Osvaldo Durán-Castro
Sociólogo, profesor ITCR, ecologista FECON
Sobrepagos por 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses, entre diciembre de 2017 y mayo del 2019, recibieron algunos generadores privados de electricidad gracias a la ARESEP. Pero además, el mismo ICE favoreció a otro grupo de generadores privados con 2.049,00 millones de dólares entre 2010 y 2018. Esos son datos que nadie, y mucho menos el Presidente de la República, el MINAE y el ICE, deberían ignorar. La electricidad privada siempre fue, es y seguirá siendo, una estafa para la sociedad costarricense, que el Gobierno y la Asamblea Legislativa quieren ampliar mediante una ley que permita la exportación de esa electricidad al mercado centroamericano.
No sorprende que el Gobierno anunciara el 25 junio 2021 que ya está “Listo proyecto de ley que permitiría a generadores privados exportar sus excedentes a mercado eléctrico regional”, porque eso no es más que la confirmación de su línea en favor de consolidar los privilegios para algunos grupos empresariales. Lo que sí sorprende es que el Gobierno, el MINAE y el ICE, ignoren, engaveten, incumplan y ni se inmuten ante los numerosos dictámenes, estudios y directrices de la Contraloría General de la República, que desde hace años explican con detalle cómo es que se ha permitido, favorecido y hasta protegido el traspaso de millones de dólares a unas cuantas empresas.
Ya los generadores privados habían logrado que el diputado Pedro Muñoz Fonseca y la diputada María Inés Solís Quirós presentaran el 1 de octubre de 2019 el proyecto de ley Expediente N.° 21.606, “Ley para una efectiva integración de Costa Rica al mercado eléctrico regional”. Esa propuesta adiciona al artículo 3 del Segundo Protocolo al Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central N° 9004, un texto para que los “agentes del mercado eléctrico regional por Costa Rica”, ya no sólo fueran las empresas del grupo ICE. Se indicaba que adelante “son todas las empresas costarricenses generadoras, distribuidoras y/o comercializadoras de electricidad, sean públicas, privadas o mixtas, así como los grandes consumidores”.
Lo que la Presidencia de la República y el MINAE hacen es copiar esa iniciativa privada y oficializarla como línea del Ejecutivo, argumentando que se trata de “habilitar los mecanismos para que aquellos generadores de electricidad que han sido parte de contratos establecidos bajo los términos de la Ley No. 7200, puedan exportar sus excedentes de energía, una vez que se han cubierto las necesidades de autoconsumo y la demanda nacional, lo cual también permite incrementar la participación del sector energético a nivel regional”. Esto no es más que una directa contribución para consolidar los negocios privados, pues el Gobierno en general, y el Viceministro del MINAE, Rolando Castro, deben, obligatoriamente, conocer que el aporte de la generación privada a la demanda nacional, ha sido un simple argumento para obligar el ICE a comprar esa energía a precios mucho más elevados que la generada por el ICE.
Esta iniciativa de ley no se puede comprender sin atender que la generación privada desde que se inició el 28 de setiembre de 1990 con la Ley 7.200 ha sido un saqueo permanente de recursos públicos, que ahora se busca blindar obteniendo ganancias en los demás países de la región centroamericana. Dado que el MINAE es el ministerio rector del sistema energético del país, es que debemos atender que ante las reiteradas dudas sobre la necesidad de contratar y comprar electricidad privada, y también por las dudas sobre la eficiencia y los elevados costos reconocidos reiteradamente por el ICE, la Contraloría General de la República en su “Informe de la Auditoría operativa acerca de la eficacia y eficiencia en la asignación de fuentes de energía para la generación eléctrica”, No. DFOE-AE-IF-15-2016, le indicó al Ministro de Ambiente, en ese momento, Edgar Gutiérrez Espeleta, que debe “Establecer y aplicar las directrices que aseguren que los proyectos de generación eléctrica propuestos por el ICE, distribuidoras eléctricas y cooperativas de electrificación rural, se sometan a un análisis de rentabilidad, calidad, disponibilidad, firmeza y precio que garantice la cartera óptima de proyectos y el desarrollo de aquellos técnica y económicamente eficientes para el Sistema Eléctrico Nacional” (negrillas ODC) (CGR. 2016. p37). Esta indicación dejaba en claro, una vez más, que el sistema eléctrico requería revisiones fundamentales, incluidas la evaluación de la generación y compra a privados.
Siguiendo la escala descendente en ese mismo Informe la CGR le indicó a Carlos Obregón Loría, Presidente Ejecutivo del ICE, “analizar la suficiencia y pertinencia de las variables explicativas del modelo de estimación de demanda eléctrica, desde el punto de vista económico y estadístico, así como, los supuestos de proyección” (negrillas ODC), lo que apuntaba en dirección de lo que desde hace muchos años hemos explicado con relación a la sobreoferta de electricidad en el país y por tanto la no pertinencia o necesidad de contratar con los generadores privados. Cuando en 1990 los privados empezaron a venderle electricidad al ICE, “la demanda de energía eléctrica era del 5,5%” indica la CGR en su Informe No. DFOE-AE-IF-00009-2019 (p6). Pero “…desde 2007 hasta la fecha no hemos logrado tener una tasa de crecimiento de la demanda, superior al 4%. De hecho en los últimos años, el año pasado no llegó al 1%, y en 2018, tampoco va a llegar la tasa de crecimiento de la demanda a más de un 1%.”, según lo explicó la Presidenta Ejecutiva del ICE, Irene Cañas en la Comisión permanente especial de ambiente de la Asamblea Legislativa el 08 de noviembre de 2018. Una revisión actualizada nos confirma que, por ejemplo, el 23 de junio de 2021 a las 12 del día, una hora pico de consumo, la demanda o consumo máximo fue de 1.680 MW, lo que indica un excedente relativo de 1.937 MW; más del doble de lo consumido, si comparamos ese consumo con la capacidad instalada total disponible en el país, que según la CGR era de 3.617 MW en el 2019. Esto demuestra que desde hace años, si es que algún día lo fue, la generación privada ha sido absolutamente prescindible, y constituye una estafa legalizada facilitada por las leyes que la propician, y además muchas veces facilitada por autoridades de la burocracia estatal, incluido el mismo ICE.
Es ya bien sabido que parte del elevado sobrecosto de la electricidad privada se origina porque las “empresas distribuidoras (privadas) no asumen directamente los costos de respaldo ni regulación de frecuencia”. Esos servicios, advirtió la Contraloría, “son proporcionados por el ICE a las empresas distribuidoras, mediante sus plantas hidroeléctricas con embalse y plantas térmicas”, y aclara de seguido que “el costo de estos servicios es asumido por el ICE y las distribuidoras en proporción a la energía comprada al ICE generación, sin que se cobre a estas últimas como parte del costo de la energía que producen las plantas de su propiedad. Así, la energía producida por estas empresas refleja un costo menor al que implica la generación, lo cual, de ser considerado en la formulación de los proyectos, puede incidir en la decisión de desarrollo de estos a futuro” (negrillas ODC). Este, entre muchos argumentos técnicos, aclaran la mentira de que la electricidad privada es más barata que la del ICE, como los generadores privados agremiados en ACOPE y empresas comerciales de información lo señalan.
¿Por qué si se cuenta con toda la información técnica oficial que documenta esa transferencia indebida de dinero, no se ha frenado el saqueo de recursos? La respuesta en corto es que la institucionalidad de este país, incluidos el MINAE y el ICE, es cuando menos permisiva y lenta para ejercer sus obligaciones de justificar técnica, financiera y desde la perspectiva de la “sostenibilidad ambiental”, la generación, compra y consumo de la electricidad privada. Mucho menos al día están con la tarea de ejecutar las órdenes de la Contraloría General de la República (CGR) para hacer eficiente su labor de control sobre las condiciones de ese negocio. Particularmente la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) ha actuado con una negligencia y desobediencia tal, que da todas las razones para preguntarse si existe una colusión de intereses para favorecer a los privados y dañar y debilitar al ICE y, al final, a toda la sociedad que termina pagando cifras millonarias al grupo de empresas privadas que siguen abultando sus cuentas.
Precisamente, con la creación de las leyes de generación privada 7.200 y 7.508, una de las entidades a las que se le delegaron obligaciones puntuales fue a la ARESEP. Para los contratos de empresas privadas nacionales amparados en el “Capítulo I de la Ley n.° 7200, Decreto Ejecutivo n.° 37124-MINAET del 19 de marzo de 2012, las tarifas que rigen los precios de compra de electricidad son establecidas por la ARESEP, tomando en cuenta estructuras desagregadas por épocas del año, horas del día, energía y potencia” (CGR. 2019. P8).
Aunque ya mismo no revisaremos en detalle las innumerables falencias de la ARESEP ni las reiteradas órdenes giradas por la Contraloría General de la República para corregirlas, sí hay que destacar que en el Informe de la Auditoría, No. DFOE-AE-IF-15-2016, la CGR se le ordenó “A ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ, EN SU CALIDAD DE REGULADOR GENERAL DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO (mayúsculas del original). Resolver acerca de la metodología tarifaria que permita cobrar a cada empresa distribuidora los servicios de respaldo energético y regulación de frecuencia. Remitir a la Contraloría General la resolución en la que se apruebe la metodología, a más tardar el 30 de junio de 2017” (negrillas ODC) (p38). Esos desajustes que le costaban al ICE y al país millones de dólares, nunca fueron atendidos por la ARESEP y directamente por el Regulador General Roberto Jiménez (antiguo funcionario de ICE). La gravedad de esa negligencia, y se podría argüir que complicidad, se puede demostrar con numerosos ejemplos, como que para “la tarifa calculada con información de plantas hidroeléctricas se utilice también para la compra de energía generada con plantas eólicas, a pesar de que difieren en tecnología, vida útil, costos de inversión y operación; así la tarifa aplicada a plantas hidroeléctricas y eólicas fue de US¢ 7,0309 por KWh en 2019”. Si ese cálculo de costos y tarifas a pagar, se hubiera hecho “con información exclusiva de plantas eólicas en cuanto a sus costos de explotación, inversión, factor de antigüedad, rentabilidad y factor de planta, es una disminución de tarifa a US¢ 5,8991 por KWh para las compras de energía eólica” (GCR. 2019. p10).
Otras faltas gravísimas destacadas en el Informe N.° DFOE-AE-IF-00009-2019 del 16 de setiembre, 2019, “Informe de auditoría de carácter especial acerca del proceso instaurado por el ICE y la ARESEP para la concesión de la generación y compra de energía eléctrica a privados”, están relacionadas con las “Desaplicaciones de las metodologías de fijación tarifaria”. Dice la Contraloría: “Se determinó que la ARESEP no aplicó correctamente las metodologías de ajuste tarifario para la compra de energía a generadores privados bajo la modalidad de BOO, al momento de ejecutar los cálculos respectivos. Lo anterior, se presentó en la fijación tarifaria del 2017, 2018 y 2019 para los contratos renovados, así como, para las tarifas de referencia del 2016, 2017 y 2018 para plantas hidroeléctricas nuevas, y del 2015, 2017 y 2018 para plantas eólicas nuevas. Estas desaplicaciones fueron detectadas en las memorias de cálculo de las propuestas tarifarias sometidas a audiencia y de las que sustentaron las resoluciones finales de las tarifas” (negrillas ODC) (CGG, 2019, p13).
Ante la magnitud de los errores de entidades como la ARESEP para favorecer a los generadores privados, el Gobierno, el Presidente de la República, el MINAE y el ICE, no deben asumir ignorancia técnica. Traducidos a dinero, estos errores o posibles faltas voluntarias, son descomunales. El mismo Informe de 2019 de la Contraloría explica con total claridad que “el Órgano Contralor estimó el monto que corresponde a las diferencias tarifarias para los contratos renovados, obteniendo las sumas estimadas giradas de más por compra de energía a privados: a mayo 2019 por USD 5,3 millones, a diciembre 2018 por USD 6,0 millones y a diciembre 2017 por USD 12,5 millones” (negrillas ODC) (CGR, 2019, p5 y 17). Eso equivale a 23,8 millones de dólares en apenas 18 meses. Si se reforma la ley para permitirle a los generadores privados exportar electricidad, no se hará más que consolidar ese saqueo de dinero. En ese caso quedará claro, una vez más, que la institucionalidad costarricense actúa directamente en favor de esas empresas privadas y en contra de la colectividad.
Otra constatación que hay que reiterar es que el mismo ICE ha favorecido a los generadores privados. Así como para los contratos privados de la Ley 7.200 que no pueden ser de más de 20MW, es la ARESEP la que fija las tarifas, para los contratos BOT (construcción, operación, transferencia), que son convenios entre privados y el ICE, “las compras deberán realizarse mediante licitación pública con “…competencia de precios de venta y evaluación de la capacidad técnica, económica, financiera, tanto del oferente como de las características de la fuente de energía ofrecida, en apego al proceso establecido en el Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICE n.° 5777, del 19 de diciembre de 2006” (CGR. 2019. P8). Es decir, es al ICE a quien corresponde hacer todos los estudios y establecer las tarifas, esperando que se justifique cualquier compra a los privados de acuerdo con parámetros razonables y justos. Pero no ha sido así. Tampoco el ICE ha cumplido sus obligaciones.
Queda por discutir un amplísimo “archivo” a partir del cual se puede fundamentar que al menos algunas administraciones de la institución favorecieron directamente el negocio de la generación privada ya que, como argumenta la CGR en su Informe del 2019 citado, “se determinó que el ICE no acredita el fundamento que respalda la decisión de contratar por primera vez o renovar los contratos de compra de energía eléctrica a privados” (negrillas ODC). Resulta gravísimo constatar que desde adentro del ICE se realizaron contratos de compra de energía privada sin sustentar técnicamente su necesidad ni justificar financieramente de cara a favorecer el consumo de todos los clientes con tarifas razonables, competitivas y sobre todo justas. Ni qué decir de los estándares de “sostenibilidad” que desde siempre han sido un álgido asunto de disputa entre las empresas privadas y comunidades y organizaciones sociales, dados los atropellos de los derechos comunitarios y los permisos ambientales, incluida la aprobación de estudios de impacto ambiental de la más dudosa calidad técnica. Un ejemplo de antología sobre una hidroeléctrica avalada por SETENA, la Dirección de aguas del MINAE, ARESEP y hasta el mismo ICE, es el PH San Rafael de la empresa HSolís, derrotado en 2019 por las comunidades y organizaciones sociales, tras demostrar un descomunal conjunto de falencias técnicas y ausencia de cualquier viabilidad social.
Volviendo a la justificación o no de la compra a privados, la documentación de la Contraloría permite constatar, con total demérito para la entidad estatal, que “para las contrataciones efectuadas por el ICE entre el 2010 y 2018 que corresponden a 19 renovaciones de contratos de compra de energía a privados, así como 11 contratos nuevos de BOO y 2 de BOT, no constan las motivaciones de orden técnico, económico, ambiental, social y de oportunidad que respaldan la conveniencia de la decisión de ejecutar dichas compras. El valor total de estos contratos nuevos y renovaciones se estima en USD 2.049,00 millones” (negrillas ODC) (CGR. 2019 p18). Según el mismo ICE, entre 2008 y 2018 los generadores privados recibieron ₡850.000 millones.
De aprobarse la ley para exportar electricidad privada, el nuevo escenario asegurará mayor debilitamiento para el ICE, mayores ganancias para un grupo ya de por sí privilegiado de empresas que venden un servicio innecesario para el país, una renovada y clarísima incongruencia entre el discurso “verde” oficial que busca que los privados puedan “colocar la energía limpia que generan” en el mercado regional y el “mundo real” que soporta los impactos destructivos de las represas en los ecosistemas y las incursiones agresivas de las empresas en las comunidades. Además, y sobre todo, no es admisible que el Gobierno de la República promueva ese negocio en Centroamérica mientras desconoce el desfalco que la generación privada ha significado para la sociedad costarricense. Los datos no mienten y el Gobierno no debe asumir ignorancia y complacencia. Este proyecto de ley se promueve casi en la víspera de realizar en Costa Rica (setiembre 2021) el Congreso mundial de hidroeléctricas, que será sin duda un campo de confrontación técnica y social entre el Gobierno, el MINAE y ese empresariado, con las comunidades y organizaciones nacionales a las que ya se han sumado voces técnicas, científicas y sociales de todos los continentes que desmienten los resultados de las llamadas energías “limpias” o “verdes”.
Los 2.049 millones de dólares pagados en 8 años y otros 23,8 millones de dólares en 18 meses, son sumas muy parciales que muestran los privilegios de las empresas privadas de electricidad. Por eso resulta cuando menos infame indicar que este proyecto de ley para privilegiar a esas empresas “apoyará el bienestar de quienes ahí trabajan y la recuperación económica”, como dijo el Presidente Alvarado Quesada.
