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Etiqueta: Ministerio de Salud

Gestión de personal médico especialista en deuda con el país

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Contraloría General de la República emitió un informe al Ministerio de Salud y la Caja Costarricense de Seguro Social respecto de la planificación de necesidades de personal médico especialista y su distribución en los hospitales del segundo y tercer nivel de atención. Resulta relevante dado que el país ha enfrentado crisis recurrentes por déficit de especialistas, que han generado desigualdades en el acceso y sobrecarga hospitalaria. Es fundamental garantizar el acceso equitativo, oportuno y de calidad a los servicios de salud especializados.

La planificación y distribución de personal médico especialista no cumple aspectos significativos del marco normativo y técnico aplicable, al no garantizar razonablemente un enfoque integral, informado y equitativo. Esta situación afecta directamente la disponibilidad y acceso de la población a la atención médica especializada en todo el país.

Los hospitales regionales y periféricos no superan el 74 % de cobertura de atención especializada, de acuerdo con su nivel de complejidad, lo que refleja brechas en la atención. El 56% del personal médico especialista de los hospitales de la CCSS está concentrado en el Gran Área Metropolitana. Hay 505 médicos especialistas laborando con jornada reducida, limitando la disponibilidad efectiva de atención en los centros de salud.

El Ministerio de Salud carece de una base técnica para estimar las necesidades país, de médicos especialistas. La CCSS no dispone de una planificación técnica y trazable para proyectar las necesidades de personal médico especialista y su asignación. La distribución de estos médicos no considera criterios epidemiológicos y de equidad que prioricen la atención de las necesidades reales de la población.

Conozca el informe completo en el siguiente enlace:

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2025/SIGYD_D/SIGYD_D_2025017931.pdf

Imagen de la UCR con fines ilustrativos.

Parlamento Cívico Ambiental rechaza reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

Comunicado

Parlamento Cívico Ambiental expresa su rotundo rechazo a la reforma que permite contaminación por plaguicidas en el agua potable y exige su derogatoria

San José, 7 de julio de 2025

El Parlamento Cívico Ambiental, impulsada la iniciativa del Acuerdo 19-25 desde de su Comisión de Recurso Hídrico, manifiesta su profunda preocupación y enérgico rechazo a la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S, la cual permite la presencia de residuos de agroquímicos, incluyendo el agrotóxico clorotalonil, en el agua para consumo humano.

La propuesta eleva los niveles máximos permitidos de contaminantes, transformándolos en simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin contar con una justificación técnica adecuada ni estudios científicos independientes. Esta modificación representa un grave retroceso en materia de derechos humanos, salud pública y protección ambiental.

Costa Rica ha sido reconocida internacionalmente por su compromiso con la sostenibilidad y la protección del ambiente. Aprobar esta reforma pone en entredicho dicho prestigio, y contraviene los principios constitucionales consagrados en los artículos 21 y 50 de la Constitución Política, así como los compromisos asumidos mediante los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Diversos estudios indican que el país presenta altos índices de enfermedades relacionadas con el consumo de agua contaminada, como el cáncer gástrico. Esta reforma afecta de forma desproporcionada a las comunidades con menos recursos, que tienen limitado acceso a fuentes de agua seguras, exacerbando así la desigualdad social.

Asimismo, preocupa que esta iniciativa responda a presiones de intereses económicos particulares, debilitando la legislación ambiental nacional y sacrificando el bienestar común. El Parlamento Cívico Ambiental considera inaceptable que se ponga en riesgo la salud de la población por favorecer a ciertos sectores empresariales.

Por todo lo anterior, este órgano hace un llamado urgente al Ministerio de Salud para que derogue la reforma y conforme una instancia técnica interinstitucional permanente que vele por la calidad del agua potable en el país. Además, se insta a promover políticas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos, en línea con estándares internacionales.

Se solicita asimismo a las y los diputados de la Asamblea Legislativa que continúen con su control político denunciando este tipo de medidas. Finalmente, se llama a la sociedad civil a que ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho humano fundamental. No permitamos que se debiliten los logros alcanzados.

Demandas clave del PCA:

  • Derogatoria de la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” No. 38924-S

  • Conforme la instancia técnica interinstitucional permanente requerida en esta materia.

  • Promoción de iniciativas orientadas a la eliminación progresiva de los agroquímicos altamente peligrosos.

  • Respeto irrestricto a la jurisprudencia ambiental y a los principios constitucionales.

  • Que diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa continúen con su control político denunciando este tipo de medidas.

  • Que la sociedad civil ejerza las acciones respectivas para efectos de detener los efectos dañinos de este decreto.

El Parlamento Cívico Ambiental hace un llamado a todos los miembros de la Asamblea Legislativa, medios de comunicación y sociedad civil a mantenerse vigilantes y unidos en la defensa de la salud pública producto del manejo adecuado patrimonio ecológico de Costa Rica y en la promoción de un desarrollo verdaderamente sostenible.

Más de 100 organizaciones rechazan proyecto de ley de aguas y alertan sobre sus consecuencias políticas y ambientales

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

  • Recuerdan a los diputados el costo electoral de legislar en contra del ambiente y las comunidades

  • Exigen que la Asamblea Legislativa se abstenga de aprobar el proyecto

Una amplia y diversa coalición de más de 100 organizaciones sociales, comunitarias, indígenas, ASADAS, académicas y de múltiples sectores expresa su profunda preocupación por el avance del proyecto de Ley Marco para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico (Expediente 23.511), actualmente en discusión en la Asamblea Legislativa.

Para las organizaciones firmantes, este proyecto representa un serio retroceso en materia ambiental y social. Señalan que “en lugar de modernizar la legislación para promover una gestión justa, democrática y ecológica del agua, el texto actual abre peligrosos portillos que facilitan su explotación desmedida, en beneficio del sector extractivista”.

Las organizaciones advierten a las y los diputados que aprobar esta ley acarreará consecuencias políticas en los próximos comicios:

“Haremos visible su responsabilidad. No permitiremos que se entreguen nuestros bienes hídricos a los intereses agroindustriales, inmobiliarios y de la construcción. Les vamos a aguar la fiesta”.

Uno de los puntos más críticos del proyecto es la posibilidad de reducir las zonas de protección alrededor de nacientes y acuíferos, sin garantías mínimas ni estudios técnicos previos. La Procuraduría General de la República (PGR-OJ-095-2023) advirtió que esta disposición viola el principio precautorio y constituye una regresión ambiental.

Un ejemplo alarmante se da en la Zona Norte de Cartago, donde nacientes que abastecen a más de 50 mil personas presentan niveles de contaminación por clorotalonil degradado superiores a los permitidos. En lugar de tomar medidas para proteger estas fuentes, el gobierno elevó ilegalmente los límites permitidos. Según el AyA, el 80% del área de protección de esas nacientes está invadido: 44% por agricultura intensiva, 33% por pastos, 3% por infraestructura, y solo un 20% conserva cobertura forestal (UEN-GA-2024-00175).

El Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (AL-DEST-CIV-0026- 2025) también advirtió que las reducciones propuestas en zonas de protección podrían provocar fragmentación del bosque, pérdida de biodiversidad, alteraciones del ciclo hidrológico y mayor vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.

El proyecto, además, deja temas clave —como el otorgamiento de concesiones, el caudal ecológico y la participación ciudadana— sujetos a reglamentación futura, sin garantías en el texto legal. Esto debilita el control ciudadano y limita la participación de comunidades rurales, costeras e indígenas.

Otro punto crítico es que se permitiría a desarrollos inmobiliarios, como condominios turísticos, perforar pozos propios si el AyA declara falta de disponibilidad, sin distinguir entre proyectos comunitarios y grandes emprendimientos privados. Esta medida puede generar desplazamientos, turismo descontrolado y graves impactos ecosistémicos, especialmente en zonas costeras.

También se plantea una amnistía general para legalizar pozos ilegales, sin estudios técnicos ni revisión de impacto, lo que premia la ilegalidad y compromete la sostenibilidad de los acuíferos.

Además, el proyecto no delimita claramente las competencias de las instituciones involucradas en la gestión del agua (MINAE, Ministerio de Salud, AyA, SENARA, municipalidades, ASADAS), lo que puede generar conflictos, descoordinación y vacíos de responsabilidad.

Aunque se menciona el cambio climático, no se establecen obligaciones concretas ni mecanismos eficaces para garantizar la adaptación, la protección de ecosistemas o una planificación hídrica con enfoque climático.

Frente a esta situación, las organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a la Asamblea Legislativa:

“Exigimos que se abstengan de aprobar este proyecto de ley. Antes de avanzar, es indispensable determinar si vulnera la Constitución y el derecho humano al agua. No se puede legislar a espaldas del pueblo y del ambiente”.

Las organizaciones firmantes: Alianza por la Defensa del Agua – Puntarenas, Amigos de los Árboles, Asada Guacimal Puntarenas, Asada San Miguel, Asada San Miguel de Cañas, Asoc. PROAL/Proyectos Alternativos, Asociación Civil Pro Natura, Asociación de Estudiantes de Biología UCR, Asociación de Indígenas de Sixaola Ngäbe (ATIGUSI), Asociación de Mujeres Artesanas de Santa Elena, Asociación de mujeres Meri Dirikä (Mujeres lideresas Ngäbe de Sixaola), Asociación de Progreso Barranca, Asociación de Siquirres, Asociación de Turismo Rural de Santa Elena de Pital, Asociación Ecologista Nido de Halcón, Asociación Ojo de Agua Legado Ancestral, Asociación Preservacionista de Flora y Fauna Silvestre (APREFLOFAS), Asociación Pro Guanacaste Integrado, Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad, Asociación Regenerativa Matzù Insigne, Asociación Sindical Costarricense de Empleados de Telecomunicaciones y Electricidad, ASOOSTRAS Judas de Chomes, AGLOCAM Logística, Bloqueazul, Bloqueverde, Buen Vivir-Costa Rica, Casa AIKO, Meleruk, Talamanca, COECOCEIBA-Amigos de la Tierra Costa Rica, Colectiva por el Derecho a Decidir CR, Colectivo Agroecológico Campo Alegre, Colectivo Agroecológico Zurquí, Colectivo Ecologista Liberiano, Colectivo Trueque, Comisión Alianza Comunal del Corredor Biológico Paso de la Danta., Comité de vecinos Boquerón, Comité de vecinos Boquerón Abajo, Comité Punta Pelencho, Comunidad de Barrio el llano, Pérez Zeledón, Comunidad de Yerbabuena, La Unión., Concejal de Distrito, Sabanilla de Montes de Oca, CONCEVERDE Colectivo Ciudadano de San Rafael de Heredia, Confederación Unitaria de Trabajadores, Confraternidad Guanacasteca, Coordinadora por la Liberación Animal, Costa Rica por el Océano, Covirenas Caribe Sur, Defensores de la Casa Común, Eco Cipreses, Eco Vida ., Ecolur Compostaje Doméstico, Esparzol, Federación costarricense para la conservación de la naturaleza (FECON), Festival Madre Monte Longo Mai, Foro Político Filosófico Agenda Verde, Frente de Resistencia Animal y de la Tierra, Frente Ecologista Universitario (FECOU), Frente Nacional de Lucha, Fundación Caracara, Fundación CODEHMA, Fundación Orgánica, Fundación Suwo Di, Fundación TAIS, GreenWolf, Hatillo 4 Sur Organizado, Horizonte DEI, Junta de Salud de Sarchi, La Gallada del Golfo Dulce, Montaña Verde, Movimiento Cahuita Unida, Movimiento Costarricense de Solidaridad con Palestina, Movimiento de Resistencia y Formación, Movimiento de Trabajadores y Campesinos MTC, Movimiento Ríos Vivos, Longo Mai de Volcán de Buenos Aires, Movimiento Salvemos la Loma Salitral, Mujeres apoyando a Lucy y doña Digna, Mujeres Unidas en Salud y Desarrollo (Musade), Observatorio Ciudadano del Agua Quebrada Barreal, Observatorio Ciudadano del Agua Río 3 Amigos, Observatorio Ciudadano del Agua Río Agualote, Observatorio Ciudadano del Agua Río Cañas Aserrí. /Desamparados, Oilwatch Costa Rica, PIAPIAS: Comunicación Popular y Educación Antiespecista, Preserve Planet, Proyecto Geografía y Diálogos de Saberes del Programa Kioscos Socioambientales UCR, Proyecto Movimientos Socioambientales del Caribe Sur de Costa Rica de Kioscos Socioambientales, Radio Machete, Red de Agroecología Costa Rica, Ríos Vivos, Sindicato de Trabajadores Bröran del Agro, Artesanos y Gestores de la Cultura Crün Shürin (STABRÖCS), Talamanca Siempre Verde, UNAPROA, Unidos por el Agua, Voces Nuestras, Centro de Comunicación Educativa, Yunta Agroecológica de Mujeres.

Las personas firmantes: Alejandra Sandi Retana, Alfredo Jiménez Montero, Alix guerrero morales, Álvaro Fernández González, Amanda Carballo Córdoba, Amanda Gutiérrez Rodríguez, Ana Fonseca Moya, Ana Ligia Sanchez Rojas, Ana Tristán Sánchez, Ana yancy galagarza, Andrea Mora Villegas, Andriana Jiménez Marin, Antonio Castiglioni Espinoza, Ariana Gómez López, Ariana Lizeth Coca Barrera, Ariel Vindas Núñez, Ariela Álvarez arguedas, Arturo Carballo Madrigal, Bärbel Passeyer, Brenda Briceño González, Bruno de Jesús Coto Barboza, Carlos Alberto Mayorga Martinez, Carmen Díaz Castro, Carmen Luisa Madrigal Jirón, Catalina Carrillo Vargas, César Augusto Gómez Calderón, Christoph Burkard, Comite de vecinos Boqueron Abajo, Craig Schieber, Dafne Araya Vega, Daniel Moraga León, Daniela María Salas Monge, Dany Villalobos, Darío Antonio Rojas Venegas, David Villalobos Villalobos, Davide Giannotti, Dayana Rojas Venegas, Diana Mejías Villalobos, Diego Alfonso Amey Fonseca, Donel Alvarado Zapata, Dylan Zúñiga Villalobos, Eduardo Gardela Ramírez, Elber Alberto Solano Monge, Enid Cruz Ramírez, Escarleth Rodríguez Solano, Estrella Venegas Zamora, Fabián Arias Solano, Fanny Calvo Aguilar, Federico Campos Mora, Fiorella Biolley Solano, Freddy Alexander Peña Chavarría, Gabriel Delgado Álvarez, Gabriela Pérez Quintanilla, Gaus Monge Mora, Génesis Rojas Cruz, Gina Borrero, Giovanni Brenes, Greivin Núñez Mendoza, Guisell Duran Perez, Hannya leiton Zúñiga, Héctor González Pacheco,, Heidy Córdoba Guido, Ingrid Rodriguez Wolter, Isabel Méndez Garita, Italo Fera Fallas, Ivonne Jackelen, Jeff Hernández Castro, Jeremy Valverde Jiménez, Jorge Corrales Alpízar, Jorge Segura Ramírez, Jorge Sibas Vega, José Antonio Mora Calderón, Jose Coimbra, José Manuel Cerdas Albertazzi, José Pablo Zárate Montero, Juan Pablo Gutiérrez García, Juan Solano, Karen Fallas Corrales, Karen Romero Castro, Karla Ann Koll, Karla Borbón Meneses, Karla Milena Picado Valverde, Katherine Barquero Carrillo, Kattya Rodríguez Alfaro, Kenneth Alfaro Alvarado, Laura Carolina Garrigues Herrera, Laura Yuré Calvo Santana, Ligia Barrantes Cartin, Lucía Mahlich Barreto, Luis Diego Marín Schumacher, Luis Gabriel Coronado, Luis gustavo Moraga Rodríguez, Luis José López Miranda, Luz María Romero Miño, Madeline Kiser, Manuel Palacios Baker, Marcos Benicio Jimenez Montezuma, Maria Celeste Quesada Valverde, María Chaves Villalobos, Maria Daniela Chaves Mendoza, María del Rocío Chamorro Tasies, Maria Delgado Cordero, María Eugenia Delgado Marín, María Fernanda Chaves Rodríguez, María Fernanda Oviedo Zúñiga, María Gabriela Hernández López, Maria Hernandez, María Laura Gutiérrez García, María Soto Barrientos, María Trejos Montero, Mariana Porras Rozas, Mariana Taylor Retana, Marianela Quesada Navarro, Mario jose suazo palma, Marta Castro, Marvin Varela Solano, Maureen Leal Mora, Mauren Ramírez Carballo, Mauricio Alvarez Mora, Maylin Karlson Flores, Me uno a la defensa por El Agua = La Vida, Melanny Delgado Cordero, Melissa Céspedes Alvarado, Melvin Solis Blanco, Millaray Villalobos Rojas, Minor López, Miriam Valle Gutiérrez, Mónica Escalante Casco, Mónica Solís Ugalde, Movimiento de Resistencia y Formación, Nahomy Solís Cruz, Nancy Mendoza Diaz, Natalia Solano Corrales, Natalia Solís Rojas, NICOLAS MORALES LORIA, Noemi Canet, Orlando Barrantes Cartín, Orlando Castro Quesada, Oscar Beita Quesada, Osvaldo Durán Castro, Paola Carrillo Molina, Pascal Girot Pignot, Paulino Najera Rivera, Peggy Chamorro, Priscilla Rojas Alvarado, Rafael Villegas mayorga, Raquel Berrocal Sibaja, Raquel sagot, Rebeca Montero Castro, Ronulfo Morera Vargas, Rosa Cordero Guzman, Rosi Naranjo Segura, Ross Salazar Vargas, Roxana Gómez Zúñiga, Ruth Sancho Matamoros, Samantha Obaldia Calderón, Sandra Candela Restrepo, Seidy Boniche Reyes, Sergio Ortíz Pérez, Sofía Gutiérrez Rodríguez, Sofía Martorell Esquivel, Stefanny Castro Ramirez, Stefano Silvestri, Stephanie Rojas Merlo, Susan Barrantes Acevedo, Tamara Borrero, Thalia jimenez Tomas, Ulises Chavarría Chevez, Verónica Castro Ramírez, Virginia Murillo Murillo, Walter Benavides, Yendry Martínez Rivera, Yoel Buitrago

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Asociación ecologista exige reformas inmediatas a reglamentos de aviación agrícola

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

Limón, 14 de mayo de 2025 (SURCOS) – La Asociación para el Desarrollo de la Ecología ha presentado una réplica formal a la Dirección de Protección Radiológica y Salud Ambiental del Ministerio de Salud, manifestando su preocupación por la insuficiencia de las medidas actuales para regular las actividades de aviación agrícola en el país.

Mediante el oficio AEL-00218-2025, la organización ecologista señala que el Decreto No. 44083-MAG-MOPT-S-MINAE-MTSS y la propuesta de reglamento para aplicaciones terrestres de agroquímicos no abordan adecuadamente los riesgos asociados con la aspersión aérea de sustancias químicas en plantaciones agrícolas.

La Asociación indica que la normativa actual carece de regulaciones específicas sobre la toxicidad de los productos utilizados y que la fiscalización de las recetas profesionales exigidas por el Artículo 9 del decreto es inconsistente, con sanciones poco efectivas para quienes incumplen las disposiciones.

«En los cantones bananeros, es una realidad comprobable que madres y niños, al trasladarse en bicicleta hacia escuelas, son frecuentemente rociados por agroquímicos», menciona el documento, destacando que estas personas evitan denunciar por temor a represalias de las empresas agroindustriales.

Entre las principales deficiencias señaladas está la ausencia de barreras de protección -vegetativas o artificiales- en escuelas, centros de salud y comunidades cercanas a las plantaciones donde se realizan fumigaciones aéreas, además de la permisividad para que las empresas determinen la composición de mezclas de agroquímicos sin controles rigurosos.

La organización solicita al Ministerio de Salud adoptar como referencia las guías de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), consideradas estándares integrales para la prevención de riesgos y protección de la salud pública.

Adicionalmente, la Asociación ha solicitado un informe técnico detallado que demuestre, mediante comparación punto por punto, que el decreto actual supera o iguala las guías de la FAO para la aviación agrícola, especialmente en lo referente a controles de toxicidad, implementación de barreras protectoras, distancias de aplicación y mecanismos de fiscalización.

El documento concluye exigiendo que la prevención sea el principio rector en la gestión de este problema de salud pública, calificando como intolerable la exposición continua de comunidades vulnerables a agroquímicos.

SURCOS comparte mediante este enlace la carta del Ministerio de Salud a la que se refiere la nota de la Asociación para el Desarrollo de la Ecología.

Asociación para el Desarrollo de la Ecología solicita a la Contraloría auditoría de instituciones públicas

Escrito en . Publicado en Derechos.

La Asociación para el Desarrollo de la Ecología presentó una solicitud formal a la Contraloría General de la República para realizar una Auditoría Evaluativa Operativa en el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente y Energía y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).

Mediante el oficio AEL-00134-2025, con fecha del 31 de marzo de 2025, Marco Levy Virgo, presidente de la organización, dirigió a la contralora general de la República, Marta Acosta Zúñiga, una serie de observaciones sobre deficiencias en varias instituciones del sector público.

El documento señala cuatro áreas de preocupación: deficiencias en las auditorías internas y ejecución presupuestaria, nombramientos inadecuados en puestos clave, sustituciones basadas en criterios personales y nepotismo en cantones de bajo desarrollo.

Según indica la misiva, existe «nulo o deficiente accionar de las auditorías internas, pese a las obligaciones establecidas en la Ley de Control Interno», así como «prácticas que afectan la eficiencia, la transparencia y la idoneidad en la gestión pública».

La asociación cuestiona las subejecuciones presupuestarias e incumplimientos en materia sanitaria y ambiental atribuidos a las autoridades del Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente y Energía. También menciona como problemática la designación exclusiva de personal médico como directores de Áreas de Salud, excluyendo profesionales con formación más adecuada.

La auditoría solicitada busca evaluar el desempeño de las auditorías internas, analizar las prácticas de nombramiento, identificar causas de subejecuciones presupuestarias e incumplimientos, además de proponer enmiendas para corregir estas irregularidades.

El oficio fue enviado con copia a autoridades municipales de Siquirres, Matina, Talamanca y Limón, así como a personal de auditoría de distintas instituciones públicas.

Denuncian muerte masiva de peces en el río Ciruelas, Miramar

Escrito en . Publicado en Madre Tierra.

  • Sospechan de descargas de sedimentos de mina cercana

El pasado fin de semana, vecinas y vecinos de Miramar detectaron la muerte de una gran cantidad de peces, camarones, cangrejos y otras especies en el río Ciruelas, desde el sector conocido como El Salto, a la salida de la mina Bellavista, hasta varios kilómetros río abajo, llegando al histórico «Puente Negro», camino a la comunidad de Río Seco.

Según testimonios de la comunidad, se contactaron a MINAE, Fuerza Pública y el Ministerio de Salud sobre el incidente, pero se desconoce si se realizaron muestreos o denuncias. Las personas denunciantes tienen gran preocupación, ya que este es un sitio frecuentado por visitantes, especialmente durante la Semana Santa.

Si bien aún se desconoce la causa exacta de la contaminación, la mina Bellavista, ubicada en la parte alta de Miramar de Puntarenas, ha sido objeto de múltiples denuncias por presuntas irregularidades en su administración y posibles daños ambientales (ver cronología abajo).

Dayana Rojas de la Asociación Civil Pro Natura, de Miramar aseguro les informaron que “esta situación se origina a partir del punto conocido como ‘El Salto’ donde se observa una importante descarga de sedimentos en el río, pero aguas arriba a escasos 50 metros se puede ver que el río mantiene su fauna normal… Además, los vecinos aseguran que pudieron mapear el fenómeno por más de 6 kilómetros recorriendo la cuenca del río, hasta llegar al Puente Negro”(audio).

En octubre de 2024, el diputado Carlos Andrés Robles expresó su preocupación por la gestión de la mina y solicitó al Ministerio de Salud una inspección exhaustiva para evaluar sus operaciones y determinar si se cumplen las normativas ambientales y de seguridad (Mundo.cr, 16-10-24).

Estas preocupaciones se basan en denuncias previas, como la presentada por Diego Leonardo García, exsupervisor del Proyecto Minero Bellavista, quien advirtió sobre el depósito de residuos en áreas sin la debida impermeabilización, lo que podría provocar contaminación del agua subterránea. Además, señaló que las piletas de emergencia carecen de sistemas adecuados de detección de fugas y que las descargas de la planta podrían estar afectando negativamente al río Ciruelas (Ver denuncia).

Según la presidenta de Pro Natura “a todo esto se suma la inexistencia de actas, o registros de la Comisión Mixta de Monitoreo y Control Ambiental (o COMIMA) desde hace más de 10 años, que permita garantizar el control y el seguimiento ambiental de las actividades de un proyecto de categoría A, como éste y la negativa de la SETENA de reactivarla alegando que el expediente se encuentra secuestrado como parte del Caso Comején”.

Finalmente aseguró que “lamentablemente a pesar de las múltiples denuncias las autoridades locales e instituciones estatales han sido omisas para dar seguimiento al tema de aseguramiento de la calidad del recurso hídrico en nuestro cantón, así como el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, y tras el colapso de una mina clandestina hace pocas semanas donde se cobró la vida de un trabajador y otro resultó gravemente herido, la comunidad espera que como mínimo se tomen las muestras de agua para los análisis físico-químicos correspondientes y se desarrollen investigaciones rigurosas”.

Miramar: un «Territorio de Sacrificio»

La minería en Miramar, en sus diversas formas (legal, ilegal, a cielo abierto o subterránea), ha generado impactos socioambientales profundos y acumulativos, convirtiendo la zona en un «Territorio de Sacrificio».

Por otro lado, una investigación del Proyecto Geografía y Diálogo de Saberes (ED-3526) de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR reveló la existencia de un enjambre de minería subterránea de oro en Costa Rica, con al menos 59 solicitudes de concesión que abarcan 779,52 km² (1,52 % del territorio nacional). Entre los cantones más afectados se encuentra Miramar, donde más del 31,86 % de su superficie está solicitada para exploración minera, incluyendo su área urbana (UCR).

Cronología de denuncias sobre la mina Bellavista

● 2007: Suspensión de operaciones debido a deslizamientos de tierra que afectaron la estabilidad del proyecto minero (UCR).

● Marzo de 2009: Sonia Torres, del Comité Ambiental de Miramar, denunció el abandono de la mina por parte de la empresa canadiense Glencairn Gold Corporation, señalando incumplimientos de compromisos ambientales y posibles contaminaciones de los mantos acuíferos y del río Ciruelas con metales pesados y cianuro (UCR).

● Enero de 2011: Sonia Torres publicó un artículo sobre los impactos de la mina Bellavista en el paisaje y corredores biológicos de la región (SURCOS Digital).

● Mayo de 2011: El grupo Miramar al Grano denunció irregularidades en una auditoría de la mina, señalando inconsistencias en la evaluación ambiental (Semanario Universidad).

● Mayo de 2013: Las empresas Río Minerales S.A. y Metales Procesados MRW S.A. demandaron a la SETENA para reactivar la extracción de oro en la mina Bellavista (Semanario Universidad).

● Setiembre 2023: el Ministerio de Salud emitió una orden sanitaria para el cierre del laboratorio de la empresa debido a la detección de plomo en sangre de trabajadores (Semanario Universidad).

● Julio de 2024: El académico Álvaro Sagot expresó preocupaciones sobre la minería en Costa Rica y los impactos del proyecto Bellavista en Miramar (Radio Columbia).

● Agosto de 2024: Se anunció la intención de elevar una denuncia ante la ministra de Salud por presunta contaminación química en el río Ciruelas, vinculada a la mina Bellavista (El Mundo).

● Octubre de 2024: Durante la sesión ordinaria N°24-2024 del Concejo Municipal de Montes de Oro, se discutieron preocupaciones sobre la mina Bellavista. Diego Leonardo García presentó una denuncia con evidencia fotográfica sobre irregularidades en la planta (Municipalidad de Montes de Oro).

o Fotos y videos: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1hf0On7vZVGiICuX4eMAWDwuE86XfUkxL

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

UNDECA gestiona ante Colegio de Médicos permiso de trabajo para 29 especialistas que ayudaría a solventar listas de espera

Escrito en . Publicado en Derechos, Salud.

La Unión Nacional de Empleados de la Caja y la Seguridad Social (UNDECA) realizó la solicitud a Elliot Garita, presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de otorgar el permiso de trabajo a 29 médicos especialistas graduados en el extranjero para que puedan trabajar en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como una alternativa para ayudar a solventar la emergencia nacional de las listas de espera.

Entre los médicos especialistas hay un anestesiólogo que trabajó un hospital regional durante cinco años y que siempre obtuvo evaluaciones de desempeño excelente, al igual que una radióloga que brindo sus servicios en un centro de salud de zona rural por dos años o una ginecóloga que laboró en un área de salud del Caribe en período de pandemia y realizó más de 5.000 cirugías. Todos lo hicieron con permiso de trabajo del Colegio de Médicos ante situaciones de inopia.

Como es sabido, el país afronta una situación crítica por el faltante de recurso humano especializado, lo que ha impactado fuertemente la atención y servicios de salud de la población, incluso la junta directiva de la CCSS la declaró emergencia nacional.

Ante esta problemática, UNDECA ha gestionado en diversas instancias acciones para apoyar en la búsqueda de soluciones prontas a las listas de espera, una de ellas fue solicitar la intervención de la Defensoría de los Habitantes para identificar las especialidades médicas críticas, en las que destaca la anestesiología, pues es requerida para llevar a cabo cualquier procedimiento quirúrgico, diagnóstico, terapéutico o de sedación.

“En el pasado, brindar los permisos de trabajo a especialistas graduados en el extranjero por parte del Colegio de Médicos ha sido un mecanismo para garantizar la atención de las personas enfermas en Costa Rica, hasta que éstos completen los procesos de incorporación, de hecho, así se solucionaron las carencias en radioterapia en el año 2005, cuando vinieron médicos cubanos y se atendió el faltante de anestesiólogos, ginecólogos y radiólogos en tiempos de pandemia”, dijo Luis Chavarría, secretario general de UNDECA.

Sin embargo, en la presidencia anterior del Colegio de Médicos, a cargo de la Dra. Margarita Marchena Picado se decidió, de forma unilateral y sin criterios técnicos, denegar los permisos de trabajo para los médicos graduados en el extranjero, pese a conocer la situación de emergencia nacional.

Pero vemos como desde ciertos gremios sostienen que no hay faltante de especialistas y plantean que se trata de un problema de condiciones salariales y de trabajo, cuando en realidad podría estar relacionado con un conflicto de interés entre el ejercicio público y privado de la profesión.

“Negar que hace falta especialistas es como negar las listas de espera, es negar la realidad para justificar una posible estrategia de estrangular la oferta de servicios de salud públicos y asegurar la consulta privada, pues está claro que la consulta de los especialistas privados podría estar alimentándose de las listas de espera”, indicó Sofía Bogantes, directiva de UNDECA.

Estos 29 especialistas y otros que hay en el país disponibles, han manifestado su voluntad de trabajar para la Caja, ayudando como en ocasiones anteriores, a evitar la muerte de personas por falta de atención médica; pero también, negarles el permiso sin ningún criterio técnico atenta contra su derecho al ejercicio profesional.

La Universidad Técnica Nacional (UTN) se suma al rechazo a la reforma al reglamento de agua potable

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

  • Reafirma su compromiso con la defensa del recurso hídrico y la salud pública.

  •  Insta a la revisión exhaustiva de los alcances del decreto antes de su eventual aprobación.

  • Propone acción inmediata para eliminar fuentes contaminantes.

La UTN se suma al conjunto de instituciones académicas, técnicas y sociales que cuestionan la reforma del Decreto Ejecutivo No. 38924-S, “Reglamento para la Calidad del Agua Potable”. Esta universidad basa su criterio en el análisis realizado por la carrera de Ingeniería en Manejo de Recursos Hídricos (IMRH), concluyendo que la modificación del reglamento presenta “riesgos significativos en cuanto a la flexibilización de los estándares de calidad del agua potable”.

Específicamente, aseguran que con la sustitución del término “Valor Máximo Admisible (VMA)” por “Valor de Alerta (VA)”, se podría “comprometer la salud pública y la protección ambiental, especialmente debido a la falta de datos técnicos y metodologías de evaluación de riesgos adecuadas que respalden el ajuste propuesto”.

Ante esta situación, la UTN considera fundamental “mantener los parámetros actuales de calidad del agua potable, implementar metodologías de evaluación de riesgos basadas en análisis rigurosos, fortalecer el monitoreo continuo de las fuentes de agua y garantizar su protección mediante controles más estrictos. Asimismo, se enfatiza la importancia de asignar responsabilidades claras sobre la evaluación de riesgos para evitar que los costos recaigan sobre los usuarios del servicio”.

Esta última preocupación sobre los costos de estas evaluaciones también fue advertida por la ARESEP, que señaló que las modificaciones al reglamento “impactarían las tarifas al incluir nuevos costos”.

El criterio experto del IMRH de la UTN considera que, al flexibilizar parámetros que protegen la salud pública, “se tendría como consecuencia una mayor contaminación en fuentes de agua y un posible aumento de enfermedades relacionadas con la falta de agua potable de calidad, además de una repercusión económica por la atención de pacientes y acciones de protección de los recursos naturales del país”.

Además, considera que no se cuentan con datos, registros y metodologías de evaluación del riesgo que permitan presentar una propuesta robusta para la modificación de dicho decreto.

Con ánimo propositivo, plantea soluciones como: mantener el “Valor Máximo Admisible”, implementar metodologías de evaluación de riesgos más integrales, fortalecer el monitoreo continuo y que la responsabilidad sobre los costos de las evaluaciones de riesgos sea compartida.

También propone como acción inmediata para eliminar fuentes contaminantes el cumplimiento de la legislación vigente, que establece que se deben eliminar los cultivos que contaminan las fuentes y que, además, se debe respetar un radio de 200 metros alrededor de la fuente, ya que considera que “la aplicación de la legislación incrementa el riesgo de exposición a químicos peligrosos”.

Finalmente, enlista otra serie de medidas de carácter inmediato que se consideran necesarias para reforzar:

  • Resguardo de las áreas de protección de fuentes de agua.

  • Fortalecimiento de programas de capacitación y concientización de los productores.

  • Elaboración de estudios hidrogeológicos.

  • Destinar recursos económicos para que las ASADAS puedan mejorar su funcionamiento.

  • Fortalecimiento de los programas de vigilancia y monitoreo continuo.

  • Realización de un mayor monitoreo y fiscalización del uso de plaguicidas.

  • Incluir programas de capacitación y actualización continua para profesionales.

  • Buscar propuestas con nuevas tecnologías que faciliten un monitoreo más preciso.

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen ilustrativa.

La urgencia de permitir en Costa Rica el trabajo de médicos especialistas graduados en el extranjero

Escrito en . Publicado en Salud.

Martín Rodríguez Espinoza

En los últimos años, Costa Rica ha enfrentado una crisis significativa en su sistema de salud debido a la falta de médicos especialistas. Esta situación ha llevado a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y al Ministerio de Salud Pública a declarar una emergencia nacional. La escasez de profesionales en áreas críticas como anestesiología, ginecología y radiología ha tenido un impacto directo en la calidad y oportunidad de la atención médica, poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes.

En este contexto, el sindicato UNDECA ha elevado una carta pública al presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, solicitando la aprobación de permisos de trabajo para 40 médicos especialistas graduados en el extranjero. Estos profesionales, afiliados a UNDECA, han manifestado su voluntad de trabajar en la CCSS para ayudar a mitigar la crisis y evitar más muertes por falta de atención médica.

Crisis de Especialistas

La falta de médicos especialistas no es un problema nuevo. En 2005, una crisis similar en el área de radioterapia se resolvió permitiendo que médicos graduados en el extranjero trabajaran en el país. Durante la pandemia de COVID-19, esta medida también fue crucial para mantener los servicios de salud, especialmente en áreas como anestesiología, ginecología y radiología.

Sin embargo, en el gobierno anterior, se decidió unilateralmente denegar los permisos de trabajo para médicos graduados en el extranjero, sin justificación técnica alguna. Esta decisión ha agravado la situación, especialmente en un momento en que la CCSS ha declarado una emergencia nacional por la falta de especialistas.

La carta de UNDECA menciona un caso trágico que ilustra la gravedad de la situación: el fallecimiento de un bebé debido a la falta de un ginecólogo de guardia en el Hospital de Alajuela. La madre, que requería una cesárea de emergencia, tuvo que ser trasladada al Hospital México, pero el retraso en la atención resultó fatal. Este caso, actualmente bajo investigación, podría tener implicaciones penales y subraya la necesidad urgente de permitir que los especialistas disponibles trabajen.

UNDECA ha presentado 40 solicitudes de permisos de trabajo para médicos especialistas graduados en el extranjero. Estos profesionales están dispuestos a contribuir inmediatamente a la atención médica en Costa Rica, ayudando a prevenir más tragedias como la mencionada. La aprobación rápida de estos permisos no solo aliviaría la presión sobre el sistema de salud, sino que también salvaría vidas.

La crisis de especialistas en Costa Rica es una emergencia nacional que requiere acciones inmediatas. Permitir que médicos graduados en el extranjero trabajen en el país es una solución probada y efectiva que ya ha funcionado en el pasado. Es imperativo que el Colegio de Médicos y Cirujanos apruebe los permisos de trabajo solicitados por UNDECA para garantizar que los costarricenses reciban la atención médica que merecen y necesitan.

La vida de muchos pacientes depende de esta decisión. No hay tiempo que perder.

28 de febrero de 2025

Imagen generada con base en IA.

La Defensoría de los Habitantes se opone a la reforma del reglamento sobre agua potable

Escrito en . Publicado en Agua, Derechos.

  • Solicita que el Ministerio de Salud priorice el bienestar de la población y la protección del ambiente.

  • Señala que la población afectada está consumiendo agua con niveles de plaguicidas más altos que los detectados cuando se emitió la orden sanitaria en 2022.

  • Requiere un informe sobre el estado de la reforma y las acciones para garantizar la transparencia en el proceso de consulta pública.

La Defensoría de los Habitantes ha estado dando seguimiento a la contaminación del agua potable en la zona norte de Cartago y considera que “la contaminación por metabolitos de clorotalonil plantea un retroceso en la protección ambiental”. Este retroceso se debe a que el Ministerio de Salud levantó la orden sanitaria MS-DRRSCE-DARSO-OS-0087-2022 del 20 de octubre de 2022, basándose en una consultoría contratada con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud, la cual “establece parámetros menos estrictos que los vigentes en el Reglamento para la Calidad del Agua Potable, a pesar de que los niveles de la sustancia detectados en los análisis realizados durante el año 2024 son mayores a cuando se giraron las órdenes”.

La Defensoría asegura que “estos análisis realizados por las instituciones competentes demuestran que la población está consumiendo agua con niveles de contaminación de este agroquímico más elevados que los detectados cuando se giró la orden sanitaria citada”.

En cuanto a la reforma reglamentaria propuesta por el Ministerio de Salud, el órgano defensor señala que “depende de la capacidad técnica, la transparencia y la rapidez en su implementación”. Desde una perspectiva de salud pública, considera que “el principio precautorio debería orientar todas las decisiones: ante la incertidumbre o insuficiencia de los análisis, las medidas preventivas deben prevalecer sobre los ajustes a los límites permisibles”. Además, la normativa debe contemplar “los efectos acumulativos de múltiples contaminantes”.

La Defensoría insta al Ministerio de Salud “a tomar las medidas necesarias para garantizar que no se modifiquen los parámetros vigentes establecidos en el Reglamento de la Calidad del Agua Potable hacia niveles menos estrictos”. A este respecto, subraya que “cualquier retroceso en estos estándares representaría un retroceso en la defensa del derecho humano a la salud y a un ambiente sano de la población costarricense, contraviniendo no sólo los principios de no regresión, no progresión, precaución y prevención; sino también las disposiciones del artículo 50 de la Constitución Política de Costa Rica”.

Por ello, la Defensoría de los Habitantes “se opone a las reformas propuestas y solicita que el Ministerio priorice el bienestar de la población y la protección del ambiente, asegurando la aplicación de políticas públicas que reflejen un compromiso con los derechos fundamentales y con el desarrollo sostenible del país”.

Finalmente, la Defensoría solicita a la ministra de Salud un informe sobre el estado del trámite del proceso de la reforma reglamentaria, así como sobre la incorporación de las observaciones recibidas durante el proceso de consulta pública. Además, exige una justificación en caso de que no se hayan acogido esas observaciones “y señalar las acciones a realizar para asegurar la transparencia en el proceso de consulta pública”.

Pronunciamiento Defensoría de los Habitantes: https://drive.google.com/file/d/1zvDL5cT4FInn0dYWyafzlN1Dy6gJBoNw/view?usp=sharing

Con apoyo de proyecto ED-3526 Geografía y Diálogos de Saberes: Análisis de la conflictividad socioambiental en territorios comunitarios de Costa Rica de la Escuela de Geografía y el Programa Kioscos Socioambientales de la Vicerrectoría de Acción Social Universidad de Costa Rica.

Imagen: UCR.