre barrotes y la juventud norteamericana salvo de esa desgracia, según él.

Seguramente este optimismo de Bush, en torno a que había salvado a la juventud estadounidense, quedó tan perfectamente grabado en el subconsciente de aquellos que entonces eran adolescentes, para sin mayor empacho y asombrosa naturalidad ahora, en puestos de mando, defiendan la creencia que con cárceles de máxima seguridad, levantamiento de garantías constitucionales en barriadas del populacho, allanamientos a toda hora o generalizando el llamado “derecho de autor” para que todos “sean culpables hasta que demuestren lo contrario”, ya estamos libres del negocio de las drogas y sus industrias “colaterales” como el sicariato, el secuestro, el cobro de peajes, los préstamos “gota a gota”, la lotería clandestina, entre otros.

Por informaciones de la prensa local y extranjera sabemos que en estas barriadas del populacho, constituidas por enormes contingentes de obreros y obreras, empleados públicos, vendedores ambulantes, desempleados, estudiantes expulsados del sistema educativo etc., ninguno de esos grupos aparecen enredados con grandes exportaciones de frutas, tubérculos y drogas; ni algunos de ellos aparecen vestidos de saco y corbata hablando en la Asamblea Legislativa con presuntos narcotraficantes, ni los han ligado con bancos bajo sospechas por el negocio del lavado de dinero.

Así, el enfoque estadounidense de la lucha contra el “narcotráfico y el terrorismo”, seguido obedientemente por nuestro país, tiene un alto componente clasista, nos guste o no, más allá de sus causas sociales, históricas y económicas dentro de un verdadero problema, y a raíz del cual, se matiza con una nueva forma de colonialismo, racismo, militarismo y otros elementos propios del moderno fascismo y el nazismo.

El llamado “Tren de Aragua” y los llamados “criminales” llegados desde Suramérica, por ejemplo, sirvieron a Trump para militarizar varios Estados, haciendo creer a la sociedad estadounidense – la gran prensa norteamericana “domesticada” ya desde aquella invasión a Irak, esta vez no dijo esta boca es mía – que así terminaría, a su juicio, con todos los “criminales” extranjeros. ¡Limpieza étnica, se llama eso, según el manual del nazismo y el sionismo!

Pero de esta manera Trump y los acólitos en nuestro país defenderían luego, cada uno en su respectivo idioma, a su modo y según el puesto alcanzado dentro de la esfera estatal, la versión actualizada de la ya famosa leyenda urbana del “cartel de los soles”, mientras el consumo y la demanda de este tipo de drogas no merma en Estados Unidos ni en Europa. Las mafias internas, en tanto, hacen su agosto con la distribución de toda clase de estos estupefacientes ilegales, el lavado de dinero ayudando a mantener a flote la economía de muchos estados norteamericanos y europeos, la violencia armada como un floreciente oficio, como si se tratara ya de la cotidianidad que va desde Miami, Florida, hasta Alaska.

Para que tengamos una remota idea del problema, los datos de acceso público demuestran como los estadounidenses de 12 años o más, 47,7 millones de ellos, eran consumidores de drogas ilegales en 2023. El 16,8% de los estadounidenses de 12 años o más consumieron drogas en el último mes, registrándose un aumento del 1,9% año tras año. (Ver: https://www.google.com/search?q=que+porcentaje+de+cocaina+consumen+los+estadounidense+anual.&sca_esv=d029728c4f6818).

Paralelo a la actividad de la droga en Estados Unidos, tenemos la industria de las armas de fuego, que no solo emplea a millones de norteamericanos, sino genera a estos mercaderes más de 90 000 millones de dólares anuales, de los cuales Texas aporta 6 500 millones y Tennessee 3 400 millones en 2024, según datos de National Shooting Sports Foundation, 2025.

¡Yankis fuera ya! Así, Trump sostiene que va ganando la guerra contra el “narcotráfico y el terrorismo” en las aguas del Caribe y ahora se apresta a atacar por tierra a Venezuela, tras tomar como base de operaciones la isla de Trinidad y Tobago, bajo la promesa de Mario Rubio y María Corina, que los isleños tendrán gratis todo el petróleo necesario, una vez sacados del “gobierno a los chavistas” y “terminada para siempre la dictadura de Maduro”.

Por sí había alguna duda entre la gente de “izquierda”, pusilánimes y algún otro burócrata, a la espera que se produzca la invasión para llamarnos a ser solidarios, sí creen estar a salvo a mediano y largo plazo se equivocan, porque la agresión contra el pueblo de Venezuela forma parte de un proyecto más amplio y ambicioso que incluye luego a Nicaragua y Cuba, según los términos semánticos dejados escapar por Rubio, que obedece a sus patronos de Miami, y María Corina, indiscutible representante de las más rancias y decrépitas oligarquías de la zona.

En el último “operativo” contra “un barco” del Tren de Aragua, dijo Trump, terminamos con los seis terroristas. No hubo sobrevivientes, añadió. Para lograr el éxito de este “operativo” anunciado por el gobernante estadunidense utilizaron los más modernos radares geolocalizadores, movilizaron un barco de la Marina dotado de toda clase de cañones y un misil muy parecido a los que utilizarán contra puntos estratégicos para la economía venezolana. Solamente- a manera de aclaración – que el tal barco resultó ser un bote con motor fuera de borda,

Según las autoridades antidrogas venezolanas y colombianas que combaten conjuntamente las bandas fronterizas de narcotraficante y minería clandestina, el 80 % de la droga suramericana que se comercia en Estados Unidos, gracias a una filial en Miami que tiene la llamada “Junta del Narcotráfico”,      se moviliza por el Pacífico y no por el Atlántico.

Durante una conferencia de presa, el presidente Gustavo Petro, dijo que luego de 10 años de lucha contra el narcotráfico en Colombia había fracasado y urgía otro enfoque distinto, realista y más humano a las fumigaciones masivas sobre la hoja de coca, el envenenamiento del suelo y el despojo de las tierras a los campesinos. El gobernante ha señalado que en Ecuador está la otra “filial” de la Junta del narcotráfico, cuya sede central, está en Qatar, dijo.

“Barco” destruido por un misilazo por estar cargado de drogas en el Atlántico caribeño, según dijo Trump en conferencia de prensa, convocada exclusivamente para divulgar tan importante noticia. (F. BBC News Mundo).

En todo caso, sea por el Atlántico o por el Pacífico, estos grupos identificados por Trump como narcotraficantes, no utilizan “barcos” ni fragatas como quiere hacernos creer el mandatario estadounidense, sino que navegan en botes rápidos acondicionados con motores fuera de borda.

En el primer “operativo” con misiles sobre el Pacifico sobrevivieron dos supuestos narcos que pretendían envenenar a nuestra gente, según Trump, pero resultaron ser pescadores, según narró uno de los dos sobrevivientes.

Como si no hubiera en los últimos 100 años de excusas para ingresar sus tropas en la nación que ellos quieran, al menos 20 sangrientas invasiones militares de Estados Unidos contra nuestros pacíficos pueblos de Nuestra América parecen insuficientes, pues ahora como ayer, nos traen la coartada del narcotráfico y el terrorismo, como en el pasado, lo hicieron con el cuento de la libertad y la democracia.

¿Habrá alguien con un mínimo de honestidad, en pleno inicio del siglo de la Inteligencia Artificial, la industria de los datos etc., que crea en la” libertad” y la “democracia” con que nos quieren atorar, cuando quien nos obliga a seguirlo ha sido incapaz de dar casa digna, a pesar de los desplantes de su industria de la guerra, a aproximadamente 771,480 personas sin hogar, hasta enero de 2024, mientras la gente padece de desnutrición y literalmente muere de hambre, botan sin el más mínimo remordimiento entre el 30% y el 40% de los alimentos que se producen, lo que equivale a aproximadamente 60 millones de toneladas (54.9 millones de kilos) de comida al año. Esta cifra incluye alimentos de hogares, supermercados y restaurantes, donde la principal fuente de desperdicio son los hogares privados, según un estudio de ReFED. ¿?

Siempre que un imperio siente que va en declive, se necesita recordar, de paso, a esos tibios que desde hacen años perdieron las calles, ya no les creen los campesinos, ni los obreros, ni las amas de casa, ni los estudiantes, porque sus reformas y promesas, resultaron un engaño, exige sangre de hombres, mujeres, niños y ancianos inocentes. Es cuestión de revisar, con ayuda de la Inteligencia Artificial la caída, de los cuatro grandes imperios del pasado

De esta manera, con la excusa de capturar los “sediciosos” de Pancho Villa en 1917 – en 2025 el gobierno de Claudia Sheinbaum fue amenazado con enviarle militares para “extraer” a jefe narcotraficantes – la llamada Expedición Punitiva asesinó a más de 150 mexicanos y dejaron 115 heridos, según distintas fuentes consultadas,

En la presente centuria, por ejemplo, el Imperio no ha escatimado gente y recursos contra Cuba Socialista. Le estorba que desde 1959 el pueblo cubano levantara la frente y rechazase para siempre a quienes doblan la cerviz como modo de vida,

Trataron de matar – perdí la cuenta- al comandante Fidel Castro no sé ya cuántas veces, reclutaron mujeres para envenenarlo, financiaron franco tiradores, cometieron actos de terrorismo contra aviones cargados de civiles, pusieron bombas en hoteles, usaron la guerra bacteriológica contra la agricultura de la isla e invadieron el país caribeño en 1961, dejando una estela de destrucción y al menos 157 muertos. Todo un manual para seguir de “democracia” y “libertad” al que Al Capone jamás agregaría ni quitaría una coma.

Un total, en cambio, irrespeto completo por la vida humana y el Derecho Internacional que se mantiene y se refleja en el criminal bloqueo financiero y comercial impuesto a Cuba por Estados Unidos durante 63 año, pero que es, en el fondo, además, una guerra sostenida declarada contra todo asomo de socialismo en América Latina y el Caribe. El dirigente popular, estudiantil, político, académico o profesional, que no lo entienda así, no está en nada

En este sentido, el analista local y dirigente del Comité Bolivariano de Solidaridad Yamilet López, Oscar Barrantes, consideró que sin bloqueo “Cuba sería una potencia plena en desarrollo en todos los ámbitos económicos, materiales, científicos, tecnológicos, de iniciativas de convivencia con la madre tierra, de bienestar social, espirituales y culturales”.

Precisó que esta integrante de las Antillas Mayores ya es una potencia en desarrollo humano, derechos universales, es solidaria con todos los pueblos del mundo, pese a la maldita guerra del bloqueo.

Llamó a los costarricenses a ayudar a “tumbar” el bloqueo y a poner un alto a la guerra multidimensional contra Cuba y los proyectos soberanos de las naciones libres.

En esta misma línea de acción contra el bloqueo y respeto a la autodeterminación de Cuba, el IX Encuentro Continental de Solidaridad, celebrado recientemente en México llamó a redoblar esfuerzos y organizarse para acabar con esta agresión comercial y financiera, así como para excluir a la isla de una lista de naciones patrocinadoras del terrorismo. En serio: ¡el cinismo de la Casa Blanca no tiene límite!

Para quienes no tienen dimensión alguna sobre qué significa para un país latinoamericano una guerra estadounidense en forma de bloqueo comercial y financiero, este representa, según datos oficiales, una afectación aproximada de más de 629 millones 675 mil dólares mensuales, equivalente a más de 20 millones701mildólares diarios, y 862 mil 568 dólares en daños por cada hora de bloqueo.

Tomando en cuenta el comportamiento del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, este cerco comercial y financiero ha provocado perjuicios cuantificables por 2 billones 103 mil 897 millones de dólares.

Por eso, en 33 ocasiones anteriores, la mayoría de las naciones integrantes de la Organización de Naciones Unidas, condenaron el bloqueo como acto contrario al Derecho Internacional y los Derechos Humanos. El 29 de octubre de este año las naciones del orbe en Asamblea General conocerán de nuevo sobre esta agresión contra el pueblo cubano.

Desde esta perspectiva, la intervención militar contra Venezuela, (ningún país de la región está a salvo de los Marines y los aviones F-16) se inscribe dentro de los esfuerzos desesperados del Imperio por salvar el control de su patio trasero, frente a un mundo multilateral que surge ante sus barbas con nuevas formas de convivencia y abierto a los pueblos y gobiernos que buscan independencia, más libertad y justicia social.

Sin embargo, es un hecho ineludible que el Emperador sigue sin saciar su sed de sangre inocente. No le bastó la de los yemeníes, iranies, palestinos, iraquíes ni libanés. Siente la boca seca, pero es también la primera vez que los pueblos latinoamericanos y caribeños, junto a los trabajadores estadounidenses, tenemos la oportunidad de dar un salto cualitativo contra yugos viejos.

¡No se equivoquen el Caribe es el Caribe!

Red SEPA manifiesta solidaridad con el pueblo ecuatoriano y rechaza la represión y militarización

La Red Social para la Educación Pública en América (Red SEPA), alianza continental de organizaciones sociales y magisteriales que luchan por la educación, manifestó su solidaridad con el pueblo ecuatoriano y su rechazo a las acciones represivas y a la militarización impulsadas por el gobierno de Daniel Noboa.

En un comunicado fechado el 15 de octubre de 2025 desde Vancouver, Canadá, la Red expresó su preocupación ante la represión ejercida contra las personas y comunidades que se han movilizado en todo el país frente al aumento de los precios de productos básicos, los despidos laborales y la crisis del sector educativo y social en Ecuador.

Apoyo a comunidades, docentes y estudiantes

El texto rechaza la violencia estatal, la detención de decenas de personas de distintos sectores y provincias y la persecución de luchadores sociales, docentes, estudiantes e integrantes de comunidades indígenas.

Asimismo, la Red SEPA manifestó su solidaridad con las comunidades de Imbabura y con el gremio magisterial ecuatoriano, en particular con Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE).

“Sus voces son nuestras voces, y abrazamos a la distancia la lucha que hoy impulsan por la vida, la defensa del territorio, del trabajo, la salud y la educación. Porque somos una América, nos mantendremos atentas y atentos a los llamados de solidaridad internacional que convoquen”, señala el comunicado.

El documento está firmado por Steve Stewart, secretario técnico de la Red SEPA, quien reafirma el compromiso de la organización con los principios de justicia social, democracia y defensa del derecho a la educación pública en todo el continente.

Segunda Estación de Espresso Americano: Paraguay, Corazón de Sudamérica

El programa “Espresso Americano”, iniciativa llevada a cabo por Fernando Bermúdez y Roberto Bermúdez, analistas de Chile y Costa Rica, tiene como objetivo analizar la geopolítica y la coyuntura de los países latinoamericanos desde una perspectiva crítica. En esta ocasión regresa con su Segunda Estación: “Paraguay, corazón de Sudamérica», un recorrido para comprender el peso histórico y las disputas actuales que atraviesan este país ubicado en el centro del Cono Sur.

Paraguay arrastra heridas profundas como la Guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, cuando Brasil, Uruguay y Argentina cometieron saqueos y asesinatos masivos. Además, vivió la dictadura más larga de la región (1954-1989) y fue un centro operativo del Plan Cóndor, coordinando secuestros y desapariciones de militantes de izquierda.

Este territorio de 400 mil km² donde sus 6.4 millones de habitantes aún hablan guaraní (su lengua indígena), tiene la particularidad de que no tiene salida al mar, pero posee la Hidrovía Paraguay-Paraná, una ruta fluvial de 3.400 km de ríos que conecta a Bolivia, Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay con el Atlántico, siendo la vía más importante del Mercosur.

Esta hidrovía ha sido objeto de intereses extranjeros, similar al Canal de Panamá. Desde 2005 hay una base militar estadounidense en el Chaco, y en 2023 se autorizó la presencia de ‘ingenieros militares estadounidenses’ en el río, acuerdo firmado también por Argentina en 2024.

En lo económico, Israel es el cuarto comprador de carne paraguaya y también importa concentrados cítricos, soja y yerba mate con sello ‘Kosher’. Esto se refleja en el traslado de la embajada paraguaya a Jerusalén, la clasificación del ejército iraní como ‘organización terrorista’ y el apoyo del presidente Peña a la campaña genocida en Gaza.

Paraguay está entre los seis mayores productores de soja, y el monocultivo junto a la ganadería han degradado el Chaco, la segunda selva más grande del Cono Sur, perdiendo más de 9 millones de hectáreas entre 1950 y 2020. La concentración de tierras es extrema: el 2% de la población controla el 85% de las tierras.

Frente a las protestas campesinas y bajo la excusa del narcotráfico, el Estado creó en 2013 la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), responsable en 2020 del asesinato de las primas argentinas María y Lilian Villalba, de 11 años, y la desaparición forzada de Carmen Oviedo Villalba, Lichita, de 14 años.

La resistencia de las mujeres latinoamericanas impulsa la exigencia por justicia y aparición con vida de los 43 en Ayotzinapa, de Julia Chuñil en Wallmapu y de Lichita en Paraguay, alzando un grito común: ¡ERAN NIÑAS!

Segundo capítulo completo aquí: Espresso Americano: Paraguay

¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Vladimir de la Cruz

El presidente Rodrigo Chaves no descansa en su afán de golpear a los diputados y a la Asamblea Legislativa como uno de los poderes independientes de la República.

Evidencia su interés desesperado de controlar la Presidencia de la Asamblea Legislativa, imponiendo un presidente, o luchando, como lo está hizo, para que los diputados libremente no designaran, el pasado primero de mayo, a Rodrigo Arias Sánchez, quien era el principal candidato para presidir el Poder Legislativo en su cuarta legislatura, 2025-2026.

Rodrigo Arias Sánchez es un diputado como lo son los restantes 56 diputados que integran ese Poder. Rodrigo Arias había presidido la Asamblea Legislativa de manera consecutiva desde el 2022 hasta el 30 de abril pasado, en las tres legislaturas correspondientes a su trabajo. Las valoraciones políticas e institucionales internas que permitieron nombrarlo, en las tres Legislaturas anteriores, por parte de los diputados, seguían siendo válidas.

Lo que había cambiado radicalmente era la relación del Poder Ejecutivo, representado por su presidente Rodrigo Chaves, con los diputados y especialmente con el presidente legislativo, para quien no ha escatimado insultos, ofensas, groserías, agresiones verbales de todo tipo que pueda usar en su contra, tanto en lo personal, como en lo político.

También, el presidente Chaves se ha lanzado, de igual manera, contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, y más levemente contra la presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones. Del mismo modo, ataca constantemente al fiscal general de la República y a la Contralora General de la República.

Nunca, en la historia institucional y política, en las relaciones públicas y privadas, de los presidentes de los Supremos Poderes de la República, había sucedido algo parecido.

El ataque del presidente penetró a las fracciones parlamentarias. Antes de la sesión del 1 de mayo. En algunas de ellas el presidente había “chineado” a diputados que se lograron alinear con él, provocando en esos partidos divisiones respecto a votar favorablemente por Rodrigo Arias y a impulsar, otras candidaturas, estimulando, como lo intentó, las corrientes feministas parlamentarias, para lo cual había halagado posibles candidatas y a algunos candidatos que se veían, y así les hacía creer, como en el espejo de la Cenicienta, como las más perfectas y bellas personas candidatas para presidir el alto solio del Poder Legislativo.

El resultado de sus esfuerzos conspirativos contra Rodrigo Arias no le dio resultado, pero no ha dejado de atacarlo soezmente, como está acostumbrado a referirse a las personas que quiere “golpear” en su imagen pública o institucional.

Evidente es que las figuras presidenciales de los Supremos Poderes de la República siguen siendo el blanco de su atención. El de la Corte Suprema de Justicia y los altos funcionarios del Ministerio Público, los de la Fiscalía General de la República y del Organismo de Investigación Judicial también son parte de sus ataques, difamaciones, ofensas y desconfianzas públicas, que alrededor de ellos quiere sembrar diariamente, porque son las instancias que tendrán que ver, lo quiera o no, en tramitar y llegar a conocer las acusaciones que se le han hecho para que se le investigue en gran cantidad de causas que están en trámite judicial en su contra. Probablemente, su juego consiste en cuestionarlos de tal manera, que después, o en algún momento, pueda impugnarlos en esos trámites judiciales aduciendo que son personas que podrían tener prejuicios contra él por los ataques que él les hace.

También, parte de su objetivo es sembrar en la ciudadanía falsas ideas e imágenes respecto a las instancias judiciales en cuanto a los procesos judiciales, que son parte de sus ataques contra estas instituciones, y sus principales funcionarios, a quienes hace responsables de los ataques acusatorios que les cuestiona sobre sus trabajos personales y profesionales como institucionales.

Respecto al Organismo de Investigación Judicial lo ha terminado presentando en sus últimos ataques como un grupo militar incapaz de enfrentarse a los 17.000 funcionarios de la Fuerza Pública, a los cuerpos policiales, que trata de presentarlos como su policía “privada”. Al Respecto ha señalado claramente que toda la fuerza policial del Organismo de Investigación Judicial no podría enfrentar a la Fuerza Pública, que él maneja porque la relación es de un policía del OIJ a cinco efectivos de la Fuerza Pública. Claramente está analizando llevar el país a esa posibilidad de enfrentamiento. Pero, no contento con esta imagen y percepción, ha convocado a la llamada Reserva Nacional, con más de 3000 personas, según se ha dicho, para que le respondan más como un grupo paramilitar, “más privado” y “personal” que la Fuerza Pública, de la cual no tiene plena confianza. Su grupo de asalto al estilo de las policías nazis, ya lo constituyó con la Unidad Especial de Intervención, que es más selecto, que solo a él, al presidente, le reporta, por medio del viceministro de seguridad, y no tanto por el ministro.

El negocio del tráfico de armas en el país, con la tolerancia de la Seguridad Pública con que se hace, es parte de este juego macabro que se impulsa, en las instancias gubernativas para tratar de crear un clima de inseguridad nacional, que le permita al presidente tratar de invocar un estado de emergencia nacional, que le permita a la vez suspender algunas garantías individuales, si no pudiera establecer un estado de excepción plenamente convocado como los hace Bukele en El Salvador.

El peligro del supuesto golpe de estado, que ha dicho, casi responsabilizando de él al Tribunal Supremo de Elecciones, se le ha diluido por la aceptación en el trámite de inscripción que han tenido tres de sus partidos jaguares, con los que intenta asaltar electoralmente el control de la Asamblea Legislativa, constantemente invocando, llamando y clamando para que los electores le den, a esos partidos, por lo menos 38 o más diputados. Solo así podría igualar el autoritarismo institucional bukeliano mandando en el país, desde la Asamblea Legislativa y no desde el Poder Ejecutivo, para impulsar las transformaciones institucionales que permitan gobernar sin controles públicos. ¿Soñará esquizofrénicamente el presidente de gobernar el país desde la Asamblea Legislativa, como alguna vez lo dijo, que estaría en la oficina del presidente legislativo?

En este ambiente, al margen de la Fuerza Pública, se está convocando, organizando, y facilitando las instalaciones policial-militares del Murciélago, como se dice en corrillos, para prácticas militares de grupos privados de la Reserva Nacional que el gobierno que está impulsando a su alrededor. ¿Los oficiales de la Fuerza Pública, que fueron a entrenarse a Taiwán, en cursos militares de rápida instrucción, tienen que ver con esto? ¿Cuál es el vínculo militar del ministro de Seguridad con las fuerzas militares de Taiwán? ¿Hay asesores militares taiwaneses en la Fuerza Pública? Igualmente, se debe saber si hay militares oficiales extranjeros en la preparación de la Fuerza Pública nacional.

Sobre los oficiales que fueron a entrenarse militarmente a un país con el que no tenemos relaciones diplomáticas, y no reconocemos en ese campo, debe rendirse cuentas a la Asamblea Legislativa, por lo menos, para saber la naturaleza de los cursos que llevaron y su importancia para la seguridad nacional.

Las prácticas que cada día se evidencian de maltrato policial hacia detenidos, también debe ser objeto de investigación legislativa, de saber quién entrena y bajo qué conceptos a la Fuerza Pública, sobre todo si se envía oficiales a academias militares en el extranjero que enseñan a torturar, golpear detenidos y ciudadanos en general, como vemos actuar a las policías estadounidenses, estos días en las manifestaciones que se han dado en Estados Unidos.

Hace pocos días se informó de la muerte de un detenido por agresiones físicas que había recibido de sus custodios penitenciarios.

¿Se está preparando a la Guardia Civil en este tipo de prácticas violatorias de derechos humanos, y de la integridad física de los detenidos?

Peor aún, con la divulgación y conocimiento por la prensa de estas prácticas, a la que se suman los retenes en carretera que se están montando de vez en cuando, para solicitar documentación automotriz y personal, ¿se está tratando de advertir o asustar a la población sobre cómo podría actuar la Fuerza Pública y los cuerpos policiales y paramilitares que se organizan, con amparo del gobierno, ante una situación de “emergencia” que llegare a convocar el presidente? ¿Hacia dónde nos quiere llevar el presidente?

Su paranoia, su perturbación mental alrededor de la inestabilidad gubernativa que él mismo provoca ante los ciudadanos, por su temor de dejar el gobierno en pocos meses, cuando quisiera permanecer en él indefinidamente, de estar insinuando que no se le permite gobernar, que solo por la fuerza se pueden hacer cambios para mejorar la administración pública y la institucionalidad nacional, que para ello “necesita” 38 o 40 diputados en la próxima Asamblea Legislativa, que no confía en las instancias políticas existentes, que él no controla, por lo que se siente “atacado” por todos los flancos, cuando él es el que agrede aprovechando todos los medios gubernativos que puede usar, desde sus montados espectáculos los miércoles.

Esto es lo que a todos debe preocuparnos por el bien de nuestra Democracia Nacional.

Carta abierta al Estado de Chile y a la Nación-Pueblo Mapuche – para firmar

Ante el Informe emitido por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento, elaborado por ocho comisionados vinculados a partidos políticos, con el fin de buscar una solución pacífica al conflicto de alta intensidad que mantiene el Estado de Chile contra la Nación Mapuche, los abajo firmantes manifestamos que:

Nos resulta incomprensible que se pueda alcanzar esa paz sin que previamente se haya iniciado un proceso de entendimiento directo con las autoridades ancestrales de la Nación Mapuche.

Por más de 130 años el pueblo nación mapuche ha reivindicado la restitución de sus territorios, el respeto de sus autoridades ancestrales, su autonomía y autodeterminación, el respeto a su cultura y la defensa de su lengua, recogidos en el Tratado de Tapihue firmado con el Estado de Chile hace 200 años.

Ante los continuos abusos de poder de las autoridades políticas, judiciales y policiales del Estado chileno, defensor de los intereses económicos empresariales extractivistas, las comunidades mapuche han desarrollado diversos procesos de recuperación de sus territorios, usando tanto las formas institucionales, como las autónomas. Sin embargo, la respuesta del actual gobierno, ha sido:

  • Decretar el Estado de Excepción Constitucional, por tres años consecutivos, que le permite militarizar, reprimir y encarcelar a comuneros mapuche sin pruebas y crear falsas acusaciones a través de montajes, contando con la complicidad de los Medios de Comunicación.

  • Aprobar leyes para justificar la criminalización de la protesta social mapuche: Ley del “gatillo fácil”; Ley de Usurpación, Ley de seguridad e Inteligencia que favorecen la militarización policial y la ocupación del territorio mapuche, así como la creación de cuerpos de seguridad privado que protegen los intereses de los consorcios forestales, de los usurpadores de los territorios mapuche: colonos latifundistas y terratenientes que tienen tanto poder como policías, militares y jueces.

> Con estas leyes se han incrementado los proyectos extractivistas con capitales extranjeros, los allanamientos, desalojos y usurpación de los territorios de comunidades mapuche, así como la desaparición de Julia Chuñil por más de 6 meses sin investigación hasta el momento; y el desalojo y encarcelación de Francisca Curihuinca por demanda de las forestales;

  • Aumentar la prisión política de comuneros mapuche, dispersándoles en cárceles subvencionadas fuera de su territorio de origen, además de presentarse como parte querellante en las causas judiciales, exigiendo penas ejemplares a jóvenes mapuche entre 30 y 100 años.

Denunciamos que con este Informe queda evidente que se trata de:

  • Un nuevo acuerdo de «pacificación» mientras se mantiene un Estado de Excepción Constitucional permanente, controlador y vigilante en Wallmapu, con el fin de apropiarse ilegalmente del territorio mapuche, desconociendo y criminalizando a sus autoridades ancestrales, su historia, su cultura, vulnerando los derechos de su gente y el derecho del pueblo mapuche a la autodeterminación;

  • Una estrategia para dividir a la Nación Mapuche y manipular a la opinión pública, con recomendaciones que refuerzan el racismo y la represión hacia el pueblo mapuche;

Por todo lo anterior EXIGIMOS AL ESTADO DE CHILE:

  1. – Levantamiento del Estado de Excepción en Wallmapu y retiro inmediato de militares y carabineros en territorio mapuche.

  2. Devolución de los territorios y respeto a la frontera con Chile marcada en el Tratado de Tapihue, que establece los derechos ancestrales de autonomía y autodeterminación como nación mapuche en su territorio ancestral.

  3. Fin de la militarización y represión en territorio mapuche.

  4. Libertad a todos los prisioneros políticos mapuche secuestrados por los Estados de Chile y Argentina.


Complete este
formulario para firmar y adherirte a esta carta.

Imagen: https://www.biodiversidadla.org

Declaración: ¡¡No a la militarización de Argentina!!

Las personas y organizaciones firmantes queremos manifestar nuestra preocupación por una serie de medidas y acciones que está tomando el gobierno del presidente de Argentina, Javier Milei, y que tendrán efectos negativos para su población como para todo nuestro continente y que, además, atentan contra el espíritu de la Proclama de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) que el año 2014 declaró a América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

1 – El gobierno del presidente Javier Milei solicitó, en abril del 2024, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) que Argentina sea socio global de esta alianza militar. Con este fin, el ministro argentino de Defensa, Luis Petri, se reunió en Bruselas con el secretario general adjunto de la OTAN, Mircea Geoana, y le presentó una «carta de intención” con esta solicitud. Es importante recordar que la OTAN es una alianza militar que ha demostrado a lo largo de su historia un curriculum de asesinatos contra pueblos hermanos. Las intervenciones militares de la OTAN en la ex Yugoslavia, Afganistán, Irak, Libia y Siria han violado los principios esenciales del derecho internacional. Su participación también en la guerra de Ucrania ha alimentado y prolongado una guerra que desde el comienzo se debió resolver mediante el diálogo y negociaciones de paz.

2- Asimismo, el anuncio de la construcción de una “base naval conjunta” entre Argentina con el Comando Sur de los EEUU, en la ciudad de Ushuaia, como la firma de un Memorándum de Entendimiento, del 7 de marzo de 2024, entre el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EEUU y la Inspección General de Puertos S.E de Argentina, la que habilita la construcción de una base militar a la vera del río Paraná, son acuerdos que violan la soberanía argentina al operar una fuerza extranjera en territorio argentino. Apoyamos la campaña del NO a las bases militares extranjeras en América ni en El Caribe.

3 – En diciembre de 2024, mediante decreto el gobierno del presidente Javier Milei dispuso que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada pueden intervenir en asuntos de seguridad interior, en el resguardo de “objetivos de valor estratégico” los que serán definidos por el mismo ejecutivo. Al mismo tiempo, establece que las Fuerzas Armadas no sólo deben intervenir ante ataques de otros Estados, sino también ante agresiones o amenazas de “organismos paraestatales extranjeros, de organizaciones terroristas u otras organizaciones trasnacionales”. Estos decretos son un claro retroceso y un peligro que nuevamente las Fuerzas Armadas, bajo cualquier pretexto del gobierno, vigilen y repriman a la población civil de su propio país y vuelvan a cometer graves violaciones a los derechos humanos.

4 – A lo anterior, se suma que el gobierno de Milei ha vuelto a reponer los envíos de militares argentinos a entrenamiento a WHINSEC, la sucesora de la Escuela de las Américas donde, entre otros, se entrenaron los dictadores argentinos Jorge Rafael Videla, Leopoldo Fortunato Galtieri y Roberto Viola.

5 – Finalmente, manifestamos nuestra solidaridad con todo el pueblo argentino, con las organizaciones sociales y de derechos humanos, con los sitios de memoria, que permanentemente son atacados, con distintas medidas, por el gobierno del presidente Javier Milei.

Firman,

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, AFEP, Chile; Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos; Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos; Comisión de Construcción de Paz, No Violencia y Antimilitarismo de la Alianza Convida 20; Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas (SOAW-Chile); Comité Oscar Romero SICSAL-Chile; Comité de Solidaridad Óscar Romero de Tarragona y Reus, España; Revista El Derecho de Vivir en Paz; Unión Bicentenaria de los Pueblos (UBP), Chile; Comitê Internacional Paz, Justiça e Dignidade aos Povos – Capítulo Brasil; Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba e às Causas Justas, Brasil; Asociación Comunidades Construyendo Paz en Colombia – Conpazcol; Escuela Permanente PRAIS, Chile; Corporación 3y4 Álamos, Chile; Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular de El Salvador; Iglesias por la Paz, México; Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad Oscar Arnulfo Romero – SICSAL – México; Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile; Fundación Pueblo Indio, Ecuador; Fundación Escuela de Paz Colombia; Comité Asamblea Constituyente Chile-Bélgica; Agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutado Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta por la Memoria Histórica de Antofagasta, Chile; Frente Comunicacional Anti Imperialista de Nuestra América; Mesa Ecuménica por la Paz – MEP – Colombia; Coalición de Movimientos y Organizaciones Sociales de Colombia – COMOSOC –; Organization in Solidarity with the Guatemalan People. Revival. Guatemala-Norteamérica; Fundación Cultural ARTIS, Ecuador; SERPAJ-Costa Rica; SERPAJ-México; SERPAJ – Paraguay; Comité de DDHH y Ecológicos de Quilpué, Chile; AfroClimaCC,  República Dominicana; Alianza CONVIDA-20; Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica; Fundalatin, Idhes y la Fundación Maruxa Silva, Venezuela 

Firmas individuales: Alicia Lira Matus, presidenta  de AFEP, Medalla de DDHH y democracia 2023 de la U.de Chile; María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH de Paraguay;  Julio Yao, Presidente Honorario y  Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá (CEEAP); Pablo Ruiz, periodista, paz y derechos humanos; Hervi Lara, Comité Oscar Romero, SICSAL-Chile; Georgina Valdovinos Navarro, Chile; Félix Madariaga – Editor www.elindoamericano.cl, Chile; Carmen Diniz, Brasil; María Eugenia Mosquera Riascos, Colombia; Alfonso Insuasty, grupo editorial e investigación Kavilando, Red Interuniversitaria por la paz Redipaz; Juan Alonso Reyes Caceres, Chile; Norma Elena Bregagnolo, Argentina; Manuel O Caceres, Argentina; Nidia Arrobo Rodas, Ecuador; Daniela González López, Coordinadora Internacional del Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos, México; David Barrios Rodríguez, docente universitario, México; Juan Pablo Pérez, Chile; David Barrios Martínez, México; Olivia Gómez, México; Romina Martínez Velarde, México; Gerardo de la Fuente Lora, México; Hraste Aguilar Iván, France; María Rita Rodríguez Saldaña, México; Maria de los Angeles Pensado, México; Denise Melendez Cordova, Chile; Mario Venegas, Estados Unidos; María Elena López Gallardo,  SICSAL, México; José A. Amesty Rivera, Costa Rica-Venezuela; Luis Alonso Vargas Ramirez, Costa Rica; Miguel Orduña Carson, México; Verónica Espinoza Hernández, Chile; Eidy Estacio Grueso, Colombia; Teofanes Josefina Santiago Santiago, México; Ana María Arenas Romero, Costa Rica; Juana Patricia Zavala Matulic, Chile; Luis Javier Angulo Talavera, Perú; Jorge Gálvez, Presidente Unión Bicentenaria de los Pueblos, Chile; Marcos Cruz García, Chile; Viviana Gysling Caselli, Chile; Monica Laucirica, Chile; Marcela Zamora Cruz, Costa Rica; Neris Gonzalez, El Salvador; Ricard Sánchez Andrés, España

Puedes apoyar con tu firma personal y/o de organización en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdRa5HC9jfUxX9G49RY2ZmLTnSU4NCZ4vX6s-81DvV5irly7w/viewform?usp=preview

Honduras: Política ambiental bajo las armas Nos acompaña Lucía Vijil Saybe

Conversamos con Lucía Vijil Saybe, licenciada en Comercio Internacional, máster en Cooperación Internacional y máster en Estudios Socioambientales, además de miembro del Equipo de Justicia Ambiental y Ecológica del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD). En esta entrevista, analizamos la creciente participación de las fuerzas militares en la ‘protección’ ambiental en Honduras. ¿Qué implica esta remilitarización para la sociedad hondureña? ¿Por qué deben preocuparnos estos esquemas de intervención militar? Estas y otras preguntas son abordadas en nuestra conversación.

Para más información, consulta el artículo de Lucía Vijil aquí: https://contracorriente.red/2024/12/17/politica-ambiental-bajo-las-armas-debemos-alarmarnos/.

Recomendamos también visitar las páginas del CESPAD: https://cespad.org.hn/ y del Observatorio de Conflictividad Socioambiental: https://observatorio.cespad.org.hn/quienes-somos/.

*La imagen de la presidenta Xiomara Castro fue tomada de: https://proceso.hn/remilitarismo-una-fuerte-amenaza-a-la-democracia-en-centroamerica-palpable-con-estados-de-excepcion/.

Adolfo Hitler y Rodrigo Chaves

Vladimir de la Cruz

Hitler y Mussolini, los grandes dictadores y líderes autoritarios de Alemania y de Italia, desde inicio de la década de 1920 hasta 1945, cuando fueron derrotados, al concluir la II Guerra Mundial, por ellos provocada, en el interior de sus países organizaron, a su alrededor cuerpos de seguridad personal, de represión y de apoyo particulares. Estos organismos de seguridad eran dirigidos por ellos, a quienes les reportaban mediante la estructura de conducción política, policial y militar que tenían.

Me detendré en las más tenebrosas, por su mayor y amplio conocimiento público como fueron las policías especiales que impulsó Adolfo Hitler, las llamadas SA, la SS. Y GESTAPO.

La Sturmabteilung o “SA” correspondió a una unidad que se usaba de asalto, la cual se desarrolló como una organización voluntaria de milicias ciudadanas. En Alemania se conocieron como las Camisas Pardas, por el uniforme que usaban. En Italia se les llamó Camisas Negras. En el caso alemán el color pardo era para distinguirlas de las “SS” que usaban uniformes negros con camisas blancas.

El término Sturmabteilung se originó por las tropas de asalto especializadas que tenía el Imperio Alemán en 1918. Las “SA” tuvieron un papel muy significativo en el ascenso de Hitler en la década de 1920 y primer lustro de la década de 1930, hasta cuando fueron integradas a las “SS” en la década de 1930.

La “SA” reclutó soldados o militares de experiencia y de buena preparación física para dar seguridad y proteger a los dirigentes del partido nacional socialista alemán. Luego las hicieron de amplia afiliación. Era la organización a cargo de realizar actos violentos contra grupos opositores.

En Alemania como en Italia estas organizaciones se desarrollaron al calor de los partidos políticos que dirigían Hitler y Mussolini, que ya en el poder se desarrollaron y fortalecieron como parte de la estructura institucional, jurídica, militar y policial.

El presidente Chaves no ha tenido oportunidad de impulsar su particular organización policial-militar desde un partido político, porque no tiene partido político propio, ni formó parte de un Partido político donde él fuera su principal dirigente.

Llegó a la Presidencia como candidato, ad hoc, para la ocasión de la campaña electoral del 2022. Fue la cara electoral de un partido que él no dirigía, del cual no es dirigente de nada.

Como presidente, por sus peroratas de los miércoles, ha logrado calar en sectores populares, bien manipulados con sus cortinas de humo de intentar resolverles sus problemas fundamentales, lo que los partidos políticos tradicionales, poderes públicos y fuerzas opositoras, entre ellas, algunos medios de comunicación no se lo permiten o le entraban las posibilidades de ayuda y de solución de problemas.

En su discurso dirigido a los sectores populares que han estado marginados por años, por diversos gobiernos y partidos políticos, les ha sembrado la idea de qué con él, con Chaves, hay esperanzas si lo dejan actuar, aunque sea a la fuerza, contra las instituciones o sin ellas, que le permitan tomar decisiones sin controles institucionales, constitucionales y legales.

Esta gente que no ha “ganado” nada, “nada” tiene que perder con Chaves. Tiene “posibilidades” de ganar, es el discurso y la imagen de la “esperanza” lo que les ofrece, y le siguen. No es casual el aumento de su popularidad personal, después de la visita de Bukele que empató con la tragedia climática que afectó al país, que el gobierno tuvo que atender, teniendo los recursos para ello.

El presidente Chaves con sus convocatorias provocativas contra instituciones públicas como la Asamblea Legislativa, la Sala IV y la Corte Suprema de Justicia, ha llevado a pequeños grupos, por ahora, de personas fanatizadas con él, a agredir verbalmente a sus miembros, y en cierta ocasión a provocar un conflicto de calle, casi cuerpo a cuerpo, con otros ciudadanos. En una ocasión frente a la Sala IV, uno de los manifestantes, un profesor universitario jubilado, de manera desaforada y desquiciada pidió la muerte del presidente de la Sala Constitucional, camino para pedir la muerte de cualquier otro ciudadano por parte de estas turbas que se movilizan al canto de sirena del presidente.

La “SA” alemana fue la organización encargada de preparar estos actos violentos y confrontativos con otros grupos de ciudadanos y otros partidos políticos.

Los rasgos de mando de la “SA” fueron de obediencia exclusiva a sus mandos militares, quienes rendían obediencia a Hitler. Cuando Hitler asumió el poder, en 1933, la “SA” se consideraba la escolta y la escoria de Hitler que amenazaba a los diferentes líderes del partido nacional socialista.

La “SA” era estimada como una organización radical, extremista y peligrosa. La “SA” fue usada para peleas callejeras con uso de armas convencionales. La “SA” fue la encargada de llevar a cabo la llamada “Noche de los cuchillos largos” y la Noche de los cristales rotos”, acciones que se realizaron contra la comunidad judía. Fueron también los quemaban libros y atacaban locales de opositores. La “SA” hitleriana fue temida incluso por las otras estructuras policiales y militares de la organización institucional hitlerista. La lealtad con Hitler se aseguraba con el control que él mismo tenía de esta organización militar. De la misma forma, la lealtad de la Unidad Especial de Intervención con el presidente Chaves deviene del control personal y jerárquico que él tiene sobre sus miembros. En esta dimensión Chaves es igual que Hitler el “Oberster SA-Führer”.

El presidente Rodrigo Chaves, trata de impulsar la Unidad Especial de Investigación, que depende directamente de la Presidencia de la República, que solo a él le reporta y obedece.

Los miembros de esta Unidad Especial de Investigación le rinden obediencia a su jefe directo, inmediato, que se desempeña como viceministro de Seguridad, y con él al presidente Chaves, pasándole por encima al mismo ministro de Seguridad Pública.

La “SA” tenía una serie de funciones y oficinas vinculas a su quehacer militar. La Unidad Especial de Intervención tiene igualmente una serie de funciones ampliadas, por el decreto inconstitucional publicado el pasado 21 de noviembre en La Gaceta, que le da el carácter político represivo y de tipo militar que tenía la “SA”.

La “SA” fue una organización paramilitar institucionalizada de voluntarios que imponían su ley. La Unidad Especial de Intervención no tiene todavía ese carácter, pero cada día le están ampliando las posibilidades de actuación y de intervención institucional, con posibilidad de crear los falsos escenarios de inseguridad ciudadana que les dé la potestad de actuar violentamente.

Recientemente, se ha propuesto un proyecto de ley para eliminar el Ministerio de Gobernación, de manera, que entre otras cosas, la Policía de Migración se pase a Seguridad Pública para ir concentrando, por ahora, en esa instancia todos los órganos e instancias policiales del país, sobre los que la Unidad Especial de Intervención podría dirigir y someter desde sus potestades ampliadas desde el pasado 21 de noviembre.

En el Decreto del jueves 21 de noviembre se aumentan las potestades de un órgano policial administrativo, que está en la Ley General de Policía, adscrito a la Presidencia de la República, y es dependiente y obediente directamente del presidente, llamado Unidad Especial de Intervención, considerada como un cuerpo especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico, términos que pueden ser fácilmente atribuibles a distintos comportamientos.

En sus funciones también se le dieron la de proteger a los miembros de los supremos poderes, el cuerpo diplomático acreditado en el país y todos los jerarcas del Poder Ejecutivo, en su diversidad de ministerios e instituciones públicas, cuyos directivos se considere merezcan esa protección.

La Unidad Especial de Intervención se ubica por la realidad como un brazo policial y militar de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, independiente de ella, para contener acciones terroristas, intervenir contra las acciones orientadas a la seguridad nacional y contra secuestros y actividades similares, que puedan afectar a los diferentes miembros del gobierno y de atender todo aquello atinente a la seguridad nacional de Costa Rica.

Estrictamente la Unidad Especial de Intervención no es un cuerpo netamente de inteligencia. Para ello tiene que apoyarse en la Dirección de Inteligencia y Seguridad y en el Organismo de Investigación Judicial, cómo en aquellos otros organismos policiales y de seguridad que desarrollan la llamada inteligencia policial.

La Unidad Especial de Intervención puede realizar seguimientos de personas, intervenir sus comunicaciones, desde ministros, diputados, magistrados y cualquier opositor político o antigubernamental, según se considere, y según Chaves ordene actuar contra él, como se hizo contra el diputado Ariel Robles y el Fiscal General de la República, Carlo Díaz. El Fiscal mismo ante la Asamblea Legislativa denunció que estas funciones y acciones eran realizadas por la Unidad Especial de Intervención, señalando acciones de espionaje.

En la práctica el Decreto del 21 de noviembre ha justificado lo que se ha venido haciendo desde el año pasado, se ha “legalizado o decretado” lo que inconstitucionalmente el gobierno de Chaves ha venido realizando.

Hitler quería en Alemania mantenerse en el poder, para llegar a dominar a la población y poder justificar la necesidad de ‘limpiar’ a Alemania. Cuando el presidente Chaves acusó y denunció que todos los presidentes de Costa Rica desde 1949 hasta el 2022 habían sido dictadores y tiranos, que solo habían gobernado a favor de grupos afines a ellos, en contra del pueblo, lanzó el mismo mensaje de Hitler, de limpiar al país de los grupos corruptos que han gobernado antes que él para poder satisfacer las necesidades del pueblo que él, Chaves, quiere hacer. Para ello, con Bukele afirmó la necesidad de gobernar con “seguridad para lograr la prosperidad”, el binomio ideológico que necesita para gobernar a la fuerza.

La “SA” fue una fuerza policial política. La Unidad Especial de Intervención es igualmente una fuerza policial política, al servicio exclusivo del presidente Chaves, que se acompaña con la idea mesiánica que Chaves tiene de sí mismo, que vende, como se llamó a sí mismo, el Moisés que conduciría al pueblo por el camino correcto, casi como “salvador de la Patria”, lo que le da estos resultados emocionales en las encuestas que le siguen valorando como persona, no tanto como gobernante, de manera favorable.

La Unidad Especial de Intervención, como la “SA”, es usada para investigar, seguir y controlar a todas las personas que trabajan directamente con el presidente, entre ellos los mismos ministros. De paso investigan y rastrean opositores, como quedó en evidencia cuando el Poder Ejecutivo, al referirse a un diputado del Frente Amplio lo exhibió en todos los pasos que había realizado en varios días. También ha sido usada para seguir políticos, empresarios y otras personas.

La Unidad Especial de Intervención tiene que verse como una organización extremista y peligrosa, como un brazo policial militar de un terrorismo de estado que puede estarse montando con este grupo militar por su esencia, formalmente camuflado de carácter policial.

En sus posibilidades operacionales tiene capacidad de intervenir conversaciones telefónicas, computadoras, de extraer información y de “meter”, “sembrar”, “plantar”, información falsa que comprometa para que la persona investigada pueda ser detenida y sometida a procesos judiciales, después de reducirlo a procesos policiales, que podrían incluir torturas por el grado de entrenamiento de algunos de sus oficiales, que tienen el entrenamiento militar altamente especializado en esos campos, como en el de franco tiradores, es decir de especialistas en disparar selectivamente a una persona con capacidad de matarlas desde distancias de más de 1000 metros.

En esta dimensión de “sembrar “ información pueden incluso llegar a crear la sensación de una desestabilización política que se le quiera hacer al presidente, un intento de golpe de estado, que le permita solicitar suspensión de garantías y actuar dictatorialmente, siguiendo al presidente Bukele con esos períodos, lleva 32 aprobaciones legislativas, de suspensión de las garantías, con lo cual el presidente puede actuar como un dictador, un tirano, un déspota, sin controles judiciales, mientras los ciudadanos frente a eso quedan totalmente desprotegidos e inermes.

La organización de las “Escuadras de protección” que impulsó Hitler, las llamadas Schutzstaffel , conocidas como “SS” era el grupo selecto, la élite del ideal alemán impulsado por Hitler.

Las “SS”, fundadas en 1929, cuando las crearon, les dieron la funciones de la seguridad, la identificación del origen étnico, la política de establecimiento demográfico, y la recopilación y el análisis de información de inteligencia; controlaban las fuerzas policiales alemanas y el sistema de los campos de concentración, represivos y carcelarios. Entre otras cosas, también atendieron la eliminación de los judíos, lo que llamaron la “solución final”. Cuando el gobierno del presidente Chaves impulsa el control en Seguridad Pública de la Policía de Migración, da esta sensación de impulsar una “limpieza” de extranjeros en el país.

Las “SS” se basaron en la lealtad a Hitler, como la Unidad Especial de Intervención lo es al presidente Chaves. Hitler nombró a Heinrich Himmler como el líder de las “SS”. Chaves ha designado como el líder de la Unidad Especial de Intervención al viceministro de seguridad, a quien le dio la tarea de iniciarla con 14 oficiales escogidos por él, como una guardia élite, y les dotó de nuevos vehículos y otros medios de trabajo.

De las organizaciones represivas del régimen nazi, estas “SS” fueron las más prestigiosas. El Tribunal de Núremberg, cuando juzgó a los nazis, declaró a las “SS” como una organización criminal.

Otra organización nazi de carácter represivo fue la Geheime Staatspolizei o Gestapo, que era la que actuaba como Policía Secreta del Estado. Algo similar tiene la Unidad Especial de Intervención. La “SS” fue la organización policial y militar que más brutalmente actúo contra la población. La Unidad Especial de Intervención, en potencia, tiene esta misma función.

La Gestapo, como policía política, era la responsable de proteger el régimen, y a sus gobernantes, de sus supuestos enemigos. Tenía autoridad para investigar y combatir todos los intentos de amenazas al Estado, al gobierno, o autoridades. Tenía facultades para investigar traiciones, espionaje, sabotaje, ataques criminales. Para ello se valía de informantes, vigilantes, de poder realizar cateos en domicilios, usar métodos brutales de interrogación, como los que se usan en los manuales de interrogación, y de tortura, en las cárceles que tiene Estados Unidos en Guantánamo. ¡Cuidado, que instructores militares especializados en estos interrogatorios estén entrenando a los miembros de la Unidad Especial de Intervención y de otros organismos similares en el país!

Sobre estas policías como la SA, la SS, la Gestapo y la Unidad Especial de Intervención, continuaré en próximos artículos.

El peligro de esta última, es que con ella se incuba la posibilidad de un instrumento de carácter represivo de incalculables dimensiones, de peligro a las mismas libertades y derechos constitucionales y de enorme preocupación sobre el futuro democrático de Costa Rica.

En ciernes tenemos la formación de un dictadorzuelo, o un gran dictador, según sea su evolución, que está en proceso acelerado de maduración, llamado Rodrigo Chaves Robles, que conduce al país por la vía de la militarización y la destrucción de las instituciones democráticas.

“Una herida en el sur”: el documental que revela los impactos del «Tren Maya» en la península de Yucatán

Mérida, Yucatán, México, 17 de octubre de 2024.- El viernes 18 de octubre, Kanan Derechos Humanos, Pata de Perro Films y el Centro por la Justicia el Derecho Internacional (CEJIL) lanzaron “Una herida en el Sur”, un documental que narra los impactos vinculados a la instalación del megaproyecto “Tren Maya” en los Estados de Yucatán, Campeche y Quintana Roo. 

Desde las voces de biólogos, ecologistas, personas ejidatarias, personas defensoras de la tierra y activistas, “Una herida en el Sur” aborda las profundas transformaciones de la Península de Yucatán ante la priorización de políticas de extractivismo, turismo desmedido y militarización. 

En el documental, las organizaciones denuncian que la construcción del mal llamado “Tren Maya” ha estado plagada de arbitrariedades, incluyendo la falta de medidas ambientales adecuadas para su instalación; opacidad sobre sus impactos y beneficios; y la falta de una consulta previa, libre e informada a los pueblos y comunidades indígenas acorde a los estándares internacionales. Con su llegada, también se ha incrementado la militarización en la región, pues es el ejército quien construye gran parte de los tramos del tren y administra todo el proyecto. 

De acuerdo con las organizaciones, aunque el Estado plantea el megaproyecto como solo un tren, en realidad es una iniciativa a largo plazo para reordenar la zona y potenciar la llegada de proyectos que han dañado el territorio, como las industrias de turismo masivo, inmobiliarias, de manufactura y agroindustrial. 

En la región donde se desarrolla el proyecto, es alarmantemente habitual el despojo de tierras de propiedad colectiva, por parte de gobiernos y empresarios para establecer proyectos agroindustriales, turísticos, inmobiliarios y energéticos. Además, según la investigación desarrollada para la producción del documental, la situación actual de despojo y extractivismo en la península ha desencadenado una explotación masiva de maderas preciosas, uso desmedido de plaguicidas y descargas de aguas residuales, causando una preocupante transformación en los suelos. Todo ello ha resultado en una devastadora deforestación y una irreparable pérdida de la biodiversidad, afectando gravemente el equilibrio ecológico de la región. 

El audiovisual denuncia cómo el deterioro y el despojo de los territorios están teniendo consecuencias devastadoras para las comunidades. Desde el abandono del campo y la ruptura de la espiritualidad, hasta la pérdida de los territorios y la identidad maya. Las comunidades enfrentan una realidad marcada por la criminalización, amenazas y un clima creciente de violencia. 

Para las organizaciones, “Una herida en el Sur” es una historia cuyo protagonista no es el Tren mal llamado “Maya”, sino la transformación de un territorio vivo: la península de Yucatán. Este audiovisual es un registro de los múltiples, profundos y violentos impactos de las políticas de despojo y la instalación de megaproyectos extractivos en el Sur de México. Es, también, la historia de resistencia de quienes desafían el racismo, el saqueo, la militarización y el olvido y, en cambio, apuestan por los bosques, por las aguas y por la vida. 

El documental se presentará en Mérida este viernes 18 de octubre y también estará disponible en canales digitales para uso libre a partir de esa fecha. 

Carta por la paz: Contra el gasto militar y la militarización

Sres. Presidentes de América Latina, El Caribe y de América del Norte

De nuestra consideración,

Las organizaciones y personas firmantes apoyamos la Campaña Internacional Contra el Gasto Militar. Por lo anterior, queremos señalar lo siguiente:

1.- De acuerdo a información del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), el gasto militar mundial del año 2022 alcanzó su máximo histórico llegando a un total de 2.240 billones de dólares. En nuestro continente, los países que más gastaron fueron Brasil con 20.210 millones de dólares; Colombia con 9.937 millones de dólares; México con 8.535 millones de dólares; Chile con 5.566 millones de dólares; Perú con 2.845 millones de dólares; y Argentina con 2.577 millones de dólares. En América Central y el Caribe, el gasto militar ascendió a 11.200 millones de dólares. En América del norte, Estados Unidos fue el país que más gastó, tanto en nuestro continente como en el mundo, llegando a 876.943 millones de dólares y Canadá 26.896 millones de dólares.

2.- Mientras hay dinero para el gasto militar la pobreza se mantiene o aumenta en todos nuestros países a causa de la inflación, del pago de la deuda externa, entre otros graves problemas que viven muchos de nuestros países. El informe Panorama Social 2022 proyectó que 201 millones de personas (32,1% de la población total de la región) viven en situación de pobreza, de los que 82 millones (13,1%) se encuentran en pobreza extrema. Al mismo tiempo, la FAO ha señalado que cerca de 60 millones de personas pasan hambre en nuestro  continente y 131 millones de personas en la región no pudieron costear una dieta saludable.

3.- Lola Castro, directora regional del WFP (Programa Mundial de Alimentos) de la ONU, señaló que “La inseguridad alimentaria seguirá aumentando por la crisis de los precios de los alimentos y de los combustibles causada por el conflicto en Ucrania y las secuelas de la COVID-19”.

4.- La guerra por muy lejos que esté nos afecta a todos. Levantamos nuestras voces y apoyamos los esfuerzos diplomáticos de diálogo y negociaciones para lograr acallar las armas y lograr que llegue la paz entre Rusia y Ucrania, en Yemen, en Sudán, en Palestina, como en otros países que viven conflictos armados.

5.- La verdadera seguridad que necesitan nuestros países, la región, como del mundo, radica en el bienestar social, económico y político de toda la población, en el respeto entre todas las naciones, y en el establecimiento de garantías de protección y seguridad común para todos.

6.- La militarización, como la carrera armamentista, sólo destruye la confianza entre nuestros pueblos y socava los esfuerzos de fraternidad, cooperación y solidaridad entre nuestros países que deberían mirarse como hermanos y no como enemigos.

7.- Exhortamos a nuestros Estados a revitalizar los esfuerzos de integración en nuestro continente, especialmente en la CELAC y UNASUR, para que de manera mancomunada se realicen esfuerzos contra las verdaderas amenazas que enfrentan nuestros pueblos que viven la violencia y la pobreza como consecuencia del neoliberalismo, del saqueo permanente de los recursos naturales, y de la depredación que realizan las grandes Corporaciones y sus Megaproyectos Extractivistas en nuestros territorios.

8.- Finalmente, pedimos que los gobiernos de nuestro continente reduzcan o eliminen el gasto militar y comprometan esos fondos para el bienestar social, en legitimar esfuerzos de paz, de amistad, de unidad, cooperación, y multilateralismo, que nos alejen de la amenaza de la guerra, la destrucción y del aniquilamiento. Lo que se necesita son fondos suficientes para el goce de los derechos humanos, la protección de los recursos naturales (el ecosistema), para la acción colectiva, para la solidaridad, para abordar conjuntamente las emergencias globales de nuestro tiempo.

Atentamente,

Acción Colectiva de Objetores y Objetores de Conciencia -ACOOC, Colombia
ACCSS, Guatemala
ACODEHU, Costa Rica
Alianza Global de Ministerios e Infraestructuras para la Paz – Gamip América Latina y el Caribe –Gamip Alianza por el Desarme y la Justicia Social, Colombia
Araña Feminista, Venezuela
Asociación Campesina de Trabajadores Agropecuarios de San José de Miranda, Colombia
Asociación Chilena Pro-Naciones Unidas – ACHNU, Chile
Asociación de Cabildos Indígenas de San Vicente del Caguán Caquetá Colombia ACISC
Asociación Mujeres y Madres Abriendo Caminos, Colombia
Asociación para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Públicos (ADUSP), Costa Rica
Asociación Rumiñahui, España
Asociación Sara Macdougal, Perú
Asociación Teatro de la Tierra Mercy Bustos, Madrid, España
Asociación de Productores Agroecológicos de Valle, Honduras

Asociación Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense IMWC
ATRAHDOM, Guatemala
Centro Cívico San Javier, Colombia
Centro de Amigos para la Paz, Costa Rica
Centro de Documentación en Derechos Humanos «Segundo Montes Mozo SJ» (CSMM), Ecuador
Centro de Estudios Ecuménicos A.C., México
Centro de Investigación Drogas y Derechos Humanos del Perú
Centro de Investigación Social Formación y Estudios de la Mujer- CISFEM
CESTA, El Salvador
Circulo Bolivariano Yamileth López,  Costa Rica
Colectivo Pro derechos Ecológicos y Ambientales, Sección Qro., México  
Colectivo Voces de Oya, Colombia
Colegio de Profesoras y Profesores de Collipulli, región de la Araucanía, Chile
Comisión de Paz, No Violencia y Desmilitarización – Alianza CONVIDA-20
Comisión Ética contra la Tortura, Chile
Comité Oscar Romero, Sicsal-Chile
Comité por un Chile Digno – Noruega
Comunidad Ecuménica Magdala, México
Comunidad Ecuménica Martin Luther King, Chile
Comunidad Slow Food del Sur de Chile
ComuniSur Frente Comunicacional, Bolivia
Conaicop, Internacional
Concertación Mons Romero, El Salvador
Confederación Unitaria de Trabajadores, Costa Rica
Consejo Comunal Marapa Marina A B C, Venezuela
Consejo Provincial de Paz del Oriente Antioqueño Colombia
Convergencia Ciudadana de Mujeres -Converge Mujeres-, Guatemala
Conversemos y actuemos, Colombia
Coordinadora Americana Derechos de los Pueblos y Víctimas Prisión Política
Corporación 3 y4 Álamos, Chile
Corporación El Canelo, Chile
Corporación Paz Caribe, Colombia
Denver Justice and Peace Committee, Estados Unidos (Denver, Colorado)
Desarrollo de infancia y adolescencia, México
E. Pueblos Originarios Serpaj, Argentina
Educar Mujer Venezuela, Venezuela
Federación Venezolana de Abogadas
Foro de Educación Religiosa, Costa Rica
Frente de Paz y Solidaridad Costa Rica
Fundación Desarrollo Permanente, Colombia
Fundación Hogar Padtorin, Colombia
Fundación Lazos de Dignidad, Colombia
Fundación Movimiento Ajedrez Escolar, Chile
Fundación Procrear, Colombia
Género, Diversidad, Interculturalidad y Derechos Humanos, Ecuador
Global Campaign On Military Spending (GCOMS), Internacional
Global Thought Mx, México
Grupo Taller del Sur, México  
Iglesia Metodista Wesleyana Costarricense, Costa Rica
Iglesias por la Paz, México
Instituto RIA AC, México
Justapaz Asociación Cristiana Menonita para Justicia Paz y Acción No violenta, Colombia
Laboratorio de Paz, Venezuela
Movimiento de Mujeres Manuelita Sáenz MOMUMAS, Venezuela
Mujeres en Marcha Chile
Mujeres para el Diálogo, México
MUVACOFUM, Guatemala
Naufrago de Itaca Ediciones, Venezuela
Núcleo de Estudos Sociopolíticos da Pontifícia Universidad de Católica de Minas Gerais, Brasil
Observatorio centroamericano de medios de comunicación y género GEMA, Costa Rica
Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos
Observatorio por el Buen Trato a Personas Mayores en Quilpué, Chile
Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas – Chile
Observatorio Venezolano DDHH Mujeres
OCDIH, Honduras
Organización Rural Cooperativa AGROTUANAIME, Colombia
Parroquia Jesús Señor de la Vida – Santiago de Chile
Partido de la Independencia y del Trabajo de Senegal
Partido Vanguardia Popular, Costa Rica
Pastoral Cultural Sagrada Familia en Concepción, Chile
Pastoral Social Iglesia Anglicana de México
Pax Christi International
Programa Casa Refugiados, México
Programa de las Américas, Americas.ORG, México
Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos
Rebelión o Extinción Medellín, Colombia
Red Acueductos Boyacá, Colombia
Red de Esperanza y Solidaridad, Puerto Rico
Red de Estudios y Empoderamiento Afrodescendiente -RedAfros-,  República Dominicana
Red de Mujeres Afros de Bayunca-REMABAY, Colombia
Red de Solidaridad con Palestina, Costa Rica
Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza, EEUU/MX
Red Solidaria Década Contra la Impunidad AC, México
REDIALOGO – Red de Mujeres Constructoras de Paz, Venezuela
Resuena, Colombia
Secretariado Social Mexicano
Sercoba – Equipo de Servicio a Comunidades de Base, El Salvador
Servicio Paz y Justicia, Paraguay
Servicio Paz y Justicia, SERPAJ, Argentina
Servicio Paz y Justicia, SERPAJ-Chile
Servicios y Asesoría para Paz, México
SICSAL, México
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SUTIEMS)
Tinta Violeta, Venezuela
Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche), España
Universidad Popular de los Pueblos, Colombia
World BEYOND War, Internacional

 

Personas:

 

Abraham Barboza Gómez

Costa Rica

Alba Lucía Cardona Carvajal

Colombia

Alejandro Baño Oyarce

Chile

Alejandro Reyes Córdova

Chile

Alicia Dorantes

México

Alicia Lira Matus presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos

Chile

Alicia Marchandon Sánchez

Chile

ALIRIO GARCÍA

Colombia

Álvaro Quiroz SJ

México

Álvaro Vega Sánchez

Costa Rica

Ana Carolina Herrera Galeano

Colombia

Ana Julia Paz

Colombia

Ana María Vera

Chile

Ana Monzón

Guatemala

Angélica Orozco Idárraga

Colombia

Anita Soto

Chile

Antonio Rabasa González de la Vega

México

Ayda Arismendy Castañeda

Colombia

Baltazar Castañeda

Colombia

Benita Osdelia Ramírez Fernández ICW Honduras

Honduras

Bernardo Reyes Ortiz, Ética en los Bosques

Chile

Betssi Sñez

Venezuela

Birgit FunckShorack

Alemania

Blanca Azucena Sánchez

Colombia

Blanca Norha Ossa Hoyos

Colombia

Blas H. Rico

Colombia

Brettis Rojas

Venezuela

Carmelina de Jesus Rivera

El Salvador

Carmen López Téllez

Guatemala

César Abadía

Colombia

Cristian Rivera

Chile

Dania Batista Guevara

Panamá

Daniela Peña, Centro de Estudios para el Desarrollo de la Mujer, CEDEM

Chile

Danilo Monteverde

Chile

Dayana Monroy Núñez

Colombia

Deisy Yolima Rendón Castaño

Colombia

Deivis Ovares Morales

Costa Rica

Denisse Araya Castelli

Chile

Dorys Gilma Zorro Coronel

México

Eddy Oswaldo Lucero Alfaro

Guatemala

Edgar Orlando Galvis

Colombia

Edgar Pérez Ruiz

México

Eduardo Bustamante

Colombia

Eduardo Huerta Arias

Chile

Eduardo Menéndez

México

Ela Ferris

Venezuela

Elida Piedad Mantilla Díaz

Colombia

Emilio Arranz Beltrán

 

Emilio Espin

El Salvador

Enrique Araya Leiva

Chile

Esperanza Fajardo Piñones

México

Eugenia Mijangos

Guatemala

Eugenia Valdés Ossa

Chile

Evelin Carolina Hernández Cáceres

El Salvador

Evelyn Elizabeth Ibáñez

El Salvador

Evelyn Margron

Haití

Exilda Azar Cortes

Chile

Ezequiel Valdez

República Dominicana

Fabiola Lizette Mancilla Castillo

México

Fernando Aranguren

Venezuela

Fernando Astudillo Becerra Izquierda Cristiana

Chile

Francisco Javier Lopera

Colombia

Francisco Trabol Melipil

Chile

Francy Elena Molina Arboleda

Colombia

Franklin Ledezma Candanedo -Periodista y Escritor

Panamá

Fray Julián Cruzalta

México

Gabriela Tello

México

Galina Sandino

Cuba

Gilberto López y Rivas

México

Gloria Elena Ospina Pérez

Colombia

Gonzalo Munguía del Río

México

Gorki Cuauhtemoc Buentello Pastrana

Mexico

Graciela Barbosa Martinez

Colombia

Guillermo Díaz

México

Guillermo Pérez

México

Gustavo Adolfo Sepúlveda Martínez

Colombia

Hansel Luis Ramirez Rodriguez

Costa Rica

Héctor Maturana B.

Chile

Helen Barrientos

Guatemala

Henry Guevara

Colombia

Hernando Mejía Díez

Colombia

Hervi Lara Bravo

Chile

Hicham Amraoui

España

Hildelisa Preciado

Ciudad de México

Hugo Quesada Hernández

Costa Rica

Hugo Urrestarazu

Chile

Ingrid Almendras Orellana

Chile

Isabel Cristina Buriticá Mira

Colombia

Isnel Alecio Mosquera Rentería

Colombia

Ivonne Parra

Venezuela

Javier Elgueta

Chile

Jeannette kurte López

Chile

Jhony Arango

José Amesty Rivera

Colombia

Jonathan Sebastián Cayul Cayul

Chile

Jorge Garzón

Colombia

Jorge Marín

Colombia

Jorge Martínez Muñoz

Chile

Jose Enrique González Ruiz

México

José Fabio Naranjo

Colombia

José Fredis Sandoval

El Salvador

Jose Guillermo Rampira Ruiz

Colombia

Jose Joaquín Cristancho Cuesta

Colombia

Jose Juan Hernández

Colombia

José Marcial Apablaza Yañez

Chile

José María Navarro Flores

España

José Schulman

Argentina

Juan Carlos Celis Gonzàlez

Colombia

Juan Jose Tamayo acosta

España

Judith Kelly, Embajadora de la Paz, Pax Christi USA

EEUU

Juliana Sepúlveda Hurtado

Colombia

Julio Yao, Presidente Honorario y Presidente Encargado del Centro de Estudios Estratégicos Asiáticos de Panamá

Panamá

July Henríquez Sampayo, abogada y defensora de DDHH

Colombia

Jutta Buergi

Suiza

Katherina Toffoli Aspe

Chile

Kathy Kelly

United States

Lautaro Fernández Milla

Chile

Leonardo Amaya

Colombia

Leonardo Díaz

Colombia

Lía Esther Lemus Gómez

Colombia

Lilian Guardado

El salvador

Lina Carrillo

Colombia

Lina Tudela Poblete

Chile

Lohania Josefina Aruca Alonso

Cuba

Lorena Libertti M.

Colombia

Los Viñedos de Tobalaba

Chile

Lucía Arredondo Alvarez

Chile

Lucio Diaz Dumenez

Chile

Lucy Magali Millán Ferrer

Puerto Rico

Luis Alberto Soto Ramírez

Costa Rica

Luis Ángel Céspedes Rodríguez

Costa Rica

Luis Ernesto Lozano Arana

México

Luz Marína Jaramillo Valencia

Colombia

Luzmar Quiroga Cortés

España

M. Cepeda

México

Ma Estrella Ramos Veloso

España

Magdalena Vargas Pieschacon

Colombia

Maggie Urueta Oviedo

Colombia

Magnolia ang

México

Malena Suhcled

Argentina

Manuel Dios Diz

España

Manuel Urbina Marchant

Chile

Marcela Zamora Cruz

Costa Rica

Marcha Carnaval Aburrá

Colombia

Marcial Enrique Jiménez Cu

México

Marco Antonio Marín Bernachea

Chile

María Alexandra correa Mantilla

Colombia

Maria Angelica Vejar Merado

Chile

Maria del Rosario Roiz

Honduras

María Elena López Gallardo

México

María Elena Paredes González

México

Maria Elvia Vallejo Villa

Colombia

María Eugenia

México

María Eugenia Díaz

Guatemala

María Eugenia Solís García

Guatemala

María Fernández

Colombia

María Riera

Venezuela

María Stella Cáceres, Museo de las Memorias, Dictadura y DDHH

Paraguay 

Maria Teresa Messidoro Lisangà

Italia

María Virginia Agostini

Costa Rica

María Ynes Villa

Colombia

Mario Alberto Villalobos Arias

Costa Rica

Mario Mus

Guatemala

Mario O. Luengo. (Escritor y Poeta)

Chile

Mario Sosa

Guatemala

Maris Ines Urrutia

Chile

Maris Pilar Cumba Zabaleta

Colombia

Mariza G.Leiva Vargas

Perú

Marli Morales Calderon

México

Martin Almada, Premio Nobel Alternativo

Paraguay 

Martin Pascual A.

Chile

Martín Rodríguez Espinoza

Costa Rica

Mauricio Correa V.

Colombia

Mayerly Pabon

Colombia

Miena Perla

El Salvador

Miriam Mangual

Puerto Rico

Moisés Torres López

Colombia

Myriam Paste Carmona

Chile

Myrna Kroff

Noruega

Nairelys Gómez Miranda

Cuba

Nelson Augusto Duque Arias

Colombia

Nelson Villarreal Durán

Uruguay

Neptalí Monterroso Salvatierra, profesor universitario

Guatemala

Neris González

El Salvador, Central América

Nestor Orlando Acosta P

Colombia

Nidia Arrobo Rodas, Fundación Pueblo Indio del Ecuador

Ecuador

Nitza Segui, Latinas en Poder

United States of America

Norberta López García

México

Olga Lucía Ramírez

Colombia

Oscar Hector Leiva Cerrato

Costa Rica

Pablo Divas

Guatemala

Pablo López Romero, profesor

Chile

Pablo Ruiz Espinoza, periodista

Chile

Pablo Varas Fuenzalida

Chile

Patricia Muñoz García

Chile

Patricio Véjar Mercado

Chile

Paulina Muñoz Molina

Chile

Pedro Antonio Reyes Linares

México

Pedro Lopera Gallego

Colombia

Pilar Bravo

Chile

Pilar Ortega Marcelo

España

Rafael Venegas Cortes

Chile

Raúl FIGUEROA Vergara

Chile

Rebeca Zúniga-Hamlin

Estados Unidos

Redouane

España

Rev. Luis Carlos Marrero – Centro Oscar Arnulfo Romero

Cuba

Ricardo Durán Serrano

Colombia

Rigelio Alfaro

El Salvador

Roberto Ortiz Velazquez

México

Rocío Suárez López

México

Rodrigo Sepulveda

Chile

Romel Gonzalez

México

Ronny Umaña-Olivas

Costa Rica

Rosa Herrera

Chile

Rosa Wantland

Guatemala,

Rosalia Vasquez

Colombia

Roxana Badosa Rodríguez

Cuba

Saaid Jamis Tovar

Colombia

Sandra Calle

Venezuela

Sandra Morán

Guatemala

Sandra Muñoz Gutiérrez

Chile

Sara Yaneth Fernández Moreno

Colombia

Selin Carrasco

Chile

Sergio Lorenzini

Chile

Shirley Ruiz Monge

 

Silvia Aristizabal López

Colombia

Solange Atabales Q

Chile

Sonia Sgambatti.

Venezuela.

Stella Calloni, periodista

Argentina

Susana Córdova Rodríguez – EDUMOVI

Chile

Suy Wong

Costa Rica

Tatiana Otto Golovina

Costa Rica

Temis Angarita Valencia

Colombia

Teresa Monardes

Chile

Valter Pinheiro

Brasil

Víctor Javier Velásquez Gil, Corporación Justicia y Democracia

Colombia

Victor Manuel Iregui Perez

Colombia

Virginia Melloh Tavera

México

Vivian Murúa

Chile

Viviana Catrileo E – ANAMURI

Chile

William de Jesús Estrada Cano

Colombia

Yeny Astrit Bedoya Betancur

Colombia

Zoraida Espinosa

Colombia

   
   

Abya Yala 15 de mayo de 2023