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Etiqueta: MINAE

Destrucción en ampliación del Parque Braulio Carrillo

  • ¿Y el MINAE donde está?

 

Según se manifiesta en el comunicado enviado a SURCOS por CONCEVERDE, “la desidia de los funcionarios del MINAE ha permitido que se destruya una zona de gran belleza y de alta vulnerabilidad ambiental, al permitir por omisión, que se lleve a cabo socoleos, eliminación de árboles y arbustos, además que se permita que una finca en el Alto del Roble, se convierta en una pista para los vehículos 4×4, todo dentro de la Reserva Forestal de la Cordillera Volcánica Central y la reciente decretada ampliación del Parque Braulio Carrillo, que parece que quedó en papel por la inoperancia del MINAE”.

Destruccion en ampliacion del Parque Braulio Carrillo

Destruccion en ampliacion del Parque Braulio Carrillo2

Destruccion en ampliacion del Parque Braulio Carrillo3

Enviado por CONCEVERDE, José Francisco Alfaro Carvajal.

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Política Nacional de Humedales: Hechos y no palabras

Por Mauricio Álvarez Mora (*)

 

Hoy el gobierno presentó una política sobre los humedales en nuestro país para lo cual hizo una importante inversión de fondos públicos. ¿Qué propone? ¿Su protección? En este país necesitamos palabras respaldadas con hechos y no más letras muertas. ¿Qué acciones ha hecho el actual gobierno como antecedentes a esta normativa?

Desde el pasado 10 de agosto 2016 se le permite al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) autorizar la intervención en humedales para la reparación, construcción y ampliación de infraestructura. Esto sucedió por medio del decreto Nº 39838, firmado por el Ministro del MINAE y el Presidente de la República, publicado en la Gaceta (ALCANCE DIGITAL N° 140).

Este decreto ya es objeto de una acción de inconstitucionalidad en Sala IV presentada por el ambientalista y especialista Álvaro Sagot y Allan Astorga que fue coadyuvada por FECON.

El decreto tiene como beneficiarios a proyectos con nombre y apellido para las compañías constructoras, canal seco, empresas chinas y grandes empresas constructoras, que gozan de un monopolio de la construcción y mantenimiento de carreteras, el cual ha sido ratificado y legitimado por el actual gobierno.

Con el cuestionado decreto, este gobierno insiste en invadir con tractores las Áreas Silvestres Protegidas, con claros vicios de inconstitucionalidad por violación de los principios de progresividad y de no regresión, pues se estarían restringiendo las áreas de Protección y Patrimonio Natural del Estado. Lo que evidencia este decreto es una tendencia a desregular y flexibilizar la legislación ambiental. También evidencia una severa contradicción entre la política pública respecto a las Áreas Protegidas y la necesidad de construir infraestructura.

Las acciones contra los humedales de la actual administración no se restringen a este caso, la Ruta 257 es otro ejemplo en el que se justificó la destrucción y reducción del humedal Cariari (FECON, 11-7-2016). También el caso de la ampliación de la Ruta 32, es ilustra esta contradicción. Aprobada en la actual administración, atropella la poca independencia y exhaustividad en las funciones de la Secretaría Nacional Ambiental (SETENA), al proponer una evaluación de impacto ambiental a la carrera y a la medida, aún sin conocer el diseño final de la obra. Esto debilita, flexibiliza, y hasta viola claramente el espíritu y la lógica de las normas de evaluación ambiental.

Las incoherencias en política pública no acaban ahí, porque el gobierno fue quien propuso otro proyecto de ley, cuyo objetivo es reducir y permitir la construcción de nuevas carreteras en Parques Nacionales. Se trata del proyecto N º 19.899 , que pretende reformar la Ley General de Caminos (Ley N. º 5060). Se tramita actualmente en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa. Fue presentado en febrero pasado por el Presidente Luis Guillermo Solís Rivera y Carlos Villalta Villegas, Ministro del MOPT (FECON, 17-2-15).

Los hechos hablan más que las intenciones que podría tener una nueva política. Desde el inicio este Gobierno antepuso la infraestructura y por ello ha privilegiado las desregulaciones, la flexibilidad y la protección de los proyectos privados por sobre la protección del patrimonio natural del pueblo de Costa Rica. La política de humedales llega muy tarde y al final del mandato, como pidiendo perdón por los pecados y en pleno año electoral; y con la certeza de que la siguiente administración emitirá una política distinta al respecto, nuevamente con los fondos públicos por los que tanto reclaman.

 

(*)Presidente FECON y profesor en Kioscos Socio ambientales UCR, presidencia@feconcr.org

 

Enviado a SURCOS por FECON.

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Un proyecto de “Ley de Aguas” antiagricultor

Freddy Pacheco León (*)

 

Obsesionados en enterrar la magnífica “Ley de Aguas” que nos legara el Dr. Calderón Guardia, y que fuere modificada sustancialmente en 1996, aparece otra vez en la Asamblea Legislativa un nuevo y amenazante proyecto. Sin importar a sus proponentes que la Ley vigente JAMÁS ha significado obstáculo alguno para el desarrollo agrícola, pecuario, industrial, turístico, y en general, para los habitantes del país, desde hace años vienen buscando la oportunidad de aprobar una nueva legislación sobre el manejo del agua, que sigue lineamientos dictados por el Banco Mundial, por medio de su “brazo armado”, la Global Water Partnership (GWP), con muchos interesados en Costa Rica.

El nuevo proyecto de “Ley de Aguas” (expediente Nº 20212) se las trae. Cual si las decenas de miles de productores agrícolas del país ya no tuviesen suficientes problemas, de aprobarse agravaría una situación que ya es insostenible

Hay en Costa Rica alrededor de 300.000 AGRICULTORES que faenan en unas 190.000 FINCAS de cultivos anuales y permanentes, desde donde nos abastecen de arroz, frijol, maíz, papa, cebolla, tomate, lechuga, sandía, yuca, café, azúcar, banano, piña, naranja, plátano, papaya, aguacate, coco, etc. Agricultores muchas veces sometidos a situaciones cambiantes del mercado e inclemencias del tiempo, que les provocan pérdidas económicas. Agricultores que, en lugar de desincentivarlos, URGEN DE UNA MAYOR ATENCIÓN GUBERNAMENTAL, en un país que no logra levantar una producción industrial que, algunos creen, es sinónimo de progreso

Pero resulta que en esa nueva Ley de Aguas, proyecto firmado por 42 diputados ¡sin haber sido SIQUIERA LEÍDO por la mayoría!, se establecerían cosas como las siguientes:

Como parte de una redacción muy pobre, se establece que para “Obtener CONCESIONES para el aprovechamiento de las aguas para fines agropecuarios”, SE HAN DE INSCRIBIR CUASI-SOCIEDADES ANÓNIMAS, con el nombre de “sociedades de usuarios del agua de uso agropecuario” formadas por al menos cinco productores del lugar, con capital social dividido en acciones comunes y nominativas. Mandato que insólitamente no toma en cuenta, cuántas MILES DE SOCIEDADES habría que crear a lo largo y ancho del país, para que los productores agropecuarios PUEDAN TENER ACCESO AL AGUA que necesitan para sus semillas y sus animales

Aunque dicen que el número es intrascendente, porque algunas podrían ser formadas por decenas de productores agrícolas, surge otra cuestión: ¿En qué posición quedarían los agricultores que encuentren obstáculos para formar tales sociedades? ¿SE LES NEGARÍA EL AGUA?

¡Pero hay más! En el mismo proyecto, en su afán de recaudar dinero para un nuevo cuerpo burocrático que se crearía en el ineficiente Ministerio de Ambiente (Minae) se establece que las nuevas sociedades tendrían que sumar al COSTO DE SU CREACIÓN LEGAL, el pago obligatorio de sendos impuestos por APROVECHAMIENTO de agua y por VERTIDOS, “según corresponda”. Cánones que no son excluyentes y que serían fijados por EL TODOPODEROSO MINAE, según sea el humor del incompetente ministro de turno. Asimismo, aquellos productores agrícolas que como parte de sus labores de producción han de generar, necesariamente, vertidos diversos, también tendrían que pagar otro impuesto (al que le llaman “canon”) si, ¡como es inevitable!, estos “puedan modificar la calidad física, química y biológica del agua”, según ESTUDIOS que también tendrían que ser pagados por los mismos productores del campo

El proyecto, que vendría a sustituir el hasta ahora frustrado intento por quitarle al agua su carácter de “BIEN SOCIAL”, para sustituirlo por el de “BIEN ECONÓMICO”, que era parte del vil engaño con que se tramitó el mal llamado de “iniciativa popular”, no deja de ser también una amenaza para el desarrollo de Costa Rica. Aquél se quiso presentar como nacido del pueblo; éste como de iniciativa del diputado guanacasteco Juan Marín, el diputado Antonio Álvarez y la exdiputada Maureen Ballestero, entre otros

Se trata en fin, de una iniciativa de ley, inconsulta, ANTI-AGRICULTORES, donde el “valor económico” del agua tiene preponderancia sobre el agua como un bien vital, insustituible, demanial, al servicio del desarrollo y la lucha contra la pobreza. Proyecto que no considera, ni por casualidad, lo preocupante que es para Costa Rica, que en tan solo 30 años, los agricultores pasaron de ser el 32% de toda la población económicamente activa, A TAN SOLO EL 15%, como resultado del desdén gubernamental hacia el sector agrícola, donde la inversión pública no supera el 3,5%

Convocado el nuevo proyecto a sesiones extraordinarias de la Asamblea Legislativa, y presentado cual si fuere resultado de un consenso alcanzado con el sector agropecuario y otros, casi inmediatamente después de publicado fue rechazado por las organizaciones agrícolas correspondientes. Sin embargo, se pretende aprobarlo por la llamada “vía rápida” que no permite su consulta ni su conocimiento y debate en comisión legislativa, por lo que consideramos urgente, llamar la atención al respecto para que no se le haga más daño a los desdeñados productores agrícolas de Costa Rica

 

(*)Dr. en Ciencias Biológicas

 

Imagen con fines ilustrativos tomada de www.vocesnuestras.org

Enviado a SURCOS por el autor.

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FECON responsabiliza a MINAE por la vida de ecologista e informa al relator de la ONU

Amenazado una vez más

 

El pasado 8 de octubre hacia el final de la tarde, Alcides Parajeles escuchó disparos cerca de su propiedad en Osa. El ataque le costó la vida a un cerdo y otro quedo mal herido. Al día siguiente, domingo 9, su hijo encontró en los linderos de su propiedad a un muchacho con una carabina y al dueño de la finca vecina.

En julio del 2013 fue objeto de disparos por parte de unos cazadores. Afortunadamente, él resultó ileso. En las páginas de los periódicos nacionales, abundan las denuncias contra cazadores y contra la deforestación, que este activista, ha hecho a lo largo de su vida.

Tras este nuevo hecho de violencia, FECON insiste en el establecimiento un protocolo para investigación y prevención de estos hechos. Así como un fuero de protección para los activistas en materia ambiental. Al mismo tiempo, responsabilizamos al MINAE y al Gobierno por la vida de los ecologistas como Alcides que actúan en defensa del ambiente. FECON está informando al Relator Especial de la ONU, Michel Forst, para este hecho se incluya en el informe que prepara para presentar en Asamblea General de la ONU sobre la situación de las personas defensoras del ambiente a nivel mundial.

Alcides de 71 años de edad, cuida y vive desde los 4 años en la finca que le pertenece a su familia y consta de unas 550 hectáreas. Don Alcides ha dedicado buena parte de su vida a la protección de la fauna silvestre y los bosques de la Península de Osa. Sin haber ido un solo día a la escuela, como siempre dice con orgullo, pues se ha hecho experto en denunciar los daños ambientales, aún sin saber leer y escribir.

El sustento de la familia de Parajeles depende básicamente de la producción de la finca así que por años intento recibir pago por Servicios Ambientales del cual empezó a beneficiarse desde 2003, lo que le permite tener un ingreso suficiente y seguir cuidando la naturaleza. Sin embargo, recibir estos incentivos no ha sido fácil. Deben renovarse cada cinco años y los requisitos legales son cada vez más complicados.

Informes con Alcides Parajeles: 85305132

 

*Lea también:

Nuevo atentado contra ecologista en Osa

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Guacimal se manifiesta en SETENA-MINAE

Manifestación por la defensa de los ríos y el derecho al agua

Ruta: SETENA-MINAE-Viceministerio de Aguas y Mares

guacimal se manifiesta

El miércoles 19 de octubre de 2016, ante tantas experiencias negativas en estos años, las organizaciones comunales de Puntarenas, apoyadas mutuamente mediante la Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua, convocaron a todas la comunidades consientes y defensoras de sus ríos a hacerse presentes frente a la SETENA (en Barrio Escalante) y marchar al Viceministerio de Aguas y Mares (MINAE) con sus consignas claras de cómo se debe administrar el agua de nuestros ríos sin irrespetar los derechos de las comunidades rurales.

Con respecto al contexto nacional declararon que:

  • Defendemos todos los ríos, contra la indiscriminada privatización de sus aguas por parte de empresarios y sus proyectos lucrativos que no benefician a las comunidades ¡No creemos en su falso discurso de desarrollo que destruye nuestro ambiente!
  • Queremos que se garantice el acceso al agua para todos y todas
  • Nos oponemos a la política actual de Dirección de Aguas (MINAE) que permite entregar concesiones de hasta el 90% del caudal mínimo de los ríos, dañándolos de forma irreversible ¡No se puede sostener y apoyar una política tan absurda y destructiva para nuestros ríos!
  • Exigimos que para otorgar concesiones de agua se realicen los debidos estudios de impacto ambiental
  • Nos oponemos a la extensión irregular de plazos para que los empresarios tramiten sus proyectos por parte de las instituciones del Estado, aún cuando las irregularidades en los procesos son múltiples ¡basta de favorecer a los privatizadores!

Y sobre sus consignas locales defienden los siguientes puntos:

  • Que se anulen como legalmente corresponde las concesiones para riego sobre el río Veracruz, Acapulco y Aranjuecito. ¡Que las comunidades afectadas puedan decidir sobre su ambiente!
  • La Alianza declara el río Veracruz como reserva hídrica exclusiva para resolver los problemas de consumo humano que existen en las comunidades rurales de Puntarenas y luchará hasta que esta declaración se acoja por parte del Estado
  • Alto definitivo a los proyectos de riego Guacimal-Sardinal, Santa Rosa y San Rafael-Sardinal, todos aprobados con irregularidades ambientales inaceptables.

Así mismo manifestaron que:

Nos movilizaremos para exponer los diversos casos en que las comunidades se han visto afectadas por falta de cumplimiento de las normativas ya existentes sobre el manejo del agua.

Por el respeto al derecho a un ambiente sano y al agua en calidad y cantidad suficiente para las comunidades.

Contra la indiferencia, irresponsabilidad y complicidad institucional en los desastres ambientales que sufren nuestros ríos y por ende nuestra gente.

 

Para más información escriba a alianzahidrica.pts@gmail.com; teléfonol: 8781 4512; Facebook: Alianza de Comunidades por la Defensa del Agua

 

*Imagen de portada con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Estrategia Nacional de Biodiversidad sin comunidades

Pronunciamiento de la Federación Conservacionista (FECON) y la Red de Coordinación en Biodiversidad (RCB)

Una nueva política y estrategia para el manejo de la biodiversidad recién fue aprobada por el Comisión Nacional de Gestión para la Biodiversidad (CONAGEBIO) del MINAE, a pesar de las observaciones y críticas del sector ecologista que en repetidas ocasiones señaló que desde el inicio carece de consulta y trabajo conjunto con las comunidades campesinas e indígenas, así como de organizaciones comunitarias y civiles.

La importancia de la consulta civil en la gestión de la diversidad radica en que son precisamente estas comunidades rurales e indígenas las que mantienen una relación directa con la dinámica de la biodiversidad que está fuera de las áreas protegidas. Sectores comunitarios y ecologistas consideran que la gestión la «esa» biodiversidad y los conflictos por su uso y destrucción no fue la prioridad del proceso oficial de creación de esta nueva política estatal.

FECON y la RCB consideran que estos instrumentos son “enlatados” definidos con base en directrices internacionales desde su visión, misión y metas, en la práctica no parten de la realidad y conocimiento de comunidades que protegen la biodiversidad en una interacción con ella para sostener la vida en fincas campesinas, territorios indígenas y comunidades urbanas y rurales, que a su vez están inmersos en conflictos por la expansión de monocultivos, minería, transgénicos, contaminación, urbanización no planificada, entre otros y las propuestas que desarrollan al respecto, no son un componente sustantivo de estos documentos aprobados como política estatal.

La falta de participación de dichos procesos se pretendió enmendar “discutiendo” en talleres breves un documento complejo, para afirmar, sin respaldo real alguno, que “el proceso fue altamente participativo”. Sin los actores que conviven con la biodiversidad realmente involucrados, es casi imposible que estos documentos no sean otra consultoría superficial más.

Otra de las críticas desde los sectores ambientalistas a estos instrumentos es que están cruzados por la visión neoliberal que aborda la biodiversidad y los beneficios ambientales que genera como mercancías, es decir la llamada “economía verde”.

Tampoco fue prioridad dentro de esta política incluir según el pronunciamiento ecologista “las amenazas para la biodiversidad relacionadas con tecnologías, como la manipulación genética y la biología sintética, los sistemas de propiedad intelectual restrictivos y su papel en la apropiación privada de la biodiversidad, la producción corporativa de alimentos, y la preponderancia de los tratados comerciales y de propiedad intelectual (como el Tratado de Budapest y la UPOV) sobre los acuerdos y políticas socioambientales”.

Sobre el tema de transgénicos los ecologistas reiteraron “que su convivencia con formas de producción sustentables y agroecológicas es imposible, como se ha documentado a nivel mundial (ver https://goo.gl/uM3tk1), por lo que una protección efectiva de la biodiversidad debería contemplar la prohibición o al menos una sólida moratoria para la liberación de transgénicos en nuestros campos”.

Pronunciamiento completo en:

http://www.feconcr.org/doc/biodiversidad/PronunciamientoFECONRCBxENB.pdf

Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad sobre la propuesta de política y plan estratégico nacionales de biodiversidad 2014-20201, el 13 de julio de 2014. goo.gl/f0J6rb

Posición de la Red de Coordinación en Biodiversidad y de la Federación Conservacionista (FECON) sobre la propuesta de Política Nacional de Biodiversidad 2014-2020, el 9 de marzo de 2015. goo.gl/yhb5hC

Observaciones al documento final de la “Política Nacional de Biodiversidad 2015-2030” (PNB) y al borrador de la” Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) y su Plan de Acción” (2016), el 30 de marzo de 2016. goo.gl/Ft6P03

fecon rcb

*Imagen con fines ilustrativos.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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UNA Simposio: Ecosistemas de Humedales

Oficina de Comunicación

Expertos discutirán la conservación de los humedales y sector productivo

 

Durante los días 09 y 10 de agosto del 2016, de 8:30 am a 5:00 pm, el Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional (Cinpe-UNA), en conjunto con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) realizará el simposio: Oportunidades y Retos del Sector Privado en Ecosistemas de los Humedales”, cuyo objetivo es dar a conocer la importancia económica, ecológica y jurídica – institucional de los humedales. A su vez, atender las preocupaciones del sector productivo nacional y muy significativamente valorar el trabajo conjunto, público – privado, en favor de la conservación, el uso racional y rehabilitación de los humedales nacionales.

Dicho evento, será gratuito sin ningún costo de inscripción. Favor confirmar asistencia a los correos: silvia.fallas.rodriguez@una.cr; edgardo.munoz.valenciano@una.cr o al teléfono 2562-4300.

Para mayor información visite el sitio web: http://www.proyectoppcc.com

Dentro los temas a desarrollar se encuentran: Los humedales en Costa Rica, situación de la producción agrícola y ecosistemas de humedales, valoración económica y servicios ecosistémicos de los humedales, soluciones y nuevos retos para el manejo de los humedales, el abordaje del Estado ante el cambio climático, ecosistemas saludables, bienestar humano y cambio climático, desarrollo inmobiliario, bienestar humano y cambio climático, casos de adaptación y rehabilitación de los humedales.

Se contará con la participación de los panelistas:

  • Fernando Mora, Vice Ministro de Ambiente
  • Mario Coto, Director a.i. SINAC-MINAE
  • Jorge Jiménez; Director MarViva
  • Guido Vargas Representante de UPANACIONAL
  • Sergio Laprade Representante de CORBANA
  • Marco Chaves Representante de LAICA
  • Juan Rafael Lizano RepresentanteSáenz CNAA
  • Andrés Quesada Ávila Representante CANAPALMA
  • Kifah Sasa -PNUD

 

**Mayor información con: Dr. Olman Segura (2562-4300/8709-0386) o con la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional (2277-3464).

 

*Imagen tomada de https://www.facebook.com/cinpe/posts/1240438142673234

Información enviada a SURCOS Digital por Oficina de Comunicación UNA.

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Ruta 257 destruyó 69 hectáreas de Humedal Cariari en Moín

  • Cortaron 1399 árboles y afectaron 88,16 hectáreas de humedales
  • Se habría transgredido la Convención Ramsar

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin3

La semana pasada se denunció el alto costo y posible tráfico de influencias en la construcción de la Ruta 257 hacia la megaterminal de Moín, pero este sobrecosto fue justificado por el Gobierno como recursos necesarios para la supuesta protección del Humedal Cariari, que en todo caso nunca debió haberse puesto en peligro puesto que se pudieron haber usado otros accesos más baratos o con menos impactos, incluso la calle pública a Moín.

FECON ha sostenido que para reducir el humedal habría sido necesario que existiera una ley especial y no un decreto de interés nacional (N° 38172 -MINAE-MOPT) sin mayor análisis, como lo hicieron en este caso. Para la construcción de esta ruta, según el SINAC, se afectan 88,16 hectáreas de humedales, de las que 69 son del Humedal Nacional Cariari, Patrimonio Natural del Estado (SINAC –GASP-320-13).

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin

Este criterio fue compartido por los abogados de SETENA pues consideraron que el proyecto significa la mutilación del área protegida, requiriendo de una ley especial hecha con base en la ley forestal y estudios técnicos que justifiquen esta reducción. Todos estos criterios fueron obviados por los responsables de SETENA y la administración del MINAE del anterior gobierno y fue avalado por la actual administración.

El especialista en impacto ambiental y ex director de SETENA Allan Astorga-Gättgens, se cuestiona porqué el costo tan alto si la carretera ya está trazada en lastre y está en uso hace casi dos años y agrega que «si se dice que es dinero para disminuir el daño ambiental, hay que decir que, lamentablemente, el daño (irreversible) ya fue hecho desde que se metieron los tractores en el humedal Cariari y se hizo el trazo de la vía». Además para Astorga «una simple vista a la imagen de Google Earth para esa zona deja ver, con claridad, que había otras alternativas, menos impactantes para el ambiente y posiblemente más barata».

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin2

En abril de 2014 el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) rechazó la medida cautelar que ordenaba al Servicio Nacional de Conservación (SINAC) del Minae, no autorizar la tala de árboles en el Humedal Cariari, una de las razones fue que se construiría con medidas ambientales para evitar el daño ambiental. Esto no sucedió, como es visible se hizo una calle en lastre sin el mayor cuidado y partiendo en dos el humedal mediante la carretera y significó al menos la tala de 1399 árboles, según la SETENA.

En diciembre del 2013 la SETENA denegó la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto presentado por el CONAVI, y le solicitó un anexo al EIA. En esa resolución aducía que la ruta “se desarrolla en un área de cobertura boscosa importante, por lo que los impactos del proyecto sobre esta son de importancia alta, pues será necesaria la tala de árboles en el derecho de vía”, sin embargo de manera casi automática en febrero del 2014 la SETENA aprobó la viabilidad ambiental al proyecto.

Ruta destruye hectareas de Humedal Cariari en Moin4

El Humedal Cariari tiene una extensión de 786 hectáreas y fue creado por vía de decreto en 1994 (N° 23253 -MIRENEM). Este abarca desde la desembocadura del Río Moín en la Bahía Moín y el límite del Parque Nacional Tortuguero. La zona contiene una gran riqueza marina y valiosos ecosistemas que conforman el humedal Caribe Norte.

Sobre el mismo Humedal a escasos metros de la carretera, se rechazó al proyecto de Marina Moín. La Procuraduría General de la República resolvió la nulidad absoluta contra la Marina de Moín porque la viabilidad otorgada por SETENA afectaría el Humedal Cariari (resolución C-161-2013); al ser una zona protegida contravendría lo dispuesto por la Convención Ramsar, así como lo contemplado en la Ley Orgánica del Ambiente y la Ley Forestal, entre otras normas.

El humedal además recibe un impacto quizás irreversible durante la etapa de construcción por los casi 200 camiones diarios, que por 24 meses en promedio, ingresarán por esta carretera por los 137.000 viajes de transporte de material para el relleno del puerto. Una vez que el proyecto entre en operación, este impacto continuaría con cientos de contenedores diarios, además de que las áreas de protección del humedal y la playa de Moín se terminarían convirtiendo en zonas de comercios y servicios. Además del megapuerto, esta carretera facilitará unos 9 megaproyectos por más de 4983.3 millones de dólares que se planifican o se amplían en Moín (Ver más).

*Para más información consultar con Mauricio Alvarez M, presidente FECON.

 

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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MAG: enemigo del ambiente 2014-2016

Para la FECON en el mes del ambiente hubiésemos querido destacar lo positivo del gobierno del cambio, pero lo cierto es que pesa más en la balanza poner en evidencia el maquillaje verde que predomina.

Toca señalar que en estos dos años de gobierno, la gestión del Ministro de Agricultura ha sido enemiga del ambiente y de los intereses del país, tanto que sería mejor llamarle “Ministro de la Agroindustria Transnacional” en el tanto que:

El MAG ha buscado desregular, aún más, el registro de agroquímicos, incluso tratando de excluir al Ministerio de Salud y MINAE. Ha sido una constante en su gestión, a pesar de la violencia contra las comunidades y la naturaleza intrínseca a estos modelos de agroindustria «siguen casados» con sus cámaras. En este lamentable matrimonio «secuestraron» la posibilidad de tener una nueva ley del agua y su recompensa es ser descalificados públicamente (Diario Extra, 4-5-2016)

Como si no fuéramos el país que más consume plaguicidas en el mundo, este ministro firmó el Decreto N° 39461 que facilita, aún más, la importación de agroquímicos y su formulación en suelo nacional para ser exportados. Este negociazo aprobado a mediados de febrero, nos podría convertir en una fábrica de venenos para exportar con todos los riesgos que esto implica, tal y como ya sucedió con el desastre de FERTICA (FECON, 4-5-16) y para rematar, en un régimen de zona franca, sin exigir mayor pago de impuestos, todo esto ¡en plena crisis fiscal!

MAG y SENARA trabajan bajo la “ilógica” que considera que el agua que llega al mar es un desperdicio (ver la Diarioextra.com, 20-7-16 y larepublica.net 10-3-2016) y parten de la obsoleta premisa del agua como recurso inagotable, mientras que hasta niños y niños en la escuela saben que es un error superado de la ciencia occidental (porque nuestros pueblos originarios sí han tenido más claro los principios del ciclo hidrológico y el cuido del agua desde hace miles de años), pero parece que nuestros jerarcas reprobarían la primaria del siglo XXI, ¿sabrán que la tierra es redonda? Así, el papel de estas instituciones, en lugar de solucionar, han propiciado conflictos socio-ambientales cuando por ejemplo han promovido y ejecutado cuestionados proyectos de riego que no cuentan con suficientes estudios ni mayor participación o fiscalización ciudadana, poniendo en riesgo la naturaleza y comunidades enteras que dependen de ella. Tal es el caso de los conflictos en Guacimal , Santa Rosa y Aranjuecito de Puntarenas. Se suman a este modelo de saqueo desenfrenado para beneficio de la agroindustria, los casos del Río Tempisque y otros ríos, «sobreconcesionados» en el tanto se ha autorizado la extracción de agua más allá del nivel del su caudal, es decir se legaliza la posibilidad de secarlos, al no partir de la realidad del caudal actual de estas cuencas, pasando por encima de los usos prioritarios como el agua para el consumo y la vida misma del río. En el Río Lagarto se ha concesionado el 120% de su caudal para riego de piña, algodón transgénico y pastos para ganadería y en el caso del Río Guacimal su concesión alcanza el 125%, ambos son fuentes directas de acueductos comunales (FECON, 25-5-16).

Pero el caso de Guacimal no queda ahí, tanto el Ministro como SENARA, han actuado bajo la lógica de la persecución y han irrespetado la autonomía universitaria.Ambas instituciones enviaron cartas y realizaron una llamada a la Vicerrectoría de Acción Social de la Universidad de Costa Rica acusando al Programa Kioscos Socio Ambientales de realizar acciones “belicosas” y “parar obras» de un proyecto de riego en Guacimal de Puntarenas, que en realidad había sido suspendido por la Sala IV en dos ocasiones por ilegalidades(Semanario Universidad,14-3-16). Estos actos abonan a la criminalización de la acción socio ambiental y persecución de quienes abogan por el ambiente en nuestro país. Resulta desconcertante que, en 8 años que tiene este programa, sea la primera vez que recibe presiones de instituciones públicas, justo en esta administración de discurso progresista y con jerarcas que vienen de la academia.

Como si fuera poco, en la provincia de Guanacaste están proliferando los pozos ilegales, el desperdicio y más «sobreconcesiones» para la agroindustria. SENARA está tratando de cercenar 115 hectáreas que pertenecen a la Reserva Lomas de Barbudal, para hacer el embalse Río Piedras y seguir el mismo modelo de ineficiencia y de injusticia hídrica para beneficiar a los mismos de siempre y seguir con el «mal desarrollo» que aumenta día con día la pobreza, el despojo y la expulsión de sus habitantes.

En lugar de honrar los compromisos del Gobierno de decretar la moratoria al cultivo extensivo de la piña ( PACto Ambiental en Acciones Estratégicas en Seguridad Ambiental” pág.3 y 13 y “Posición Gestión Integrada del Recurso Hídrico”) el MAG se ha convertido en su principal promotor de nuevos mercados en como China (Diarioextra.com, 20-9-14) al punto de cesar a Francisco Dall’Anese, exdirector del Servicio Fitosanitario del Estado, con tal de eliminar cualquier obstáculo al negocio de la agroindustria piñera transnacional, cuyas millonarias ganancias no se quedan en el país y se dan a expensas de 12 mil personas tomando agua con sus agrovenenos, excepciones de impuestos y morosidad millonaria con la CCSS. Mientras, los campesinos son presa de la «asistencia técnica» de las transnacionales de agrovenenos, y el ministro además de concederle a los piñeros la cabeza de Dall’Anese, les ofreció nuevos inspectores y asistencia a este sector caracterizado por hacer lo que les da la gana con las leyes, el ambiente y los derechos de las comunidades. Todo esto con el apoyo del MAG que, en lugar de hacerlos cumplir la ley, anima una “Certificación Voluntaria de Buenas Prácticas Agrícolas” que son manuales de fantasías y ¿buenas? intenciones para no hacer nada.

El incumplimiento de las promesas de campaña no acaba, en el caso de los transgénicos, el ministro del MAG ha incumplido los dos acuerdos que firmó, con su puño y letra en campaña (¿su palabra no vale?). Por un lado, ha irrespetado los acuerdos municipales de rechazo a los cultivos transgénicos en sus territorios, por ejemplo en Chomes de Puntarenas se ha seguido cultivando algodón genéticamente modificado estos dos años, a pesar de su declaratoria libre de transgénicos. De igual manera se ha incumplido la promesa de un decreto ejecutivo para etiquetar alimentos con transgénicos. Además, representantes del MINAE y del MAG (entre ellos Dall’Anese que trabajó para la empresa DowAgrosciences) votaron a favor del cultivo de algodón transgénico por parte de DowAgrosciences. ¿Será que debió abstenerse el señor Dall’Anese de votar a favor de una transnacional con la cual trabajó?¿Será que tiene su espacio asegurado en Dow?. Además, lo hizo sin corregir el reglamento que permite las autorizaciones sobre transgénicos y que fue declarado parcialmente inconstitucional, un reglamento que el mismo ministro cuestionó en el caso de maíz transgénico, eso sí cuando era funcionario universitario.

El MAG es responsable de las llamadas quemas agrícolas controladas (QAC), autorizadas principalmente para monocultivo de caña, que generan gran impacto en la salud por contaminación con dioxinas y furanos de alto potencial cancerígeno. Pero resulta que las QAC sí se pueden salir de control y provocan incendios forestales, este año 45 mil hectáreas fueron consumidas por el fuego, más de 4 mil fueron en áreas silvestres protegidas y la mayoría de estos desastres han sido en cantones cañeros. El MAG en lugar de apoyar las alternativas a la quema, año con año otorga los permisos para beneficiar a los grandes ingenios azucareros. Queda en evidencia una vez más, como sigue pesando más el beneficio de los intereses comerciales de unos pocos sobre la salud pública y bienestar ambiental. Mientras el MAG provoca incendios, el MINAE con pocos recursos los trata de controlar y el sistema de salud trata de atender las enfermedades bronco-respiratorias de cientos de comunidades afectadas, en medio de la implemente y recrudecida época seca guanacasteca.

En 6 años pasamos del puesto 35 en 2011 a 130 a nivel mundial en 2016 en el índice de Salud de los Océanos, y mientras descendemos 95 puestos, el MAG por medio de INCOPESCA es responsable de burlar el principio precautorio y ponernos en vergüenza mundial por la exportación de aletas de tiburón, y como si faltara más hoy se insiste en un proyecto de pesca de camarón por arrastre que terminará con acabar, con el fondo marino y su diversidad (FECON,11-3-16). En INCOPESCA no ha habido asomo de ninguna reforma integral de esta institución, que es incapaz de hacer una buena gestión del mar, como reconoce el MAG ante sus propias limitaciones para controlar la pesca de palangre, incumpliendo el decreto 38681 y siguen alcahueteando la pesca ilegal en la Isla del Coco (FECON, 11-3-15) El ministro del MAG es el responsable político de la exportación de la aleta de tiburón, acción por la cual debería compartir el “galardón” de enemigo mundial del tiburón junto con el Presidente Solís ( FECON, 23-11-15)

Como si no hubiesen problemas fuera de las áreas protegidas, hoy el monocultivo de la palma ocupa cientos de hectáreas de humedales dentro del Refugio de Vida Silvestre Barra del Colorado, bajo políticas de incentivo a la agroindustria de exportación, que significa el 60% de la producción nacional según la FAO (2012) lo cual ya de por sí pone en peligro nuestra soberanía alimentaria (FECON, 13-2-16).

El MAG está a favor de la privatización de las semillas. Así como quiso imponer una ley de semillas a la medida de las transnacionales(FECON,10-8-15), proyecto de 2008 hecho en función del TLC-EEUU cuya agenda de implementación favorece la privatización de las semillas(FECON,27-8-15), hoy celebra en el Informe del Presidente de la República y Ministros, (Tomo I, Pág. 19) que en la Oficina Nacional de Semillas (ONS), se otorgaron tres derechos de obtentor en el marco de la Ley de Obtenciones Vegetales, N°8631. Esta ley fue aprobada con total oposición del movimiento ecologista y miles de firmas solicitando un referendo. Otorgar Derechos de Obtentor, es privatizar las semillas.

Como no dejar de señalar la incapacidad de revertir las políticas que siguen poniendo en riesgo la seguridad y soberanía alimentarias donde ya la mayoría de granos son importados, tal es el caso de la totalidad del maíz amarillo, que además en su mayoría es transgénico, o el caso de los frijoles importados de China. Es el colmo del sinsentido que en el país de «los labriegos sencillos» se tenga en crisis a los frijoleros que año con año ven como se llenan nuestros mercados con frijoles asiáticos más baratos y de menor calidad.

Así, los hechos señalados en este recuento nos hablan de una gestión del MAG que no ha sido cambio sino continuismo de la anterior administración, pero peor aún, con un ministerio cerrado herméticamente sin el menor interés de participación o rendición de cuentas.

Por todo lo anterior, FECON señala la gestión del Ministro del MAG como anti ambiental, sin participación ciudadana y sin cumplir sus compromisos adquiridos en campaña política.

Además, FECON apunta el franco retroceso ambiental de las decisiones gubernamentales y por su sistemática acción contra la naturaleza, lo declara enemigo del ambiente 2014 – 2016 y solicita replantear su proyecto político.

Si bien pareciera imposible detener la inercia de un modelo agroexportador que supera nuestras fronteras, que impone un comercio transnacional extractivo a un país sumamente dependiente, el MAG tiene el apoyo de todo un país ecologista si toma decisiones valientes cuya meta sea dinamizar nuestra economía protegiendo nuestra seguridad alimentaria con base en el estímulo de nuestra agricultura y comercio justo y local, y para esto no hay otra vía posible que no implique poner en valor, en todas sus dimensiones, la salud ambiental del país, la verdadera esencia de este país y si se quiere ver desde una óptica mercantilista, nuestra verdadera gallina de los huevos de oro. Quedan dos años para revertir y aprovechar esta oportunidad, talvez la única.

 

*Imagen con fines ilustrativos tomada del video Río Acapulco seco por proyecto de riego en Puntarenas.

Enviado a SURCOS Digital por FECON.

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Decreto sobre coincineración reaviva debate sobre el manejo de los residuos

Katzy O`neal Coto,

Periodista Oficina de Divulgación e Información

Decreto sobre coincineración reaviva debate sobre el manejo de los residuos
Durante la Jornada ciudadana contra la incineración de residuos se recolectaron residuos reciclables como papel, cartón y botellas plásticas (foto Rafael León).

El decreto 13936-S MINAE emitido por el gobierno para establecer requisitos de operación y límites máximos de emisión para las instalaciones de coincineración de residuos sólidos ordinarios en el país ha levantado la polémica nuevamente sobre el uso de esta tecnología en suelo costarricense.

Más de 40 organizaciones, entre las que se cuenta la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica (FEUCR), han denunciado que dicho decreto permite la incineración de residuos sólidos en el país, lo cual produciría impactos negativos ambientales, sociales y en la salud.

El decreto publicado el 1° de setiembre en La Gaceta y firmado por el Presidente Luis Guillermo Solís, el Ministro de Ambiente Edgar Gutiérrez y el Ministro de Salud Fernando Llorca establece que la incineración debe considerarse como la última opción.

Opción controversial

La Ley N° 8839 “Ley para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos”, publicada en 2010 permite el uso de esta tecnología de tratamiento térmico para la generación de energía a partir de residuos sólidos. Cinco años después, no existía ningún tipo de regulación que estableciera los requisitos de operación de las empresas dedicadas a este servicio en el país.

En 2014 el gobierno establece una moratoria mientras se preparaba un reglamento que regule esta actividad. “Es un reglamento sumamente riguroso y estricto y el mismo reitera lo que dice la ley, que únicamente se puede utilizar el tratamiento térmico para aquello que ya no tiene valor o utilidad” señala el jerarca.

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Los grupos ecologistas se ubicaron frente a Casa Presidencial para proponer soluciones al problema de la basura como el compostaje y el reciclaje (foto Rafael León).

Según el decreto la incineración debe ser la última opción, una vez cumplida la jerarquización en la gestión integral de los residuos establecida en el artículo 4 de la Ley N° 8839. El ministro Gutiérrez insiste en que el uso de la coincineración queda totalmente subordinada a la jerarquización de residuos sólidos que establece la ley que llama a reciclar, reutilizar y reducir los residuos sólidos en las casas.

Para los grupos ecologistas el decreto más bien viene a legalizar y alentar la implementación de esta técnica en el país por parte de varias municipalidades que hacen presión para implementar esta tecnología en sus cantones.

Andrés Díaz, representante de la Comisión de Asuntos Ambientales de la FEUCR, señala que actualmente la mayoría de las municipalidades no cumplen con la Ley, por eso ven con recelo que se cumpla lo que dice el decreto en cuanto a considerar la coincineración como última opción.

Los riesgos

La coincineración es un tratamiento térmico de residuos con recuperación de calor producido por la combustión. Existen diferentes procesos de tratamiento térmico, como la incineración por oxidación de residuos, la pirolisis que permite la descomposición térmica de la materia orgánica, la gasificación o el proceso de plasma.

Con esta tecnología las municipalidades podrían deshacerse de aquellos residuos domésticos generados en las viviendas y en cualquier otra fuente, que no puedan ser valorizables, es decir, aquellos que no pueden ser reciclados o aprovechados para la creación de nuevos materiales.

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El estudiante Andrés Díaz asegura que la solución al problema de la basura es la educación para el reciclaje, el compostaje y el rechazo hacia el consumismo (foto Rafael León).

Uno de los puntos de mayor preocupación para las organizaciones sociales es que estos procesos generan gases contaminantes como dioxinas, furanos y metales pesados que son altamente peligrosos. Además de que trasforma los residuos en cenizas y escorias tóxicas.

El regente Químico de la UCR, M.Sc. Ariel Alfaro, comparte ciertas preocupaciones en cuanto a la aplicación de esta técnica en Costa Rica “hay que ver que se hace con las cenizas, que están mucho más concentradas de contaminantes que el producto original, bien controlado si se puede tener, pero el problema es que los controles deben sur muy estrictos”.

Tanto los grupos sociales como el Ministro de Ambiente coinciden en que uno de los riesgos es que la coincineración utilizada para generar electricidad requiere grandes cantidades de material, lo cual incita al aumento de la producción de basura en lugar de reducirla. En caso de que no se cumplan las cuotas pactadas con las empresas los municipios podrán verse obligados a pagar multas o incluso a traer basura de otros lugares e incluso importarla.

El Ministro de Ambiente Edgar Gutiérrez también ha expresado que esta tecnología no es una opción viable para el país por ser demasiado cara.

Jornada ciudadana

El pasado martes 9 de setiembre los grupos ecologistas llevaron a cabo una Jornada de acción ciudadana contra la incineración de residuos frente a Casa Presidencial para denunciar y proponer alternativas.

Decreto sobre coincineración reaviva debate sobre el manejo de los residuos4
Muchas personas se acercaron a Gina Borrero de Compostaje Doméstico Ecolur para aprender cómo hacer composteras en sus hogares (foto Rafael León).

La activista y ex presidenta de la FEUCR Eva Carazo señala que además de la emisión de gases contaminantes la coincineración tiene un problema de fondo “nos impide mirar los patrones de producción y de consumo que estamos implementando como sociedad, genera una salida ´fácil` que es dárselos a una empresa para que los queme”.

En esta jornada promovieron el rechazo en el consumo, la valorización de residuos y reciclaje, el compostaje y producción de abonos a orgánicos como alternativas que deben implementarse en todos los cantones y hogares costarricenses.

Al respecto, Andrea Da Cruz, estudiante de gestión ambiental de la UNA e integrante del grupo Hacia basura cero Costa Rica, dijo que esta jornada busca concientizar y sensibilizar a la población sobre mejores prácticas de gestión de los residuos “la idea es enfocarse en reducir el consumo, reutilizar, reciclar y la idea es que todo vuelva a su ciclo normal”.

Responsabilidad

El tema de la coincineración de residuos sólidos se viene discutiendo en el país desde hace varios años. Algunas municipalidades han presionado para implementar esta tecnología como una solución para eliminar la basura que se produce en sus cantones.

¿De quién es la responsabilidad? En el debate actual, mientras los ecologistas y algunos diputados señalan al gobierno por levantar la moratoria y emitir el decreto que regula esta actividad, el Ministro de Ambiente señala como responsable a la Asamblea Legislativa donde se aprobó la Ley que permite su uso.

Los ecologistas insisten en que se obligue a las municipalidades a cumplir con la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, se fortalezca la educación ambiental y los programas de reciclaje y e compostaje de residuos biodegradables en todas las comunidades.

En última instancia ambos señalan que la responsabilidad también es de cada familia y cada ciudadano que debe cambiar sus patrones de consumo y comprometerse a reducir, reutilizar, reciclar y compostar.

 

Información tomada de: http://www.ucr.ac.cr/

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