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Etiqueta: MINAE

La comparecencia de CONCEVERDE: el reconocimiento y recuperación de los terrenos de la Ley No.65

El día 1 de marzo la Comisión Heredia de diputados realizó la invitación a CONCEVERDE y a representantes de YARCA RED AMBIENTAL DE HEREDIA a comparecer sobre el tema de la Ley No. 65 de 1888 respecto a su importancia para el recurso hídrico del Valle Central, que se realizó el 6 de marzo a las 8:00 am.

Como ha quedado en evidencia, aún permanece un incumplimiento en la recuperación los terrenos, la cual debía realizarse en un período de 7 meses, que se encuentran físicamente inscritos dentro de los límites de la Ley No.65 del 20 de julio de 1888, siendo parte de una de las órdenes de la Sala IV del 5 de agosto del 2008 a quien preside como ministro de Ambiente y Energía.

Por ello, desde CONCEVERDE asistieron a ese espacio de diálogo con congresistas para dar marcha a la recuperación de los terrenos de la zona inalienable, lo que corresponde en base a la misma Ley 65 y a una orden de la Sala Cuarta de agosto del 2008. 

Es importante recalcar que a la fecha, más de 14 años de la sentencia judicial, no se ha recuperado ningún terreno, ya que desde hace más de una década el MINAE esquiva la promulgación y acción de estudios de expedientes de antecedentes de los asientos registrales, en consecuencia, no se concluye ninguna recuperación. Además de lo anterior, hay un amparo en estudio en la Sala Cuarta que no se ha resuelto. Asimismo, un incidente de desobediencia contra el ministro de Ambiente. 

Por otra parte, para mantener esta discusión en la cual se politice el tema y se adjunten las obligaciones del Ministerio en el tema se propuso la moción y se aprobó por unanimidad de diputados de la Comisión, para que se cite al ministro del MINAE y a todos los alcaldes de los cantones donde se encuentra la zona inalienable.

“Apoyamos la prohibición del Clorotalonil” dice la Dirección de Gestión de Calidad Ambiental del MINAE

• El Clorotalonil está prohibido en 32 países por contaminar agua y por ser considerado cancerígeno.

(7 de marzo 2023) Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) del Ministerio de Ambiente y Energía es la instancia responsable de evaluar en términos ambientales los plaguicidas en Costa Rica. La DIGECA junto al Ministerio de Salud y el Ministerio de Agricultura y Ganadería son quienes tiene la potestad de prohibir sustancias consideradas altamente perjudiciales.

En el oficio DIGECA-143-2023 esa importante instancia señala que: “De nuestra parte, apoyamos la prohibición del Clorotalonil y el fortalecimiento de la capacidad analítica del país, aún más, conociendo que la situación de contaminación de nacientes por plaguicidas que se presenta en las ASADAS de la comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago se ha presentado en otras zonas del país como en Palmira de Zarcero, Siquirres, Pital y Aguas Zarcas de San Carlos y Río Cuarto, y que la respuesta del Estado sigue siendo poco impactante en la solución del problema de contaminación de nacientes y aguas superficiales por plaguicidas.”

DIGECA se suma así a las exigencias de las comunidad de Cipreses de Oreamuno de Cartago que sufre la contaminación del agua por metabolitos del Clorotalonil en su agua. Este criterio técnico se suma al del Ministerio de Salud, el cual ha girado la Orden Sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-0087-2022, en el cual ordenó al AyA brindar agua por medio de camiones cisterna a la comunidad de más de 5.000 personas de los cantones de Oreamuno y Alvarado.

Adicionalmente la DIGECA a recomendado a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería: “Que el SFE como autoridad competente en la gestión del uso de agroquímicos desarrolle un plan de acción para velar por el uso seguro del Clorotalonil en la zona afectada en busca de una remediación del problema de contaminación de aguas con este fungicida, el cual cuente con las acciones específicas, los respectivos indicadores que demuestren que se reduce la afectación de la población y los recursos necesarios para su ejecución. En caso contrario, proceder con el proceso de prohibición del uso de los productos que contienen Clorotalonil, siguiendo los pasos de la Unión Europea donde no se ha renovado su registro debido a que los usos propuestos han evidenciado riesgos para la salud humana y el ambiente.” Según consta en su informe técnico brindado al Despacho del diputado Ariel Robles Barrantes.

La presencia de metabolitos el Clorotalonil en el agua de Cipreses de Oreamuno ha sobrepasado en 240 veces lo permitido por la ley en Costa Rica según el último análisis publicado en enero de 2023 por el Instituto Regional en Sustancias Tóxicas (IRET) de la Universidad Nacional y avalado por el Laboratorio Nacional de Aguas del Ministerio de Salud. El Clorotalonil es un fungicida ampliamente utilizado en el país prohibido en la Unión Europea, Suiza, Reino Unido, Palestina y Arabia Saudita, cancelado en Colombia. Es considerado por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) como cancerígeno.

Red de Coordinación en Biodiversidad

Sin caras y sin vergüenzas mienten a la nación

Juan Francisco Campos
Febrero 20, 2022

El pasado 8 de febrero 2023, durante la habitual conferencia de prensa semanal por parte del gobierno, en el segundo anuncio titulado “simplificación de trámites en materia ambiental”, fueron presentados junto al presidente de la República Rodrigo Chaves Robles, los ministros de gobierno Frank Tattenbak Capra (MINAE) y Francisco Gamboa Soto (MEIC), el presidente del CFIA Marco Antonio Zúñiga Montero y el secretario de la Setena Ulises Álvarez Acosta. También, se mencionó el acompañamiento de representantes de la Cámara Costarricense de la Construcción1.

Si bien la materia ambiental es amplia y compleja como graves son los problemas y daños ambientales que padecen nuestro país y el Planeta, el espacio divulgativo, se limitó a lo que describieron como el “cuello de botella número 92” que este gobierno despescueza con el protagonismo “maestro” del señor Francisco Gamboa; según referencias del propio presidente. Sin embargo, el titular del MINAE ocupó su intervención para llenar de elogios al secretario Álvarez por la tarea cumplida; aunque no se supo bajo cuáles sustentaciones técnicas y/o legales, pues durante el evento, su participación fue muda, máximo que, ni a los representantes de la prensa los interpeló el tema. Tal vez extraño, porque de los cinco protagonistas, este señor era el único supuesto experto en la materia de la Institución que dirige, y a cuya función esencial a través de los expedientes que tramita, dieron a conocer que con la decisión tomada le eliminaron el 65%. Para ellos quizás un “pequeño detalle” pero suficiente para la felicidad manifestada, no obstante, aparte del daño ambiental que induce en el país, vale preguntarnos por las repercusiones que tendrá esta decisión política a corto plazo para los aproximadamente 90 funcionarios de Setena. O sobre los miles de consultores ambientales con credenciales para el desempeño profesional acreditado por esta Institución2.

Pero así fue, el señor Álvarez Acosta no expuso absolutamente ningún sustento técnico ni por parte de sus superiores hubo interés de que lo hiciera, su silencio no se interrumpió ni para corregir las incongruencias discursivas de los acompañantes, si es que su experticia en Evaluación de Impacto Ambiental es consecuente con el puesto que ostenta; por lo tanto, es evidente que fungió como un cómplice más de las mentiras expuestas por ignorancia o mala fe.

Al escribir estas reflexiones, no conocemos todavía la publicación y obvio contenido total del Decreto Ejecutivo anunciado e informado luego por Setena3, acerca de estas nuevas reformas que, por las vísperas evidencian la misma regresividad de las más recientes modificaciones parciales conocidas. Se especula si podrá ser el decreto DAJ-D-008-2018 No. 41132-MINAE que firmara el presidente Solís el 02/05/2018 pero que nunca se llegó a publicar; el generado aparentemente después por el gobierno siguiente titulado “Reforma Integral de 31849-SETENA” con fecha 25/05/2021; reformas o más bien derogaciones consistentemente rechazadas por CONARE4, o en su defecto, “otro más avanzado” acerca de la derogación definitiva del hasta ahora vigente. Es decir, la base de este análisis alude principalmente el vulgar discurso de lo que se atrevieron a decir y repetir los conferenciantes:

1.“Que el Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental es un manual de tortura de la santa inquisición”. Vulgar descalificación, pues este Reglamento de Ley (D.E. 31849-2004)5 y Manuales con sus anexos y reformas consecutivas anteriores al año 2013, fue elaborado por profesionales de diferentes especialidades y demostrada calificación científica. Está escrito y demostrado que, contó con una amplia participación pública e institucional, así como de los señalamientos precisos y certeros de la Acción de Inconstitucionalidad resuelta mediante Sentencia No.1220-2002 del 06 de febrero de 20026, por parte del más alto Tribunal de este país. También se tomaron en cuenta disposiciones técnicas internacionales, y todo esto, a pesar de la oposición permanente de sectores empresariales nacionales como la Cámara de la Construcción. En consecuencia, ningún ciudadano honrado de nuestra Nación, puede ni debe llegar a tales extremos de bajeza contra esta normativa de tanta trascendencia y sensibilidad. Es notable que se acude a la ridiculización para destruir o en este caso, eliminar algo en lo que carecen de argumentos técnicos y científicos para llevar a cabo. Conducta sin duda alguna consonante con la oposición gubernamental y mismos sectores empresariales contra la ratificación del Acuerdo de Escazú7,8. Dos acciones contundentes y reveladoras de la contra política ambiental de los usurpadores de los poderes del Estado.

  1. “Que se trata de un modelo de escritorio”. Quienes esto han dicho y repiten, entre ellos el secretario de la institución9, parecen confirmar que, nunca lo han leído y mucho menos analizado integralmente y con conocimientos profesionales previos. Pues nadie puede negar que dicho Reglamento General, es parte sobresaliente del bloque de legalidad ambiental que ha dado o dio prestigio internacional a Costa Rica durante años y que, por ejemplo, entre conceptos y definiciones, también comprende un Manual de Procedimientos e Instrumentos Técnicos para el desempeño multidisciplinario tanto en el terreno como en oficina. De manera que, para el cumplimiento cabal e integral de lo que estos señores llaman “modelo de escritorio”, más bien, lo que rige es una transversalización de las fases de campo y oficina en todo el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, obras o actividades. Es decir, si este instrumento verdaderamente interactivo, no ha cumplido la mejor función para la que fue creado, no ha sido por las debilidades que suponen corregir; sino, por las debilidades y desviaciones de quienes lo han administrado, justificando reiteradamente que no es necesaria la inspección de campo. Ejemplo: “Habiendo revisado la información contenida en el expediente administrativo D1-0731-2022-SETENA, y analizado la ubicación del proyecto según informe emitido por el área de Geografía, cumpliendo de esta manera con lo establecido en el Decreto Ejecutivo No 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC y sus modificaciones, el Departamento de Evaluación Ambiental determinó no realizar la inspección”.Entre los elementos adicionales justificantes de tal decisión se contempla “El contar con un registro fotográfico del área de proyecto”.

3.”65% de proyectos de bajo impacto ambiental que ingresan a Setena ya no requerirán viabilidad”. Del Reglamento inicialmente citado y que asumimos todavía vigente, pues como se ha dicho antes aún no se conoce publicación de su derogación total ni parcial, el Anexo 2 comprende un listado de los proyectos, obras o actividades que deben cumplir el proceso evaluativo. Todos están clasificados y categorizados únicamente en alto (A), moderado (B) y bajo impacto ambiental potencial (C); así mismo, definidos los instrumentos o documentos de evaluación que les corresponde aplicar para obtener la Viabilidad Ambiental. Los de bajo impacto ambiental debían utilizar el documento de dos (D2) para cumplir con el proceso de la Evaluación de Impacto Ambiental, obviamente proporcional a su condición respecto a los otros. Pero, aunque esta disposición reglamentaria no siempre fue administrada cabalmente por la Setena, se mantuvo vigente hasta el año 2019 cuando el presidente Alvarado y su esposa, promulgaron el decreto ejecutivo No. 41815-2019-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC (05/07/2019)10 que derogó el otorgamiento de la Viabilidad Ambiental correspondiente.  Se dijo entonces que los trámites en la Setena disminuirían un 54 %, se ahorraría mucho dinero y se reactivaría la economía del país. A partir de ese momento, con el mismo D2, se dio lugar a una figura de laxo formato y contenido que llamaron “Registro (permiso) Ambiental”; un proceso de corta duración el cual “… finalizará con una notificación electrónica indicando, número de permiso ambiental emitido al registro…”, no comprende firma de responsable alguno, no especifica tiempo de vigencia y tampoco establece instrumentos para el control y seguimiento. (Ver Artículos 1, 9, 12 y 13 de este Decreto). En dicho orden, es claro que, hace más de tres años la Setena se desligó parcialmente de otorgar licencias ambientales, y a cambio otorgar también permisos ambientales. Hasta la fecha abarcan miles de proyectos, obras o actividades de disímiles características, excluidos y por ende construidos sin Viabilidad Ambiental con la justificante de que se categorizan de bajo impacto ambiental como: Centros de Salud tipo EBAIS, Centros policiales cantonales, Líneas de transmisión y distribución eléctrica, Estaciones de trasporte público de personas, Concesiones de agua, Gimnasios, etc. (Ejs:  R. A. D2-0060-2020-R, P.A. D2-0532-2020, R. A. D2-0750-2020-SETENA, R.A. D2-0876-2022 SETENA)11. Tómese en cuenta que, la categorización y clasificación de los proyectos, nunca se diseñó para excluir, sino para adecuar y garantizar la proporcionalidad en la aplicación de la herramienta de Evaluación de Impacto Ambiental.

  1. “Que proyectos pequeños no agregan valor”. Los conceptos y visiones económicas representadas por los conferenciantes, quienes en las regulaciones ambientales no ven más que obstáculos a sus políticas de crecimiento; por regla general no son compatibles con el desarrollo ambientalmente sostenible, así hayan repetido y repitan por siempre que, la protección del ambiente lo llevan en su ADN. El máximo y verdadero valor de los recursos naturales y sobre todo bajo las condiciones del presente, exige en Costa Rica y el mundo una actuación humana realista como bien plantea el Papa Francisco en su encíclica Laudato si12. Y esto es de compromiso con el todo y con todos, lo cual, permita superar la tecnocracia impulsada por estos economicistas, cuyo antropocentrismo moderno ilusoriamente supone que los bienes sólo adquieren valor en la medida en que su explotación satisface las demandas del mercado; olvidando o negando que, tales bienes (recursos naturales) por sí mismo poseen valor intrínseco al margen de dimensiones cuantitativas y de mercado.
  2. Que “para estornudar, remodelar una casita humilde y poner una barbería, había que presentar estudio de impacto ambiental de la Setena.” Desde que se promulgó el Reglamento General de Evaluación de Impacto Ambiental y su Manuel en el año 2004 y posteriores reformas, nunca se estableció que actividades u obras como estas, tenían que presentar algún trámite de impacto ambiental ante esa institución. En los Anexos 1, 2 y 3 puede verificarse cuáles sí lo requieren o requerían.
  3. “Venimos trabajando en esto desde el inicio de la administración, no es fácil…”. “Don Ulises Álvarez es quien ha tenido que llevar el fuerte de esta reforma de fondo.” Como ya se ha dicho, la Viabilidad Ambiental a proyectos de bajo impacto ambiental fue derogada en el año 2019 durante la administración Alvarado y la reforma de fondo o derogación planteada sobre el Reglamento y que, aparentemente es la que ahora está por ejecutarse su puesta en vigencia, fue elaborada durante la administración Solís.
  4. “Que con la reforma por ellos trabajada y que pondrán a regir próximamente, cada proyecto de bajo impacto ambiental que ya no tendrá que ir a la Setena, evitará un costo entre 180.000 y 300.000 colones”. Ni cuando se tramitaba Viabilidad Ambiental a dichos proyectos, obras o actividades con el uso del D2, ni cuando posteriormente se sustituyó por un registro (permiso) ambiental; su costo para el usuario nunca ascendió a la suma mínima señalada de 180.000 colones. Pues no demandaba estudios técnicos, no ocupaba pago de consultor ambiental y la única obligación en este sentido, era pagar el equivalente de 60 dólares por concepto de uso del D2 e igualmente, algo así como leer más que usar el Código de Buenas Prácticas Ambientales, pues al usuario nunca se le entrega ejemplar alguno.
  5. “Establecer con más claridad los controles de obras es fundamental, eso nos lleva al principio de seguridad jurídica”. Este principio no se garantiza con la derogación de una obligación reglamentaria legalmente constituida y consolidada, en cuanto a los requerimientos de la evaluación de impacto ambiental para los proyectos aquí señalados. Por lo tanto, la disposición en marcha que acabará hasta con el registro (permiso), violenta dicho principio, tanto porque en materia ambiental no es válida la retroactividad ni regresividad de normas, como también, porque el Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiental permanece incólume. Y parte de lo que sí es más claro, son los descontroles en que quedaron desde la reforma del 2019, una cifra aproximada a los 4500 proyectos de bajo impacto ambiental desarrollados. Así mismo, otros indicadores de atención, como las más de 19.000 denuncias ambientales ingresadas ante las instituciones del MINAE en el mismo período. (Ver sitio web de SETENA y Contraloría Ambiental)13,14.
  6. “Los proyectos grandes realmente sí tienen que demostrar un no impacto al ambiente”. Ningún proyecto sea de la dimensión que sea, tiene ni puede demostrar tal condición, pues si no impacta es porque no existe; además, la dimensión del proyecto no es el único factor determinante del peso del impacto.  Si por proyectos grandes, los conferencistas pretendieron referirse a los proyectos, obras o actividades de alto impacto ambiental potencial que contempla el Reglamento, deben de conocer estos señores que, impactos son impactos. Tanto a esa categoría alto, como a los de mediano y bajo, para todos se deben determinar sus impactos mediante los estudios técnicos, y de esta forma plantear las medidas apropiadas para contrarrestarlos y alcanzar el equilibrio que exige el desarrollo ambientalmente sostenible. Si los impactos ambientales como los de proyectos de categoría mediana y baja, no se identifican y gestionan bajo la misma herramienta, representarán daños al ambiente que, también por acumulación y efectos sinérgicos, llegarán a ser de iguales o mayores consecuencias negativas que los de alto. Y algo más, los impactos ambientales de toda categoría de proyecto, impactan sobre el mismo ambiente, pues no existen tres o más ambientes; el ambiente es uno sólo: la “Casa Común”.
  7. Esto es muy importante, pues ahora muchos no van a tener que gastar su dinero en lo que no es importante”. “Muerte a la tramitomanía innecesaria”. “Estamos felices ahora. Setena menos fregando desde el escritorio”. “Es una reforma muy sustancial del reglamento de Setena que vemos muy positiva”.Estas estultas y chabacanas declaraciones de la moderna política pública del gobierno, no representan más que la absoluta autodescalificación para administrar las políticas públicas verdaderamente necesarias para volver a avanzar en este país, y no los retrocesos con que, también en materia ambiental e igual lineamiento, se exhiben a nivel internacional. Es falso que se trata de reforma del reglamento de Setena. También es falso que, no es importante invertir dinero para aplicar un procedimiento técnico-administrativo y carácter preventivo, que le facilita a la autoridad ambiental tomar de decisiones informadas respecto a la viabilidad ambiental de un proyecto y su gestión ambiental. Sin duda que, el atrevimiento desborda los límites de lo esperado, al menos por parte del poder ejecutivo de un país que se creyó democrático y de tradiciones ecológicas.

Así estamos, sobreviviendo de la pandemia del siglo que, ya acabó con la vida de cientos de millones de personas en todo el mundo especialmente pobres, mientras la pobreza continúa su expansión tanto como la acumulación y concentración de capitales a costa de más sacrificio humano y del ambiente. Es decir, la amenaza y creciente número de muertos continúa. Las fuerzas e intereses que dominan el mundo no dan muestra de pretender revertir tal situación, pues sin haber acabado la pandemia, la guerra ha sido y es su segunda estrategia aún en medio de las catástrofes naturales que, también advierten el cambio climático. A las consecuencias de todo esto, no hemos escapado ni escaparemos en Costa Rica. Pero su gobierno, cínico, prepotente y además ignorante como pocos de la historia nacional, un día sí y el siguiente también acude al añejo “arte de la mentira política” y con absoluta fidelidad a los grupos plutocráticos que representa, pretende hacer creer al pueblo falsedades con vistas a los fines de: “reactivación económica, empleo e inversión extranjera”. Misma receta para la cual, desde años anteriores aplicaron el terrorismo psicológico de Estado mediante el llamado “memorando del miedo” Casas-Sánchez15.

Por lo tanto, no hay tiempo que perder, luchar y trabajar es ocupación de personas honradas y la denuncia, contra las mentiras de quienes en la Administración del Estado se apartan de sus responsabilidades, deberes y obligaciones de cumplir con la Constitución, la ley y sus reglamentos; es una herramienta legal a disposición de todos y con carácter obligatorio, según lo establecido en el Artículo 50 Constitucional y No. 111 del Reglamento General -todavía vigente.

Referencias:

  1. https://www.facebook.com/CasaPresidencial/videos/591766985657658
  2. https://portal.setena.go.cr/Consultors
  3. *https://www.setena.go.cr/es/Noticias
  4. https://www.elpais.cr/2020/11/17/consejo-nacional-de-rectores-rechaza-propuesta-del-reglamento-de-setena/
  5. La Gaceta No. 125 del 28/06/2004
  6. https://vlex.co.cr/vid/-498448770  
  7. https://www.elpais.cr/2023/02/01/costa-rica-retrocede-en-legislacion-ambiental-al-sepultar-acuerdo-de-escazu/
  8. https://www.elpais.cr/2023/02/17/acuerdo-de-escazu-sin-costa-rica-del-liderazgo-al-olvido/
  9. https://www.crhoy.com/opinion/el-lector-opina/el-modelo-de-evaluacion-de-impacto-ambiental-y-el-desarrollo-sostenible/
  10. https://vlex.co.cr/vid/decreto-no-41815-minae-798534217
  11. https://www.setena.go.cr/es/Catalogo/d2
  12. https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
  13. https://www.setena.go.cr/es/Tramites/Resoluciones
  14. https://www.contraloriaambiental.go.cr/doc_/doc_1675347061.pdf
  15. https://es.wikipedia.org/wiki/Memor%C3%A1ndum_del_miedo

Puntaleona y los dobles estándares ambientales*

Duele la tragedia ajena. Pero hay que decirlo: mientras a decenas de miles de pescadores y posesionarios se les echa de terrenos de playa— por aplicación de los 200 metros de la Ley #6043 y el Patrimonio Forestal de la Ley # 7575– terrenos en los cuales han vivido muchas décadas, o hasta más de un siglo (como el caso de los nativos de Cahuita o Puerto Viejo) o se les niegan sus concesiones, parece que algunas municipalidades tienen dobles estándares y sí permiten urbanizaciones de lujo que están, literalmente, pegadas al mar, violando todas las normas.

El video y las fotos de esas casas derrumbándose (literalmente a 10 o 20 metros en línea horizontal de la pleamar) indica que hubo corrupción en algún lado. ¿Cómo autorizó la Municipalidad esos permisos de construcción? ¿Cómo se obtuvieron los visados del MINAE? ¿Los de SETENA? ¿Cómo se saltaron los 200 metros de la Zona Marítimo Terrestre? ¿Cómo se saltaron el PNM (Patrimonio Natural del Estado) cuando es una montaña arbolada?

Duele mucho más percatarse de que hay dos Costa Ricas. Una que aplica la ley draconianamente a la mayoría de los ciudadanos, a quienes se persigue legalmente, se les expulsa o se les niega concesiones en sus terrenos de toda la vida, y otra Costa Rica que se pone una venda en los ojos y permite hacer de todo a los desarrolladores turísticos e inversores de lujo.

*Texto de Jaime Ordóñez compartido con SURCOS por Flora Fernández Amón y Marco Palma Leiva.

Voces y Política: «Impactos del proyecto de reforma de MINAE»

Este miércoles 9 de noviembre en el programa Voces y Política se conversará sobre los “Impactos del proyecto de reforma de MINAE «, con la participación de Rocío Alfaro, diputada y Osvaldo Durán-Castro, sociólogo de la Federación Costarricense de Conservación. 

Escuche el programa por la radio 96.7 FM de Radio Universidad, y también a través del Facebook de Radio Universidad de Costa Rica, por un en vivo en la plataforma Facebook, a las 5:00 de la tarde.

Se le invita a participar todos los miércoles a las 5:00 p.m. en Voces y Política, donde se comentarán temas de diversa índole. Para ser parte y conocer más del programa ingrese al siguiente enlace: https://www.facebook.com/radiouniversidadcr

Le invita la Escuela de Ciencias Políticas, Estudios Generales, Seminario Universidad, Voces y Política, y Kioscos Socio Ambientales.

https://surcosdigital.com/suscribirse/

Sala IV acoge amparo contra Presidencia y MINAE – pozos de aguas ilegales

SURCOS comparte la siguiente información enviada por Confraternidad Guanacasteca:

La Sala Constitucional acaba de notificar el debido trámite de un recurso de amparo contra la Presidencia  del MINAE, sobre el robo de agua y la legalización de los pozos ilegales perforados.

En el resumen que hace la Sala en su resolución de aceptar el trámite y ordenar a los funcionarios a rendir cuentas, es suficientemente claro.

El amparo fue acompañado de muchos documentos con pruebas.

Quedamos a las órdenes para más información.

Por motivos de procedimiento se interpuso sólo a mi nombre, siendo yo, presidente de la Asociación Confraternidad Guanacasteca

Gadi Amit.

Para conocer más sobre el tema, acceda en el siguiente enlace: https://wp.me/p6rfbZ-jiw

A continuación se adjunta el expediente con el Recurso de Amparo para mayor detalle de la situación expuesta:

 

Información compartida con SURCOS por la Asociación Confraternidad Guanacasteca.

Confraternidad Guanacasteca: Algunos no pagan el agua que usan

Un comunicado de Confraternidad Guanacasteca enviado a SURCOS indica que “se ha detectado que el 40% del agua de AyA es no contabilizada. Es decir que no se cobra”.

A nivel nacional, la situación de agua concesionada por MINAE, es mucho peor. Como es “de todos” nadie la cuida, señala la organización comunitaria.

“¿Quiénes son los “MALOS” que se apropian de nuestra agua?”, se plantea en el escrito. “En la Asamblea Legislativa se tramita el expediente 22.709, para legalizar los pozos de agua perforados ilegalmente. Miles y miles de pozos”, precisa el comunicado.

¿Para beneficio de quienes es este proyecto?

“Conseguimos la lista de quienes aparecen en la lista de los que perforaron pozos de aguas, a escondidas, sin tener los permisos y realizan trámites para recibir concesión y disfrutar de agua para sus proyectos”.

Confraternidad Guanacasteca señala: “El premio mayor se lo lleva BANCO IMPROSA con 41 pozos de agua perforados en forma irregular. Estos pozos se encuentran «regados» por todo el país”. “Así trabaja este BANCO PRIVADO, llamado BANCO IMPROSA”, dice la organización.

Agrega: “En la lista aparece AZUCARERA EL VIEJO del señor Álvaro Jenkins presidente de UCCAEP, el SINDICATO que representa a los todos los empresarios del país, con 3 pozos perforados sin el permiso respectivo”.

Además en la lista de amnistiados están: CATSA (2); LAICA; FRUTAS DEL TROPICO S.A. (3); PURDY MOTOR S.A. (2); INV. AGRICOLAS B Y C S.A. (3); CORP. AGRICOLA DEL MONTE S.A. (2) ; PIÑALES DEL CARIBE GAC S.A. (3); COM. AGROINDUSTRIAL EXPOFRUT CAE S.A (2); LIMOFRUT S.A.(&); STANDARD FRUIT COMPANY DE COSTA RICA S.A.(5); TOTAI CITRUS CR S.A.(4); CIA. PALMA TICA (3); AGROGANADERA PINILLA S.A. (2); HACIENDA SOLIMAR S.A. (4). Los números entre paréntesis son los pozos que solicitan inscribir en los últimos años y que por la condición actual requieren de una amnistía que concede la Dirección de Agua del MINAE.

“Y aclaremos que se trata de agua suficiente para regar una finca o abastecer un edificio o urbanización completa. Además, estas empresas tienen otros pozos en operación, no les falta el agua”, explica Confraternidad Guanacasteca.

“Estos serán quienes más se beneficiarán, si los señores diputados aprueban ese proyecto de ley”, señala el comunicado.

La organización comunitaria expone que el delito de USURPACIÓN DE AGUAS es penado con cárcel en el artículo 226 del CODIGO PENAL de Costa Rica.

“El MINAE, encargado de cuidar nuestro recurso hídrico, solo sabe poner excusas y ofrecer perdones, amnistías y más concesiones”, concluye la información enviada a SURCOS por Confraternidad Guanacasteca.

En el siguiente enlace se puede descargar el detalle de la situación expuesta:

https://surcosdigital.com/wp-content/uploads/2022/09/Amnistia2019_ExpedientesPA.xlsx

 

Imagen ilustrativa.

Ministerio de Ambiente incumple resolución judicial

Comunicado

CONCEVERDE San Rafael de Heredia

Ante la desidia en el Ministerio de Ambiente de no cumplir con el voto 2008-12109 de agosto del 2008, nos hemos visto en la necesidad de presentar ante la Sala Cuarta un “INCIDENTE DE DESOBEDIENCIA” acusando al MINAE, en la persona de su representante el  Ministro de Ambiente, por no haber recobrado los terrenos de la zona inalienable de la Ley 65 del 30 de julio de 1888 ubicada en las montañas heredianas; no sólo por la desobediencia, si no que su inopia implica que están atentando contra el ambiente al ser la zona inalienable, imprescindible para preservar el agua de más del 60% de los habitantes del Valle Central.  

Cómo es posible que nuestros gobernantes del siglo XIX tuvieron la visión de lo importante que son las montañas del norte de Heredia, por lo que crearon la Ley 65, y hoy los políticos son “apáticos” ante la necesidad de proteger las zonas donde están las fuentes de agua.

A continuación, se adjunta el escrito remitido a la Sala Constitucional:

 

Imagen ilustrativa.

REGAMA: Piden devolución de Patrimonio Natural al Estado

El pasado lunes 8 de agosto del año en curso (2022), el colectivo de Inspectores Ambientales Ad-Honorem del Comité de Vigilancia de los Recursos Naturales (COVIRENAS) del Caribe Sur, remitió al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) una nota donde expresa su preocupación por la situación de deterioro y destrucción del Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo.

Así mismo, desestima las declaraciones emitidas por los miembros de la Comisión Caribe de la Asamblea Legislativa el pasado jueves 28 de julio en una reunión celebrada en la provincia de Limón y algunos alcaldes de la zona, quienes expresaron que el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) está entorpeciendo el desarrollo económico de la zona, al tener “tantos Humedales” en la franja marítimo-terrestre, sin embargo, el colectivo resaltó la participación de la diputada por el Partido Frente Amplio, Rocío Alfaro, quien aseguró que “las razones estructurales de la pobreza en Limón están en el modelo de injusta repartición de la riqueza, de depredación de la naturaleza y de abandono de la pequeña producción de consumo nacional”.

El supra mencionado grupo de inspectores hace un llamado al Gobierno de la República y explica la riqueza natural de la zona caribeña, la cual, en lugar de perjudicar a la población la “protege de las emergencias naturales”, e incluso puede funcionar como atractivo económico y conseguir mayor afluencia de turistas.

Uno de los reclamos más importantes que hace el colectivo es que, en atención al artículo 50 de la Constitución Política, entre otras cosas, “le corresponde al Estado implementar las medidas necesarias para evitar la destrucción de sus recursos naturales”, y puesto que con estos ataques a la naturaleza se han violentado diversas leyes, se insta al MINAE, y todas las autoridades correspondientes a defender, rescatar y restaurar el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo, Patrimonio Natural del Estado, y así evitar que la destrucción de la naturaleza en beneficio de pocos grupos económicos.

También, se solicitó al MINAE investigar al Consejo Regional Ambiental La Amistad Caribe, por avalar proyectos en detrimento del ambiente y al Área de Conservación Amistas Caribe, por la negligencia en sus obligaciones de control y fiscalización en la tutela de terrenos del Estado en este refugio, así como a la Municipalidad de Talamanca por más de 400 permisos emitidos en perjuicio del Patrimonio Natural del Estado.

En el siguiente enlace puede observar imágenes de la situación que afronta el Refugio de Vida Silvestre Gandoca Manzanillo y las consecuencias que ha generado la negligencia de las autoridades en el trato correspondiente de esta problemática: https://photos.app.goo.gl/tzEB5GQ66U1vM2R89

 

Compartido con SURCOS por COVIRENAS Caribe Sur – Puerto Viejo.

Autoritarismo y crisis ecológica desde Costa Rica

Alexis Antonio Rodríguez Brenes

Con respecto al artículo publicado por el Semanario Universidad, el 6 de julio del 2022, titulado: “Reestructuración del MINAE excluiría a comunidades, indígenas y universidades de toma de decisiones ambientales” (https://semanariouniversidad.com/pais/estructuracion-del-minae-excluiria-a-comunidades-indigenas-y-universidades-de-toma-de-decisiones-ambientales/), quisiera comentar sobre esta postura del Gobierno de Costa Rica a pocos días de iniciado su mandato y de cómo estas acciones atentan directamente contra la vida.

La Tierra, el planeta en el que vivimos, sufre una crisis ecológica que se ha salido de las manos de las y los seres humanos. El capitalismo, ya no solo entendido meramente como un sistema económico, sino como un fenómeno cultural que no solo predomina en Occidente ya que se ha extendido a casi la totalidad de las poblaciones que habitan La Tierra, es la marca de esta debacle que enfrenta la humanidad. Sumado a la decadente sociabilidad del mundo, donde la empatía y la solidaridad son algo especial por su poca aparición en la vida cotidiana, surge el capitalismo con sus despiadados métodos extractivistas y explotadores, que, a modo de resumir la historia, está a un paso de acabar con la vida humana y ya ha consumado la vida de muchos otros seres vivos que habitaban el planeta Tierra.

A pesar de la magnitud de la emergencia planetaria, por la cual en los últimos años hemos visto emerger a la luz pública personas representantes de múltiples áreas, como la ciencia moderna, la sabiduría ancestral, la política, el arte, etcétera, que han alzado su voz con estrategias creativas, la indiferencia predomina. Y el problema no se queda ahí, se agrava, debido a que muchas de estas personas que con valentía asumen su responsabilidad de comunicarle al resto de la población la gravedad de la crisis ecológica que estamos viviendo y que además activamente trabajan en defensa de la naturaleza, son constantemente amenazadas y hasta asesinadas por personas que resguardan los intereses del capital. Estos actos violentos predominan en Latinoamérica y Costa Rica no es la excepción; como ejemplo están los asesinatos de Jairo Mora en 2013 y de los aborígenes Sergio Rojas en 2019 y Jehry Rivera en 2020. Cabe resaltar que en el último reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) se menciona que en las tierras que gestionan las comunidades indígenas alrededor del mundo se encuentra el 80% restante de la biodiversidad del planeta.

Enlazando con el artículo publicado en el Semanario Universidad que detalla las graves implicaciones que el Gobierno pretende imponer con el proyecto de ley que busca reestructurar al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), lo dicho anteriormente refleja las profundidades de esta nefasta reforma. El autoritarismo del presidente Chaves es una característica clave de este proyecto, evidenciado en la intención de limitar la toma de decisiones a una sola persona, que sería quien encabece el MINAE, excluyendo la diversidad de criterios científicos, técnicos, económicos, políticos y a la voz del pueblo; esto para rendirle pleitesía a la clase alta de este país y a empresas transnacionales, que sin escrúpulos, con la única intención de alimentar su avaricia, están en total disposición de malgastar los recursos naturales, sin importarles las vidas que se acaben por estas acciones.

Para ocultar esto se utiliza el velo de que son decisiones necesarias para “reactivar la economía” o para “generar más empleos”, pero quienes realmente se benefician son la minoría que ostenta el poder económico y político, y quienes sufrimos somos las y los mismos de siempre, la clase trabajadora, aquellas y aquellos que aceptamos estas circunstancias inhumanas que nos limitan a sobrevivir la vida, no a vivirla. Además, ¿cuál economía se va a reactivar o cuáles empleos se van a generar cuando ni siquiera existan las condiciones para sostener la vida humana en el planeta?

El colapso planetario es inminente, las consecuencias las tenemos frente a nuestros ojos: tormentas cada vez más intensas, frecuentes incendios forestales, grandes extensiones de suelos degradados, océanos contaminados, olas de calor sin precedentes, escasez de alimentos por falta de polinización, migración impulsada por el cambio climático, y esta lista aún puede crecer. Esto se puede comprobar en el último reporte del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC), que con datos científicos recientes y detallados muestran como se agrava la crisis, los efectos cada vez son más severos y a pesar de esto los países ricos siguen siendo los mayores culpables, no muestran signos de querer revertir la situación y quienes sufren las peores consecuencias son los países colonizados y explotados por estos países ricos. En estos enlaces pueden leer un artículo que resume puntos importantes del reporte del IPCC y el reporte completo que lamentablemente solo se encuentra en el idioma inglés: https://www.nature.org/es-us/que-hacemos/nuestra-vision/perspectivas/ultimo-informe-ipcc/https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/

Mitigar las consecuencias aún es posible, pero se necesitan cambios radicales, porque estamos viviendo tiempo radicales. Infórmese, lea, estudie, tome posición, responsabilícese, solidarícese, radicalícese.