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Etiqueta: MINAE

Se convoca a movilización en defensa del agua

Se convoca a movilizacion en defensa del agua
El sector ecologista viene realizando acciones en defensa de los ríos, como el Encuentro Ecologista para evaluar el modelo de concesiones de agua en Costa Rica, efectuado el pasado 28 de julio.

Se convoca a movilización el próximo 9 de agosto en defensa del agua para denunciar diferentes situaciones que están sucediendo a nivel nacional que afectan el recurso hídrico.

El objetivo es llamar la atención del Ministerio de Ambiente con respecto a la mala gobernanza del agua que ha provocado el desastre en ríos tanto en las comunidades de Puntarenas como las de la Zona Sur, Talamanca, Turrialba, Zona Norte, entre otras.

Para esto se solicita la convocatoria de todas las comunidades, pues se necesita de mucho apoyo de la ciudadanía para denunciar el mal trabajo del MINAE desde todas las organizaciones del país. Luego de la movilización, se tratará de realizar un foro paralelo para compartir experiencias

Luego se estarán dando más detalles.

 

Doce organizaciones convocan foro contra mala gobernanza del agua.
Cada denuncia sobre mal gobierno del agua que provoca sequías será puesta por las organizaciones bajo este símbolo para visibilizar la unión de la campaña por recuperar las aguas.

Enviado por Dany Villalobos.

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UNA recibe reconocimiento: Excelencia Ambiental – Edición 2018

La Universidad Nacional recibió el pasado 5 de junio por parte del MINAE el reconocimiento “Excelencia Ambiental – Edición 2018”, por su destacado desempeño en la implementación de Programas de Gestión Ambiental Institucional (PGAI), ubicándola entre las 10 mejores instituciones del país en esta temática.

En las imágenes, Daniel Rueda, vicerrector de Investigación y Fabián Chavarría, coordinador de la Comisión PGAI.

Enviado por Msc. Efraín Cavallini Acuña, Asesor Comunicación, Rectoría UNA.

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Universitarios piden derogar decreto que ampara hidroeléctrica Diquís

  • MINAE desconoce estudios costo beneficio del proyecto

 

El Programa Kioscos Socioambientales para la Organización Comunitaria de la Universidad de Costa Rica, presentó una coadyuvancia activa a la acción de inconstitucionalidad interpuesta por Asdrúbal Rivera Villanueva, indígena Bröran del Territorio Indígena de Térraba.

La acción legal fue acogida por el tribunal constitucional (Expediente: 18-005745-0007-CO) y busca que se declare inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 34312 de 6 de febrero de 2008, “Declaratoria de Conveniencia Nacional e Interés Público de los estudios y las obras del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís del Instituto Costarricense de Electricidad”.

El accionante estima que se debería reconocer la personalidad jurídica del Río Grande de Térraba, tal y como se ha efectuado en otros ordenamientos pues asegura que “el Río Grande de Térraba es un ente sagrado y vivo para nuestros grupos, de ahí que al represarlo se transgreden nuestros derechos de grupos originarios a aspectos culturales y tradicionales” (…) “Es claro que el sistema nacional y el internacional se perfilan para otorgar derechos a bienes como los ríos y acá nosotros alegamos, que con el embalse y las obras de la represa del proyecto hidroeléctrico se afecta la vida, tradiciones y cultura de varias comunidades que consideramos, por aspectos éticos, el agua del Grande de Térraba como sagrada, por ello pedimos que se disponga acoger esta acción.”

La coadyuvancia del Programa Kioscos Socioambientales recoge las recomendaciones de la Universidad de Costa Rica (Consejo Universitario, acuerdo en sesión N.º 5668 del 28 de setiembre de 2012) a cual solicitó al Poder Ejecutivo la derogación de dicho Decreto Ejecutivo, “debido a que no tiene como sustento los estudios ambientales y los soportes técnicos necesarios para su legalidad” (UCR, 4-10-2012).

Recientemente el jerarca MINAE le aseguró a la Sala Constitucional desconocer los estudios para justificar conveniencia nacional de hidroeléctrica El Diquís (ver carta).

La UCR solicitó un debate nacional informado y participativo del tema energético. El acuerdo de la Universidad se sustenta en el informe: “Los impactos socioambientales y culturales del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís (PHED)”, elaborado por una comisión especial y con aportes interdisciplinarios, el cual contiene conclusiones y recomendaciones en los ámbitos jurídicos, geológicos, antropológicos, ambientales y sociales (ver informe).

Este acuerdo que suma al trabajo de Acción Social del Programa Kioscos Socioambientales, ha permitido construir una serie de resúmenes del acuerdo, desplegables, mapas y posiciones de actores locales, que han permitido la realización de foros, debates y talleres en comunidades afectadas.

En base a estos insumos el Programa solicito que la Sala “se disponga que el Río Grande de Térraba, debe ser tomado como un sujeto con personalidad jurídica” y que “la acción sea declarada con lugar y se respeten territorios indígenas, así como los sitios sagrados”.

Esta declaratoria es un proceso legal y político basado en los derechos de la naturaleza de las nuevas constituciones y sentencias de la Corte Constitucional Colombiana que declaró el rio Atrato como “sujeto de derechos”, similar al caso el río Whanganui en Nueva Zelanda y el sagrado río Ganges en India.

Impactos

  • El PH DIQUIS podría afectar a más de 365 especies de animales terrestres que habitan los bosques que se verían inundados. Además, propiciaría la desaparición de 13 especies de peces que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo.
  • El PH Diquís provocará la disminución de sedimentos hacia el Humedal Térraba-Sierpe. Con ello, los bosques de mangle pueden verse reducidos y perder parte de su biodiversidad. Esto genera un negativo en la actividad pesquera, tanto río arriba como río abajo (incluyendo el humedal Térraba Sierpe), debido a los cambios en la afluencia del río Térraba.
  • El embalse del PH DIQUIS inundaría 108 sitios arqueológicos, con ello se perdería buena parte de la historia milenaria de nuestros pueblos, así como la posibilidad de explicar el enigma que representan las esferas del delta del Diquís.
  • En el caso específico de Térraba, se afectarían varios sitios sagrados, por ejemplo: una serie de cementerios ancestrales, además la inundación de todas las cavernas a las orillas del río, así como la modificación del cauce del Térraba, alterarán las formas de vida de los pueblos indígenas. Además, se verían impactadas las prácticas de la población que utiliza el río como vía de transporte, utiliza los canales de riego, o bien, subsisten por medio de la pesca.

Informe UCR: Los impactos socioambientales y culturales del Proyecto Hidroeléctrico El Diquís:

http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/publicaciones/diquis/EstudioDiquis.pdf.pdf

Resumen posición UCR:

http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/publicaciones/diquis/diquis_estudio.pdf

Posiciones y preguntas de Palmar Sur:

http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/publicaciones/diquis/PH%20DIQUIS%205%20PREG.pdf

Implicaciones del proyecto en cantón de Osa:

http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/publicaciones/diquis/PH%20DIQUIS.pdf

Efectos del PH Diquís:

http://kioscosambientales.ucr.ac.cr/docs/publicaciones/diquis/Desplegable-PH-DIQUIS.pdf

 

Informes: Mauricio Álvarez Mora, Coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, 8870 9165

Universitarios piden derogar decreto que ampara hidroelectrica Diquis

Enviado por Kioscos Ambientales.

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Discutirán sobre la minería en Crucitas

El próximo 16 de mayo, y con la presencia del nuevo jerarca del MINAE, ambientalistas y representantes académicos realizarán un foro sobre las posiciones ante la minería en Crucitas.

En los últimos meses una fuerte invasión ilegal de oreros ha generado graves impactos socio ambientales en la zona. Para discutir sobre las implicaciones que han desatado estas acciones, el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR, abrió este foro a realizarse a las 5 pm en el Auditorio de la Escuela de Biología segundo piso (aula 290) en la sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica.

En el evento participarán: Carlos Manuel Rodríguez, ministro del MINAE, Jorge Lobo catedrático de la Escuela de Biología, el presidente APREFLOFA Gino Biamonte, Sofía Barquero asesora del Diputado José María Villalta, la Productora de Era verde Canal UCR Laura Chinchilla y Tania Rodríguez, profesora de Geografía y Ciencias Políticas. Este foro será moderado por la docente Dylanna Rodríguez del Programa Kioscos Socioambientales.

La invitación es abierta, y al finalizar las presentaciones habrá un espacio para las preguntas, respuestas y comentarios.

Para mayor información: Mauricio Álvarez; 88709165, coordinador del Programa Kioscos Socioambientales de La UCR.

Antecedentes. El Tribunal Contencioso Administrativo ordenó en 2010 anular la concesión a la empresa Industrias Infinito para desarrollar el proyecto minero Crucitas, además solicito que fueran investigados en la vía penal, los funcionarios de diversas dependencias, incluyendo el exministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, así como el mismo expresidente de la República, Óscar Arias, en lo que fue calificado por este Tribunal como una orquestación de voluntades.

Cinco años después de que el Tribunal Contencioso Administrativo decidiera anular los permisos para desarrollar este proyecto la jueza de Ejecución de Sentencia decidió condenar a la empresa al pago 6.4 millones de dólares por daños ambiental.

En 2014 Industrias Infinito llevó el caso al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial y con sede en Washington, EE. UU.

Mientras el ex Fiscal general Chavarría emitió en octubre del 2014 , a pocas horas de que la Corte Plena considerara su reelección, el sobreseimiento prematuro al expresidente Óscar Arias Sánchez, acerca de una supuesta donación de la empresa minera Infinito Gold a la Fundación Arias en una causa que ni siquiera se mencionó en el juicio por Crucitas, ni en la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, dejando de lado el delito de prevaricato del máximo jerarca del gobierno, quien firmó la declaratoria de interés público y conveniencia nacional para la concesión de explotación de oro de Crucitas.

En primera instancia y por este mismo caso, el Tribunal Penal condenó al exministro Dobles por haber firmado la Declaratoria de interés público del Proyecto Minero Crucitas. Este juicio está en espera de ser repetido mientras que a finales del 2017 la fiscala Emilia Navas reabrió la investigación contra el expresidente Óscar Arias por el caso Crucitas.

 

Enviado por Kioscos Socioambientales.

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No a la destrucción del Parque Nacional Tortuguero

  • No a la apertura de la calle pública
  • Comunidad Tortuguero lanzó esta petición dirigida para señores jueces del Tribunal Contencioso de Costa Rica quienes están definiendo la legalidad de un camino realizado sin permisos del MINAE

 

La comunidad de Tortuguero, en la costa Norte del Caribe de Costa Rica es una zona sumamente valiosa desde la perspectiva ecológica para nuestro país, lugar de anidación más importante del Atlántico de tortuga verde y otras especies de tortugas marinas, hábitat natural de muchas especies en vías de extinción como el jaguar y manatí, conjunto de mosaicos de microclimas, ecosistemas y culturas.

Hoy, los habitantes de Tortuguero y su biodiversidad sienten que están a punto de perder la riqueza natural y la tranquilidad, debido a la construcción ilegal de una calle pública que daría acceso al tráfico rodado al área, destruyendo el Parque Nacional. Perjuicios para el ecosistema y la fauna, fragmentando el corredor ecológico que constituye, sin mencionar el incremento del vandalismo, la cacería y narcotráfico en las comunidades de Tortuguero y San Francisco, así como el aumento de desechos sólidos, cuya gestión actualmente roza su capacidad de carga.

El ministerio de Ambiente y Energía, a través del área de conservación Tortuguero, en múltiples ocasiones ha logrado evitar el uso de un camino abierto ilegalmente por parte de la Municipalidad de Pococí, que pretende el acceso rápido a través del Parque nacional, para llegar hasta la comunidad de Tortuguero, pero la obra sigue adelante.

Asociación de Desarrollo de Tortuguero: Sandra Alfaro: 8567 9672

Área de Conservación Tortuguero (ATCO): Lic. Virgita Molina: 87058161

Petición en línea: https://www.change.org/p/se%C3%B1ores-jueces-del-tribunal-contencioso-de-costa-rica-no-a-la-destrucci%C3%B3n-del-parque-nacional-tortuguero-no-a-la-apertura-de-la-calle-p%C3%BAblica?recruiter=41408556&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=autopublish&utm_term=psf_combo_share_initial

Importancia. Tortuguero fue declarado Parque Nacional el 24 de setiembre de 1970. Su extensión ha pasado de 64.701,45 a 76.937 hectáreas. De estas 50.284 son marinas y 26.653 son terrestres.

El Parque Nacional Tortuguero (PNT) se ubica al noreste del territorio costarricense y es uno de los principales iconos turísticos de Costa Rica debido a que se reconoce internacionalmente por proteger la playa de anidación de tortugas verdes más importante del hemisferio occidental.

Alejado de la ciudad y conformado por una extensa red de ríos y canales, el acceso es posible únicamente a través de lanchas pequeñas: así es el Parque Nacional Tortuguero, un lugar diferente a cualquier otro; donde las pequeñas comunidades que rodean el Área Silvestre Protegida.

El Parque Nacional Tortuguero es un paraíso para la investigación y el ecoturismo, los ecosistemas de la zona son tan complejos y diversos que el visitante puede esperar cualquier cosa en los recorridos, pasando de la tranquilidad a encontrarse con cualquiera de las especies de flora y fauna características del caribe costarricense.

La importancia ecológica es la protección del desove de 4 especies de tortugas marinas: Verde (Chelonia mydas), Baula (Dermochelys coriacea), Carey (Eretmochelys imbricata), Cabezona (Caretta caretta). Además, protege importantes poblaciones de especies en peligro de extinción como manatí (Trichechus manatus), y protege el hábitat del más grande de los felinos de América. Tortuguero posee una de las poblaciones más grandes de Costa Rica y un consolidado programa de investigación.

No a la destruccion del parque nacional Tortuguero2

Enviado por Mauricio Álvarez.

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Banco Nacional recibe nota de excelencia por su gestión ambiental

Trazada la ruta hacia la carbono neutralidad

  • Institución se ahorra más de ¢500 millones gracias a su estrategia de ecoeficiencia

 

La Dirección de Gestión de la Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía evaluó el grado de avance del Banco Nacional en la implementación del Programa de Gestión Ambiental Institucional (PGAI) durante el segundo semestre 2016 todo el 2017 y le otorgó un 96.97% de 100% posible.

Lo anterior gracias a que el conglomerado Banco Nacional gestiona su operación basado en un modelo de sostenibilidad en el cual el componente ambiental es uno de los pilares, esto significa que su operación de negocio impacta lo menos posible al ecosistema.

Más de 175 de edificios entre agencias, edificios administrativos y cuatro sociedades anónimas conforman el complejo Banco Nacional, en ellos trabajan más de 6 mil funcionarios que lograron mejorar su rendimiento ambiental a través de una estrategia de ecoeficiencia.

Un Banco Verde: A nivel nacional y durante año y medio se desarrolló de una estrategia de ecoeficiencia y se obtuvieron los siguientes resultado a favor del ambiente: El ahorro en el consumo equivale a casi 6 piscinas olímpicas, se evitó impactar el ambiente con más de 1 tonelada de CO2 gracias a una eficiente recolección de residuos valorizables, el ahorro en consumo de papel logró salvar más 300 árboles, también se redujo sustancialmente el consumo de tinta, electricidad y combustible.

La evaluación: El PGAI es una herramienta del Ministerio de Ambiente y Energía en acatamiento al Decreto 36499 y toma en consideración la capacidad organizativa que alcanzó la institución al integrar el 100% de las edificaciones del Banco, la implementación de todos los mecanismos de recolección y procesamiento de información desarrollado para atender métricas del PGAI, la eficiencia de las estrategias de divulgación y educación y la labor del Comité de Sostenibilidad así como de cada área del conglomerado para cumplir con el desempeño ambiental.

 

Imagen tomada del Facebook Banco Nacional de Costa Rica

Información enviada por Guillermo Olivas Ortiz Dirección Relaciones, Institucionales, Gerencia General, Banco Nacional.

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San Rafael tierra de nadie

Hace varios días en el colectivo CONCEVERDE interpuso una denuncia por el posible daño ambiental que puede haber causado un asfaltado de camino público que se llevó a cabo en la ZONA INALIENABLE de la Ley 65 de 1888, jurisdicción de San Rafael, por considerar que con ese asfaltado se podría estar contribuyendo a impactar parte del esa zona y el Parque Braulio Carrillo, máxime al haber poco o nulo control del MINAE sobre los vehículos que ingresan, causando contaminación por ruido y humo.

Curiosamente ni en el MINAE ni la Municipalidad de San Rafael de Heredia tienen conocimiento de quién llevó a cabo las obras, será que el cantón es tierra de nadie y cualquier puede hacer lo que le venga en gana nos preguntamos en el colectivo. A veces es muy diligente la Municipalidad para parar una pequeña construcción que se lleva a cabo sin permiso, pero cuando se lleva el asfaltado de cerca de 300 metros de un camino público, en la Municipalidad “ni cuenta se dan” manifestó el Colectivo.

San Rafael tierra de nadie

Compartido en redes por José Francisco Alfaro.

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Tribunal Contencioso restablece normas ambientales aplicables a la explotación petrolera en Costa Rica

  • Anulado Decreto “Pro Petroleras”

 

“SE DECLARA LA NULIDAD absoluta del Decreto 26750-MINAE de 27 de febrero de 1998…” que borraba del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos todos los requisitos ambientales que debían cumplir las empresas petroleras transnacionales, DE PREVIO a suscribir con el Estado los correspondientes contratos de “exploración y explotación petrolera”.

Decreto “pro petroleras” que permitió a la empresa MKJ Xploration (luego Harken) la firma de un contrato con el entonces Presidente Miguel Ángel Rodríguez, que le permitía explotar petróleo en 2633 km2 en la vertiente Caribe de Costa Rica, sin haber obtenido la viabilidad ambiental de parte de la Setena.

Ante nuestro “proceso de conocimiento”, además de la declaración de nulidad absoluta de dicho decreto, el Tribunal Contencioso Administrativo, determinó que “el artículo segundo y todo el Título X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, artículos 266 al 283… RECOBRAN SU VIGENCIA ORIGINAL…” (Resolución 128-2017-V del 4 de diciembre del 2017).

Considera el Tribunal que “el decreto cuestionado implica un debilitamiento de la prevención necesaria de eventuales consecuencias negativas necesarias con motivo de la prospección y exploración petrolera, al dividir el Estudio de Impacto Ambiental en dos fases y establecer la firmeza de la concesión con solo la primera…”, o sea, con una fase inventada que el mismo decreto califica como ausente “de impactos ambientales significativos”.

Decreto que había sido redactado con la contribución del geólogo Allan Astorga mientras fungía como Secretario General de la Setena, y suscrito por el entonces Presidente José María Figueres Olsen y el ministro de Ambiente René Castro, un poco más de dos meses antes de terminar dicho gobierno. Pero ahora, 19 años después, se anula y por determina, por ende, que toda aquella corporación petrolera que desee firmar con el Estado costarricense un contrato de exploración y explotación petrolera, tendrá que cumplir con el requisito de presentar ante la Setena un Estudio de Impacto Ambiental propiamente dicho, para, si logra la obtención de la viabilidad ambiental, proceder a tramitar la firma del contrato con el Estado.

 

Dr. Freddy Pacheco León, Biólogo

Para el texto de la sentencia y mayor información: frepaleon@gmail.com / Tel 8993 7986

 

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Freddy Pacheco León.

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Pronunciamiento sobre Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, conocido como “5C” de Costa Rica

Hoy jueves 23 de noviembre se llevará a cabo una reunión, convocada esta misma semana por el MINAE, en la cual el sector ecologista y de conservación de la biodiversidad deberá elegir a quienes le representarán en el Consejo Consultivo Ciudadano de Cambio Climático, conocido como “5C”, que fue creado mediante el decreto ejecutivo N°40615. Este Consejo, según el decreto, será una instancia de auditoría ciudadana a cargo de analizar, discutir y apoyar el trabajo de los diferentes ministerios, en cumplimiento de la Ley número 9405 que refrenda el Acuerdo de París de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático.

La convocatoria se realizó con muy poco tiempo y hubo poca difusión” declaró Mariana Porras de COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica. “Esto, no permite que las organizaciones podamos discutir cómo puede darse nuestra participación y quienes podrán representarnos a nuestras organizaciones y al trabajo que realizamos sobre todo a aquellas que trabajamos y construimos junto a muchas organizaciones comunitarias que no cumplen con requisitos formales para participar en esta instancia como lo es, estar registradas ante el Registro de Asociaciones, pero que aportan día a día al cuidado de sus territorios y en la lucha contra las causas que provocan el cambio climático” añadió Porras.

La convocatoria a esta elección no solo es tardía sino que contrasta con lo establecido en el decreto de conformación del Consejo: mientras en el decreto se presentan los requisitos, la carta solo invita a participar generando gran confusión. “No entendemos por qué la convocatoria se hace con tan poca antelación y además dejando por fuera a importantes organizaciones ecologistas del país ya que creemos que todas tienen algo que aportar sobre esta crisis climática, especialmente las que vienen de comunidades afectadas por esta crisis ambiental y cuyas voces al parecer no serán escuchadas” terminó Porras.

Creemos que la convocatoria a esta reunión debe ser cancelada y en su lugar, el MINAE como autoridad, debe convocar a una nueva reunión con tiempo suficiente para que las organizaciones puedan prepararse. Esta convocatoria debe ser amplia. Así, el gobierno de la acción ciudadana podrá hacer honor a uno de los pilares por los cuales fue electo y hacer del Derecho Humano a la participación ciudadana un derecho y no un slogan.

Además, sobre el tema de cambio climático y las causas que lo provocan nos preocupa:

  • En esta comisión se dedicará a monitorear la ejecución del Acuerdo de París acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que creemos que pudo ser mucho más ambicioso. Este acuerdo permite a los gobiernos elegir sus propias metas y no existe un mecanismo global para garantizar que todos esos acuerdos voluntarios contribuirán a una reducción global de gases de efecto invernadero que sea suficiente para lograr la meta oficial de no sobrepasar los 2°C de calentamiento. Por el momento, incluso en caso de que se cumplieran las promesas realizadas (y aquí el “en caso de” es una condicionante muy importante), probablemente conducirán a un calentamiento desastroso de 2,7 a 3,5°C.
  • Además, a pesar del mensaje positivo en gran parte de los medios, el Acuerdo de París no contribuye a la justicia climática: es un acuerdo débil que permite a los países ricos eludir sus obligaciones de implementar una cuota justa de reducción de emisiones y de proporcionar financiamiento para la transformación energética y la adaptación a los países en desarrollo, sobre la base de su responsabilidad histórica. Más aún, prácticamente no hay cifras o metas claras en el texto para garantizar una acción ambiciosa frente al cambio climático.
  • La importancia de la Equidad y las ‘Responsabilidades Comunes pero Diferenciadas’ (un elemento histórico de enorme importancia) fue socavada. En términos generales, el Acuerdo de París no da respuesta a las demandas populares que exigen una transformación sistémica de nuestras sociedades, nuestras economías y nuestro mundo.
  • En la COP23 que se celebró hace unos días, terminó con metas también poco ambiciosas, se esperaba que avanzara en la financiación climática y el apoyo a las personas que ya habían sido afectadas por el cambio climático en el sur global (pérdidas y daños) como un legado único de la presidencia del pequeño estado insular de Fiji. Pero se progresó muy poco en estos temas. Después de 6 años de estancamiento (desde la COP17) la negociación de nuevos mecanismos de mercado progresó rápidamente durante la COP e incluye elementos alarmantes como el traspaso de una gran cantidad de créditos del Protocolo de Kyoto, reglas de compensación del MDL, bosques tropicales / REDD + entre otros.

Las organizaciones ecologistas, seguiremos aportando y denunciando las causas que provocan el cambio climático y las soluciones al mismo. Algunas como el manejo comunitario del bosque y la agroecología ya existen en nuestro país y son fortalecidas día a día por muchas comunidades y organizaciones. Creemos además que es necesario un cambio importante en el patrón de producción y dejar el consumismo.

Es de trascendental importancia incluir a las comunidades campesinas y Pueblos Indígenas para construir una visión crítica común para que sean los propios actores quienes tomen las decisiones sobre lo que puede o no pasar en su territorio. Es necesario apoyar propuestas para la defensa y la recuperación de los bienes comunes, y esto implica el respeto de los derechos de las comunidades campesinas e Indígenas así como el reconocimiento del papel fundamental que desempeñan en la toma de decisiones relativas a sus bienes naturales.

Para mayor información: Mariana Porras, COECOCEIBA – Amigos de la Tierra al teléfono: 8302236 y al correo mariana@coecoceiba.org

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de cienciados.com

Enviado por Coecoceiba.

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Acceso a agua potable de río Banano mantiene preocupados a pobladores

Pobladores preocupados por la normativa que ha sido violentada por la empresa San Rafael Ltda que ha continuado explotando una concesión minera vencida desde 2010, bajo la aparente complacencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE y la omisión de la SETENA y que en oficios e informes técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) vienen a reafirmar.

El ICAA cuestiona severamente los informes complacientes de la Dirección de Geología y Minas (DGM-MINAE) y pone en entredicho la objetividad y la ciencia de esos informes rendidos por el MINAE, que siempre han favorecido a la empresa y han permitido indirectamente que la Concesión minera No.07-86.

Es así como se decide enviar una carta dirigida al Ministro del Ambiente y Energía, Dr. Édgar Gutiérrez Espeleta, donde los pobladores manifiestan:

Esperamos que su despacho analice objetivamente que, nos encontramos ante la presunta comisión de daños ambientales de difícil o imposible reparación y esperamos se pronuncie de forma contundente sobre la gravedad de los hechos aquí denunciados y que tome todas las acciones a su alcance, para que se cumplan efectivamente las recomendaciones emitidas por la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el oficio No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, así como la normativa aplicable”.

Transcribimos la carta compartida con SURCOS.

 

Limón, 25 de setiembre de 2017

AEL-075-2017

 

Dr. Édgar Gutiérrez Espeleta

Ministro del Ambiente y Energía

 

Ref: D1-7-86-SETENA Resolución N° 1764-2017-SETENA

“Informe Técnico Acuífero La Bomba”

Expediente 17-014705-0007-2017

 

Estimado señor Ministro:

 

El pasado mes de agosto, don Daniel Quesada Güell de la Asociación de Desarrollo de la Bomba, sostuvo un chat con el Dr. Allan Astorga Gättengs mediante el Facebook, en relación con la concesión 7-86, y esto fue lo que textualmente manifestó el experto sobre dicha concesión y su cuestionada operación:

Estimado Daniel Quesada, me parece que hay una confusión aquí. El Estudio Ambiental que, efectivamente yo hice hace como 5 años, tenía el objetivo de mejorar la gestión ambiental del proyecto y evitar que se generaran daños. Pero eso, desafortunadamente, se convierte el «letra muerta» si el responsable del proyecto hace otra cosa, y, peor todavía, si las autoridades responsables de ejercer el control ambiental, NO hacen su tarea. ¡Pasa con frecuencia que se culpa al consultor por los daños que produce el desarrollador, pero son dos cosas diferentes! En este caso concreto del Río Banano, elaboré un dictamen técnico en el que expliqué que hay una fuerte sobre explotación del cauce del Río Banano y advertí de la situación públicamente. Creo que debe plantear su molestia (que la entiendo), por medio de una denuncia ante la SETENA y la DGM, u otras instancias que correspondan”. (Fin cita textual)

  • Aunado a lo anterior, oficios e informes técnicos presentados por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) vienen a reafirmar, con abundantes razones científicas y jurídicas, todos los reclamos que han planteado los pobladores en general. Los documentos son amplios, detallados y extensos, razón por la cual no vamos a citar textualmente las innumerables afirmaciones que respaldan nuestros asertos.
  • El ICAA demuestra con hechos reales, toda la normativa que ha sido violentada por la empresa Rafael Herrera Ltda. (Feluco Herrera), que ha continuado explotando una concesión minera generosamente vencida desde 2010, bajo la aparente complacencia de la Dirección de Geología y Minas (DGM) del MINAE y la omisión de la SETENA.
  • El ICAA cuestiona severamente los informes complacientes de la Dirección de Geología y Minas (DGM-MINAE) y pone en entredicho la objetividad y la ciencia de esos informes rendidos por el MINAE, que siempre han favorecido a la empresa y han permitido indirectamente que la Concesión minera No.07-86 que está ampliamente vencida, siga operando como si nada, en perjuicio de la comunidad y el futuro de la provisión de agua potable para la ciudad de Limón.
  • El ICAA señala sin lugar a dudas, la importancia de la cuenca del río Banano para el futuro del abastecimiento de agua potable para la ciudad de Limón y señala en algunos casos, la imposibilidad y los problemas que han experimentado los funcionarios del ICAA para acceder a las fuentes de agua potable, debido a las labores extractivas de la empresa Feluco Herrera (vid oficio de la Dirección Región Huetar Atlántica SB-GSP-RHA-2014-0047 que entre otras cosas manifiesta: “10 pozos de AyA, para consumo humano, han sido testigos de los problemas de acceso al agua potable, debido a la extracción de material minero del cauce de ese río”.
  • El informe del ICAA pone en evidencia, técnica y científica, los daños causados al cauce del río a causa de la labor minera realizada por la empresa concesionaria y la aparente violación a la resolución de la Sala Constitucional, que permitía solamente labores de mantenimiento del cauce, para ir más allá en la labor extractiva que se ha realizado sin control aparente del MINAE y la SETENA, pues se desconocen los volúmenes de material extraído aunque los informes de la DGM-MINAE afirman temerariamente lo contrario, sin prueba alguna que los sustente.
  • El informe pone de relieve los requerimientos establecidos por el ICAA mediante oficio de la Gerencia General No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, que en su aspecto medular, establece el requisito sine qua non para la eventual prórroga de la concesión minera, la presentación a SETENA y su posterior aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental, el cual, a la fecha, no ha sido aprobado. Es decir, desde 2010 en que finalizó la última prórroga de la concesión minera 07-86 a la fecha, dicha concesión no se ha renovado o prorrogado, pero la empresa Rafael Herrera Ltda. ha continuado operando la extracción de materiales de forma absolutamente ilegal, con la aparente complacencia de la DGM–MINAE.

Para finalizar, citaremos en extenso nuevamente el oficio SB-GSP-RHA-2014-0047, referente a los graves daños causados por la explotación minera que realiza la empresa concesionaria, y que además lo hace de forma ilegal:

1. El campo de pozos que AyA tiene en el sector de la Bomba en la zona de influencia hidrogeológica del Río Banano es parte del abastecimiento de agua potable para 91.206 Habitantes. De este campo de pozos actualmente están en operación 7 de ellos, otro adicional se tiene como reserva, además existían 2 pozos que eran explotados por el Instituto, sin embargo se perdieron como consecuencia de los movimientos laterales del Río Banano en el sector que es explotado en términos de Salud Pública, de este campo de pozos… 3-Adjunto le remito los oficios RHA-OM-2013-1593 y RHA-OM-2013-2581… Es claro que ante desarrollo de la explotación intensiva del lecho del río, la maquinaria y vagonetas que trasladan los materiales requieren de una superficie de rodamiento… 4-… para los efectos de esta Dirección Regional no se ha cumplido con los alcances del oficio G-2004-0183, lo que pone en riesgo esa fuente de abastecimiento de agua potable para los ciudadanos de la ciudad de Limón” (los destacados no son del original).

CONCLUSIONES

El extenso oficio del ICAA de reiterada cita, demuestra legal, técnica y científicamente que la Concesión minera No.07-86 no solo está vencida y no ha sido prorrogada desde 2010, sino que la actividad extractiva minera que todavía sigue realizando ilegalmente la empresa concesionaria Rafael Herrera Ltda., está causando graves daños al cauce del río Banano y está amenazando directamente la cantidad y calidad del suministro de agua potable para la ciudad de Limón.

El acuerdo del ICAA declarando la cuenca del río Banano como “Zona de protección”, no solo tiene sustento legal sino que resulta un imperativo de su ley orgánica y de sus competencias, como cita el mismo señor Gerente General en su libelo al responder el Recurso de amparo No.14-019172-0007-CO y que reproducimos textual por su importancia:

La importancia de dicha declaratoria ubica sustento también en el artículo 27 de la Ley de Aguas citada, al indicar que el abastecimiento de las poblaciones tiene preferencia absoluta sobre todos los demás usos posibles de las aguas públicas y su aplicación parte de los artículos 1º y 2º incisos c), f) y g) de la Ley Constitutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados Nº2726 del 14 de abril de 1961; que encomienda a AyA proteger los recursos de aguas públicas…

Según este cuadro fáctico, parece que se incumple el principio precautorio, que impone realizar todas las acciones necesarias para garantizar la protección del ambiente, afectando así el equilibrio que debe garantizarse en esta materia a favor del ambiente.

Cuando se está en una situación de incertidumbre científica, este equilibrio impone inclinar la balanza a favor del ambiente, como lo ordena el principio “in dubio pro natura” estipulado en el artículo 11 de la Ley de Biodiversidad.

Esperamos que su despacho analice objetivamente que, nos encontramos ante la presunta comisión de daños ambientales de difícil o imposible reparación y esperamos se pronuncie de forma contundente sobre la gravedad de los hechos aquí denunciados y que tome todas las acciones a su alcance, para que se cumplan efectivamente las recomendaciones emitidas por la Gerencia del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, mediante el oficio No.G-2004-0183 de 5 de febrero de 2004, así como la normativa aplicable.

En consideración a todo lo expuesto en el “Informe Técnico Acuífero La Bomba”, solicitamos con todo respeto se analice, determine y ejerzan las acciones legales que procedan y le correspondan realizar, a fin de resolver a la brevedad posible el Recurso de Revocatoria con Apelación en Subsidio interpuesto por la señora Gabriela De San Román Aguilar, en calidad de Apoderada Especial, de la empresa Desarrolladora, contra la Resolución N° 1895-2016-SETENA del 12 de octubre de 2016, dentro del marco de sus competencias.

Le rogamos de la manera más atenta, se sirva informarnos oportunamente las medidas que de manera inmediata se ha servido tomar sobre este particular.

Solicitamos atentamente ser notificados de cualquier acuerdo y/o resolución relacionada con el presente asunto, a través del correo machore@gmail.com o al fax 2798-2645.

Aprovechamos para enviarles un cordial saludo,

 

Marco Levy Virgo

Presidente

Asociación de Desarrollo para la Ecología

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de www.cahuitainfo.com

Enviado por Marco Levy.

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