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Etiqueta: MINAE

Gobierno excluye a FECON de Comisión de SETENA

Un nuevo decreto (DecretoN°40505), sin ninguna consulta, cambia la representación que ostentaba formalmente FECON al seno de una Comisión Adscrita al MINAE constituida para fortalecer el rol de SETENA, señalando ahora que los grupos ambientales serán representados por una “ONG” estableciendo una especie de “representación genérica”.

Nos referimos a la Comisión Comisión Nacional Asesora Técnica Mixta que fue conformada en 2005 (N° 32631-MINAE) para “dar apoyo a la Secretaria Técnica Nacional Ambiental mediante en el desarrollo y modernización de los instrumentos técnicos y procedimientos del sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del país” (art. 1). Esta Comisión Mixta, estaba formada por instituciones del Estado, ONG, colegios profesionales, consultores, cámaras del sector productivo y FECON como entes de la sociedad vinculados a la gestión de la SETENA.

El nuevo decreto que ha expulsado a FECON en dicha comisión nos obliga a señalar que:

  • Es evidente en este caso que el gobierno no soporta la crítica y prefiere atraer a organizaciones más favorable a sus intenciones y, tal como cualquiera de los anteriores gobiernos se cobra la beligerancia con que hemos actuado exigiendo el cumplimiento de su propio instrumento de campaña, el Pacto Ambiental, en temas como incineración, expansión piñera, agroquímicos, semillas y transgénicos.
  • Significa otro grave retroceso y es lamentable que suceda después de insistir tanto que reactivar dicha comisión de SETENA para sacarla del destino de inoperancia e irregularidades que empuja a posiciones extremas sentenciado candidatos en el actual proceso electoral, máxime cuando es claro que lo único que ha hecho este gobierno en SETENA, es equivocarse.
  • Sorprende que sobreviviéramos a los tres gobiernos anteriores del “bipartidismo” donde era evidente un mayor malestar por nuestra presencia y logramos permanecer a pesar de varios cambios en la conformación de dicha Comisión. Es sintomático que sea en este gobierno de “Acción Ciudadana” y con un Pacto Ambiental firmado en campaña, que se actúe con este revanchismo, inmadurez y mediocridad política y decida hacer “al menos algo” a escasos meses de terminar la administración.
  • La gramática utilizada en el nuevo decreto demuestra un retroceso en la comprensión de los sanos intereses estatales que refrendan a la participación pública, señalando más las mismas debilidades de la participación que las fortalezas de una gobernanza democrática de los bienes comunes. La gramática utilizada no sólo significa un retroceso en la comprensión de la participación en materia ambiental a inicios de la década de los 90 del siglo anterior, sino que aleja al menos una década más el cumplimiento del Principio 10 de la Cumbre de la Tierra.
  • Si bien comprendemos que tan biodiversa es Costa Rica como diverso es su movimiento socioambiental y a eso debe la riqueza de sus conquistas, sería muy simplista, erróneo y peligroso afirmar que una sola organización o red representa su totalidad. Sin embargo, la FECON tiene 28 años de trabajo. Los logros de sus organizaciones hablan por sí solos. Representamos una fracción institucionalizada del movimiento ambiental y tiene un carácter consultivo para instancias de Estado y representación por ley en la Comisión Nacional de Gestión de la Biodiversidad y en la Comisión Técnica Nacional Asesora en Bioseguridad.

Antecedentes

A pesar de que la Comisión es de tipo consultivo y por tanto sus decisiones no tienen carácter vinculante, esta fue “congelada” en el gobierno de Arias (2006-2010) pero si sesionó en el mandato de Laura Chichilla, cuando se reactivó gracias al acuerdo 149 -2012- MINAET-Presidencia donde se nombró los representantes de todos los sectores. Para ese momento por la FECON fue ratificado como propietario el Dr. Jorge Lobo y como suplente la Lic. Heidy Murillo. En ambos gobiernos, sin embargo, se prefirió mantener una intervención política sobre SETENA que engrosó el cúmulo de fracasos e irregularidades y nunca lograron las ofertas electorales de la reforma estructural necesaria para que esta institución sea funcional y cumpla su mandato.

Entre la lista de irregularidades están:

  1. Caso Crucitas: el complaciente y cuestionado trámite ambiental que realizó la SETENA donde esperan un nuevo juicio el exministro Roberto Dobles y varios funcionarios de la Secretaría;
  2. La Marina Moín donde se otorgó una viabilidad ambiental que afectaba un humedal (FECON, 03-9-2013).
  3. El caso de la fallida refinería: la revisión realizada en el trámite de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que llevó a cabo la SETENA para este proyecto pone en clara evidencia que esta Secretaría no ha actuado con objetividad y total neutralidad científica y técnica. Estos casos fueron llevados al ministerio público.
  4. Otras irregularidades se presentaron en el caso de torres y antenas de telefonía celular, así como el caso de P.H. Diquís, la evidente pérdida de autonomía técnica, las anomalías en trámites de diversos EIA de proyectos, la no reglamentación de la Evaluación Ambiental Estratégica de políticas, planes y programas (ver completa las denuncias en http://feconcr.org/doc/setena/reformarSETENA.pdf).

Ante ese panorama y atendiendo los compromisos de campaña del Pacto Ambiental del PAC, de Luis Guillermo Solís y de su Ministro, a tan solo cuatro días de ingresar la actual administración se lanzó un pronunciamiento de más de 20 organizaciones solicitando como “primer reto ambiental del Gobierno: reformar la SETENA”. La respuesta del gobierno fue un diálogo y nombrar transitoriamente a Mario Céspedes Pereira como Directo quien a la postre, se vio envuelto en una serie de denuncias por irregularidades (Telenoticias, 24-07-2017, Telenoticias, 25-07-2017 y Telenoticias 26-07-2017) y “salió directo” para el MOPT. La verdadera respuesta fue tirar la pelota para adelante.

Nuestro pedido mencionado a la administración Solís fue la renovación -por completo y de forma urgente- de la Comisión Plenaria de la SETENA, el cambio de Secretario General y la renovación completa de la totalidad de los cuadros técnicos y administrativos. Al mismo tiempo, que se acelerara ante la Asamblea Legislativa, el proyecto de Ley para despolitizar esta Secretaría y darle autonomía técnica y financiera. Finalmente, los ecologistas demandamos, en aquel momento, que realicen investigaciones profundas por medio de auditorías externas para que se sienten responsabilidades y las sanciones correspondientes tras los casos denunciados, que demuestran una mala gestión dentro de esta institución (ver solicitud completa).

También solicitamos una reactivación de la Comisión Mixta de apoyo a SETENA, tal como lo planteaba el fracasado Pacto Ambiental, sin embargo el gobierno fijó su ruta en megaproyectos heredados de infraestructura enrumbándose hacia donde ya no cabe duda que llegamos: un des-gobierno en materia ambiental que maquilló pero continúa la agenda que venía de administraciones anteriores (FECON,03-05-2015). Para esto aprovechó y profundizó los procesos de desregulación ambiental y de inoperancia de SETENA, tratándolos de disfrazar como acciones participativas entre empresarios y burócratas (FECON, 26-2-2015).

Hemos solicitado en los últimos tres gobiernos la reactivación de la Comisión Mixta Asesora de la SETENA y que sea en el seno de esta instancia, que se discuta la problemática actual, posibles soluciones o bien como mínimo se fijen las bases del diálogo y que no sea decidido unilateralmente por SETENA, tal como finalmente lo hizo el actual gobierno.

Ante la renuncia de Freddy Bolaños Céspedes a la Secretaria de SETENA en 2015 solicitamos nuevamente que se convocara a la Comisión Mixta para reformar la institución y que toda la Comisión Plenaria renuncie, fuimos críticos del ex secretario Bolaños (que sustituyó a Mario Céspedes) pues su única labor se limitó en aprobar proyectos polémicos como el Muelle de APM terminal, Ruta 257, Tajo Asunción y flexibilizar aún más los procedimientos para facilitarles a los desarrolladores sus proyectos en detrimento del ambiente y las comunidades. Además, señalamos en el comunicado que “Con el nuevo gobierno en SETENA no hubo ni asomo del “cambio” prometido frente a los poderosos intereses políticos y económicos que han intervenido, de manera permanente tanto en los anteriores como en el presente gobierno”(FECON, 10-9-2015).

Informes: Mauricio Álvarez, presidente FECON, 88709165

 

Enviado por FECON.

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Ambientalista solicita responsabilidad social corporativa por caso Gracor Internacional

SURCOS comparte la carta enviada por el ecologista Marco Levy Virgo sobre la anulación de la prórroga de la Concesión minera otorgada en el Expediente Nº18–87 de Gracor Internacional y en consecuencia dejó sin efecto la resolución N°352-2015-MINAE donde se concedió dicha prórroga.

 

Limón, 18 de agosto de 2017

MLV-013-2017

 

Kenneth John Waugh Holguin

RADA, Sociedad Anónima

karolina.araya@apmterminals.com

 

Robert Jan Hesselink

Van Oord Limitada

 

Abel González

Gerente General de MECO

 

Lic. Roberto Cordero

Asesor Legal

  1. D.

 

Estimadas señoras y señores:

 

En atención a los valores éticos y empresariales que rigen sus políticas de responsabilidad social corporativa (RSC), les rogamos tomar nota de que según consta en el Expediente Nº18-87–MIRENEM, el Poder Ejecutivo mediante resolución NºR-103-2017-MINAE del 20 de marzo del 2017, anuló la prórroga de la Concesión minera otorgada en el Expediente Nº18–87 de Gracor Internacional, y en consecuencia dejó sin efecto la resolución N°352-2015-MINAE donde se concedió dicha prórroga, es decir, la Concesión de Gracor está vencida y no ha sido prorrogada.

Por lo anterior, en el Expediente 18–87, se retrotraen los hechos al momento de conocer la prórroga y se ordena a la Dirección de Geología y Minas, proceder a revisar la solicitud y prevenir sobre los incumplimientos hallados en el trámite, de acuerdo con la disposición del artículo 126 del Reglamento al Código de Minería.

El señor presidente de la República y el señor Ministro de Ambiente y Energía, consideraron que: (cita textual)

el proceder de la Dirección no se encuentra ajustado a Derecho y ha hecho incurrir en error al Poder Ejecutivo por medio de la recomendación N°DGM-RNM-905-2015, al haberse encontrado un vicio en el procedimiento que conoció y concedió la prórroga a la sociedad concesionaria por medio de la N°352-2015-MINAE, porque no se cumple con los requisitos reglamentarios y se otorgó sin estar al día en las obligaciones. Por ende, se retrotrae el expediente al momento de conocer la prórroga para que la Dirección de Geología y Minas proceda a revisar la solicitud y prevenir sobre los incumplimientos de acuerdo con la disposición del artículo 126 del Reglamento al Código de Minería. Todo lo anterior, de conformidad con la potestad administrativa en la etapa recursiva de la Ley General de la Administración Pública”.

Pese a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, presuntamente sus representadas siguen comprando el material extraído del Río Chirripó mediante una concesión que es jurídicamente inexistente, es decir, adquiriendo material de río obtenido de manera presuntamente ilegal, sin que ustedes actúen de ninguna forma en concordancia con nuestro régimen de Derecho que rige la materia.

Por lo expuesto, les rogamos tomar nota de la resolución adjunta y actuar en consecuencia con los valores y la reputación de sus empresas y el respeto a la legislación vigente en materia ambiental.

Nulidad Gracor

 

Imagen con fines ilustrativos.

Enviado por Marco Levy.

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Ecologista solicita reconsideren su petición para ser parte del expediente administrativo a nombre de GRACOR S.A.

SURCOS comparte la carta enviada por el ecologista Marco Levy Virgo a la Directora de Geología y Minas, MSc. Ileana Boschini López, al Jefe de Registro Nacional Minero, Lic. Ignacio Sánchez Mora, del MINAE, donde solicita se reconsidere el oficio DGM-RNM-283-2017 de 7/7/2017, mediante el que se rechazó su solicitud formal para ser parte del expediente administrativo 18-87 a nombre de GRACOR S.A.

El rechazo se origina en la supuesta aplicación de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a la falta de un interés legítimo y un derecho subjetivo de parte de Levy parte en ese asunto.

 

Limón, 12 de julio de 2017

AEL-042-2017

 

M.Sc. Ileana Boschini López

Directora de Geología y Minas

 

Lic. Ignacio Sánchez Mora

Jefe Registro Nacional Minero

MINAE

 

Estimada señora Directora y señor Jefe del Registro Minero:

 

Por este medio yo, Marco Levy Virgo, mayor, soltero, ecologista, vecino de Limón centro, Barrio Jamaica Town, cédula 7–0069–314, solicito se reconsidere el oficio DGM-RNM-283-2017 de 7/7/2017, mediante el que se rechazó mi solicitud formal para ser parte del expediente administrativo 18-87 a nombre de GRACOR S.A.

El rechazo se origina en la supuesta aplicación de la Ley General de la Administración Pública, en cuanto a la falta de un interés legítimo y un derecho subjetivo de mi parte en este asunto.

Sin embargo, tal como lo dispone el artículo 1º del Código de Minería, el Estado tiene el dominio de los recursos minerales, estén donde estén, y otorgar una concesión sobre los recursos minerales es un acto administrativo que constituye un derecho real administrativo, donde el Estado sin perder el dominio, otorga a un particular el derecho de explotar los materiales del caso (artículo 12 del Código de Minería).

Una característica de los bienes de dominio público o bienes demaniales es que son parte integrante del erario, siendo en el caso de la Dirección de Geología y Minas del MINAE, únicamente la administradora de esos recursos integrantes de la hacienda pública, donde tiene una competencia –un deber de vigilar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico en el caso de las concesiones mineras–.

Como ciudadano, me atañe en forma directa el uso, control y cumplimiento de las obligaciones que la concesionaria haga, y el control que realiza la Dirección de Geología y Minas de los bienes del Estado que están bajo su custodia, así como el cumplimiento de las competencias que le otorga el Código de Minería, específicamente en el artículo 97 y los artículos 5 y 6 del Decreto 29300-MINAE.

En el oficio DGM-RNM-283-2017, ustedes recurren a los artículos 214, 215 y 275 de la Ley General de la Administración Pública para alegar que no puedo ser parte en el expediente 18-87 por no tener un interés directo o derecho subjetivo. Efectivamente no tengo un derecho subjetivo por no ser parte de la sociedad concesionaria, pero sí tengo un interés directo por ser ciudadano costarricense y por tratarse de los recursos demaniales que fueron dados en concesión y que es obligación de ustedes vigilar por su óptima administración.

Una muestra de lo que ocurre en el expediente 18-87 consta en el mismo expediente donde el Poder Ejecutivo anuló por R-103-2017-MINAE del 20 de marzo del 2017, anuló la resolución N°352-2015-MINAE y se retrotrae el expediente al momento de conocer la prórroga y se ordena a la Dirección de Geología y Minas proceder a revisar la solicitud y prevenir sobre los incumplimientos de acuerdo con la disposición del artículo 126 del Reglamento al Código de Minería

El señor Presidente de la República y el señor Ministro de Ambiente y Energía, consideraron que: (cita textual)

“el proceder de la Dirección no se encuentra ajustado a Derecho y ha hecho incurrir en error al Poder Ejecutivo por medio de la recomendación N°DGM-RNM-905-2015, al haberse encontrado un vicio en el procedimiento que conoció y concedió la prórroga a la sociedad concesionaria por medio de la N°352-2015-MINAE, porque no se cumple con los requisitos reglamentarios y se otorgó sin estar al día en las obligaciones. Por ende, se retrotrae el expediente al momento de conocer la prórroga para que la Dirección de Geología y Minas proceda a revisar la solicitud y prevenir sobre los incumplimientos de acuerdo con la disposición del artículo 126 del Reglamento al Código de Minería. Todo lo anterior, de conformidad con la potestad administrativa en la etapa recursiva de la Ley General de la Administración Pública”.

Pese a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo, en la zona se sigue trabajando incluso en áreas cercanas al puente y no se ha dictado por parte de ustedes ninguna medida cautelar que suspenda los trabajos y el material extraído lo compra APM Terminals, sin que ustedes actúen de ninguna forma.

El artículo 2º de la Ley 8422 define qué es un servidor público y las obligaciones que su cargo le impone. Pero lo más importante es el deber de probidad que define el artículo 3 de la mencionada ley, donde establece las obligaciones del funcionario para satisfacer el interés público, donde debe demostrar el cumplimiento de las potestades que la ley le impone.

El artículo 4º de la ley citada establece las sanciones para los funcionarios que no cumplen con el deber de probidad.

En el expediente 18-87, el propio Poder Ejecutivo reconoce haber sido inducido a error mediante la DGM, al recomendar la prórroga a favor de GRACOR Internacional S.A., por lo que el material extraído y vendido bajo un permiso NULO, fue obtenido en forma indebida por la empresa que arrendó la concesión, la que trabaja procesa y vende a vista y paciencia de las autoridades que deben controlar, vigilar y aplicar la ley.

Por último, recurren a la vía del oficio o memorando para dar respuesta apresurada a mi solicitud de diciembre del 2016, cuando lo que se debió emitir fue un acto administrativo debidamente razonado, pero tenemos la sensación de que todo lo hicieron adrede para después alegar la improcedencia de los recursos.

Existiendo suficiente mérito para ser parte del expediente, por el derecho subjetivo e interés difuso que me legitima para vigilar el actuar de las autoridades, que a su vez son responsables de vigilar el buen uso de los recursos demaniales, solicito se me tenga como tal y se me notifiquen las resoluciones y actuaciones que se produzcan en el expediente 18-87.

En forma subsidiaria solicito que de conformidad con los artículo 276 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública se me tenga como coadyuvante de la Administración.

Por los términos de la resolución R-103-2017-MINAE del 20 de marzo del 2017, solicito la apertura de la investigación administrativa correspondiente, con el fin de establecer la verdad real de los hechos y, observando el debido proceso, para sentar las responsabilidades de la aparente falta que en dicha resolución se establece.

Además, solicitamos se haga un inventario del volumen de material que las empresas Pedregal y/o Gracor Internacional han extraído y comercializado, amparados a una prórroga presuntamente nula e ilegal.

Consecuentemente, solicitamos se proceda a interponer las denuncias que procedan ante la Fiscalía General y se comunique lo suyo también a la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República, para la recuperación de los dineros que en forma ilegal ha obtenido el concesionario por operar bajo un permiso NULO.

Medida cautelar. Solicito que se paralicen los trabajos de extracción, procesamiento y venta de materiales del área. Que se ordene al Geól. Esteban Bonilla que, en forma inmediata, elabore un informe detallado de la situación del área, especificando las fechas en las que realizó inspección de control y el resultado de las mismas. Que en forma clara explique el motivo de recomendar la prórroga de la concesión con interferencia en otra concesión.

Espero se actúe dentro de los plazos de ley y no se espere a la prescripción de los plazos sobre lo cual advierto expresamente. Señalo para notificaciones el correo: machore@gmail.com

Atentamente,

 

Marco Levy Virgo

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada de hablemosdemineria.com

Enviado por Marco Levy Virgo.

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MINAE declaró extinta la conflictiva concesión de aguas en Guacimal

Por Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas

 

El Ministerio de Ambiente emitió el pasado 7 de junio la resolución 209-2017-MINAE, en la que declaró finalmente la caducidad de la concesión de aguas del río Veracruz que había otorgada en 2010 a la Sociedad de Usuarios de Agua de Los Ángeles de Guacimal (SUALA).

Por efecto de la denuncia interpuesta en octubre del 2015 por Dany Villalobos, geógrafo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, la Dirección de Aguas del MINAE tuvo que abrir un proceso administrativo sancionatorio contra la SUALA. La Ley de Aguas establece en su artículo 26 como causa de caducidad de las concesiones la falta de uso durante 3 años consecutivos. Para esta concesión habían pasado entonces 5 años sin uso.

Pero fue hasta febrero de este 2017 que el Órgano Director creado por el MINAE convocó a las partes a presentarse a audiencias sobre el tema en la Dirección de Aguas. El 22 de marzo dieron testimonio los líderes comunales y una semana después su contraparte: la presidenta de la SUALA y miembros del SENARA, comprobándose testimonialmente que el agua nunca había sido usada.

Además de los testimonios de vecinos e interesados en el proyecto, varios informes oficiales de la Dirección de Aguas hicieron constar que durante 7 años de tener concesión, la SUALA nunca pudo aprovechar el agua del río Veracruz.

Por tal motivo, al comprobarse que el desuso sobrepasó el tiempo establecido por la Ley, el MINAE procedió a declarar la caducidad de la concesión de la SUALA, casi dos años después de presentada la denuncia inicial, lo que provoca su extinción, eliminando inmediatamente el derecho de uso del agua dado a la SUALA en el 2010.

Celebración comunitaria

La comunidad de Guacimal realizará un acto simbólico este sábado 22 de julio para celebrar la justa resolución del MINAE y declarar una vez más que el río Veracruz se mantendrá libre de grandes explotaciones. Será una actividad abierta en el espacio de la Feria de Guacimal, contiguo a la Casona.

A partir de este momento las acciones de la Alianza por la Defensa del Agua en el caso del río Veracruz se enfocarán en lograr el reconocimiento oficial de esta sub-cuenca del río Guacimal como una reserva hídrica para las necesidades básicas de consumo humano en el futuro para esta zona seca del país.

Guacimal. 19 de julio de 2017.

Informes: Dany Villalobos tel.85094712, geógrafo de la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua,

Cronología del conflicto

Miércoles, 19 de octubre de 2016 .Comunidades de Guacimal Marchan a SETENA y MINAR a pedir un alto definitivo al proyecto. Ver Manifestación por la Defensa de los Ríos y el Derecho al Agua

Lunes, 19 de septiembre de 2016.SETENA en su resolución 1639-2016 da continuidad a la evaluación del proyecto de riego. Ver SETENA reactivó conflicto de agua en Guacimal

Jueves, 05 de mayo de 2016. Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas denuncia que concesiones están secando más ríos. Ver Están secando más ríos: Abangares, Guacimal, Aranjuez, Aranjuecito, Acapulco y Lagarto

Martes, 22 de marzo de 2016. En el día Mundial de Agua organizaciones se suman a la lucha de Guacimal y piden justicia hídrica. Ver En el Día Mundial de Agua organizaciones se suman a la lucha de Guacimal y piden justicia hídrica

Miércoles, 24 de febrero de 2016. La Sala Constitucional notifico que dio la razón a la comunidad de Guacimal que considera injustificado que el Proyecto de Riego Guacimal-Los Ángeles. Ver Victoria para los ríos en Guacimal

Martes, 16 de febrero de 2016.La comunidad de Guacimal y la Alianza por la Defensa del Recurso Hídrico de Puntarenas, denunciaron daño ambiental de proyecto de riego. Ver Guacimal denuncia daño ambiental de proyecto de riego

Martes, 09 de febrero de 2016. Senara reinicia obras de polémico proyecto y comunidad define vía pacífica para defender rio. Ver Guacimal: reinician obras de polémico proyecto y comunidad define vía pacífica para defender rio

Lunes, 18 de enero de 2016. Inicio de diálogos por el conflicto en Guacimal en Casa Presidencial por proyecto de Agua. Ver Inicio de diálogos por el conflicto en Guacimal

Jueves, 07 de enero de 2016. Vecinos y vecinas defienden rio y bloquean maquinaria en Guacimal. Ver Última hora: vecinos y vecinas defienden río y bloquean maquinaria en Guacimal

Martes, 08 de diciembre de 2015. Comunidades de Puntarenas se manifiestan contra proyecto de riego en la Interamericana Norte. er Comunidades de Puntarenas: Manifestación en Interamericana Norte

Lunes, 13 de abril de 2015. Denuncian la muerte en Río Acapulco por concesiones para riego en Puntarenas. Ver Muerte en Río Acapulco por concesiones para riego en Puntarenas

Jueves, 05 de marzo de 2015. La comunidad Aranjuecito lucha por el Agua. Ver Puntarenas:Aranjuecito lucha por el Agua

Jueves, 19 de junio de 2014. Sala IV anuló la viabilidad ambiental y concesión de aguas del río Veracruz. Ver Sala IV anuló la viabilidad ambiental y concesión de aguas del río Veracruz

Lunes, 26 de mayo de 2014. Guacimal espera resolución favorable sobre conflicto por agua. Ver Guacimal espera resolución favorable sobre conflicto por agua

Miércoles, 29 de enero de 2014.Ecologistas apoyan la lucha por el agua en Guacimal. Ver Ecologistas apoyan la lucha por el agua en Guacimal!

MINAE declaro extinta la conflictiva concesion de aguas en Guacimal

Enviado por FECON.

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Proyecto de ley rompería y distorsiona el modelo de servicio público del agua

  • Proyecto convertiría acueductos comunitarios en entes privados
  • A pesar de la oposición de AYA,MINAE, UCR, ITEC, FECON y decenas de ASADAS

Este jueves pasado se dictamino el proyecto de “Autorización a las Cooperativas para Administrar Sistemas de Acueductos y Alcantarillados” (expediente 19.941) con el cual abre el portillo para transformar asociaciones sin fines de lucro conocidas como ASADAS (Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados) en entes de carácter privado como lo son las cooperativas alejando la gestión comunitaria y participativa del agua como un derecho humano y de bien público.

Aunque el proyecto modificó la preocupación de la privatización que reclamaron muchos sectores- al señalar que se reinvertirían los dividendos de la prestación del servicio- el proyecto implica una distorsión o desigual competencia pues las cooperativas tienen mayores beneficios fiscales que AyA y las mismas ASADAS. Esto pues la ley de Asociaciones Cooperativas N° 4179, en su artículo 6 les otorga privilegios como: exención del pago del impuesto territorial por 10 años, exención de todo impuesto o tasa, nacional o municipal, sobre los actos de formación, rebaja del cincuenta por ciento en los impuestos de papel sellado y Exención del pago de los impuestos de aduanas sobre las herramientas, materias primas, vehículos automotores de trabajo, maquinaria, piezas de repuesto, equipo y enseres de trabajo, medicinas, herbicidas, fertilizantes, sacos y cualesquiera otros medios de empaque, simientes, animales y cualesquiera otros artículos que importen para las actividades que les sean propias.

El artículo 21 proyecto dictaminado abre el portillo para que las ASADAS se transformen en cooperativas por lo que es previsible que se dé una migración total a esta figura más permeable a los intereses privados y comerciales que las ASADAS. Al mismo tiempo se crearía un súper sector con mayor poder y privilegios fiscales que el AyA.

Sería un “botín político” potencial de 1500 nuevas cooperativas, tres veces la cantidad de cooperativas existentes del país, que se sumarian a la guerra entre los sectores del PLN y el oficialismo que disputa el control del sector cooperativo y sus jugosos préstamos, dietas y puestos directivos.

Este proyecto fue sacado de la Comisión de Ambiente al recibir decenas de criterios en contra de ASADAS y fue dictaminado este jueves pasado por la Comisión de Economía Social donde se reformó parcialmente, pero sigue siendo rechazado operador el AYA y el rector MINAE, UCR, ASADAS, Universidades, sindicados y FECON.

Bajo las leyes actuales, este servicio público esencial sólo puede ser prestado por instituciones públicas (Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, municipalidades o empresas públicas) y asociaciones sin fines de lucro de base comunal conocidas como Asociaciones Administradoras de Sistemas de Acueductos y Alcantarillados (ASADAS). Las ASADAS son asociaciones comunales que están al servicio de la comunidad, prestan un servicio al costo, concebidas para garantizar el acceso al agua potable en zonas del país donde las instituciones públicas no han llegado. Funcionan con convenios de delegación con el operador o en coordinación y fiscalización del AYA. En este sentido, debe destacarse que en nuestro país los acueductos públicos han sido concebidos históricamente como un servicio social indispensable para la vida y la salud de las personas.

Sin embargo, con este proyecto de ley se abre una nueva posibilidad de romper el modelo de prestación del servicio al sumar “un” nuevo operador, que provocaría multiplicidad de distorsiones y competencia desigual.

La experiencia de las cooperativas en la administración de un servicio público como electricidad está pringada de malos manejos sobre créditos para hidroeléctricas y por la pésima gestión socio ambiental de los proyectos hidroeléctricos en la zona norte.

Involucrar a las cooperativas transforma al agua -nuestro bien común más estratégico- en un mundo de negocios. Es poner en manos de empresas disfrazadas con trajes de la economía social solidaria, pero con un funcionamiento como cualquier otra empresa privada, nuestro bien más preciado.

El sector cooperativo hoy explota intensivamente el agua mediante las cooperativas agrícolas y las de producción eléctrica abriéndolos la posibilidad de controlar y definir este nuevo uso en función de otros donde funcionan claramente cómo empresas. Como apunto el Instituto Tecnológico de Costa Rica que después de una análisis del marco jurídico actual concluye que “El agua como recurso estaría en mayor disputa, dado la escasez que se puede presentar por el cambio climático” (ITEC, Sesión Ordinaria No. 2916).

También la de Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, calificó la propuesta como una “loca” iniciativa pues considera que “la provisión de los servicios de agua, como bien público, de carácter demanial y bajo la concepción de Derecho Humano Fundamental…Dada la gravedad que en un futuro cercano tendrá la lucha por el agua, no sería descabellado pensar que bajo la figura cooperativa se generen verdaderos consorcios corporativos empresariales privados que atenten contra su carácter demanial y de Derecho Humano Fundamental” (Prensa Libre, 09 -6-2015).

FECON alerta a la ciudadanía sobre las consecuencias de perder el modelo de gestión comunitaria y los avances en políticas, reglamentos y mejoramiento de este importante sector que presta hoy el servicio público con una óptica participativa y democrática y por ello llamamos a los Diputados de la República a archivar esa iniciativa.

defensa agua

*Imagen de portada con fines ilustrativos tomada de www.avina.net

Enviado a SURCOS por FECON.

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Destrucción en ampliación del Parque Braulio Carrillo

  • ¿Y el MINAE donde está?

 

Según se manifiesta en el comunicado enviado a SURCOS por CONCEVERDE, “la desidia de los funcionarios del MINAE ha permitido que se destruya una zona de gran belleza y de alta vulnerabilidad ambiental, al permitir por omisión, que se lleve a cabo socoleos, eliminación de árboles y arbustos, además que se permita que una finca en el Alto del Roble, se convierta en una pista para los vehículos 4×4, todo dentro de la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central y la reciente decretada ampliación del Parque Braulio Carrillo, que parece que quedó en papel por la inoperancia del MINAE”.

Destruccion en ampliacion del Parque Braulio Carrillo

Destruccion en ampliacion del Parque Braulio Carrillo2

Destruccion en ampliacion del Parque Braulio Carrillo3

Enviado por CONCEVERDE, José Francisco Alfaro Carvajal.

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Política Nacional de Humedales: Hechos y no palabras

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

 

Hoy el gobierno presentó una política sobre los humedales en nuestro país para lo cual hizo una importante inversión de fondos públicos. ¿Qué propone? ¿Su protección? En este país necesitamos palabras respaldadas con hechos y no más letras muertas. ¿Qué acciones ha hecho el actual gobierno como antecedentes a esta normativa?

Desde el pasado 10 de agosto 2016 se le permite al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) autorizar la intervención en humedales para la reparación, construcción y ampliación de infraestructura. Esto sucedió por medio del decreto Nº 39838, firmado por el Ministro del MINAE y el Presidente de la República, publicado en la Gaceta (ALCANCE DIGITAL N° 140).

Este decreto ya es objeto de una acción de inconstitucionalidad en Sala IV presentada por el ambientalista y especialista Álvaro Sagot y Allan Astorga que fue coadyuvada por FECON.

El decreto tiene como beneficiarios a proyectos con nombre y apellido para las compañías constructoras, canal seco, empresas chinas y grandes empresas constructoras, que gozan de un monopolio de la construcción y mantenimiento de carreteras, el cual ha sido ratificado y legitimado por el actual gobierno.

Con el cuestionado decreto, este gobierno insiste en invadir con tractores las Áreas Silvestres Protegidas, con claros vicios de inconstitucionalidad por violación de los principios de progresividad y de no regresión, pues se estarían restringiendo las áreas de Protección y Patrimonio Natural del Estado. Lo que evidencia este decreto es una tendencia a desregular y flexibilizar la legislación ambiental. También evidencia una severa contradicción entre la política pública respecto a las Áreas Protegidas y la necesidad de construir infraestructura.

Las acciones contra los humedales de la actual administración no se restringen a este caso, la Ruta 257 es otro ejemplo en el que se justificó la destrucción y reducción del humedal Cariari (FECON, 11-7-2016). También el caso de la ampliación de la Ruta 32, es ilustra esta contradicción. Aprobada en la actual administración, atropella la poca independencia y exhaustividad en las funciones de la Secretaría Nacional Ambiental (SETENA), al proponer una evaluación de impacto ambiental a la carrera y a la medida, aún sin conocer el diseño final de la obra. Esto debilita, flexibiliza, y hasta viola claramente el espíritu y la lógica de las normas de evaluación ambiental.

Las incoherencias en política pública no acaban ahí, porque el gobierno fue quien propuso otro proyecto de ley, cuyo objetivo es reducir y permitir la construcción de nuevas carreteras en Parques Nacionales. Se trata del proyecto N º 19.899 , que pretende reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060). Se tramita actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Fue presentado en febrero pasado por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro del MOPT (FECON, 17-2-15).

Los hechos hablan más que las intenciones que podría tener una nueva política. Desde el inicio este Gobierno antepuso la infraestructura y por ello ha privilegiado las desregulaciones, la flexibilidad y la protección de los proyectos privados por sobre la protección del patrimonio natural del pueblo de Costa Rica. La política de humedales llega muy tarde y al final del mandato, como pidiendo perdón por los pecados y en pleno año electoral; y con la certeza de que la siguiente administración emitirá una política distinta al respecto, nuevamente con los fondos públicos por los que tanto reclaman.

 

(*)Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales UCR, presidencia@feconcr.org

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Un proyecto de “Ley de Aguas” antiagricultor

Freddy Pacheco León (*)

 

Obsesionados en enterrar la magnífica “Ley de Aguas” que nos legara el Dr. Calderón Guardia, y que fuere modificada sustancialmente en 1996, aparece otra vez en la Asamblea Legislativa un nuevo y amenazante proyecto. Sin importar a sus proponentes que la Ley vigente JAMÁS ha significado obstáculo alguno para el desarrollo agrícola, pecuario, industrial, turístico, y en general, para los habitantes del país, desde hace años vienen buscando la oportunidad de aprobar una nueva legislación sobre el manejo del agua, que sigue lineamientos dictados por el Banco Mundial, por medio de su “brazo armado”, la Global Water Partnership (GWP), con muchos interesados en Costa Rica.

El nuevo proyecto de “Ley de Aguas” (expediente Nº 20212) se las trae. Cual si las decenas de miles de productores agrícolas del país ya no tuviesen suficientes problemas, de aprobarse agravaría una situación que ya es insostenible

Hay en Costa Rica alrededor de 300.000 AGRICULTORES que faenan en unas 190.000 FINCAS de cultivos anuales y permanentes, desde donde nos abastecen de arroz, frijol, maíz, papa, cebolla, tomate, lechuga, sandía, yuca, café, azúcar, banano, piña, naranja, plátano, papaya, aguacate, coco, etc. Agricultores muchas veces sometidos a situaciones cambiantes del mercado e inclemencias del tiempo, que les provocan pérdidas económicas. Agricultores que, en lugar de desincentivarlos, URGEN DE UNA MAYOR ATENCIÓN GUBERNAMENTAL, en un país que no logra levantar una producción industrial que, algunos creen, es sinónimo de progreso

Pero resulta que en esa nueva Ley de Aguas, proyecto firmado por 42 diputados ¡sin haber sido SIQUIERA LEÍDO por la mayoría!, se establecerían cosas como las siguientes:

Como parte de una redacción muy pobre, se establece que para “Obtener CONCESIONES para el aprovechamiento de las aguas para fines agropecuarios”, SE HAN DE INSCRIBIR CUASI-SOCIEDADES ANÓNIMAS, con el nombre de “sociedades de usuarios del agua de uso agropecuario” formadas por al menos cinco productores del lugar, con capital social dividido en acciones comunes y nominativas. Mandato que insólitamente no toma en cuenta, cuántas MILES DE SOCIEDADES habría que crear a lo largo y ancho del país, para que los productores agropecuarios PUEDAN TENER ACCESO AL AGUA que necesitan para sus semillas y sus animales

Aunque dicen que el número es intrascendente, porque algunas podrían ser formadas por decenas de productores agrícolas, surge otra cuestión: ¿En qué posición quedarían los agricultores que encuentren obstáculos para formar tales sociedades? ¿SE LES NEGARÍA EL AGUA?

¡Pero hay más! En el mismo proyecto, en su afán de recaudar dinero para un nuevo cuerpo burocrático que se crearía en el ineficiente Ministerio de Ambiente (Minae) se establece que las nuevas sociedades tendrían que sumar al COSTO DE SU CREACIÓN LEGAL, el pago obligatorio de sendos impuestos por APROVECHAMIENTO de agua y por VERTIDOS, “según corresponda”. Cánones que no son excluyentes y que serían fijados por EL TODOPODEROSO MINAE, según sea el humor del incompetente ministro de turno. Asimismo, aquellos productores agrícolas que como parte de sus labores de producción han de generar, necesariamente, vertidos diversos, también tendrían que pagar otro impuesto (al que le llaman “canon”) si, ¡como es inevitable!, estos “puedan modificar la calidad física, química y biológica del agua”, según ESTUDIOS que también tendrían que ser pagados por los mismos productores del campo

El proyecto, que vendría a sustituir el hasta ahora frustrado intento por quitarle al agua su carácter de “BIEN SOCIAL”, para sustituirlo por el de “BIEN ECONÓMICO”, que era parte del vil engaño con que se tramitó el mal llamado de “iniciativa popular”, no deja de ser también una amenaza para el desarrollo de Costa Rica. Aquél se quiso presentar como nacido del pueblo; éste como de iniciativa del diputado guanacasteco Juan Marín, el diputado Antonio Álvarez y la exdiputada Maureen Ballestero, entre otros

Se trata en fin, de una iniciativa de ley, inconsulta, ANTI-AGRICULTORES, donde el “valor económico” del agua tiene preponderancia sobre el agua como un bien vital, insustituible, demanial, al servicio del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Proyecto que no considera, ni por casualidad, lo preocupante que es para Costa Rica, que en tan solo 30 años, los agricultores pasaron de ser el 32% de toda la población económicamente activa, A TAN SOLO EL 15%, como resultado del desdén gubernamental hacia el sector agrícola, donde la inversión pública no supera el 3,5%

Convocado el nuevo proyecto a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, y presentado cual si fuere resultado de un consenso alcanzado con el sector agropecuario y otros, casi inmediatamente después de publicado fue rechazado por las organizaciones agrícolas correspondientes. Sin embargo, se pretende aprobarlo por la llamada “vía rápida” que no permite su consulta ni su conocimiento y debate en comisión legislativa, por lo que consideramos urgente, llamar la atención al respecto para que no se le haga más daño a los desdeñados productores agrícolas de Costa Rica

 

(*)Dr. en Ciencias Biológicas

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.vocesnuestras.org

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FECON responsabiliza a MINAE por la vida de ecologista e informa al relator de la ONU

Amenazado una vez más

 

El pasado 8 de octubre hacia el final de la tarde, Alcides Parajeles escuchó disparos cerca de su propiedad en Osa. El ataque le costó la vida a un cerdo y otro quedo mal herido. Al día siguiente, domingo 9, su hijo encontró en los linderos de su propiedad a un muchacho con una carabina y al dueño de la finca vecina.

En julio del 2013 fue objeto de disparos por parte de unos cazadores. Afortunadamente, él resultó ileso. En las páginas de los periódicos nacionales, abundan las denuncias contra cazadores y contra la deforestación, que este activista, ha hecho a lo largo de su vida.

Tras este nuevo hecho de violencia, FECON insiste en el establecimiento un protocolo para investigación y prevención de estos hechos. Así como un fuero de protección para los activistas en materia ambiental. Al mismo tiempo, responsabilizamos al MINAE y al Gobierno por la vida de los ecologistas como Alcides que actúan en defensa del ambiente. FECON está informando al Relator Especial de la ONU, Michel Forst, para este hecho se incluya en el informe que prepara para presentar en Asamblea General de la ONU sobre la situación de las personas defensoras del ambiente a nivel mundial.

Alcides de 71 años de edad, cuida y vive desde los 4 años en la finca que le pertenece a su familia y consta de unas 550 hectáreas. Don Alcides ha dedicado buena parte de su vida a la protección de la fauna silvestre y los bosques de la Península de Osa. Sin haber ido un solo día a la escuela, como siempre dice con orgullo, pues se ha hecho experto en denunciar los daños ambientales, aún sin saber leer y escribir.

El sustento de la familia de Parajeles depende básicamente de la producción de la finca así que por años intento recibir pago por Servicios Ambientales del cual empezó a beneficiarse desde 2003, lo que le permite tener un ingreso suficiente y seguir cuidando la naturaleza. Sin embargo, recibir estos incentivos no ha sido fácil. Deben renovarse cada cinco años y los requisitos legales son cada vez más complicados.

Informes con Alcides Parajeles: 85305132

 

*Lea también:

Nuevo atentado contra ecologista en Osa

 

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Guacimal se manifiesta en SETENA-MINAE

Manifestación por la defensa de los ríos y el derecho al agua

Ruta: SETENA-MINAE-Viceministerio de Aguas y Mares

guacimal se manifiesta

El miércoles 19 de octubre de 2016, ante tantas experiencias negativas en estos años, las organizaciones comunales de Puntarenas, apoyadas mutuamente mediante la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, convocaron a todas la comunidades consientes y defensoras de sus ríos a hacerse presentes frente a la SETENA (en Barrio Escalante) y marchar al Viceministerio de Aguas y Mares (MINAE) con sus consignas claras de cómo se debe administrar el agua de nuestros ríos sin irrespetar los derechos de las comunidades rurales.

Con respecto al contexto nacional declararon que:

  • Defendemos todos los ríos, contra la indiscriminada privatización de sus aguas por parte de empresarios y sus proyectos lucrativos que no benefician a las comunidades ¡No creemos en su falso discurso de desarrollo que destruye nuestro ambiente!
  • Queremos que se garantice el acceso al agua para todos y todas
  • Nos oponemos a la política actual de Dirección de Aguas (MINAE) que permite entregar concesiones de hasta el 90% del caudal mínimo de los ríos, dañándolos de forma irreversible ¡No se puede sostener y apoyar una política tan absurda y destructiva para nuestros ríos!
  • Exigimos que para otorgar concesiones de agua se realicen los debidos estudios de impacto ambiental
  • Nos oponemos a la extensión irregular de plazos para que los empresarios tramiten sus proyectos por parte de las instituciones del Estado, aún cuando las irregularidades en los procesos son múltiples ¡basta de favorecer a los privatizadores!

Y sobre sus consignas locales defienden los siguientes puntos:

  • Que se anulen como legalmente corresponde las concesiones para riego sobre el río Veracruz, Acapulco y Aranjuecito. ¡Que las comunidades afectadas puedan decidir sobre su ambiente!
  • La Alianza declara el río Veracruz como reserva hídrica exclusiva para resolver los problemas de consumo humano que existen en las comunidades rurales de Puntarenas y luchará hasta que esta declaración se acoja por parte del Estado
  • Alto definitivo a los proyectos de riego Guacimal-Sardinal, Santa Rosa y San Rafael-Sardinal, todos aprobados con irregularidades ambientales inaceptables.

Así mismo manifestaron que:

Nos movilizaremos para exponer los diversos casos en que las comunidades se han visto afectadas por falta de cumplimiento de las normativas ya existentes sobre el manejo del agua.

Por el respeto al derecho a un ambiente sano y al agua en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.

Contra la indiferencia, irresponsabilidad y complicidad institucional en los desastres ambientales que sufren nuestros ríos y por ende nuestra gente.

 

Para más información escriba a alianzahidrica.pts@gmail.com; teléfonol: 8781 4512; Facebook: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

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